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Los temores de la Fiscalía en el caso de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2012 a las 15:25

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al sustituto de Alaya -por el momento sigue siendo el juez Iván Escalera- que levante parcialmente el secreto de los ERE, decretado a principios de noviembre para investigar otros delitos de cohecho y blanqueo de capitales, y en su lugar acuerde abrir una pieza separada sobre esta parte de la investigación.

La medida parece acertada, porque busca dar el “impulso procesal adecuado al resto de la causa”. Esta frase describe la preocupación del Ministerio Público ante lo que está sucediendo en la instrucción de los ERE, que está prácticamente paralizada desde hace cuatro meses por la enfermedad de la juez Alaya.

El fiscal Egocheaga ha pedido ahora al juzgado que cite a declarar a todos los imputados que aún no hayan comparecido en un procedimiento que acumula más de 60 imputados pero de los que no han comparecido ante la juez ni un tercio.

Es lo mismo que la Fiscalía solicitó recientemente en relación con otras dos causas de Alaya igualmente paradas, en las que se investiga un posible delito societario en Mercasevilla y otro en la venta de los terrenos del mercado central. Lo que no es de recibo que, como ocurre en el caso del delito societario, los imputados lleven más de dos años señalados por la juez y aún no hayan tenido la posibilidad de defenderse de las imputaciones plasmadas de manera formal en un auto.

En el caso de los ERE, hay un precedente de una situación parecida, la que tuvo que sufrir el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que pasó más de un año imputado hasta que la juez Alaya acordó finalmente tomarle declaración en una serie de maratonianas jornadas que concluyeron con un auto de prisión.

A estas alturas del proceso y en prevención de que Alaya pueda continuar de baja, la preocupación de la Fiscalía cobra más fuerza. La Audiencia de Sevilla o la Sala de Gobierno del TSJA deben adoptar las decisiones oportunas para que el proceso, voluminoso y complicado ya de por sí, no vuelva a sufrir más paralizaciones que, a la postre, pueden provocar otros efectos no deseados.

Las defensas son las menos perjudicadas por la paralización, porque mientras siga transcurriendo el tiempo sin actividad instructora, continúan ganando enteros para que se les aprecie finalmente a sus clientes unas posibles dilaciones indebidas, con una rebaja de la posible condena. Pero lo peor de todo, es que la sociedad andaluza siga sin conocer qué pasó realmente con unas ayudas que la juez Alaya ha considerado ilegales…

Y entre los temores de la Fiscalía también se encuentra la posible prescripción de algunos de los delitos investigados, lo que ha llevado a pedir en otros escritos remitidos al juzgado que se aceleren las pesquisas policiales que se realizan.

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¿Y ahora qué pasa con la instrucción de los ERE?

Jorge Muñoz | 21 de diciembre de 2012 a las 16:56

Nuevos cambios amenazan con paralizar aún más la instrucción de los ERE. La Sala de gobierno del TSJA ha designado una juez de adscripción territorial para que, a partir del 3 de enero, se constituya como refuerzo de la juez Mercedes Alaya, que sigue de baja por enfermedad desde el pasado 12 de septiembre.

La medida implica la salida del juez sustituto Iván Escalera, que en los últimos meses ha estado trabajando en la causa y que, aunque no ha tomado declaración a ninguno de los imputados en el escándalo de los ERE fraudulentos, sí que ha adoptado decisiones de cierta trascendencia, como la rebaja a 50.000 euros de la fianza impuesta al ex director Francisco Javier Guerrero -que permitió su salida de prisión tras abonarla- y, sobre todo, la declaración del secreto de sumario a instancias de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre blanqueo de capitales que realiza la Unidad Central Operativa (UCO).

Iván Escalera tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre y, aunque su salida para un juzgado de lo Social de Sevilla, puede depender de que Mercedes Alaya pueda adelantar o no su regreso al juzgado de Instrucción número 6, lo que sí está claro es que la propia investigación es la que puede verse perjudicada de nuevo, por cuanto la nueva juez tendrá que partir de cero a la hora de tener que sumergirse en un sumario que acumula más de 24.000 folios.

Algunas fuentes han apuntado que detrás de la salida de Escalera puede haber algo más, en el sentido de que se ha intentado apartar del caso a un juez que seguía en la misma línea que Mercedes Alaya. Sinceramente, no sé qué pensar. Lo que sí creo es que, en principio, la salida del sustituto de este juzgado no beneficia a la instrucción, sobre todo, si Alaya no se reincorpora pronto.

La idea de Alaya es no agotar el nuevo parte de un mes -hasta el 17 de enero- que le han concedido, pero se trata de una cuestión de índole exclusivamente médico que no depende de la voluntad de la magistrada de reincorIván Escalera, juez sustituto de Alaya, a la izquierda.porarse a su juzgado. La solución en todo caso se conocerá en las próximas semanas.

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La enfermedad de la juez Mercedes Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 19:13

Un mes más. La juez Alaya ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad que la mantendrá alejada de su juzgado durante otro mes, en principio hasta después de Reyes. Todo apunta, en principio, a que la instructora no agotará este nuevo plazo y que se reincorporará a su labor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en los primeros días del año.

Cabe analizar, no obstante, el importante retraso que se está ocasionado a una causa ya de por sí complicada y voluminosa. Cuando Alaya vuelva se habrán perdido cuatro meses de trabajo, porque desde julio prácticamente no se mueve un papel importante del caso de los ERE, quitando el secreto de sumario que acordó el juez sustituto Iván Escalera una vez que así se lo solicitó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para no perjudicar las investigaciones sobre nuevos delitos societarios y de blanqueo de capitales que han ido surgiendo en el curso de la investigación.

Si ayer fue el principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien solicitaba la vuelta de “doña Mercedes”, hoy ha sido la propia Fiscalía de Sevilla la que ha lanzado un mensaje similar o, al menos, ha pedido que alguien tome ya cartas en el asunto y se retome la investigación de las causas pendientes, empezando por la investigación del delito societario en la empresa pública Mercasevilla -en la que están imputados los ex directivos Fernando Mellet, Daniel Ponce y Pilar Giraldo- y continuando por la supuesta adjudicación irregular de los terrenos de Mercasevilla.

Estas tres personas llevan más de dos años imputadas en esta variante del caso Mercasevilla y aún no se les ha tomado declaración, lo que tampoco es de recibo…

Resulta muy significativo que el escrito de la Fiscalía tenga fecha del pasado lunes, 17 de diciembre, el día en el que cumplía el último parte de baja de Alaya y la juez debía reincorporarse a su trabajo. La prórroga de un mes parece haber anticipado la actuación de la Fiscalía, que recuerda que su función, como garante de la legalidad del proceso, consiste en dar el “debido impulso” a las actuaciones. Por ello, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha pedido al juzgado que informe del estado de los recursos pendientes por resolver o tramitar, y que se pida a la Agencia Tributaria que aporte o informe de cómo está la pericial contable que se pidió sobre las cuentas de Mercasevilla.

El problema del escrito de la Fiscalía es que suelta la patata caliente al juez sustituto…La juez Mercedes Alaya

Guerrero quiere que vuelva la juez Alaya

Jorge Muñoz | 19 de diciembre de 2012 a las 0:43

Resulta cuanto menos paradójico que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el amante confeso del Marlboro y del gin tonic de Beefeater, haya asegurado en su primera entrevista tras salir de la cárcel (en Giralda Televisión) que está deseando que se reincorpore la juez Mercedes Alaya, la magistrada que le mandó a prisión durante siete meses y que sólo accedió a rebajar la fianza para que pudiera abandonar la prisión cuando la Audiencia de Sevilla comenzó a revocar estos autos y a imponer fianzas.

También resulta sorprendente que Guerrero diga que está “deseando” que la juez “llegue hasta el final” de la investigación que inició hace dos años y que lleva casi cuatro meses paralizada por motivos de salud de la magistrada. Si Guerrero realmente desea que la instructora acabe lo que en principio parece una causa infinita -cada vez que profundiza en una línea de trabajo vuelven a salir nuevas variantes-, podría haber ya tirado de la manta y revelar todo cuanto sabe del fondo de reptiles, como el mismo bautizó a la partida 31L por la que se concedían las ayudas en las que han aparecido todas estas presuntas irregularidades.

“Mi error ha sido no decir burradas de los demás, ni querer salvarme yo echando pestes contra otros. Mi error ha podido ser el silencio, pero mi silencio lo manejo yo y lo administro como yo quiero y lo que sé y lo que no sé lo iré administrando como me vaya conviniendo”, ha dicho Guerrero en la mencionada entrevista.

Sobre las ayudas concedidas, Guerrero ha insistido lo que ya le dijo a la juez cuando declaró durante varias maratonianas sesiones: que todo el mundo en la Junta sabía para qué iba el dinero y a quien iba destinado.

El que fuera responsable de Empleo durante nueve años (1999 a 2008) se considera un “chivo expiatorio” por parte del PSOE y de la Junta de Andalucía, y tal vez tenga parte de razón en lo que dice, porque a estas alturas de la causa, ni la juez Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción creen que las irregularidades se deban a la actuación de “cuatro golfos”, la teoría que en su día expuso el ex presidente de la Junta Manuel Chaves para tratar de explicar lo que había ocurrido con los intrusos de los ERE.

Guerrero, del que por cierto Chaves también renegó al decir que no lo conocía, ha asegurado que el ex presidente de la Junta “alguna vez estuvo con su mujer en una finca de la familia de mi ex mujer” y precisó que incluso comieron “migas y caldereta en El Pedroso”, la localidad sevillana donde Guerrero tenía una casa y donde se llegaron a firmar algunas de las pólizas de las ayudas.

La ausencia de la juez Mercedes Alaya, que está de baja desde el 12 de septiembre, está amenazando con provocar un grave perjuicio a la causa de los ERE, en la que prácticamente no se toma una decisión trascendente -salvo el secreto decretado por el juez sustituto a instancias de la Guardia Civil- desde el mes de julio. El retorno de Alaya lleva anunciándose una semana sí y otra también, pero sigue sin producirse a pesar de que todos los que conocen a la juez señalan que ella es la primera interesada en volver a trabajar a su juzgado. Ojalá se recupere pronto, la mayor investigación judicial emprendida hasta ahora por la gestión de los fondos públicos en Andalucía, necesita de la profesionalidad y perseverancia de la juez Alaya… para que ésta pueda llegar al final de la investigación, como pide ahora uno de los principales imputados. Yo también quiero que vuelva Alaya.

Vea el vídeo completo de la entrevista aquí