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Alaya no es la única culpable

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2016 a las 6:30

JUZGADOS.Las cosas no son del todo blancas o negras, siempre hay matices y tonos grises. Culpar única y exclusivamente a la juez Mercedes Alaya de las prescripciones de los delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE no es del todo justo. Debe partirse, indudablemente, de que el caso es lo que es por la actuación directa de esta magistrada, que durante más de cuatro años llevó una instrucción plagada de luces y sombras. Desde ese punto de vista, Mercedes Alaya, como máximo responsable de la instrucción, sería absolutamente responsable de la prescripción de los delitos.
Y no será porque los delegados de la Fiscalía Anticorrupción, cuales eficientes moscas cojoneras, llevaban advirtiendo a Alaya desde el inicio de la investigación de la posible prescripción. Más de media docena de escritos hicieron los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández planteando esta preocupación a la instructora. El primero de esos escritos data de abril de 2011, tan sólo tres meses después de que se iniciara la investigación de la macrocausa, en enero de ese año. Los fiscales habían planteado a Alaya que la investigación de las posibles irregularidades en las ayudas –en las que se abarcaba un periodo tan amplio como una década– debía comenzar precisamente por las subvenciones más antiguas, puesto que el plazo de prescripción para estos delitos era de diez años.
Los fiscales plantearon a Alaya que comenzara las pesquisas por las ayudas recibidas por Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina (Hamsa), pero el verdadero problema de prescripción no estaba en las ayudas sociolaborales como éstas, que se concedían a los trabajadores –el delito se seguiría cometiendo mientras continuasen abonando los pagos a los prejubilados–, sino en las ayudas directas a empresas, donde por lo general se efectúa uno o varios pagos y, desde ese momento, comienza a contar el plazo de la prescripción.
Mercedes Alaya, cuyas relaciones nunca fueron buenas con los fiscales, hizo caso omiso al planteamiento de Anticorrupción, dada su personalísima manera de instruir y de dirigir la investigación de las macrocausas. Si la investigación hubiera comenzado por las ayudas más antiguas, como las que han provocado las primeras prescripciones, la situación podría ser bien distinta. Hay que aclarar, no obstante, que lo que prescribe es la responsabilidad penal de los empresarios beneficiarios de las ayudas, pero no la posibilidad de exigir a las empresas la devolución de las ayudas. Pero ése es otro cantar y muy complicado, porque muchas de las empresas que recibieron fondos públicos simplemente ya no existen.
Pero decía que la culpa de la prescripción, en sí misma, no puede atribuirse por completo a Alaya. No puede pasar por alto que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tardó más de tres años en entregar el atestado sobre las cuantiosas ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. Y hasta ese atestado, como reconocía la Audiencia Provincial en el auto que declaró prescritos los delitos de dos empresarios, Alaya no tuvo conocimiento de la “notitia criminis” sobre estos hechos, por cuanto hasta ese informe la línea de investigación de la Sierra Norte no era más que una “indagación a ver qué subvención había sido concedida ilegalmente”.
Pero si injusto puede resultar culpar exclusivamente a Alaya de la prescripción, también lo es derivar la misma a la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, lo dice la propia Mercedes Alaya, que llegó a reconocer que la Junta “potenció” la investigación en el caso de la Sierra Norte.
En un auto dictado el 27 de enero de 2015, que es conveniente recordar –es lo que tiene la hemeroteca–, Alaya rechazó expulsar a la Junta del caso de los ERE, como había solicitado el sindicato Manos Limpias. La juez criticó la “ambivalente posición” de la Junta como acusación, pues por un lado “debe velar por los intereses de la institución”, y por otro “no se escapa advertir en su estrategia procesal cierto apego, a determinados cargos hoy implicados que la han representado durante décadas”. Esta “contradicción interna”, según Alaya, no se tradujo en un “entorpecimiento de la causa, pues salvo el desorden del comienzo de la misma, su dirección letrada ha cumplido fielmente y con extraordinario celo profesional la entrega de documentación que le ha sido requerida, potenciando en algún caso concreto, como las ayudas de la Sierra Norte, las diligencias de investigación”. Y añadía que la Junta ejerció una acusación más pasiva que activa “pero sin obstaculizar, más bien al contrario, la obtención de las pruebas”.
En los ERE ni todo es blanco nuclear ni negro enlutado.