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Los panes de la discordia

Jorge Muñoz | 11 de septiembre de 2016 a las 6:00

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Hasta ahora habíamos visto juicios y condenas por ruidos relacionados con actividades lúdicas, como las procedentes de las discotecas o de las botellonas, o por las molestias causadas por maquinaria de aires acondicionados. La Fiscalía de Medio Ambiente acaba de dar un paso más (pan para todos), al sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a dos panaderos, que se enfrentan a sendas peticiones de 18 y 30 meses de cárcel, por las molestias causadas a los vecinos por el constante ruido y vibraciones provocados por las máquinas con la que se elabora el pan y que, según el Ministerio Público, afectó “gravemente” al descanso nocturno de estas personas, algunas de las cuales sufrieron trastornos de ansiedad e insomnio tras haber soportado durante años esta actividad.
El Ministerio Público ha acusado a los responsables de dos obradores de panes ubicados en la capital y en la localidad de Mairena del Alcor. En el primero de los casos, según refleja el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando un vecino denunció en los juzgados las molestias causadas por los ruidos y vibraciones que ocasionaba en su vivienda el negocio de una panadería ubicada frente a su casa.
El denunciante aseguraba que con motivo de la fabricación del pan y su posterior carga en camiones para su distribución, se venían ocasionado “graves molestias” a su familia entre las once de la noche y las siete de la mañana. El vecino había dirigido varias quejas al Ayuntamiento por estos hechos y en una medición realizada por un técnico del laboratorio de Inspección, Ensayo y Calibración de la Junta de Andalucía se constató unos niveles de contaminación acústica excesivos. Se midieron, en concreto, 60 decibelios con la cámara de frío en funcionamiento, así como la extracción, carga y arranque de la furgoneta de reparto; y 66 decibelios con todos los equipos funcionarios, cuando el límite permitido es de 49.
Dice la Fiscalía que el denunciante, su mujer y un hijo menor de edad “durante años se han visto sometidos continuamente a estos ruidos que, por su frecuencia, intensidad y horario de producción han afectado gravemente a su descanso nocturno y tranquilidad, provocando a cada uno de los tres miembros de la familia síntomas de ansiedad e insomnio que han interferido en su vida cotidiana”.
La Fiscalía responsabiliza al panadero investigado, Manuel B. M., de un delito contra el Medio Ambiente, por el que solicita una condena de un año y seis meses de prisión, multa de 1.800 euros, y el pago de una indemnización de 24.000 euros a la familia.
En el segundo caso, el obrador de panadería denunciado está ubicado en Mairena del Alcor y llevaba funcionando desde el año 1997. Según el Ministerio Público, desde el año 2010 esta actividad ha generado continuos y reiterados ruidos y vibraciones, “causantes de molestias intolerables” para los habitantes de una casa contigua, una pareja que ha soportado los ruidos todos los días del año, entre las cinco y media de la mañana y las doce o las dos de la tarde. La familia solicitó al Ayuntamiento el cierre cautelar del establecimiento y que se hiciera una medición acústica, que inicialmente fue favorable a la actividad. Sin embargo, en una medición posterior realizada por la Unidad de Ruido de la Consejería de Medio Ambiente, se certificó unos niveles de 41 decibelios en el dormitorio (valor límite según el decreto 6/2012) y de 38 decibelios en el salón (el valor límite es de 35), lo que derivó en la orden de clausura temporal del establecimiento para toda la actividad hasta que se “acreditase el cumplimiento de medidas correctoras”.
En enero de 2013, en una nueva medición se constataron niveles de 42 decibelios en el dormitorio (con un límite máximo de 35) y de 42 en el salón (con un límite máximo de 40), y la Policía Local comprobó que el acusado, haciendo “caso omiso” de la orden de clausura, mantenía abierto el establecimiento para despachar el pan. En una de las ocasiones, el panadero manifestó expresamente a los agentes que “no iba a cerrar el establecimiento y que se negaba a su precinto, siendo advertido de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia”.
El 20 de junio de 2013 se llevó a cabo el precinto y al día siguiente le acusado seguía vendiendo el pan, pero ya no lo fabricaba, manteniendo el precinto de las máquinas. El Ayuntamiento levantó parcialmente en agosto la clausura en lo que se refiere al despacho de pan, aunque posteriormente la Policía Local comprobó que el precinto de la maquinaria “había sido roto y estaba en funcionamiento”, algo que también se certificó posteriormente varias veces.
El matrimonio denunciante, según la Fiscalía, se ha visto expuesto durante todo este tiempo a unos ruidos y vibraciones que “por su intensidad, duración y frecuencia, han afectado gravemente a su descanso nocturno”, lo que les ha ocasionado “síntomas ansioso depresivos que han precisado de tratamiento médico”. La Fiscalía reclama una condena de dos años y medio de cárcel para el panadero, Isidoro G. P., por un delito contra el Medio Ambiente, el pago de una multa de 2.880 euros, y una indemnización de 30.000 euros para el matrimonio perjudicado.
Los dos panaderos serán enjuiciados en los próximos meses en los juzgados de lo Penal. Se trata de una cuestión jurídica muy interesante: el derecho al descanso frente al derecho al trabajo de estos panaderos.

¿Dónde está la caza de brujas ahora?

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2015 a las 6:00

El escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla por el presunto fraude en las oposiciones vuelve a sacudir la maltrecha imagen de la Policía Local de Sevilla, afectada en los últimos meses por diversos escándalos. En este tiempo, el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), al que están afiliados la inmensa mayoría de los más de un millar de agentes que hay en el Cuerpo, se ha afanado por defender que existe una “caza de brujas” por parte del Ayuntamiento, de la unidad de Asuntos Internos ahora suprimida por Espadas –el Grupo Especial de Policía Local (Gepol)– y, como no, por parte de la prensa, a la que acusan de manchar la imagen de la Policía Local.
Después del contundente escrito que ha presentado la Fiscalía de Sevilla, sólo cabe hacerse la pregunta que encabeza este artículo: ¿Dónde está la caza de brujas ahora?
Me gustaría que los representantes sindicales, por una vez, tuviesen el valor de pronunciarse sobre los cargos que ha presentado el Ministerio Público contra 45 personas, de las cuales 37 son miembros de la Policía Local. Hay varios mandos del Cuerpo procesados, pero también hijos de policías y el vástago del propio presidente del sindicato, que se enfrenta como los otros opositores beneficiados a una condena de cuatro años de inhabilitación y al pago de una multa de 100.000 euros.
Vaya por delante que, como cualquier ciudadano, todos los policías que han sido acusados por la Fiscalía tienen el derecho a la presunción de inocencia, que les ampara hasta que haya un pronunciamiento del juez. Pero el escrito del Ministerio Público es lo suficientemente duro como para que por lo menos algunos reflexionen sobre quienes son realmente los causantes de la mala imagen del cuerpo: ¿la prensa o los agentes acusados? No matemos una vez más al mensajero…

La Fiscalía baja el balón de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de septiembre de 2015 a las 6:00

Se veía venir desde hace tiempo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales en el caso Betis, en el que reclama una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros para Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida (o alternativamente dos años de prisión por un delito continuado de administración desleal).

Más allá de la petición de condena, que podría posibilitar un acuerdo para evitar el juicio, el escrito del Ministerio Público es importante por cuanto viene a tumbar parcialmente las tesis que han mantenido los peritos que estudiaron el caso y la magistrada Mercedes Alaya, que inició la investigación hace siete años. Decía Alaya, siguiendo a los peritos, que Lopera se había apoderado de 25 millones de euros, lo que llevó a la magistrada a imponerle una fianza de 33 millones (los 25 más el tercio legal).

loperaSin embargo, la fiscal Margarita Viera, en un detallado y complicado informe -para los no expertos, como es el caso del que escribe- de 24 páginas reduce el posible perjuicio al Betis por los contratos con las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) a poco más de tres millones, al contabilizar una serie de gastos de estas sociedades que los peritos no tuvieron en cuenta. De 25 (o 33 millones) a sólo tres hay un gran trecho.

Pero el Ministerio Público va mas allá al considerar que no hay delito en relación con las actuaciones de Lopera entre los años 1993 y 1999, periodo sobre el que las conclusiones de los peritos llevaron a la juez a adoptar las medidas cautelares de 2010, con la intervención judicial del Real Betis y la paralización de la venta del paquete de acciones a Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver.

¿Quiere esto decir que la Fiscalía no cree que Lopera no cometiera ningún delito? No. Lopera no es inocente para el Ministerio Público. La Fiscalía, como garante de la legalidad del procedimiento, lo que hace es ajustar la gravedad de los hechos que se le atribuyen al criterio que considera adecuado y que, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la tortuosa instrucción, supone una gran discrepancia con la tesis de Alaya.

Hay incluso media docena de hechos en los que la fiscal no aprecia delitos: la mencionada venta de acciones a Bitton Sport, el traspaso de Roberto Ríos, los pagos por la obras del Estadio por el que la juez le atribuyó una apropiación de más de siete millones de euros, etc.

Hay otro aspecto destacado en la acusación pública a Lopera. La Fiscalía ha pedido que se aprecie una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en relación con las dilaciones producidas en el procedimiento y que no pueden achacarse al procesado. Es curioso como la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, agradeció en un comunicado la “celeridad” con la que había tramitado la causa la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En este caso, evidentemente, no hubo ninguna alusión a la labor de la juez Alaya, la magistrada que instruyó el sumario.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La fiscal jefe mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

Lo cierto es que el escrito de la Fiscalía abre las puertas a un posible acuerdo con Lopera, que podría pagar la indemnización y reducir la pena hasta un punto en el que pudiera evitar la cárcel. No  sería la primera vez. Lopera ya llegó a un pacto en 2005 con la Fiscalía por el que aceptó una condena de 14 meses de prisión por dos delitos fiscales. ¿Y qué harían la acusaciones particulares? ¿Se van a arriesgar a una posible condena en costas en caso de que el acusado saliera absuelto? Un nuevo acuerdo es una posibilidad nada desdeñable. La historia podría repetirse, sobre todo después de que la Fiscalía haya badajado el balón que en su día lanzó al aire Alaya…

El “donde dije digo, digo Diego” de la Fiscalía en el caso Orteguita

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2014 a las 5:02

Cuando se inició el juicio a José Fernando Ortega Mohedano, Orteguita, apunté desde este blog las insalvables contradicciones de la Fiscalía en este caso, por su negativa a aceptar el pacto que habían alcanzado el abogado de la víctima con las defensas de los seis jóvenes imputados por la pelea a las puertas del club de alterne El Rey 2000 en la madrugada del 2 de noviembre de 2013.

La Fiscalía mantuvo hasta el final su criterio de no aceptar la aplicación de la atenuante de drogadicción en el caso de José Fernando y los otros jóvenes, por lo que se opuso rotundamente a la conformidad y apostó por la celebración del juicio, pese a que tan sólo unas semanas antes había aceptado una importante rebaja de la pena en el caso del asesinato del cámara de Canal Sur durante la romería de Valme.

El juicio de Orteguita se celebró y acabó con una condena de un año y nueve meses para el hijo del torero y de un máximo de dos años para los otros acusados, lo que implicaba que en principio ninguno de los acusados -cuatro de los cuales pasaron cuatro meses en prisión- volvería a pisar la cárcel, al menos por este caso.

Después de todo el revuelo que montó, la Fiscalía ha aceptado la sentencia, a pesar de que se reconoce la atenuante de drogadicción, y no va a recurrir la sentencia, como por coherencia parecería lo lógico. Tanta vehemencia en defender su postura inicial en contra del acuerdo no concuerda con la postura actual de aceptar sin más el fallo, aunque no sabemos si en este cambio de postura ha podido influir la reciente detención e ingreso en prisión de la víctima, José Jonathan V. A., tras protagonizar una espectacular huida de la Policía…

Sea como fuere, la Fiscalía también aplica el “donde dije digo, digo Diego”. A veces se hace bueno el dicho jurídico que dice “Más vale un mal acuerdo que un buen pleito”… ¿No creen?

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José Fernando, en el banquillo de los acusados junto a los otros imputados.

Las insalvables contradicciones de la Fiscalía en el ‘caso Orteguita’

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2014 a las 15:34

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra.

La Fiscalía ha abortado, por ahora, el pacto para rebajar la condena a José Fernando Ortega Cano y a los otros cinco jóvenes procesados por la agresión a las puertas de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta, el pasado 2 de noviembre. La Fiscalía, que ha solicitado una condena de hasta cinco años de cárcel, se opone a rebajar la pena más allá de los tres años y medio de cárcel para los otros procesados, algunos de los cuales tienen antecedentes y no han acreditado su drogadicción, lo que podría haber permitido la aplicación de circunstancias atenuantes y la rebaja de la pena hasta los dos años de prisión, como había acordado el abogado de la víctima con las defensas de los acusados.

En el caso de José Fernando, el acuerdo parece que no plantea problemas porque tiene varias atenuantes a su favor: confesó su autoría, ha acreditado su drogadicción y ha reparado el daño causado. Esto hace que pueda bajarse la pena hasta los dos años en su caso, el problema son los otros procesados, algunos de los cuales tienen antecedentes penales -no son delincuentes primarios como Orteguita- y no han acreditado su adicción a las drogas o el alcohol.

La postura de la Fiscalía sería loable si hubiera planteado un criterio similar en otros casos, pero lo paradójico es que el departamento que dirige María José Segarra no mostró la misma insistencia en el asesinato del crimen del cámara de Canal Sur Jesús Ruiz de Castro. En este caso se llegó a finales de enero pasado a un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía aceptó rebajar una petición de condena de 17 años de cárcel -la acusación particular pedía hasta 25- a dejarlo en penas de entre uno y cuatro años de prisión para los imputados, previa indemnización a los familiares de la víctima. Esto posibilitó que de un delito de asesinato se pasara a imputar un delito de lesiones, lo que evitó la celebración del juicio ante un jurado popular.

Pero ahora la Fiscalía se empeña en que haya juicio y de hecho el inicio de la vista oral se ha fijado para el próximo 14 de marzo. El crimen del cámara era, sin lugar a dudas, mucho más grave que la agresión y robo que se imputa a José Fernando Ortega. Por mucho que se quiera argumentar, lo cierto es que lo ocurrido no deja de ser una pelea a las puertas de un puticlub, porque seguro que si no se hubiera producido el robo del vehículo y su incendio posterior el caso se habría quedado como mucho en un juicio de faltas, sobre todo si no hubiera estado involucrado un personaje famoso como Josefer

Entiendo que la Justicia no se debe dejar guiar únicamente por el resultado y que la agresión por parte de varios jóvenes a otro que se hallaba solo no deja de ser realmente grave, pero lo que no entiendo es que en unos casos la Fiscalía deje que cuele un acuerdo como el del asesinato del cámara y que en otros, como éste de Orteguita, se quiera buscar una sentencia o una condena ejemplarizante. Y lo digo no porque crea que José Fernando deba irse de rositas -de hecho no va a ser así porque lleva ya más de tres meses en prisión-, sino porque pienso que a una persona joven que ha cometido su primer delito hay que darle la oportunidad de reinsertarse. Y de otro lado porque la cultura del pacto en la Justicia es una práctica habitual de nuestros tribunales: cada día se producen miles de conformidades que, además de satisfacer a todas las partes, constituyen un ahorro considerable para la propia administración de Justicia, tanto en el económico como en los recursos.

Y si la víctima está satisfecha con el acuerdo alcanzado y su defensa también, porque ha recibido sus justos honorarios profesionales, no se explica por qué ese rechazo al acuerdo por parte de la Fiscalía… Al final, desgraciadamente, mucha veces la Justicia se limita a la compensación económica. Es aquello de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”, pero revestido de la solemnidad que acompaña a una decisión judicial. Atrás quedan las manifestaciones del abogado de la víctima, Manuel Manzaneque, cuando al inicio de la instrucción aseguró, con respecto a la agresión de José Fernando y sus amigos, que aquello fue una “cacería humana y le atacaron como una manada de lobos”. Por cierto que una de las abogadas de la defensa ha dicho hoy en la vista de las cuestiones previas que “no entiende” como la acusación particular no quiera que haya un juicio y se esclarezca la verdad de los hechos…