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Desmontando al infiltrado

Jorge Muñoz | 7 de mayo de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Declaran como testigos el supuesto infiltrado y un camarero en relación con la investigación por falso testimonio a los padres del Cuco

El supuesto infiltrado, Pablo B. R., en los juzgados de Sevilla.

Ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia del Cuco ni la información que aportó fue importante para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, sino más bien “totalmente irrelevante”. La Policía Nacional ha entregado un demoledor informe en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que investiga un posible delito de falso testimonio del Cuco y sus padres, en el que desmonta la supuesta colaboración que, auspiciada por las cadenas de televisión, se atribuye a Pablo B. R., el supuesto infiltrado en el torno de la familia del joven que fue condenado como encubridor del asesinato de Marta del Castillo.
El informe policial, al que ha tenido acceso este periódico y que firma el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, desmonta rotundamente que existiera tal infiltrado, al que atribuye haber ofrecido una información “totalmente irrelevante” y del que sospechan que “sólo pretendía protagonismo”, además de recordar que Pablo B. R. cuenta con un amplio historial que engloba 19 detenciones por delitos que van desde el tráfico de drogas, la estafa, la falsificación de documentos, robo con fuerza, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores, amenazas y prostitución.
El informe sostiene que este individuo era conocido por los investigadores del caso Marta del Castillo como una de las “múltiples personas que a lo largo de la investigación se prestaron a facilitar información sobre el caso, la inmensa mayoría de ellas videntes, oportunistas y desequilibrados que eran rápidamente detectados y descartados”.
Dice la Policía que para poder calificar el “perfil ético” del supuesto infiltrado se facilitaron los antecedentes policiales que obran en los archivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que se recogen en esas 19 detenciones por distintos delitos.
Los investigadores del caso, prosigue el informe, mantuvieron varias entrevistas con Pablo B. R., quien les facilitó información “totalmente irrelevante” para el caso, hasta el punto que los agentes decidieron interrumpir definitivamente las entrevistas, puesto que “se centraban únicamente en imaginaciones e hipótesis que circulaban en aquellos tiempos en el ámbito popular, llegando esta instrucción a pensar que el citado individuo sólo pretendía protagonismo”.
Los investigadores citaron a Pablo B. R., que compareció con su abogado, y al ser requerido para que aportase las pruebas que pudiera tener relevantes o no para localización del cuerpo de Marta del Castillo, les dijo que declararía y las aportaría sólo al juez. La Policía deja constancia de que estas entrevistas se llevaron a cabo una vez que había finalizado la causa judicial, y se había condenado a Miguel Carcaño como autor del asesinato de Marta.

Juicio padres del CUCO.

El supuesto infiltrado y la madre del Cuco, en el juicio por quebrantamiento.

El informe deja claro que ni estuvo infiltrado en el entorno de la familia de Javier García Marín ni colaboró con la Policía en la investigación. “En ningún caso Pablo B. R. participó colaborando en la investigación del asesinato de Marta del Castillo, las grabaciones que se le solicitaron en septiembre de 2015 a raíz de su aparición en los medios de comunicación a los que sí se las facilitó, no las entregó a la Policía Nacional”, asevera el informe.
El supuesto infiltrado y el padre de Marta, Antonio del Castillo, entregaron las grabaciones realizadas a los familiares del Cuco en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda y localización del cuerpo de Marta del Castillo. El juez encargó a la Policía que analizara los dos CD entregados, que contenían 103 conversaciones, con una duración total de 8 horas, 41 minutos y 9 segundos. Tras escudriñar esas grabaciones, la Policía ha concluido que “no se observó ningún dato que guardara relación con la localización del cuerpo de Marta”.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, había solicitado a la Policía, en una prueba propuesta por la defensa de los padres del Cuco, que se acreditara si Pablo B. R. estuvo “infiltrado” en el entorno de la familia. Aesta pregunta, la Policía ha reiterado que se le conoció como al resto de “videntes, oportunistas y desequilibrados” que habían ofrecido informaciones irrelevantes.
Al inicio del informe, la Policía detalla al juez cómo conocieron las grabaciones realizadas por el supuesto infiltrado y así explica que el 14 de septiembre de 2015 comunicaron al juez que sigue buscando el cuerpo que una cadena de televisión había emitido una serie de entrevistas en las que “un individuo que aparecía encapuchado y sin identificar”, junto al padre de Marta, Antonio del Castillo.
La Policía consideró entonces oportuno realizar gestiones para la plena identificación del “encapuchado” y así poder citarlo, además de requerirle que aportara las supuestas pruebas que manifestaba poseer que pudieran facilitar la localización del cadáver de la joven sevillana asesinada el 24 de enero de 2009.
Los investigadores citaron al padre de Marta y le pidieron los datos del supuesto infiltrado, añadiendo que “conoció a este individuo una vez celebrado el juicio del caso y que se lo presentó un periodista llamado Nacho Abad en un hotel de Sevilla a media noche y que después de esa entrevista tuvo varios contactos con este individuo”.
El padre de Marta consideró “importante” los datos que le había facilitado Pablo B.R. y decidió visitar al juez para transmitírselos. La Policía pidió a Antonio del Castillo que aportara las pruebas o evidencias que éste le hubiera facilitado y que pudieran ser relevantes para la localización de su hija, pero el padre manifestó que no las tenía.
La Policía ya se refirió a Pablo B. R. con motivo del juicio que se celebró contra él y contra los padres del Cuco por haber quebrantado la orden de alejamiento que impedía al entonces menor acercarse a la familia de Marta.
En ese juicio, que tuvo lugar en enero de 2016, los agentes del Grupo de Menores (Grume) fueron también rotundos al afirmar que el supuesto infiltrado no es más que un “delincuente”, al tiempo que añadieron que los datos aportados a la investigación sólo fueron “paparruchás”.
Los dos agentes que comparecieron en esa vista oral coincidieron en señalar que “no era del todo creíble” lo que les aportaba y siempre carecía de relevancia.
Por su parte, Pablo B. R. dijo en ese juicio que un coche policial camuflado les seguía y que el control estaba previsto, llegando a añadir que la Policía instaló una “radio-baliza” para controlar el vehículo en el que viajaban él, el Cuco y sus padres, algo que la Policía rechazó igualmente.
Los padres del Cuco y el supuesto infiltrado fueron condenados tras ese juicio a pagar una multa de 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también acordó, a petición de la abogada de los padres de Marta, que prestasen declaración dos testigos que se hallaban en el bar La Portada en el que estuvieron los padres del Cuco la noche del crimen.
Con anterioridad, el camarero del bar y el supuesto infiltrado dijeron que los padres estuvieron entre las doce de la noche y las cuatro de la mañana en el local, lo que desmontaría la coartada del Cuco.
El juez de Instrucción número 2 de Sevilla también había pedido a la Policía Nacional que se pronunciara sobre si en algún momento los investigadores se habían entrevistado con el camarero del bar La Portada, dado que el agente no había declarado durante la fase de instrucción de la causa ni tampoco en el juicio que se celebró en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.
Sobre este particular, el informe de la Policía señala que no hay dato de la persona que se identifica como camarero del bar laPortada, “al no haberse tomado declaración como testigo en ningún momento de la instrucción llevada a cabo por el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla”, que es el que investigó desde el principio el asesinato de Marta del Castillo.
Este es el primer informe que el juez ha pedido a la Policía sobre el supuesto infiltrado, pero aún está pendiente la llegada de otro que se solicitó al Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, a quien el instructor también ha pedido que se pronuncien sobre los “términos de la colaboración” del supuesto infiltrado en la investigación. Pero a la vista de lo que ya declararon los agentes en el juicio por el quebrantamiento, todo apunta que tampoco será favorable respecto a la credibilidad de este testigo. El Grume también tendrá que pronunciarse sobre el “valor” que las grabaciones aportadas tuvieron para la investigación.