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El final de una instrucción con muchos flecos pendientes

Jorge Muñoz | 20 de julio de 2014 a las 5:29

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados.

Se trata de la noticia más esperada para muchos que siguen al milímetro la agotadora instrucción de los ERE fraudulentos. Casi cuatro años después de iniciada la investigación –las diligencias previas son de principios de 2011–, la juez Mercedes Alaya está a punto de cerrar una de las investigaciones más importantes contra la corrupción que se han desarrollado en la historia andaluza y que ha hecho tambalear al Gobierno autonómico. Es además el caso que ha convertido a la magistrada Alaya en una auténtica juez estrella, digna de competir con sus homólogos de la Audiencia Nacional.
Alaya es actualmente tan conocida como los Ruz, Pedrás o como lo fue en su día el propio Garzón, hoy caído en desgracia para la carrera tras ser condenado a once años de inhabilitación. Alaya comparte ese pódium de popularidad que sólo alcanzan algunos jueces en este país.
La instructora ha realizado una exhaustiva y perserverante investigación, algo que nunca se le podrá reprochar, aunque en determinados momentos se hayan producido más sombras que luces debido a su personalísima manera de instruir o de interrogar a las personas –ya más de 200– que se han tenido que sentar frente a la instructora para responder del uso que se ha dado a unos fondos públicos a través de las ayudas y subvenciones en las que no se respetaron los procedimientos legales, según la tesis que maneja desde el principio la instructora.
La marcha de la causa al Tribunal Supremo supone el final de una instrucción que aún tiene muchos flecos pendientes y que, más tarde o más temprano, tendrá que volver a las manos de Alaya. De hecho, sólo se ha investigado el 5% de los 401 expedientes de ayudas bajo sospecha.
El retorno de la causa se producirá una vez que el Tribunal Supremo decida que hacer con las personas aforadas que han sido señaladas por la instructora como partícipes de un sistema que Alaya considera fraudulento y mediante el cual se han estado concediendo subvenciones para prejubilaciones de trabajadores y ayudas a empresas en crisis durante más de una década.
En el tiempo en que la juez va a estar sin ERE no tendrá tiempo de aburrirse, otras causas como la de los cursos de formación ya se encuentran sobre la mesa de su despacho.

El Supremo espera

Jorge Muñoz | 6 de julio de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya

El debate sobre la posible inhibición del caso de los ERE fraudulentos se planteó hace exactamente un año, cuando el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya y aportó una serie de indicios para una posible imputación en la causa del entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán. Fueron muchos, incluido el propio PSOE, quienes en ese momento se alzaron pidiendo la elevación del caso al Tribunal Supremo para evitar lo que consideraban un juicio “político”, aunque más bien esa petición enmascaraba el deseo de arrebatar la investigación a una juez que llevaba tiempo torpedeando a la Junta con la imputación de numerosos altos cargos de la Administración andaluza y su personalísima manera de instruir.
La petición de inhibición se hizo más fuerte tras la imputación de la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez junto a una veintena de altos cargos, en un auto que la instructora dictó el 28 de junio del pasado año.
Alaya dejó entonces pasar el verano y a la vuelta de las vacaciones lanzó otro certero misil, en forma de auto.

Los indicios contra Griñán no se transformaron en el polémico auto de la preimputación del propio Griñán y de su antecesor Manuel Chaves hasta el 10 de septiembre del año pasado, cuando la instructora dinamitó el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz al hacer pública la preimputación de ambos junto a otros cinco ex consejeros.
Septiembre es un mes clave del año. No es sólo el mes que supone la vuelta a la normalidad familiar, con la reanudación de la actividad docente, sino que marca el retorno de la actividad en todos los sectores, como el político y el judicial, que acoge el acto de inauguración oficial del año judicial.
Dicen que la juez Alaya lleva varias semanas -quizás meses- preparando ese nuevo y definitivo auto que muchos esperan desde hace largo tiempo. Se trata de la resolución que pondrá fin, por el momento, a la instrucción del caso de los ERE por parte del juzgado sevillano. Alaya se inhibirá con esta resolución al Tribunal Supremo, ante la aparición de indicios contra personas que gozan del privilegio del aforamiento, entre las que se encuentran los denominados preimputados.
La magistrada se ha dejado ver muy poco en las últimas semanas por su juzgado, lo que ha alimentado las expectativas de que a lo largo de este mes y antes de las vacaciones ese auto pueda ver la luz. Sin embargo, hay varios elementos que apuntan a que la instructora puede aplazar hasta la vuelta de las vacaciones la ansiada elevación al Alto Tribunal. Para empezar, ese auto-resumen de más de tres años de instrucción resulta especialmente complejo por el nivel de minuciosidad y detalle que la magistrada debe hacer en el mismo una exposición razonada de los indicios que hay contra todas las personas aforadas –inicialmente los dos ex presidentes y otros cinco ex consejeros de la Junta– y de la necesidad de que sean los magistrados del Alto Tribunal los que lleven a cabo la instrucción en relación con estas personas.
En teoría, Alaya podría tener tiempo para acabar de elaborar el auto antes de que acabe este mes de julio, de no ser porque no puede dedicarse en exclusiva a su elaboración. Además de resolver los numerosísimos recursos que una macrocausa con 199 imputados genera, la instructora ha establecido un nuevo calendario de declaraciones de 16 nuevos imputados, que han sido citados a declarar entre el 14 y el 18 de julio próximos. Lo lógico sería que Alaya esperara a completar esas declaraciones –si es que alguien declara, puesto que hace tiempo que asistimos a una particular ley del silencio de los implicados– antes de remitir la causa al Supremo, pero en ese caso nos situaríamos en las últimas semanas de julio.
Remitir al Supremo el caso a finales de este mes, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, podría resultar precipitado, puesto que el instructor al que corresponda tendría poco tiempo para examinar las actuaciones, lo que podría motivar una devolución a la instructora en caso de encontrar algún motivo para ello.
Además Alaya no tendría por qué acelerar la decisión, cuando ya ha rechazado recientemente la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que dividiese la causa en piezas y remitiera al Supremo la que afecta al “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, donde se enmarcaría la participación de los aforados.
Alaya se va de vacaciones a principios de agosto y, aunque este año disfrutará de algunos días menos –por los que gastó con su reboda–, la juez podría incorporarse al juzgado la última semana de agosto. Tendría entonces tiempo suficiente para acabar de dar los últimos retoques al auto de inhibición, que estaría listo para hacerse público el día 1 de septiembre, lunes, coincidiendo con el retorno mayoritario al trabajo.
La instrucción quedaría desde ese momento a expensas de lo que decida el Alto Tribunal, si bien con el tiempo tendría que volver al juzgado de Alaya para que se complete, puesto que por ahora sólo se han investigado una veintena de los 400 expedientes de ayudas bajo sospecha.

Una salida para Alaya

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaLa Fiscalía Anticorrupción le ha dado una salida a la juez Alaya, la incansable, para que envíe al Tribunal Supremo la causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y contra los cinco ex consejeros a los que la instructora preimputó de forma tan extraña. Tan fácil, según el Ministerio Público, como dividir en tres grandes bloques: las piezas separadas de cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa -salvo los casos en los que haya conexidad por identidad de los beneficiarios-; otra pieza separada por las sobrecomisiones pagadas de las pólizas de los ERE; y otra pieza relativa al denominado “procedimiento específico” de concesión de las ayudas, o lo que es lo mismo, el sistema que permitió el fraude durante una década -ya sea mediante los convenios individuales de Empleo y el IFA, el convenio marco de 2001, o la encomienda de gestión de 2010-.

Llevábamos muchos meses hablando de la inhibición al Tribunal Supremo y el debate jurídico estaba muy abierto. Había quienes opinaban que la juez tendría que remitir la totalidad de la causa al Alto Tribunal y otros que apostaban sólo por enviar la parte que afectaba a los aforados. Ahora parece que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto el camino para que la juez acceda a inhibirse de parte de la causa.

Ha sido un camino tortuoso, que aún no ha acabado. Todo comenzó en agosto pasado, cuando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, dictó un auto, en el que al resolver un recurso de una de las defensas, señalaba a la instructora que podía “apurar y depurar” la investigación antes de realizar la exposición razonada para elevar la causa al Tribunal Supremo.

Tras este auto, Alaya sorprendió a todo el mundo con el auto que dictó el 10 de septiembre de 2013, coincidiendo con la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Ese día, la juez Alaya acordó la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de cinco ex consejeros, todos ellos aforados: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila Cano.

A finales de octubre, Alaya afirmó que no habría inhibición al Tribunal Supremo de modo inmediato. La juez Mercedes Alaya aprovechó  el auto en el que volvía a citar a la ex consejera Magdalena Álvarez para el 7 de noviembre para contestar a las dudas planteadas por la Audiencia de Sevilla respecto a si la instrucción estaba finalizada y era hora de remitir al Alto Tribunal el procedimiento por la presencia de los aforados.

Alaya advertía en ese auto que la mayor parte de la causa “es inescindible” y precisaba que, aunque el final de la instrucción “no está lejos, más bien todo lo contrario”, todavía quedaba un “trecho de importancia capital, no por el tiempo que ha de invertirse” sino por los contenidos que tenían que incorporarse para completar la investigación y determinar el “grado de participación delictiva” que pudieran haber tenido los aforados, con la aportación en su caso de los “indicios o principios de prueba que lo fundamenten”. Con esta argumentación, Alaya pedía  “calma” para poder afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, y para “encajar los cambios” que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción.

La magistrada aseguraba que para agotar la instrucción la Guardia Civil aún debe aportar los atestados de las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla –con especial referencia a las otorgadas a los empresarios Enrique Rosendo y José María Sayago– y el atestado del IFA/IDEA y la Consejería de Innovación.  También aludía al informe realizado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, que llegó en diciembre pasado y que avaló punto por punto cada uno de los argumentos y sospechas que la instructora había ido apuntando en los tres años de instrucción.

Cinco meses después de que Alaya negara que había llegado el momento de mandar el caso al Supremo, la Fiscalía y previamente la defensa del ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Vicente Lozano le han pedido que envíe ya la causa al Alto Tribunal.

Pero ojo, que Alaya es muy libre de no hacer caso a la Fiscalía y mantener su competencia en la instrucción. De hecho, Alaya no suele hacer mucho caso a las peticiones de la Fiscalía y cuando lo hace, no suele decirlo…

Basta con que Alaya entienda que aún no ha recopilado los indicios suficientes contra los aforados para hacerlo, aunque por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, hace tres años, todo apunta a que esta vez sí que podíamos estar en el momento culminante de la instrucción de los ERE fraudulentos. Que sea el de la inhibición o no sólo Alaya lo sabe, aunque supongo que esta vez no tardará en dar una respuesta al escrito de la Fiscalía.