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Alaya vence pero no convence

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2013 a las 15:17

La juez Alaya ha vuelto a imponer su criterio, al negarse a compartir la instrucción de las cuatro macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La titular de este órgano remitió un informe al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el que explica que, tras su regreso de la baja por enfermedad que la ha apartado casi seis meses del juzgado, no va a compartir la instrucción de los cuatro casos importantes con los jueces de refuerzo Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes.

Alaya en estado puro. Alaya le ha dicho al TSJA que sólo necesita uno de estos jueces -sin dar nombres, aunque sus preferencias son evidentes, dada la incompatibilidad de caracteres con Curra- para que se encargue del resto de los asuntos del juzgado. De nada ha servido el interés de los jueces de refuerzo y del propio TSJA para que se distribuyeran de forma equitativa los procesos, con la idea de contribuir a una agilización de estas causas, alguna de las cuales se investiga desde el año 2008, como es el caso del delito societario que se atribuye a Manuel Ruiz de Lopera.
A la vista de este informe, la Sala de Gobierno del TSJA ha acordado la salida de uno de estos jueces de refuerzo y todo apunta a que será Curra, que el viernes pasado salió muy afectada de una reunión con Alaya. La titular habrá impuesto una vez más su criterio, a pesar de que el propio Lorenzo del Río -que ahora debe decidir qué juez se queda con Alaya- aseguró en su día que en este juzgado había trabajo para tres jueces.

A Alaya le parecen muchos jueces para un solo juzgado. Y ojalá no haga falta que vuelva nadie, lo que significaría que la instructora está totalmente recuperada de sus problemas de enfermedad. Pero, ¿qué ocurrirá si Alaya tiene una recaída? Entonces habría que volver al punto inicial: nombrar otro juez de refuerzo, y el juzgado volvería a resentirse por la ausencia de la titular.

Está claro que Alaya no debía entregar la causa de los ERE, un caso que actualmente es lo que es gracias a su peculiar forma de dirigir los procesos. Tampoco la de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, que están muy avanzadas y a falta de escasas diligencias, pero la juez podría haber cedido un poco y compartir la causa del delito societario de Mercasevilla con alguno de los jueces de refuerzo. Sobre todo, porque esta causa está prácticamente virgen, no se ha adoptado ninguna decisión relevante y ni siquiera se ha tomado declaración a los ex directivos de Mercasevilla, que están imputados dicho sea de paso desde hace casi tres años -mayo de 2010-. Es evidente que el tiempo transcurrido hace necesario que se impulse esta investigación. Alaya ha vencido, pero no ha convencido.

 

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Alta tensión en el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de marzo de 2013 a las 9:49

Ocurrió en la mañana del viernes. La juez Mercedes Alaya, que esta semana se reincorporó a su puesto como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla después de casi seis meses de baja, se reunió con los dos jueces de refuerzo, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes Pérez, y poco después los tres mantuvieron un encuentro con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Esos encuentros tenían por finalidad establecer cómo iba a ser la supuesta distribución de las importantes causas que se investigan en este juzgado tras el regreso de Alaya. La titular del juzgado, como era de esperar y conociendo su carácter, descartó cualquier reparto. El caso de los ERE, el delito societario del Real Betis y las otras dos causas relacionadas con la empresa pública de Mercasevilla, son suyas y no va a permitir que nadie meta mano en la instrucción de estos procesos, por expresarlo de una manera coloquial.

¿Pero entonces para qué quedan los otros dos jueces? Según la teoría alayística, como jueces de refuerzo que son, están para ayudar y colaborar con la juez en la marcha del juzgado, es decir, para la instrucción del resto de casos ordinarios y la celebración de los servicios de guardia que Alaya no quiera hacer por sí misma.

¿A alguien le extraña este planteamiento conociendo el temperamento de la juez? A mi no, desde luego. Y además, creo que Alaya tiene parte de razón, porque el caso de los ERE es hoy lo que es gracias a ella y a su peculiar manera de instruir y llevar la investigación al límite. Otra cosa es que Alaya pudiera ceder y dejar que alguno de los jueces instruyera, por ejemplo, la causa por el delito societario de Mercasevilla, porque esta investigación prácticamente ni siquiera ha empezado y los ex directivos están imputados desde mayo de 2010 sin que se les haya aún tomado declaración. Las otras dos causas pendientes, la de Manuel Ruiz de Lopera y la de la venta de los suelos de Mercasevilla, están muy avanzadas y podrían cerrarse pronto, por lo que podría finalizarlas Alaya.

Sea como fuere, Alaya dio un golpe sobre la mesa en la mañana de este viernes y recordó que ella es la titular del juzgado. Hubo alta tensión en el encuentro con los jueces de refuerzo e incluso hay quien apunta que Ana Rosa Curra, con la que Alaya no tiene mucho feeling (se comenta que incluso tuvieron un enfrentamiento en una junta de jueces), salió bastante molesta e incómoda tras la reunión.

La segunda reunión, con el presidente del TSJA, tampoco fue como Lorenzo del Río esperaba. Alaya expuso al presidente del Alto Tribunal andaluz su visión de lo que había ocurrido en su ausencia y sus planes de reasumir todos sus casos. Y el presidente le pidió a la juez un informe sobre la redistribución del trabajo en el juzgado para su estudio por la sala de Gobierno del Alto Tribunal el próximo martes.

La postura de Alaya es comprensible, hasta cierto punto. Entiendo que a nadie que se ausenta de su trabajo por motivos de enfermedad le guste ver cómo otro compañero ha ocupado su despacho y está mirando sus documentos, por decirlo de alguna manera gráfica, pero los jueces de refuerzo son también jueces de carrera, no sustitutos, y por lo tanto, en teoría, son tan válidos como Alaya para instruir estos casos. Y además Alaya no debe olvidar que es un funcionario público y que el interés general de los ciudadanos debe estar por encima de los personalismos.

Alaya sigue siendo Alaya, y por lo que se ve ha vuelto de su baja con las pilas recargadas. Una juez que ha soportado todas las presiones habidas y por haber en el asunto de los ERE fraudulentos, a buen seguro que tiene claro que puede salir airosa de este nuevo pulso al TSJA. Al fin y al cabo, el Alto Tribunal no puede ordenar que haya un reparto de las causas entre los tres jueces, aunque sí puede exigir que haya resultados y que los procesos no se eternicen, que se impulse verdaderamente la instrucción.

Habrá que esperar a ver qué dice el informe de la juez Alaya y la respuesta que dé el TSJA. Quizás todo esto se podría haber evitado habiendo dejado al juez sustituto Iván Escalera, con el que Alaya se entendía perfectamente y que había incluso comenzado a estudiar el caso de los ERE en su ausencia, pero el TSJA lo envió a un juzgado de lo Social y trajo a Ana Rosa Curra en su lugar.

 

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Alaya asume el mando

Jorge Muñoz | 5 de marzo de 2013 a las 14:43

La capitana ha vuelto. Después de casi seis meses, la juez Mercedes Alaya se ha reincorporado esta misma mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos. Alaya vuelve a un juzgado que en estos meses ha experimentado muchos cambios, con la incorporación de dos nuevos jueces de refuerzo (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), una nueva secretaria judicial y a la espera de los dos nuevos funcionarios que prometió la Junta.

En su ausencia, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes iniciaron un tímido reparto de las causas que hasta ahora instruía Alaya, como el caso de los ERE y el delito societario que se atribuye al que fuera máximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Después de tantos meses de baja y de muchos anuncios de retorno, nadie esperaba que hoy Alaya volviera a su juzgado. La pregunta que muchos se hacen ahora es la siguiente: ¿qué va a pasar con la distribución de los asuntos que hicieron los jueces de refuerzo en su ausencia?

Aunque en teoría Alaya debe ahora ponerse de acuerdo con los dos jueces de Adscripción Territorial para distribuir de nuevo el trabajo, en la práctica no van a producirse muchos cambio, o al menos, significativos, o incluso ninguno. Alaya asume el mando de la nave con todas sus consecuencias: volverá a dirigir la investigación de los ERE y posiblemente los otros  macroprocesos derivados del caso Mercasevilla -la investigación del delito societario en esta empresa pública y de la supuesta adjudicación fraudulenta e ilegal del contrato para la venta de los suelos-, y la causa de Lopera. Eso parece estar claro. Si Alaya ha vuelto, lo hace para asumir de nuevo la investigación de estos procesos, mientras que los otros dos jueces quedarán para reforzarla en la marcha del resto de asuntos del juzgado y la realización de las guardias. O al menos esa puede ser la idea de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, según algunas fuentes jurídicas consultadas.

Lo que ocurre es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a estar muy pendiente de la situación del juzgado y el propio presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, querrá rentabilizar el esfuerzo que se ha hecho al dotar a este juzgado ya con tres jueces, en principio por un período de seis meses. De esto se desprende que los dos jueces de refuerzo no deberían quedar únicamente para la llevanza del día a día del juzgado, mientras Alaya mantiene su misma carga de trabajo con la investigación de las cuatro grandes causas abiertas, algunas desde 2008. Eso podría hacer que algunas de las causas se mantuvieran en el letargo en el que ya se encontraban antes de la baja por enfermedad de la instructora.

Sea como sea, Alaya no dejará que nadie se inmiscuya en su peculiar instrucción de la causa de los ERE. La juez vuelve en un momento decisivo para esta causa, cuando la Guardia Civil sigue investigando, bajo secreto de sumario, el destino de las sobrecomisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía y cuando un testaferro del supuesto conseguidor de los ERE ha dicho que lleva sobres con mucho dinero de una zona próxima a la Consejería de Empleo a otra cerca de la delegación de Empleo. Si alguien es capaz de llegar al fondo del asunto, esta persona es, sin duda, Mercedes Alaya, que ha dado buenas muestras, muchas veces incluso de forma excesiva, de su capacidad de trabajo.

Alaya ha vuelto cuando Ana Rosa Curra estaba haciendo un curso de formación y Rogelio Reyes celebrando juicios de faltas. Todo apunta a que en los próximos días se tendrán que reunir para la distribución del trabajo. De momento, la vuelta de Alaya ya es en sí una buena noticia, tanto por lo que se refiere a la salud de la magistrada como para la marcha del juzgado.

Bienvenida señoría. El timón vuelve a ser suyo…

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A Alaya se le escapa el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2013 a las 12:46

No habrá reincorporación inmediata de la juez Mercedes Alaya. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla acaba de presentar un nuevo parte de baja por otros 20 días, con lo que su ausencia del juzgado se aproxima ya a los cinco meses.

La nueva baja de Alaya, que está enferma desde el 12 de septiembre de 2012, supone un nuevo hito en la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tomó recientemente cartas en el asunto  y el juzgado de Alaya cuenta ya con dos  jueces de adscripción territorial, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes, nombrados como refuerzo, para llevar todos los asuntos en ausencia de la magistrada titular.

Hasta esta misma semana, ambos jueces no habían querido transmitir a la Sala de Gobierno del TSJA el hipotético reparto de las macrocausas que se investigan, ante la posibilidad de que Mercedes Alaya se reincorporara antes de este jueves, cuando le cumplía el último parte de baja. Pero la ampliación de la baja, por mucho que Alaya muestre deseos de volver, supone que este caso, el que ha marcado sin duda su trayectoria profesional, se le escapa…

Prácticamente cada nueva baja de Alaya ha ido precedida, en la mayoría de los casos, de rumores sobre una posible mejoría que alentaban su inminente regreso, pero en cada ocasión se han confirmado los peores pronósticos y Alaya no ha vuelto a su despacho.

Lo que sí está claro es que el caso de los ERE no será el mismo sin Alaya, ya lo hemos comentado en este blog en alguna ocasión. Sin su peculiar forma de instruir, que hasta ahora venía dando sus frutos, la investigación judicial no será la misma, todo ello sin desmerecer la labor que a partir de ahora desempeñe  la juez Ana Rosa Curra, que será quien asuma previsiblemente la instrucción del mayor escándalo de presunta corrupción que se ha conocido en Andalucía.

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El ex consejero de Empleo supera a Urdangarín en fianzas

Jorge Muñoz | 30 de enero de 2013 a las 14:58

La fianza de 8,1 millones de euros que el juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha impuesto al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, así como a su ex socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, puede parecer una cifra muy importante, pero la juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, se lleva la palma en cuanto a fianzas de responsabilidad civil, por cuanto impuso nada más y nada menos que 807 millones de euros al ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras su imputación en el caso de las ayudas irregulares.

Se trata de una de las mayores fianzas impuestas en la historia judicial española, tan sólo superada por los 1.000 millones que se impuso al “cerebro” de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, que rondó los 1.000 millones.

Sea como fuere, los 8,1 millones solicitados al duque de Palma no suponen casi ni el 1% de la fianza que Alaya fijó para Antonio Fernández, en un proceso en el que Alaya ha establecido otras millonarias fianzas: 686 millones para el director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, o los 2,3 millones al ex chófer de éste, Juan Francisco Trujillo.

En lo que Alaya aún no gana al juez del caso Nóos es en el número de folios que tienen sus resoluciones, por cuanto el auto del juez Castro tiene una extensión de 500 folios, una cifra a la que, por el momento, Alaya aún no ha llegado, a pesar de dictar algunas resoluciones muy amplias. Pero tiempo al tiempo….

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El ‘zapatazo’ del presidente del TSJA y el sufrimiento de Alaya

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2013 a las 22:27

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se desplazó a Sevilla a poner orden en el juzgado de Alaya ante la justificada ausencia por enfermedad de la titular del juzgado que investiga, entre otros asuntos voluminosos, el escándalo de los ERE fraudulentos.

Lorenzo del Río llegó a Sevilla, vio la situación del juzgado de Instrucción número 6 y dio un zapatazo para arreglar la situación. No era para menos. Más de cuatro meses de ausencia de Alaya han paralizado la causa de los ERE y la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que lleva destinada en el juzgado desde el pasado 3 de enero, no acababa de tomar las riendas de la investigación de las ayudas irregulares.

Cierto es que la juez necesita un tiempo para ponerse al día en un sumario que acumula más de 60 volúmenes -30.000 folios- y que tiene más de 200.000 documentos en anexos, pero también es cierto que se trata de una juez de carrera y que, por lo tanto, su actuación no puede limitarse a la actuaciones de urgencia y a aquellas de mero trámite. Ante una baja de Alaya que se presume puede prolongarse durante más tiempo, había que activar estos procedimientos, tal y como ha reconocido Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha dicho que Ana Rosa Curra, al llegar  este juzgado, ha asumido “todas las causas” de este juzgado, pero también ha puntualizado que la carga de trabajo que soporta este órgano requiere por lo menos que haya siempre dos jueces o incluso tres, si Alaya vuelve finalmente.

Y ésta es precisamente la solución que se ha acordado. La próxima semana se incorporará un nuevo juez de refuerzo o en comisión de servicio para que apoye a la juez Curra y, a partir de ese momento, entre ambos jueces se distribuirán las causas pendientes, algunas de ellas desde 2008, como ocurre con el delito societario en el que se investiga a Manuel Ruiz de Lopera, el ex máximo accionista del Real Betis.

En su visita, Lorenzo del Río también ha logrado arrancar el compromiso de la Junta para que el juzgado de Alaya cuente con dos nuevos funcionarios judiciales de refuerzo, que contribuyan a “agilizar” los delicados procedimientos que se investigan en este juzgado.

Pero el presidente del Alto Tribunal andaluz también ha dejado constancia de la situación en la que se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien según del Río, está “sufriendo” por tener que quedarse en casa y no poder volver a trabajar. Si hay algo que precisamente no se puede reprochar a Alaya es su entrega y dedicación al juzgado y en especial al caso de los ERE, que es el caso de su vida, el que marca a un juez, como en su día el caso Juan Guerra marcó al magistrado Ángel Márquez, por citar algún ejemplo cercano.

No me cabe duda y así lo creen muchos de los que conocen la labor de la juez Alaya que la instructora está deseando volver, pero su enfermedad la mantiene, a pesar de sus esfuerzos, alejada de los contundente autos y resoluciones que acostumbra dictar los viernes. En alguna ocasión he comentado en esteblog que la instrucción de los ERE no será la misma sin Alaya, pero que ante su ausencia, no se podía esperar más, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de la posible prescripción de algunos delitos, y porque, como también han reflejado ya algunos de los abogados defensores de los imputados que conocen la causa al dedillo, los retrasos y la falta de traslado de las actuaciones policiales que han seguido desarrollándose estos meses sin Alaya comienzan a afectar al derecho de defensa de los propios imputados.

La última baja de Alaya es por 20 días. Ojalá vuelva antes o cuanto antes, porque esta compleja instrucción la necesita.

El rastro de las comisiones

Jorge Muñoz | 20 de enero de 2013 a las 11:04

La investigación del escándalo de los ERE se encuentra ante un nuevo hito que puede abrir la línea definitiva que buscaba la juez Mercedes Alaya y que está vinculada a las comisiones que cobraban los brókers o entidades mediadoras que intervenían con las compañías aseguradoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En el marco de este nuevo rumbo de la investigación que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -en la que se trata de averiguar nuevos delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros-, la juez Ana Rosa Curra, que refuerza a Alaya mientras sigue de baja por enfermedad, ha encarcelado a un presunto testaferro, Juan Francisco Algarín, quien ha reconocido que trasladó sobres con dinero entre Mercasevilla y puntos cercanos a la Consejería de Empleo hasta las proximidades de la Delegación de Empleo en Sevilla.

Casi cuatro años después del inicio de las diligencias relacionadas con el intento de cobro de comisiones en la empresa pública Mercasevilla -que ya ha concluido con tres condenas por cohecho-, el círculo parece que se cierra, aunque aún se desconoce el destino final de la totalidad de los pagos relacionados con esas comisiones.

La Guardia Civil puso a la juez Alaya tras la pista de las comisiones de las entidades mediadoras hace más de un año, cuando remitió a la instructora un informe en el que aseguraba que junto a la deficiente gestión en la concesión de las ayudas públicas, la Junta había abonado gastos de mediación e intereses que se asumían “sin reparo” y que eran conocidos a nivel de viceconsejero. La Guardia Civil apuntaba entonces que se habrían pagado “comisiones elevadas a las mediadoras Vitalia y Uniter con el conocimiento” del director general de Trabajo y Seguridad Social” y uno de los principales imputados en la causa, Francisco Javier Guerrero.

Esas comisiones se abonaban presuntamente porque los brókers eran los únicos que podían conseguir que determinadas compañías de seguros “aceptaran el pago a plazos del coste de las primas de las diferentes pólizas, mediante las que se han ido haciendo efectivas las ayudas sociolaborales otorgadas”, precisaba la Guardia Civil, que añadía que cuando se incumplían los calendarios de pagos pactados se generaban “cuantiosos intereses que eran asumidos sin reparo” por la dirección general de Trabajo de la Junta.

Con anterioridad a este informe, la propia juez Alaya ya había puesto el foco de atención sobre el cobro de comisiones excesivas por parte de las entidades mediadores como Vitalia, que había cobrado la cantidad de 964.204,66 euros en comisiones superiores a la media del mercado por tramitar los ERE de únicamente tres de las empresas investigadas: Calderinox, Río Grande y Acyco. Para la juez, resultaba “inaudito” que la Junta admitiera estos sobrecostes, que en algún caso superaban hasta en un 20,51% la media del mercado.

La propia empresa pública Mercasevilla, cuya investigación por el intento de cobro de comisiones constituye el germen de la causa de los ERE, ha llegado incluso a denunciar en dos ocasiones el cobro de comisiones igualmente millonarias, por importes de casi tres millones relacionados con los expedientes de regulación de empleo que se tramitaron en esta sociedad en los años 2003 y 2007. Una de estas denuncias advierte que la compañía aseguradora incluyó el gasto de un millón de euros en concepto de “gastos de adquisición (comisión)”, y que situarían la comisión abonada en un 20% de la prima, una cifra que supera con creces las cantidades pactadas con otra aseguradora.

En el ERE de 2007, la nueva dirección del Mercado Central de Abastos de Sevilla detectó otras comisiones de 1,9 millones, lo que supone un 22,5% de la prima, que ascendía a más de nueve millones de euros.

Las comisiones excesivas y los sobres con dinero que han surgido en la investigación apuntan nuevas conexiones entre las mediadoras y el que fuera responsable de la dirección general de Trabajo durante casi una década.

Alaya atribuyó en abril de 2012 al director general de Vitalia, Antonio Albarracín, el “presunto pago de dádivas” efectuado a Francisco Javier Guerrero, como “contraprestación a los servicios” encargados en nombre de la Consejería de Empleo, según apuntaba la instructora en un auto.

La pista sobre el posible pago de comisiones al ex director de Trabajo la aportó en su declaración el ex chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, quien antes de ser enviado a prisión aseguró a la instructora que en el año 2007 acudió en dos ocasiones a Madrid para recibir de manos de Antonio Albarracín sendos sobres que contenían una importante cantidad de dinero dirigida al entonces responsable de Trabajo. Según Trujillo, en ambas ocasiones, una de ellas en la estación de Atocha, el director de Vitalia le entregó un sobre de un tamaño folio doblado por la mitad que contenía más de dos dedos de grosor en billetes grandes.

Esta declaración coincide con la que ahora ha prestado el testaferro detenido esta semana, quien ha señalado que una vez se desplazó a Madrid para entregar dinero a Albarracín.

La Guardia Civil, en un informe de octubre pasado, antes de que se declarase el secreto de sumario en el caso de los ERE, puso de manifiesto la existencia de al menos tres empresas de mensajería -Atrado mensajería, Estudios Agenciales y Distripack Transporte Urgente- que podrían haber sido utilizadas como “empresas pantalla“, situando al supuesto conseguidor de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas, como el ideólogo del sistema.

Los investigadores señalaban que esta operativa “podría estar encaminada a la intención por parte de Juan Lanzas, Estudio Jurídico Villasís y el holding Vitalia” de emplear estas sociedades como pantallas para introducir en el circuito financiero el dinero de las “sobrecomisiones” de las pólizas. El informe recogía un listado de movimientos bancarios y cheques por importe de más de 1,5 millones que habrían recibido los presuntos testaferros vinculados a estas empresas de mensajería.

Algunas fuentes apuntan a que la detención de Juan Francisco Algarín supone sólo el inicio de una nueva ronda de arrestos vinculada a esta nueva vía de blanqueo de capitales derivada del escándalo de los ERE. Ya sólo queda que los investigadores concreten el destino final de esas sobrecomisiones.

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La causa de los ERE no puede esperar más a Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2013 a las 21:45

La instrucción de los ERE no puede esperar más a la juez Mercedes Alaya, que acaba de anuncia que prolonga durante otros 20 días más su baja por enfermedad.

Nada más conocerse que Alaya no vuelve mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Ríoha tomado finalmente cartas en el asunto y ha anunciado una visita la próxima semana a Sevilla, donde se reunirá con la juez de Adscripción Territorial Ana Rosa Curra, que ha sido designada recientemente como refuerzo en el juzgado de Alaya.

El anuncio de la llegada de Del Río -que oficialmente viene a interesarse por la situación y el volumen de trabajo del juzgado de Alaya- supone un paso definitivo para zanjar la polémica en torno a la continua baja de la titular, que se ausenta de su juzgado desde el pasado 12 de septiembre y que ha sumido la instrucción del caso de los ERE y de otros de importancia -como el delito societario del Betis- en una auténtica parálisis instructora. Por mucho que la Guardia Civil siga investigando, hace falta el impulso de un juez.

Es cierto que nadie como Mercedes Alaya sería capaz de llevar esta investigación a los extremos -tanto positivos como negativos- a los que ha llegado esta instructora, pero si no puede continuar por su enfermedad, es hora de ceder el testigo a otro magistrado/a.

La Fiscalía Anticorrupción, que durante los primeros meses aguardó prudentemente la recuperación de Alaya, ha comenzado en las últimas semanas una ofensiva para reactivar la instrucción, solicitando que vuelvan a realizarse actuaciones instructoras: toma de declaraciones de imputados, que se dé traslado de los sumarios, recursos, etc… La Fiscalía ha hablado de la posible prescripción de algunos delitos y ha pedido a la Guardia Civil que “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003.

La causa de los ERE puede encontrarse igualmente en un momento crucial, en el que se está investigando el posible destino de las comisiones que, según apuntó en su día la propia Alaya, habrían cobrado las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Y ha caído un presunto testaferro, que ha sido enviado a prisión provisional, y todo apunta que puede haber más detenciones en breve.

Y Alaya no sólo tramitaba el caso de los ERE, también instruía otras causas complejas como el delito societario del Betis o las investigaciones relacionadas con la empresa pública Mercasevilla, que dio origen al escándalo de los ERE.

En esta situación y, por mucho que les pese a muchos, es hora de encontrar una solución definitiva a las ausencias justificadas de Alaya. Algunas fuentes habían apuntado incluso que si la titular no se reincorporaba ahora, como así ha sucedido, la sala de Gobierno del TSJA tendría que adoptar una medida más contundente, que lo más probable es que pase por ordenar a la juez Ana Rosa Curra que asuma por completo el trabajo de Alaya.

Sólo hay una última opción. Que Alaya se incorporara antes de esos nuevos 20 días -que se cumplirán el 6 de febrero-, pero tampoco hay ninguna seguridad sobre este extremo. La causa de los ERE está en el momento más delicado de estos más de dos años de investigación porque la posible sustitución de Alaya por otra juez supone un nuevo contratiempo: la nueva instructora necesitará un tiempo importante para ponerse al día de un voluminoso sumario. Y también necesitará que la eximan del reparto de los otros asuntos y le nombren a su vez un sustituto, porque hay que concederle las mismas condiciones con las que contaba Alaya.

Las prisiones provisionales vuelven al escándalo de los ERE

Jorge Muñoz | 16 de enero de 2013 a las 20:49

De nuevo prisiones provisionales en la causa en la que se investiga el escándalo de los ERE. Ha sido la juez sustituta de Mercedes Alaya -que sigue de baja por enfermedad- la que ha enviado a prisión a un presunto testaferro de las comisiones de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela.

Este nuevo imputado habría recibido cheques por importe de 362.500 euros, según la Guardia Civil, que considera que actuaba bajo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas.

Algarín, que estaba en un centro de acogida rehabilitándose, se mostró “muy colaborador” con la Justicia, lo que significa que ha tirado de la manta. Ha dicho que llevó sobres con dinero de Mercasevilla y de bares próximos a la Consejería de Empleo hasta otros bares próximos también a la delegación de Empleo. Y también recogió dinero en Madrid del director general de Vitalia, Antonio Albarracín.

Este nuevo imputado, al que la Fiscalía le pide en otra causa ocho años de cárcel por sendos delitos fiscales -al parecer derivados de una denuncia de la Agencia Tributaria y que tendrían vinculación con los hechos que ahora están siendo investigados bajo secreto de sumario-, ha sido el primer imputado que va a prisión después de que la Audiencia de Sevilla frenara la ronda de encarcelaciones que decidió la juez Alaya: que envío a prisión al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a su ex chófer Juan Francisco Trujillo, y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, todos ellos ya en libertad con cargos.

En esta nueva línea de investigación que permanece secreta se investigan varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales de las “sobrecomisiones” cobradas por las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta. Esta investigación trata de determinar el destino final de esas comisiones, si realmente fueron a parar a algunos de los imputados, o hay algo más importante y escandaloso detrás.

Todo apunta, además, que esta semana puede ser ajetreada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que a la detención de Algarín pueden seguir algunas más, todas ellas con nombres propios vinculados al cobro de esas comisiones… La juez Ana Rosa Curra parece que va a tener trabajo, al menos mientras se produce, si es verdad, que tiene lugar el esperado retorno de la juez Alaya, a quien por cierto le cumple este jueves día 17 el último parte de baja que se le concedió.

Algunas fuentes señalan que la intención de la juez sería incorporarse el viernes o, como muy tarde, el próximo lunes, día 21, pero todo dependerá igualmente de su estado de salud, que presenta continuos altibajos. Si la vuelta no se produce, la Audiencia de Sevilla y la sala de gobierno de TSJA deberán adoptar otras medidas más contundentes para no mantener la parálisis que afecta a la instrucción de éste y otros sumarios que se tramitan en el juzgado de Alaya.

El retorno de la juez Alaya

Jorge Muñoz | 13 de enero de 2013 a las 11:45

Su vuelta a los juzgados de Sevilla se espera como agua de mayo o como el retorno de una heroína de una saga cinematográfica. Después de cuatro meses apartada de la instrucción de la causa de los ERE fraudulentos por motivos de salud, esta semana está previsto el regreso de la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La vuelta de la magistrada debe producirse, salvo complicaciones de su estado de última hora, el próximo jueves, día 17, aunque algunas fuentes apuntan que la instructora lleva ya tiempo intentando reincorporarse, con lo que esa fecha podría incluso adelantarse a los primeros días de la semana que entra.
Lo que sí parece meridianamente claro en las distintas instancias judiciales es que, en el supuesto poco probable de que esa reincorporación no se produzca y la magistrada vuelva a ampliar su baja, tanto la Audiencia de Sevilla como la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA) tomarían cartas en el asunto para evitar un mayor retraso en la instrucción de este complejo procedimientos y de los otros que investiga la juez Alaya.
La magistrada, de 49 años, lleva de baja por enfermedad, aquejada de fuertes cefaleas, desde el pasado 25 de septiembre, pero en realidad la investigación está prácticamente paralizada desde hace casi seis meses. El último auto que firmó Alaya tiene fecha de 31 de julio de 2012, cuando fijó una fianza de responsabilidad civil de 490 millones al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, de 173 millones al ex director general de Trabajo Juan Márquez y de siete millones al sucesor de este último, Daniel Alberto Rivera. Tras firmar esta resolución, Alaya se fue de vacaciones y al volver cayó enferma.
La marcha a principios de enero del que juez sustituto Iván Escalera, nombrado como refuerzo de Alaya para tramitar el resto de asuntos del juzgado y la celebración de las guardias, amenaza igualmente con provocar nuevos retrasos si la vuelta de Alaya no es inminente. En sustitución de Escalera, el TSJAha enviado a una juez de carrera, del grupo de Adscripción Territorial, Ana Rosa Curra, que tendría que asumir los casos de Alaya si su ausencia se prolonga nuevamente. Sin embargo, esta juez, como cualquier otro que se nombrara ex profeso para continuar la instrucción de los ERE, necesitaría de varios meses para ponerse al día –el sumario acumula ya más de 30.000 folios y 60 tomos, aunque con los documentos anexos son varias decenas de millar más– y retomar la actividad instructora, con la toma de declaraciones y la práctica de nuevas diligencias.
De cualquier forma, la instrucción sin Alaya no sería la misma. Ningún otro magistrado sería capaz de investigar el escándalo de los ERE siguiendo el criterio extensivo de Alaya, que ha abierto nuevas líneas de investigación donde otros jueces habrían desistido.
La baja prolongada de Alaya ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción ha presentar varios escritos en el juzgado, en los que ha solicitado que se active la instrucción de este procedimiento y de otros que llevan ya tiempo paralizados, como la investigación por el delito societario en la empresa pública mixta Mercasevilla, donde los ex directivos Fernando Mellet, DanielPonce y Pilar Giraldo llevan imputados desde hace más de dos años –en concreto desde mayo de 2010– y ni siquiera se les ha tomado declaración todavía.
La Fiscalía ha advertido ya en otras ocasiones de su preocupación ante la posibilidad de que puedan prescribir algunos de los delitos que se investigan, por lo que ha llegado a reclamar que se “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003. El retraso del procedimiento podría beneficiar además a los imputados, a los que habría que aplicar la atenuantes de dilaciones indebidas.

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