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Victoria de Alaya, pero con matices

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2015 a las 5:30

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

 

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

La exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal, proponiendo que la causa siga contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, supone de entrada un rotundo aval a las tesis que la juez Mercedes Alaya ha venido manteniendo en los últimos años en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos. Pero ese aval del Alto Tribunal a la instructora, que supone el reconocimiento al ingente trabajo que Alaya ha realizado estos años –algo que no me cansaré de repetir–, tiene importantes matices o apreciaciones.

Una lectura sosegada de los 130 folios de que consta la exposición razonada del magistrado Alberto Jorge Barreiro demuestra cómo éste ha asumido las principales tesis de la juez Alaya relativas al procedimiento “claramente ilegal” utilizado durante una década para la concesión de las ayudas y que hurtaba a la Intervención la fiscalización previa de las subvenciones. Resulta curioso descubrir como el magistrado del Alto Tribunal llega a emplear los mismos conceptos que, en su día, acuñó Alaya, como por ejemplo la “cúpula de la pirámide” de los ERE para referirse a la implicación de los ex presidente y los ex altos cargos de la Junta de Andalucía; o el hecho de que los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta al “procedimiento específico” empleado para la concesión de las ayudas no podían pasar desapercibido para los ex presidentes.
Ese rotundo aval a las tesis de Alaya encuentra un primer matiz importante a la hora de traducir a posibles delitos las conductas que se atribuyen a los aforados. La juez Alaya, en su propia exposición razonada –la que remitió en agosto del año pasado al Supremo– atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los hasta ahora aforados.
El instructor del Supremo coincide con Alaya en la presunta prevaricación administrativa –por haber dictado resoluciones arbitrarias como las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida 31L– pero los ha exculpado de la malversación de caudales públicos –el delito más grave, que lleva aparejadas penas de entre cuatro y ocho años de cárcel–, salvo en el caso del diputado ahora del grupo Mixto José Antonio Viera, que sí contempla este delito en su caso por la intervención en la concesión de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Ésta es una de las principales discrepancias entre el juez del Supremo y Alaya, dado que la juez imputaba el delito de malversación a los ex presidentes por el desvío de su destino legal de los fondos públicos y “todo ello bajo la publicitada finalidad de la paz social, que en función de una política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos, enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo”, argumentaba Alaya en su exposición razonada.
Frente a este argumento, el Supremo sostiene que no hay datos indiciarios de que los ex presidentes y Zarrías “supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”. Para el instructor, Chaves, Griñán y Zarrías, “si sabían que el procedimiento de concesión era claramente ilegal, pero no constan indicios de que conocieran que se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer” a terceros.
Algunas fuentes apuntan a que esta tesis del Supremo puede afectar a otros tantos ex altos cargos imputados en el juzgado de Sevilla, que podrían ver cómo sólo son acusados de prevaricación, un delito que únicamente acarrea una pena de inhabilitación de entre siete y diez años, pero no una pena de prisión.
Otra de las grandes discrepancias del dictamen está en la cuantía del fraude de los ERE, que Alaya cifró en casi 855 millones de euros, al estimar que todas la ayudas eran fraudulentas porque fueron concedidas con un procedimiento ilegal. El instructor del Supremo matiza ahora que aunque esa cuantía sea “nula” por haberse infringido la ley, eso “no significa que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público” y explica que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas “habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”, lo que deja abierta la posibilidad para legalizarlas y, de hecho, Alaya tampoco ha exigido la devolución de la totalidad de las ayudas, que de otro lado fueron regularizadas con el decreto ley 4/2012.
Un tercer matiz introducido por el Supremo guarda relación con la exculpación de la ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno, cuyas explicaciones son para el instructor “creíbles y asumibles”.
Tras el dictamen del Supremo, la investigación de Mercedes Alaya sale claramente reforzada porque había muchos que consideraban que la magistrada se había excedido al imputar a Chaves y Griñán, algo que el instructor ha dejado claro ahora que no era ningún disparate jurídico.

Ojo clínico en Tomares…

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2015 a las 8:00

Se tiene o no se tiene. El ojo clínico, entendido como una facultad para captar una circunstancia o preverla, es algo que parece que no se prodiga mucho por Tomares, la localidad sevillana donde gobierna el senador popular José Luis Sanz. Me explico. Hace unos días, en concreto el pasado 22 de enero, la Audiencia de Sevilla dictó un auto en el que, resolviendo unos recursos, ordenaba a una juez de Instrucción a que elaborara una “exposición razonada” -esa figura que Alaya ha popularizado tanto con los ERE- contra el regidor tomareño para que el Supremo investigue los indicios contra él en relación con unos pagos por unos informes “de una frase”.

Ante esta información, 

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el Ayuntamiento de Tomares reaccionó negando la mayor, y emitiendo un comunicado de prensa en el que, para sorpresa de muchos, aseguraba lo siguiente:

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Lo más sorprendente y, de ahí lo del ojo clínico, es que el Ayuntamiento interpretara que el auto de la Audiencia dejaba al alcalde “fuera del caso”. Esa interpretación se vería comprometida tan sólo seis días después, cuando la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, siguiendo el requerimiento de la Audiencia, decidía elevar la exposición razonada sobre José Luis Sanz al Tribunal Supremo.

 

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Ante este nuevo contratiempo judicial, el Ayuntamiento volvió a emitir, el mismo día, una nota de prensa en la que decía lo siguiente:

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Desde el punto de vista muy técnico, los servicios de prensa podrían tener una mínima parte de razón, porque el alcalde aún no está formalmente imputado, pero hombre de ahí a decir que “no existe pronunciamiento alguno” sobre la existencia de indicios hay una tremenda distancia. Enorme. Porque la magistrada ha decidido elevar precisamente la exposición razonada porque entiende que existen esos indicios y, al tener la condición de aforado el alcalde por ser aforado, no puede imputarle, dado que esa actuación corresponde en su caso al Tribunal Supremo.

Menudo ojo. Y lo peor es que todavía quedan distintos avatares procesales en el camino que lleva a la Sala de lo Penal del Supremo. Lo próximo será, tal vez, negar que el alcalde pueda ser llamado a declarar como imputado. Y si no que se lo pregunten a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que se encuentran en igual trance por el escándalo de los ERE fraudulentos y que a día de hoy siguen negando hasta lo que el Supremo da por sentado en sus autos: su imputación.

José Luis Sanz, que de no haberse visto implicado en este escándalo estaba llamado a liderar el PP andaluz, tiene por delante unos meses complicados, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. De momento, el partido sigue mostrándole, en público, su apoyo como candidato para revalidar la Alcaldía…

 

 

‘ERRE que ERRE’ con los ERE

Jorge Muñoz | 27 de enero de 2015 a las 6:00

Alaya no da su brazo a torcer, ni aunque lo diga el Supremo. La magistrada acaba de remitir una nueva “exposición razonada” al TSJA con los indicios contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila-, en la que, desoyendo al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, ha reiterado su criterio de no dividir el voluminoso sumario en piezas separadas para agilizar su instrucción.

Además, la juez ha enviado al Tribunal andaluz no sólo la parte que afecta a estos cuatro ex consejeros -ahora blindados hasta que pasen las elecciones andaluzas- sino la totalidad del sumario, incluidos los 229 imputados en este proceso que comenzó a investigarse hace cuatro años.

La insistencia de la magistrada en negarse a dividir el sumario no es nueva. Alaya ha rechazado en otras ocasiones anteriores la petición que en este sentido le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

El propio Tribunal Supremo advirtió cuando abrió la causa contra Chaves y Griñán y otros tres aforados, en noviembre pasado, de la necesidad de dividir la causa, mostrándose a favor de la propuesta del fiscal de investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha: la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las  las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron el mantenimiento del sistema durante 12 años.

El Supremo citaba una sentencia de la propia Sala de lo Penal de diciembre de 2013 sobre la complejidad de los macroprocesos, lo que redunda en las dilaciones en la tramitación, algo que no se produciría en el caso de que hubiera más procedimientos, y advertía expresamente de la “disparatada prolongación” de las sesiones del juicio oral.

La Fiscalía reiteró en su informe la “conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separadas”. Entendía el Ministerio Público que la causa de los ERE es “ciertamente escindible” del resto de la instrucción y nada impedía que el TSJA también asumiera la investigación en lo referente a los aforados autonómicos.

Tras el auto del Supremo que abrió la causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Alaya que elevara al TSJA otra exposición razonada, en un escrito en el que recordaba a la juez que según el Supremo la causa debe dividirse en distintas piezas separadas. Anticorrupción llegaba a apuntar asimismo que, ante la carga de trabajo del juzgado y “la ingente” tarea resultaba necesario que se nombraran jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales para poder “avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen”.

La Fiscalía llegaba a apuntar que hay al menos nueve ayudas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- que se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que incluso podrían ir a juicio a lo largo de este 2015.

Per0 Alaya ha demostrado, por activa y por pasiva, que no apuesta por la división del sumario, un criterio que ha impuesto incluso sobre las órdenes del Tribunal Supremo. Alaya sigue “erre que erre” con su planteamiento, por lo que mucho me temo que la idea de la Fiscalía de juzgar esas nueve ayudas este año quedará en saco roto. Y luego algunos se echarán las manos a la cabeza cuando los acusados se beneficien del retraso de la Justicia….

Los ERE en el Supremo, ¿y ahora qué?

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2014 a las 10:10

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

La juez Alaya, en los juzgados de Sevilla

Alaya dejó lista su exposición razonada para el Tribunal Supremo la tarde-noche del 31 de julio, justo antes de marcharse de vacaciones, pero el Alto Tribunal no ha recibido el informe sobre los aforados hasta 12 días después, tiempo que se ha tardado en recopilar la abundante documentación que la instructora ha adjuntado a su dictamen. ¿Y ahora qué pasará con la macrocausa?

Pues para empezar, el Alto Tribunal, que ha recibido el informe en pleno agosto -mes inhábil para la Justicia salvo para las actuaciones urgentes o las causas con preso- debe ahora examinar la información remitida por Alaya y probablemente dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que se pronuncie sobre qué hay que hacer.

Lo lógico, aunque no siempre es así, es que la Fiscalía del Supremo avale la postura que hasta ahora ha venido manteniendo la Fiscalía Anticorrupción en el macroproceso. Es más se supone que la Fiscalía ya tendrá decidida esta postura porque se habrá analizado con anterioridad al planteamiento realizado por Anticorrupción. De ahí se desprende que la Fiscalía del Supremo pedirá la división en piezas separadas de la causa, de forma que la que afecta directamente al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y que afecta directamente a los aforados -los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex consejeros- permanezca para su investigación en el Alto Tribunal y el resto de la causa sea devuelto al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para la continuación de la instrucción.

De hecho, Alaya ha enviado al Supremo, según estiman fuentes del caso, únicamente un 30% de la causa instruida, ya que hay que investigar 401 empresas de las cuales sólo consta el correspondiente atestado de la Guardia Civil en menos de treinta empresas.

Mientras el instructor del Supremo estudia el caso, espera la respuesta de la Fiscalía y adopta una decisión al respecto sobre la escindibilidad o no de la causa pueden transcurrir varios meses. ¿Alaya aparcará la instrucción durante ese tiempo? Por supuesto que no. La magistrada ya ha dado muestras de que, mientras no reciba una respuesta concreta del Supremo, seguirá instruyendo el proceso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ya le advirtió de que si enviaba la causa completa tendría que abstenerse de seguir instruyendo el caso de los ERE fraudulentos.

¿Qué panorama encontraremos a la vuelta de las vacaciones? En septiembre Alaya volverá a su juzgado -en realidad llega unos días antes- y seguirá investigando el caso de los ERE, si el Supremo se lo permite. En cualquier caso, la juez no tiene tiempo de aburrirse. El caso de los cursos de formación calentará, sin duda, el otoño judicial de Sevilla. El caso de los ERE parece que se quedará en una minucia cuando empiece a investigarse el destino de millones de euros -Alaya ya ha apuntado una cifra: 950 millones en cuatro años-. Al tiempo…

Alaya no soltará aún las riendas de los ERE

Jorge Muñoz | 3 de agosto de 2014 a las 9:13

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de SevillaLa juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, enviará de forma inminente el caso al Tribunal Supremo pero no soltará aún las riendas de la investigación. Según han confirmado fuentes del caso, la magistrada, que ya se encuentra de vacaciones desde este fin de semana, tiene previsto continuar instruyendo la causa, practicando diligencias y resolviendo recursos, hasta que haya una respuesta expresa del Alto Tribunal sobre los aforados y sobre el devenir de la instrucción.

Esa respuesta del Supremo puede tardar aún unos meses, tiempo que la magistrada pretende emplear en seguir avanzando una investigación que, según otras fuentes, sólo está instruida en un 30% del total, aunque la parte más importante y profunda, la que afecta al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas -el núcleo del supuesto fraude-, ya está finalizada, lo que hace que la parte que queda por investigar puede desarrollarse con mayor celeridad.

La Fiscalía Anticorrupción advirtió recientemente a la juez de que si no dividía la causa en piezas separadas y remitía todo el sumario al Alto Tribunal tendría que abstenerse desde ese mismo momento de continuar la instrucción, un planteamiento con el que la instructora no parece estar de acuerdo. “Si la magistrada considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta”, apuntó entonces la Fiscalía.

El envío de la causa al Supremo es inminente, tanto que si la magistrada está ya de vacaciones, ha tenido que dejar ya firmada la exposición razonada para su remisión al Alto Tribunal. En ese informe, que tiene varios centenares de folios, Alaya aporta los indicios que, a su juicio, ha encontrado en la investigación contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los otros cinco ex consejeros autonómicos que tienen la condición de aforados.

El informe al Supremo irá acompañado de varios anexos con abundante documentación, por lo que los magistrados del Alto Tribunal tardarán unos meses en analizar el sumario y adoptar una decisión, además de que tendrán que dar traslado a la Fiscalía del Supremo para que exprese su opinión. Será un punto y seguido en la instrucción de los ERE.

El final de una instrucción con muchos flecos pendientes

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2014 a las 5:29

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados.

Se trata de la noticia más esperada para muchos que siguen al milímetro la agotadora instrucción de los ERE fraudulentos. Casi cuatro años después de iniciada la investigación –las diligencias previas son de principios de 2011–, la juez Mercedes Alaya está a punto de cerrar una de las investigaciones más importantes contra la corrupción que se han desarrollado en la historia andaluza y que ha hecho tambalear al Gobierno autonómico. Es además el caso que ha convertido a la magistrada Alaya en una auténtica juez estrella, digna de competir con sus homólogos de la Audiencia Nacional.
Alaya es actualmente tan conocida como los Ruz, Pedrás o como lo fue en su día el propio Garzón, hoy caído en desgracia para la carrera tras ser condenado a once años de inhabilitación. Alaya comparte ese pódium de popularidad que sólo alcanzan algunos jueces en este país.
La instructora ha realizado una exhaustiva y perserverante investigación, algo que nunca se le podrá reprochar, aunque en determinados momentos se hayan producido más sombras que luces debido a su personalísima manera de instruir o de interrogar a las personas –ya más de 200– que se han tenido que sentar frente a la instructora para responder del uso que se ha dado a unos fondos públicos a través de las ayudas y subvenciones en las que no se respetaron los procedimientos legales, según la tesis que maneja desde el principio la instructora.
La marcha de la causa al Tribunal Supremo supone el final de una instrucción que aún tiene muchos flecos pendientes y que, más tarde o más temprano, tendrá que volver a las manos de Alaya. De hecho, sólo se ha investigado el 5% de los 401 expedientes de ayudas bajo sospecha.
El retorno de la causa se producirá una vez que el Tribunal Supremo decida que hacer con las personas aforadas que han sido señaladas por la instructora como partícipes de un sistema que Alaya considera fraudulento y mediante el cual se han estado concediendo subvenciones para prejubilaciones de trabajadores y ayudas a empresas en crisis durante más de una década.
En el tiempo en que la juez va a estar sin ERE no tendrá tiempo de aburrirse, otras causas como la de los cursos de formación ya se encuentran sobre la mesa de su despacho.