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El bluf de los cursos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2016 a las 5:00

alaya

La juez Mercedes Alaya

¡AY si Alaya volviera hoy al despacho de la segunda planta de los juzgados del Prado de San Sebastían de Sevilla! Esa pequeña habitación que está tan sólo a unos metros cruzando el edificio donde hoy está destinada en la Audiencia y en el que Alaya se encerró durante los últimos años las distintas macrocausas…. Si Alaya volviera, lo primero que vería es que la nueva titular ha cambiado de orientación el mobiliario y la mesa donde redactaba esos autos que hacían temblar los cimientos en San Telmo ya no está escoltada por la ventana de hierro –el aluminio sigue siendo un lujo ajeno a la Justicia– que mantiene este viejo edificio, sino que la mesa mira ahora hacia directamente hacia la puerta del despacho. Ese sería el detalle menor en el que a buen seguro se fijaría Alaya.
Para tratar de aventurar cuál podría ser la reacción de Alaya al estar de nuevo en el que fuera su juzgado me viene a la cabeza la frase que Alfonso Guerra acuñó cuando elPSOE ganó las elecciones en 1982:“Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. Del cambio político al judicial. Y vaya si ha cambiado el juzgado donde sirvió Alaya. Si la magistrada de la Audiencia regresara ahora, un año después de su marcha, todo le resultaría irreconocible: desde los muebles a las personas, los funcionarios que trabajaron codo con codo con ella y que ahora se dedican a otros meresteres en esta oficina judicial.
Pero los cambios que ha realizado la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no son sólo estéticos o decorativos. La juez de Familia con la que Alaya tanto rivalizó a través de los escritos que envió tanto al Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (TSJA) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reivindicar que debía seguir investigando las macrocausas, ha atacado el corazón de los sumarios que Alaya diseñó desde el principio.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Un buen ejemplo está en la macrocausa de la formación. Primero trascendió que la juez María Núñez Bolaños archivará la denominada “pieza política” de la causa de la formación, en la que figuran como investigados 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 11 jefes de servicio.
La decisión de Bolaños de archivar la causa vendría motivada porque la instructora, siguiendo las declaraciones que han prestado en el juzgado los interventores provinciales, estimaría que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son constitutivos de delitos, sino que se trata de irregularidades administrativas.
Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha corroborado la tesis del carpetazo a la causa, al sostener en un escrito que no hay delito en las resoluciones de exceptuación o exoneración acordadas por la Junta en relación con las subvenciones para las actividades relacionada con la formación.
Para acabar de zanjar la cuestión, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay menoscabo de fondos públicos en la formación ni ilícito contable, según el acta de liquidación provisional –elaborado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía y que se centraba sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas–, que descarta por tanto responsabilidades de los funcionarios y autoridades de laJunta.
En su informe al CGPJ, Alaya acusó a Bolaños de venir a archivar la causa de los cursos, al afirmar que la división de la macrocausa en piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
La pregunta que queda en el aire es evidente. Si la nueva titular, la Fiscalía Anticorrupción –que no olvidemos es el garante de la legalidad del procedimiento– y el Tribunal de Cuentas coinciden en que no hay delito en los cursos, sino irregularidades administrativas, no será que desde el principio eran sólo eso: irregularidades administrativas. De la espectacularidad de la operación Barrado al bluf de los cursos. Las tesis de Alaya se quedan con dos únicos seguidores:la UCOde la Guardia Civil y el PP, que como acusación popular en el caso sigue manteniendo la hipótesis del red de “clientelismo político” que defendió Alaya.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El castigo de la “loewe story”
*La juez Mercedes Alaya ha condenado finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso a seis meses de cárcel por el cohecho del bolso de Loewe. El jurado popular que enjuició el caso no se creyó la Loewe story que alegó Ana Hermoso, en un veredicto que fue más allá de las pruebas que se vieron en la vista oral, donde todos los testigos avalaron la versión de la defensa respecto a que el bolso que recibió del empresario Jesús Calvo Soria –imputado en la trama Gürtel– fue un regalo amoroso y no un presente a cambio de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Baldomero Gaviño. En la sentencia, Alaya fundamenta el veredicto señalando que la ex regidora cometió un “acto injusto” porque actuó “por intereses personales”, puesto que iba a adquirir una “alta posición” en el ámbito político de la localidad y además percibiría un sueldo por los cargos que tendría en el gobierno local. Alaya insiste en que Hermoso actuó por una “motivación bastarda” y no pensando en los intereses generales de los ciudadanos. Pero lo que falla de esta argumentación es, en primer lugar, que las mociones de censura son mecanismos lícitos en democracia para alterar el resultado de las urnas e imponer el juego de las mayorías. Y por supuesto que en todas las mociones de censura se ofrece a los intervinientes un reparto de las concejalías o de los puestos, como elemento para lograr el apoyo de los otros ediles, sin que por ello la conducta sea delictiva. Es como si llegáramos a la conclusión de que los partidos que puedan apoyar una investidura de Mariano Rajoy lo van a hacer porque, por ejemplo, llegado el caso se les ofreciera entrar en el Gobierno, con un puesto de responsabilidad que le supondría unos mayores emolumentos de los que cobra un diputado raso. Y luego está que Hermoso se dejara comprar por un simple bolso…La Loewe story se tendrá que resolver por el TSJA porque, de momento, el caso sigue abierto.
A la espera del recurso de la mina de Aznalcóllar
*El recurso contra el archivo de la mina de Aznalcóllar puede ver la luz en breve. Alaya, que es la ponente del mismo, ha ido dictando en las últimas semanas la sentencia de Contsa –de 381 folios–, la de la ex alcaldesa de Bormujos, y antes de irse de vacaciones podría resolver este recurso. En la Junta se espera con ansiedad la decisión, que podría reabrir el caso o confirmar el archivo.

“Guerra” de alto nivel por el control de las macrocausas

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

 

El nombramiento de la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en sustitución de la juez Mercedes Alaya ha desatado una auténtica guerra por el control de las macrocausas como los ERE fraudulentos y los cursos de formación. Se trata de una batalla que se libra al más alto nivel, en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de Gobierno de los jueces en el que están representadas las distintas sensibilidades políticas.
La decisión de la juez María Núñez de optar exclusivamente a la plaza del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –cuando había salido otro concurso para cubrir la vacante del juzgado de Instrucción 17– despertó diversas suspicacias, sobre todo, porque muchos pensaban que esta plaza sería para Álvaro Martín, que refuerza el juzgado de Mercedes Alaya desde hace varios años.
La sorpresa fue mayor cuando el pasado martes, de forma inesperada, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se sacó de la manga un “ambicioso” plan de refuerzo del juzgado de Alaya, que incluye la creación de dos comisiones de servicio para este juzgado y la posibilidad de incorporar un tercer juez si fuera necesario, con lo que este juzgado podría contar con hasta cuatro magistrados, una vez incorporada la nueva titular.
A partir de ahí, la propuesta del TSJA, que no deja de ser eso, una propuesta hasta que la santifique el CGPJ –que puede introducir modificaciones–, ha generado múltiples planteamientos: desde los que apuntan a que Alaya no seguirá instruyendo las macrocausas hasta los que piensan que sí lo hará. De hecho, ayer se confirmó que la juez va a pedir la comisión de servicio para seguir al frente de las macrocausas, aunque se desconoce si podrá seguir con una o varias, dado que mantener la instrucción de las totalidad de los procesos que tiene abiertos se antoja como una utopía.
Ésa es la guerra que libran actualmente los sectores progresistas y conservador del CGPJ, partidarios los primeros de apartar o limitar la intervención de Alaya en el futuro de las macrocausas, por cuanto la juez tomó una decisión voluntaria al solicitar su destino en la Audiencia, mientras que los segundos apuestan por su continuidad.
Después de más de cuatro años al frente de la causa de los ERE fraudulentos, la “lógica jurídica” impone que Alaya debe continuar, al menos, investigando este macroproceso. Nadie mejor que esta juez está en condiciones de rematar la instrucción, por varias razones entre las que destacan su grado de conocimiento del complejo sumario. Que la nueva titular se haga con los ERE generaría un mayo retraso, porque de entrada necesitaría varios meses para ponerse al día y actualizar sus conocimientos en materia penal, tras una década en un juzgado de Familia.
Cuestión distinta es que Alaya pueda seguir con otras macrocausas, como los cursos de formación, que están en una fase más inicial de la investigación.
En unas semanas la guerra llegará a su fin y dará paso a la paz, cuando se haga la redistribución del trabajo en el juzgado.

Susana Díaz planta cara a Alaya

Jorge Muñoz | 28 de octubre de 2014 a las 5:00

ERES FALSOS. MERCEDES ALAYASusana Díaz no quiere convertirse en la nueva víctima de la juez Alaya y su peculiar forma de instruir los procesos. Y como la mejor defensa es el ataque, la presidenta ha instado a los servicios jurídicos a plantear una batalla jurídica con un doble frente: la competencia de Alaya para investigar el caso de los cursos y el firme rechazo a la entrega de las actas de los “consejillos”, si bien en este último caso la oposición en los tribunales es simultánea con un nuevo ejercicio de transparencia al levantar el secreto de las reuniones de los viceconsejeros y anunciar que las mismas estarán a disposición de todos los ciudadanos –y como no también de la instructora– en la web de la Junta. Susana Díaz ha dado el paso que su antecesor, José Antonio Griñán, no se atrevió o no quiso dar en su momento, y parece que así le fue: preimputado por Alaya y a la espera de que el Supremo decida si debe prestar declaración en calidad de imputado en la causa de los EREfraudulentos junto a Manuel Chaves y otros siete ex consejeros autonómicos.
Los escritos de los servicios jurídicos son vehementes y atacan, aunque dentro de la cortesía legal del respeto a las decisiones judiciales, la asunción por parte de la juez de la causa de los cursos.
Después de haber leído los oficios de la UCOde la Guardia Civil y los autos de Alaya, algunos de ellos completamente estereotipados, dictados al inicio de esta investigación y cómo llega la misma a su juzgado, reconozco que no está nada claro que Alaya sea competente. Hay muchas lagunas.
La Fiscalía Anticorrupción argumenta que no hay ningún motivo para retirar a Alaya de la investigación, puesto que hace un año ya estudió el asunto, y se trata de una cuestión del gobierno de los jueces, del reparto de las causas, y por ese motivo considera que tan competente es Alaya como cualquier otro juez de Instrucción al que hubiese correspondido el caso. Pero ése es precisamente el quid de la cuestión. Alaya medió o influyó con su decisión de enviar a Teodoro Montes a declarar ante la UCO, pero esta unidad debió llevar su declaración al juzgado de guardia porque no guardaba relación con la investigación de Juan Lanzas.
La Justicia tiene medios para corregir estas situaciones y en el peor de los casos, lo más grave que puede suceder es que Teodoro Montes tenga que volver a declarar ante otro juez y repetir las acusaciones que ha vertido, sin aportar hasta ahora pruebas, durante ocho días.

Laberinto policial y judicial

Jorge Muñoz | 6 de agosto de 2014 a las 5:00

La operación desatada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) con la detención del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda ha desvelado el laberinto policial y judicial que envuelve a la macroinvestigación abierta en Andalucía por el fraude en los cursos de formación financiados por la Junta. Una investigación en la que intervienen una decena de juzgados y que alcanza tal magnitud que puede ensombrecer incluso el escándalo de los ERE.
Pero las grandes operaciones plantean en ocasiones diversos interrogantes y ponen en evidencia posibles disfunciones en los métodos de actuación. Para empezar, sorprende la aparente falta de coordinación entre juzgados y fuerzas policiales que ha hecho que dos unidades especializadas y de élite –la Udef de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil– estén desarrollando investigaciones que se solapan y centrando los esfuerzos sobre los mismos implicados, en este caso el ex consejero Ángel Ojeda y sus empresas.
Es un hecho constatado que desde hace meses era notorio que las empresas de Ojeda y las ayudas que recibieron estaban siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Guardia Civil. El propio ex consejero andaluz sabía que la Justicia estaba escudriñando sus empresas y las ayudas que por importe de más de 33 millones de euros habían recibido en los últimos años.
Por eso extraña aún más el momento que la Udef ha elegido para hacer la operación, con auténtica agosticidad, en plenas vacaciones estivales, y cuando la magistrada competente para instruir la causa, Mercedes Alaya, también disfruta de unos días de asueto tras impulsar el final de la investigación que afecta a las personas aforadas en el caso de los ERE fraudulentos.
Además, el juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz era ajeno, hasta ahora, a la investigación de los cursos de formación, puesto que ha entrado a conocer el asunto una vez que la Policía le ha presentado el atestado que ha motivado la detención de Ángel Ojeda y de otras ocho personas.
Sólo queda esperar que la anticipación de la Udef a la hora de arrestar al ex consejero andaluz no haya perjudicado las pesquisas que venía realizando la UCO en el mismo sentido, porque entonces se habría hecho un flaco favor a la investigación que desde hace tantos meses se desarrolla con absoluto sigilo.

La Policía registra la vivienda del ex consejero Ángel Ojeda en el barrio de Heliópolis de Sevilla

La Policía registra la vivienda del ex consejero Ángel Ojeda en el barrio de Heliópolis de Sevilla

Ayudas millonarias sin control

Jorge Muñoz | 27 de julio de 2014 a las 5:30

El fraude de los cursos de Formación puede ser igual o más escandaloso que el de los ERE. Ayudas millonarias que se conceden por parte de la Junta sin controlar la justificación del destino de los fondos públicos. La juez Mercedes Alaya, que también investiga una parte de las ayudas destinadas a cursos de formación –la relacionada con la Dirección General de Formación para el Empleo y las ayudas a la Fundación Andaluza de Formación y Empleo (Faffe)–, acusó esta semana a la Junta de Andalucía de conceder 950 millones de euros en cuatro años para cursos de formación sin que la Administración haya obligado a justificar esas cuantías. La magistrada obtuvo esta cifra de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Junta hasta el mes de octubre de 2013, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Guardia Civil y la declaración del director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León.
La cantidad destinada por la Junta a los cursos de formación no es nada desdeñable. Y que la Junta haya dictado resoluciones de exoneración por importe de 950 millones tampoco, puesto que se trata de más de 158.000 millones de las antiguas pesetas.
Un empresario sevillano que está siendo investigado ahora por un juez –que le atribuye delitos contra la Hacienda Pública, fraude de Subvenciones y falsedad documental– tras haber recibido más de cinco millones para cursos, culpa ahora a la Junta al alegar que la Administración era la que “estipulaba” el precio de los cursos, en los que se pagaban entre cinco y diez veces más el precio de mercado a la hora de contratar al profesorado. Se pagaban hasta 80 euros por hora lectiva en lugar de 11. Y la Junta, según el empresario, daba el visto bueno a los pagos, hasta el punto de que la Administración era la que “propiciaba” ese sobrecoste, declaró el imputado.
El fraude de los cursos de formación es otro melón por calar. Una investigación que no ha hecho más que empezar y que dará mucho que hablar. Y que escribir.