Archivos para el tag ‘fiscalía anticorrupción’

Sentido común

Jorge Muñoz | 2 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

Es un argumento que muchos fiscales y abogados utilizan cuando se tienen que enfrentar a un juicio con jurado, en el que los ciudadanos adquieren una activa participación en la Administración de Justicia y se convierten en auténticos “jueces” que emiten un veredicto que luego un magistrado plasmará en una sentencia.
Para tranquilizar a los miembros del jurado, los fiscales y abogados suelen recordar a estas personas que no es necesario tener conocimientos de Derecho para ejercer su labor como miembros de un tribunal popular. Sólo les piden que estén atentos a todo cuanto se diga en el juicio, desde la declaración del acusado, pasando por el testimonio que puedan aportar los testigos, los dictámenes de los peritos, así como a los documentos escritos que se sometan a su consideración. Y también les piden otra cuestión que estiman trascendental: que apliquen el sentido común en relación a los hechos que se someten a juicio.
Y es que los jueces, además de estar sometidos al imperio de la ley, también están sujetos al sentido común, que según el dicho popular es el menos común de los sentidos.
Dicen que los jueces hablan –deben hacerlo o sería deseable que lo hicieran– a través de su autos y sentencias, pero en muchas ocasiones se ha criticado precisamente que usan un lenguaje tan excesivamente técnico y retorcido, a base de ir encadenando oraciones subordinadas una tras otra, que al final el sufrido lector piensa que está reviviendo aquel célebre diálogo de los hermanos Marx de “la parte contratante de la primera parte….”
Por eso, cuando un juez habla alto y claro, con un lenguaje comprensible, es de agradecer. Y esto es lo que parece que puede observarse en las últimas resoluciones dictadas por la juez María Núñez Bolaños, que parece que se está gustando en sus autos de las macrocausas, donde está comenzando a hacer reflexiones plagadas de sentido común y que pueden resultar de interés para los ciudadanos.
Hace no mucho comentaba precisamente las afirmaciones que hizo la magistrada de los ERE y de los cursos de formación respecto a que “los jueces no trabajan con papel, sino con personas”, comentando cómo detrás de cada sumario o expediente judicial hay personas o familias, por lo que criticaba que algunas de las partes personadas utilizaran “maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”.
Antes había criticado en otro auto –en la investigación abierta por los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea– las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado” y en esta misma resolución rechazó las “peticiones genéricas” de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP que, a su juicio, no hacían “sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad”.
Y en otro auto más reciente todavía, la juez criticó, a la hora de archivar la causa contra cuatro investigados por una pieza de los ERE –entre ellos uno de los denominados intrusos–, que esas personas han sido tratadas como “delincuentes” cuando en realidad pueden ser consideradas como “víctimas de una macrocausa”.
Estas reflexiones, plasmadas en negro sobre blanco en un auto, no han sentado bien a los fiscales delegados de Anticorrupción, quienes esta semana han cargado contra la instructora por usar en sus resoluciones argumentos que tildan de “no jurídicos”.
Los fiscales han recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto de archivo de la juez y en su escrito dedican una reflexión a la prosa de Bolaños, al afirmar que “lamentan” la inclusión dentro de uno de los fundamentos de derecho y “por tanto como apoyo argumental” a la decisión de la instructora de acordar el sobreseimiento, de unas “manifestaciones que por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa”.
Los representantes del Ministerio Público añaden que al tratarse de un recurso que presentan dentro de la causa no pueden caer en la “exposición como apoyo de nuestros argumentos de consideraciones sociales, más o menos afortunadas”.
La verdad es que esta última parte de la reflexión de los fiscales no acaba de entenderse bien. Para empezar, no tengo muy claro que las consideraciones que hace Bolaños sean de índole social –como sostienen los fiscales–, pero es que aunque lo fueran de lo que no cabe duda es que resultan de interés para tratar de transmitir a la opinión pública cuáles son los motivos por los que la juez ha decidido archivar la causa contra estas cuatro personas. Daño desde luego no hacen esos comentarios.
Quizás la Fiscalía está criticando de la juez aquello que precisamente debería hacer si quiere que su mensaje llegue a la sociedad de la forma más clara y eficaz posible. Evidentemente un auto de un juez o un recurso de un fiscal tienen que partir de una base y de una argumentación jurídica, pero eso no quita que los representantes del Ministerio Público expliquen su postura recurriendo a reflexiones como las que por ejemplo utiliza Bolaños en sus autos.
Sería un auténtico avance porque, y lo digo con todo cariño, hay determinados escritos de la Fiscalía que son tan eminentemente técnicos que sólo resultan al alcance de los profesionales del Derecho.
En cualquier caso, las críticas de los fiscales de Anticorrupción a la magistrada de los ERE lo que ponen de manifiesto es que, una vez más, las relaciones entre la juez y los representantes del Ministerio Público no pasan por su mejor momento. Si en alguna ocasión las mismas pudieron ser fluidas, algo que tampoco parece claro a primera vista, estos rifirrafes contribuyen a tensar más aún las relaciones.
Ya no se trata de que la Fiscalía, en el ejercicio de sus funciones y según sus criterios, no esté de acuerdo con las decisiones de la magistrada y decida recurrirlas, sino de que esta acción jurídica pase a segundo plano por las formas que se emplean en el recurso. A buen seguro de que los fiscales delegados de Anticorrupción también lamentan algunas de las interpretaciones de este artículo. Lo bueno, en mi caso, es que contra este artículo no caben recursos ante la Audiencia.

El fiscal general propondrá a Manuel Moix como nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción

Jorge Muñoz | 22 de febrero de 2017 a las 22:48

La Fiscalía General del Estado ha informado hoy de que tras la reunión del Pleno del Consejo Fiscal, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, propondrá los siguientes nombramientos:

  1. Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Anticorrupción: Manuel Moix Blázquez (1958), actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, destino al que llegó en mayo de 2015. Ingresó en la carrera fiscal hace 31 años. En 2003 fue designado Fiscal Jefe de Madrid, que en 2008 pasó a denominarse Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid. Anteriormente, estuvo destinado en la Secretaría Técnica.

  2. Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional: Jesús Alonso Cristóbal (1962), en la actualidad es Teniente Fiscal de esta Fiscalía desde abril de 2013.

  3. Fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Apoyo: Francisco Moreno Carrasco (1958), actualmente destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Fue nombrado Fiscal Jefe de Ciudad Real en mayo del 2000. En 2006 fue destinado a la Secretaría Técnica y en 2012 se integra en la Unidad de Apoyo.

  4. Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo: Juan Ignacio Campos Campos, quien renueva en esta plaza.

  5. Fiscal de Sala Jefe de lo Social del Tribunal Supremo: Pilar Barrero Juan, quien continúa para un nuevo mandato de cinco años.

  6. Fiscal de Sala de Cooperación Internacional: Rosana Morán, quien continúa al frente de esta especialidad otros cinco años.

  7. Fiscal de Sala de Criminalidad Informática: Elvira Tejada de la Fuente, que renueva en el cargo.

  8. Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo: Antonio Vercher Noguera, quien continúa al frente de esta especialidad.

La bola de Chaves y Griñán

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2016 a las 5:00

 

                                          Rosell

Rosell

En los días previos al pasado jueves, el 15-S para Chaves y Griñán, habían proliferado los rumores de que iba a estallar una bomba de los ERE. Otra de tantas. El hecho de que el juez hubiese ampliado el lunes anterior el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre, había despistado sobre el hecho de que, como era previsible, el Ministerio Público había ya ultimado su calificación provisional y no iba a esperar a que se cumpliera la nueva fecha de entrega. En esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no es nada criticable –¿por qué esperar cuando el escrito ya está listo?–, hay quien ha querido ver una intencionalidad política: la de intentar contrarrestar el escándalo de Rita Barberá que tantos quebraderos de cabeza está causando a la dirección nacional del PP.Sería utilizar la estrategia pueril del “y tú más…”
Lo mismo ocurría con las singulares coincidencias de determinados autos que dictaba la juez Mercedes Alaya –cuyas tesis no hay que olvidarlo se plasman claramente en el escrito de la Fiscalía–, que hacía coincidir esas resoluciones judiciales con periodos electorales o destacados hitos de la política. Eran autos que sacudían los cimientos del Gobierno andaluz, como cuando la magistrada alcanzó la cúpula de la pirámide a la que se refería constantemente en la instrucción con la preimputación de Chaves y Griñán. Esa actuación tuvo lugar en septiembre de 2013, el mismo día en que Susana Díaz y su Ejecutivo tomaban posesión del cargo. Septiembre se ha convertido en un mes negro en el devenir del caso ERE para los ex presidentes.
De aquel septiembre de hace tres años al actual, y al que pueda venir, porque por mucho que la Justicia pise el acelerador –que también sabe hacerlo cuando se lo propone–, el juicio por la pieza política de los ERE no podrá celebrarse, como muy pronto, hasta septiembre de 2017.
La bomba de los ERE de esta semana no sólo ha causado un gran impacto por la petición de seis años de cárcel a Griñán o la de ocho años para otros tantos ex altos cargos por un delito de malversación que el Tribunal Supremo sólo apreció en el ex consejero José Antonio Viera, pero no en el caso de Griñán.
Anticorrupción, siguiendo el auto de Álvaro Martín pero sobre todo los planteamientos de Alaya, se ha apartado de los criterios del Alto Tribunal, incluso en lo que se refiere al volumen del fraude. Para los fiscales delegados de Anticorrupción, como para Alaya, como el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, la totalidad de las ayudas lo son y por tanto los acusados deben devolver los más de 741 millones de euros concedidos entre 2000 y 2010 –Alaya lo cuantificó en casi 855 millones–.
El Ministerio Público se separa nuevamente del instructor del Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien planteó que aunque la cuantía global de las ayudas fuese nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. Porque habría ayudas a las que los trabajadores tendrían derecho y habrían sido correctas de haberse seguido el procedimiento administrativo adecuado.
Son muchos los factores que influyen en el retraso en la celebración de la vista oral por esta primera pieza separada de los ERE, porque para empezar la Audiencia de Sevilla aún tiene pendiente de resolver los recursos que los ex presidentes y otros altos cargos presentaron contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo pasado por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
Lo que sí está un poquito más claro es cómo será el procedimiento para elegir al tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado esta semana las nuevas normas de reparto para causas de “especial complejidad” –aquellas con más de 3.000 folios u ocho partes intervinientes, sin contar con la Fiscalía– acordadas por los jueces de las Secciones Penales que hay en la Audiencia de Sevilla.
Todo comenzará con un “sorteo” entre las cuatro secciones de lo PenalPrimera, Tercera, Cuarta y Séptima– para decidir el turno de reparto. De la bomba de los EREa la bola de los ERE. En ese sorteo no habrá niños de San Ildefonso ni azafatas del cupón o estrellas del fútbol como ocurre en los sorteos de la Champions. Lo llevará a cabo el secretario de los servicios comunes de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, que colocará en un papel el número de cada una de las Secciones y luego el propio secretario, o una mano inocente, sacará uno de ellos, en un acto al que se convocará a los presidentes y secretarios de cada una de las secciones afectadas. Es lo mismo que se hizo a la hora de decidir el tribunal que debía enjuiciar el caso del asesinato de Marta, en el que se hizo un sorteo en presencia de los secretarios judiciales, y al final correspondió a la Séptima.
Una vez que se designe el orden del turno, las siguientes causas complejas –muchos asuntos económicos y de tráfico de drogas se incluirán en ese reparto– se irán distribuyendo por el orden fijado hasta que le llegue el turno al caso de los ERE, un procedimiento que todavía tardará varios meses en llegar a la Audiencia. Lo único que está claro es que el juicio no será en la Sección Séptima, porque este tribunal –en el que ahora está destinada Alaya– es el que resuelve todos los recursos de la instrucción y por tanto está excluida del enjuiciamiento. La bola de los EREsólo podrá recaer en las secciones Primera, Tercera o Cuarta. La suerte está echada, sólo queda saber dónde parará el bombo.

Un rotundo aval a las tesis de Alaya

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2016 a las 6:00

Personaje

Mercedes Alaya sale ayer de la Audiencia de Sevilla, después de que se conociera la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía Anticorrupción no sólo firmó ayer el epílogo de toda una época en la historia de la Junta de Andalucía. Su escrito de conclusiones provisionales supone además un claro y rotundo aval a las teorías de Mercedes Alaya sobre el fraude de los ERE. La acusación que el Ministerio Público presentó contra los 26 ex altos cargos y la petición de penas de prisión para 18 de ellos, entre los que se encuentran el ex presidente José Antonio Griñán, respalda sin ambages las tesis que durante años tejió la juez Mercedes Alaya, que escaló según anunciaba en sus propios autos los escalones de una “pirámide” que llegó a su cúspide con la preimputación de Chaves y Griñán y la remisión al Tribunal Supremo de una exposición razonada en la que apuntaba indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales por las irregularidades detectadas en la concesión de las ayudas con fondos públicos.
El Alto Tribunal abrió la causa contra Chaves y Griñán, y el instructor designado, Jorge Alberto Barreiro, concluyó que no constaban datos incriminatorio contra éste último como presunto autor de un delito de malversación, “pues no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas/subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”.
El magistrado del Supremo añadía que Griñán “sí sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación, pero, para el instructor, no obran indicios de que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”, señalaba el instructor en un auto en el que inicialmente acordaba mantener la competencia para seguir la causa contra Griñán.
Pero la causa volvió al juzgado de Sevilla tras perder la condición de aforados los ex altos cargos imputados por el Supremo, y el juez de refuerzo Álvaro Martín se separó de los criterios de aquel instructor y volvió a los planteamientos que había defendido Mercedes Alaya cuando dirigía la investigación del fraude de los ERE.
La postura divergente que han mantenido el Tribunal Supremo y el juzgado de Sevilla viene a demostrar que la posibilidad de atribuir al ex presidente el delito continuado de malversación es, como ocurre en la mayoría de los casos en Derecho, del todo interpretable, por lo que será la Audiencia de Sevilla la que deba decidir en su sentencia cuál de los dos planteamientos es el acertado. Y si la Fiscalía ha acertado o no también.

Se confirman los temores de las defensas

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2015 a las 6:00

guerrero

El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos no sólo es importante por el hecho de que una de las personas cuya imputación se solicita fuese ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer Gobierno de Aznar. En ese documento, la Fiscalía viene a confirmar los peores temores que la división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse.
Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de los ERE.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó por primera vez la división de la causa, varios abogados defensores, como por ejemplo Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, o Fernando de Pablo, que defiende a Javier Guerrero, ya se opusieron a la misma, al considerar que esa separación afectaría a la “penalidad, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena”. La división, según las defensas, haría que algunos imputados podrían ser imputados decenas de veces y, consecuentemente ser condenados “a penas astronómicas”. Según los abogados, desmembrar los ERE supondría un problema mayor porque acarrearía la “indefensión” de los procesados.
La separación de la macrocausa de los ERE que ha acordado la juez María Núñez Bolaños, en contra del criterio que siempre mantuvo Mercedes Alaya, cuenta no obstante con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que es la garante de la legalidad del procedimiento judicial, y de todas las instituciones judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el Tribunal Supremo, que ha advertido del grave riesgo y los problemas de las macrocausas.

El ex consejero caído

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2015 a las 6:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLas paradojas de la vida. Antonio Fernández, el que durante una década fuera consejero de Empleo de la Junta, ha pasado de dirigir las políticas en materia de Empleo y de ayudas laborales a no encontrar quien lo contrate, una vez que la juez Mercedes Alaya lo ha situado como un sospechoso habitual, al imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos y en la más reciente investigación iniciada sobre las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta.
Después de cuatro años de investigación judicial y de haber pasado varios meses en prisión provisional, el ex consejero ha vuelto a tocar fondo. Ya no sólo es que muchos lo vean como un apestado o un cadáver político, sino que el ex responsable de Empleo se enfrenta a un enorme rechazo social y profesional, derivado del estigma que suponen las graves imputaciones que pesan sobre Antonio Fernández.
Para colmo, el ex consejero está abocado a la muerte civil, después que la instructora le fijara la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados y que alcanza los 807 millones de euros. Para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
La penuria en la que el ex consejero se encuentra le ha llevado a dar un nuevo y desagradable paso, al tener que solicitar a la juez Alaya que acuerde una pensión mensual para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.
Alfonso Martínez del Hoyo, que como fiel escudero acompaña al ex consejero en sus avatares judiciales, explica en un escrito dirigido a la instructora que su cliente se encuentra en una situación de “completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”. El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la “benevolente y graciable ayuda” de su más próximos se vería abocado a la “pura indigencia”. ¡Quien te ha visto y quien te ve!
Lo más fácil en un caso como éste, con un ex consejero caído en desgracia, sería apuntarse al carro de los que pudieran pensar que Fernández está precisamente dónde debe estar, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto, aunque algunos lo hayan olvidado ya, es que aunque Antonio Fernández aparezca como unos de los principales implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos, hay que recordar que en estos momentos sólo está imputado, por el momento no ha sido procesado, juzgado, ni condenado, por lo que debe ampararle la presunción de inocencia, un derecho de todo imputado que nunca debería quedar vacío de contenido.
El abogado del ex consejero lamenta que su ingreso en prisión supuso no sólo la “destrucción de su derecho a la presunción de inocencia”, sino que trajo como inevitables secuelas su despido y la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez.
Desde que recuperó su libertad, Fernández ha intentado volver al mercado laboral sin éxito y ha agotado todas las prestaciones posibles y ya no puede hacer frente a sus necesidades más básicas.
La defensa se ha visto obligada a pedir la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes a los que Fernández, como cualquier otro ciudadano, tiene que hacer frente cada mes: pago de hipoteca, recibos de luz, agua, gas, etc. Y una vez enumerados estos gastos cifra en 1.840 euros la pensión mensual que solicita a la juez y que reclama con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para “alimentación, vestido y consumo básico”.
Si Fernández ha pedido a la magistrada la pensión es porque seguro que se encuentra en un atolladero. La juez, antes de pronunciarse sobre la petición, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma. Haga lo que haga, la polémica está servida.

El sospechoso habitual de la juez

Jorge Muñoz | 19 de septiembre de 2014 a las 5:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLa juez Mercedes Alaya acaba de confirmar la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en la causa en la que se investigan las ayudas públicas para la realización de cursos de formación, pero lo ha hecho en un auto en el que la magistrada, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción –que en este caso se ha alineado con la instructora–, no da respuesta a por qué el ex alto cargo es una especie de sospechoso habitual en estas investigaciones, según el alegato de la defensa. 

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Antonio Fernández en el caso de los cursos de formación y también en el de los ERE, mostró su desconcierto por el hecho de que el ex consejero fuese el primer imputado en esta nueva investigación y consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores. El letrado argumentó que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.
La defensa argumentó que traer a una sola persona al proceso, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
La respuesta de Alaya ante las críticas de la defensa no se ha hecho esperar. Alaya, que se ha definido en esta causa como “incansable”, muestra en el auto su peculiar e irónica pluma. Y así escribe lo siguiente en el primer razonamiento jurídico del auto: “Debe felicitarse al señor letrado por la interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial que transmite del auto recurrido –buena impugnación en cualquier caso–, de modo que si no se tiene éste delante bien pudiera uno creerse la realidad de sus afirmaciones”, precisa Alaya, que admite no obstante un “error material” al citar el cargo de Fernández –la juez dijo que era consejero de “Economía” y Empleo– y la finalización del mismo, que tuvo lugar en 2010, por lo que no se le podían atribuir el dictado de resoluciones exoneración de la justificación de las ayudas del año 2011.
En cuanto al fondo de la imputación, Alaya ratifica que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la imputación de Fernández porque aunque la misma pueda parecer prematura, “se sustenta sobre sólidos argumentos”.

La semana fantástica de Alaya

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaComo si fuera un anuncio de unos grandes almacenes ávidos de captar nuevos clientes. Alaya arranca hoy la semana fantástica del caso de los ERE, en plena recta final de las elecciones europeas. No lo olviden, porque no es la primera vez que la juez hace coincidir eventos políticos con el dictado de sus resoluciones.

Después de haber protagonizados varias madrugadas de trabajo, con el dictado de autos a primera hora de la mañana del día siguiente a su llegada a los juzgados -recuérdese la noche del pescaíto de hace dos años cuando envió a prisión al ex consejero Antonio Fernández o con algunas de las operaciones realizadas en 2013-, Alaya ha programado esta semana cargadita de declaraciones. En cinco días tiene previsto tomar declaración a 25 imputados, o al menos eso entiende la juez, puesto que mucho me temo que sean muy pocos los que no se acojan a su derecho a no declarar. Algo que quizás la propia juez haya tenido en cuenta a la hora de fijar cinco declaraciones diarias, porque si todos declaran nos metemos en la noche seguro…

Lo sorprendente es que nunca, hasta ahora y desde que comenzó esta macrocausa en 2011, Alaya la incansable había programado un calendario tan intenso de declaraciones y con tan poco espacio de por medio. El auto que ampliaba la imputación a los vocales del consejo rector de Idea entre 2001 y 2008 lo dictó la semana pasada y, en menos de una semana, espera que los imputados -hay 16 nuevos que no conoce la causa-, se empapen para poder ejercer adecuadamente su derecho de defensa de una voluminosa instrucción que supera ya los 200.000 folios de extensión.

El nuevo calendario revela que Alaya está acelerando el final de la instrucción. Posiblemente porque se vea presionada por la Fiscalía Anticorrupción, que no hace más que recordarle que, a su juicio, ya no es competente para seguir instruyendo el caso, ante la preimputación de aforados y la aparición de indicios contra otras personas que gozan de esa misma condición. Son tres los avisos que desde el pasado 3 de abril el Ministerio Público ha dado ya a la juez recordándole que debe apartarse de la causa y enviar las actuaciones al Alto Tribunal, al menos la parte que afecta a los aforados previa división en distintas piezas del procedimiento.

Y Alaya está acelerando la instrucción porque ya ha reiterado, hace poco, que la investigación judicial, al menos en el ámbito de su competencia, acabará “en breve plazo”, aunque hace seis meses que ya dijo lo mismo. Hay quien apunta a que antes de este verano podría remitir el caso al Supremo y entrar de lleno a investigar otros macroprocesos, como el que recientemente le ha enviado la Fiscalía respecto a las ayudas de 49,5 millones que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que otros entienden que fue un auténtico nido de enchufismo, de colocaciones a dedo, con el que la instructora no va a parar de dar nuevos titulares, a cual más escandaloso.

La semana fantástica de Alaya vendrá precedida de un nuevo auto en el que, al igual que hizo recientemente con la declaración de los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla, la juez rechazará la petición de la Fiscalía de suspender las declaraciones. La Fiscalía Anticorrupción tendrá que decidir entonces si, como si en ese caso, presenta un recurso ante la Audiencia contra esta negativa de la juez a suspender las declaraciones.

Por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla pasarán esta semana importantes personalidades del mundo económico andaluz, banqueros y personas de destacados sectores empresariales tendrán que acudir a un juzgado, para muchos por primera vez y marcados por el estigma de la imputación en uno de los procesos más mediáticos de los últimos años.

Una semana interesante y estresante la que arranca hoy…

Una salida para Alaya

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaLa Fiscalía Anticorrupción le ha dado una salida a la juez Alaya, la incansable, para que envíe al Tribunal Supremo la causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y contra los cinco ex consejeros a los que la instructora preimputó de forma tan extraña. Tan fácil, según el Ministerio Público, como dividir en tres grandes bloques: las piezas separadas de cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa -salvo los casos en los que haya conexidad por identidad de los beneficiarios-; otra pieza separada por las sobrecomisiones pagadas de las pólizas de los ERE; y otra pieza relativa al denominado “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, o lo que es lo mismo, el sistema que permitió el fraude durante una década -ya sea mediante los convenios individuales de Empleo y el IFA, el convenio marco de 2001, o la encomienda de gestión de 2010-.

Llevábamos muchos meses hablando de la inhibición al Tribunal Supremo y el debate jurídico estaba muy abierto. Había quienes opinaban que la juez tendría que remitir la totalidad de la causa al Alto Tribunal y otros que apostaban sólo por enviar la parte que afectaba a los aforados. Ahora parece que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto el camino para que la juez acceda a inhibirse de parte de la causa.

Ha sido un camino tortuoso, que aún no ha acabado. Todo comenzó en agosto pasado, cuando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, dictó un auto, en el que al resolver un recurso de una de las defensas, señalaba a la instructora que podía “apurar y depurar” la investigación antes de realizar la exposición razonada para elevar la causa al Tribunal Supremo.

Tras este auto, Alaya sorprendió a todo el mundo con el auto que dictó el 10 de septiembre de 2013, coincidiendo con la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Ese día, la juez Alaya acordó la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros, todos ellos aforados: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila Cano.

A finales de octubre, Alaya afirmó que no habría inhibición al Tribunal Supremo de modo inmediato. La juez Mercedes Alaya aprovechó  el auto en el que volvía a citar a la ex consejera Magdalena Álvarez para el 7 de noviembre para contestar a las dudas planteadas por la Audiencia de Sevilla respecto a si la instrucción estaba finalizada y era hora de remitir al Alto Tribunal el procedimiento por la presencia de los aforados.

Alaya advertía en ese auto que la mayor parte de la causa “es inescindible” y precisaba que, aunque el final de la instrucción “no está lejos, más bien todo lo contrario”, todavía quedaba un “trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse” sino por los contenidos que tenían que incorporarse para completar la investigación y determinar el “grado de participación delictiva” que pudieran haber tenido los aforados, con la aportación en su caso de los “indicios o principios de prueba que lo fundamenten”. Con esta argumentación, Alaya pedía  “calma” para poder afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, y para “encajar los cambios” que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción.

La magistrada aseguraba que para agotar la instrucción la Guardia Civil aún debe aportar los atestados de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla –con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago– y el atestado del IFA/IDEA y la Consejería de Innovación.  También aludía al informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que llegó en diciembre pasado y que avaló punto por punto cada uno de los argumentos y sospechas que la instructora había ido apuntando en los tres años de instrucción.

Cinco meses después de que Alaya negara que había llegado el momento de mandar el caso al Supremo, la Fiscalía y previamente la defensa del ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Vicente Lozano le han pedido que envíe ya la causa al Alto Tribunal.

Pero ojo, que Alaya es muy libre de no hacer caso a la Fiscalía y mantener su competencia en la instrucción. De hecho, Alaya no suele hacer mucho caso a las peticiones de la Fiscalía y cuando lo hace, no suele decirlo…

Basta con que Alaya entienda que aún no ha recopilado los indicios suficientes contra los aforados para hacerlo, aunque por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, hace tres años, todo apunta a que esta vez sí que podíamos estar en el momento culminante de la instrucción de los ERE fraudulentos. Que sea el de la inhibición o no sólo Alaya lo sabe, aunque supongo que esta vez no tardará en dar una respuesta al escrito de la Fiscalía.

Anticorrupción se refuerza en Sevilla

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2014 a las 15:23

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha anunciado hoy que ha solicitado una nueva plaza, la tercera, de fiscal delegado de Anticorrupción para Sevilla. Una petición lógica si se tiene en cuenta la carga de trabajo que soportan actualmente los dos fiscales delegados de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que hay en Sevilla, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández. Sólo queda por conocer el nombre del tercer fiscal que a partir de ahora se sumara a este grupo especializado del Ministerio Público.

La propia fiscal jefe ha explicado que era “necesaria” esta tercera plaza en Sevilla por el volumen que tienen las cuestiones de Anticorrupción, que se encargan de casos como el escándalo de los ERE fraudulentos o las irregularidades en la empresa pública de capital riesgo Invercaria, entre otras.

La Fiscalía Anticorrupción investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos económicos u otros cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con la corrupción y que también asume la investigación de los delitos económicos cometidos por grupos organizados, salvo que sean de competencia específica de la Fiscalía Antidroga o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.