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El notario y su cláusula suelo

Jorge Muñoz | 28 de mayo de 2017 a las 2:00

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Ahora que están tan de actualidad las reclamaciones por las cláusulas suelos que algunos bancos incluyeron en los préstamos hipotecarios, conviene recordar lo que el Tribunal Supremo estableció en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013. Este tipo de cláusulas son perfectamente lícitas y válidas, salvo que la misma adolezca de una falta de transparencia o de claridad y su redacción sea confusa, oscura, farragosa o ininteligible, o no se haya informado al cliente del alcance y consecuencias de dicha cláusula. Algo de lo que, evidentemente, son perfectamente conocedores los notarios, profesionales que está acostumbrados a firmar este tipo de escrituras.
Esto es precisamente lo que ha argumentado la Audiencia de Sevilla para rechazar la demanda presentada por un notario, en la que pedía la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en relación con una hipoteca de 525.000 euros que firmó en el año 2006 y que tenía una cláusula suelo del 3,5%.
La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla establece precisamente que el perfil profesional del prestatario “no es baladí” en estas contrataciones, pues un notario tiene “un nivel de conocimientos jurídicos y de formación sobre las condiciones contractuales muy superior a la media, siendo habitual su intervención profesional en el otorgamiento de préstamos hipotecarios como el que nos ocupa, y teniendo el deber de conocer las obligaciones que a los notarios impone la normativa vigente sobre la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y la obligación notarial de informar a los prestatarios de determinadas condiciones contractuales, especialmente de la existencia de límites a la variación del tipo de interés”.
El tribunal señala expresamente que el demandante conocía por su profesión que en estas operaciones era habitual la incorporación de cláusulas de limitación de la variablidad del tipo de interés, y “conocía el alcance y efectos jurídicos y económicos que ello representaba, sin necesidades recibir mayores explicaciones o información al respecto, pues por su profesión era conocedor de todo ello”.
Así, insiste en que su formación y capacidad de comprensión del contenido y el alcance de las cláusulas contractuales del préstamo era “muy alto”, lo que le “permitía sin dificultad alguna entender en sus exactos términos el significado y alcance económico y jurídico de la operación de financiación que estaba realizando”.
El notario había alegado que las condiciones que se incorporaron a la escritura no eran las mismas que las contenidas en la certificación que el banco les entregó previamente, pero esto para los magistrados no significa que el notario no conociera previamente de la existencia de la cláusula suelo que se proponía concertar, por cuanto la escritura fue “redactada en su notaría, siguiendo la minuta del acreedor y utilizando el formulario de la notaría”, por lo que “es lógico y razonable pensar que revisó precisamente la redacción y contenido de la escritura”.
Dicen los jueces que en este caso la cláusula está redactada de manera “clara y comprensible”, cumple las expectativas de transparencia y la parte prestataria “conoció y comprendió desde la firma de la escritura de préstamo las condiciones económicas que contenía l contrato celebrado y la existencia de la cláusula”.
La Audiencia concluye que el notario “conoció la existencia de la cláusula, la aceptó y consintió con pleno conocimiento”, por lo que el tribunal, en contra de su criterio habitual, ha decidido imponerle además la condena en costas, por cuanto “no había ninguna seria duda en cuanto a que la cláusula no era nula, pues la conoció antes de firmar la escritura, y tenía capacidad y conocimientos para comprenderla, aceptándola con pleno conocimiento de su alcance, trascendencia y repercusión económica”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

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*El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha vuelto esta semana a la Audiencia de Sevilla para visitar la sala del jurado que puede acoger finalmente el juicio de la “pieza política” de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La intención de la Audiencia y de la Consejería es que el juicio se celebre en este edificio sin tener que buscar una sede externa. El juicio podría comenzar a final de año.