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Un cáncer en la Policía Local

Jorge Muñoz | 11 de enero de 2016 a las 6:00

policiasLa Policía Local de Sevilla está enferma, gravemente enferma. Las generalizaciones no suelen ser objetivas ni responder a la realidad, además de que casi siempre resultan injustas. Decir que toda la Policía Local es corrupta sería una generalización que no haría justicia a un cuerpo que ha hecho tantas cosas por esta ciudad. Pero una cosa no puede tapar la otra. Y si se examinan los casos de presunta corrupción en los que se han visto implicados agentes y mandos de la Policía local en los últimos años, la situación es alarmante y debería dar lugar a una reflexión por parte de la cúpula policial y del propio Ayuntamiento hispalense, del que depende este cuerpo.

La situación es la siguiente: desde el año 2010 hay 53 agentes de la Policía Local de Sevilla imputados y, en muchos casos, hasta procesados por distintos delitos, lo que significa que tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Más de medio centenar de agentes imputados -o investigados, según la nueva terminología jurídica implantada para intentar quitarle el matiz peyorativo que tiene la palabra imputación- representan aproximadamente un 5% de los más de un millar de personas que integran el cuerpo. ¿Son todos los policías locales corruptos? La respuesta es un no, tajante, pero esta minoría se ha convertido en un cáncer que deteriora la imagen del cuerpo.

Aquí no hay ninguna caza de brujas, por mucho que el sindicato mayoritario en la Policía Local ondee esta bandera, acusando a los medios de comunicación de estar detrás de esa supuesta campaña de desprestigio. Los que desprestigian el uniforme no son los periodistas, son esos agentes que supuestamente filtran los ejercicios de las oposiciones para favorecer a los familiares de los mandos y de los sindicalistas; los policías que cobran ilegalmente tasas municipales defraudando a las arcas municipales, o los policías que presentan documentos falsos para cobrar dietas por asistir a juicio. Detrás de esos delitos están policías, no informadores. Siempre es más fácil matar al mensajero que asumir las propias responsabilidades.

Yo creo en la Policía Local de Sevilla. En la Policía que trata con educación a los ciudadanos, no con arrogancia ni chulería. La que ayuda a los vecinos que los están pasando mal, la que corre en su auxilio cuando hay un accidente de tráfico dentro de la ciudad. La que atiende a los turistas que, desgraciadamente, han sido víctimas de un robo o de otro delito. La que ayuda a los vecinos en un caso de incendio, etc. etc. Los ejemplos son innumerables. No se puede juzgar a todo un colectivo integrado por más de un millar de personas por la conducta de medio centenar…

Pero tampoco se puede salir en esa defensa a ultranza de esa minoría enjuiciada. El defensor del Ciudadano, José Barranca, acertó nuevamente en su diagnóstico. Barranca volvió a cargar contra el sindicato mayoritario de la Policía Local, al que considera responsable de la mala imagen del cuerpo. En la presentación de la memoria de su oficina ante el Pleno del Ayuntamiento, Barranca aseguró que “hay un grupo de policías que les hace daño a sus compañeros”.

Y añadió: “Jamás fui ni iré contra la Policía Local, que cuenta con un grupo fenomenal de profesionales, pero hay quienes les hacen daño”. Barranca agregó que un “profesional de la seguridad no puede montar el pollo en un salón de plenos de manera estrambótica, o atender a un ciudadano con una mascarilla puesta”, en referencia a las múltiples protestas emprendidas por el sindicato mayoritario.

Su radiografía llegaba a la siguiente conclusión: “El sindicato es un mal endémico, un grupo de señores acomodados que le hacen la vida imposible a la corporación que sea. Y eso lleva así toda la vida. La ciudadanía está harta de que este grupo mande en la Policía Local. Señores, si de verdad son una minoría, toménse medidas”, demandó.

Barranca defendió también el trabajo del Grupo Especial de la Policía (Gepol), la unidad que investiga los asuntos internos en el cuerpo. “La Gepol le da lustre a la Policía Local, pero ha sufrido una campaña de acoso y derribo porque molesta al sindicato”, aseveró Barranca.

Hoy más que nunca la Policía Local de Sevilla necesita la Gepol, una unidad que pese a las críticas ha sido avalada tanto por la Fiscalía como por el juez que ha investigado la filtración de las oposiciones y por la Audiencia de Sevilla, que ha destacado el rigor y la profesionalidad de su actuación. Pero el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, se ha plegado a los intereses del sindicato y está decidido a acabar con esta unidad de Asuntos Internos cuando sus efectivos acaben la investigación sobre las irregularidades en la Feria de 2014, es decir, dentro de un mes aproximadamente. El Consistorio asegura que va a regular la creación de esta unidad de Asuntos Internos, para que esté integrada en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento. El problema es que esa unidad debe estar formada por personas totalmente independientes y ajenas al ámbito de influencia del sindicato -que es de amplio espectro-, lo que resulta harto complicado. ¿De qué serviría crear una Gepol amiga? ¿Investigarían igual que la actual?

El cáncer de la Policía Local es el mismo que afecta a otros tantos ayuntamientos andaluces y no se puede tratar con cuidados paliativos. Hay que cortar por lo sano, caiga quien caiga.

 

Alaya calienta la declaración de Chaves en el Supremo

Jorge Muñoz | 13 de abril de 2015 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez incansable vuelve a hacerlo. A Alaya no le gusta pasar desapercibida ante una investigación en la que ha puesto tanta dedicación y empeño, y en la que ha sacrificado tantas horas de estudio. Y si de paso puede influir en la instrucción que está llevando a cabo el Tribunal Supremo sobre cinco aforados, pues mejor. Y qué mejor manera que reafirmar con rotundidad sus argumentos que mediante un nuevo auto, el órgano de expresión del Alayismo. En este caso, la resolución fue dictada el pasado 8 de abril, la víspera de la declaración del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ante el Tribunal Supremo. Aunque tiene esa fecha, el auto ha trascendido con posterioridad a la declaración de Griñán pero tan sólo dos días antes de que otro ex presidente, Manuel Chaves, haga su paseíllo por la sede judicial de Marqués de la Ensenada en medio de otra nube de cámaras y periodistas.

¿Y cuál es la novedad de la nueva resolución? La principal novedad es que Alaya extiende las irregularidades del caso de los ERE fraudulentos a la práctica totalidad de las Consejerías del Gobierno de la Junta, al afirmar que hay “múltiples empresas públicas” de la Junta que también usaron de forma “ilícita” -según las conclusiones de la juez- las transferencias de financiación, lo que le lleva a determinar que no sólo las consejerías a las que estaban adscritas estas empresas públicas sino todo el “Gobierno de la Junta” estaba al corriente del fraude, porque “conocía expresamente” ese uso ilícito a través de las distintas memorias elaboradas por la Intervención General de la Junta.

El ex presidente Griñán afirmó en su declaración ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, el instructor del Supremo, que no recibió los informes de la Intervención alertando de las irregularidades pero sí admitió que le llegaban las memorias anuales de la Intervención, que incluían esas observaciones, y alegó en su defensa que su departamento actuó, mejorando los controles de las ayudas.

Supremo

El nuevo auto de Alaya viene a corroborar todas las acusaciones que en los últimos años ha ido acumulando la instructora y que ha reflejado en las exposiciones razonadas remitidas al Supremo y al TSJA, en las que ha implicado a todo el Consejo de Gobierno de la Junta en el conocimiento de las irregularidades, haciéndolos partícipes del fraude y del menoscabo de los fondos públicos administrados por la Junta.

Con independencia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya informado al magistrado del Supremo que no ha hallado documentos firmados por los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, Alaya con este auto sigue atribuyéndoles fuertes indicios sobre su intervención en los hechos, sobre todo, al primero, dado que del estudio de las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, los denominados “Consejillos”, la juez sostiene que eran conocedores de los “generalizados incumplimientos” en torno a las transferencias de financiación por numerosas empresas públicas de la Junta, no sólo por el IFA/Idea que se encargaba del pago de las ayudas vinculadas a los ERE.

A pesar de que no haya documentos firmados por Zarrías, Alaya detalla en el nuevo auto que a los consejillos llegó en varias ocasiones un proyecto de decreto, elevado en diciembre de 2000 por el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández, para tratar de regular el marco legal del pago de las ayudas sociolaborales, pero la Comisión “guardó en un cajón” ese proyecto y, en su lugar, se firmó el acuerdo marco de julio de 2001, que significó el “pistoletazo de salida a la firma de múltiples convenios particulares entre la Consejería de Empleo, que concedería las ayudas o subvenciones a través de la dirección general de Trabajo, y el IFA, a quien se le encargaría el pago de las ayudas”.

Además, Alaya señala que en los Consejillos se conocía la polémica partida presupuestaria 31L, conocida como el fondo de reptiles, porque en dicha comisión se estudió la misma en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002 a 2009, y del análisis de las actas de las reuniones se deduce la “inclusión de nuevas medidas de control”, lo que lleva a la juez a considerar que los miembros de la Comisión “serían conscientes de los reparos y advertencias que la Intervención venía detectando en relación al uso que las empresas públicas hacían de las transferencias de financiación que recibían de las distintas consejerías y su incidencia sobre el presupuesto de la Junta”, pero a pesar de esas ampliaciones de los mecanismos de control a propuesta de la Intervención, “se seguiría haciendo caso omiso a los informes de Cumplimiento que la misma elaboraba”.

Los titulares de las consejerías a las que estaban adscritas esas empresas públicas y el “Gobierno de la Junta”, prosigue Alaya, conocía expresamente el uso ilícito de las transferencias a través de las memorias de la Intervención, al adoptar los acuerdos sobre Control Financiero Permanente.

La conclusión final de Alaya es demoledora: los titulares de esas Consejerías y el propio Gobierno de la Junta “menospreciaron” el contenido de los informes de la Intervención General de la Junta, “pues dicho órgano de control era desoído ejercicio tras ejercicio”.

Este auto de Alaya calienta aún más la comparecencia del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que está citado mañana a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, después de que Griñán admitiera que hubo “un gran fraude y algunos controles pudieron fallar”, aunque rechazara en rotundo la existencia de un gran plan detrás del caso de los ERE. Alaya trata de acorralar con sus resoluciones a los ex presidentes, a los que en su día preimputó en el escándalo. Sólo queda por saber si el instructor del Supremo tendrá en cuenta la nueva argumentación de Alaya.

 

Triple ERE tras el 22-M

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2015 a las 7:00

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera, citado ante el Supremo.

El ex consejero Antonio Ávila comparecerá ante el TSJA.

Es la tormenta judicial perfecta sobre una misma causa. La regla judicial no escrita de no interferir en las campañas electorales –algo que no todos los jueces respetan– ha provocado un hecho insólito en torno a una investigación judicial en la que están involucrados tres jurisdicciones. A la macrocausa de los ERE fraudulentos, con sus 264 imputados y sus más de 140.000 tomos, sólo le faltaba esta triple coincidencia que tendrá lugar el próximo 7 de abril, primer martes tras la Semana Santa. Ese día tres jurisdicciones distintas –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Mercedes Alaya; el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo (TS)–, han citado a declarar a imputados de alto nivel en relación con el escándalo de los ERE.
Este hito judicial se iniciará con la comparecencia ante el Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta y todavía diputado del PSOE José AntonioViera, que deberá explicar al instructor de la causa contra los aforados, entre otras cuestiones, la extraordinaria y excesiva concentración de ayudas en las empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, con la que mantiene fuertes vínculos. En uno de los últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyó a Viera una “participación esencial” en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, dentro de un “marco de corrupción” en el que el consejero pudo favorecer “de manera desmesurada” a personas de su entorno, en cooperación con el resto de miembros del consejo rector del IFA, según precisaron los investigadores en ese informe.
Viera será el primero de los cinco aforados cuya investigación ha asumido el Supremo en declarar. Tras él lo harán, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, citado el 9 de abril; Manuel Chaves, que comparecerá el día 14; mientras que los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno cerrarán las declaraciones en el Alto Tribunal los días 16 y 21 de abril, respectivamente.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández comparecerá ante la juez Alaya.

El 7 de abril también ha sido la fecha elegida por el magistrado del TSJA Miguel Pasquau para citar a declarar al ex consejero de Economía Antonio Ávila, quien al igual que la ex consejera Carmen Martínez Aguayo –que comparece al día siguiente, el 8 de abril– solicitaron declarar de forma voluntaria. En una providencia, el instructor advirtió de que esta declaración se producirá “sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente”, en clara alusión a la juez Alaya, puesto que los cuatro aforados ante el TSJA perderán esta condición cuando pasen las elecciones autonómicas, con lo que su investigación volverá a Alaya.

Por último, la instructora también tomará declaración el 7 de abril a siete imputados, a los que ha ampliado la imputación y entre los que se encuentran el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero Agustín Barberá, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Un triplete de declaraciones en tres instancias judiciales que investigan, a distinto nivel, un mismo fraude. ¿Se puede pedir más?

Las fianzas de Alaya triplican el fraude

Jorge Muñoz | 5 de octubre de 2014 a las 8:00

balanza justicia

Algunos ex altos cargos imputados por la juez Alaya –sobre todo los que tienen un perfil más técnico, no político– llevan tiempo preguntándose si son proporcionadas las fianzas civiles que, por importe de casi 3.000 millones de euros, ha impuesto ya la magistrada a los 227 imputados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso y a la devolución, en su día, de los importes de las ayudas que según la magistrada habrían sido concedidas ilegalmente.
La cuenta que, según me consta, hacen es la siguiente: El IFA/IDEA habría abonado 710 millones de euros con cargo a las transferencias de financiación, pero ésta no sería la cantidad que deberían garantizar cautelarmente los imputados, la cifra sería mucho menor, por cuanto no es posible tomar en consideración el conjunto de los pagos realizados, puesto que ahí se incluye la parte con la que siguen sufragando en la actualidad las pólizas de los trabajadores que fueron legalmente incluidos en los ERE que no han sido impugnados ni anulados. De lo contrario habría que actuar contra estos trabajadores y los empresarios.
Desde la perspectiva de la instrutora, de lo que no hay duda es que se incluyen entre las cantidades defraudadas los 66 millones pagados en sobrecomisiones vinculadas a las pólizas, los 12 millones abonados a los denominados intrusos, y los 74 millones por ayudas directas a empresas en las que se habrían detectado irregularidades. En total, la cantidad a afianzar por los imputados podría cifrarse en 152 millones.

Pero en la actualidad la instrucción de los ERE, a pesar de que Alaya ha remitido ya la exposición razonada al Supremo al apreciar indicios contra nueve aforados –los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros siete ex consejeros–, sólo está acabada en lo que afecta a un 33% de las ayudas investigadas, por lo que aún quedan en teoría por imputar a otras decenas de personas –quizás centenares si sigue la proporción actual– que vendrían a sumarse a los 227 imputados que hay oficialmente. También quedaría por determinar, en el caso de que el Supremo decidiera continuar adelante con la imputación de los aforados, las fianzas civiles que podrían corresponderles a estas personas.
De acuerdo con estos criterios, la cuantía de las fianzas no tendría que superar el 25% del total de la cantidad defraudada, lo que situaría el total en unos 38 millones –51 millones si se incluye el tercio correspondiente que fija la ley–, porque de lo contrario se estaría afianzando una cantidad mayor de la que hipotéticamente deben responder los supuestos condenados. De hecho, aunque Alaya cifró la cantidad defraudada en 855 millones las fianzas pedidas casi alcanzan los 3.000 millones, más del triple.

Siguiendo con la cifra anterior, 51 millones sería la cantidad máxima a la que hipotéticamente deberían ascender las fianzas fijadas hasta el momento, pero Alaya ha exigido 3.000 millones, lo que supone casi un 6.000% más de los que correspondería.
¿Y en esta situación qué opinan estos altos cargos? Pues que se ha producido un auténtico atropello a los derechos de los imputados a los que ya se les ha fijado fianza, un atropello que incluso cifran en 2.947 millones, la diferencia entre las fianzas exigidas (2.998 millones) y las exigibles, lo que les está causando un enorme y gravísimo perjuicio. Es como una muerte civil, con todos los bienes embargados e incluso hasta las rentas y salarios en algunos casos.

Las fuentes consultadas se plantean exigir que en el futuro sean resarcidos por estos perjuicios causados y están convencidos de que cuando la Justicia les de la razón y tengan que ser compensados, surgirán algunas preguntas sobre quien debe abonar dichas indemnizaciones: “¿Deberán sufragarlas quien tomó tan atrabiliarias decisiones o quienes pudieron corregirlas, interponiendo los recursos o resolviendo los mismos y no lo hicieron? (en alusión a la Fiscalía y a la Audiencia de Sevilla, órgano éste último que revisa las decisiones de la instructora por vía de recurso). También cuestionan si al final esas indemnizaciones tendrán que pagarlas “todos los españoles con sus impuestos”.

 

La boda a la que no estaba invitada Alaya

Jorge Muñoz | 23 de mayo de 2014 a las 16:37

La juez Alaya a su llegada a los juzgados de SevillaCuando una juez como Mercedes Alaya fija de una semana para otra la declaración de los imputados pueden suceder muchas cosas que impidan la comparecencia de estas personas. Es lo que ha ocurrido con la “semana fantástica” de Alaya en el caso de los ERE, donde al margen que ni uno solo de los 19 imputados que han comparecido ha prestado declaración, hay otros que no han comparecido, por motivos muy diversos.

Hay imputados que no han acudido porque tenían problemas de salud, otros porque se encontraban de viaje fuera de Sevilla, y también los hay que no han asistido porque estaban celebrando la boda de un hijo. Esto es lo que ha ocurrido con un imputado que ha presentado un escrito a la juez informando que no podía comparecer alegando “motivos personales”, puesto que Alaya había fijado para su declaración el mismo día en que se celebraba la ceremonia civil de matrimonio de su hijo. Vaya tino de la juez.

Para probar que la veracidad de las alegaciones, el imputado ha aportado en su escrito una copia de la invitación de boda, donde consta el día y lugar de celebración del evento, así como el menú preparado para el disfrute de los invitados. Alaya se coló en esta boda, aunque lógicamente no estaba invitada -la juez ya celebró su propia ‘reboda’ recientemente-, y al padre del novio seguro que no le hizo mucha gracia recibir el auto que la instructora dictó el pasado 13 de mayo.

La invitación de boda, que a partir de ahora quedará incluida en el voluminoso sumario de los ERE, recuerda que la ceremonia tendrá lugar en las casas rurales de Málaga, con una duración de dos días. Al segundo día -“Nochecitas alegres, mañanitas tristes” reza la invitación-, se servirá “desayuno en las casas (el que pueda)” y una comida que incluye langostinos, cordero de Soria, y paella… Buen menú para disfrutar.

De momento, Alaya no se ha pronunciado sobre la citación del padre del novio para otro día. ¡Vivan los novios! Ya habrá otro día para comparecer ante la juez y para acogerse a la ley del silencio que ha marcado la agenda de la magistrada durante toda la semana: De los 25 imputados que había citado a declarar, han comparecido 19 y todos éstos, sin excepción, se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Omertá en el juzgado de Alaya.

Como el código de honor siciliano, nadie ha hablado durante esta semana ante Alaya, aunque en este caso el silencio está amparado legalmente y si el mismo se rompe -y los imputados acceden a declarar-  afortunadamente no sufrirán las mismas consecuencias que en el código de honor de la mafia, en el que no respetar ese juramento puede castigarse con la muerte…