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Una mina para la UCO

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2017 a las 2:00

NUEVE DETENIDOS EN SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN HERACLES POR FRAUDE EN LOS ERE

Un agente de la Guardia Civil durante un registro.

Una auténtica mina de información para la UCO. En eso se pueden convertir los millares de correos electrónicos que los agentes de la Guardia Civil han intervenido de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernandez Guerrero.
Un oficio de la UCO del pasado 9 de enero solicitando a la juez la intervención de los mails ya incluía la cuenta del consejero, a pesar de su condición de aforado, lo que impide esta investigación ordenada por un juez de instrucción, que no tiene competencias para ello. La Guardia Civil no indicó a la instructora que Maldonado seguía ocupando el cargo en la actualidad y el auto de la magistrada autorizando los pinchazos, que tiene fecha de 17 de enero, dispuso que “el suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la consejería, en ese momento, el consejero José Sánchez Maldonado y el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros , y el secretario general de la consejería , en aquella fecha, Vicente Fernández Guerrero”.
Sólo cuando la Junta le recordó a los agentes que se presentaron el 23 de enero en la sede de la Consejería el aforamiento de Sánchez Maldonado, la UCO, de motu proprio, comunicó a la juez que había acordado “excluirlo de la lista de personas afectadas” por el auto, pero no hay ninguna resolución de la instructora corrigiendo su decisión anterior de investigar las cuentas de correo del consejero, algo que le está vedado jurisdiccionalmente.
La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, según confirmaron fuentes del caso.
La empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, informó a la Guardia Civil y a la juez que ponía a disposición de los investigadores programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de los correos, dado que la labor encomendada estaba poniendo en riesgo la función de backup de la información.
La respuesta de la Guardia Civil, en sendos oficios remitidos el 31 de enero y 7 de febrero, no tiene desperdicio. Para empezar, los agentes sostienen que el sistema de almacenamiento físico de los datos contenidos en los correos electrónicos del personal de la Junta es “antiguo y obsoleto”, lo que provoca que las labores de localización y obtención de datos resulten “lentos” porque se encuentran en “cientos de cintas magnéticas, lo cual obliga a hacer una búsqueda en el sistema para averiguar en qué cinta se encuentra el backup de un año y cuenta determinada, para después cargarla manualmente en un robot que se encarga de las operaciones mecánicas de obtención de los citados datos”, según relata el oficio del 7 de febrero.

Aznalcóllar 21 FOTO.JUAN CARLOS VAZQUEZ
En el oficio del 31 de enero, la Guardia Civil comunica a la juez que efectivamente para una “eficaz práctica” de la diligencia encomendada será necesario el uso de herramientas de búsqueda y filtrado, para “ceñirse únicamente a los extremos de la investigación, si bien dicha búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas que se realicen conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”, argumentaba la UCO.
Los agentes insistían en que “limitar la información a analizar a una primera y única búsqueda mediante el filtrado de palabras, nombres y fechas cerradas, sin posibilidad de acceder posteriormente al total de la información, mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de la investigación que le encargó en su día la juez Patricia Fernández a la Guardia Civil después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara la reapertura de las investigaciones?
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ordenó expresamente a la UCO en octubre pasado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis –ganadora del concurso para la reapertura de la mina– y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Y con ese mandamiento, lo que ha hecho la Guardia Civil es acudir en tromba a la Junta para incautarse de todos los correos electrónicos de funcionarios y altos cargos, pero ni siquiera ha solicitado un solo papel, documento o correo electrónico a Minorbis ni a la empresa Magtel, y todo ello a pesar de que en el oficio del 9 de enero, en el que solicita el acceso a los correos, los investigadores destacaban las “estrechas relaciones que sostienen el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno, con la administración andaluza, concretamente, entre otros, con los responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de la presente casua, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado, como consejero, y Luis Nieto Ballesteros, como viceconsejero”.
Resulta paradójico que de un concreto encargo de la juez, el “papel real” desempeñado por Minorbis y de la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales, la UCO haya asumido por completo y absolutamente la investigación de toda la causa. Basta echar un vistazo al arranque del oficio del 9 de enero para comprender cómo se extiende el objeto de la investigación más allá de lo solicitado por la magistrada.
La Guardia Civil justifica su intervención de la siguiente forma: “Que para la valoración de los hechos y circunstancias que se pretenden investigar, en torno al procedimiento concursal objeto del análisis y a la actuación de los distintos actores que, de manera indirecta o indirecta, han ido participando en las distintas fases, sería necesario retrotraerse en el tiempo más allá de la fecha de la publicación del concurso público, mediante la resolución de 13 de enero de 2014”.
Y en este contexto, los agentes han pedido –y la juez lo ha autorizado– los miles de correos electrónicos enviados y recibidos durante tres años, entre los que puede haber incluso muchos que afecten al contenido de los Consejos de Gobierno de la Junta, porque no hay que olvidar que los viceconsejeros participan en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida popularmente como consejillo, y su comunicación electrónica va a estar en poder de la UCO.
La juez ha acordado que mañana se proceda a hacer en las dependencias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla una copia del disco duro de 2 terabytes que contiene la información intervenida. Y aunque la instructora ha dado instrucciones para que los investigadores estudien “única y exclusivamente aquellos pasajes de los correos” relacionados con la causa de Aznalcóllar y excluya todo lo relacionado con la defensa de los funcionarios imputados, lo cierto es que, si nadie lo remedia, habrá entregado una mina –o una bomba– de información a la UCO. Y veremos si los investigadores son capaces de sacar petroleo, como acostumbran, aunque luego muchas de sus actuaciones se vayan desinflando conforme avanza la instrucción judicial. Es el riesgo de la Alayización de los procedimientos judiciales y la tendencia a fomentar la creación de macrocausas.

 

Una intervención “masiva e indiscriminada”

La UCO tendrá acceso a los miles de correos si la juez rechaza la petición de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que ha pedido al juzgado que anule el volcado de los correos previsto para mañana, al entender que podría causar “irreparables perjuicios” y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera “prospectiva”.

La viceconsejera de Empleo María José Asensio

La viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

La actuación de la UCO y la autorización concedida por la juez provocó que el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, enviara una carta a la juez recordándole su condición de aforado, por lo que la instructora no podía intervenir sus comunicaciones. En esa misiva, el consejero cuestionaba la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación “masiva e indiscriminada” de comunicaciones electrónicas. Esa carta fue enviada al juzgado el 31 de enero pasado –ocho días después de que la UCO se presentara en la sede de la Consejería requiriendo la documentación, y en la misma el titular de Empleo solicitaba la revocación del mandamiento judicial en la parte que le afectaba.

Maldonado explicaba a la juez que el correo electrónico es un “instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectos por esta investigación masiva e indiscriminada del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones atribuidas al Poder Ejecutivo”, por lo que alertaba de que se podía ocasionar un “grave perjuicio a los intereses generales”.

Por su parte, los letrados del servicio jurídico de la Junta de Andalucía, que representan a los funcionarios imputados en la causa de la mina, se pronunció en el mismo sentido en un escrito presentado el 24 de enero, en el que señalaban que la “intervención masiva, indiscriminada y prospectiva de las comunicaciones está proscrita por la ley” porque la medida ha de ser “necesaria y proporcionada al fin perseguido” y advertía que en esos correos podría haber comunicaciones relativas a su defensa. La juez tildó de “infundadas” las críticas de los abogados e insistió en que “única y exclusivamente” se trata de acceder a los pasajes que están “directamente relacionados” con la investigación.

Un ‘habeas corpus’ por la UCO

Jorge Muñoz | 29 de marzo de 2015 a las 7:00

DETENIDOS 16 RESPONSABLES POLITICOS POR EL FRAUDE DE LOS CURSOS DE FORMACION

La forma en la que la Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo la detención de 16 personas en la denominada operación Barrado, coordinada por la juez Mercedes Alaya, contra el fraude en los cursos de formación, no sólo motivó quejas y críticas posteriores, sino incluso en el mismo momento en que se estaban produciendo los arrestos. El abogado Juan Carlos Villalba, que representa al gerente del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Málaga), José Gutiérrez Muñoz, instó un procedimiento de “habeas corpus” con el que pretendía que otro juez –el competente para examinar el proceso era el juez de guardia de Fuengirola– examinara si la detención de su cliente podría considerarse ilegal. José Gutiérrez, según explicó su abogado, recibió una llamada telefónica de los agentes de la Guardia Civil en la mañana del pasado martes, cuando se inició la operación Barrado. Los guardias le indicaron que debía pasarse por el cuartel de la Benemérita para hacer una “breve declaración”. El gerente de Ciomijas compareció al requerimiento en cuestión de minutos y, para su sorpresa, cuando se presentó ante los investigadores, éstos le informaron de que estaba detenido por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
Su abogado inició entonces el proceso de habeas corpus, que fue rechazado por el juzgado de Fuengirola porque el letrado no estaba legitimado para plantearlo. La ley orgánica 6/1984, que regula este procedimiento, establece que pueden instar un habeas corpus el propio “privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, y hermanos”, así como el Ministerio Fiscal y el defensor del pueblo.
El gerente de Ciomijas pasó más de un día privado de libertad hasta que fue puesto a disposición de la juez Alaya, quien decretó su puesta en libertad después de que se acogiera a su derecho constitucional a no declarar.
La necesidad o no de llevar a cabo este tipo de espectaculares operaciones con numerosos detenidos que luego no se materializan en ninguna medida de prisión provisional y sobre las que ni siquiera se ha adoptado ninguna medida cautelar real –como una fianza civil– también fue criticada por el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes. El letrado calificó de “innecesaria y desproporcionada” la detención del ex alto cargo de la Junta –un jubilado con problemas de salud– y tras denunciar que con ocasión de su arresto se han vulnerado sus derechos fundamentales, apuntó que no descarta emprender algún tipo de acción legal contra esta actuación policial.
El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, quien también criticó la desproporción de las detenciones “masivas y acompañadas de difusión mediática”, por cuanto pueden afectar al derecho a la libertad y a la propia imagen de quienes padecen esa detención.
Gallardo criticó expresamente que “con relativa frecuencia se vienen produciendo detenciones masivas acompañadas de difusión mediática que pudieran resultar innecesarias para la investigación y por ello desproporcionadas al afectar si suficiente motivación fáctica el derecho a la libertad y a la propia imagen” de unos detenidos que, acto seguido, son puestos en libertad sin que se adopten medidas cautelares en su contra. El decano recordó que una directiva europea establece el derecho de los detenidos a entrevistarse con su abogado antes incluso de prestar declaración en sede policial, por lo que “sólo respetando ese derecho, se prestará una verdadera asistencia letrada al detenido”, aseveró.
La nueva operación de márketing de la UCO, en su particular carrera con la UDEF, sigue generando más críticas que elogios.

Alaya y la UCO, dos lobos solitarios

Jorge Muñoz | 30 de noviembre de 2014 a las 6:00

Varios agentes de la UCO en una operación de AlayaLa juez Alaya lleva casi cuatro años de estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mercasevilla, los ERE, la operación Enredadera y ahora la causa sobre las irregularidades en los cursos de formación son algunas de las investigaciones en las que han participado los agentes de esta unidad de élite. En este tiempo, Alaya y la UCO han llegado a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanza sus objetivos.
Por eso no es de extrañar que la juez dictara el auto en el que ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el cese inmediato de las investigaciones relacionadas con los cursos de formación.
Por mucho que Alaya diga ahora, al rechazar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que nunca se estaba refiriendo a la participación de la Policía Nacional en las investigaciones sobre los cursos que son competencia de otros juzgados, lo cierto es que su resolución contenía una intencionada ambigüedad que confundió a todo el mundo. Es como lo de la madre que considera que todo el pelotón de soldados lleva el pie cambiado, menos su hijo, que es el único que lo hace bien.
Muy claro no debería estar cuando la propia Fiscalía pidió a la instructora que acotara el oficio remitido al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, para que la UDEF no se inmiscuya en la investigación de la UCO.
Alaya siempre defiende a la UCO, la unidad que en estos años se ha ganado su confianza después de que la instructora decidiera apartar en 2011 a la unidad de Policía Judicial de Cuerpo Nacional de Policía al inicio de la investigación de los ERE, con el argumento oficial de que esta unidad carecía de medios materiales y suficientes para llevar a cabo tan ingente investigación.
La juez se ha vuelto a poner ahora del lado de la Guardia Civil, aunque en esta ocasión tiene razón al afirmar que esta unidad y el juzgado que dirige ya estaban investigando antes de que lo hiciera la Policía Nacional las ayudas concedidas al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. Sin embargo, la UDEF se anticipó en agosto pasado cuando, de forma altamente sorprendente, puso en marcha la denominada operación Óscar y procedió a la detención de Ojeda cuando Alaya disfrutaba de unas merecidas vacaciones tras haber remitido al Tribunal Supremo la exposición razonada en el caso de los ERE sobre Chaves y Griñán.
Esta actuación de la Policía enojó, sin duda, a la UCO y a la propia Alaya, que esta semana ha recordado que esa intervención de la UDEF “comprometió el éxito de la investigación” que realizaba la Guardia Civil y que probablemente este mismo otoño tenía pensado montar un operativo relacionado con Ángel Ojeda y sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su recurso a la juez Alaya que exigiera la coordinación entre ambos Cuerpos policiales en torno a la investigación sobre las irregularidades en las actividades formativas, pero la instructora ha replicado al Ministerio Público que esa coordinación es “imposible” y “absolutamente desaconsejable”, al menos en esta fase inicial de las pesquisas, “donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial”, razona la magistrada.
En el caso de los ERE, la Fiscalía ha planteado ahora que se cumpla la decisión del Tribunal Supremo de dividir el procedimiento en distintas piezas separadas, para lo cual ha reclamado que se designen “jueces de apoyo” con la finalidad de que la medida no resulte inoperante. Alaya llegó a tener hasta dos jueces de refuerzo, pero los rechazó porque considera que no quería ayuda, y actualmente sólo cuenta con el apoyo de un magistrado que se encarga de los asuntos ordinarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Está claro que a la UCO, como a la juez Alaya, le gusta trabajar sola y sin interferencias de otros Cuerpos. Alaya y la UCO. Tanto monta, monta tanto. Dos lobos solitarios.