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La Madeja enreda a Torrijos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2017 a las 2:00

Tras su absolución en Mercasevilla, el ex portavoz de IU es procesado por delitos de prevaricación y cohecho

El juez José de la Mata sostiene en el auto que Finotovo “financió” a IU y PSOE con su mordidas

IU recibió 155.000 euros y el PSOE cantidades de 30.000 a 60.000 euros entre los años 2006 y 2009

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

El ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, cuando declaró ante la Guardia Civil por la Madeja.

La alegría por la sentencia absolutoria de Mercasevilla le ha durado a Antonio Rodrigo Torrijos exactamente un mes. El pasado viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de Sevilla, José de la Mata, finalizaba la instrucción de la denominada operación Madeja y dictaba cinco autos de procesamiento, uno por cada una de las distintas piezas separadas en las que se dividió la macrocausa investigada en su día por la juez Mercedes Alaya y en una de las cuales Torrijos es nuevamente procesado.
El ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU ha sido procesado en la pieza denominada “delegaciones territoriales y administraciones locales III (Ayuntamiento de Sevilla)”, en la que hay 17 investigados por haber recibido presuntamente regalos y mordidas a cambio de favorecer la adjudicación de contratos a la empresa Fitonovo, que según De la Mata había creado una “red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.
En el auto notificado el pasado viernes, que tiene una extensión de 104 folios, el instructor sostiene que tanto IU como el PSOE se financiaron con las mordidas de Fitonovo. El juez ha procesado a cuatro ex concejales del Ayuntamiento de Sevilla por este caso, dado que a Torrijos lo acompañan el también ex portavoz de IU y ex concejal de Juventud y Deportes José Manuel García, el ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el ex edil del PP y ex director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento Joaquín Peña. La lista se completa con funcionarios municipales y con el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, quienes también habrían recibido supuestamente dádivas y regalos para favorecer a Fitonovo.
A los cuatro ex ediles, el juez les atribuye sendos delitos de prevaricación y cohecho, aunque a Manuel Gómez Lobo y a Peña les imputa además un delito de fraude a las administraciones públicas y otro de tráfico de influencias. A Gómez Lobo y a Castaño, por último, les atribuye otro delito de falsedad. El ex concejal Gómez Lobo es el único al que el juez le achaca los cinco delitos que ha investigado en esta causa.
Sobre la presunta financiación de IU, De la Mata subraya que Fitonovo pagó 155.000 euros a Izquierda Unida, mediante dos pagos, uno de 70.000 euros que se entregó el 30 de marzo de 2010 “en una caja de zapatos” al miembro de IU y también imputado Antonio Miguel Ruiz Carmona, y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011.
Esos 155.000 euros fueron abonados por el empresario de Fitonovo José Antonio González Baró “para la campaña electoral” tras la conclusión de las obras de instalación de césped artificial en 11 campos de fútbol de Sevilla, precisa el auto.
Dice el juez de la Mata que el ex concejal de IU José Manuel García habría intervenido“decisivamente”, como dirigente de la formación, “en connivencia con otros dirigentes como el primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, en recibir para el partido determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo” de los contratos de los 11 campos de fútbol, que fueron adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes por una cuantía de 6,9 millones de euros.
Tras el segundo pago de 85.000 euros, el juez señala que se observa una “relación más intensa y con más contratos adjudicados desde las áreas que gestiona” José Manuel García, entre ellos las obras de emergencia en el club deportivo Ifni ( por importe de 554.736,29 euros) iniciadas el 15 de diciembre de 2010 “con ausencia de expediente, totalmente dirigida a Fitonovo por la propia naturaleza del procedimiento de emergencia” y con “numerosas irregularidades en el procedimiento”; así como las obras urgentes en el CEIP San Isidoro (29.760 euros), en el que se invitaron en mayo del 2011 a tres empresas que, en relación a otro asunto, “han ejemplificado perfectamente un caso de concurrencia ficticia”.
El instructor concluye que los pagos fueron para financiar el partido y así argumenta que la presencia de personas de Izquierda Unida que no pertenecen a los organismos desde los que se adjudicaron los contratos y, por tanto, sin poder influencia directa sobre su adjudicación –como Torrijos o Antonio Ruiz Carmona, que recibió los pagos–, “descarta en gran medida que dichos pagos se hayan entregado a título particular a personas de estos organismos por favores en la adjudicación. La presencia de estas personas se podría justificar con la influencia que estos podrían mantener con las personas que sí habrían gestionado en su momento dichas áreas y sí habrían tenido capacidad de decisión sobre la contratación, como José Manuel García Martínez, delegado de Juventud y Deportes, así como la que éste haya podido tener con personal, técnico o jurídico, dependiente de sus áreas”, añade.
En cuanto a la financiación del PSOE, De la Mata asegura que como compensación por el incremento importante de la facturación de Fitonovo y la adjudicación creciente de contratos, la empresa abonó el 9 de mayo de 2007 la cantidad de 30.000 euros al PSOE, a “requerimiento” del edil Manuel Gómez Lobo. “Pagos con el mismo objeto al Partido Socialista se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de ‘Langostinos Maera’, aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Gómez Lobo y Rafael González Palomo”, dueño de Fitonovo y padre de González Baró.
Con el nombre de ‘Langostinos Maera’ se hacía referencia al restaurante ubicado en el barrio del Tardón en el que se reunían mensualmente Gómez Lobo y Rafael González Palomo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El ex concejal Manuel Gómez Lobo, a quien el juez atribuye cinco delitos relacionados con los pagos de Fitonovo.

El auto considera que el que fuera concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo se ocupó de procurar, junto a Domingo Enrique Castaño, distintas adjudicaciones a Fitonovo y así, prosigue la resolución, “exigieron” a esta empresa que, como compensación por la adjudicación de los contratos de mantenimiento de la zona Centro y de la Macarena, debería asumir el pago de las obras de adecuación de la sede de la agrupación del PSOE de la Macarena. Estas obras se facturaron a nombre de una empresa dedicada a la desratización, llamada Klevin, y que por consiguiente “no realizaba obra alguna”. El juez señala asimismo que Domingo Enrique Castaño pidió en una ocasión al dueño de Fitonovo Rafael González Palomo la cantidad de 60.000 euros “para la financiación del partido”, cantidad que después de negociar quedó reducida a 30.000 euros, que le fueron entregados en las oficinas de Fitonovo. González Palomo declaró, por su parte, que pensaba que este dinero “se lo quedó” Castaño.
Sobre la implicación del ex director general de Medio Ambiente Joaquín Peña (PP), el juez de la Audiencia Nacional estima que ésta se produce en el marco de la contratación pública y como consecuencia de sus relaciones con empresas que contratan con el servicio de Parques y Jardines. Esa implicación se produjo, en primer lugar, en relación al denominado “macrocontrato” de Parques y Jardines, el expediente 400/2012, que ascendía a 48 millones de euros. Para el instructor, “existen indicios que apuntarían a la intervención del director general en la fase de adjudicación” del lote 2, “al parecer, ejerciendo influencias” sobre el funcionario Francisco Amores Carredano –jefe de la sección de conservación y mantenimiento del servicio de Parques y Jardines– para que la empresa Albaba fuera adjudicataria de uno de ellos y favorecer así a su amigo Carlos Alfonso Lozano.
El juez De la Mata concluye el auto asegundado que los indicios recopilados durante la instrucción son “suficientes” para acordar la continuación del procedimiento contra los 17 investigados en esta pieza. El instructor ha dado un plazo de 20 días a la Fiscalía para que presente su escrito de conclusiones provisionales y solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

 

Castaño recibió 300.000 euros en “comisiones ilícitas”

El ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, recibieron durante el período investigado 303.458,52 euros “de origen desconocido”, compuesto de un incremento de 193.856,09 euros “carente de justificación”, y unos abonos en efectivo de compras que tampoco habrían sido retirados de ninguna de sus cuentas, que asciende a 109.602,43 euros, detalla el juez José de la Mata. Este incremento patrimonial, según el magistrado, “pudo tener lugar por regalos y cobro de comisiones ilícitas cuando Domingo Enrique Castaño fue director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, o a consecuencia de dicho cargo, el cual tuvo que relacionarse para la adjudicación de contratos con numerosas empresas destinadas al mantenimiento de la vía pública”. El instructor explica que la intervención de Domingo Enrique Castaño fue ”decisiva” para la adjudicación a Fitonovo del contrato de mantenimiento de Vía Pública. El juez añade que otro contrato que habría sido favorecido por Castaño y por el ex concejal Manuel Gómez Lobo fue el concurso sobre riego del Parque de María Luisa, el expediente 28/2005, a través de la UTE Fitonovo-Detea, por importe cercano a los 500.000 euros, aunque también cita otros tres expedientes en los que habría intervenido Castaño.

 

Dinero en efectivo, teléfonos, y hasta un caballo y una yegua

El funcionario Francisco Luis Huertas, jefe obrero o capataz del servicio de Parques y Jardines, recibió según el juez José de la Mata diversas dádivas, entre ellas dinero en efectivo, teléfonos móviles, y hasta un caballo y una yegua. Dice el instructor que dada su “influencia en los ámbitos políticos, a través de Gómez Lobo y Domingo Enrique Castaño”, este funcionario conseguiría “para su propio beneficio a través de su empresa elementos Urbanos, la adjudicación para Fitonovo de “múltiples contratos” en materia de juegos infantiles y así consiguió “acaparar el negocio de los juegos infantiles en Sevilla y en la mayor parte de Andalucía”. Dos de las hijas de Huertas trabajaron como comerciales, y a una de ellas, cuando abandonó la empresa, Fitonovo le regaló un vehículo, un Toyota Corolla. La contratista le regaló además al funcionario –que según otro acusado era conocido como “sheriff”– en mayo de 2007, un caballo llamado Alazano, valorado en 1.300 euros, y en febrero de 2008 una yegua, por otros 1.000 euros, y también recibió otros regalos como el pago de dos cotillones de fin de año en 2002 y 2003 por valor de 285 euros, un tractor carriola, un viaje a Budapest por importe de 3.499 euros, alquileres de vehículos, y varios teléfonos móviles de la marcas Nokia e Iphone, detalla el auto.

El final de la operación Madeja

Jorge Muñoz | 8 de junio de 2017 a las 2:00

FITONOVO

Estamos tan acostumbrados a las operaciones espectaculares y a las macrocausas que cuando un juez pone por fin cordura en la instrucción de uno de estos procesos, acotando el final de la instrucción, se convierte en noticia. Esto es lo que ha ocurrido con la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien acaba de dictar un auto en el que acuerda el final de la instrucción de la denominada operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo, a cambio de favores en la adjudicación de los contratos públicos.
En ese auto, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional se opone a la petición de la Fiscalía de prorrogar durante otros 18 meses más la investigación de esta macrocausa, en la que hay 107 imputados, y concreta además que las diligencias que aún quedan por practicar deben estar acabadas en los próximos cinco meses. Así, el magistrado ha acotado al 6 de noviembre próximo como fecha tope para el final de la instrucción.
El magistrado recuerda que la investigación de la operación Madeja, que instruyó la juez Mercedes Alaya, fue abierta el 8 de julio de 2013, “hace ya cuatro años, habiéndose prolongado la investigación durante un largo periodo de tiempo, lo que excede de los plazos de investigación razonables que establece la ley”.
El instructor de la Audiencia Nacional recuerda que ya se han desagregado de la causa distintas “piezas separadas, que están prácticamente finalizadas, estando pendiente únicamente de algunas diligencias ya acordadas y, eventualmente, de algunas derivadas”.
Pero sobre todo, el juez de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que “ha habido tiempo suficiente, durante el periodo de instrucción que se abrió hace un año, cuando se determinó la complejidad de la causa para haber solicitado las diligencias necesarias indispensables para concluir la instrucción”.
Por todas estas razones, De la Mata argumenta que no procede acordad, dadas las “circunstancias actuales y visto el grado de avance de la instrucción, la prórroga de la instrucción de la causa” en los términos previstos en el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Sin embargo, dice el juez que la “postrera solicitud de algunas diligencias instructoras y la necesidad de examinar documentación que ha sido solicitada a distintos ayuntamiento y evacuar informes (y la necesidad de proceder a su digitalización), no permite descartar que pueda ser necesario para el instructor acordar, o para las partes solicitar, todavía, la práctica de alguna diligencia de investigación”, lo que “aconseja hacer uso de la previsión contenida en el artículo 324.4 de la Lecrim y así, excepcionalmente, fijar un nuevo y último plazo máximo de cinco meses para la finalización de la instrucción, de modo que la investigación finalizará el día 6 de noviembre de 2017”, concluye el auto.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había reclamado al juez que ampliara la investigación por otro plazo igual de 18 meses, al considerar que concurrían una serie de circunstancias previstas en el artículo 324.2 de la Lecrim, por cuanto los hechos se comenten en el seno de una “organización criminal, son muy numerosos los hechos objeto de investigación y se precisa la gestión de la entidad Fitonovo y de otras personas jurídicas que participaron en los hechos”.
De otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió recientemente un informe al juez en el que apunta que, a su juicio, se han practicado “diligencias suficientes para esclarecer los hechos y la participación de los distintos investigados” en relación con la adjudicación de los distintos lotes del macrocontrato 400/2012 del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que ascendía a 48 millones. La adjudicación de los lotes 2 y 3 de este contrato se investiga en una pieza separada que el juez De la Mata acordó abrir en abril pasado.