Archivos para el tag ‘Gallardón’

Gallardón recula su ‘tasazo’ el día que los jueces y fiscales le plantan cara

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2013 a las 22:35

Qué curiosa coincidencia. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha ido a anunciar la rebaja de las polémicas tasas judiciales el mismo día en los jueces y fiscales de España le han plantado cara con una huelga que ha sido un éxito, al haber sido secundada por más del 60% de los jueces y fiscales. Y el mismo día en que, también es mala suerte para los jueces, se iniciaba el debate sobre el Estado de la Nación.

Pero ni el anuncio de Gallardón ni el debate pueden ocultar que alrededor de 2.553 jueces y fiscales, el 62% del total, se han echado hoy a la calle para protestar contra las reformas de la Justicia y el intento, según sostienen, de acabar con la independencia del Poder Judicial por la reforma del CGPJ prevista.

Para contrarrestar el éxito del paro, que es incluso superior a la histórica huelga del 18-F de 2009, hace cuatro años, el ministro anunció ayer a la defensora del Pueblo que reducirá en un 80% las tasas judiciales variables de las personas físicas en las jurisdicciones de Primera Instancia y los recursos en materia Civil, Contencioso-administrativa y Social, que pasarán del 0,50% del valor del litigio (con un límite de 10.000 euros) al 0,10% del valor, con el límite de 2.000 euros.

En los recursos contenciosos contra las multas y otras sanciones administrativas, se reducirá el 80% de la tasa variable y, además, se establece un límite en la tasa del 50% de la cuantía de la multa. Era absurdo que, para recurrir una multa de 200 euros por aparcar en doble fila, hubiese que pagar de entrada una tasa por la misma cantidad.

El Ministerio de Justicia devolverá la diferencia de las tasas que se hayan abonado desde el 17 de diciembre hasta que entre en vigor la modificación anunciada, y además se ha comprometido a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica en la futura ley de asistencia jurídica gratuita.

Ante este anuncio, la defensora del Pueblo ya ha anunciado que no recurrirá ante el Tribunal Constitucional el tasazo judicial, cuyo plazo para recurrir acaba precisamente mañana, día 21 de febrero. Quién sí ha confirmado que presentará recurso, a pesar de la rectificación de Gallardón, es la Junta de Andalucía, que considera que las tasas tal y como fueron aprobadas son injustas porque impiden el acceso a la Justicia de muchos ciudadanos.

De hecho, desde que entraron en vigor las tasas, la litigiosidad en las jurisdicciones afectadas se ha reducido en un 25%, pero todo ello a costa de impedir el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, según han denunciado todos los colectivos relacionados con la Justicia, desde los jueces pasando por los fiscales, los abogados o los funcionarios judiciales, además de los sindicatos y las asociaciones de consumidores.

La modificación de las tasas judiciales era una de las reivindicaciones de los jueces y fiscales, pero no la única ni la más importante. La reforma del CGPJ es lo que realmente preocupa a los jueces, que han advertido que si sale adelante se crearán espacios de impunidad para los delitos de corrupción política y económicos.

 

Huelga en el despacho y autorregulación de los servicios mínimos

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2013 a las 23:16

La huelga de hoy contra las reformas de Alberto Ruiz Gallardón es muy singular, por muchos aspectos. Se trata de una huelga que jueces y fiscales podrán hacer sin salir de sus despachos y en la que el propio comité de huelga ha regulado los servicios mínimos. Tampoco se les descontará nada de sus salarios a los huelguistas, puesto que la carrera judicial y fiscal no tienen reconocido el derecho a la huelga, por lo que no hay en ninguna norma la posibilidad de descontar parte del salario por no acudir al trabajo.

Esto ya ocurrió hace cuatro años, con la histórica jornada del 18 de febrero de 2009, cuando los jueces se echaron a la calle para protestar por la situación de la Justicia, por la falta de medios materiales y personales para desarrollar su trabajo después de los errores judiciales detectados en el caso Mari Luz, que se llevó por delante al juez Rafael Tirado y a la secretaria judicial Juana Gálvez, aunque ambos con diferentes sanciones debido a los distintos regímenes disciplinarios. Pero esa es otra historia, ya pasada.

Ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni la Fiscalía General del Estado han fijado unos servicios mínimos para la huelga de este miércoles, por lo que sí lo ha hecho el que engloba a las cinco asociaciones profesionales de jueces y fiscal que secundan el paro (se han quedado fuera la Asociación de Fiscales y la APM, aunque en Andalucía ésta última asociación, mayoritaria en la carrera, sí que ha decidido apoyar la huelga).

En esos servicios mínimos se incluyen los presidentes, fiscales superiores, fiscales jefes, decanatos de los juzgados, y los cargos gubernativos. En el servicio de guardia, el comité considera servicios mínimos las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc. No se considera servicio mínimo de guardia, por el contrario, los juicios inmediatos de faltas ni los juicios rápidos por delito en los que no haya detenido, lo que implica que mañana se podrán suspender numerosos juicios.

También se consideran servicios mínimos los juicios con tribunal del jurado, las órdenes de protección y cualquier otra medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores, y las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria.

El comité de huelga ha precisado, no obstante, que no resulta incompatible estar en huelga y hacer los servicios mínimos, dado que, según un manual que han distribuido con motivo de la histórica jornada del 20-F, “estará en huelga todo aquel que se declare en huelga, con independencia de que luego tenga o no que atender los servicios mínimos en su juzgado y bastará que esté localizable para atender cualquier actuación urgente que implique los servicios mínimos en horario de audiencia”. De esta forma, el juez y fiscal que se declare en huelga, sin perjuicio de que realice esas actividades dentro de los servicios mínimos, se computará que ha secundado el paro.

Además, el comité de huelga ha establecido que “no hay inconveniente” alguno en que los jueces y fiscales que estén en huelga permanezcan en sus despachos, dado que la huelga “consiste en no celebrar los actos judiciales y no acudir a los señalamientos no previstos en los servicios mínimos”. La simple permanencia en el edificio “no es ocupación” y no genera ilicitud, salvo que con ella se perjudiquen desproporcionadamente otros bienes constitucionalmente protegidos, asegura el comité de huelga según una sentencia del Tribunal Constitucional.

Pero los jueces no estarán todo el tiempo encerrados en sus despachos, puesto que han convocado concentraciones en las distintas sedes judiciales del país, donde se dará lectura a un manifiesto contra las reformas del ministro Gallardón.

La tradicional guerra de cifras que suele producirse en cada jornada de huelga también tendrá en esta protesta unas connotaciones muy especiales, puesto que el Comité de Huelga ha pedido a todos los jueces y fiscales que se le comunique la participación con una hora de antelación sobre la comunicación oficial al Tribunal Superior de Justicia y a la jefatura de la Fiscalía. Los que hagan la huelga informarán a su comité mediante un correo electrónico antes de las 11:00 horas, mientras que al TSJA y a la Fiscalía no se comunicará antes de las 12:00 horas. De esta forma, el comité de huelga podrá manejar desde mucho antes las cifras de la huelga y si ésta ha sido un éxito o no.

La Junta mantiene el recurso contra el tasazo

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2013 a las 16:54

La Junta de Andalucía mantendrá el recurso contra el tasazo judicial a pesar de la rectificación anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha dicho hoy que una cosa es la “promesa” de Gallardón de modificar las tasas y otra lo que finalmente se haga.

Llera ha anticipado incluso que la Junta quizás tenga que recurrir ante el Constitucional la propia modificación de la ley de tasas,  y ha señalado que el recurso de la Junta es “muy sólido“, aunque ha reconocido que “tampoco es difícil atacar una ley tan injusta”.

La postura de la Junta es lógica, por cuanto el plazo para recurrir la polémica ley de tasas expira el próximo 21 de febrero y, por el momento, el ministro no ha concretado cómo serán los cambios a la baja que se harán en la cuantía de las tasas.

En caso de que la Junta estuviera de acuerdo con la rectificación de Gallardón, cosa por otra parte más improbable a priori, siempre tendrá la oportunidad en cualquier momento de desistir del recurso de inconstitucionalidad que presente contra la norma.

Sobre los motivos que han llevado a Gallardón a moderar el tasazo, hay varias posibles argumentaciones. De un lado, la intervención de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, pidiendo la modificación de las tasas, lo que vaticinaba un posible recurso por parte de la institución. De otro, que Gallardón está a tan sólo unos días de que los jueces y fiscales de toda España vuelvan a echarse a la calle en una huelga que en principio aspira a ser tan histórica como la de hace cuatro años.  Gallardón se iguala al ministro Bermejo, el de la cacería con el entonces juez Baltasar Garzón en plena operación Gürtel, que pasó a la historia como el ministro que se enfrentó a la primera huelga de la Justicia. Gallardón también va a hacer historia en la Justicia.

Etiquetas: ,

Gallardón rebaja el tasazo

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2013 a las 18:10

 

Una auténtica marcha atrás. Al final el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido que rectificar la ley de tasas judiciales, conocida popularmente como el tasazo judicial, que presentó como la panacea para acabar con el colapso judicial. La presión que han ejercido los propios jueces, sindicatos, asociaciones de consumidores y demás colectivos ha dado sus frutos.

Esta misma tarde, Gallardón ha anunciado  que se introducirán “modificaciones a la baja” en las cuantías fijas y variables en Primera Instancia, Civil y Contencioso-Administrativo, y que se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo. Además, las tasas se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.

El ministro ha considerado “muy enriquecedora” la labor de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que hoy mismo le ha entregado una propuesta de modificación de aspectos sustanciales de la ley de tasas judiciales.

La defensora ha propuesto al Ministerio de Justicia la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuician procedimientos sancionadores, o las de los procedimientos de ejecución hipotecaria, de los recursos de suplicación y casación en el orden social y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Becerril ha recomendado la devolución de las tasas que ya se hayan cobrado desde que entró en vigor la medida, en diciembre pasado.

La ley de tasas había posibilitado la creación de algo insólito en el mundo de la Justicia: la aparición de un frente común en el que estaban implicados todos los operadores jurídicos, desde los jueces a los fiscales, pasando por los abogados, los secretarios judiciales y hasta los funcionarios de Justicia.

La ley de tasas, según comentan algunas fuentes consultadas, ya estaba consiguiendo reducir el volumen de entrada de asuntos, pero a un coste muy elevado, ya que se sacrifica el derecho a la tutela judiciales efectiva de los ciudadanos. La reacción contra esta ley fue de tal magnitud que los jueces y fiscales han incorporado el rechazo a la misma en las reivindicaciones ante el Ministerio de Justicia que les han llevado a convocar una huelga en la judicatura para el próximo 20 de febrero.

Lo que no era nada lógico es que recurrir una multa de tráfico acarreara un coste en tasas superior a  la propia cuantía de la sanción, por poner sólo algún ejemplo. Si rectificar es de sabios, Gallardón acaba de apuntarse un tanto. Ojo, habrá que ver aún realmente cómo se plasman esas reducciones en la cuantía de las tasas.

Ultimátum de los jueces y fiscales para ir a la huelga en febrero

Jorge Muñoz | 15 de enero de 2013 a las 20:46

La huelga de los jueces y fiscales está cada vez más cerca. Las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado hoy que irán a la huelga en febrero si el Ministerio no da una “respuesta satisfactoria” a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se repetiría de esta forma, el histórico paro de la judicatura de febrero de 2009, tras las denuncias por la falta de medios materiales y personales a raíz del escándalo del caso Mari Luz.

La comisión interasociativa de conflicto ha fijado el 5 de febrero como la fecha tope para que Gallardón dé una respuesta a sus reivindicaciones. La huelga se convocaría en los diez días siguientes, a pesar de las reticencias que hasta ahora había venido mostrando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria en la carrera y de carácter conservador.

Entre las reivindicaciones de los jueces y fiscales destacan que el CGPJ “mantenga su actual estructura y competencias” y que se potencie el Consejo Fiscal, y rechazan cualquier modificación que “mine la independencia e imparcialidad” del Poder Judicial, pero no hacen ninguna mención a la pérdida de la paga extra.

Reclaman además “autonomía presupuestaria” del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Entre las demandas, se incluye el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea y que la Justicia tenga los medios humanos y materiales necesarios, así como la determinación “definitiva” de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad.

Por último, incluyeron su rechazo a la polémica ley de tasas, al exigir una norma que “no limite el acceso de los ciudadanos a la Justicia”. Los jueces quieren que los políticos vean la Justicia no como un problema, sino como un elemento esencial de solución….

Cuatro años después de la primera huelga de jueces, la situación de la Justicia sigue igual o peor, por lo que la nueva protesta está cantada.

Una ley mordaza para la prensa

Jorge Muñoz | 15 de enero de 2013 a las 9:25

La reforma del Código Procesal Penal que prepara Gallardón incluye una ley mordaza para la prensa. La reforma incluye un período de 12 meses máximo para mantener bajo secreto de sumario una investigación, pero ojo incorpora que el tribunal podrá acordar, “previa ponderación de los intereses en conflicto”, el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer “gravemente” el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

¿Qué quiere decir esto? Que si un medio consigue, gracias a sus fuentes, una información sobre la que se haya decretado el secreto, el juez podrá ordenar que no continúe su publicación. Es cierto que en algunos casos la publicación de una noticia puede perjudicar la marcha de la investigación, pero esta reforma implica que a las primeras de cambio el juez puede obligar al medio a que no siga publicando la información.

Una causa podrá ser excepcionalmente declarada secreta, total o parcialmente, para el encausado y las demás partes personadas en el proceso cuando el conocimiento de su contenido suponga un “riesgo relevante” para el esclarecimiento del hecho, el aseguramiento de los medios de prueba o la protección de la víctima. El Ministerio Fiscal declarará el secreto en un “decreto motivado”, que no será susceptible de impugnación, y que deberá ser ratificado por el Tribunal de Garantías en el plazo de diez días en un auto, que podrá ser recurrido en apelación, informa Europa Press.

El secreto, que sólo podrá mantenerse durante el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines, se acordará por “el plazo máximo de tres meses”, sin perjuicio de su posible prórroga por idénticos periodos hasta un total de seis meses o de doce cuando la investigación se dirija contra organizaciones criminales o grupos organizados. Cuando el secreto no fuese imprescindible o hubiera transcurrido el plazo máximo, tendrá que ser levantado “necesariamente”, sin perjuicio de que, si surgen nuevos hechos o imputaciones en el curso de la instrucción, podrá decretarse “nuevamente en iguales términos e idénticos plazos”.

En la actualidad, el juez puede declarar en un “auto” el secreto de las actuaciones durante un mes, aunque puede prorrogar de forma expresa este periodo. Lo que no está regulado es que pueda ordenar a los medios que no siga publicando informaciones sobre una causa secreta… ¿Qué habría pasado si esta reforma hubiera estado en marcha durante la investigación del asesinato de Marta del Castillo? Pues sencillamente que la opinión pública no habría tenido una información fidedigna de lo que iba pasando en la fase de instrucción, al menos mientras se mantuvo el secreto de sumario.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la ‘Publicidad de las actuaciones’ en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición “excepcional” de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que “si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto, el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal determina que la Fiscalía General del Estado, en la forma establecida en su Estatuto Orgánico y sus normas internas de funcionamiento, podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación, “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.

Asimismo, podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso “cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública”. Los órganos de la Policía Judicial sólo podrán difundir información sobre las investigaciones previa autorización del Ministerio Fiscal, precisa el documento. El capítulo destinado a la declaración de los testigos recoge que los periodistas no podrán ser obligados a declarar como testigos respecto a las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de su actividad profesional.

El nuevo papel del fiscal como instructor de los procesos penales

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2013 a las 21:51

La propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, reforzará el papel del Ministerio Fiscal, al que se atribuirá la instrucción de las causas penales y reducirá además los delitos perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado.

La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Alberto Ruiz Gallardón.

La posibilidad de que se le encomiende a los fiscales la instrucción lleva barajándose desde hace ya tiempo y, de hecho, hace años que se implantó con éxito en la jurisdicción de Menores, donde en relación con los expedientes de reforma  instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Además, se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. En estos procesos, el fiscal solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Lo que habrá que ver es la postura que adoptarán los jueces sobre esta propuesta, que recorta sus funciones al entregar la instrucción a los fiscales, y a buen seguro que se abrirá un nuevo frente en la batalla de los jueces contra el Ministerio de Justicia.

Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera que con la reforma del proceso penal se incluya una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española. El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.

Etiquetas: , ,

La guerra de Gallardón

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 0:01

Gallardón ha puesto en pie de guerra a toda la Justicia. Ha logrado en sólo unos meses al frente del Ministerio lo que nadie había conseguido hasta ahora: reunir bajo un mismo estandarte a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, a los abogados y a los funcionarios de Justicia.

Desde septiembre pasado, los jueces españoles están dando diversos pasos que conducen irremediablemente a una nueva huelga, la reedición de la histórica jornada que se vivió en febrero de 2009. Este miércoles, los juzgados y Audiencias de España pararon durante una hora para mostrar el rechazo de toda la Justicia a las reformas que promueve el ministro.

Gallardón ha contraatacado acusando a los jueces de echarse a la calle porque se les ha quitado la paga extra de Navidad y por la reducción de los días de asuntos propios anuales. En su contraataque, Gallardón no ha dudado en sacar la munición pesada. Ha revelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, le pidió nada más acceder al cargo que financiara un plan de pensiones para los jueces con las polémicas tasas, que se han colado como un nuevo frente en la guerra del ministro contra toda la Justicia.

Cierto es que, entre las primeras reivindicaciones de los jueces, aparecían algunos aspectos económicos y de su régimen estatutario, pero decir que los jueces protestan sólo por motivos económicos es un razonamiento bastante simplista que no obedece a la realidad. Sólo con examinar el último comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto de jueces y fiscales queda claro que, para nada, esa es la motivación de la carrera.

Los jueces protestan porque ya no pueden soportar más la situación que se vive en unos juzgados sobrecargados de trabajo y en los que los expedientes se acumulan por los pasillos y los suelos de los juzgados porque no hay ya estanterías donde guardarlos. Los jueces también protestan porque están cansados de tenerle que decir a los ciudadanos que su sentencia ha tardado muchos casos hasta casi un año en dictarse porque esa carga de trabajo les impide hacerlo a su debido tiempo. Los jueces protestan porque se ven obligados a fijar un juicio de una reclamación laboral para dentro de dos años, lo que está llevando a muchos ciudadanos a aceptar acuerdos leoninos al no poder esperar tanto tiempo.

Los jueces también protestan porque sus plantillas de funcionarios son escasas, las bajas por enfermedad de estos trabajadores no se cubren a tiempo y cuando se hace, se trata de personas que a veces necesitan de un nuevo período de aprendizaje.

Los jueces protestan porque no quieren ser el próximo juez Tirado, quien, debido a la escasez de medios y a la falta de control de centenares de ejecutorias, descubrió un día horrorizado al ver el telediario que un individuo al que había condenado por abusos sexuales a su hija seguía en libertad y estaba acusado del asesinato de la pequeña Mari Luz. Este escándalo fue el germen de la primera huelga de la Judicatura, en la que por primera vez en la historia los jueces se alzaron para el reclamar al Ministerio más inversión en la Justicia y para gritar que no podían continuar así. Casi cuatro años después, la situación de la Justicia ha empeorado, en parte por la crisis, que ha aumentado el número de asuntos que llegan a los juzgados, de un lado, y por los recortes presupuestarios, de otro. Con el tema de las ejecuciones de sentencias, los jueces siguen “sentados en un polvorín”, como definió acertadamente un magistrado hace varios años.

Los jueces protestan porque esta escandalosa carga de trabajo que soportan está afectando no ya sólo a su vida laboral -personalmente no conozco ningún juez que no se lleve trabajo a casa-, sino a su propia salud. El caso de la juez Mercedes Alaya, la instructora de los ERE fraudulentos, puede ser un ejemplo de esto último.

Los jueces reclaman contra el intento del Ministerio de limitar la independencia de su máximo órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también protestan, en último extremo, por la ley de tasas, que ha vuelto a unir a la Justicia contra este ataque contra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, porque también es verdad que ahora con el tasazo los más perjudicados van a ser los ciudadanos de clase media, que van a tener que pagar, por ejemplo, por recurrir una sentencia de un despido. Pero no sólo se trata de pagar, es que en algunos casos será absurdo acudir a los tribunales a reclamar Justicia, porque quien va a presentar un recurso contra una multa de 200 euros si ésta misma cantidad es la que tendrá que abonar sólo en concepto de tasas, sin añadir los honorarios de abogado y procurador. Es absurdo. Claro que así sí que se va a reducir la litigiosidad, pero ¿a qué coste?

En este panorama, reducir, como ha hecho el ministro, la protesta de los jueces y fiscales a cuestiones de índole estrictamente económico, es un grave error. Lo que está en juego es mucho más importante. Es el propio Estado de Derecho del que gozamos lo que está en juego, porque sin una Justicia independiente, surgen muchos peligros. Gallardón debe escuchar la voz unánime de la Justicia o de lo contrario la rebelión de las togas se aproxima de nuevo.

El problema de la guerra de Gallardón, como todas las guerras, es que no es tan fácil distinguir entre vencedores y vencidos, porque todos pierden algo en el camino…