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Defensas al contraataque

Jorge Muñoz | 20 de marzo de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, que fue secretario para la Justicia entre 2008 y 2014.

Varias defensas pasan al contraataque en la recusación planteada contra el magistrado de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo. Los abogados de varios ex altos cargos de la Junta han presentado sendos escritos en los que se oponen al incidente de recusación planteado por las acusaciones populares que ejercen el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular, al considerar que no concurre ni razones de amistad ni de interés directo o indirecto en el asunto.
La sorpresa en torno a la recusación puede venir de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, que se va a pronunciar de manera inminente. En Sevilla, sin contar con la recusación de un magistrado del caso Betis, no se producía un incidente de tal nivel desde el año 2010, cuando una defensa recusó a la juez Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla, por el hecho de que su marido había sido en el pasado auditor de cuentas del mercado mayorista. La Fiscalía de Sevilla, que inicialmente se pronunció en contra de la recusación de Alaya al no apreciar motivos, en un cambio radical en cuestión de días, acabó por apoyar que la juez fuese apartada del procedimiento, pero la Audiencia de Sevilla lo rechazó de forma tajante.
Ala espera de que la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie, las defensas de varios ex altos cargos de la Junta, como el ex interventor general Manuel Gómez –también se han pronunciado el abogado de un ex consejero procesado–, han presentado escritos impugnando la recusación y, en consecuencia, apoyando que Pedro Izquierdo siga adelante.
Las defensas consideran que no hay causa legal para que el magistrado no forme parte del tribunal, pese a que durante ocho años (entre 2008 y 2014) ocupó el cargo de secretario general para la Justicia y, por tanto, coincidió con los dos ex presidentes imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas. No hay causa legal, pero sí la pérdida de la apariencia de imparcialidad, tal y como comenté recientemente en este mismo blog.
En el escrito presentado por la defensa del ex interventor general de la Junta y también del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, se recuerda que Manos Limpias alegó las “dudas” que podía generar a un ciudadano medio la posible relación de amistad del magistrado o el interés que éste pudiera tener en el procedimiento.
Pero esas dudas o sospechas sobre la imparcialidad, prosigue, “no basta con que surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas”, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita en su escrito.
Así, esta defensa rechaza que existan indicios de afinidad, sintonía política, compañerismo o amista que pudieran comprometer al juez en su función de juzgar, por cuanto “nadie puede, pues, ser descalificado como juez en razón de sus ideas y, por tanto, no resultaría constitucionalmente posible remover a los magistrados recusados, aun cuando fuesen ciertas las actitudes que se les atribuyen”.
En cuanto al interés directo, sostienen que la única relación del magistrado está en que algunos de los acusados fueron miembros del Consejo de Gobierno que aprobó su nombramiento, pero esto “no es suficiente para que prospere la pretensión”. La defensa concluye que “ni se acredita la pretendida relación de amistad, ni tampoco se acredita le existencia de un interés directo o indirecto”.

Parecerlo

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2017 a las 2:00

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

Reza una máxima judicial que el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo. Es una expresión similar al proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César. El magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido designado ponente del juicio a los ex presidentes Chaves y Griñán, no ve motivos de abstención por haber ocupado durante seis años el cargo de secretario general para la Justicia. La ley orgánica del Poder Judicial establece entre las causas de abstención y, en su caso, de recusación que el magistrado haya ocupado un cargo público en el que haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o que haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio que vaya en detrimento de su deber de imparcialidad.

Si se analizan estos motivos, no parece que, como entiende el propio magistrado, esté afectado por causa de abstención o recusación. Pedro Izquierdo, como secretario general para la Justicia, formó parte del último Gobierno de Manuel Chaves y continuó en el cargo durante la etapa de Griñán al frente del Ejecutivo andaluz. Y ocupó el cargo entre los años 2008 y 2014, con lo que le pilló de lleno en su puesto el estallido del escándalo de los ERE fraudulentos, cuya instrucción comenzó en enero de 2011. Su cargo estaba adscrito a la Consejería de Justicia e Interior, desde donde se encargó del proceso de introducción del sistema de comunicaciones telemáticos Lexnet en los juzgados andaluces. Muy ajeno a su cometido quedan las ayudas de los ERE, que concedía la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación y utilizaba al IFA/Idea como caja pagadora de esas subvenciones. Por ello, puede descartarse que participara en el asunto objeto del pleito o que tuviera conocimiento del mismo durante su paso por la Administración andaluza.

Conozco a Pedro Izquierdo desde hace muchos años y valoro su honestidad y profesionalidad, por lo que estoy seguro de que si él no aprecia causa de abstención, seguro que no la hay, y su independencia e imparcialidad no están comprometidas por su etapa en la política andaluza, donde además desempeñó un cargo de perfil muy técnico.

De hecho, Pedro Izquierdo está interviniendo en la resolución de otras macrocausas que afectan de lleno a la Junta, como son la de las irregularidades en los cursos de formación –su Sala tendrá que revisar el archivo de la pieza “política” de los cursos- y de los avales y préstamos de la agencia Idea. En ambos casos es la Sección Primera la que resuelve los recursos contra las resoluciones de la juez María Núñez Bolaños, y tampoco se ha planteado ni la abstención ni la recusación de este magistrado por su pasado en la Junta.

Ahora bien, retomando el arranque de este artículo, creo que Pedro Izquierdo además de ser independiente e imparcial, debe parecerlo. El hecho de haber pertenecido a la estructura de los Gobiernos andaluces que lideraron en algún momento Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aconseja que no forme parte del tribunal, donde además le ha correspondido ejercer la ponencia del caso, es decir, es el magistrado que debe estudiarse en profundidad el sumario y el que finalmente redacta la sentencia, con la influencia que esa posición tiene sobre los otros dos jueces que forman parte del mismo.

En cualquier caso, habrá que ver la postura de la Fiscalía Anticorrupción cuando alguna o las dos acusaciones populares –el PP y el sindicato Manos Limpias- planteen casi con total probabilidad la recusación de Pedro Izquierdo para presidir el juicio a Chaves y Griñán. Por cierto, una recusación que, de acuerdo con el artículo 224 de la ley orgánica del Poder Judicial, corresponderá instruir a un magistrado de la Audiencia por turno de antigüedad, y resolverá otra Sección, en este caso, la que le sigue en orden numérico: la Segunda, que preside el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez. Todo este proceso, aunque tiene unos plazos muy concretos, supondrá un retraso a la hora de conformar definitivamente la Sala que debe enjuiciar el primer juicio de los ERE, a lo que hay que sumar los meses que necesitará el ponente para el estudio del voluminoso sumario, son más de 14.000 folios sin contar los anexos, y la ingente labor de organización de un juicio con 26 acusados y que ha despertado tanta expectación mediática. Con este panorama, no creo que la vista pueda celebrarse antes de principios o mediados de 2018.

La bola de Chaves y Griñán

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2016 a las 5:00

 

                                          Rosell

Rosell

En los días previos al pasado jueves, el 15-S para Chaves y Griñán, habían proliferado los rumores de que iba a estallar una bomba de los ERE. Otra de tantas. El hecho de que el juez hubiese ampliado el lunes anterior el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía presentaran sus escritos de acusación hasta el 15 de octubre, había despistado sobre el hecho de que, como era previsible, el Ministerio Público había ya ultimado su calificación provisional y no iba a esperar a que se cumpliera la nueva fecha de entrega. En esa decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que por cierto no es nada criticable –¿por qué esperar cuando el escrito ya está listo?–, hay quien ha querido ver una intencionalidad política: la de intentar contrarrestar el escándalo de Rita Barberá que tantos quebraderos de cabeza está causando a la dirección nacional del PP.Sería utilizar la estrategia pueril del “y tú más…”
Lo mismo ocurría con las singulares coincidencias de determinados autos que dictaba la juez Mercedes Alaya –cuyas tesis no hay que olvidarlo se plasman claramente en el escrito de la Fiscalía–, que hacía coincidir esas resoluciones judiciales con periodos electorales o destacados hitos de la política. Eran autos que sacudían los cimientos del Gobierno andaluz, como cuando la magistrada alcanzó la cúpula de la pirámide a la que se refería constantemente en la instrucción con la preimputación de Chaves y Griñán. Esa actuación tuvo lugar en septiembre de 2013, el mismo día en que Susana Díaz y su Ejecutivo tomaban posesión del cargo. Septiembre se ha convertido en un mes negro en el devenir del caso ERE para los ex presidentes.
De aquel septiembre de hace tres años al actual, y al que pueda venir, porque por mucho que la Justicia pise el acelerador –que también sabe hacerlo cuando se lo propone–, el juicio por la pieza política de los ERE no podrá celebrarse, como muy pronto, hasta septiembre de 2017.
La bomba de los ERE de esta semana no sólo ha causado un gran impacto por la petición de seis años de cárcel a Griñán o la de ocho años para otros tantos ex altos cargos por un delito de malversación que el Tribunal Supremo sólo apreció en el ex consejero José Antonio Viera, pero no en el caso de Griñán.
Anticorrupción, siguiendo el auto de Álvaro Martín pero sobre todo los planteamientos de Alaya, se ha apartado de los criterios del Alto Tribunal, incluso en lo que se refiere al volumen del fraude. Para los fiscales delegados de Anticorrupción, como para Alaya, como el procedimiento de concesión de las subvenciones era ilegal, la totalidad de las ayudas lo son y por tanto los acusados deben devolver los más de 741 millones de euros concedidos entre 2000 y 2010 –Alaya lo cuantificó en casi 855 millones–.
El Ministerio Público se separa nuevamente del instructor del Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien planteó que aunque la cuantía global de las ayudas fuese nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. Porque habría ayudas a las que los trabajadores tendrían derecho y habrían sido correctas de haberse seguido el procedimiento administrativo adecuado.
Son muchos los factores que influyen en el retraso en la celebración de la vista oral por esta primera pieza separada de los ERE, porque para empezar la Audiencia de Sevilla aún tiene pendiente de resolver los recursos que los ex presidentes y otros altos cargos presentaron contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo pasado por el juez de refuerzo Álvaro Martín.
Lo que sí está un poquito más claro es cómo será el procedimiento para elegir al tribunal que enjuiciará a Chaves y Griñán. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado esta semana las nuevas normas de reparto para causas de “especial complejidad” –aquellas con más de 3.000 folios u ocho partes intervinientes, sin contar con la Fiscalía– acordadas por los jueces de las Secciones Penales que hay en la Audiencia de Sevilla.
Todo comenzará con un “sorteo” entre las cuatro secciones de lo PenalPrimera, Tercera, Cuarta y Séptima– para decidir el turno de reparto. De la bomba de los EREa la bola de los ERE. En ese sorteo no habrá niños de San Ildefonso ni azafatas del cupón o estrellas del fútbol como ocurre en los sorteos de la Champions. Lo llevará a cabo el secretario de los servicios comunes de la Audiencia de Sevilla, Luis Revilla, que colocará en un papel el número de cada una de las Secciones y luego el propio secretario, o una mano inocente, sacará uno de ellos, en un acto al que se convocará a los presidentes y secretarios de cada una de las secciones afectadas. Es lo mismo que se hizo a la hora de decidir el tribunal que debía enjuiciar el caso del asesinato de Marta, en el que se hizo un sorteo en presencia de los secretarios judiciales, y al final correspondió a la Séptima.
Una vez que se designe el orden del turno, las siguientes causas complejas –muchos asuntos económicos y de tráfico de drogas se incluirán en ese reparto– se irán distribuyendo por el orden fijado hasta que le llegue el turno al caso de los ERE, un procedimiento que todavía tardará varios meses en llegar a la Audiencia. Lo único que está claro es que el juicio no será en la Sección Séptima, porque este tribunal –en el que ahora está destinada Alaya– es el que resuelve todos los recursos de la instrucción y por tanto está excluida del enjuiciamiento. La bola de los EREsólo podrá recaer en las secciones Primera, Tercera o Cuarta. La suerte está echada, sólo queda saber dónde parará el bombo.

Chaves y Griñán, nuevo ‘paseíllo’

Jorge Muñoz | 13 de marzo de 2016 a las 7:00

chaves-griñánDeclaren o no declaren no evitarán el nuevo paseíllo. Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán están convocados este miércoles a prestar declaración, en calidad de investigados, por el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga la pieza del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas de los ERE. Lo más probable es que tanto los ex presidentes, como los otros ex aforados que han sido citados a declarar por el instructor, se limiten a ratificar las declaraciones que prestaron con anterioridad, ya sea ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Algunos de estos investigados vip, como el propio Griñán, se habían opuesto a declarar antes de ser llamados de nuevo a declarar por el caso de los ERE. De hecho, el abogado José María Mohedano aseguró en un escrito remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que esta nueva citación “sólo garantiza el paseíllo”. Y no le falta parte de razón al letrado, porque Griñán ya declaró por espacio de unas cuatro horas ante el instructor del Tribunal Supremo y lo hizo delante de dos fiscales del Alto Tribunal a los que contestó a 119 preguntas, según el recuento realizado por Mohedano.
El juez Álvaro Martín argumenta que deben comparecer para garantizar el derecho de defensa de los investigados y el principio de igualdad de las partes en el proceso, pero para la defensa de Griñán, su derecho a ser oído por el juez natural quedó “más que suficientemente colmado” con esa declaración ante el Tribunal Supremo.
Y sobre la igualdad de partes, el abogado del ex presidente recuerda que en el Supremo ya estaban presentes las acusaciones de Manos Limpias y el PP –no así el resto de las defensas–, a las que Griñán no accedió a responder a sus preguntas, ni tampoco lo va a hacer ahora porque “no va a cambiar esta línea de actuación que mantuvo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.
Mohedano concluye que, en realidad, a lo único que va a conducir esta nueva citación es a un “nuevo perjuicio injusto e innecesario como es el famoso paseíllo en una causa penal deliberadamente mediatizada y contaminada para obtener una repercusión pública que ha producido ya un daño enorme” a su representado y a otros investigados antes de la celebración del juicio oral, sostiene el letrado. Mohedano cita un ejemplo:A Griñán “nunca se le notificó un auto de preimputación que dictó la juez Mercedes Alaya antes de enviar la exposición razonada al Tribunal Supremo; pero este auto fue divulgado inmediatamente con grandes titulares por todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, dando lugar a que se abrieran informativos de televisión y a que se realizaran programas de debate público en radios y televisiones”. Y esto, concluye el letrado, “no debe volver a suceder”, porque con la citación sólo se garantiza ese nuevo paseíllo.
La tesis del letrado tiene sentido como argumentario jurídico, pero Mohedano olvida que el paseíllo mediático de los imputados ante los tribunales está avalado por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de acuerdo con el protocolo de comunicación de la Justicia de 2015, un texto que fue presentado por el presidente del Supremo y del máximo órgano de gobierno de los jueces en la Comisión Permanente del 16 de julio de 2015 y en el Pleno del 22 de julio de ese mismo año.
Este manual, que regula el trabajo de los medios audiovisuales en el ámbito de los tribunales españoles, señala expresamente que “los medios de comunicación deben poder tener acceso a la imagen que se produce en el exterior de los juzgados, ya sea de imputados o de testigos, con los límites que establece la ley”. Por ello, continúa el protocolo, se debe facilitar el trabajo de los medios de comunicación audiovisuales “en los exteriores”, teniendo como prioridad la “garantía del funcionamiento de la Administración de Justicia y sin perturbar la normal actividad en las dependencias judiciales”.
El protocolo fija incluso que debe establecerse un “perímetro lógico donde puedan estar los periodistas para tomar imágenes sin dificultad ni obstáculos intermedios que impidan su grabación” y, además, se deberá facilitar un espacio “donde se puedan grabar declaraciones de cualquiera de las partes y delimitar un lugar donde los periodistas puedan realizar sus crónicas en directo”.
En la práctica, este protocolo suele traducirse en la colocación de vallas a las puertas de los juzgados, que guían el camino que deben realizar los llamados a efectuar el paseíllo. De hecho, para la declaración de los ex presidente de la Junta del próximo miércoles se está barajando la posibilidad de colocar estas vallas, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha declarado en el caso de los ERE un ex alto cargo relevante de la Junta, o como en su día se hizo durante la celebración del juicio por el asesinato de Marta del Castillo, en el que se fijó un perímetro en torno al edificio de la Audiencia de Sevilla, donde tuvo lugar la vista oral.
El paseíllo que realizarán Chaves y Griñán y los otros ex aforados que también han sido imputados en la pieza del procedimiento específico no será el último. Todavía tendrán que someterse a los que llegarán con motivo del juicio por esta pieza separada, que evidentemente por el número elevado de imputados –hay 51 personas citadas como investigadas– y la trascendencia de los hechos, se prolongará en principio durante numerosas sesiones. Pero para el juicio todavía quedan bastantes meses, dado que en principio no podría celebrarse antes de finales de este año o principios de 2017, si bien el magistrado Álvaro Martín tiene previsto enviar a la Audiencia esta pieza en el mes de junio, una vez que finalice esta ronda de declaraciones y la de otros imputados que han mostrado su intención de declarar después de haberse acogido a su derecho constitucional a no hacerlo cuando fueron citados en su día por la juez Mercedes Alaya. Es curioso que de la ley del silencio que impuso Alaya, ante la que nadie quería declarar al haberse corrido la voz sobre la vehemencia de sus interrogatorios, se ha pasado a una etapa en la que todos quieren comparecer voluntariamente.

Los sospechosos habituales de los ERE

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2016 a las 6:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Se han convertido en los “sospechosos habituales” del caso de los ERE. Ninguno de ellos parece sacado –por lo que se refiere a su criminalidad y peligrosidad social– de la brillante película del mismo nombre que interpretó Kevin Spacey en 1995 y en la que la intriga gira en torno al personaje ficticio de Keyser Söze, un poderoso jefe de una organización criminal. Pero aún así, sus visitas a los juzgados de Sevilla se han repetido en los últimos cinco años, tiempo que acaba de cumplir precisamente esta misma semana la instrucción judicial de los ERE fraudulentos.

El mismo día que se cumplía el aniversario, el pasado 19 de enero, la juez María Núñez Bolaños volvió a citar a uno los sospechosos habituales de los ERE, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Era la quinta vez que Antonio Fernández comparecía en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por el caso de los ERE, aunque hasta este momento sólo había accedido a declarar en una ocasión anterior, en abril de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya decidió enviarle a prisión provisional.
En las siguientes ocasiones en las que Alaya le volvió a citar, la ley del silencio se apoderó del ex consejero, que se acogió a su derecho a no declarar en todas ellas, salvo en la citación de esta semana. Fernández sí declaró, aunque brevemente –su paso por la sala no duró más de diez minutos–, ante María Núñez Bolaños, ante la que defendió que paralizó el pago de unos 600.000 euros a varias empresas concesionarias de la limpieza de Granada con motivo de una huelga, al considerar que ese compromiso de pago que adquirió el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero era ilegal.
Precisamente Javier Guerrero es otro de los sospechosos habituales de los ERE: ha comparecido en cuatro ocasiones anteriores en el juzgado y ha sido encarcelado de manera provisional en dos ocasiones. Y lo mismo sucede con muchos de los imputados –sobre todo ex altos cargos de la Administración autonómica– a los que, bien porque se le han ido ampliando las imputaciones con otras ayudas, o porque han surgido nuevos elementos o lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, han tenido que hacer el singular paseíllo por los juzgados del Prado.
De ese paseíllo no se librarán, ni siquiera, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes después de haber declarado en abril del año pasado ante el Tribunal Supremo, tendrán que comparecer en el juzgado sevillano –en este caso ante el juez Álvaro Martín, que ha asumido la investigación de la pieza separada del procedimiento específico– para declarar, si bien los ex presidentes y los demás aforados imputados podrían optar simplemente por ratificar sus anteriores declaraciones en las sedes de los otros tribunales que en su día investigaron estos mismos hechos.
Antonio Fernández fue además la primera persona que fue imputada por la juez Mercedes Alaya en la macrocausa de los cursos de formación, lo que llevó al abogado del ex alto cargo, Alfonso Martínez del Hoyo a mostrar su desconcierto por el hecho de que fuese el primer imputado en esta nueva investigación, al tiempo que consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores de la multinacional de automoción Delphi.
El letrado argumentó entonces que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.

GUERRERO NO DECLARA SOBRE LOS ERE PORQUE SE SIENTE INDEFENSOLa defensa alegó que traer a una sola persona al proceso –en aquel entonces era el único imputado–, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
Alaya consideró que la defensa había realizado una “interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial”, y ratificó que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, que fue el segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
Pero en las distintas macrocausas hay otros imputados que se repiten, como el ex consejero de Innovación Martín Soler o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, que han sido los primeros “investigados” que figuran en la causa en la que se investigan los avales y préstamos de la agencia Idea, cuya instrucción está todavía en sus primeros pasos.
No son Kevin Space ni interpretan una película, pero sí que se han convertido en los sospechosos habituales de una investigación judicial que comenzó hace cinco años y que amenaza con durar más que alguna de las trilogías de la saga star wars.

Victoria de Alaya, pero con matices

Jorge Muñoz | 28 de junio de 2015 a las 5:30

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

 

La juez Alaya, cuando acudió a Granada para jurar su nuevo destino como magistrada de la Audiencia de Sevilla.

La exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal, proponiendo que la causa siga contra los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, supone de entrada un rotundo aval a las tesis que la juez Mercedes Alaya ha venido manteniendo en los últimos años en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos. Pero ese aval del Alto Tribunal a la instructora, que supone el reconocimiento al ingente trabajo que Alaya ha realizado estos años –algo que no me cansaré de repetir–, tiene importantes matices o apreciaciones.

Una lectura sosegada de los 130 folios de que consta la exposición razonada del magistrado Alberto Jorge Barreiro demuestra cómo éste ha asumido las principales tesis de la juez Alaya relativas al procedimiento “claramente ilegal” utilizado durante una década para la concesión de las ayudas y que hurtaba a la Intervención la fiscalización previa de las subvenciones. Resulta curioso descubrir como el magistrado del Alto Tribunal llega a emplear los mismos conceptos que, en su día, acuñó Alaya, como por ejemplo la “cúpula de la pirámide” de los ERE para referirse a la implicación de los ex presidente y los ex altos cargos de la Junta de Andalucía; o el hecho de que los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta al “procedimiento específico” empleado para la concesión de las ayudas no podían pasar desapercibido para los ex presidentes.
Ese rotundo aval a las tesis de Alaya encuentra un primer matiz importante a la hora de traducir a posibles delitos las conductas que se atribuyen a los aforados. La juez Alaya, en su propia exposición razonada –la que remitió en agosto del año pasado al Supremo– atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a los hasta ahora aforados.
El instructor del Supremo coincide con Alaya en la presunta prevaricación administrativa –por haber dictado resoluciones arbitrarias como las modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida 31L– pero los ha exculpado de la malversación de caudales públicos –el delito más grave, que lleva aparejadas penas de entre cuatro y ocho años de cárcel–, salvo en el caso del diputado ahora del grupo Mixto José Antonio Viera, que sí contempla este delito en su caso por la intervención en la concesión de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla.
Ésta es una de las principales discrepancias entre el juez del Supremo y Alaya, dado que la juez imputaba el delito de malversación a los ex presidentes por el desvío de su destino legal de los fondos públicos y “todo ello bajo la publicitada finalidad de la paz social, que en función de una política discrecional de favores y comisiones procedentes de fondos públicos, enmascaraba indiciariamente una realidad de proselitismo político continuado en el tiempo”, argumentaba Alaya en su exposición razonada.
Frente a este argumento, el Supremo sostiene que no hay datos indiciarios de que los ex presidentes y Zarrías “supieran que se estaba disponiendo de los caudales públicos presupuestados para las subvenciones con destino al lucro ilícito de terceras personas”. Para el instructor, Chaves, Griñán y Zarrías, “si sabían que el procedimiento de concesión era claramente ilegal, pero no constan indicios de que conocieran que se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para favorecer” a terceros.
Algunas fuentes apuntan a que esta tesis del Supremo puede afectar a otros tantos ex altos cargos imputados en el juzgado de Sevilla, que podrían ver cómo sólo son acusados de prevaricación, un delito que únicamente acarrea una pena de inhabilitación de entre siete y diez años, pero no una pena de prisión.
Otra de las grandes discrepancias del dictamen está en la cuantía del fraude de los ERE, que Alaya cifró en casi 855 millones de euros, al estimar que todas la ayudas eran fraudulentas porque fueron concedidas con un procedimiento ilegal. El instructor del Supremo matiza ahora que aunque esa cuantía sea “nula” por haberse infringido la ley, eso “no significa que todo el dinero haya sido defraudado en perjuicio del erario público” y explica que un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas “habría que concederlo también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”, lo que deja abierta la posibilidad para legalizarlas y, de hecho, Alaya tampoco ha exigido la devolución de la totalidad de las ayudas, que de otro lado fueron regularizadas con el decreto ley 4/2012.
Un tercer matiz introducido por el Supremo guarda relación con la exculpación de la ex consejera de Presidencia María del Mar Moreno, cuyas explicaciones son para el instructor “creíbles y asumibles”.
Tras el dictamen del Supremo, la investigación de Mercedes Alaya sale claramente reforzada porque había muchos que consideraban que la magistrada se había excedido al imputar a Chaves y Griñán, algo que el instructor ha dejado claro ahora que no era ningún disparate jurídico.

El relato que puede arrastrar a Griñán

Jorge Muñoz | 26 de abril de 2015 a las 7:00

manuelgomez

El ex interventor de la Junta Manuel Gómez, cuando declaró ante la juez Alaya, en 2013

La declaración del ex interventor de la Junta Manuel Gómez es clave para que el instructor pueda decidir sobre el futuro procesal del ex presidente José Antonio Griñán. Con su testimonio, el ex interventor puede arrastrar al todavía senador del PSOE hacia su procesamiento. Depende de lo que diga y cómo lo diga, evidentemente, pero lo que parece claro es que el ex interventor tiene ganas de declarar, puesto que él mismo solicitó comparecer después de leer las declaraciones de Chaves y Griñán, en las que apreció “numerosas manifestaciones absolutamente inciertas” y un intento de “derivarle falazmente responsabilidades que sólo a ellos incumben”. Según Gómez, los ex presidentes ofrecieron una versión de los hechos que “en modo alguno se ajusta a la realidad” y que “perjudican gravemente” a su defensa.

Hasta ahora sabemos lo que el ex interventor le dijo a la juez Alaya, cuando prestó declaración en julio de 2013. En aquella comparecencia, que se prolongó durante dos sesiones, Manuel Gómez afirmó que al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán “no le importaban nada” los informes de auditoría que realizaba la Intervención General de la Junta. O lo que es lo mismo, le atribuyó supuestamente una negligencia o una culpa in vigilando en relación con el escándalo de los ERE.

GRI?AN A SU SALIDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El ex presidente Griñán sale del Tribunal Supremo, donde declaró como imputado por el caso de los ERE fraudulentos.

Griñán se defendió en el Supremo asegurando que a lo largo de los años en los que ocupó el cargo de consejero de Economía y Hacienda se incrementaron los controles, en primer lugar, pero derivando la responsabilidad de lo ocurrido a la Intervención General de la Junta, que según el senador socialista nunca advirtió de “ilegalidades” y sólo apreció una “discrepancia contable”, y a los responsables de la Consejería de Empleo, que eran los encargados de controlar el gasto.

En aquella declaración, Alaya le reprochó al ex interventor que no “forzara a los políticos” a pronunciarse sobre las irregularidades mediante la emisión del informe de actuación, que habría requerido un pronunciamiento expreso del Consejo de Gobierno, a pesar de que la Intervención había denunciado las deficiencias hasta en 15 ocasiones.

Alaya le preguntó por qué no se opuso a las sucesivas modificaciones presupuestarias si sabía, según sus propias palabras, que se “estaba cebando sin descanso la corrupta partida de los ERE”, pero el ex interventor se escudó en que no tenía competencias según la ley de la Hacienda Pública.

Manuel Gómez admitió que “sólo una ínfima parte” de la partida 31L -conocida como fondo de reptiles- tuvo control financiero, pero mantuvo la legalidad del sistema de las transferencias de financiación, y señaló que era “impensable” que el consejero de Hacienda -en alusión a Griñán- “no conociera que se había generado un déficit de 93 millones” en el IFA por una sola dirección general.

Con sólo ratificar esta declaración ante el magistrado del Supremo Alberto Jorge Barreiro, el ex interventor ya estaría colocando a Griñán en una situación complicada, y aún más si encima profundiza y aporta detalles novedosos en ese sentido.

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZ

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que declarará en el Tribunal Supremo el próximo 30 de abril

Su testimonio puede verse completado por el que preste el ex consejero de Empleo Antonio Fernández dos días después, el próximo jueves, cuando ha sido citado a declarar, a petición de la Fiscalía del Supremo. Fernández, al que la juez Alaya envió a prisión provisional el 23 de abril de 2012, la noche del pescaíto de la Feria de Abril.

De hecho, la juez Alaya ha investigado en el caso de los ERE si hubo una “orden política” para que la Intervención no actuara tras los reparos puestos al sistema de las transferencias de financiación por el que se concedían las ayudas. En el auto que ordenó el ingreso en prisión de Antonio Fernández, la magistrada ya apuntaba que aunque los informes de la Intervención recogían sólo observaciones, el entonces consejero de Empleo debió tenerlas en cuenta, “todo ello sin perjuicio de que habrá que seguir investigando por qué no se concluyó por la Intervención, al rechazar las alegaciones de Idea”, y también determinar si en dicha omisión “pesó de alguna forma una orden o decisión política”.

Alaya no ha podido concluir que existiera ese tipo de orden a la Intervención, lo que sí ha constatado en el último auto es que el Gobierno andaluz “menospreció” los informes que incluían estos reparos que alertaban de las deficiencias del sistema por el que se concedían las ayudas, lo que hace que la declaración de Manuel Gómez cobre aún mayor interés para el futuro de la causa contra estos aforados.

Después de las declaraciones del ex interventor y del ex consejero de Empleo, todo apunta a que el instructor podría ya estar en disposición de tomar una decisión sobre si continúa el proceso contra los cinco aforados, contra varios o ninguno. Hasta ahora y, de acuerdo con el contenido de la investigación y de las declaraciones prestadas en el Alto Tribunal, todo parece indicar que los ex consejeros de la Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno podrían salir airosos de este embate judicial, que serían exculpados y la causa contra ellos archivada, porque de hecho ambos fueron incluidos in extremis por Alaya en su exposición razonada y porque el instructor ha tenido que solicitar una investigación complementaria a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no ha aportado ninguna novedad a lo que ya se sabía.

El ex presidente de la Junta Manuel Chaves también podría ser exculpado, porque los indicios contra él parece que son bastante menores. La situación parece que la tienen más complicada, a priori, el ex presidente Griñán, en relación a su etapa como consejero de Economía y Hacienda, y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, quien firmó con Antonio García -éste entonces en la presidencia del IFA- el célebre convenio marco de julio de 2001 por el que se concedieron las ayudas durante una década sin someterse a fiscalización previa y sin procedimiento alguno, según los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). De 5 aforados, la causa podría continuar sólo contra dos, o incluso si apuran contra uno solo -Viera, salpicado por las millonarias ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla-, en el caso de que el instructor entendiera que los ex presidentes no tenían por qué conocer el “gran fraude”, según las palabras del propio Griñán. Si al final la causa especial en el Supremo sólo sigue contra uno o dos aforados, supondría una gran derrota para las tesis que la juez Mercedes Alaya lleva barruntando en los últimos cuatro años. Pero ésa es otra historia…

 

 

Tranquilos, que Alaya no ha ordenado ‘tomar el Congreso’

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2014 a las 5:00

Las alarmas saltaron a media tarde. Una fuente solvente aseguraba que guardias civiles, de la Unidad Central Operativa (UCO)  que trabajan bajo las órdenes de la juez Mercedes Alaya, habían acudido al Congreso de los Diputados y al Senado para entregar un “sobre cerrado” procedente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos. El rumor, que es la antesala de la noticia según los teóricos de la información, se aderezaba con el hecho de que los guardias iban de paisano pero “armados”.mercedesalaya

A cualquiera que escuchara semejante información, por deformación profesional, no se le venía a la cabeza otra cosa que la imagen del coronel Antonio Tejero aquel nefasto 23-F de 1981. Pero por mucho que la fuente insistiera en la noticia de Alaya enviando a sus guardias al Congreso y al Senado, lo cierto es que la extraña visita tenía una explicación coherente, al menos judicialmente hablando.

Los agentes habían acudido en cumplimiento del auto dictado por la juez Mercedes Alaya el 19 de diciembre de 2013, en el que la magistrada, después de que la Audiencia de Sevilla revocará el auto en el que había pre-imputado a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejero autonómicos, modificó su anterior resolución, reforzando la motivación y volviendo a pre-imputarles en la causa de los ERE.

Al término de ese auto, Alaya ordenaba que se les notificara a los aforados esta resolución, “dándoles traslado del contenido de las presentes actuaciones a fin de que puedan personarse en la causa si fuera su interés”. De la misma forma, le daba traslado de los próximos señalamientos efectuados a fin de que pudieran “participar en su caso en los mismos a través de su representación procesal”. Y por último, que es lo que ha suscitado el nuevo desaguisado, Alaya ordenaba en ese auto que se libraran “los correspondientes oficios para que se acredite documentalmente en la causa la condición de aforados de las personas a las que se refiere el presente auto”.

Y eso es, sencillamente, lo que hacían los guardias civiles “de paisano y armados” en las Cámaras Baja y Alta. Otra pregunta es cómo un oficio que Alaya orden ejecutar el 19 de diciembre de 2013 no se ejecuta realmente hasta el 7 de abril, casi cuatro meses después de dictarse, pero con los retrasos que acumula esta causa, donde hay imputados que han sido citados a declarar hasta tres años y medio después de ser llamados al proceso, tampoco es de extrañar una demora así.

Dicen que el presidente del Congreso se negó a recibir el oficio porque esta institución sólo recibe comunicaciones a nivel de Tribunal Supremo, pero Posada quizás no conoce la perseverancia de Alaya, la incansable. Tranquilos, que Alaya no ha ordenado tomar el Congreso, como tampoco quiere desprenderse del caso enviándolo al Tribunal Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Alaya es mucha Alaya.