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Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Una mina para la UCO

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2017 a las 2:00

NUEVE DETENIDOS EN SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN HERACLES POR FRAUDE EN LOS ERE

Un agente de la Guardia Civil durante un registro.

Una auténtica mina de información para la UCO. En eso se pueden convertir los millares de correos electrónicos que los agentes de la Guardia Civil han intervenido de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernandez Guerrero.
Un oficio de la UCO del pasado 9 de enero solicitando a la juez la intervención de los mails ya incluía la cuenta del consejero, a pesar de su condición de aforado, lo que impide esta investigación ordenada por un juez de instrucción, que no tiene competencias para ello. La Guardia Civil no indicó a la instructora que Maldonado seguía ocupando el cargo en la actualidad y el auto de la magistrada autorizando los pinchazos, que tiene fecha de 17 de enero, dispuso que “el suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la consejería, en ese momento, el consejero José Sánchez Maldonado y el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros , y el secretario general de la consejería , en aquella fecha, Vicente Fernández Guerrero”.
Sólo cuando la Junta le recordó a los agentes que se presentaron el 23 de enero en la sede de la Consejería el aforamiento de Sánchez Maldonado, la UCO, de motu proprio, comunicó a la juez que había acordado “excluirlo de la lista de personas afectadas” por el auto, pero no hay ninguna resolución de la instructora corrigiendo su decisión anterior de investigar las cuentas de correo del consejero, algo que le está vedado jurisdiccionalmente.
La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, según confirmaron fuentes del caso.
La empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, informó a la Guardia Civil y a la juez que ponía a disposición de los investigadores programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de los correos, dado que la labor encomendada estaba poniendo en riesgo la función de backup de la información.
La respuesta de la Guardia Civil, en sendos oficios remitidos el 31 de enero y 7 de febrero, no tiene desperdicio. Para empezar, los agentes sostienen que el sistema de almacenamiento físico de los datos contenidos en los correos electrónicos del personal de la Junta es “antiguo y obsoleto”, lo que provoca que las labores de localización y obtención de datos resulten “lentos” porque se encuentran en “cientos de cintas magnéticas, lo cual obliga a hacer una búsqueda en el sistema para averiguar en qué cinta se encuentra el backup de un año y cuenta determinada, para después cargarla manualmente en un robot que se encarga de las operaciones mecánicas de obtención de los citados datos”, según relata el oficio del 7 de febrero.

Aznalcóllar 21 FOTO.JUAN CARLOS VAZQUEZ
En el oficio del 31 de enero, la Guardia Civil comunica a la juez que efectivamente para una “eficaz práctica” de la diligencia encomendada será necesario el uso de herramientas de búsqueda y filtrado, para “ceñirse únicamente a los extremos de la investigación, si bien dicha búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas que se realicen conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”, argumentaba la UCO.
Los agentes insistían en que “limitar la información a analizar a una primera y única búsqueda mediante el filtrado de palabras, nombres y fechas cerradas, sin posibilidad de acceder posteriormente al total de la información, mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de la investigación que le encargó en su día la juez Patricia Fernández a la Guardia Civil después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara la reapertura de las investigaciones?
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ordenó expresamente a la UCO en octubre pasado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis –ganadora del concurso para la reapertura de la mina– y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Y con ese mandamiento, lo que ha hecho la Guardia Civil es acudir en tromba a la Junta para incautarse de todos los correos electrónicos de funcionarios y altos cargos, pero ni siquiera ha solicitado un solo papel, documento o correo electrónico a Minorbis ni a la empresa Magtel, y todo ello a pesar de que en el oficio del 9 de enero, en el que solicita el acceso a los correos, los investigadores destacaban las “estrechas relaciones que sostienen el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno, con la administración andaluza, concretamente, entre otros, con los responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de la presente casua, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado, como consejero, y Luis Nieto Ballesteros, como viceconsejero”.
Resulta paradójico que de un concreto encargo de la juez, el “papel real” desempeñado por Minorbis y de la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales, la UCO haya asumido por completo y absolutamente la investigación de toda la causa. Basta echar un vistazo al arranque del oficio del 9 de enero para comprender cómo se extiende el objeto de la investigación más allá de lo solicitado por la magistrada.
La Guardia Civil justifica su intervención de la siguiente forma: “Que para la valoración de los hechos y circunstancias que se pretenden investigar, en torno al procedimiento concursal objeto del análisis y a la actuación de los distintos actores que, de manera indirecta o indirecta, han ido participando en las distintas fases, sería necesario retrotraerse en el tiempo más allá de la fecha de la publicación del concurso público, mediante la resolución de 13 de enero de 2014”.
Y en este contexto, los agentes han pedido –y la juez lo ha autorizado– los miles de correos electrónicos enviados y recibidos durante tres años, entre los que puede haber incluso muchos que afecten al contenido de los Consejos de Gobierno de la Junta, porque no hay que olvidar que los viceconsejeros participan en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida popularmente como consejillo, y su comunicación electrónica va a estar en poder de la UCO.
La juez ha acordado que mañana se proceda a hacer en las dependencias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla una copia del disco duro de 2 terabytes que contiene la información intervenida. Y aunque la instructora ha dado instrucciones para que los investigadores estudien “única y exclusivamente aquellos pasajes de los correos” relacionados con la causa de Aznalcóllar y excluya todo lo relacionado con la defensa de los funcionarios imputados, lo cierto es que, si nadie lo remedia, habrá entregado una mina –o una bomba– de información a la UCO. Y veremos si los investigadores son capaces de sacar petroleo, como acostumbran, aunque luego muchas de sus actuaciones se vayan desinflando conforme avanza la instrucción judicial. Es el riesgo de la Alayización de los procedimientos judiciales y la tendencia a fomentar la creación de macrocausas.

 

Una intervención “masiva e indiscriminada”

La UCO tendrá acceso a los miles de correos si la juez rechaza la petición de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que ha pedido al juzgado que anule el volcado de los correos previsto para mañana, al entender que podría causar “irreparables perjuicios” y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera “prospectiva”.

La viceconsejera de Empleo María José Asensio

La viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

La actuación de la UCO y la autorización concedida por la juez provocó que el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, enviara una carta a la juez recordándole su condición de aforado, por lo que la instructora no podía intervenir sus comunicaciones. En esa misiva, el consejero cuestionaba la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación “masiva e indiscriminada” de comunicaciones electrónicas. Esa carta fue enviada al juzgado el 31 de enero pasado –ocho días después de que la UCO se presentara en la sede de la Consejería requiriendo la documentación, y en la misma el titular de Empleo solicitaba la revocación del mandamiento judicial en la parte que le afectaba.

Maldonado explicaba a la juez que el correo electrónico es un “instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectos por esta investigación masiva e indiscriminada del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones atribuidas al Poder Ejecutivo”, por lo que alertaba de que se podía ocasionar un “grave perjuicio a los intereses generales”.

Por su parte, los letrados del servicio jurídico de la Junta de Andalucía, que representan a los funcionarios imputados en la causa de la mina, se pronunció en el mismo sentido en un escrito presentado el 24 de enero, en el que señalaban que la “intervención masiva, indiscriminada y prospectiva de las comunicaciones está proscrita por la ley” porque la medida ha de ser “necesaria y proporcionada al fin perseguido” y advertía que en esos correos podría haber comunicaciones relativas a su defensa. La juez tildó de “infundadas” las críticas de los abogados e insistió en que “única y exclusivamente” se trata de acceder a los pasajes que están “directamente relacionados” con la investigación.

Bolaños revienta la “red clientelar” de Alaya

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 5:15

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

María Núñez Bolaños aguó ayer la festividad de la patrona a más de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil. La juez dirigió duros ataques a los investigadores por la forma en la que éstos abordaron el supuesto fraude de los cursos de formación, partiendo de sospechas que se centraban en “irregularidades administrativas” y que 18 meses después han desembocado en el monumental carpetazo de la denominada “pieza política” de los cursos, en la que estuvieron imputados 24 altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

Bolaños criticó con vehemencia las hipótesis o teorías “elaboradas” por la UCO en torno a la existencia de una “red clientelar” para favorecer a determinadas empresas afines al Gobierno andaluz o al PSOE y que partirían de un concierto entre la dirección general de Formación y las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder arbitrariamente esas millonarias ayudas. En realidad, el auto de archivo supone, en la práctica, echar por tierra las tesis que en su día lideró o asumió la anterior instructora, Mercedes Alaya, a la que Bolaños evidentemente no cita en ningún momento en los 23 folios de su resolución. Un auténtico guantazo sin manos a las tesis de Alaya, si me permiten la expresión, en la cara de la UCO. ¿Quién si no amparó y encabezó las tesis de la confabulación respecto a la forma en la que se repartían los millones de los cursos y se dejaban de justificar?

Uno de los párrafos del auto de Bolaños incluye una reflexión para los jueces que no puede pasar desapercibida. “Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas, cuando, como hecho objetables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del Derecho Penal”.

La juez desmonta a lo largo del auto las tesis de la Guardia Civil, que llegó incluso a cifrar erróneamente en 3.000 millones el importe del fraude. La cifra total concedida, al establecer el silogismo de que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.

La Fiscalía Anticorrupción aclaraba perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos, al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo ha prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.

Pero la UCO no fue la única que recibió reproches de la instructora. El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en la macrocausa de los cursos, fue el otro gran damnificado por el auto de archivo. Bolaños reprocha a los populares que denuncie los vínculos con el Gobierno o el PSOE en 38 empresas de las 18.000 subvenciones concedidas, algo que carece, según la juez, del “más mínimo rigor” y se planteaba incluso cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el propio PP-A, o a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para la formación. Pero, lógicamente, ese estudio más amplio no se incluía en el análisis presentado por la acusación particular.

En otras ocasiones hemos sostenido en esta sección que esta investigación de la “pieza política” de los cursos era un bluf, pero un bluf que se llevó por delante a 24 altos cargos y funcionarios, como el x consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los sospechosos habituales de las macrocausas, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido -cuñada del ex consejero Ángel Ojeda- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio. De estos 24 imputados, 16 de ellos fueron detenidos en otra de las operaciones-espectáculo de la UCO, la que se realizó en marzo de 2015 y última que dirigió Alaya, donde los agentes detuvieron incluso a algunos de los altos cargos cuando se dirigían al colegio con sus hijos. Todo un despropósito que se diluirá tras el archivo de esta pieza, a la espera del recurso que ha anunciado el PP y que deberá resolver la Audiencia de Sevilla. Pero habida cuenta de que tras este sobreseimiento está la propia Fiscalía Anticorrupción, el recurso tiene pocos visos de prosperar en principio.

Pero no debe olvidarse, en medio de esta vorágine de las macrocausas, que todavía siguen abiertas otras tantas investigaciones relacionadas con las subvenciones para los cursos de formación, entre ellas las ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda o el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, así como de los consorcios de formación Ciomijas o Formades. Y en algunas de estas piezas, Bolaños ya ha citado a declarar como investigados a otros altos cargos, como la propia ex directora de Formación María Teresa Florido, que declarará el 20 de octubre. La investigación sigue abierta, a pesar de que muchos acusen a Bolaños de haber solicitado la plaza que dejó libre Alaya para archivar las macrocausas, una acusación que realizó la propia Alaya cuando dijo en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la división de la investigación e n piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”. Alaya se equivocaba según su sucesora, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas -que no apreció menoscabo de fondos públicos-, porque la investigación ha demostrado que la causa se inició investigando irregularidades administrativas y ha acabado por demostrar que no hay delitos más allá de esas irregularidades administrativas.

Alaya no es la única culpable

Jorge Muñoz | 15 de marzo de 2016 a las 6:30

JUZGADOS.Las cosas no son del todo blancas o negras, siempre hay matices y tonos grises. Culpar única y exclusivamente a la juez Mercedes Alaya de las prescripciones de los delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE no es del todo justo. Debe partirse, indudablemente, de que el caso es lo que es por la actuación directa de esta magistrada, que durante más de cuatro años llevó una instrucción plagada de luces y sombras. Desde ese punto de vista, Mercedes Alaya, como máximo responsable de la instrucción, sería absolutamente responsable de la prescripción de los delitos.
Y no será porque los delegados de la Fiscalía Anticorrupción, cuales eficientes moscas cojoneras, llevaban advirtiendo a Alaya desde el inicio de la investigación de la posible prescripción. Más de media docena de escritos hicieron los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández planteando esta preocupación a la instructora. El primero de esos escritos data de abril de 2011, tan sólo tres meses después de que se iniciara la investigación de la macrocausa, en enero de ese año. Los fiscales habían planteado a Alaya que la investigación de las posibles irregularidades en las ayudas –en las que se abarcaba un periodo tan amplio como una década– debía comenzar precisamente por las subvenciones más antiguas, puesto que el plazo de prescripción para estos delitos era de diez años.
Los fiscales plantearon a Alaya que comenzara las pesquisas por las ayudas recibidas por Jerez Industrial e Hijos de Andrés Molina (Hamsa), pero el verdadero problema de prescripción no estaba en las ayudas sociolaborales como éstas, que se concedían a los trabajadores –el delito se seguiría cometiendo mientras continuasen abonando los pagos a los prejubilados–, sino en las ayudas directas a empresas, donde por lo general se efectúa uno o varios pagos y, desde ese momento, comienza a contar el plazo de la prescripción.
Mercedes Alaya, cuyas relaciones nunca fueron buenas con los fiscales, hizo caso omiso al planteamiento de Anticorrupción, dada su personalísima manera de instruir y de dirigir la investigación de las macrocausas. Si la investigación hubiera comenzado por las ayudas más antiguas, como las que han provocado las primeras prescripciones, la situación podría ser bien distinta. Hay que aclarar, no obstante, que lo que prescribe es la responsabilidad penal de los empresarios beneficiarios de las ayudas, pero no la posibilidad de exigir a las empresas la devolución de las ayudas. Pero ése es otro cantar y muy complicado, porque muchas de las empresas que recibieron fondos públicos simplemente ya no existen.
Pero decía que la culpa de la prescripción, en sí misma, no puede atribuirse por completo a Alaya. No puede pasar por alto que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tardó más de tres años en entregar el atestado sobre las cuantiosas ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla. Y hasta ese atestado, como reconocía la Audiencia Provincial en el auto que declaró prescritos los delitos de dos empresarios, Alaya no tuvo conocimiento de la “notitia criminis” sobre estos hechos, por cuanto hasta ese informe la línea de investigación de la Sierra Norte no era más que una “indagación a ver qué subvención había sido concedida ilegalmente”.
Pero si injusto puede resultar culpar exclusivamente a Alaya de la prescripción, también lo es derivar la misma a la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía. Y no lo digo yo, lo dice la propia Mercedes Alaya, que llegó a reconocer que la Junta “potenció” la investigación en el caso de la Sierra Norte.
En un auto dictado el 27 de enero de 2015, que es conveniente recordar –es lo que tiene la hemeroteca–, Alaya rechazó expulsar a la Junta del caso de los ERE, como había solicitado el sindicato Manos Limpias. La juez criticó la “ambivalente posición” de la Junta como acusación, pues por un lado “debe velar por los intereses de la institución”, y por otro “no se escapa advertir en su estrategia procesal cierto apego, a determinados cargos hoy implicados que la han representado durante décadas”. Esta “contradicción interna”, según Alaya, no se tradujo en un “entorpecimiento de la causa, pues salvo el desorden del comienzo de la misma, su dirección letrada ha cumplido fielmente y con extraordinario celo profesional la entrega de documentación que le ha sido requerida, potenciando en algún caso concreto, como las ayudas de la Sierra Norte, las diligencias de investigación”. Y añadía que la Junta ejerció una acusación más pasiva que activa “pero sin obstaculizar, más bien al contrario, la obtención de las pruebas”.
En los ERE ni todo es blanco nuclear ni negro enlutado.

Alaya vuelve a escena

Jorge Muñoz | 25 de febrero de 2016 a las 7:00

alayaAlaya lleva ya ocho meses en su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde comienza a hacerse notar por su gran capacidad de trabajo y por los primeros casos relevantes que le están correspondiendo tras haber pasado página a su etapa de instructora de las macrocausas. La juez está inmersa actualmente en la redacción de la sentencia por la presunta estafa piramidal del grupo Contsa –sentencia que todo apunta será voluminosa, dada las peculiaridades del caso–, de la que fue designada como ponente, y también está a la espera de que, en los próximos meses, presida su primer caso con jurado popular, en relación con el supuesto cohecho del bolso de Loewe, la Loewe story, que sentará en el banquillo a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso por haber recibido supuestamente ese regalo a cambio de su voto en una moción de censura. La ex regidora alega que se trató, en realidad, de un regalo amoroso, ya que mantenía una relación con el empresario que le hizo el obsequio.
Pero sí interesantes eran estos dos primeros casos llamativos, más lo es para el que acaba de ser designada su ponencia: el carpetazo por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, la investigación que en noviembre pasado acabó con un auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, al estimar la instructora que no había prevaricación por parte de los funcionarios y técnicos que decidieron adjudicar el contrato a Grupo México-Minorbis, en detrimento de la empresa denunciante, Emerita Resources.
Alaya vuelve a escena y lo hace por todo lo alto, enfrentándose de nuevo con la Junta de Andalucía, la Administración con la que protagonizó sonados enfrentamientos en las macrocausas de los ERE fraudulentos y de los cursos de formación.
Como magistrada ponente de los recursos de Aznalcóllar, Alaya tendrá que estudiar una investigación en la que fueron detenidas formalmente 15 personas, de las cuales siete fueron finalmente imputadas y citadas a declarar en el juzgado.
Pero aunque Mercedes Alaya es la ponente de estos recursos, no será la que única que decida sobre si el archivo es correcto o debe ordenarse la reapertura de la investigación, como plantean Emerita y el sindicato Manos Limpias, que ejercen la acusación. Al tratarse de un órgano colegiado, la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia dependerá de los tres magistrados designados para resolver los recursos, si bien es cierto que siempre se tiene en bastante consideración la opinión del magistrado ponente, aunque la misma no sea vinculante.
En cualquier caso, Alaya vuelve a toparse con la Junta, o la Junta con Alaya. Seguro que la designación de esta ponencia ha puesto nervioso a más de uno en San Telmo -no sin razón-, porque no se puede olvidar que durante cinco años Alaya se convirtió en el azote de la Junta, a la que viernes tras viernes –era el día elegido por Alaya para soltar sus autos-bomba– sobresaltaba con sus contundentes resoluciones.
Ahora habrá que ver si Alaya ve delitos en la reapertura de Aznalcóllar donde la otra instructora apreció un procedimiento “correcto” y advirtió de que había que distinguir las “ilegalidades administrativas” de las infracciones penales. Sea cual sea la decisión de laAudiencia sin duda será relevante.

El refuerzo que Alaya no quiso

Jorge Muñoz | 26 de enero de 2016 a las 6:30

15/06/2015: Entrada de la jueza alaya a los juzgadosFoto; V?-ctor RoAlaya acababa de regresar a su despacho en el juzgado de Instrucción número 6 tras una baja de seis meses. Corrían los primeros días de marzo de 2013. En su ausencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había designado dos jueces de refuerzo –Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes– para que el caso de los EREy las otras macrocausas no se estancaran durante la ausencia de la magistrada. Lo cierto es que esos seis meses de la baja de Alaya se perdieron, porque la instrucción apenas avanzó, más allá de algunas actuaciones de trámite, y no fue hasta el retorno de Alaya cuando se impulsó verdaderamente con una nueva operación de la UCO por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de los ERE.
Pero volviendo a la reincorporación de Alaya, dicen que la juez llegó a afirmar en petit comité que los jueces de refuerzo le habían “invadido” su despacho y habían metido mano a sus asuntos.
Nada más tomar de nuevo las riendas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya se reunió con Ana Rosa Curra y con Rogelio Reyes para tratar, supuestamente, la redistribución del trabajo. Tras esa reunión, dela que Ana Rosa Curra salió muy molesta, los tres jueces se reunieron con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que se había desplazado a Sevilla para intentar suavizar la tensión que se había producido con los magistrados de refuerzo.
La idea del TSJA era que entre los tres jueces se repartieran la instrucción de las macrocausas –entonces Alaya también estaba investigando el delito societario del Real Betis–, pero el presidente del Alto Tribunal se topó con la cruda realidad. Alaya no estaba dispuesta a ceder ninguna de las macrocausas a los jueces de refuerzo.
Al final, el TSJA optó por retirar a Ana Rosa Curra del juzgado de Alaya, quien dos meses después llegó a prometer a Lorenzo del Río que acabaría la instrucción de una de las macrocausas antes del verano (cosa que nunca ocurrió).
Ahora el Alto Tribunal andaluz, una vez amortizada la Alaya instructora, ha logrado imponer finalmente sus planes para tratar de agilizar las macrocausas al diseñar una estructura para este juzgado que incluye la presencia de tres jueces: dos con dedicación exclusiva a las macrocausas y otro para llevar los asuntos ordinarios. Sin Alaya, Lorenzo del Río lo ha tenido más fácil.

Alaya y la ‘Loewe story’

Jorge Muñoz | 3 de diciembre de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya, en el tribunal del caso Contsa.

La juez Mercedes Alaya, en el tribunal del caso Contsa.

Si el juicio contra la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso (PP) por el presunto soborno del bolso de Loewe era ya de por sí interesante por la materia de que trata –una regidora acusada de cohecho que alega en su defensa una historia de amor, la loewe story–, acaba de subir su expectación al conocerse que la implacable Mercedes Alaya será la juez que presidirá este juicio. No es la primera vez que Alaya, ahora destinada como magistrada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, entra en juicio. La hemos visto, por ejemplo, en el juicio por la estafa de Contsa, pero sí será la primera vez que la magistrada dirige una vista oral de estas características en la Audiencia de Sevilla.

Hace ya muchos años, en concreto en 2002, este reportero de tribunales tuvo la oportunidad de presenciar a Alaya en acción, dirigiendo un juicio, aunque en aquellas fechas la magistrada no tenía la popularidad de hoy. Era una juez de Instrucción más de los 20 que hay en Sevilla, aunque ya apuntaba maneras. En aquel juicio de faltas, se sentaban en el banquillo de los acusados siete taxistas, algunos de ellos dirigentes de alguna asociación del gremio, imputados por haber insultado al entonces delegado de Tráfico, Blas Ballesteros (PSOE), con aquella raya de tiza que dibujaron en el suelo. La sala estaba abarrotada de compañeros de los taxistas acusados, muchos de ellos incluso de pie, y Alaya ya demostró entonces su capacidad para dirigir un juicio que podía resultar conflictivo por momentos, como cuando declaró el concejal Ballesteros, en medio de la hostilidad de muchos de los asistentes. Alaya resolvió aquel juicio dictando una sentencia ‘in voce’, en la que absolvió a los siete acusados en medio de un sonoro aplauso de los asistentes. Un primer reconocimiento generalizado de la más grande, que luego alcanzaría fama a nivel nacional con el escándalo de los ERE y las otras macrocausas.

ANA HERMOSO, ALCALDESA DE BORMUJOS

La ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso.

Cuando se fije el juicio contra la ex alcaldesa de Bormujos, que podría celebrarse en los primeros meses de 2016, veremos de nuevo a Alaya en el estrado. Su fama le precede. Atrás quedan las duras críticas de los abogados defensores en las macrocausas por los vehementes interrogatorios de la instructora a los imputados, lo que acabó convirtiendo el paseíllo de los imputados en una versión española de la omertá, la ley del silencio. Todos los imputados se acogían, uno tras otro, a su derecho a no declarar ante la juez Alaya, lo que permitía que la magistrada pudiera citar un mismo día a una decena de imputados, separando las comparecencias con sólo treinta minutos entre una y otra. La cosa ha cambiado con la nueva titular, María Núñez Bolaños, que ha realizado cambios en los interrogatorios, al acceder a su grabación. Ahora no hay ningún imputado que se niegue a declarar. Es más piden declarar voluntariamente.
De todas formas, la intervención del juez en un juicio con jurado está muy medida. Aún así, seguro que la vista oral será una buena oportunidad para observar a Alaya en plena acción, dirigiendo el proceso. A quien no le habrá hecho mucha gracia la designación de Alaya seguramente es a la alcaldesa, sobre todo, porque aunque el jurado es el que debe emitir el veredicto de culpabilidad o inocencia, Alaya será la encargada de valorar el veredicto y redactar la sentencia. Y ya sabemos que Alaya tiene buena pluma cuando se trata de casos de presunta corrupción. A sus autos me remito.

Alaya se hace los madriles

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2015 a las 6:00

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya se fue a los madriles. Y como era de esperar no pasó desapercibida. La juez incansable aprovechó que le habían concedido un premio de jurista del año los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho para lanzar un discurso en el que cargó contra todo el mundo: la Junta de Andalucía, el Gobierno y el Poder Judicial.
Después de haber rechazado multitud de entrevistas que le habían solicitado la totalidad de los medios de comunicación en Sevilla –en esta cuenta no entra el pseudoreportaje que publicó hace tiempo la glamourosa Vanity Fair, que la llevó a su portada–, Alaya rompió el silencio mediático que había guardado celosamente durante cinco años para despacharse a gusto. La expectación era máxima. Y el discurso sorprendió por sus críticas. Tengo que confesar que a cualquier periodista de los que hemos seguido la trayectoria de la magistrada en los últimos años, nos hubiera encantado que esta primera intervención pública de Alaya hubiera tenido lugar en Sevilla, aunque nadie es profeta en su tierra. Era la primera vez en la que los titulares salían de sus propios labios y no había que extraerlos de los numerosos autos y resoluciones que ha dictado en el último lustro, lo que le confería además un plus de morbosidad. La imagen y la palabra son muchas veces más contundentes que el negro sobre blanco.
A estas circunstancias se añade el hecho de que hace tan sólo unas semanas la magistrada fue apartada, por méritos propios, de la investigación de las macrocausas, después del crítico informe que remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que acusaba a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, de no estar preparada para afrontar estas investigaciones y mostrar su preocupación por la supuesta amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, a quien Alaya le atribuía la condición de ser un “notorio detractor” de su labor como instructora.
Alaya, que en estos años se ha enfrentado con todo el mundo –la Junta, la Fiscalía Anticorrupción, los abogados de la defensa, algunos de los imputados, etc.–, criticó abiertamente en su intervención a la Administración autonómica, al asegurar que la Junta le puso “todas las trabas del mundo”. El enfrentamiento con la Junta fue patente en muchos momentos de la instrucción de los ERE, como cuando el Gobierno andaluz se negó a entregarle las actas de los consejos de Gobierno.
Luego tuvo su continuidad en otro de los frentes importantes abiertos por Alaya, el de los cursos de formación, una investigación de la que la Junta intentó apartarla acusándola de haber convertido su juzgado en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la Consejería de Empleo” y de dar lugar a formar una “causa general” contra la Administración andaluza.
Alaya se defendía reprochando a la Junta que su actitud en muchas ocasiones parecía más propia “de una defensa que de una acusación particular”, lo que le llamaba la atención a la juez por la “aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”, llegó a relatar en un auto de los ERE.
Los reproches de Alaya no han recibido por ahora ninguna contestación del Gobierno andaluz. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha limitado a comentar que su Gobierno “siempre” va a colaborar con la Justicia, “esté quien esté, en el momento que sea” y con aquello que se les solicite, sin entrar al trapo de las críticas de la magistrada.
Alaya confesó en su discurso, en el que no hubo lugar para la autocrítica, que a lo largo de estos años recibió “muchísimas presiones”, incluso desde el Poder Judicial. “Las presiones te cortan la respiración, cuando vienen del lado equivocado, de tu casa”, aseveró en su discurso. Y también aprovechó su intervención para alardear de que muchos ciudadanos han vuelto a confiar en la Justicia gracias a su labor. Es cierto que Alaya tuvo el inmenso mérito de llegar a donde otros jueces no habrían sido capaces de hacerlo, pero hay otros muchos jueces, también aquí en Sevilla, que instruyen casos de corrupción y que cuentan con menos medios de los que tenía Alaya y sin ningún juez ni secretario de refuerzo. Un ejemplo es el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga entre otros asuntos el caso Invercaria, la utilización de las transferencias de financiación en empresas públicas, o las irregularidades de la Fundación DeSevilla.
Mercedes Alaya está integrada en la Sección Séptima de la Audiencia –conocida en los mentideros judiciales de Sevilla como el Kremlin y que es la encargada de resolver los recursos de los ERE–, donde a pesar de que en un principio sus compañeros mostraron su preocupación por su llegada, ya está destacando por su inagotable capacidad de trabajo. La más grande, apodo cariñoso con el que Alaya fue bautizada por un abogado, sigue siendo noticia hasta fuera de las macrocausas.

La reina de las portadas

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:30

Una juez de extrema timidez que pasó del anonimato a acaparar las portadas nacionales. Mercedes Alaya Rodríguez (1963) ingresó en la carrera judicial en noviembre de 1988, fecha en la que se incorporó a un juzgado de Primera Instancia de Sevilla. Diez años después, en julio de 1998, Alaya fue destinada al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para sustituir al magistrado Ángel Márquez –instructor del caso Juan Guerra– con motivo de su paso a la Audiencia de Sevilla.Screenshot_NormalAppImage(1)
Alaya comenzó a adquirir cierta popularidad en Sevilla en 2008, cuando asumió la investigación del delito societario a Lopera. Se crearon entonces perfiles en las redes sociales con miles de seguidores de la magistrada. Después vinieron los escándalos de Mercasevilla y, sobre todo, el de los ERE fraudulentos, que catapultó a Alaya a las primeras páginas de los diarios, incluso los de tirada nacional, un espacio que hasta ese momento sólo ocupaban los jueces de la Audiencia Nacional que investigaban otros grandes casos de corrupción como la trama Gürtel o la del ex tesorero del PPLuis Bárcenas.
La figura de la juez Alaya fue creciendo a la par que se iban conociendo detalles sobre su particular como de instruir o interrogar a los distintos imputados que desfilaban por su juzgado para someterse a un interrogatorio que algunas defensas no dudaron en calificar de “inquisitorial”.
Su extrema timidez contrasta con su forma de actuar cuando ejerce su labor como magistrada. Las broncas de Alaya a los imputados eran frecuentes. Expresiones como “me aburre”, “me está mintiendo descaradamente”, “me está alarmando” o “deje de andarse por las ramas” forman parte del catálogo que la juez desplegó con muchos de los imputados. Los incidentes eran continuos, como cuando la magistrada reprochó a un ex alto cargo de la Junta que estuviera “haciendo teatro” en su comparecencia.
Para evitar esos altercados, los abogados defensores reclamaron ala juez que grabara las declaraciones, pero Alaya se negó a ello y lo argumentó diciendo que los vídeos serían colgados en internet, contribuyendo a una “morbosidad innecesaria y a convertir el procedimiento en una absoluta comparsa”.
Alaya demostró además en estos años que sabía manejar los tiempos informativos, y de ahí que hiciera coincidir destacados autos con determinados hitos de la política autonómica. El más sonado se remonta al 10 de septiembre de 2013, cuando la instructora dictó el auto en el que preimputaba a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y JoséAntonio Griñán, una resolución que se hizo publica la misma mañana en la que el nuevo Gobierno autonómico estaba tomando posesión tras la marcha de Griñán, abrumado por el caso de los ERE.
Desde octubre de 2013, Alaya tiene un servicio de escolta, que le fue puesto por la Policía Nacional después de que la magistrada fuese increpada a su llegada a los juzgados de Sevilla por decenas de sindicalistas que le lanzaron insultos de “fea, hortera y pepera” con motivo de la puesta a disposición de varios sindicalistas detenidos en una operación de los ERE.
La renovación de sus votos matrimoniales en marzo de 2014, al cumplir los 30 años de casada con el auditor Jorge Castro; el reportaje en la revista Vanity Fair unos meses después y su inclusión en el ránking de las 100 mujeres líderes de España en 2013 fueron acrecentando la imagen más glamourosa de la magistrada, junto a la ya consagrada de adalid contra la corrupción.
La imagen que Alaya construyó en el último lustro se vino abajo en sólo unos meses, los que han transcurrido desde que en enero pasado lograra una plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla. Alaya luchó por mantenerse al frente de las macrocausas, pero se equivocó al criticar con dureza la preparación e independencia de la juez María Núñez Bolaños, lo que ha acabado por apartarla de los casos que la convirtieron en la juez incansable, la más grande. La reina de las portadas.

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La complicada herencia de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

Una trayectoria como instructora con muchas luces pero también con bastantes sombras. Los últimos siete años de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han estado marcados por una instrucción eminentemente expansiva, en la que la juez no ha cesado en abrir línea tras línea de investigación hasta el punto de que parecía que quería destripar las entrañas de la Junta de Andalucía, sometiendo a la Administración a una especie de causa general, una actuación que está proscrita por la legislación española.
Evidentemente no se puede negar la extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación que en los últimos años ha mostrado la magistrada, cuya marcha como instructora no puede dejar indiferentes a nadie. Tras su salida de las macrocausas y su incorporación definitiva a la Audiencia de Sevilla, hay aspectos que se echarán de menos y otros tantos que no.
Contra la corrupción
Entre las cosas que echaremos de menos se encuentra, como no, esa ingente capacidad de trabajo, demostrada ampliamente a lo largo de estos años; y su demostrada valía en la lucha contra la corrupción. Alaya ha profundizado en la instrucción de los ERE hasta un punto en el que, probablemente, no se habría atrevido a llegar otro juez. De la investigación de la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla, Alaya destapó el fraude de los ERE y de ahí se derivaron otras línea de investigación como la de las irregularidades en los cursos de formación o a la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea.
Menor eficacia
La estadística es el peor enemigo de Alaya. Ha abierto más de media docena de procesos, pero más de la mitad siguen aún en investigación. En los últimos siete años –si contamos desde 2008, cuando se inició la investigación del delito societario al máximo mandatario del Betis, Manuel Ruiz de Lopera–, la instructora sólo ha sido capaz de cerrar, y de manera desigual, tres causas y sólo una de ellas ha sido enjuiciada y sentenciada, eso sí con condena de dos de los cuatro acusados. Se trata del cohecho de Mercasevilla, que acabó con la condena a pagar una multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la absolución por el Tribunal Supremo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien Alaya sentó en el banquillo con indicios débiles. Antes había sido declarada inocente por el jurado la secretaria de Mercasevilla.
Antes de ocupar su nuevo destino como magistrada en la Audiencia de Sevilla, la juez finalizó su instrucción, inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, con respecto a la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
La tercera causa finalizada, aunque aún no ha sido remitida formalmente a la Audiencia de Sevilla, se refiere a las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de la empresa Mercasevilla, en la que están procesadas 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La herencia
El escenario que deja Alaya a su sucesora, María Núñez Bolaños, resulta bastante complicado.Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en las tres macrocausas que siguen abiertas: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos de la agencia Idea. Estos dos últimos sumarios están en un estado más incipiente de instrucción, con lo que María Núñez Bolaños no debe tener muchas dificultades para ponerse al día con estas investigaciones e impulsarlas, sobre todo si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el sumario de los cursos de formación.
Los ere, a menos del 40%
El caso de los ERE es diferente. Se trata de una investigación que se inició en enero de 2011, por lo que está a punto de cumplirse los cinco años de la instrucción. Aunque una parte fundamental de la investigación puede considerarse acabada, la que afecta al denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones de euros y por el que fueron imputados ante el Tribunal Supremo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo cierto es que Alaya apenas ha completado el 40% de la investigación de las subvenciones bajo sospecha.
las prescripciones
La tan anhelada división de los ERE en tres grandes bloques, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo reclamando a Alaya y que no se ha materializado hasta la incorporación de la juez María Núñez Bolaños, plantea nuevos inconvenientes relacionados con la posible prescripción de los delitos. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Según precisaron fuentes del caso, con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.
declaraciones y fianzas
Pero no sólo hay problemas de prescripción en el caso de los ERE. La nueva magistrada tiene por delante el laborioso trabajo de dividir la causa en los tres bloques, uno de ellos con más de 200 piezas –una por cada una de las ayudas concedidas a las empresas–, y debe además seguir tomando declaración a los imputados que surjan en este proceso, en el que hay ya implicadas 265 personas, de las cuales 60 son intrusos que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones sin tener derecho y sin haber trabajado en las empresas.
Una causa como los ERE genera además numerosos recursos, providencias y autos que ahora debe resolver la juez María Núñez Bolaños. La Fiscalía le pidió recientemente a la magistrada que fijara las fianzas civiles de 83 imputados en los ERE –casi un tercio del total–, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen. Esta es la complicada herencia que deja Alaya a Bolaños: una causa abierta y muy viva a la que le quedan años de instrucción.