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El ‘error’ de Alaya

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

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Cuesta trabajo creer que a la ínclita juez Mercedes Alaya, la que puso en jaque al Gobierno andaluz con el escándalo de los ERE, le haya bailado una fecha de un documento obrante en el sumario, lo que ha contribuido a que un funcionario de Urbanismo haya pasado tres años imputado y haciendo frente al pago de una fianza tras haber sido imputado en la macrocausa de la operación Madeja por haber recibido presuntamente una mordida de la empresa Fitonovo. Esta es la historia del asiento contable fantasma de Alaya.
El error se desprende de toda la documentación obrante en el sumario de la operación Madeja y del auto dictado el pasado 14 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien ha enmendado a Alaya y a la Audiencia de Sevilla, y ha archivado la causa contra el que fuera jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla José Enrique Castro, al estimar que el posible cohecho que se le imputaba ha prescrito al transcurrir más de diez años en que se produjeron los hechos y el momento en que se dirigió la imputación contra él.
La cuestión parece simple, a primera vista, pero hay que prestar especial atención sobre todo a las fechas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a declarar a este funcionario de Urbanismo en calidad de “testigo” y en el marco de la denominada operación Enredadera –segunda fase de la Madeja– el día 19 de noviembre de 2014. En esa comparecencia, como recoge la propia acta, los agentes de la Guardia Civil le muestran al entonces testigo dos documentos extraídos de la contabilidad B de la empresa Fitonovo, de la que se pagaban las mordidas. En concreto, le exhiben una tabla contable en formato Excel donde figura en uno de los asientos un pago de 3.000 euros a “J. E. Castro de Rafael Gonza” (sic), en posible alusión a él y a Rafael González, el dueño de la empresa contratista. Lo importante en este caso es la fecha de la entrega: el 21 de octubre de 2004.
Los agentes le muestran un segundo documento, un recibo firmado por Rafael González recogiendo la cantidad de 3.000 euros para el “pago a J. E. Castro”, igualmente con fecha de 21 de octubre de 2004. En su declaración, José Enrique Castro mostró su “sorpresa” ante esos documentos y negó que los reconociera, al tiempo que rechazó haber percibido ninguna dádiva de Fitonovo, añadiendo que nunca ha solicitado dinero a ninguna empresa y sólo ha percibido la cantidad correspondiente a su sueldo en Urbanismo.
Tras esta declaración, la juez Alaya decidió imputar a José Enrique Castro, que fue citado a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al día siguiente, el 20 de noviembre de 2014, y tan sólo unos días después, la magistrada dicta un auto, de fecha 28 de noviembre, en el que impone una fianza de 12.000 euros al jefe de Negociado de Urbanismo.
Tanto en la declaración como imputado como el auto de la fianza, es donde aparece por primera vez el baile de fechas de Alaya, por cuanto la juez expone que de las investigaciones practicadas, así como de la declaración del imputado, queda indiciariamente acreditada su participación en los hechos, y lo explica de la siguiente forma: “Don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien recibió para favorecer a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 31/12/2004 la suma de 3.000 euros, como así resulta de los archivos de la Caja B de la contabilidad de Fitonovo”. Como puede apreciarse, la fecha de la presunta mordida ha cambiado, puesto que del 21 de octubre de 2004 que aparece en la contabilidad B de Fitonovo y en el recibo que firma el dueño de la empresa se pasa otra distinta, la del 31 de diciembre de ese mismo año.
La variación de la fecha es muy significativa y es la que ha llevado a la Audiencia a archivar la causa, puesto que si se considera que la mordida se recibió el 21 de octubre, el delito podría haber prescrito, como ha estimado ahora el juez José de la Mata.
El cambio de fechas fue advertido y comunicado a Alaya por la defensa del funcionario, quien en un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, presentado contra el auto en el que se impuso la fianza, recogía las menciones efectuadas por la instructora respecto al 31 de diciembre de 2004 como la fecha en la que se produjo la supuesta entrega de 3.000 euros, “no alcanzando esta parte a entender, dicho sea con los debidos respetos, el motivo de reincidencia por parte de su señoría en la fecha del 31 de diciembre, que no consta en ningún momento en las actuaciones”.
Es más, la contabilidad de la Caja B de Fitonovo demuestra que ese día no hubo ningún movimiento en la misma, probablemente porque no hubiera actividad ese día o ésta fuese muy escasa tratándose del día de Noche Vieja.
En su recurso, la defensa insistía en la “inexactitud” de la fecha, por lo que pedía a Alaya que se realizara una diligencia de ordenación por parte del juzgado en la que se manifestara “cuál ha sido el motivo por el que se atiende a la fecha del 31 de diciembre de 2004 por parte de su señoría o si ésta fuera un error tipográfico, se manifieste la fecha correcta que consta en las actuaciones y que no es otra sino la del 21 de octubre de 2004”.
Alaya desestimó el recurso en un auto dictado el 7 de abril de 2015, confirmando la fianza impuesta y manteniendo la fecha del 31 de diciembre pero con un matiz, la juez ya no se refiere a la entrega del dinero sino a que el funcionario seguía en el cargo a esa fecha. “En el caso de autos, del análisis del atestado de la Guardia Civil, así como de los archivos de la Caja B de Fitonovo, resulta clara la apariencia de antijuricidad justificativa de la medida, ya que don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a fecha 31/12/2004, habría recibido tal y como resulta del examen de los asientos contables de dicha Caja B, a la fecha anteriormente indicada, la cantidad de 3.000 euros por parte de la empresa Fitonovo”.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el 29 de julio de 2015 y del que fue ponente el magistrado Pedro Izquierdo, confirmó la actuación de Alaya, aunque rebajó la fianza a 4.000 euros.
Sobre el baile de fechas, la Audiencia señala que si bien la juez lo justifica “en el examen de los documentos contables de dicha Caja B”, “lo cierto es que, salvo error, no hemos visto el referido asiento, lo que no implica que deba accederse a lo solicitado” por la defensa. Aun así, entiende el tribunal que “en este momento procesal” el margen temporal de prescripción podría ser superior a diez años, una interpretación que la Audiencia Nacional ha corregido ahora al exculpar al funcionario de Urbanismo.

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

Un escudo frente a Hacienda

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2014 a las 7:00

juez CastroEl juez Castro la ha vuelto a liar al imputar, por segunda vez en menos de un año, a la Infanta Cristina. El magistrado le imputa delitos de fraude contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales por su participación del 50% en la sociedad Aizoon S. L., constituida con su marido, Iñaki Urdangarín. En el voluminoso auto, el juez del Caso Nóos recuerda las manifestaciones del notario que intervino en la constitución de Aizoon, quien se habría hecho eco asimismo de las palabras pronunciadas por el abogado y asesor fiscal del duque de Palma, quien dijo que esta sociedad se creó para “tener un escudo frente a Hacienda”. Ese escudo parece ahora que ha caído en el marco de la investigación del juez Castro, quien ha concluido que existen indicios racionales de que esta entidad mercantil fue creada con el deliberado propósito de  “servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación de entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada”.

El magistrado habla en su resolución del delito contra la Hacienda Pública que tipifica el artículo 305 del Código Penal y que castiga con penas de prisión de uno a cinco años y de multa de hasta el séxtuplo de la cuantía defraudada a quien “por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros”.

La clave está en esa cantidad, 120.000 euros para que sea delito, una cuantía sobre la que el magistrado, por otra parte, arroja dudas de que pueda alcanzarse en el caso de la infanta Cristina. En concreto, el juez apunta en su resolución que si Aizoon, “en lugar de tolerar que sus socios dispusieran fácticamente de sus fondos para con ellos financiar gastos que nada tenían que ver con las actividades” de la empresa, hubiera realizado un reparto formal de dividendos, las bases imponibles del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) habrían incrementado y con ello también la cuota tributaria a ingresar. Como esos repartos no se han producido, prosigue el juez Castro, resulta “imposible” determinar las cuotas que la infanta “podría haber supuestamente defraudado a la Hacienda Pública en sus declaraciones del IRPF y si, en su caso, serían superiores a los 120.000 euros en cada ejercicio, aunque no parece probable que se alcance tal umbral”. Lo que sí “parece estar claro”  es que las facturaciones por gastos personales que doña Cristina cargó a la entidad Aizoon, “supusieron una doble defraudación: por una parte se trata de ingresos por los que nunca se tributó en sus declaraciones del IRPF; por otra y a más añadidura, tuvieron la virtualidad de minorar la base imponible del impuesto de sociedades al figurar contablemente como gastos de explotación sin serlo”.

Ello lleva al magistrado a concluir que la “intención defraudatoria está a la vista y sus protagonistas llevaron a cabo todos los actos que debieran consumarla, lo que no consiguieron porque la Agencia Tributaria oportunamente detectó la desconexión de esos gastos con las actividades del ente al que se le cargaban”.

El juez Castro argumenta que no debe escandalizar a nadie que se pretenda formular preguntas a la infanta sobre todos estos extremos, y precisa que para saber si las defraudaciones traspasaron el umbral de los 120.000 euros por cada ejercicio, sería preciso clasificar por ejercicios todas las facturaciones que “ninguna conexión” guardan con la actividad de Aizoon y sí con los consumos estrictamente personales. Aún así considera “escasamente probable” que se llegue al importe del delito. En cualquier caso, el magistrado entiende que no es de recibo “presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera expuesta desconociera por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle”.

El segundo delito que se atribuye presuntamente a la infanta, el de blanqueo de capitales, viene contemplado en el artículo 301 del Código Penal, que sanciona con penas de seis meses de prisión a seis años y multa de hasta el triple del valor de los bienes a quien “adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos”.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, recordó al solicitar la imputación de la Infanta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido, a partir de una sentencia de 2012, que el delito fiscal implica además la comisión del delito de blanqueo de capitales, por cuanto aunque la cuota defraudada no se incorpore al patrimonio del autor, la comisión del delito fiscal y el ahorro de capital obtenido no se habría producido sin la comisión del delito, por lo que cabe entender que su origen es ilícito.

En cualquier caso y aunque el juez Castro haya fijado el 8 de marzo como fecha para la declaración de Doña Cristina, será la Audiencia de Palma la que tendrá la última palabra sobre si la infanta declarará o no como imputada, algo que este tribunal ya desestimó en mayo del año pasado en un auto en el que, no obstante, abría la posibilidad para investigar la posible participación de la hija del Rey en los delitos que ahora le imputa José Castro. Dijo entonces la Sección Segunda de la Audiencia de Palma que si bien la infanta podría desconocer el origen ilegal del dinero público en cuanto a que procedía de un delito de malversación o de fraude, “lo que resulta más dudoso es que desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública, ya que el Instituto Nóos, aunque declaraba, no pagaba el de sociedades por constar inscrita como asociación sin ánimo de lucro, pero en realidad no lo era porque operaba como una auténtica entidad mercantil”.

El juez Castro concluye ahora, al menos indiciariamente, que la infanta tuvo conocimiento y consintió el fraude a Hacienda, y recuerda que, por su “sólida formación” debía estar al tanto del proceder de su marido. En contra está el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que ya antes de que se le solicitara su opinión, rechazó la posibilidad de imputar a la infanta.