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El Presupuesto de la Consejería de Justicia crece un 6% hasta las 568,6 millones

Jorge Muñoz | 4 de noviembre de 2016 a las 14:21

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.

El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior de Andalucía para 2017 crece un 6,2 por ciento respecto a las cuentas de 2016 y alcanza los 568,6 millones de euros, según ha explicado hoy en el Parlamento el responsable de este departamento, Emilio de Llera. El incremento de la cuantía de las partidas destinadas a Justicia e Interior es superior en 3,4 puntos porcentuales al crecimiento global del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2017, que crece un 2,8%. En términos absolutos, el aumento que registra el presupuesto de la Consejería es de 33,1 millones de euros, y representa el 4% del incremento global del Presupuesto, ha precisado De Llera.

“El mero análisis numérico”, ha afirmado el consejero, “muestra que, en 2017, el Gobierno andaluz ha fijado como una de sus prioridades más señaladas las políticas de Justicia y las de Interior”. De Llera ha subrayado la partida de 9 millones de euros destinada a la recepción y puesta en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, 6,7 millones para la primera anualidad y 2,3 euros que financiarán  los gastos de mobiliario y mudanza. Esta partida se incluye en el apartado de gastos corrientes en bienes y servicios, dotado con 78,7 millones de euros, cifra que supone un incremento del 23,5% respecto a las cuentas de 2016.

Ahorro en alquiler de sedes judiciales

Además de a dicha infraestructura judicial cordobesa, esta partida se destinará a alquileres de sedes judiciales y otros gastos que están siendo objeto, durante los últimos años, de revisión y ajuste a la situación presupuestaria mediante nuevas herramientas de gestión como la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía o del papel cero. La Consejería ha disminuido en más de un 22 % el número de sedes arrendadas y en 10.000 metros cuadrados la superficie alquilada. En términos monetarios, significa un ahorro de más de 5 millones de euros en rentas cada año. “En 2017 continuamos esta gestión”, ha señalado De Llera, “y a medida que entre en funcionamiento la Ciudad de la Justicia de Córdoba, conseguiremos un ahorro adicional cercano al millón de euros anual en arrendamientos, con lo que, con respecto a 2010, el ahorro en alquileres será del 30%”.

El capítulo de inversiones crece un 28,6% y alcanza los 18,2 millones de euros que se dedicarán a actuaciones en infraestructuras y a la modernización de la Justicia en la comunidad autónoma, ha señalado el consejero. Entre las principales obras de adecuación y mantenimiento, ha destacado las del edificio de la Caleta en Granada, el plan de intervención en las sedes del Prado de Sevilla,  la eliminación de barreras arquitectónicas en Torrox. Además, la Consejería trabaja en la ampliación del Depósito Judicial de Sevilla, que ya recoge vehículos procedentes de Sevilla, Huelva y parte de Cádiz, y está prevista la puesta en marcha de un nuevo Depósito Judicial Público en la ciudad de Málaga.

Recuperación progresiva de la paga extraordinaria

El consejero ha anunciado que “durante 2017 se dará cumplimiento al punto primero de la Recuperación progresiva de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del Acuerdo del Consejo de Gobierno”, con cargo a la partida destinada a Personal dotada con 291 millones de euros. Este capítulo incluye también la consolidación de los 45 funcionarios de refuerzo que se han incorporado durante 2016 y la implantación de la nueva oficina judicial en los proyectos pilotos de Velez-Málaga, El Ejido y la Oficina fiscal de Sevilla y Fiscalía de área de Dos Hermanas.

La Consejería de Justicia e Interior contará con 430,7 millones de euros en el Programa Administración de Justicia para garantizar los medios humanos y materiales necesarios que garanticen un funcionamiento eficaz del servicio público de Justicia. El presupuesto asignado a esta política representa un incremento 7,65% sobre lo presupuestado en 2016, “tres veces el crecimiento total del presupuesto andaluz”, ha destacado el consejero.

De Llera se ha comprometido a continuar promocionando e impulsando la mediación y otros sistemas no judiciales para la resolución de conflictos. En este marco, la Consejería seguirá, durante 2017, implantando puntos de información sobre la mediación en sedes judiciales de todas las capitales andaluzas.

Justicia Juvenil, 82 millones

Las políticas de Justicia Juvenil y Cooperación cuentan en el Presupuesto con 82 millones de euros. Durante 2017, prestarán servicio 16 centros de internamiento para la ejecución de medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como terapéuticos y fines de semana en centro, con 766 plazas, distribuidas en las ocho provincias de Andalucía. Para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad, la comunidad tiene 48 los centros y servicios de medio abierto. Además, como actuación alternativa a la ejecución de medidas judiciales y con un carácter educativo–restaurativo, se continuarán impulsando los programas de mediación extrajudicial e intrajudicial a través de ocho equipos ubicados en cada una de las provincias de Andalucía.

Restitución del 10% en la remuneración de los abogados

De otro lado, la Consejería de Justicia e Interior restituirá en los dos próximos años el 10% de la remuneración a abogados y procuradores en Andalucía por la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita, según ha anunciado hoy en el Parlamento su titular, Emilio de Llera, en la presentación de las cuentas de su departamento para 2017. El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior para la justicia gratuita el próximo año asciende a 42,7 millones de euros, lo que supone 4 millones más que en 2016 y un incremento del 10,75%

Con el incremento de esta partida la Junta restituirá la remuneración que percibían abogados y procuradores por el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita en el año 2012, cuando fue reducida a causa de la crisis económica. Según ha explicado el consejero, los pagos por los servicios de estos profesionales se incrementarán un 5% en 2017 y luego otro 5% en 2018.

Además, tal como ha señalado De Llera, en los presupuestos de su departamento se prevé la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de que alcance el 8% la compensación económica de la Junta por los gastos de gestión y organización de estos servicios que realizan los colegios profesionales de abogados y procuradores en Andalucía.

Dicho reglamento sufrirá modificaciones, igualmente, para adaptarse a las novedades normativas en las leyes del Código Penal, de la Jurisdicción Voluntaria y de Enjuiciamiento Criminal, ha añadido el consejero, quien ha recalcado que todas estas decisiones se han tomado en consenso con los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores.

La Consejería de Justicia e Interior ha abonado esta misma semana un total de 10,5 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores para liquidar los pagos por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes al segundo trimestre de este año.

 

De Llera retoma el camino

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 5:00

Emilio de Llera retoma el camino, aunque en este caso no es el que conduce a la ermita del Rocío. Varias semanas después de la reprobación parlamentaria por haber criticado duramente la independencia de los fiscales y de los jueces, el consejero de Justicia e Interior de la Junta ha vuelto al redil. En estas semanas que han pasado desde aquel 12 de mayo, De Llera ha intensificado sus encuentros, contactos y se ha fotografiado y mucho con jueces y fiscales. La senda a la que ha vuelto el consejero en estas semanas era la inevitable, sobre todo, porque la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha vuelto a avalarle como titular de Justicia, y porque en el fondo De Llera siempre ha tenido buenas relaciones con jueces y fiscales. No debe olvidarse su condición de fiscal en excedencia y las décadas que ejerció la carrera fiscal, prácticamente toda su vida profesional, antes de dar el salto a la política, en el año 2012.

El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, preside el pasado lunes junto al Presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, la reunión de la comisión mixta Junta-TSJA

De Llera, en la comisión mixta con el TSJA.

El pasado lunes, el consejero asistió a la reunión de la Comisión Mixta de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que intervino además el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río. En esa reunión se acordó ampliar hasta 180 el número de funcionarios de refuerzo en los juzgados andaluces con más carga de trabajo.

No era la primera vez que De Llera y Del Río se veían las caras tras la reprobación parlamentaria, puesto que el 19 de mayo ya se habían encontrado en el Parlamento andaluz durante la Comisión de Justicia en la que el presidente del TSJA presentó la memoria de funcionamiento de los tribunales andaluces correspondiente a 2015.

 

El 23 de mayo, De Llera mantuvo una reunión con  el magistrado Antonio Moreno Andrade, representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Andalucia Occidental y Ceuta y Melilla y presidente de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA,  y también con el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez García, quien recientemente no quiso pronunciarse sobre las palabras del consejero y se limitó a recordar el comunicado conjunto emitido por las cuatro asociaciones profesionales de jueces -APM, JpD, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, quienes habían reclamado la cabeza del consejero por sus declaraciones.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

Ese mismo 23 de mayo, De Llera estuvo en los actos del Día de la Provincia de Sevilla, donde coincidió con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el viernes 27 asistió a otro evento donde estuvo el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano.

Seguro que más de uno de los jueces con los que se ha reunido este tiempo le han comentado algo sobre sus desafortunadas afirmaciones en una entrevista en una cadena regional, donde De Llera afirmó que “los jueces hoy actúan como si fueran reyes de Taifas y los fiscales no son independientes porque reciben instrucciones de sus superiores jerárquicos y pueden ser de una manera u otra dependiendo de su color político. Los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y miren la que montó“, aseveró en esa entrevista.

De Llera, que es una persona muy inteligente, seguro que ha recapacitado sobre esa lamentable comparación. De hecho, al día siguiente no dudó en pedir perdón por sus palabras pero no evitó la escalada de críticas que acabó con su reprobación parlamentaria. Se trata de la primera vez que el Parlamento  andaluz reprobaba a un consejero.

Pero en el fondo, y aunque pueda parecer sorprendente, el sentido de las manifestaciones del consejero es compartido por otros destacados penalistas, como el abogado Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, quien en un artículo de opinión sobre la Justicia Penal española llegó a conclusiones similares. El letrado destacaba el papel del juez de instrucción “el hombre más poderoso en Francia en palabras de Napoleón, que creó la figura”, que deber ser investigador y acusador. Moreno Catena decía que en cuanto juez es “independiente”, de modo que en su función investigadora no puede recibir instrucciones de nadie, y “eso convierte al juzgado de Instrucción en un reino de Taifa, que se guía por los designios, acertados o erróneos, de su titular; con el problema añadido de que sus decisiones no se pueden corregir de modo inmediato, porque cuando el recurso de apelación lo resuelve la Audiencia seguramente se ha dañado irremisiblemente el derecho del ciudadano”.

El letrado concluía diciendo que si no contamos con jueces independientes “todo el sistema judicial está en riesgo porque le faltaría su pilar fundamental; y si además  los jueces no se dedican solamente a hacer aquello que sólo pueden hacer ellos, estaremos socavando irremisiblemente las bases del estado de derecho y de la democracia. Cuidado”, alertaba.

A De Llera le ha durado poco su travesía en el desierto de la reprobación parlamentaria, y ahora, menos de un mes después, vuelve a caminar por los caminos de la Justicia. Su peregrinación no ha sido tan dura como parecía en un principio…

De Llera se salta la ley Godwin

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2016 a las 7:00

EMILIO DE LLERA

Rosell

De Llera es un gran jurista pero parece desconocer la ley Godwin. Este principio, que un compañero recordaba ayer en relación con las polémicas declaraciones realizadas por el consejero de Justicia e Interior de la Junta, fue propuesto en la década de los 90 por el abogado estadounidense Mike Godwin. La ley Godwin, que comenzó a utilizarse en los grupos de discusión en internet, dice lo siguiente:“A medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno”. Y en ese momento, la discusión se acaba. Y pierde el interlocutor que ha recurrido a semejante comparación.
Si las declaraciones de Emilio de Llera, un brillante fiscal en excedencia, tenían el más mínimo atisbo de aproximarse aunque fuese remótamente a la realidad, se perdieron con el símil.Comparar la independencia de los jueces españoles con la que pudo tener el dictador que acabó masacrando al pueblo judío va mucho más allá que unas desafortunadas manifestaciones que han situado de nuevo a De Llera en el centro de la polémica. No hay que olvidar que, además, las declaraciones no las realiza un consejero cualquiera del Gobierno andaluz, sino precisamente el consejero de Justicia, el que debe tener una relación más directa con los jueces y fiscales, por lo que debe ser más exquisito si cabe en sus manifestaciones sobre estos profesionales, sin olvidar que durante cuatro décadas ha sido un miembro destacado de la carrera fiscal.
Si nos atenemos a la ley Godwin, De Llera perdió el debate –en realidad era una entrevista en una televisión local– al hacer semejante afirmación, más propia de una barra de bar que de una tertulia televisiva. El consejero andaluz se situó al mismo nivel –aunque sin entrar en injurias– que en su día se colocó el ex consejero delegado del Real Betis Luis Oliver, que fue condenado por afirmar en una rueda de prensa que “ni los nazis hacían lo que hace esta loca”, en alusión a la juez Mercedes Alaya, que en su día investigó los delitos societarios relacionados con el club verdiblanco.
La única circunstancia atenuante que cabe apreciar en la conducta del consejero es la rapidez con la que ha pedido disculpas, no sólo a los profesionales de la Justicia y a los fiscales, sino también a los simpatizantes de Podemos, formación de la que afirmó que si sube en las próximas elecciones supondrá que la sociedad “está enferma”.
Algunos podrían tratar de justificar las declaraciones del consejero respecto a la independencia de los fiscales porque, en cierto modo, se trata de un órgano jerarquizado, pero en el caso de los jueces está completamente fuera de lugar afirmar que son “tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso”. Peligroso también resulta atacar la independencia de unos jueces que, en los últimos años, se están mostrando como la última frontera contra la corrupción, aunque desde luego haya actuaciones judiciales que puedan ser en cierto modo cuestionables. De lo que no se puede dudar es que estos profesionales, al igual que los fiscales –por mucho que tengan un superior jerárquico dándoles órdenes–, no van a actuar bajo la única premisa sobre la que pueden hacerlo: la del imperio de la ley y el cumplimiento de la legalidad.
No quiero ser muy duro con De Llera porque, en el fondo, creo que, como en otras ocasiones, se ha dejado llevar por la espontaneidad y el lenguaje coloquial que varias veces ya le han jugado malas pasadas, desde el mismo día en que tomó posesión como consejero de Justicia, hace ya cuatro años, en mayo de 2012.
En estos cuatro años, repartidos en dos mandatos, De Llera no ha dejado títere con cabeza. Sus declaraciones públicas le han llevado a meterse en más de un entuerto. Entre sus perlas más sonadas está la que dedicó a la juez Mercedes Alaya, de la que dijo lo siguiente veinte días después de acceder al cargo:“Es una mujer muy trabajadora, que está llevando varios procedimientos judiciales complicados adelante y sigue estando muy guapa”. Unos meses después volvió a la carga con esta instructora:“Ni uno es Superman, ni Alaya es Superwoman, si sigue retrasando así las cosas y no acepta la ayuda de nadie, le podrán decir que es una prepotente, porque sola no puede”.
Y Alaya, en su defensa, lo calificó de un “notorio detractor” de su trabajo en el informe que remitió al Poder Judicial criticando a la juez María Bolaños, la nueva titular del juzgado de la macrocausas.
De Llera también ha tenido encontronazos con el padre de Marta del Castillo, después de que calificara de “tontería” y de“despilfarro” seguir costeando la búsqueda del cuerpo de la joven asesinada. Y en otras ocasiones no hay que negarle un fino sentido del humor, como cuando criticó al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, del que dijo que “no resuelve los grandes males de la Justicia, es como si a una persona que tiene mucha hambre le ofrecemos una gamba en lugar de un plato de cocido”.
La misma espontaneidad que muchas veces le pierde es la que hace destacar la singularidad de Emilio de Llera, que no deja a nadie indiferente. En la entrevista del pasado martes vimos de nuevo a Emilio “en estado puro”.

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Macondo judicial o el día de la marmota

Jorge Muñoz | 19 de julio de 2015 a las 5:00

Carmen Hermosín y Alfredo Sánchez Monteseirín firman, en 2003, la cesión de suelo para construir la Ciudad de la Justicia en Los Gordales.

Carmen Hermosín y Alfredo Sánchez Monteseirín firman, en 2003, la cesión de suelo para construir la Ciudad de la Justicia en Los Gordales.

 

La Ciudad de la Justicia de Sevilla es como la ciudad que Gabriel García Márquez dibujó en Cien años de Soledad. El macroproyecto que debe reunir a todos los órganos judiciales dispersos en la capital hispalense se ha convertido, más de una década después de que comenzara a hablarse del proyecto, en el Macondo judicial, un espejismo, una ciudad imaginaria. El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ya lo dijo en el año 2012, cuando dio el salto de la Fiscalía a la política: el proyecto entra en el campo de la “ciencia ficción”.

Pero eran otros tiempos, con un alcalde del PP y un gobierno también popular en la Moncloa. Tres años después, con el socialista Juan Espadas en la Alcaldía, desde la Consejería y el Ayuntamiento intentan hacernos ver que todo ha cambiado, que se abre un tiempo nuevo para el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Sinceramente no me lo creo. Este informador ha asistido a tantas presentaciones del proyecto, ha publicado tantas fechas de “inicio de las obras”, ha visto tantos power point con recreaciones y diseños, ha visto tantas consignaciones presupuestarias para los primeros trabajos y ha preguntado tantas veces por el campus judicial que  se ha vuelto completamente escéptico con el proyecto. Hasta tal punto, que pienso que no lo veré realizado antes de mi jubilación y créanme si les digo que aún me quedan unas décadas para esa fecha.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dijo esta semana, tras reunirse con jueces y fiscales, que había que “recuperar la credibilidad” del proyecto de la Ciudad de la Justicia tras cuatro años “varado”, en alusión a la última legislatura municipal, en la que Junta y Ayuntamiento ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre la ubicación: el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, insistió en su distrito judicial del Prado de San Sebastián, una propuesta que agradaba a jueces y abogados pero que realmente se quedaba pequeña para las necesidades de espacio de un macrocomplejo de estas características.

El alcalde tenía razón, hay que recuperar la credibilidad en un proyecto increíble, aunque se equivoca en los años que lleva paralizado el campus judicial y en culpar exclusivamente a su antecesor en el cargo, el problema es más antiguo. Desde el año 2003, cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla -Carmen Hermosín era consejera y Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde- alcanzaron un “preacuerdo verbal” para ubicar la Ciudad de la Justicia en la zona conocida como el cordel de los Gordales, en Los Remedios, el futuro complejo ha pasado por hasta siete consejeros de Justicia -Carmen Hermosín, María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Álvarez, Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio de Llera- y seis distintos emplazamientos que han acabado por desalentar a los profesionales de la Justicia.

Antes de los Gordales, las administraciones barajaron otros puntos de la ciudad tan dispares como Bellavista, Villanueva del Pítamo, la isla de la Cartuja, los terrenos del Puerto o el Prado de San Sebastián, en cuyo entorno se sitúan actualmente -y por lo que parece durante muchos años- los órganos judiciales.

El proyecto de los Gordales tenía a priori el inconveniente del pleito que interpuso el Estado ante el Tribunal Supremo contra el recorte de las plusvalías urbanísticas vinculadas a la cesión de los terrenos que la Junta impuso en la fase final de la aprobación del PGOU de 2006, pero el litigio fue resuelto favorablemente en mayo de 2013. Ya no había ningún inconveniente a este emplazamiento más allá de la crisis económica y los recortes presupuestarios para un proyecto que puede costar unos 200 millones de euros.

El alcalde habla ahora de recuperar la credibilidad, y el consejero le sigue en un discurso más moderado -no hemos oído ahora ninguna perla del consejero como cuando habló de la ciencia ficción-, pero lo objetivo de momento no hay ni un euro para el proyecto. Habrá una comisión mixta para estudiar el proyecto. Desde 2003 han pasado 12 años, y lo cierto es que los viejos edificios del Prado de San Sebastián no aguantarán otra década sin una fuerte remodelación. Es necesario que las Administraciones impulsen de verdad el proyecto, más allá de las buenas intenciones entre administraciones que ahora tienen el mismo signo político. Por cierto, que Espadas  ha dicho ahora que la Ciudad de la Justicia no contempla ni el traslado ni la ampliación de la Feria. Un nuevo debate que también parecía cerrado hace años. El día de la marmota.

Llera vuelve a la carga con el dinero de las tasas

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2015 a las 18:09

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de LLera.Erre que erre con el dinero de las tasas. El consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, ha solicitado al Ministerio de Justicia los más de 64 millones de euros recaudados en Andalucía en concepto de tasas judiciales para financiar el servicio de asistencia jurídica gratuita en esta comunidad, como sí lo establece la ley reguladora de estas tasas.

El consejero ha denunciado que desde que se puso en marcha esta norma -ahora rectificada en parte por el nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá- Andalucía no ha recibido ni un sólo euro y ha tenido que realizar un gran esfuerzo “en solitario” para garantizar este servicio con un costa anual de 38 millones y con más de 340.000 beneficiados en toda la comunidad.

De Llera ha expuesto esta reivindicación hoy en Madrid en el transcurso de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia en la que participan el ministro y representantes de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Mucho me temo que la reivindicación del consejero va a caer de nuevo en saco roto, porque se trata de una cantidad bastante importante de la que el Ministerio no querrá desprenderse a buen seguro.

El gasto en alquileres judiciales

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2014 a las 8:00

La Consejería de Justicia pagó en 2013 un total de 14,99 millones de euros en el alquiler de sedes judiciales en Andalucía. La cifra puede resultar muy elevada, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que la Ciudad de la Justicia de Málaga costó unos 85 millones de euros. Además, la consejería que dirige el fiscal en excedencia Emilio de Llera ha logrado reducir en el último año en 2,7 millones la cuantía de los arrendamientos de sedes judiciales en toda la comunidad autónoma. Así, se ha pasado de los 17,7 millones que se abonaron en el año 2012 a los 14,99 millones. 

La fórmula del ahorro no ha sido otra que la renegociación de un centenar de contratos de alquileres, una negociación que se ha visto favorecida por la actual coyuntura del mercado inmobiliario, donde los precios siguen la tendencia a la baja.

Sea como fuere, bienvenida sea esta rebaja, que en el caso de Sevilla ronda los 850.000 euros, un 13% menos que el gasto realizado en el año 2012, donde se pagaron 6,57 millones frente a los 5,72 millones del 2013. Mientras Sevilla siga sin Ciudad de la Justicia -y esto parece que va para muy largo-, la Junta tendrá que mantener el pago de sedes judiciales como las de los edificio Noga, Viapol o Buhaira.

El edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla

El edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla

La sede del Noga, que la Junta denominó como un edificio puente hasta la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, parece que amenaza con convertirse en una sede cuasi permanente de los juzgados, y aunque es verdad que se trata de un edificio de nueva construcción, también lo es que no está del todo diseñado para un uso judicial, lo que conlleva algunos inconvenientes, como el angosto pasillo que hay frente a las salas de vista y que genera malos olores ante la acumulación excesiva de personas.

En la actualidad, como dijo el consejero Emilio de Llera nada más tomar posesión del cargo, el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla es ciencia ficción, pero muchos esperan que la economía vuelva a despegar en los próximos años y permita volver a la senda de la modernización de la Justicia. Pero para eso, primero hay que elegir la ubicación, y la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla siguen sin ponerse de acuerdo sobre si el campus judicial irá en el barrio de Los Remedios, como plantea la Administración autonómica, o en el Prado de San Sebastián, sede actual de los juzgados, como propone el alcalde de Sevilla, el magistrado Juan Ignacio Zoido

 

Otra vez la Ciudad de la Justicia como arma arrojadiza

Jorge Muñoz | 8 de diciembre de 2013 a las 8:58

Los políticos vuelven a usar la Ciudad de la Justicia de Sevilla como arma arrojadiza. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lleva seis meses sin ofrecer a la Consejería de Justicia e Interior los detalles técnicos de su proyecto de complejo judicial en el Prado de San Sebastián.  La Junta, por su parte, ha pedido en dos ocasiones -una por mail y otra a través de una carta- esos detalles técnicos para poder estudiar ese proyecto de cara a una decisión final sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia, que la Junta quiere que sea en Los Gordales, en el barrio de Los Remedios.

El alcalde ha pedido ahora a la Junta que le devuelva la titularidad de una parcela de casi 7.000 metros cuadrados que, en abril de 2011 -a sólo un mes de las elecciones municipales-, la anterior Corporación, que presidía el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cedió a la Consejería de Justicia para poder comenzar la primera fase del macrocomplejo judicial sin necesidad de esperar a la resolución del litigio sobre las plusvalías de los Gordales que mantenía el proyecto totalmente bloqueado.

El Ayuntamiento ha pedido tanto la adscripción temporal de esa parcela durante dos meses -hasta enero de 2014- como su adscripción definitiva, pero la Junta la ha rechazado alegando que la misma forma parte de la futura Ciudad de la Justicia y le ha recordado que aún no le ha facilitado los datos técnicos.

Unos por una cosa y otros por otra, lo que viene a demostrar este nuevo desencuentro de las Administraciones autonómica y local es la verdadera falta de voluntad para sacar adelante un proyecto del que se lleva ya hablando dos décadas y cuyo horizonte se vislumbra aún muy lejano, sobre todo si se tiene en cuenta la situación económica actual, en la que no caben fuertes inversiones como la que requiere esta gran infraestructura judicial.

Este enfrentamiento sólo perjudica a la Justicia y a los ciudadanos, los destinatarios finales de la primera, que seguirán sin contar con unas instalaciones de las que ya se de disfruta en otras provincias andaluzas… Cuando se aproximen de nuevo unas elecciones, unos y otros volverán a utilizar el proyecto como arma arrojadiza… Al tiempo.

Los impagos del turno de oficio

Jorge Muñoz | 13 de noviembre de 2013 a las 20:16

Un centenar de abogados del turno de oficio de Sevilla han remitido una carta al consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, al que exigen el pago de los oficios, que llevan una enorme demora, dado que hasta ahora la Junta sólo ha abonado un porcentaje correspondiente al primer trimestre de este año.

La carta de los letrados no tiene desperdicio, por cuanto recuerdan al consejero que el turno de oficio es un servicio que va en “beneficio de los ciudadanos carentes de medios económicos para designar abogado particular”. Y los abogados reprochan la demora en el abono de estas cantidades “mientras en esa Consejería y en el Gobierno autónomo no dejan de percibir el salario mensual que les corresponde ni un solo mes”.

No les falta razón a los abogados en sus reivindicaciones. El que trabaja, quiere cobrar cuanto antes, y más si cabe si el trabajo se hizo en enero de este año -ya estamos a punto de que finalice el mismo-.

La Junta alega que ha hecho un enorme esfuerzo para ponerse al día en los retrasos, pero el esfuerzo ha resultado a todas luces insuficiente.

La situación es de tal gravedad, máxime en el contexto socioeconómico actual -que indudablemente también ha afectado a los despachos de abogados-, que los letrados no pueden soportar más demoras. El turno de oficio no sólo está compuesto por abogados que están empezando, como en su día apuntó Emilio de Llera, sino que incluso hay letrados en el mismo que llevan varias décadas de ejercicio profesional y que también necesitan que el pago se realice en el momento adecuado.

Los abogados andaluces tienen previsto manifestarse ante las puertas de la propia Consejería de Justicia en Sevilla el próximo 28 de noviembre, en una concentración a la que incluso asistirán ataviados por con sus togas y con la que pretenden denunciar el trato de que la Administración dispensa al turno de oficio.

Interconexión de los juzgados para evitar errores como el de Mari Luz

Jorge Muñoz | 12 de mayo de 2013 a las 21:06

La Consejería de Justicia que ahora dirige el que fuera fiscal de la Audiencia de Sevilla Emilio de Llera ha culminado la interconexión de los 370 juzgados penales de Andalucía, con lo que se pretenden evitar los errores que permitieron que el asesino de la pequeña Mari Luz Cortés siguiera en libertad a pesar de que tenía que ingresar en prisión por haber abusado de su propia hija.

La interconexión permite ahora que los jueces y secretarios dispongan de una información online directa de los distintos juzgados para poder consultar y buscar, por ejemplo, el estado de una orden de busca y captura en toda la geografía andaluza.

El sistema llega cinco años después de los errores -quizás debería haberse acelerado su implantación- por los que fueron sancionados el juez Rafael Tirado y la secretaria judicial, y que fue el germen de la primera e histórica huelga de los jueces para denunciar la situación de sobrecarga de los juzgados y los problemas para controlar las miles de ejecutorias.

Algunos jueces llegaron a decir entonces que estaban “sentados encima de un polvorín” y que los errores del caso Mari Luz podían repetirse en cualquier momento.

Con la nueva herramienta informática, se supone que estos errores no deben producirse jamás. Con este sistema se pueden establecer alertas para el control de las situaciones de busca y captura o de prisión provisional de próximo vencimiento, así como presentar los procedimientos inactivos sobre los que no se ha realizado ningún trámite por un período superior a tres meses.

Todo lo que sean avances tecnológicos para la Justicia deben ser bienvenidos, porque esta Administración está anclada en muchos aspectos en el siglo XIX, el problema está en el uso que puedan hacer ahora los profesionales de la Justicia, porque de nada sirve un sistema si quienes tienen que consultarlo no lo hacen…

A Emilio de Llera sólo le falta ahora impulsar la creación del servicio común de ejecutorias penales, que se planteó también en la misma fecha que la interconexión de los juzgados, pero que sigue sin solución después de los problemas iniciales con los sindicatos, que reclamaban una compensación económica para los funcionarios que se destinaran a este servicio pionero y piloto que iba a implantarse en Sevilla para luego exportarse al resto de provincias…