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Tirar de la manta en Mercasevilla

Jorge Muñoz | 7 de noviembre de 2015 a las 6:00

LaFernando Mellet historia judicial española está repleta de casos en los que los imputados, llegado el caso, tiran de la manta. Uno de los ejemplos más sonados y recientes es el del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien en su declaración ante el juez reconoció la existencia de la contabilidad B del partido y de los sobres negros que se entregaban a destacados dirigentes.
Este destape ante la Justicia suele producirse, con frecuencia, con personas que consideran que esta actitud de colaboración puede repercutir en su situación procesal, o bien, lo dan todo por perdido y no quieren dejar pasar la oportunidad de llevarse por delante a quien consideran que pueden ser responsables de su situación. La venganza es uno de los principales móviles de actuación en mucho de estos casos.
El ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, que fue en su día condenado por la exigencia de una mordida a los empresarios de La Raza, ha solicitado ahora prestar declaración de forma voluntaria en otro de los procesos que tiene abiertos: el del delito societario relacionado con su gestión al frente de la lonja y en el que se investigan, entre otros aspectos, los gastos que por importe de más de 31.000 euros realizó con la tarjeta Visa de Mercasevilla, de la que sólo se han justificado pagos por algo más de 6.000 euros.
La petición de prestar declaración se ha producido curiosamente después de que la juez Mercedes Alaya haya sido apartada de la investigación de las macrocausas, dado que cuando esta magistrada lo citó a declarar por estos hechos –algo que sucedió cuando Mellet llevaba ya más de tres años y medio imputado, lo que tampoco es de recibo–, el ex directivo se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Mellet, al igual que han hecho otros muchos imputados, se apuntó a la particular ley del silencio ante Alaya.
Confirmada la salida de la juez, a Fernando Mellet le ha faltado tiempo para pedir declarar ante la nueva titular, la magistrada María Núñez Bolaños, para nada más y nada menos que aclarar hasta 19 cuestiones relacionadas con su imputación, entre las que se encuentran precisamente lo pagos realizados con la tarjeta de la compañía, los pagos realizados por Sanma a Mercasevilla, los ERE de 2003 y 2007, la fianza de Larena, y la conferencia del juez Baltasar Garzón en el foro jurídico de la fundación socioasistencial, entre otros extremos. Hay quien apunta a que esta declaración, prevista para el próximo 17 de noviembre, se prolongará durante horas si va a responder a todas las preguntas.
Lo que no está claro es si la declaración de Mellet aportará importantes novedades a la investigación, si tirará de la manta en Mercasevilla. De momento, lo que sí ha hecho la defensa del ex directivo es recurrir la decisión de la juez de no imputar en la causa del delito societario al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y al ex concejal Alfonso Mir del Castillo.
En el escrito en que Mellet recurre a la Audiencia carga directamente contra la juez Alaya, a la que culpa de haberle convertido en “chivo expiatorio” y de llevar a cabo una actuación “parcial” por no realizar estas imputaciones. Es fácil criticar a un juez a toro pasado, cuando se sabe que éste ya no puede adoptar decisiones directas sobre el imputado, aunque también es comprensible desde el punto de vista del investigado que no quiera complicar aún más su situación molestando a la instructora. Cabría recordar aquella frase, atribuida a Caracol el del Bulto, quien espetó a la locomotora de vapor que silbó a su llegada a la estación de Atocha:“¡Esos cojones, en Depeñaperros!”.

Los convenios de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 26 de febrero de 2014 a las 18:14

Las fotografías publicadas en la revista del colegio de abogados en 2006

La ex directora de Estructuras de Mercasevilla Regla Pereira aseguró en enero pasado a la juez Mercedes Alaya que “más del 50% de las actividades y proyectos” de la Fundación Socioasistencial de Mercasevilla se apartaban de los fines de la misma, y añadió que “muchos de los convenios” de los proyectos de esta entidad fueron firmados por Antonio Rodrigo Torrijos o Gonzalo Crespo, quienes fueron vicepresidente y presidente de Mercasevilla, respectivamente, en el período en el que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión del Mercado mayorista.

En esas actividades se incluían jornadas como las que organizó en 2006 la fundación en colaboración con el colegio de abogados, que llegó a incluir una reseña de las mismas en la revista La Toga, que edita dicho colegio. Las fotografías que ilustraban la noticia resultan curiosas una vez transcurrido el tiempo, porque aparecen en ellas varios de los imputados por la juez Alaya, aunque en la causa de la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla. En la primera imagen aparece el decano del colegio, José Joaquín Gallardo, con dos de los imputados: el ex asesor de Monteseirín Domingo Enrique Castaño y el ex concejal y entonces presidente de la Fundación Gonzalo Crespo. En la siguiente, están el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, junto a Crespo y el entonces vicedecano del colegio y ex asesor jurídico del Mercado Jorge Piñero, que también ha sido procesado por Alaya en la causa en la que se ha investigado la adjudicación a Sanma (filial del grupo Sando) del concurso público para la venta de los terrenos del mercado central de abastos

Es lo que tiene tirar de hemeroteca… Como ocurre con la imagen de abajo, que fue portada de la revista de Mercasevilla en abril de 2007 y en la que se hacía un reportaje sobre la escuela taller que comenzó a funcionar en el mercado. En esa foto, junto a los alumnos, aparecen de nuevo Gonzalo Crespo junto al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, y al ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas…. Portada de la revista de Mercasevilla de abril de 2007

 

Un retraso injustificable

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2013 a las 15:47

¿Alguien esperaba que Mellet, Ponce y Giraldo declarasen hoy ante la juez Alaya? Creo que ni la propia instructora. Los tres ex directivos de Mercasevilla se han acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada. La expectación mediática era máxima, pero al final no hubo declaración y eso que se esperaba desde mayo de 2010, cuando la juez dictó un auto en el que los imputaba formalmente en la causa en la que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión de esta empresa pública.

A nadie sorprendió la negativa a declarar de los ex directivos. Es más, pocos de los imputados que aún quedan por declarar en otras causas como la de los ERE fraudulentos van a acceder a prestar declaración ante la juez, al menos eso es lo que trasciende en los mentideros judiciales.

La verdad es que la citación a comparecer tres años y medio después de ser imputados en el proceso supone un retraso injustificable que ha sido criticado por las altas instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Queda un cierto mal regusto por no haber podido escuchar qué tenía que decir el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, al que Alaya atribuye haber gastado más de 31.528 euros con la tarjeta Visa de la empresa, con la que se abonaron 67 almuerzos en lujosos restaurantes de Madrid y Sevilla, y de los que sólo han sido justificados convenientemente con facturas 6.513,77 euros.

Alaya también cuestiona los gastos de dos viajes a Vietnam del ex subdirector Daniel Ponce, realizados en junio de 2007 y junio de 2008, de los que no justificaron pagos por otros 6.566 euros, dinero que Alaya confiesa que se ignora en que fue gastado.

Pero ahí no queda la cosa, la juez recoge el pago de 6.000 euros de una conferencia del ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien no se practicó la retención del IRPF; o el pago de una beca para hacer un curso de diseño gráfico a Londres de la hija del presidente de la asociación de Mayoristas de Pescado, una actividad que “difícilmente pudiera encontrarse entre las actividades propias y la finalidad de la fundación Mercasevilla”.

Todo ello por no contar los 540.617 euros que se pagaron en “ilícitas comisiones” al conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas Fernández, o los contratos sin publicidad de personal y proveedores, además del trasvase de trabajadores entre Mercasevilla y la Fundación.

Después de tres años y medio esperando este momento, no hubiera estado de más que los imputados hubiesen dado algunas respuestas, pero su derecho a no declarar es sagrado. La pregunta que me queda en el aire es ¿qué habría ocurrido si en vez de todo estos años Alaya los hubiera citado a declarar uno o dos meses después de su imputación? Quizás habrían accedido a declarar, porque la situación de los escándalos derivados de Mercasevilla no era la misma en el año 2010 que la actual…

 

Un retraso injustificable

Jorge Muñoz | 15 de mayo de 2013 a las 17:56

La juez Alaya ha citado, por fin, a declarar como imputados a Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo en la causa en la que se investigan delitos societarios relacionados con la gestión de estos directivos en la empresa pública Mercasevilla.

La citación llega tarde, muy tarde, puesto que estos ex directivos del Mercado mayorista están imputados en la causa desde mayo de 2010, hace tres años, y no declararán hasta el mes de octubre próximo, dentro de otros cinco meses, con lo que serán casi tres años y medio de demora. A ello se une que las diligencias previas por el delito societario son del año 2009, con lo que el retraso se presenta aún peor.

En descargo de la juez está el hecho de que se solicitó a la Agencia Tributaria una pericial contable sobre las cuentas de esta entidad, lo que resulta de una especial complejidad, así como la sobrecarga de Alaya por las otras macrocausas que investiga -sobre todo la de los ERE fraudulentos, de la que están surgiendo nuevas líneas de investigación- y, por último, los seis meses que la magistrada ha estado de baja por enfermedad, entre septiembre de 2012 y marzo de 2013.

El problema es que estos argumentos no desvirtúan la indefensión en la que se encuentran los imputados, que tienen derecho a que el proceso no se demore hasta estos extremos y que durante todo este tiempo han estado marcados por uno de los casos de corrupción más mediáticos de la historia de la democracia en Andalucía, con los efectos negativos que eso conlleva. 

Pero es que, además, en el caso de que la investigación continúe y los hechos acaben siendo enjuiciados, el retraso que ha experimentado la instrucción por una causa que en nada puede achacarse a estos imputados obligaría al tribunal que dicte sentencia a apreciarles en todo caso una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, lo que tampoco sería entendido en su momento por la opinión pública.

A todo ello se une que no es la primera vez que esto sucede con alguna de las causas que instruye la juez Alaya, puesto que recientemente, el ex delegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas ha presentado un escrito ante la instructora, a la que se queja de que llevaba más de 800 días imputados sin que se le haya tomado declaración aún. Lo mismo que ha pasado con los anteriores imputados. Tiene razón su abogado cuando asegura que esta circunstancia “no es admisible en un Estado que se autodenomina de Derecho”.

A ello se une que la propia Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en este proceso, ya ha pedido en varias ocasiones a la juez Alaya que tomase declaración a los ex directivos de Mercasevilla “a la mayor brevedad posible”, escritos -el último de ellos de diciembre pasado, cuando la instructora seguía de baja- a los que se ha hecho caso omiso.

La decisión de Alaya de fijar un calendario viene forzada precisamente por la presión realizada desde el TSJA para que agilice todas las macrocausas que tiene abiertas y llega después de la tensión que la propia Alaya provocó en marzo pasado, cuando se reincorporó y le dijo al Alto Tribunal que ella seguía asumiendo la investigación de todas las causas y que sólo necesitaba a uno de los dos jueces de refuerzo. 

En este contexto y con el retraso que acumula, Alaya no debió rechazar la ayuda de la juez Ana Rosa Curra, porque esto significa que se vale por sí misma para llevar de una forma adecuada todos los procesos y eso no es compatible con tener a un imputado sin recibirle en declaración durante tres años. 

En caso de que no agilice las causas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dispone de mecanismos de seguimiento de los juzgados y, en el peor de los supuestos, puede llegar a tomar incluso medidas de índole disciplinaria… algo que no estaría en todo caso bien visto en el caso de una juez que tiene una imagen como la que tiene Alaya.