Archivos para el tag ‘declaración’

La famosa juez Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

¿Serían ustedes capaces de hacer más de 200 kilómetros para conocer a la “famosa” juez Mercedes Alaya? Pues hay quien sí está dispuesto. La anécdota ocurrió el pasado martes en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde su titular, María Núñez Bolaños, seguía con el calendario de declaraciones de personas investigadas en una de las piezas relacionadas con las supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a la formación.
La juez Bolaños había citado a declarar a la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, pero por un error en la identificación el juzgado la citación llegó a una vecina de Málaga que comparte nombre y apellido con esta ex alto cargo de la Junta. La citación se había producido con una antelación de al menos dos meses, pero la mujer citada, en lugar de dirigirse al juzgado para subsanar el error, no dijo nada y acudió puntualmente el pasado martes a la hora citada por el juzgado, haciéndolo además acompañada de una abogada, tal y como se le había requerido.
Antes de entrar en la Sala para prestar supuestamente declaración por unos cursos de formación de los que evidentemente esta mujer no tenía ni idea, en la secretaria del juzgado se aclaró el error, por lo que se le comunicó que no iba a ser necesario que pasaran a la sala de vistas donde Bolaños toma habitualmente las declaraciones a los imputados.
En ese momento y para asombro de los presentes, la letrada exclamó: “¡Total, que me voy a quedar sin conocer a la famosa Alaya…!”.
La cosa no quedó ahí, porque una vez ya dentro de la Sala, el fiscal recordó la situación producida y le dijo a la letrada, con cierta retranca, que para conocer a la famosa Alaya “viene usted un poco tarde”, puesto que hace más de dos años que Mercedes Alaya se marchó a la Audiencia y fue sustituida por María Núñez Bolaños. “Hay que leer el Hola y ver el Sálvame para estar al tanto de la actualidad judicial”, continuó bromeando el representante del Ministerio Público.
Un letrado defensor de otro investigado se sumó a la conversación para decir que “todos los periódicos no hay que leerlos”, en alusión a los últimos acontecimientos que han rodeado a la titular del juzgado, que ha inadmitido una recusación del PP contra ella. “Hay que leerlos todos”, concluyó el fiscal con el mismo tono jocoso.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Como un espectador de una película de terror llamada ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2015 a las 6:00

vlcsnap-2015-04-09-23h24m18s14Griñán trazó ayer una buena estrategia defensiva en su declaración ante el Tribunal Supremo, pero que plantea muchos interrogantes sobre el papel que jugó o debía jugar a la hora de evitar el fraude, primero en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, y posteriormente como presidente de la Junta. Si el pasado martes el ex consejero de Empleo José Antonio Viera culpó a sus subordinados, porque él era un maestro sin formación jurídica, ayer el que fuera presidente de la Junta se situó como un mero espectador de una película de terror que se ve sorprendido por un trágico desenlace final pero que se veía venir prácticamente desde el principio. Griñán asegura que no pudo hacer nada para frenar el fraude, porque no lo conocía y nadie le advirtió, pero al final tuvo que asumir su responsabilidad política y dimitir del cargo.

José Antonio Griñán, que es inspector de Trabajo, puso en práctica una sólida estrategia defensiva, contundente a la hora de tachar de “irreprochable” la actuación de su Consejería y de la dirección general de Presupuestos, y que se fundamenta básicamente en defender la legalidad del sistema, de la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y en poner de manifiesto que las numerosas señales de alertas que lanzó la Intervención General de la Junta en forma de sucesivos informes nunca le llegaron a él, porque su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo, no se los trasladó, y porque la Intervención no dio nunca el paso de realizar un informe de actuación, que hubiera requerido una actuación concreta por parte de su departamento y la adopción de unas medidas para evitar el fraude.

Griñán deriva toda la responsabilidad en el interventor general de la Junta –aunque en su extensa declaración llega a decir que no hizo dejación de funciones- y en la Consejería de Empleo, a la que atribuye el decisivo papel de controlar el gasto relacionado con el pago de las ayudas.

Pero a pesar de esta estrategia defensiva expuesta ante el Tribunal Supremo, que como he dicho me parece bastante sólida desde el punto de vista de una investigación judicial, la argumentación no puede ocultar las posibles responsabilidades que Griñán, primero como consejero de Economía y Hacienda, y luego como presidente de la Junta, tiene con respecto a esta fraude masivo y millonario. Su ex viceconsejera llegó a decir esta semana, en este caso en su comparecencia ante el TSJA, que recibió los informes de la Intervención pero simplemente no los leyó, porque no eran informes de actuación y no requerían una actuación concreta de la Consejería. Griñán corroboró ayer esta versión exculpatoria y coincidió en que la Intervención únicamente advertía de “discrepancias contables” pero no de ilegalidades.

La pregunta del millón es si la responsabilidad política del ex presidente debe quedarse sólo en el ámbito político, como ayer recordó el propio Griñán al afirmar que dimitió del cargo por el escándalo de los ERE, o su presunta participación en el fraude –que la juez Alaya dio por hecho en la exposición razonada-, bien por acción u omisión, es merecedora de un reproche penal. La respuesta la tiene el instructor del Supremo, que es el que una vez que finalice la ronda de declaraciones de los aforados debe decidir si archiva el proceso o pide el suplicatorio al Congreso y el Senado para realizar una inculpación formal. Griñán dijo ayer que confía en la Justicia. Dejemos que ésta actúe.

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

Un experto manipulador

Jorge Muñoz | 2 de julio de 2014 a las 5:00

Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del CastilloCarcaño ha aprendido mucho sobre la Justicia en los cinco años que lleva a la sombra. ¿Alguien realmente pensaba que en su declaración de ayer iba a reconocer ante el juez el nuevo delito contra la integridad moral que se le imputa? Creo que nadie. Después de ocho versiones distintas del crimen y de marear a la Policía durante años, Carcaño ha demostrado que es un experto en el arte de la manipulación. Primero estaba dispuesto a colaborar con la Justicia para recuperar el cuerpo de Marta, en febrero del año pasado, y un año después le pide al juez que le dejen tranquilo.
Y lo más probable es que en esta ocasión consiga el archivo de la causa por el nuevo delito contra la integridad moral que ahora se le imputa. Lo tiene todo a su favor. Su declaración de ayer fue muy hábil: Carcaño ratifica la última versión que ha dado oficialmente, la que implica a su hermano en el crimen y en la que asegura que el cuerpo está enterrado en la finca Majaloba de La Rinconada, donde se ha buscado hasta la saciedad. Esta declaración está documentada por escrito gracias al testimonio que prestó en la cárcel de Morón de la Frontera, en presencia de los policías que investigan el caso y de sus abogadas defensoras.
Pero ahora no puede decirse lo mismo de la versión de la escombrera de Camas, cuya búsqueda se inició tras el positivo que Carcaño dio al someterse de forma voluntaria a la prueba del Potencial Evocado Cognitivo (PEC), P-300 o test de la verdad. Los mismos policías que actuaron con tanta diligencia a la hora de documentar la versión de Majaloba, no hicieron lo mismo con la escombrera. En esta ocasión, los agentes llevaron al joven a esta zona de Camas y Carcaño reconoció verbalmente a los investigadores que, efectivamente, los restos de Marta estaban enterrados en esta zona próxima al lugar dónde residía la que entonces era su novia.
No hay ninguna declaración por escrito ni se ha realizado en presencia de las letradas de Carcaño, con lo que por mucho que los investigadores puedan afirmar en un atestado la veracidad de esa confesión, de la que nadie duda que tuvo lugar, lo cierto es que esas manifestaciones de Carcaño no se podrán acreditar con la certeza que requiere la Justicia para considerarle culpable del delito contra la integridad moral.
Carcaño vuelve a beneficiarse, una vez más, de que las cosas no se hagan como debieran.

El día después para la infanta

Jorge Muñoz | 9 de febrero de 2014 a las 15:23

Fotografía de la infanta prestando declaración publicada por el diario El Mundo

Fotografía de la infanta prestando declaración publicada por el diario El Mundo

La de ayer fue sin duda una de las jornadas más complicadas para la Infanta Cristina, que se convirtió en el primer miembro de una casa Real que tiene que rendir cuentas ante un juez por los negocios de su marido.

La infanta -cuya fotografía prestando declaración ha ordenado que se investigue el juez Castro- respondió durante más de seis horas a los delitos de fraude contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales que le imputa el juez Castro por su participación del 50% en la sociedad Aizoon S. L., constituida con su marido, Iñaki Urdangarín.

En el voluminoso auto de imputación, el juez del caso Nóos recordaba las manifestaciones del notario que intervino en la constitución de Aizoon, quien se habría hecho eco asimismo de las palabras pronunciadas por el abogado y asesor fiscal del duque de Palma, quien dijo que esta sociedad se creó para “tener un escudo frente a Hacienda”. El juez Castro concluía que existen indicios racionales de que esta entidad mercantil fue creada con el deliberado propósito de “servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada”.

La infanta Cristina negó ayer ante rotundamente el magistrado que fuese ese escudo frente a Hacienda y declaró “su verdad”, según explicó su abogado Miguel Roca. Esa verdad se sustenta en que confiaba plenamente en su marido y firmaba todo lo que él le decía que debía firmar, y que desconocía todo lo relacionado con estas actividades, incluso que los empleados domésticos estuviesen contratados por Aizoon.

Hoy es el día después de un día histórico para la Justicia, que ha demostrado que todos los ciudadanos son aparentemente iguales ante la ley, aunque esa igualdad quede finalmente minimizada al paseíllo de once pasos que la infanta tuvo que hacer ante centenares de reporteros a su llegada y salida de los juzgados de Palma.

¿Y ahora qué pasará con la instrucción? Desde fuera todo apunta a que la infanta podría quedar fuera del proceso, que se archivaría en su caso, aunque continuaría contra su marido, sobre todo si la Fiscalía Anticorrupción sigue manteniendo que la infanta no cometió los delitos por los que ha sido imputada. Habría que recordar en este caso la doctrina Botín, que establece que si la Fiscalía y la acusación particular no acusan, el proceso no puede continuar ni abrirse juicio oral sólo porque lo pida la acción popular.

El propio juez Castro mostraba sus dudas sobre que la cantidad supuestamente defraudada llegue al límite legal de los 120.000 euros, a partir de los cuales se considera que hay delito fiscal, lo que incide en que la infanta podría quedar exonerada de culpa. Pero, en contra de lo que podría pensarse, si llega el archivo de la causa contra la infanta, ésta no se habrá ido de rositas, porque la imagen de ayer de una grande de España declarando ante el juez no se borrará fácilmente del imaginario colectivo. Quizás la actuación del juez Castro tenga más relevancia de la que pueda sospecharse, porque ha vuelto a hacer creer que, al menos por un día o durante seis horas, la Justicia es igual para todos los ciudadanos, como establece nuestra carta magna.