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La complicada herencia de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

Una trayectoria como instructora con muchas luces pero también con bastantes sombras. Los últimos siete años de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han estado marcados por una instrucción eminentemente expansiva, en la que la juez no ha cesado en abrir línea tras línea de investigación hasta el punto de que parecía que quería destripar las entrañas de la Junta de Andalucía, sometiendo a la Administración a una especie de causa general, una actuación que está proscrita por la legislación española.
Evidentemente no se puede negar la extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación que en los últimos años ha mostrado la magistrada, cuya marcha como instructora no puede dejar indiferentes a nadie. Tras su salida de las macrocausas y su incorporación definitiva a la Audiencia de Sevilla, hay aspectos que se echarán de menos y otros tantos que no.
Contra la corrupción
Entre las cosas que echaremos de menos se encuentra, como no, esa ingente capacidad de trabajo, demostrada ampliamente a lo largo de estos años; y su demostrada valía en la lucha contra la corrupción. Alaya ha profundizado en la instrucción de los ERE hasta un punto en el que, probablemente, no se habría atrevido a llegar otro juez. De la investigación de la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla, Alaya destapó el fraude de los ERE y de ahí se derivaron otras línea de investigación como la de las irregularidades en los cursos de formación o a la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea.
Menor eficacia
La estadística es el peor enemigo de Alaya. Ha abierto más de media docena de procesos, pero más de la mitad siguen aún en investigación. En los últimos siete años –si contamos desde 2008, cuando se inició la investigación del delito societario al máximo mandatario del Betis, Manuel Ruiz de Lopera–, la instructora sólo ha sido capaz de cerrar, y de manera desigual, tres causas y sólo una de ellas ha sido enjuiciada y sentenciada, eso sí con condena de dos de los cuatro acusados. Se trata del cohecho de Mercasevilla, que acabó con la condena a pagar una multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la absolución por el Tribunal Supremo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien Alaya sentó en el banquillo con indicios débiles. Antes había sido declarada inocente por el jurado la secretaria de Mercasevilla.
Antes de ocupar su nuevo destino como magistrada en la Audiencia de Sevilla, la juez finalizó su instrucción, inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, con respecto a la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
La tercera causa finalizada, aunque aún no ha sido remitida formalmente a la Audiencia de Sevilla, se refiere a las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de la empresa Mercasevilla, en la que están procesadas 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La herencia
El escenario que deja Alaya a su sucesora, María Núñez Bolaños, resulta bastante complicado.Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en las tres macrocausas que siguen abiertas: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos de la agencia Idea. Estos dos últimos sumarios están en un estado más incipiente de instrucción, con lo que María Núñez Bolaños no debe tener muchas dificultades para ponerse al día con estas investigaciones e impulsarlas, sobre todo si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el sumario de los cursos de formación.
Los ere, a menos del 40%
El caso de los ERE es diferente. Se trata de una investigación que se inició en enero de 2011, por lo que está a punto de cumplirse los cinco años de la instrucción. Aunque una parte fundamental de la investigación puede considerarse acabada, la que afecta al denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones de euros y por el que fueron imputados ante el Tribunal Supremo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo cierto es que Alaya apenas ha completado el 40% de la investigación de las subvenciones bajo sospecha.
las prescripciones
La tan anhelada división de los ERE en tres grandes bloques, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo reclamando a Alaya y que no se ha materializado hasta la incorporación de la juez María Núñez Bolaños, plantea nuevos inconvenientes relacionados con la posible prescripción de los delitos. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Según precisaron fuentes del caso, con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.
declaraciones y fianzas
Pero no sólo hay problemas de prescripción en el caso de los ERE. La nueva magistrada tiene por delante el laborioso trabajo de dividir la causa en los tres bloques, uno de ellos con más de 200 piezas –una por cada una de las ayudas concedidas a las empresas–, y debe además seguir tomando declaración a los imputados que surjan en este proceso, en el que hay ya implicadas 265 personas, de las cuales 60 son intrusos que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones sin tener derecho y sin haber trabajado en las empresas.
Una causa como los ERE genera además numerosos recursos, providencias y autos que ahora debe resolver la juez María Núñez Bolaños. La Fiscalía le pidió recientemente a la magistrada que fijara las fianzas civiles de 83 imputados en los ERE –casi un tercio del total–, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen. Esta es la complicada herencia que deja Alaya a Bolaños: una causa abierta y muy viva a la que le quedan años de instrucción.

Desmontando a Alaya en siete folios

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2015 a las 5:00

núñez bolaños

A pesar de las duras críticas de su antecesora, la juez María Núñez Bolaños se está mostrando en los menos de dos meses que lleva al frente del juzgado como una magistrada resolutiva y con las ideas claras. Tan claras que su primera decisión importante, nada más aterrizar en el juzgado, consistió en anular un auto de la mismísima Alaya, conocida en el entorno del Prado de San Sebastián como “la más grande”.

Y digo que Bolaños también ha mostrado su capacidad resolutiva porque, aunque Alaya no la considera preparada para asumir una macrocausa por sus once años como juez de Familia, la nueva titular ha seguido tramitando con absoluta normalidad los distintos procedimientos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Pero no se trata de adoptar resoluciones de mero trámite, como bien demostró ayer, al acordar la división de la causa de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas. Alaya siempre se opuso de manera tajante a la separación, argumentado que la causa era “inescindible” y había que evitar lo que los juristas denominan la “ruptura de la continencia de la causa”, porque la división podría provocar un “caos procesal” y el peligro “obvio, serio e indiscutible” de que se produjeran sentencias “contradictorias”.

Bolaños sólo ha necesitado siete folios para desmontar las tesis de Alaya. Y realmente no hace falta extenderse mucho si las ideas están claras. Ya lo dijo el que fuera presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Joaquín Sánchez Ugena, cuando contestó de la siguiente forma a un abogado personado en el caso Mercasevilla que envió un recurso con muchísimos folios: “No por mucho escribir se tiene más razón”, aseguró este juez, fallecido en 2014.

Bolaños ha hecho lo más lógico al trocear los ERE, una medida que había reclamado la Fiscalía Anticorrupción y por la que apostaban abiertamente el TSJAy el Tribunal Supremo, y sobre la que estaba deseando pronunciarse –probablemente en el mismo sentido– la Sección Séptima de la Audiencia, el nuevo destinado de Alaya.

El varapalo de Bolaños contrasta con las buenas noticias que ha recibido Alaya esta semana: la Audiencia ha avalado su decisión de procesar a Lopera y de requerir a la Policía que no investigue los cursos que se cruzaban con su causa, y el informe del fiscal pidiendo el archivo de la querella de Oliver. Siempre no se puede ganar.