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Las ejecuciones hipotecarias en los juzgados andaluces cayeron un 30% en 2016

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2017 a las 18:37

-Los 9.998 lanzamientos practicados el año pasado suponen un descenso del 6,5% respecto a 2015

-Los concursos subieron el 11,2% y las demandas por despido disminuyeron un 8%

ejeución

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2016 fue de 12.106, lo que representa un descenso del 30,3% respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es la cifra más baja de las registradas desde 2009, cuando se iniciaron 17.774 ejecuciones hipotecarias. En 2010 fueron 17.913; en 2011, 16.313; en 2012, 17.914; en 2013, 18.321; en 2014, 16.991; y en 2015, 17.365.

La Rioja y el País Vasco son las únicas Comunidades Autónomas en las que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2016, con aumentos del 9 % y del 5,6 %, respectivamente, mientras que el descenso fue especialmente significativo en la Comunidad Valenciana (39,6 %), Galicia (39,2 %) y Navarra (38,8 %) y superior al 30 por ciento en otras seis Comunidades: Andalucía, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Madrid.

En el cuarto trimestre de 2016, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Andalucía fueron 2.609, un 44% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Andalucía, con 2.609, fue la Comunidad en la que más ejecuciones se iniciaron en ese periodo -seguida por Cataluña (1.676), la Comunidad Valenciana (1.577) y Madrid (1.034)-, aunque es también la que registró un descenso más acusado –del 44,2 %- respecto al cuarto trimestre de 2015.

En todas las provincias andaluzas se ha producido un descenso significativo en el número de ejecuciones hipotecarias durante 2016. Así, en Almería se registraron 2.172 frente a las 2.944 de 2015, lo que supone un descenso del 26,2%; en Cádiz en 2016 se iniciaron 1.603, frente a las 2.477 de 2015 (-35,3%); en Córdoba se registraron 922 en 2016 y 1.203 en 2015 (-23,4%); en Granada hubo 1.211 durante el año pasado frente a las 1.690 de 2015 (-28,3%); en Huelva se iniciaron 883 en 2016 y 1.306 en 2015 (-32,4%); en Jaén se registraron 649 en 2016 frente a las 846 del año anterior (-23,3%); en Málaga hubo 2.267 en 2016 y 3.324 en 2015, lo que supone un descenso de 31,8%; y en Sevilla se iniciaron 2.399 en 2016 frente a las 3.575 de 2015 (-32,9%).

9.998 lanzamientos practicados en 2016

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 9.998, lo que supone un descenso del 6,5 % respecto a los 10.694 de 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Menos de la mitad de esos lanzamientos -4.364- fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 5.193 se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 441 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 14.069, el 22,3 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que el año pasado se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía –con 9.998- y la Comunidad Valenciana, con 9.635.

Atendiendo sólo a los lanzamientos que fueron consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.971; seguida por Madrid, con 4.760; y Andalucía, con 4.364. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en la Comunidad Valenciana se registraron 5.398, en Andalucía 5.193 y en Cataluña 4.452.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en 2016 fue de 14.802, un 4,1% menos que el año anterior. De ellos, 8.179 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un descenso del 4,7 % respecto a 2014.

Los concursos presentados suben un 11,2 por ciento

El número de concursos presentados en 2016 fue de 887, un 11,2 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 157 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial -cuya competencia corresponde desde el 1 de octubre de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 730 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

Por provincias, los concursos registrados cayeron en todas las provincias excepto en Almería, que aumentaron un 82,3%, Sevilla (42,2%) y Granada, con un aumento del 9,6%. Los descensos más acusados tuvieron lugar en Jaén, con un 29,3%, y en Huelva y Málaga con un 16,3% en ambos casos.

Las demandas por despido disminuyen un 8%

Las 15.347 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social de Andalucía en 2016 supusieron un descenso del 8% respecto a las registradas el año anterior. Se trata de la cifra más baja desde 2008, ya que ese año y los siguientes hasta 2015 la cifra de demandas siempre superó las 16.000.

Por territorios, Madrid –con 18.952, el 19,2 % del total nacional- es la Comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 17.931- y Andalucía, con 15.347.

Por provincias, en todas ellas disminuyó el número de despidos en 2016 excepto en Sevilla, donde aumentaron un 11,6%. Así, durante el año pasado se produjeron en esta provincia 4.441 despidos frente a los 3.988 de 2015. En cuanto a los descensos, los más acusados fueron en Cádiz (-20,4%), Huelva (-18,5%); Córdoba (-18,2%) y Jaén (-16,7%). En Almería descendieron un 12%, un 10% en Granada y un 9,6% en Málaga.

Andalucía concentra el 11% de los procesados por delitos de corrupción de España

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2017 a las 15:34

Sede del CGPJ en Madrid

Sede del CGPJ en Madrid

El 11,10%. Ese es el porcentaje de personas procesadas por delitos de corrupción en Andalucía en comparación con España, lo que sitúa a Andalucía en segundo lugar a nivel nacional, sólo superada por Cataluña, según los datos extraídos del nuevo repositorio creado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reúne los principales indicadores de la actividad judicial contra la corrupción, tal y como ha informado este jueves el máximo órgano de gobierno de los jueces. El repositorio, que se actualizará trimestralmente, arranca con los datos correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, periodo en el que los juzgados y tribunales dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 1.378 personas en 166 procedimientos por delitos de corrupción, de los cuales 153 corresponden a la comunidad autónoma andaluza, lo que representa ese 11,10% del total nacional. A Andalucía sólo la supera en número de procesados por estos delitos Cataluña, con 303 procesados y el 21,98% del total.

La información facilitada procede de los boletines estadísticos de los órganos judiciales, el Ministerio de Justicia, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. De los 99 procedimientos que finalizaron con sentencia en ese periodo, el 72,7 por ciento lo fue con una resolución condenatoria. Las sentencias que han adquirido firmeza en estos cinco trimestres han supuesto la condena por delitos de corrupción de 399 personas. Los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y malversación son los más frecuentes en las sentencias dictadas en los procedimientos por corrupción, explica el CGPJ.

El repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizarán trimestralmente. El repositorio puede consultarse desde hoy en el Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial ubicado en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

La creación de esta base de datos estaba prevista en el convenio que el órgano de gobierno de los jueces firmó con Transparencia Internacional España el 2 de julio de 2014. El trabajo posterior que ha hecho posible su puesta en marcha ha sido desarrollado por el Grupo de Transparencia creado en el seno del CGPJ.

El repositorio arranca con la información de los cinco trimestres comprendidos entre el 1 de julio de 2015 –fecha en la que entró en vigor la adenda a los boletines estadísticos que cumplimentan los letrados de la Administración de Justicia de cada órgano judicial y que permite recoger los datos de los procedimientos por corrupción- y el 30 de septiembre de 2016. A partir de ahora se actualizará trimestralmente.

Además de esta información, la web del CGPJ ofrece la del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia, sobre condenados por sentencia firme por delitos de corrupción; y la de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios del Ministerio del Interior y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre las personas –tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a régimen penitenciario por este tipo de delitos.

Corrupción pública

El Consejo General del Poder Judicial ha optado por centrar la información que se ofrece en el repositorio en la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se recogen en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos tienen su traducción en el Código Penal en un amplio listado de delitos que incluye la prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), la prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), la infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), el cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), el tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), la malversación (art. 432, 433, 434 y 435), los fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y los abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y la corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Fase procesal

Los datos que se ofrecen en el repositorio corresponden a procedimientos penales por delitos relacionados con la corrupción una vez dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento.

Se ha optado por fijar éste como el momento procesal a partir del que solicitar la información a los órganos judiciales dado que la finalidad de la fase de instrucción es determinar la naturaleza y circunstancias del hecho y las personas que hayan participado en él, pudiendo variar durante la investigación tanto el tipo penal como el número de personas implicadas en la misma.

1.378 personas acusadas y/o procesadas por delitos de corrupción

Con estas premisas, los datos del repositorio indican que, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron auto de apertura de juicio oral o de procesamiento por delitos relacionados con la corrupción contra 1.378 personas.

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 33 36 89 51 63 272
          Total órganos centrales 33 36 89 51 63 272
Andalucía 33 59 42 15 4 153
Aragón 4 0 0 2 1 7
Asturias 13 0 30 0 25 68
Baleares 14 0 3 10 43 70
Canarias 41 4 0 36 24 105
Cantabria 0 100 0 0 0 100
Castilla-La Mancha 1 7 2 4 10 24
Castilla y León 0 7 1 1 0 9
Cataluña 210 45 33 1 14 303
Comunidad Valenciana 12 23 9 1 6 51
Extremadura 1 1 3 0 0 5
Galicia 6 1 5 7 1 20
Madrid 133 5 7 0 0 145
Murcia 0 0 1 0 3 4
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 26 0 28
La Rioja 4 3 2 5 0 14
                         Total CC.AA. 472 256 139 108 131 1.106
TOTAL 505 292 228 159 194 1.378

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Del total de acusados y/o procesados, 1.060 eran hombres –el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos –que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

Estas personas han sido acusadas y/o procesadas en 166 procedimientos distintos, según se puede observar en el siguiente cuadro:

 

3T 2015 4T 2015 1T 2016 2T 2016 3T 2016 TOTAL  
Tribunal Supremo 0 0 0 0 0 0
Audiencia Nacional 1 1 2 4 3 11
          Total órganos centrales 1 1 2 4 3 11
Andalucía 6 3 5 6 1 21
Aragón 1 0 0 1 1 3
Asturias 1 0 2 0 1 4
Baleares 4 0 2 3 7 16
Canarias 2 1 0 1 5 9
Cantabria 0 9 0 0 0 9
Castilla-La Mancha 1 4 2 4 4 15
Castilla y León 0 3 1 1 0 5
Cataluña 2 7 4 1 3 17
Comunidad Valenciana 4 7 3 1 5 20
Extremadura 1 1 1 0 0 3
Galicia 2 1 1 2 0 6
Madrid 7 3 2 0 0 12
Murcia 0 0 1 0 1 2
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Vasco 0 1 1 1 1 4
La Rioja 1 1 2 2 3 9
                            Total CC.AA. 32 41 27 23 32 155
TOTAL 33 42 29 27 35 166

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento

 Un 72,7 por ciento de sentencias condenatorias

De las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total.

 

Condenatoria con conformidad Condenatoria sin conformidad Parcialmente condenatoria Absolutoria TOTAL
3T 2015 3 3 0 2 8
4T 2015 5 5 0 9 19
1T 2016 9 7 4 5 25
2T 2016 9 6 3 5 23
3T 2016 6 10 2 6 24
 TOTAL 32 31 9 27 99

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

 

399 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

 

82 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados –en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

 Trasladar la imagen real de la acción de la Justicia

En el acto de presentación del repositorio, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que a partir de hoy se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, que ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas” y demuestra que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha dicho que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

Cabrejas ha confiado también en que el repositorio contribuya a trasladar a los ciudadanos “la imagen real de una labor muchas veces silenciosa de sus jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, Policía Judicial, funcionarios y demás servidores públicos en su firme compromiso de lucha contra la corrupción”.

Los asuntos ingresados en los juzgados andaluces caen un 29,6% en el segundo trimestre

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2016 a las 6:00

El descenso más acusado, del 40,4 %, se da en la jurisdicción penal, como consecuencia de la reforma de la LECrim

Baja también el número de nuevos asuntos en la jurisdicción contencioso-administrativa, mientras que aumenta en la social y civil * La tasa de litigiosidad en Andalucía en el segundo trimestre del año fue de 39,7 asuntos por cada mil habitantes, la segunda más alta de España Granada, 19 de octubre de 2016.

abogado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales andaluces en el segundo trimestre del año fue de 340.209, lo que supone una disminución del 29,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2015, según los datos del informe “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2016” hecho público por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El descenso más acusado se dio en la jurisdicción penal, con un 40,4 % menos de nuevos asuntos que en el segundo trimestre del año pasado, como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción.

La reforma legal tiene también reflejo en el número de asuntos resueltos por los tribunales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados, que fue de 361.442. La cifra supone un 27,9 % menos que en mismo trimestre de 2015, cuando la LECrim aún no había sido modificada y se contabilizaban los asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción, que se
resolvían de forma inmediata con un auto de archivo por falta de autor conocido.

Por último, el número de asuntos que quedaron en trámite al final del segundo trimestre del año fue de 478.538, un 9% menos en al final del mismo periodo del año anterior.

Datos por jurisdicciones

En la jurisdicción civil, el número de asuntos ingresados en los meses de abril, mayo y junio de este año alcanzó los 97.390, lo que representa una aumento interanual del 1,5 %. La cifra de asuntos resueltos fue de 99.414 y la de asuntos en trámite al final del periodo de 223.303. En la jurisdicción penal, el número de nuevos asuntos fue de 211.854, un 40,4 por ciento menos que en el segundo trimestre de 2015. En esta jurisdicción se resolvieron 223.598 asuntos y quedaron en trámite al final
del periodo otros 146.864.

Como se ha indicado, la importante reducción en el número de asuntos ingresados obedece a la entrada en vigor de la Ley 41/2015 de modificación de la LECrim, que en el segundo trimestre de 2016 ha tenido como consecuencia que la cifra de nuevos asuntos en los Juzgados de Instrucción –que antes recibían los atestados policiales sin autor conocido del delito
denunciado- haya bajado casi a la mitad.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron en el segundo trimestre del año 13.249 nuevos asuntos, lo que supone un descenso del 9,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2015. El número de asuntos resueltos fue de 19.139 y el de asuntos en trámite al final del trimestre de 47.108, lo que supone un 24, 7% menos que en el segundo trimestre de
2015.

En cuanto a la jurisdicción social, el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre fue de 17.716, lo que representa un aumento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 19.291 asuntos y quedaron en trámite otros 61.263.

Canarias, Andalucía y Madrid, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el segundo trimestre del año fue de 34,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional son Canarias (40,8 asuntos por cada mil habitantes), Andalucía (39,8), Madrid (35,9), Murcia (35,8), Illes Balears (35,5), Comunidad Valenciana (35,3) y Cantabria (34,8). En el otro extremo, las Comunidades con una tasa de litigiosidad más baja
fueron el País Vasco y La Rioja (ambas con 24,6 asuntos por cada mil habitantes), y Navarra (26,6).

Baja un 41,3% los asuntos ingresados en la jurisdicción Penal en Andalucía

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2016 a las 9:00

TSJASegún explica el TSJA, esta disminución se debe a la reforma de Lecrim para la agilización de la justicia penal · Desde el pasado 6 de diciembre, los atestados policiales de delitos sin autor conocido no se remiten a los Juzgados de Instrucción

La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 41,3 % en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La reforma legal, que modificó el artículo 284.2 de la LECrim, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción, ha tenido como consecuencia que, frente a los 352.573 asuntos ingresados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2015, se haya pasado a 207.139 asuntos en los tres primeros meses de este año.

Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata –con un auto de archivo por falta de autor conocido-, se ha producido un descenso similar en la resolución: de 363.810 asuntos resueltos se ha pasado a 219.856.

Por último, el número de asuntos penales en trámite al final del periodo era de 156.328, un 17 % menos que hace un año.

Baja también la entrada de asuntos en el resto de las jurisdicciones

El informe “Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2015” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 34,4 % respecto del mismo periodo de 2015.

Así, entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los asuntos de nuevo ingreso en el conjunto de los órganos judiciales andaluces–incluidos los penales- fueron 316.590, frente a los 478.379 del primer trimestre de 2015.

En este periodo, los Juzgados y Tribunales de la Comunidad Autónoma resolvieron 345.637 asuntos –lo que supone una disminución interanual del 30,6 %-; mientras que al final del mismo quedaron en trámite 494.791 asuntos, un 8,3 % menos que en la misma fecha del año pasado.

Los datos por jurisdicciones son los siguientes:

Jurisdicción civil

El número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2016 fue de 82.023, lo que representa un descenso interanual del 14,3 %. En esta jurisdicción se resolvieron 91.783 asuntos y al final del trimestre quedaron en trámite 222.469 asuntos.

Jurisdicción contencioso-administrativa

En esta jurisdicción se registraron 11.112 nuevos asuntos entre el 1 de enero y el 31 de marzo, un 28,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La cifra de asuntos resueltos fue de 16.115 y la de asuntos en trámite al final del trimestre de 52.771.

Jurisdicción social

Estos órganos judiciales recibieron 16.316 nuevos asuntos en los tres primeros meses del año, lo que representa una disminución interanual del 12,4 %. El número de asuntos resueltos fue de 17.883 y el de asuntos en trámite al final del periodo de 63.223.

Canarias, a la cabeza en litigiosidad

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46,6 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la LECrim.

Las Comunidades Autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (40,7), Andalucía (37,0), Murcia (34,2), la Comunidad Valenciana (33,4), Cantabria (33,2) y Madrid (32,4).

En el otro extremo se sitúan las Comunidades Autónomas de La Rioja (22), el País Vasco (22,5) y Navarra (24,3).

Cálculos realizados sobre las cifras de población del INE, provisionales a 1 de enero de 2016

Aumentan por tercer trimestre consecutivo las condenas por violencia de género

Jorge Muñoz | 18 de diciembre de 2015 a las 10:35

Por tercer trimestre consecutivo se incrementó el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales españoles en procesos relativos a violencia de género. La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la violencia doméstica y de género refleja que en el tercer trimestre de este año 2015 el porcentaje de condenas sobre el total de sentencias dictadas fue de un 64,1 por ciento, idéntica cifra que en el mismo período del año anterior, pero que consolida un incremento iniciado en el primer trimestre de este año, cuando fue de un de 61,4 por ciento y que continuó en el segundo trimestre, con un 62,4 por ciento.

En total, los juzgados y tribunales dictaron en este tercer trimestre del año 9.863 sentencias penales, de las que 6.322 fueron condenatorias y 3.541, absolutorias.

El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo en las Audiencias Provinciales, con más de un 86 por ciento, y en los juzgados de violencia sobre la mujer, con algo más del 81 por ciento. En los juzgados de lo penal se produjo un equilibrio numérico entre condenas y absoluciones.

Ligero aumento interanual de las denuncias

Los juzgados españoles recibieron en el tercer trimestre del año un total de 33.705 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento interanual del 1,5 por ciento. Las mujeres víctimas de violencia machista fueron 32.484, de las que eran extranjeras 9.723, un 31,5 por ciento.

El dato del número de mujeres que figuran como víctimas de algún tipo de violencia de género, se incorporó por primera vez al cuadro de datos trimestrales del Observatorio en el primer trimestre de este año, sin que pueda por tanto establecerse una referencia comparativa con datos de años anteriores. En el primer trimestre de este año 29.153 mujeres sufrieron violencia de género, mientras que en el segundo trimestre el total de mujeres víctimas ascendió a 30.869.

En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 13,7, las Comunidades de Baleares, con una ratio de 24 y Canarias, con 19,2, mientras que la ratio más baja se da en Aragón, con 7,5.

Algo más de un 69 por ciento de las denuncias presentadas lo fueron por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16 por ciento de los casos. Permanece estable el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima, que representaron en este tercer trimestre de 2015 un 2,34 por ciento del total.

Un 13 por ciento de víctimas se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar

Al objeto de dotar de una mayor precisión y rigor a los datos estadísticos, se incluye ya desde el primer trimestre del año la cifra de casos en que la víctima se acoge a la dispensa de la obligación legal de declarar.

En el tercer trimestre del año, en 4.028 casos, la víctima de violencia de género se ha acogido a esa dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje, similar al del trimestre anterior, de un 13 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género.

Más solicitudes de órdenes de protección

Durante el tercer trimestre del año, se solicitaron 11.261 órdenes de protección en los órganos judiciales. Un total de 9.814 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 1.447 lo fueron en los juzgados de guardia.

El incremento de solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2014 fue de un 11,4 por ciento. Casi un 57 por ciento de las órdenes de protección solicitadas fueron adoptadas.

En los juzgados de guardia, se acordaron 1.032 órdenes de protección, lo que supone un 71 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas un total de 415.

En un 55 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en un 45 por ciento restante la relación se había extinguido. Dato que es similar al del mismo trimestre del año 2014.

Un 29 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres extranjeras y un 2 por ciento del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad en el momento de la solicitud.

Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares, se adoptaron 15.063 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (acordada en casi un 78 por ciento de los casos), la prohibición de comunicación (adoptada en un 76,3 por ciento de los supuestos), la salida del domicilio (acordada en un 13,3 por ciento) y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (fijada en casi el 8 por ciento de los hechos). Destaca asimismo la suspensión de tenencia y uso de armas, que fue acordada en casi un 14 por ciento de los casos.

Al mismo tiempo se dictaron 3.807 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Un 22 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 20,3 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En casi un 5 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,1 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.

  • Juzgados de violencia sobre la mujer

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron en el tercer trimestre de este año un total de 2.012 juicios de faltas, de los que 992 fueron juicios de enjuiciamiento inmediato. En el 80 por ciento de los casos, los juicios fueron por vejaciones injustas o injurias.

Estos juzgados ingresaron a lo largo del trimestre un total de 45.240 asuntos penales. El perfil de los delitos instruidos en estos juzgados apenas sufre variación respecto a datos anteriores, ya que el mayor porcentaje, un 63,8 por ciento, corresponde a las lesiones previstas en el art. 153 del Código Penal y un 12,1 por ciento al de lesiones previsto en el art. 173 de la misma norma.

Un total de 4.499 sentencias penales fueron dictadas en este tercer trimestre por los juzgados de violencia sobre la mujer, de las que un 81 por ciento (3.647) fueron condenas.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitan asimismo demandas civiles –mayoritariamente, separaciones y divorcios y medidas sobre la guarda y custodia- presentadas por las mujeres víctimas de malos tratos. En el tercer trimestre de 2015 estas demandas sumaron un total de 4.559, consolidando así la tendencia de una baja proporción de asuntos civiles ingresados respecto al total de denuncias penales presentadas.

  • Juzgados de lo Penal

Los juzgados de lo penal, que enjuician los delitos castigados con hasta cinco años de cárcel, resolvieron un total de 5.576 asuntos, mientras que el número de asuntos que ingresaron fue de 5.911.

Se dictaron 5.321 sentencias, de las que el 49,58 por ciento (2.638) fueron condenatorias.

  • Audiencias Provinciales

En las Audiencias Provinciales, cuyas secciones especializadas en violencia sobre la mujer enjuician los delitos más graves, con pena privativa de libertad superior a cinco años, se dictaron 43 sentencias, 37 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa un 86 por ciento.

  • Juzgados de menores

Por último los juzgados de menores enjuiciaron en el tercer trimestre del año a 33 menores de edad por delitos en el ámbito de la violencia contra la mujer. Se impusieron medidas en un 88 por ciento de los casos.

La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha valorado que los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 2015 confirman, por una parte, la consolidación de la tendencia al alza que venimos observando desde principios de año en las condenas a los maltratadores. Dos de cada tres sentencias que dictan nuestros juzgados y tribunales son condenatorias. Ello es especialmente significativo en el caso de las Audiencias Provinciales, donde se juzgan los casos de una mayor gravedad. Allí la cifra de condenas se eleva hasta el 86 por ciento.

Una vez más, pues, el mensaje a trasladar a la ciudadanía tiene que ver con que, pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el Estado de Derecho funciona.

Funcionan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, deteniendo y poniendo a disposición judicial a los responsables directos de la violencia machista, a los maltratadores; y funcionan los órganos judiciales aplicando la ley con rigor en un proceso judicial de garantías.

Los datos nos alertan, sin embargo, de que, aunque moderadamente, sigue creciendo el número de víctimas de violencia de género. Hay más denuncias y hay más mujeres que solicitan órdenes de protección.

Más allá de factores que pudieran tener que ver con la estacionalidad o de que consideremos positivo que la mujer víctima conozca sus derechos y los haga valer, al Observatorio, y a mí como su Presidenta, nos preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestra sociedad, que no se acabe de dar un paso firme por familiares y amigos para denunciar y acompañar a la víctima en el proceso y que todavía se busquen justificaciones para lo que no es otra cosa que terrorismo de género.