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Víctimas de los ERE

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2018 a las 2:00

Jueza Bola??os.

La juez María Núñez Bolaños tira de los recursos tipográficos para seguir desmontando en sus autos las tesis de la Fiscalía Anticorrupción de seguir solicitando la imputación en la causa de los ERE de los numerosos beneficiarios de las ayudas. Se trata de uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la instructora y el Ministerio Público, junto al de la exclusión de los ex altos cargos del resto de las piezas en las que se investigan cada una de las ayudas.
Frente a la postura del Ministerio Público, que considera que los beneficiarios son también responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de extraneus, la magistrada María Núñez ya ha dicho en varios autos que estas personas deben ser consideradas “víctimas o perjudicados” más que “delincuentes” de la “caótica y desordenada” tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa.
Ahora la instructora, posiblemente ya cansada de repetir una y otra vez sus argumentos –sólo Alaya se autodefinió como incansable– ha dado un paso más, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, en el que rechaza un recurso de Anticorrupción que pedía que se citara como investigados a los responsables de la empresa de muebles ubicada en Lucena (Córdoba) Industrias Elizana, que recibió en 2010 una ayuda de 700.000 euros para 49 trabajadores. En la resolución, la instructora no duda en emplear mayúsculas y negritas para declarar que no se puede traer como investigados a la macrocausa de los ERE a “TODOS LOS CIUDADANOS” que solicitaron y recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010, “por el mero hecho de que dichas ayudas se tramitaron de forma irregular, como pretende y ha mantenido el Ministerio Público durante los años que dura la instrucción” de las diligencias previas 174/11.
El reproche a la actuación de la Fiscalía es claro. Para Bolaños, la conducta de estos ciudadanos “no constituye indicio alguno de criminalidad que justifique su investigación”. Recuerda la magistrada que el Ministerio Público solicita que se impute a uno de los copropietarios de Industrias Elizana por haber “mantenido reuniones con sucesivos directores generales de Trabajo”, con la intermediación del entonces alcalde de Lucena, y que se tradujo en una serie de resoluciones dictadas por los sucesivos directores de Trabajo que “no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)” –los peritos oficiales–, es decir, prosigue la juez, “por la falta de competencia, ausencia de control, procedencia de las ayudas de la partida 31L, en definitiva por la inadecuación del procedimiento”.
Tras analizar la imputación que solicita la acusación pública, la juez concluye que el hecho de que un administrado se reúna con un director general de la Junta “para interesarse y obtener ayudas públicas no constituye ilícito penal alguno” y añade: “el hecho de que tras la reuniones le sean concedidas las ayudas a través de un procedimiento inadecuado, según la IGAE, no es en absoluto responsabilidad del solicitante”.
La magistrada insiste en este punto en que la Fiscalía no pide que el dueño de la empresa sea traído al procedimiento como investigado por haber solicitado o gestionado ayudas “a sabiendas de su ausencia de derecho, en connivencia con el concedente para obtener ayudas a la que no tuviera derecho, mediante resoluciones injustificadas, arbitrarias, prevaricadoras, dictadas con la única finalidad de lucrar injustificadamente” al empresario, sino que quiere imputarlo porque dichas ayudas se concedieron a través de “resoluciones que no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la IGAE” a través de un procedimiento que los peritos consideran inadecuado para la concesión de este tipo de ayudas sociolaborales y a empresas.
Así, la juez reflexiona que el ciudadano que en la creencia de su derecho “se reúne, se dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o autonómica, una subvención o ayuda, no es responsable de la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la que proviene la ayuda”.
En el auto, Bolaños aclara que hace estas afirmaciones salvo el criterio último que pueda establecer la Sección Séptima de la Audiencia, que resolverá el recurso que, sin duda, la Fiscalía presentará contra el auto de Industrias Elizana.

La instructora insiste en que para imputar a una persona delitos de prevaricación y malversación en su calidad de extraneus “no basta, no es suficiente, el simple hecho de que se reunieran, buscaran contactos, información, solicitaran y obtuvieran, en la forma que determinara la administración concedente, ayudas públicas (conducta que podría ser atribuible a cualquier ciudadano honrado), es necesario, por contra, la existencia de otros indicios que nos lleven a valorar inicialmente lo injustificado y arbitrario, que no discrecional, de la ayuda”.
Si se adoptar el criterio contrario –prosigue la juez– y se abre una investigación judicial contra un ciudadano “por la simple razón de confiar en la Administración pública y ajustarse al procedimiento preestablecido puede conllevar un perjuicio irreparable al mismo”.
De esta forma, la juez rechaza el recurso de reforma de la Fiscalía, que también había pedido que se imputara a cuatro ex altos cargos de la Junta, tres de los cuales han sido excluidos en aplicación del criterio de la Audiencia, y el cuarto porque la juez entiende que no hay indicios de prevaricación y malversación en su conducta.
La batalla legal entre Bolaños y la Fiscalía –que centra ahora buena parte de sus esfuerzos en el juicio– o entre la Fiscalía y Bolaños, como quiera verse continúa y avisa con dar nuevos y apasionantes momentos.