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Un hijo post mortem

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2015 a las 6:00

El accidente de tráfico ocurrió el pasado 6 de febrero en la carretera A-8002, un punto negro de la Sierra Norte y donde el torero José Ortega Cano protagonizó otro siniestro mortal en 2011. En este caso, falleció un joven de 33 años, que estaba casado desde hacía cuatro meses con la mujer con la que antes había estado conviviendo y con la que tenía intención de tener hijos. De hecho, la tarde anterior a este siniestro, la pareja había visitado al ginecólogo, que les comentó que no existía ningún inconveniente para que pudieran ser padres.
El trágico accidente truncó las vidas del matrimonio y de otra familia, puesto que en el mismo falleció otro hombre, que llevaba al colegio a su hijo de seis años -que resultó prácticamente ileso-. El abuelo del menor, que viajaba en otro coche unos metros detrás, fue de los primeros en llegar al escenario del siniestro. Su nieto, a pesar del estado de shock, le manifestó que él estaba bien pero que su padre había muerto.
Los cadáveres de los dos varones fallecidos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, y a partir de ahí, la viuda del conductor que no tenía hijos se planteó la posibilidad de solicitar la extracción de espermatozoides para una posible inseminación en el futuro, si un juez lo autorizaba. La mujer acudió al juzgado de Guardia, donde convencieron a la juez para que autorizara la extracción del fluido seminal del fallecido. Dicha extracción tuvo que ser realizada por un especialista y la muestra quedó convenientemente almacenada a 196 grados bajo cero.
A partir de ese momento se inicia la vía Civil de un caso que debe resolver un juzgado de Primera Instancia de Sevilla y que plantea cuestiones que trascienden lo jurídico: ¿Pueden los jueces interpretar los sentimientos?
El abogado Joaquín Moeckel, que ha estudiado este caso, recuerda que hay escasos precedentes similares a esta petición de una mujer que quiere tener un hijo de su difunto marido. Así, en Valladolid, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona los jueces han denegado dicha inseminación, si bien hay otro caso también en Barcelona en el que la audiencia corrigió la decisión inicial del juzgado de Primera Instancia y lo autorizó, en un caso en el que los espermatozoides habían sido extraídos cuando el donante estaba vivo.
El letrado explica que en este caso pueden aplicarse dos leyes: la ley de autonomía del paciente, que exige el consentimiento informado –algo que no se ha podido solicitar al haber muerto el donante– y la ley 14/2006, de reproducción asistida, cuyo artículo 9 establece que el marido fallecido puede prestar su autorización si ha dejado un escrito de consentimiento o un testamento para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su muerte para fecundar a su mujer. Este artículo señala que se presume otorgado el consentimiento cuando el cónyuge que sobrevive “hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido”.
Moeckel cree que, en este caso, debería tenerse en cuenta el carácter del matrimonio, si es civil o canónico, ya que en el caso de que los cónyuges hubieran optado por la vía religiosa habrían elegido “la forma de un sacramento y desde el punto de vista canónico”, el matrimonio se concibe para “engendrar prole”. El abogado plantea que el juez podría por analogía a cuando se produce un conflicto entre padres separados sobre la decisión de que un hijo haga o no la primera comunión, aspecto en el que los jueces acceden si los padres habían decidido con anterioridad bautizarlos de mutuo acuerdo.
“El móvil que mueve a la peticionaria es puramente amoroso, de querer conservar algo de la persona fallecida, pero desgraciadamente la ley no puede valorar el amor, porque se abriría un precedente muy pantanoso: el de que los jueces interpreten los sentimientos”, reflexionó Moeckel.

Los intereses perdidos

Jorge Muñoz | 23 de febrero de 2015 a las 7:00

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta abonó a principios de este mes 23,7 millones de euros a los abogados y procuradores andaluces para liquidar todos los pagos pendientes por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondientes a 2014. En esos 23,7 millones –de los cuales 4,7 fueron a parar a profesionales sevillanos– no se incluye el pago de ningún interés de demora a pesar del retraso en el abono, ya que esa cantidad se corresponde con las guardias y turnos de oficio realizados en los últimos tres trimestres del año, es decir, que se han pagado actos realizados desde abril de 2014.
Algunos abogados, como Joaquín Moeckel, inscrito en el turno de oficio, han mostrado su “perplejidad” por el hecho de que el Consejo Andaluz de la Abogacía no hay instado o reclamado a la Junta de Andalucía el abono de los intereses de demora, que supondrían un 5% de esa nada desdeñable y millonaria cifra. “No entiendo cómo por una parte le damos a Cáritas un euro mensual y sin embargo le perdonamos los intereses a la todopoderosa Junta de Andalucía, que por cierto paga muy cerquita de las elecciones autonómicas”, aseveró ayer el letrado.
Moeckel añadió que supone que a los responsables de a Junta “les vendrá muy bien tener a un colectivo tan amplio como el de los abogados y procuradores de Andalucía bien agradecidos porque la mamá Junta ha pagado lo que debe”. El letrado recuerda que cuando una persona paga tarde, se ve obligada a pagar intereses o recargos, por lo que el hecho de que la Junta haya pagado no significa que los abogados “tengan que agradecer de forma especial el cumplimiento de una obligación que se hace de forma tardía”.

La carta enviada por el decano de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a los letrados sobre el pago de los oficios

La carta enviada por el decano de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a los letrados sobre el pago de los oficios

Moeckel alude de esta forma a la carta que el decano de los abogados sevillanos, José Joaquín Gallardo, remitió a los letrados sevillanos inscritos en el turno de oficio una vez realizado el pago por parte de la Administración autonómica. “Es de reconocer el interés puesto por la Consejería de Justicia para lograr esa regularización en los pagos, que posibilitará en el futuro el pago en plazo de las retribuciones que corresponda a cuantos hacéis posible, con vuestro trabajo, que se pueda prestar a los ciudadanos un servicio público tan importante como lo es la asistencia jurídica gratuita”. Un guiño de agradecimiento de José Joaquín Gallardo al consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, con quien se fotografió el mismo día en que se materializaron los últimos pagos.
Decía José Joaquín Gallardo en esa carta que se había procedido al pago de los turnos de oficio correspondientes al segundo, tercer y cuatro trimestre de 2014, y que con estas transferencias quedaban “totalmente finiquitados” todos los servicios de asistencia jurídica gratuita de ese ejercicio, de modo que en la actualidad “nada se adeuda por ningún concepto”.
Frente a la postura del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Moeckel advierte que le hubiera gustado que los letrados del turno de oficio “hubieran sido consultados antes de conocer ese perdón de los intereses”.
Su planteamiento de reclamar el pago de intereses no es descabellado y, de hecho, hay al menos una sentencia que avala esas pretensiones. Se trata de una sentencia dictada en julio de 2014 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó un recurso presentado por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid y condenó a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas a pagar los intereses de demora por el “pago tardío” de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita correspondiente al segundo trimestre del año 2011. La clave de esta sentencia consiste en que para el abono de esos intereses han tenido que pagar al menos tres meses desde el reconocimiento de la obligación de pago –en este caso la remisión de la certificación trimestral por los respectivos consejos generales de los colegios–.
El Consejo de Colegios de Abogados de Madrid había pedido la aplicación a este caso de la ley de contratos del Sector Público de 2007, por considerar que aunque la relación con la Administración no se tratara de un contrato sí sería una “operación comercial en la que se paga una contraprestación a cambio de la prestación de un servicio”. De forma subsidiaria alegaba que debía aplicarse el régimen de devengo de intereses establecido en la ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
La Administración demandada, por su parte, se oponía al recurso alegando que la relación entre el Consejo de Colegios de Abogados y la Comunidad “no merece la calificación de contractual siendo la naturaleza jurídica de los pagos efectuados en materia de asistencia jurídica gratuita el de una subvención”.
El fallo recuerda que el artículo 41.1 de la ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid dispone que “si las Instituciones o la Administración de la Comunidad o sus organismos autónomos no pagaran a sus acreedores dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrán de abonarle interés señalado en el artículo 32 de esta ley sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame el cumplimiento de la obligación”.

La “vehemencia” de Moeckel en los estrados

Jorge Muñoz | 26 de diciembre de 2014 a las 6:00

sevilla 23 noviembre 07. entrevista a joaquin moeckel. foto> carlos marquez.Lo mismo lo vemos subido al estrado de un juzgado, defendiendo con ímpetu a un cliente, que como tertuliano en una mesa de debate de El gato al agua o de otro programa de televisión o lo escuchamos en la radio. En estos foros, el abogado Joaquín Moeckel muestra su “vehemencia”, lo que le ha llevado a tener, a partes iguales, el mismo número defensores que de detractores.

Su independencia le sale caro, pero el letrado está dispuesto a pagar ese precio. Sarna con gusto no pica, dice el refranero popular. Hace tan sólo unos meses, esa forma de entender la vida y su profesión estuvo a punto de costarle un disgusto, puesto que una juez de Primera Instancia de Sevilla decidió abrirle un expediente disciplinario y sancionarle con una multa de 1.200 euros por una falta de respeto durante la celebración de una vista oral en un pleito civil, hechos que ocurrieron el 25 de septiembre de 2012.

La juez argumentó que el letrado había arremetido contra ella de una forma “desproporcionada e injustificada” y alegaba que éste había elevado el tono de voz hasta situarlo en un “nivel desafiante, apabullante, e incluso intimidatorio, reiterando una y otra vez imprecaciones a la juzgadora, haciendo una exhibición de fuerza y superioridad innecesaria por el desarrollo de los acontecimientos, con la única finalidad de tener la última palabra y callar a la juzgadora, imponiendo su opinión, y obviando la función de dirección del debate” que les corresponde a los jueces, además de haber faltado de forma reiterada a la “consideración y deferencia” que requiere el desempeño de la función jurisdiccional. En el acuerdo disciplinario, la juez acusaba al letrado de haber adoptado una “actitud hostil” hacia la juzgadora “fruto de un acaloramiento artificial”, por lo que consideraba que esa actuación era “absolutamente gratuita, habiendo creado una confrontación innecesaria” que la magistrada “no estaba dispuesta a admitir”.

Moeckel, por su parte, alegó que la magistrada le había interrumpido su turno de alegaciones y explicó, como puede verse en el vídeo del juicio -que tiene una duración de siete minutos- que quien dirigía el debate era en realidad una juez en prácticas, aunque luego es la magistrada titular la que interviene para suspender el juicio. El abogado alegó que realmente hubo “una queja pero no una situación de confrontación creada artificialmente, y menos aún un desafío, imprecaciones o intimidaciones a la juzgadora”, porque ése es el “tono de voz” que tiene. El letrado también explicó que unos meses antes se había producido un incidente anterior con la misma juez, cuando ésta le comunicó telefónicamente un día antes de un juicio la conveniencia de celebrarlo a pesar de que el letrado no había sido citado formalmente, oponiéndose a dicha celebración porque ese mismo día tenía otro juicio.

Tras analizar el caso, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó estimar en su integridad el recurso de alzada presentado por el letrado y dejar sin efecto la sanción impuesta por la magistrada. El Tribunal considera que se han interpretado “erróneamente los hechos” porque “no se aprecia ni una confrontación artificial, ni tampoco una falta de respeto”. La realidad, según el acuerdo del Alto Tribunal andaluz, es que la juez  “en un momento dado y mientras el letrado sancionado estaba formulando sus alegaciones, le interrumpe y dice que existe una falta de legitimación ad processum de la parte demandada y pregunta al letrado por la persona que recibió la citación a juicio”. El abogado comienza a responderle pero “no puede acabar porque lo interrumpe. Éste le pide perdón, pero le pide que le deje explicarse por segunda vez y su señoría le corta con argumentos de que es ella quien lleva el orden de la Sala y que el letrado lo que pretende es tener la última palabra, a lo que éste insiste en que sólo quería responder”.

El TSJA añade que, a continuación se produce una “conversación confusa, ambos insistiendo en sus argumentos y elevan el tono de voz, en la que el señor Moeckel llega a decir que ambos están en estrados, que ni un letrado puede faltar al respeto del tribunal, ni el tribunal al del letrado”. Es decir, que un letrado no es menos que un juez en el estrado, donde ambos se sientan al mismo nivel aunque sea el juez quien dirige el debate.

El tribunal concluye que “más que una falta de respeto -lo que implica un juicio de intenciones no siempre fácil-, se observa vehemencia en la defensa de los argumentos y que el tono de voz del letrado es alto a lo largo de toda la grabación, más potente que el de la magistrada, por supuesto, y también que el del otro letrado”. De esta forma, estima la pretensión del letrado y anula la sanción de 1.200 euros impuesta por la magistrada.

Por cierto, que el letrado envió hace tiempo la resolución del TSJA a la revista La Toga del Colegio de Abogados de Sevilla, pero esta revista dirigida a los abogados sevillanos no se ha hecho eco de la misma.

La hija de Moeckel le protesta a Alaya

Jorge Muñoz | 31 de enero de 2014 a las 19:39

Ocurrió hace unos días durante una de las declaraciones de Mercasevilla. El abogado Joaquín Moeckel, que defiende al ex presidente de los mayoristas de Pescado, envió a una joven licenciada en Derecho que, además de compañera de despacho, es su hija. Blanca Moeckel Flores, con sólo 23 añitos, debutó en una plaza de Primera, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, y ante una de las figuras actuales de la judicatura, la archiconocida e incansable juez Mercedes Alaya.

Juventud frente a veteranía, 23 años frente al medio siglo y las tablas de la juez que ha hecho tambalear al Gobierno andaluz. A la joven promesa de la abogacía sevillana no se le quebró la voz al situarse frente a la ilustrísima juez de los ERE, la que mantiene imputadas en la macrocausa de los ERE a más de 141 personas, entre ellas una treintena de altos cargos o ex directivos de la Junta de Andalucía.

Blanca Moeckel planteó una serie de preguntas a la imputada que prestaba declaración en la causa por el delito societario de Mercasevilla, la ex directora de Estructuras Regla Pereira,  a la que interrogó por la beca que el Mercado mayorista había concedido a hija del ex presidente de los Mayoristas de Pescado para estudiar diseño gráfico en Londres, una finalidad que según Alaya se apartaba de los fines de la Fundación Socioasistencial del Mercado. La juez declaró “impertinente” la pregunta de la joven letrada al considerar que la misma ya había sido contestada. Blanca Moeckel protestó y pidió que se hiciera constar en el acta la protesta, una protesta a la que se adhirieron otros dos abogados más veteranos, José Manuel Carrión y Antonio Jiménez.

Mientras esto ocurría dentro del despacho de la juez Alaya, otro abogado, Simón Fernández, informaba a Moeckel padre mediante un tuit sobre los progresos de la joven letrada: “@j_moeckel gran actuación de tu hija con Alaya. Tiene buen maestro”….. decía el mensaje difundido en la red social twitter. Y es que, de tal palo, tal astilla.

Al margen de la anécdota, la eternización de la instrucción de las distintas macrocausas de Alaya amenaza con que vuelvan a repetirse situaciones como ésta. Que Alaya se enfrente a las nuevas generaciones y a las sagas de abogados, porque el tiempo corre para todos….

“Joaquín, que no estás en el gato al agua…”

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2014 a las 15:20

Ocurrió la semana pasada en una de las sesiones de declaraciones de la juez Alaya, que en este caso había citado a tres peritos de la Agencia Tributaria que realizaron un informe sobre la contabilidad de la empresa Mercasevilla, origen del caso de los ERE.

Fue una comparencia totalmente anómala para lo que acostumbra la juez Alaya, según comentan algunos de los asistentes. Para empezar por el ambiente en el que se desarrolló, con un comienzo más informal y en el que la instructora permitió una especie de debate abierto entre los abogados y  los tres peritos. Dicen que Alaya propició el ambiente, al dirigirse a los peritos llamándolos por sus nombres de pila “Paco”, “Pepe” y “Victoria”, y al final todo el mundo se contagió de las formas, pero la situación degeneró hasta lo esperpéntico.

En un momento dado, “Paco” el perito de la Agencia, se dirigió al abogado Joaquín Moeckel -que defiende al ex presidente de los mayoristas de Pescado y a su hija, que recibió una polémica beca de 24.000 euros para estudiar diseño gráfico en Londres- para reprocharle su dialéctica y sus gesticulaciones: “Joaquín, que no estás en el gato al agua…”, en alusión al programa televisivo que frecuenta el letrado.

Era como uno de esos debates televisivos en los que los contertulios no paran de hablar y de cortar las intervenciones de los otros sin que el presentador, en este caso la instructora haga mucho por separarlos.

Más tensas fueron las formas entre el abogado José Manuel Carrión, que representa al ex director general de Mercado Fernando Mellet, y la propia juez Alaya, que declaró impertinentes varias de las preguntas planteadas por el letrado a los peritos. El letrado reaccionó pidiendo que se hiciera constar en acta la protesta y se produjo un duro cruce de acusaciones con la instructora.

Lo peor de todo, como siempre, es cómo se prolongan los interrogatorios ante Alaya. Una comparecencia que comenzó poco antes de las 11 de la mañana y terminó en torno a las seis de la tarde, sin pausa siquiera para almorzar.