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Las mujeres son ya el 64% de los jueces de menos de 50 años

Jorge Muñoz | 4 de abril de 2017 a las 17:01

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

Una juez celebra un juicio en un juzgado de lo Penal de Sevilla.

En el tramo de edad de entre 51 y 72 años, sin embargo, más del 60 % de los miembros de la Carrera Judicial son hombres. Esta circunstancia se refleja en la composición de los distintos órganos judiciales: las mujeres son mayoría en los unipersonales y los hombres en los colegiados. Las mujeres suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. En el País Vasco representan el 60,8 % del total de jueces y magistrados, según ha informado hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las mujeres representan ya el 64 por ciento de los jueces y magistrados en activo menores de 50 años, mientras que la situación se invierte en el tramo de edad comprendido entre los 51 y los 72 años, en el que más del 60 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial son hombres.

Así lo revelan los datos recogidos en el informe sobre la estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2017 elaborado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se hace un estudio demográfico de los 5.637 jueces y magistrados en activo, de los que 2.540 son hombres –el 47,3 por ciento- y 2.827 mujeres –el 52,7 por ciento-.

Cuando el análisis se hace por tramos de edad, sin embargo, esa situación de casi equilibrio entre los dos sexos desaparece: entre los 2.911 jueces y magistrados de menos de 50 años hay 1.853 mujeres –es decir, el 63,7 por ciento- y 1.058 hombres –el 36,3 por ciento-.

Lo contrario sucede entre los 2.456 miembros de la Carrera Judicial que tienen entre 51 y 72 años –la edad máxima de jubilación-, ya que aquí los 1.482 varones suponen el 60,3 por ciento, frente al 39,7 por ciento que representan las 974 mujeres.

Esta circunstancia tiene su reflejo en la composición de los distintos órganos judiciales: en los colegiados, como las Audiencias Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia -a los que se accede más tarde, una vez avanzada la carrera profesional-, el porcentaje de mujeres es del 37,7 por ciento y del 36 por ciento, respectivamente.

Así, de los 945 magistrados destinados en Audiencias Provinciales, 589 son hombres y 356 mujeres, aunque en algunos territorios estas últimas ya son mayoría: sucede en la de Illes Balears o en el conjunto de las del País Vasco.

Mientras tanto, de los 490 magistrados que integran los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia, 313 son hombres y 177 mujeres. Ya hay un Tribunal Superior, el de Cantabria, donde éstas son mayoría; mientras que en las Comunidades Autónomas de Canarias, la Comunidad Valenciana, Madrid y La Rioja el reparto es casi paritario.

El porcentaje de mujeres es muy similar en otro órgano colegiado como la Audiencia Nacional: el 37,1 por ciento. Esa cifra baja hasta el 13,9 por ciento en el Tribunal Supremo, donde la media de edad de sus miembros es de 63,5 años. Once de los 78 magistrados del alto tribunal son mujeres, tras la incorporación el pasado 8 de marzo de María de los Ángeles Parra a la Sala Primera.

La media de edad de los magistrados destinados en las Audiencias Provinciales es de 57,2 años; y la de los que sirven en Tribunales Superiores de Justicia de 58 años. Todavía un poco más alta -59,3 años- es la de los magistrados de la Audiencia Nacional.

La situación es la contraria en lo que se refiere a los órganos unipersonales: las mujeres son mayoría en todos ellos, salvo en los Juzgados de lo Mercantil y en los de lo Contencioso-Administrativo, donde suponen el 32,8 por ciento y el 43 por ciento, respectivamente.

El porcentaje más alto de representación femenina se da en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (69,2 %), y también es superior al 60 por ciento en los Juzgados de lo Penal, de Menores, de Primera Instancia e Instrucción y de Primera Instancia. En otros órganos, como los Juzgados de lo Social, los de Vigilancia Penitenciaria y los de Instrucción, las mujeres suponen más de la mitad de los jueces y magistrados destinados en ellos.

El País Vasco, la Comunidad Autónoma con más juezas

Las mujeres también suponen la mayoría de la planta judicial en trece de las diecisiete Comunidades Autónomas. Solo en las de Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra el porcentaje de hombres supera el 50 por ciento.

En el País Vasco, las juezas y magistradas representan el 60,8 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial destinados en el territorio. Le siguen Galicia (57,4 %), La Rioja (56,8 %), la Comunidad de Madrid (56,3 %) y Cataluña (56 %).

El informe publicado por la Sección de Estadística permite también saber que, de media, los jueces españoles tienen 49 años de edad y 18 años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Por Comunidades Autónomas, los jueces más jóvenes son los destinados en Canarias, donde la media de edad es de 45,7 años. Le siguen de cerca Extremadura (46 años) y Castilla-La Mancha (46,2 años). En el otro extremo se sitúan los jueces y magistrados de Madrid (52,8 años de media), Aragón (51,9) y Navarra (51,1).

En cuanto a la antigüedad en la Carrera Judicial, los más experimentados son los de Aragón (22,8 años de media), seguidos por los de Madrid (21,7) y Navarra (20,5). Mientras tanto, la media de antigüedad en Canarias es de 14,4 años; en Castilla-La Mancha de 14,6 y en Cataluña de 14,9 años.

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Su Señoría no descansa ni el domingo

Jorge Muñoz | 31 de marzo de 2017 a las 2:00

juzgados

Los domingos están hechos para descansar. Para disfrutar de una agradable lectura matutina del periódico en papel –ahora que están tan de moda las ediciones digitales–, para alejarse de la rutina diaria, leer un libro, disfrutar de la familia con una salida al cine, etc… Cualquier cosa menos doblarla, al menos el que pueda, porque hay muchas profesiones que no entienden de días de la semana ni de festivos. Entre estas se encuentran, evidentemente, las relacionadas con la Justicia. Pero una cosa es que estos profesionales se encuentren en servicio de guardia durante el día festivo y otra muy distinta que tengan que trabajar un día que en teoría está destinado al asueto.
La cuestión no es baladí, incluso está recogida en una ley, la del descanso dominical aprobada el 3 de marzo de 1904 por el Gobierno de Antonio Maura y que supuso una auténtica conquista social.
El caso es que una juez de Instrucción de Sevilla ha debido pensar que esa ley, como todas, están para cumplirlas. La magistrada ha dictado una sentencia en un juicio por los ahora llamados delitos leves, en la que lamenta precisamente que se ha visto obligada a redactar dicha resolución en domingo. La sentencia en cuestión se refiere a unas supuestas amenazas de un hombre a otro, cuyo juicio se celebró el pasado 3 de marzo y al que compareció el denunciante pero no el denunciado, a pesar de que éste se hallaba legalmente citado por el órgano judicial.
Lo primero que llama la atención de esta sentencia es el encabezamiento de la misma. Lo normal es que los jueces, desde un juzgado de Instrucción hasta los mismos magistrados del Tribunal Supremo encabecen la sentencia, con el número de la misma, año y, por supuesto, la fecha. Para ello se utiliza un formato estándar que consiste en nombrar la ciudad a la que pertenece el juzgado y por tanto donde se ha celebrado los hechos que han sido enjuiciados.

leydedescansodominical copia
Pero en la sentencia comentada, llama precisamente la atención que la leyenda empleada por la magistrada, que recoge lo siguiente: “En Sevilla, a domingo cinco de marzo de dos mil diecisiete”, remarcando precisamente el día de redacción de la misma.
A continuación, la magistrada pasa a describir, siguiendo la estructura habitual de las resoluciones, los “antecedentes” que se han sucedido en este caso y cómo la Fiscalía llegó a pedir la condena del acusado por un delito leve de amenazas con arma, solicitando que se le imponga una pena de multa de dos meses con una cuota diaria de seis euros (360 euros) y la prohibición de aproximarse a 20 metros del denunciante durante seis meses y a un bar.
Pero el antecedente verdaderamente importante es el tercero, donde la juez explica que en la tramitación de la causa se han observado las “prescripciones legales”, incluida los plazos para dictarla, algo que la magistrada reconoce que “se ha logrado dictándola el día de hoy Domingo dada la carga de trabajo que pesa sobre la juzgadora, la cual con ello se ve privada de sus derechos al descanso semanal y a la conciliación familiar”, afirma la juez.
Recientemente fueron los magistrados de lo Mercantil de Sevilla quienes, en otra sentencia, afirmaron que su carga de trabajo es “inhumana” y ofrecían datos de su situación. Es la sentencia como denuncia del colapso judicial.

De Llera retoma el camino

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 5:00

Emilio de Llera retoma el camino, aunque en este caso no es el que conduce a la ermita del Rocío. Varias semanas después de la reprobación parlamentaria por haber criticado duramente la independencia de los fiscales y de los jueces, el consejero de Justicia e Interior de la Junta ha vuelto al redil. En estas semanas que han pasado desde aquel 12 de mayo, De Llera ha intensificado sus encuentros, contactos y se ha fotografiado y mucho con jueces y fiscales. La senda a la que ha vuelto el consejero en estas semanas era la inevitable, sobre todo, porque la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha vuelto a avalarle como titular de Justicia, y porque en el fondo De Llera siempre ha tenido buenas relaciones con jueces y fiscales. No debe olvidarse su condición de fiscal en excedencia y las décadas que ejerció la carrera fiscal, prácticamente toda su vida profesional, antes de dar el salto a la política, en el año 2012.

El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, preside el pasado lunes junto al Presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, la reunión de la comisión mixta Junta-TSJA

De Llera, en la comisión mixta con el TSJA.

El pasado lunes, el consejero asistió a la reunión de la Comisión Mixta de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que intervino además el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río. En esa reunión se acordó ampliar hasta 180 el número de funcionarios de refuerzo en los juzgados andaluces con más carga de trabajo.

No era la primera vez que De Llera y Del Río se veían las caras tras la reprobación parlamentaria, puesto que el 19 de mayo ya se habían encontrado en el Parlamento andaluz durante la Comisión de Justicia en la que el presidente del TSJA presentó la memoria de funcionamiento de los tribunales andaluces correspondiente a 2015.

 

El 23 de mayo, De Llera mantuvo una reunión con  el magistrado Antonio Moreno Andrade, representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Andalucia Occidental y Ceuta y Melilla y presidente de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA,  y también con el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez García, quien recientemente no quiso pronunciarse sobre las palabras del consejero y se limitó a recordar el comunicado conjunto emitido por las cuatro asociaciones profesionales de jueces -APM, JpD, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, quienes habían reclamado la cabeza del consejero por sus declaraciones.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

Ese mismo 23 de mayo, De Llera estuvo en los actos del Día de la Provincia de Sevilla, donde coincidió con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el viernes 27 asistió a otro evento donde estuvo el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano.

Seguro que más de uno de los jueces con los que se ha reunido este tiempo le han comentado algo sobre sus desafortunadas afirmaciones en una entrevista en una cadena regional, donde De Llera afirmó que “los jueces hoy actúan como si fueran reyes de Taifas y los fiscales no son independientes porque reciben instrucciones de sus superiores jerárquicos y pueden ser de una manera u otra dependiendo de su color político. Los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y miren la que montó“, aseveró en esa entrevista.

De Llera, que es una persona muy inteligente, seguro que ha recapacitado sobre esa lamentable comparación. De hecho, al día siguiente no dudó en pedir perdón por sus palabras pero no evitó la escalada de críticas que acabó con su reprobación parlamentaria. Se trata de la primera vez que el Parlamento  andaluz reprobaba a un consejero.

Pero en el fondo, y aunque pueda parecer sorprendente, el sentido de las manifestaciones del consejero es compartido por otros destacados penalistas, como el abogado Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, quien en un artículo de opinión sobre la Justicia Penal española llegó a conclusiones similares. El letrado destacaba el papel del juez de instrucción “el hombre más poderoso en Francia en palabras de Napoleón, que creó la figura”, que deber ser investigador y acusador. Moreno Catena decía que en cuanto juez es “independiente”, de modo que en su función investigadora no puede recibir instrucciones de nadie, y “eso convierte al juzgado de Instrucción en un reino de Taifa, que se guía por los designios, acertados o erróneos, de su titular; con el problema añadido de que sus decisiones no se pueden corregir de modo inmediato, porque cuando el recurso de apelación lo resuelve la Audiencia seguramente se ha dañado irremisiblemente el derecho del ciudadano”.

El letrado concluía diciendo que si no contamos con jueces independientes “todo el sistema judicial está en riesgo porque le faltaría su pilar fundamental; y si además  los jueces no se dedican solamente a hacer aquello que sólo pueden hacer ellos, estaremos socavando irremisiblemente las bases del estado de derecho y de la democracia. Cuidado”, alertaba.

A De Llera le ha durado poco su travesía en el desierto de la reprobación parlamentaria, y ahora, menos de un mes después, vuelve a caminar por los caminos de la Justicia. Su peregrinación no ha sido tan dura como parecía en un principio…

El Supremo avala el pago a los jueces de los días de descanso no disfrutados

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2016 a las 14:06

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso del abogado del Estado contra el reconocimiento de pagos a los jueces por los días de descanso no disfrutados tras las guardias. El recurso de casación en interés de Ley planteado por el abogado del Estado se dirigió contra una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4, que condenó a la Administración a abonar a un juez 6.600 euros por el concepto citado, según ha informado hoy el Alto Tribunal.
El abogado del Estado argumentó que la sentencia aplicaba una doctrina errónea y que representaba un grave daño para el interés general, ya que podría acarrear “reconocer una indemnización a todos los jueces que han hecho guardias por los días de descanso que no han disfrutado después de su realización”, y la “aplicación de esta doctrina no sólo podría producirse por la interposición de nuevos recursos, sino también mediante la extensión de efectos de la sentencia recurrida”.

El abogado del Estado calculó, teniendo en cuenta sólo las guardias anuales de 24 y 48 horas, que la cuantía de estas indemnizaciones podía ascender a 1,6 millones de euros anuales, lo que multiplicado por 4 (al ser 4 años el plazo ordinario de prescripción de reclamaciones ante la Administración) representaría un total de 6,7 millones.

tsupremo

En su sentencia, la Sala III del Supremo destaca que “la parte recurrente no aporta dato alguno respecto de las guardias semanales, sobre las que recae precisamente la sentencia recurrida, ni tampoco en relación a las guardias de disponibilidad permanente. Únicamente cuantifica las guardias de 24 y de 48 horas, pero incluyendo las cifras de Madrid y de Barcelona, que representan un 43,47% del total y en relación con la cuales la normativa española ya contemplaba la posibilidad del día de descanso a la conclusión de la guardia”.

“Y, además –añade– desde el Acuerdo de 13 de octubre (de 2013) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ya está extendida la posibilidad del día de descanso tras el servicio de guardia o la correspondiente compensación horaria, para todos los Jueces y Magistrados que presten dicho servicio, lo que imposibilitará de futuro recursos con idéntica pretensión”.

El alto tribunal concluye que “no cabe estimar la concurrencia del grave daño para el interés general” que defiende el abogado del Estado, “dado que no se ha acreditado suficientemente el alcance del posible efecto multiplicador de la doctrina contenida en la sentencia impugnada, ni la entidad de la cuantía a que pudiera ascender el eventual perjuicio económico, ni el número aproximado de posibles afectados”.

Además, señala que, “al haber sido reconocido en el año 2013 el día de descanso posterior al servicio de guardia, difícilmente se va a producir el efecto multiplicador de persistencia en el futuro de una doctrina eventualmente errónea, la cual sólo podría considerarse susceptible de proyección para supuestos en los que resultase de aplicación la antigua normativa, los cuales no han sido cuantificados, con una mínima precisión, por la parte recurrente. no siendo posible apreciar la gravedad del daño que pueda ocasionarse a la Administración”.

 

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La OIT admite la queja del Foro Judicial por la vulneración al derecho al descanso de los jueces españoles

Jorge Muñoz | 26 de mayo de 2015 a las 9:25

balanza justiciaEl Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, en su 322ª reunión, de octubre-noviembre de 2014, acordó admitir a trámite la reclamación presentada con fecha de 19 de septiembre de 2014, por la asociación profesional de Jueces y Magistrados Foro Judicial Independiente, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, alegando el incumplimiento por parte del Gobierno de España del Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (106). En concreto, el Consejo de Administración considerable admisible la reclamación presentada por nuestra asociación, nombra un comité tripartito de expertos para su examen y nos informa de la posibilidad de efectuar alegaciones y proporcionar información complementaria, según ha informado hoy Foro Judicial Independiente.

El propósito de la reclamación formulada por la asociación judicial consiste en denunciar la vulneración de derechos de los Jueces y Magistrados españoles, relativos al descanso semanal, reconocidos y garantizados por el Convenio nº 106 de la OIT, derivado tanto de la actual regulación del servicio de guardia contenida en el Reglamento del Consejo General del Poder Judicial 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como de la regulación de las sustituciones entre Jueces y Magistrados, contenida en los artículos 207 a 216 LOPJ, tras la modificación llevada a cabo por LO 8/2012, de 27 de diciembre.

Esta reclamación se enmarca dentro de la línea de actuación seguida por la asociación para denunciar ante organismos internacionales tanto los graves ataques a la Independencia Judicial sufridos en los últimos años en nuestro país, como la vulneración de los derechos laborales de los Jueces y Magistrados españoles. En esta línea, además de esta reclamación ante la OIT, el FJI formuló en el año 2013 una Queja ante el Consejo Consultivo del Consejo de Europa, por la falta de independencia judicial en España, así como en 2014 ante la Relatora de la ONU para la Independencia Judicial, en apoyo de la iniciativa impulsada por la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial.

Desde la asociación muestran su satisfacción por esta admisión a trámite ante un organismo internacional del prestigio de la Organización Internacional del Trabajo, en la esperanza de que sea un primer paso en el reconocimiento y garantía de los derechos laborales de los Jueces y Magistrados españoles, tarea en la que “siempre podrán contar con el compromiso” de FJI, concluye el comunicado.

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Una realidad incontestable: las mujeres representan ya el 62,5% de los jueces con menos de 51 años

Jorge Muñoz | 6 de marzo de 2015 a las 19:03

Entre los 51 y los 70 años, el porcentaje es el contrario: los hombres suponen el 63,6 % · En total, en España hay 5.352 jueces y magistrados en activo, de los que el 52 % son mujeres · De los 30 miembros de la Carrera Judicial en excedencia voluntaria por cuidado de hijo, solo uno es hombre ·Las mujeres son mayoría en los Juzgados de lo Penal, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Primera Instancia, de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer · Los hombres, por su parte, son mayoría en los Juzgados de lo Mercantil, de lo Contencioso-Administrativo, órganos centrales y órganos colegiados

Las mujeres representan ya el 62,5 % de los miembros de la Carrera Judicial de menos de 51 años, según el “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2015” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy y que revela que, entre los 51 y los 70 años, el porcentaje es casi exactamente el contrario: los hombres suponen el 63,6 %.

Los datos indican que la presencia femenina en la Carrera Judicial sigue incrementándose: 2.781 de los 5.352 jueces y magistrados en activo son mujeres, lo que representa el 52 % del total, un punto porcentual más que el año pasado.

El informe revela también que, cuanto más jóvenes son los jueces, más amplia es la mayoría de mujeres entre ellos.

20-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Total

Mujeres

124

862

1.007

689

99

2.781

Hombres

62

462

669

942

436

2.571

Total

186

1.324

1.676

1.631

535

5.352

En porcentaje, las diferencias más grandes a favor de uno y otro sexo se dan en las franjas de edad más baja y más alta: las mujeres son el 66,7 % de los jueces de entre 20 y 30 años y los hombres el 81,5 % de los que tienen entre 61 y 70 años.

20-30 años

31-40 años

41-50 años

51-60 años

61-70 años

Total

Mujeres

66,7 %

65,1 %

60,1 %

42,2 %

18,5 %

52,0 %

Hombres

33,3 %

34,9 %

39,9 %

57,8 %

81,5 %

48,0 %

La media de edad de las juezas y magistradas españolas es de 45,1 años, frente a los 50,8 años de sus compañeros varones. Esta diferencia de cinco años se traslada también a la antigüedad en la Carrera: ellos llevan ejerciendo sus funciones jurisdiccionales una media de 19,2 años y ellas 14,4 años.

Tomando los datos totales, la edad media del juez español es de 47,8 años, y su antigüedad en la Carrera Judicial de 16,7 años.

El informe de la Sección de Estadística informa también de que, a 1 de enero de 2015, había 118 jueces y magistrados en la situación administrativa de servicios especiales, de los que el 52,4 % eran hombres; 8 en excedencia voluntaria por interés particular -4 hombres y 4 mujeres- y otros 30 en excedencia voluntaria por cuidado de hijo. De estos últimos, 29 eran mujeres.

Las mujeres, mayoritarias en los órganos unipersonales

Según los datos del “Informe sobre la Estructura de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2015”, los órganos unipersonales son los destinos en los que la presencia de mujeres es mayoritaria.

En el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, el Registro Civil Exclusivo Único, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, la presencia femenina es igual o superior al 60 %.

Los únicos órganos unipersonales en los que hay mayoría de titulares varones son los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Las mujeres también son minoría tanto en los órganos colegiados –es decir, en las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia- como en los órganos centrales: Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

El siguiente cuadro indica el porcentaje de mujeres por tipo de órgano:

Tipo de órgano

% mujeres

Juzgado de Violencia sobre la Mujer

66,7 %

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

64,6 %

Registro Civil Exclusivo Único

63,2 %

Juzgado de Primera Instancia

60,6 %

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria

60,0 %

Juzgado de Menores

59,5 %

Juzgado de lo Penal

57,6 %

Juzgado de Instrucción

56,9 %

Juzgado de lo Social

53,6 %

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

41,2 %

Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo

36,4 %

Audiencia Nacional

36,2 %

Tribunal Superior de Justicia

35,0 %

Audiencia Provincial

34,1 %

Juzgado de lo Mercantil

27,4 %

Tribunal Supremo

13,6 %

En el Tribunal Supremo, el órgano donde el porcentaje de mujeres es más bajo, la presencia femenina se ha incrementado del 11,7 % del año pasado al 13,6 % actual, ya que el número de magistradas ha pasado de 9 a 11 después del nombramiento por el CGPJ de Inés Huerta Garicano para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de Ana Ferrer García para la Sala de lo Penal, convirtiéndose esta última en la primera mujer en esta sala en la historia del alto tribunal.

Las mujeres, mayoría entre los jueces en diez Comunidades Autónomas, una más que el año pasado

Las juezas y magistradas son mayoría en diez de las 17 Comunidades Autónomas, una más que el año pasado, ya que a la lista se incorpora La Rioja, donde las mujeres han pasado de ser el 48,7 % de los miembros de la Carrera Judicial a representar a 1 de enero de 2015 el 53,7 %.

El País Vasco sigue siendo el territorio con más presencia de mujeres, con el 62,2 %. Le siguen la Comunidad Valenciana (56,3 %), Galicia (56,1 %), Madrid (55,9 %), Illes Balears (55,4 %), Cataluña (55,2 %), La Rioja (53,7 %), Castilla y León (53,5 %), Canarias (53,4 %) y Extremadura (53,2 %).

En el otro lado, los órganos centrales –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional- son los que cuentan con menos mujeres, un 22,9 %. Por territorios, las Comunidades Autónomas donde la presencia femenina no llega al 50 % son Murcia (42,0 %), Navarra (44,6 %), Aragón (46,7 %), Asturias (47,3 %), Cantabria (48,1 %), Castilla-La Mancha (47,8 %) y Andalucía (48,6 %).

Los jueces más jóvenes, en Canarias. Los más experimentados, en Aragón

Atendiendo a la media de edad de los jueces y magistrados por territorios, el informe revela que los más jóvenes están en Canarias (43,9 años), mientras que en el otro extremo se sitúan los destinados en Madrid (51,3 años).

Sin embargo, es Aragón la Comunidad Autónoma donde los jueces cuentan, de media, con más antigüedad: 21 años. Los destinados en Canarias llevan una media de 12,5 años de servicios en la Carrera Judicial.

Esas medias suben sensiblemente en los órganos centrales. Los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo tienen una edad de 59,9 años y una antigüedad de 28,8 años.

Por último, la media de jueces por cada 100.000 habitantes en España es de 11,4. Ocho Comunidades Autónomas superan esa cifra: Asturias (13,9), Cantabria (13,1), La Rioja (12,9), Galicia (12,8), Illes Balears y Canarias (12,6), Castilla y León (12,7) y Aragón (11,5).

El nuevo papel del fiscal como instructor de los procesos penales

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2013 a las 21:51

La propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, reforzará el papel del Ministerio Fiscal, al que se atribuirá la instrucción de las causas penales y reducirá además los delitos perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado.

La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Alberto Ruiz Gallardón.

La posibilidad de que se le encomiende a los fiscales la instrucción lleva barajándose desde hace ya tiempo y, de hecho, hace años que se implantó con éxito en la jurisdicción de Menores, donde en relación con los expedientes de reforma  instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Además, se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. En estos procesos, el fiscal solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Lo que habrá que ver es la postura que adoptarán los jueces sobre esta propuesta, que recorta sus funciones al entregar la instrucción a los fiscales, y a buen seguro que se abrirá un nuevo frente en la batalla de los jueces contra el Ministerio de Justicia.

Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera que con la reforma del proceso penal se incluya una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española. El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.

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Menos días de permiso para los jueces, nueva munición para la futura huelga

Jorge Muñoz | 28 de diciembre de 2012 a las 20:17

A partir de mañana, los jueces verán reducidos sus días de permiso anuales de 18 a 12 y los jueces sustitutos quedarán para casos excepcionales, una vez que entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haber sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado y que supone dotar a los jueces de nueva munición en el conflicto que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que amenaza con desembocar en una huelga a partir de enero.

La denominada Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia estará vigente desde mañana, salvo dos preceptos que afectan a las licencias por enfermedad.  Con esta reforma, los juzgados y tribunales tendrán en 2013 una nueva forma de trabajar que llevará a los jueces titulares a ejercer sustituciones, cuya retribución será igual al 80 por ciento del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. El problema está en que muchos jueces no pueden ni siquiera asumir su propia carga de trabajo, la que entra a diario en los juzgados de los que son titulares, como para a partir de ahora tener que asumir más trabajo. Porque sustituir a un compañero un día de juicio no sólo implica entrar en sala, dado que este magistrado tendrá que dictar las sentencias correspondientes a ese día a pesar de que no sea el titular del órgano sustituido.

Con la nueva ley, los alumnos de la Escuela Judicial contarán con un periodo obligatorio en el que realizarán labores de sustitución y refuerzo, una jurisdicción que ejercerán con “idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial” durante un tiempo mínimo de cuatro meses. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para fijar su retribución.

La norma ha provocado el rechazo de las asociaciones judiciales y de los jueces sustitutos que ven en la misma una finalidad “meramente presupuestaria” que no solucionará el colapso en esta Administración pero que “mandará a la cola del paro” a cerca de 1.600 personas.

En cuanto a la reducción de los permisos de los jueces, los días de asuntos propios se ven reducidos a tres días al año frente al vigente sistema de seis permisos de tres días cada uno. Además de los tres días de asuntos particulares, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones o no queden cubiertas las necesidades del servicio.

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La guerra de Gallardón

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 0:01

Gallardón ha puesto en pie de guerra a toda la Justicia. Ha logrado en sólo unos meses al frente del Ministerio lo que nadie había conseguido hasta ahora: reunir bajo un mismo estandarte a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, a los abogados y a los funcionarios de Justicia.

Desde septiembre pasado, los jueces españoles están dando diversos pasos que conducen irremediablemente a una nueva huelga, la reedición de la histórica jornada que se vivió en febrero de 2009. Este miércoles, los juzgados y Audiencias de España pararon durante una hora para mostrar el rechazo de toda la Justicia a las reformas que promueve el ministro.

Gallardón ha contraatacado acusando a los jueces de echarse a la calle porque se les ha quitado la paga extra de Navidad y por la reducción de los días de asuntos propios anuales. En su contraataque, Gallardón no ha dudado en sacar la munición pesada. Ha revelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, le pidió nada más acceder al cargo que financiara un plan de pensiones para los jueces con las polémicas tasas, que se han colado como un nuevo frente en la guerra del ministro contra toda la Justicia.

Cierto es que, entre las primeras reivindicaciones de los jueces, aparecían algunos aspectos económicos y de su régimen estatutario, pero decir que los jueces protestan sólo por motivos económicos es un razonamiento bastante simplista que no obedece a la realidad. Sólo con examinar el último comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto de jueces y fiscales queda claro que, para nada, esa es la motivación de la carrera.

Los jueces protestan porque ya no pueden soportar más la situación que se vive en unos juzgados sobrecargados de trabajo y en los que los expedientes se acumulan por los pasillos y los suelos de los juzgados porque no hay ya estanterías donde guardarlos. Los jueces también protestan porque están cansados de tenerle que decir a los ciudadanos que su sentencia ha tardado muchos casos hasta casi un año en dictarse porque esa carga de trabajo les impide hacerlo a su debido tiempo. Los jueces protestan porque se ven obligados a fijar un juicio de una reclamación laboral para dentro de dos años, lo que está llevando a muchos ciudadanos a aceptar acuerdos leoninos al no poder esperar tanto tiempo.

Los jueces también protestan porque sus plantillas de funcionarios son escasas, las bajas por enfermedad de estos trabajadores no se cubren a tiempo y cuando se hace, se trata de personas que a veces necesitan de un nuevo período de aprendizaje.

Los jueces protestan porque no quieren ser el próximo juez Tirado, quien, debido a la escasez de medios y a la falta de control de centenares de ejecutorias, descubrió un día horrorizado al ver el telediario que un individuo al que había condenado por abusos sexuales a su hija seguía en libertad y estaba acusado del asesinato de la pequeña Mari Luz. Este escándalo fue el germen de la primera huelga de la Judicatura, en la que por primera vez en la historia los jueces se alzaron para el reclamar al Ministerio más inversión en la Justicia y para gritar que no podían continuar así. Casi cuatro años después, la situación de la Justicia ha empeorado, en parte por la crisis, que ha aumentado el número de asuntos que llegan a los juzgados, de un lado, y por los recortes presupuestarios, de otro. Con el tema de las ejecuciones de sentencias, los jueces siguen “sentados en un polvorín”, como definió acertadamente un magistrado hace varios años.

Los jueces protestan porque esta escandalosa carga de trabajo que soportan está afectando no ya sólo a su vida laboral -personalmente no conozco ningún juez que no se lleve trabajo a casa-, sino a su propia salud. El caso de la juez Mercedes Alaya, la instructora de los ERE fraudulentos, puede ser un ejemplo de esto último.

Los jueces reclaman contra el intento del Ministerio de limitar la independencia de su máximo órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también protestan, en último extremo, por la ley de tasas, que ha vuelto a unir a la Justicia contra este ataque contra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, porque también es verdad que ahora con el tasazo los más perjudicados van a ser los ciudadanos de clase media, que van a tener que pagar, por ejemplo, por recurrir una sentencia de un despido. Pero no sólo se trata de pagar, es que en algunos casos será absurdo acudir a los tribunales a reclamar Justicia, porque quien va a presentar un recurso contra una multa de 200 euros si ésta misma cantidad es la que tendrá que abonar sólo en concepto de tasas, sin añadir los honorarios de abogado y procurador. Es absurdo. Claro que así sí que se va a reducir la litigiosidad, pero ¿a qué coste?

En este panorama, reducir, como ha hecho el ministro, la protesta de los jueces y fiscales a cuestiones de índole estrictamente económico, es un grave error. Lo que está en juego es mucho más importante. Es el propio Estado de Derecho del que gozamos lo que está en juego, porque sin una Justicia independiente, surgen muchos peligros. Gallardón debe escuchar la voz unánime de la Justicia o de lo contrario la rebelión de las togas se aproxima de nuevo.

El problema de la guerra de Gallardón, como todas las guerras, es que no es tan fácil distinguir entre vencedores y vencidos, porque todos pierden algo en el camino…