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El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.