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Bolaños no es ‘archivator’

Jorge Muñoz | 27 de noviembre de 2016 a las 5:00

La juez Bolaños llegó con el doble marchamo de amiga de la Junta y presunta archivadora de las distintas macrocausas que durante más de cuatro años investigó Mercedes Alaya, a la que el TSJAy el CGPJ dejaron fuera de estas investigaciones precisamente por las críticas a su sucesora y la más que previsible falta de colaboración con la misma.
La juez Bolaños ha tomado esta semana una decisión que, evidentemente, tumba el falso mito de que venía a hacerle favores al Gobierno andaluz y al PSOE, con todo lo que este tipo de acusaciones infundadas representan de cara a la imparcialidad e independencia que se presume de todos los jueces. Bolaños no es archivator, el arma definitiva que viene a sobreseer todas las causas que afectan a los socialistas.
La juez ha elevado esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una investigación para que este tribunal investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario de organización de los socialistas sevillanos, Carmelo Gómez, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del entramado dirigido por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En ese dictamen, Bolaños ha incluido asimismo al ex concejal en elAyuntamiento de Sevilla José Antonio García y a la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Un auto que anula las críticas que ha recibido prácticamente desde antes de entrar en el juzgado.
Alaya llegó a decir de Bolaños, en un informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que tenía una “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, además de “escasos conocimientos” de la jurisdicción penal, tras haber pasado muchos años como juez de familia.
La magistrada que inició las macrocausas se cebó con vehemencia con su sucesora y legítima nueva titular del juzgado –Bolaños era la más antigua en el escalafón de la carrera para pedir la plaza–, al asegurar que la instrucción de Bolaños en la causa de los cursos de formación “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
Y es cierto que Bolaños ha dado carpetazo a la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que estaban imputados varios ex altos cargos de la Junta destinados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y en las ocho delegaciones provinciales. Pero también es cierto que no fue una decisión que la juez adoptara de oficio, puesto que viene avalada por un contundente informe nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción en el que se descartaba claramente la supuesta “red clientelar” que en su día advirtieron la propia Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ahora depende del juez de la Audiencia de Sevilla José Manuel Holgado, que ha sido designado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El que fuera alcalde de Sevilla fue además quien denunció en los tribunales el caso Mercasevilla, germen de los ERE y de las demás macrocausas que hicieron tan popular a Alaya.
Zoido ha pasado de denunciante del caso a dirigir la unidad que lo investiga. Curiosas las vueltas que da la vida, pero en el caso del nuevo titular de la cartera de Interior nadie ha cuestionado, al contrario de lo que se hizo con la nueva titular del juzgado, que pudiera influir en el curso de las pesquisas policiales.
Bolaños también ha archivado una pieza de los ERE, la relacionada con la ayuda de 1,3 millones concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén, porque entiende que en este caso no hay delito. Se trata de la primera vez que la instructora ha sobreseído una pieza por este motivo, no porque haya prescrito el delito, aunque en este caso no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado un recurso de apelación al considerar que esta decisión es “apresurada y precipitada”.
Y este archivo, como el de los cursos de formación, es verdaderamente trascendente, porque si la Audiencia lo confirma –cosa que se me antoja a priori difícil– podría provocar una avalancha de archivos de otras muchas causas relacionadas con ayudas a empresas en crisis, en las que no haya intrusos y en las que, prescindiendo del sistema empleado, pudieran haberse podido conceder.
Como titular del juzgado, Bolaños decidió entregar la principal pieza de los ERE al juez de refuerzo Álvaro Martín, quien finalmente ha acabado procesando a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos.
Dos archivos importantes y dos autos de procesamiento que no lo son menos. O dos de cal y dos de arena.Mientras siga actuando en conciencia no podrá colgársele el sambenito de Archivator.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La muerte de esta semana de un infarto de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha hecho saltar muchas alarmas. La ex senadora del PP falleció tan sólo dos días después de prestar declaración ante el Tribunal Supremo en el marco de la operación Taula. Su muerte ha hecho reflexionar a parte de la clase política. Desde su propio partido, representantes como el ex presidente del Generalitat valenciana Francisco Camps han criticado que el PP no arropara a la ex regidora. Hay quien dice que la muerte de Barberá puede marcar un ante y un después en la forma de actuar ante este tipo de causas tan mediáticas.

Rita Barberá: No he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni lo he ordenado

El abogado de Rita Barberá, José Antonio Choclán, pidió precisamente tras conocer el fallecimiento de la senadora una reflexión ante la presión que sufren las personas que se ven sometidas a una investigación penal y que, según dijo, son “vapuleadas” de forma pública. “Nadie sabe” los niveles de presión que se experimentan en estos casos los imputados. El caso de Rita Barberá, como el de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el escándalo de los ERE fraudulentos junto a otros 24 ex altos cargos de la administración autonómica, son dos buenos ejemplos de cómo en muchas ocasiones la sociedad dicta sentencia antes de que lo hagan los jueces, olvidando el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los ahora llamados investigados, también a los políticos. D. E. P. Rita Barberá.

 

El gasto en alquileres judiciales

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2014 a las 8:00

La Consejería de Justicia pagó en 2013 un total de 14,99 millones de euros en el alquiler de sedes judiciales en Andalucía. La cifra puede resultar muy elevada, pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que la Ciudad de la Justicia de Málaga costó unos 85 millones de euros. Además, la consejería que dirige el fiscal en excedencia Emilio de Llera ha logrado reducir en el último año en 2,7 millones la cuantía de los arrendamientos de sedes judiciales en toda la comunidad autónoma. Así, se ha pasado de los 17,7 millones que se abonaron en el año 2012 a los 14,99 millones. 

La fórmula del ahorro no ha sido otra que la renegociación de un centenar de contratos de alquileres, una negociación que se ha visto favorecida por la actual coyuntura del mercado inmobiliario, donde los precios siguen la tendencia a la baja.

Sea como fuere, bienvenida sea esta rebaja, que en el caso de Sevilla ronda los 850.000 euros, un 13% menos que el gasto realizado en el año 2012, donde se pagaron 6,57 millones frente a los 5,72 millones del 2013. Mientras Sevilla siga sin Ciudad de la Justicia -y esto parece que va para muy largo-, la Junta tendrá que mantener el pago de sedes judiciales como las de los edificio Noga, Viapol o Buhaira.

El edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla

El edificio de la Audiencia Provincial de Sevilla

La sede del Noga, que la Junta denominó como un edificio puente hasta la construcción de la futura Ciudad de la Justicia, parece que amenaza con convertirse en una sede cuasi permanente de los juzgados, y aunque es verdad que se trata de un edificio de nueva construcción, también lo es que no está del todo diseñado para un uso judicial, lo que conlleva algunos inconvenientes, como el angosto pasillo que hay frente a las salas de vista y que genera malos olores ante la acumulación excesiva de personas.

En la actualidad, como dijo el consejero Emilio de Llera nada más tomar posesión del cargo, el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla es ciencia ficción, pero muchos esperan que la economía vuelva a despegar en los próximos años y permita volver a la senda de la modernización de la Justicia. Pero para eso, primero hay que elegir la ubicación, y la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla siguen sin ponerse de acuerdo sobre si el campus judicial irá en el barrio de Los Remedios, como plantea la Administración autonómica, o en el Prado de San Sebastián, sede actual de los juzgados, como propone el alcalde de Sevilla, el magistrado Juan Ignacio Zoido

 

Otra vez la Ciudad de la Justicia como arma arrojadiza

Jorge Muñoz | 8 de diciembre de 2013 a las 8:58

Los políticos vuelven a usar la Ciudad de la Justicia de Sevilla como arma arrojadiza. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lleva seis meses sin ofrecer a la Consejería de Justicia e Interior los detalles técnicos de su proyecto de complejo judicial en el Prado de San Sebastián.  La Junta, por su parte, ha pedido en dos ocasiones -una por mail y otra a través de una carta- esos detalles técnicos para poder estudiar ese proyecto de cara a una decisión final sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia, que la Junta quiere que sea en Los Gordales, en el barrio de Los Remedios.

El alcalde ha pedido ahora a la Junta que le devuelva la titularidad de una parcela de casi 7.000 metros cuadrados que, en abril de 2011 -a sólo un mes de las elecciones municipales-, la anterior Corporación, que presidía el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, cedió a la Consejería de Justicia para poder comenzar la primera fase del macrocomplejo judicial sin necesidad de esperar a la resolución del litigio sobre las plusvalías de los Gordales que mantenía el proyecto totalmente bloqueado.

El Ayuntamiento ha pedido tanto la adscripción temporal de esa parcela durante dos meses -hasta enero de 2014- como su adscripción definitiva, pero la Junta la ha rechazado alegando que la misma forma parte de la futura Ciudad de la Justicia y le ha recordado que aún no le ha facilitado los datos técnicos.

Unos por una cosa y otros por otra, lo que viene a demostrar este nuevo desencuentro de las Administraciones autonómica y local es la verdadera falta de voluntad para sacar adelante un proyecto del que se lleva ya hablando dos décadas y cuyo horizonte se vislumbra aún muy lejano, sobre todo si se tiene en cuenta la situación económica actual, en la que no caben fuertes inversiones como la que requiere esta gran infraestructura judicial.

Este enfrentamiento sólo perjudica a la Justicia y a los ciudadanos, los destinatarios finales de la primera, que seguirán sin contar con unas instalaciones de las que ya se de disfruta en otras provincias andaluzas… Cuando se aproximen de nuevo unas elecciones, unos y otros volverán a utilizar el proyecto como arma arrojadiza… Al tiempo.

La versión municipal del “matar al mensajero”

Jorge Muñoz | 5 de octubre de 2013 a las 10:48

La consejería de Salud de la Junta ha rectificado y un día después de defender la actuación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la atención prestada al polaco Piotr Piskozub, que murió el pasado miércoles en el albergue municipal totalmente desnutrido -pesaba sólo 30 kilos-, ha anunciado que ha abierto una investigación interna. Esto no quiere decir que vayan a varias las primeras impresiones respecto a la asistencia prestada, pero por lo menos indica que se va a preguntar a los profesionales sanitarios cómo fue la atención que se dio a esta persona, que en principio parece que murió de una bronconeumonía.

Dicen que rectificar es de sabios y, en este caso, la rectificación no llega muy tarde. Ahora habrá que esperar el resultado de esa investigación interna de la Administración, que discurre de forma paralela a la que se lleva a cabo en el juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que estaba de guardia cuando tuvo lugar la desdichada y trágica muerte.

Distinta es la actitud del Ayuntamiento de Sevilla que preside Juan Ignacio Zoido. La única decisión que ha adoptado tras la muerte de este joven en un centro municipal ha sido la de expulsar a la persona que grabó el vídeo con unas imágenes que han dado la vuelta a España por su crudeza y de la que incluso se ha hecho eco la televisión polaca. Cierto es que al Ayuntamiento no se le puede exigir nada en la cuestión sanitaria -si el indigente había recibido el alta médica se supone que teóricamente no precisaba asistencia sanitaria-, pero no debe olvidarse que el fallecimiento tiene lugar en el albergue municipal, unas instalaciones de las que responde el Consistorio.

Y desde luego, lo que no se puede hacer es expulsar a la persona que grabó el vídeo como denuncia social, para mostrar la patética escena de un hombre muerto en un sofá mientras otras personas hacían cola para entrar a almorzar. Echar a esta persona necesitada es una versión municipal del “matar al mensajero”: cuando no se afronta el problema real y se dirige la actuación contra el transmisor del mensaje. Y de eso los periodistas sabemos un poco, porque en más de una ocasión somos víctimas de estas actitudes…

Zoido debería tomar ejemplo de la Junta y, aunque tarde, investigar qué ocurrió en el albergue municipal. Insisto, desde el punto de vista sanitario, la responsabilidad es hospitalaria, pero no estaría de más saber cómo estuvo asistida esta persona desde las dos de la mañana en que recibe el alta médica hasta las dos de la tarde, cuando fallece junto a la cola del almuerzo. Eso es lo menos que puede hacerse en memoria de Piotr Piskozub, el inmigrante que quería ver el mar.