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Las macrocausas piden pista

Jorge Muñoz | 16 de julio de 2017 a las 2:00

 

Rosell

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Seguro que alguna vez le ha pasado. Están embarcados en un avión en un aeropuerto importante, como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y el comandante de la aeronave les informa que tienen autorización para el despegue pero que por delante hay una cola de cuatro, seis u ocho aviones, con lo que todavía el despegue se retrasará durante unos minutos que se hacen interminables en esos cada vez más reducidos habitáculos que se reserva para el pasaje. Pues algo similar está ocurriendo con la tramitación de las macrocausas en la Audiencia de Sevilla. Hace unos años, el tapón de estas macroinvestigaciones estaba, por seguir con el símil aeronáutico, en los hangares, en los juzgados de Instrucción que investigaban casos como los ERE fraudulentos o las irregularidades de Invercaria.

Pero esas investigaciones, afortunadamente, van llegando a su final, y jueces como María Núñez Bolaños o Juan Gutiérrez Casillas –que dirigen estos procedimientos, son como los controladores aéreos aunque su despacho no está en la torre del aeródromo–, están dictando los correspondientes autos de procesamiento y de apertura de juicio oral en cada una de las distintas piezas en las que se han dividido las macrocausas de los ERE y de las ayudas y préstamos de Invercaria. De los ERE hay un casi un centenar de piezas de investigación y una treintena en el caso de la sociedad andaluza de capital riesgo.
Se trata, nada más y nada menos, de 130 juicios que amenazan con colapsar en los próximos meses las cuatro Secciones de lo Penal que hay en Sevilla, a pesar de los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha aprobado la creación de tres plazas de magistrado en comisión de servicio para que puedan reforzar los tribunales que se vean más afectados por la llegada de estos macroprocesos.
Conforme estos jueces de Instrucción van viendo el final del túnel, comienzan a sobrecargar a sus compañeros de la Audiencia. Se pasa del colapso en la instrucción al colapso en los tribunales de enjuiciamiento.
De los ERE han sido recibidos ya en la Audiencia hispalense la pieza del denominado “procedimiento específico”, donde figuran 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también la pieza de las ayudas concedidas a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, pero también están a punto de llegar otras piezas como las de Aceitunas y Conservas (Acyco) o Cenforpre.
Por el lado de Invercaria, ha llegado para su enjuiciamiento la primera pieza ya acabada, la de las ayudas a la entidad Fumapa, pero también hay otras tantas cuya llegada es inminente, como la de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), Operador Aéreo Andalus (OAA), o Servivation.
La extraordinaria situación hizo que en abril pasado los jueces de la Audiencia mostraran su preocupación ante la inminente avalancha de procesos que se les venía encima y que amenazan con saturar unas ya de por sí sobrecargadas secciones de lo Penal (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), que hasta diciembre del año pasado habían recibido 7.635 asuntos.
Y era previsible que la llegada de tantas macrocausas provocara incidentes o conflictos. El primero se ha producido esta misma semana, porque la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar el primer juicio de los ERE, ha decidido aplazar sine díe, hasta concluya precisamente ese juicio la vista oral relacionada con las ayudas a Fumapa.
El motivo del aplazamiento se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal –que en este caso es el mismo que juzgará a Chaves y Griñán a partir del próximo 13 de diciembre– ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice este primer juicio de los ERE.
Pero es que en este caso no sólo coincide el mismo acusado. Dos de los tres jueces que conforman el tribunal de los ERE también han sido designados para el juicio de Fumapa, lo que hace imposible que ambos procesos pudieran celebrarse de forma simultánea.
Y también coinciden, como no, los abogados y bufetes, porque muchos de los letrados que están personados en la causa de los ERE, como sucede con Adolfo o Miguel Cuéllar o Juan Carlos Alférez, también tienen clientes en alguna de las piezas de Invercaria.
Si el primer conflicto en el enjuiciamiento de las distintas piezas se ha producido cuando no ha llegado aún ni media docena de causa, ¿qué pasará cuando vayan llegando el resto?
Esas decenas y decenas de piezas de las distintas macrocausas tendrán que ir situándose una detrás de otra y pedir pista para poder celebrar todos esos juicios uno detrás de otro, pero mucho me temo que hasta que no se acabe el juicio de Chaves y Griñán, pocas sentencias van a salir de las macrocausas. A no ser que como el juicio de los ERE está fijado en sesiones de lunes a miércoles, algún tribunal acuerde meter alguna vista esos jueves y viernes que quedan libre.
En cualquier caso, muchos abogados ya han alertado de que la marcha de sus despachos se puede resentir si se opta por esa vía, porque no sólo de macrocausas vive el abogado, sino que tienen otros tantos asuntos civiles o mercantiles de los que encargarse. El colapso parece inevitable.

Juicios para 2017

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2013 a las 9:21

El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla, y de muchos de Andalucía, ha entrado ya en el guiness de los récords. Imagínese que ha impugnado en los tribunales una bajada de su salario o no está de acuerdo con su pensión. Pues sepa que su juicio no se celebrará como muy pronto, al menos en Sevilla, hasta el año 2016 o 2017.

Esta excesiva demora de más de tres años afecta por el momento a este tipo de reclamaciones de cantidad y en materia de Seguridad Social, y no a los despidos, que llevan una tramitación más urgente pero que, en cualquier caso, las vistas no se celebran antes de seis meses.

Dicen los jueces que no pueden soportar más esta carga de trabajo, que llevan desde hace varios años -coincidiendo con la crisis económica y el aumento de la sangría del paro- trabajando a más de doble del módulo de ingreso de asunto que fija el Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ). Ese módulo sitúa entre 670 y 800 los asuntos que cada juez debe recibir al año, pero en Sevilla la media es de 1.615, una cifra escandalosa.

Para tratar de paliar la situación, el Ministerio de Justicia y la Junta han fijado unos refuerzos de dos magistrados, dos secretarios y seis funcionarios, pero este refuerzo se ha mostrado claramente insuficiente para aligerar la carga de trabajo.

Los jueces reclaman la creación de seis nuevos órganos judiciales en la jurisdicción Social o que se aumenten los refuerzos, pero tal y como está la situación y con los recortes presupuestarios en todas las Administraciones todo apunta a que tendrán que seguir soportando este nivel de trabajo un año más y esperar a que la situación mejore el año próximo y se reduzcan las demandas por despido…. Un panorama nada alentador.