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Mucho más que una mera molestia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2017 a las 2:00

El derecho al descanso es cada vez más reconocido por los jueces andaluces. Como en otros ámbitos de la vida o de la política, la Justicia se ha convertido también en la última barrera contra la dejadez de las instituciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, en materia de contaminación acústica y los excesos de los locales destinados al ocio nocturno. Una juez de Utrera, Irene de Alarcón Alonso, acaba de dictar una sentencia, en materia civil, en la que condena al propietario de un bar de música ubicado en una localidad de la comarca de Utrera a indemnizar con 30.000 euros a dos familias por el moral causado por el establecimiento, que prolongaba su actividad hasta altas horas de la madrugada –más allá en muchas ocasiones del horario de cierre establecido– y contaba incluso con un tablao flamenco y máquinas recreativas como un billar y un futbolín, con los consiguientes ruidos que las mismas pueden generar.
La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera recoge que los vecinos soportaron durante más de tres años (desde 2006 a 2009)las molestias del bar musical instalado junto a sus viviendas, lo que provocó que presentaran numerosas denuncias y quejas, no sólo ante la Policía Local y el Ayuntamiento, sino también ante la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz.La juez señala que el contenido de esas denuncias permite “concluir claramente sobre la efectiva desesperación y desasosiego de los actores ante las continuas molestias percibidas por la actividad desarrollada en el bar, no apreciándose en modo alguno que las insistentes quejas y denuncias formuladas por los mismos resulten fruto de una mera invención, obedezcan a un simple capricho o respondan a motivos espurios”.
Los vecinos denunciaban el incumplimiento sistemático del horario de cierre, la aglomeración y bullicio de los clientes en las puertas del local hasta altas horas de la madrugada, la utilización de equipos de reproducción musical a gran potencia sin estar activado el limitador de sonido, ruidos de impacto procedentes del arrastre de sillas y mesas, golpes con vasos y la utilización de máquinas recreativas –sobre todo un futbolín y un billar–, así como de un tablao donde ser realizaban actuaciones musicales en directo.
Los dueños del bar –fueron demandados dos, porque hubo un traspaso de la actividad– negaron la inmisión acústica y formularon lo que se denomina una demanda reconvencional en la que reclamaban a los vecinos afectados una indemnización de 19.159,38 euros en concepto de daños y perjuicios, por el supuesto lucro cesante y los daños morales causados, dado que alegaban que habían perdido clientela como consecuencia de las denuncias vecinales. Esta indemnización ha sido descartada rotundamente por la juez, que insiste en que las denuncias no fueron “ni caprichosas ni infundadas”, habiéndose limitado a denunciar los excesos de ruido procedentes de la actividad del local.
Lo paradójico es que la sentencia se ha dictado ocho años después de que se denunciaran los hechos –por la histórica saturación que tienen los juzgados de Utrera–, cuando ni los vecinos residen ya en la urbanización y el bar cerró en diciembre de 2009.
En el fallo, la magistrada recoge los testimonios de varios agentes de la Policía Local, que señalaron que había más vecinos que se quejaban de los ruidos y que corroboraron que los mismo se emitían en horarios entre las cuatro y las siete de la mañana, una vez cumplido el horario de cierre. Y también afirmaron que aunque normalmente “estaba echada la persiana”, sin embargo se escuchaba el ruido de la música y de la clientela dentro. Otras veces los clientes solían salir fuera del local a tomarse las copas y dejaban las puertas abiertas, percibiéndose el ruido de la música desde la calle al estar las puertas abiertas y la música “a tope”.
Los vecinos aportaron a la causa un informe pericial acústico que concluyó que en la vivienda se superaban los límites máximos permitidos en 12,6 decibelios, lo cual merece la calificación de “intolerable”, por cuanto los niveles de ruido “no son compatibles con el descanso ni la actividad normal de una vivienda”, considerándose “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas cuando los valores medios superen en más de seis decibelios los valores límites nocturnos de inmisión”. “Un ruido tremendo”y “una barbaridad” fueron las expresiones que utilizó el perito, máxime teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial “especialmente silenciosa”.
La juez concluye que es evidente que los ruidos que sufrieron los demandantes “no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Escandalosa actuación en la causa de los ERE 

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

*De esta forma es como puede definirse lo que ha ocurrido con las comisiones de servicio de dos magistradas que forman parte del tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán a partir del próximo miércoles. Al tribunal se le había prometido que ambas magistradas estarían “liberadas” de la tramitación de los asuntos ordinarios como mínimo un mes o mes y medio antes del inicio de la vista oral. Sin embargo, esta liberación no se producirá hasta el próximo martes, día 12, a tan sólo un día del arranque del macroproceso. ¿La culpa de la situación? El Ministerio de Justicia responsabiliza a la Sala de Gobierno del TSJA que preside Lorenzo el Río, puesto que desde el 14 de noviembre se autorizó la “habilitación económica”. Y el CGPJ no aprobará dichas comisiones hasta este martes. Todo bastante lamentable y las dos jueces sin poder dedicarse en exclusividad al estudio de los más de 200.000 folios de la causa.

El juicio de los ERE, el más mediático de los últimos años en Andalucía
*Arranca el próximo miércoles el que está considerado como uno de los juicios más mediáticos de los que se han celebrado en Andalucía. En el banquillo de los acusados -en realidad son sillas– se sentarán los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos para responder de las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de ayudas públicas durante una década. Los 150 periodistas acreditados de 37 medios de comunicación demuestran las expectativas que despierta este macroproceso.

Malestar por la falta de baños para jueces 

*En la Audiencia de Sevilla existe cierto malestar entre los jueces por la falta de aseos público, con motivo de unas obras que se están realizando en los baños de la cuarta planta, precisamente en una zona muy próxima a donde se encuentra la sala de vistas de los ERE. El problema no es nuevo. El viejo edificio del Palacio de Justicia no está diseñado para albergar las dimensiones de la Justicia en Sevilla y eso se nota también en la falta de aseos para el público. Antes los funcionarios y jueces disponían de servicios reservados pero para evitar que el público tuviera que acudir otro edificio, el de los juzgados, el presidente de la Audiencia decidió abrir todos los aseos para que se compartieran con el público en general. Las protestas no han tardado en llegar, pero no por clasismo, sino por seguridad, porque se puede dar el caso de que el juez coincida en el baño con un acusado. Tienen razón, no es nada apropiado.

El profesor voyeur

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2016 a las 16:01

voyeur

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la atenuante de voyeurismo a un profesor que instaló microcámaras en los aseos del colegio en el que trabajaba al no apreciar ningún trastorno psíquico que le impidiese conocer la ilicitud de su conducta, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que le impuso una pena de dos años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores por un delito contra la intimidad que afectó a una pluralidad de personas.

Para el Tribunal Supremo, los trastornos de estímulo sexual como el voyeurismo o la pedofilia no impiden ni limitan la capacidad de actuar del acusado conforme a su conocimiento de la ilicitud de su acción. En este sentido, afirma, que sólo en ocasiones este tribunal ha estimado una disminución de la imputabilidad en supuestos graves en que se constataba una afectación asociada a otros trastornos psíquicos relevantes como la toxicomanía, el alcoholismo o una neurosis depresiva.

La sentencia se apoya en la jurisprudencia de la Sala que en relación con este tipo de trastornos establece que “no afectan a la capacidad de voluntad y entendimiento con trascendencia en la imputabilidad del sujeto activo si no aparece asociada a otra anomalía o trastorno psíquico”.

Esa misma jurisprudencia indica que la importancia a la hora de determinar su culpabilidad vendrá determinada por “su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y de controlar sus impulsos”, sin que se establezca un criterio inamovible, ya que ha de examinarse cada caso y ponderar sus consecuencias en función de su gravedad.

Los hechos probados recogidos en la sentencia recurrida narran que, entre principios del 2013 y marzo de 2014, el condenado instaló subrepticiamente microcámaras en tres aseos del colegio de Zaragoza donde trabajaba como profesor para grabar desnudas o semidesnudas en situaciones íntimas a las personas que utilizaban los aseos. La secretaria del colegio descubrió debajo del lavabo de uno de los baños -destinado al personal de administración y profesorado- una cámara pegada con una masilla de color gris. La mujer se llevó el dispositivo y comprobó al meterlo en un ordenador que en uno de los archivos aparecía ella haciendo sus necesidades fisiológicas. Después de borrar la grabación, avisó a la policía que se presentó en el colegio y detuvo al acusado cuando salía de forma apresurada del citado baño. Durante el registro de su domicilio, se intervino un disco duro con 22 archivos con grabaciones realizadas a distintas personas mientras utilizaban los aseos y en los que se veían sus partes íntimas y 82 vídeos borrados localizados en dos tarjetas Micro SD.

La sentencia recurrida refleja también que el acusado presenta un trastorno sexual o parafilia denominada voyeurismo, que se manifiesta en la conducta de observar ocultamente a personas cuando están desnudándose, desnudas o en plena actividad sexual que les provoca excitación sexual, sin que ello limite su capacidad de comprender y de actuar conforme a esa comprensión. También incluyó que la denunciante y la letrada del Patronato de la Fundación Educativa Escolapias perdonaron al acusado en el juicio.

Este perdón, precisamente, es el que alega el condenado, además de la inexistencia de una denuncia previa por parte de los ofendidos o agraviados por el delito, para pedir que se anule su condena. Frente a lo que sostiene la defensa, el Tribunal Supremo indica que se trata de un caso en que “la acción delictiva afecta a un número elevado de personas” -tanto por el tiempo que duró la grabación como por el material que se le intervino- y que en este supuesto, al igual que cuando afecta a los intereses generales, el delito es perseguible de oficio, de acuerdo con el artículo 209 del Código Penal, por lo que no es necesario la denuncia previa de la víctima. Tampoco considera imprescindible que se identificara a todos los afectados para ofrecerles las acciones y preguntarles si perdonaban al condenado.

La sentencia también confirma, además de la pena de dos años de prisión, la de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con menores durante el mismo tiempo de la condena. Aunque indica que la Audiencia Provincial de Zaragoza no condenó al profesor por el subtipo agravado relativo a la afectación de menores de edad, (los policías manifestaron que en el disco duro del ordenador del acusado aparecían escenas de niñas desnudas que no habían alcanzado la pubertad dentro de los aseos, pero en la prueba pericial no se pudo acceder a su contenido) sí admitió que los menores corrieron el riesgo de ser grabados.

Condena a Nokia a pagar el canon de las tarjetas de memoria

Jorge Muñoz | 30 de marzo de 2015 a las 17:59

nokia

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a la multinacional Nokia a abonar con 556.424 euros a la Asociaciación de gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) y SGAE, como canon correspondiente a las tarjetas de memoria comercializados en el segundo semestre de 2008.
La Sala de lo Civil ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la pretensión de las mencionadas asociaciones a que se les reconociera el derecho de compensación equitativa por copia privada correspondiente a las ventas durante el segundo semestre de 2008 de teléfonos móviles con reproductor mp3 y tarjetas de memoria.
Solicitaban como compensación 5.132.237 euros. En una sentencia ahora avalada por el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial distinguía entre los teléfonos móviles con mp3 y las tarjetas de memoria. En relación con los primeros, la sentencia excluía la compensación equitativa al valorar que el perjuicio causado a los titulares de los derechos de propiedad intelectual fue mínimo. Sin embargo, respecto a las tarjetas de memoria el tribunal consideró que el perjuicio no era irrelevante, en la medida en que estas tarjetas tienen mayor capacidad de almacenamiento (una media de 600 archivos sonoros) y son empleadas para complementar la exigua memoria del teléfono móvil.

El Supremo analiza la legislación vigente en el momento y explica en su sentencia que la nulidad de la Orden Ministerial PRE/1743/1008 no priva el derecho a las entidades de gestión para reclamar la compensación por copia privada, mediante la aplicación de un canon a los dispositivos idóneos para realizar copias privadas de archivos sonoros protegidos por derechos de propiedad intelectual , con las limitaciones de la Ley de Propiedad Intelectual ( art 25.6 y 31.2). En aplicación de estos artículos la sentencia considera acreditado que los teléfonos móviles con reproductor de mp3 incorporado vendidos en los trimestres tercero y cuarto de 2008 no causaban un perjuicio que mereciera la consideración de “mínimo” por el que procediera la compensación equitativa, “El 96% de los teléfonos vendidos ese semestre eran de gama media y baja, con una escasa capacidad de almacenamiento (una media de 7 u 8 fonogramas) y que de las 7 u 8 canciones que corresponderían a la capacidad técnica del 96% de los terminales sobre los que se presentó la reclamación del canon, sólo 3 o 4 canciones podrían ser tomadas en consideración a la hora de valorar el perjuicio real, respecto del derecho de compensación por copia privada”.

La sentencia concluye que el empleo de aquellos teléfonos móviles para realizar copias privadas es tan escaso, “tanto en términos absolutos como si se compara con un dispositivo ordinario de mp3, que es razonable que sea considerado “mínimo”.

En el caso de las tarjetas de memoria la Sala ha considerado que no se contradice la regla “de minimis” entender que por su capacidad mayor, que actúan como complemento del teléfono móvil pueden ser empleados por los particulares en su condición de usuarios privados, para hacer copias privadas, “siendo éstas relevantes, a los efectos del perjuicio derivado para los titulares de los derechos de propiedad intelectual afectados, en atención a la capacidad de almacenamiento”.