Archivos para el tag ‘juez Alaya’

Alaya, la gran ausente en el homenaje al secretario judicial

Jorge Muñoz | 16 de octubre de 2015 a las 7:11

jubilación secretaro

Mercedes Alaya fue la gran ausente en la comida-homenaje por la jubilación del secretario judicial Luis Rodríguez-Varo Valverde, quien en los últimos 35 años estuvo destinado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El secretario, que estuvo arropado por unas 75 personas -entre jueces, secretarios y funcionarios judiciales-, acompañó a Alaya en los 17 años en los que esta magistrada ha estado destinada en dicho juzgado.

La comida-homenaje coincidió con la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la salida de Alaya de la instrucción de las macrocausas, una decisión acordada previamente por el TSJA ante su patente falta de voluntad de colaborar con la nueva titular, la juez María Núñez Bolaños.  Ayer no era un buen día para Alaya, pero su ausencia en el homenaje fue muy sonada, dado que con anterioridad la magistrada había mostrado su intención de acudir al evento para compartir mesa con las personas con las que ha trabajado tan intensamente los últimos años.

Alaya además iba a estar ubicada en la mesa presidencial del acto, junto al secretario homenajeado el juez decano, Francisco Guerrero, y su antecesor en este órgano judicial, el magistrado Ángel Márquez, que instruyó en dicho juzgado el denominado caso Juan Guerra. El puesto de Alaya fue ocupado por María Núñez Bolaños, que aparece en esta imagen inmortalizando el acto mientras el secretario jubilado se dirige a los presentes.

Una caída motivada por errores propios

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2015 a las 5:00

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo reprochó recientemente a los aforados que “abandonasen el tren en marcha” para subirse a otro distinto, en alusión a su renuncia de sus escaños y a la pérdida de su condición de aforados, lo que determinaba la vuelta de la instrucción al juzgado de origen del caso: el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El ex diputado del PSOE Gaspar Zarrías, uno de los afectados por las críticas del magistrado, respondió públicamente asegurando que no se bajó de ningún tren, sino que fue “empujado” de un tren en marcha por la resolución del instructor pidiendo el suplicatorio para procesarle. Si utilizamos el símil para describir lo que ha sucedido con la juez Alaya, habrá quien diga que la instructora ha sido víctima de una campaña, que ha sido arrojada en marcha del tren de las macrocausas, cuando en realidad es la propia Mercedes Alaya la que se ha bajado del tren.

Aquí no hay ninguna campaña para dejar fuera a Alaya, máxime si se tiene en cuenta que la Comisión del TSJAque ha decidido que se revoque la comisión de servicio a Alaya es la misma que en junio pasado acordó dejar en sus manos la instrucción de los ERE y el delito societario de Mercasevilla. Se trata de una Sala además que no puede ser tildada de sospechosa, puesto que de los ocho miembros que la componen, siete pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –el octavo miembro es el presidente, Lorenzo del Río– y ya se habían mostrado partidarios de que Alaya continuara con los ERE.
No hay que olvidar que fue la propia Mercedes Alaya quien puso en peligro su continuidad al frente de la instrucción de los macroprocesos al solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla. Alaya comentó entonces en su juzgado que era una oportunidad que no podía dejar de pasar, puesto que en esta convocatoria salían de una tacada varias plazas y era más probable que lograra alguna, como así ocurrió.
Alaya estaba asimismo confiada en las promesas que, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le habían realizado respecto a que podía solicitar la plaza puesto que luego podrían asegurarle que seguiría con la investigación de las macrocausas. Una garantía en la que Alaya confió y que, visto lo visto, no tenía mucha fuerza, por no decir ninguna.
Ese fue el primer error de Alaya, confiar en las promesas de algún vocal del máximo órgano de Gobierno de los jueces elegido a propuesta del PP, el partido que ha durante los últimos cuatro años ha intentado rentabilizar políticamente los distintos avances de la instrucción de los ERE en forma de imputaciones de altos cargos del PSOE y, en su grado máximo, con la implicación en la causa de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Segundo error. La postura de abierto enfrentamiento con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños. Alaya, posiblemente inspirándose en esas promesas firmes que llegaban desde Madrid, no intentó ningún acercamiento a esta magistrada que, como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, era la competente para la organización y distribución del trabajo en el juzgado, así como del reparto de las macrocausas que tanto interés tenía Alaya en acabar.
Alaya no podía ser ya la directora de orquesta de las macrocausas y estaba obligada, como le dejó bien claro el TSJA, a colaborar con la instructora. Pero Alaya, lejos de mostrar esa colaboración, redactó un informe que envió directamente al Consejo General del Poder Judicial criticando con dureza a la juez Bolaños, de la que reprochó su supuesta falta de preparación para instruir los grandes sumarios y su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera.
Dos grandes errores de cálculo que han acabado con la etapa de Alaya como instructora. Las macrocausas pierden una juez con una gran capacidad de trabajo, algo que es innegable. Se va la juez incansable, como ella misma llegó a definirse en un auto. Se va la más grande, terminología que acuñó uno de los abogados personados en las distintas macrocausas para definir algunas de las actuaciones de una juez que sabe hilar sus argumentos para avanzar a posiciones a las que otros jueces no serían capaces de llegar o ni siquiera de plantearse.
De la salida de Alaya se beneficia la Audiencia de Sevilla, donde muchos de sus compañeros destacan la gran capacidad de trabajo y resolución de esta magistrada, que es capaz de trabajar durante horas sin hacer ninguna pausa. La Alaya instructora dará paso ahora a la Alaya juez de la Audiencia.

Más madera para los ERE

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2015 a las 6:00

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

Tengo que confesar que tras leer el reproche del instructor de los ERE a los aforados que renunciaron a sus actas, a los que criticó haber “abandonado en marcha el tren de esta instrucción” para subirse a otro ajeno, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes de Los hermanos Marx en el Oeste y aquella mítica frase de “Traed madera… es la guerra”. El instructor Alberto Jorge Barreiro recurrió a esa alegoría del tren en marcha para rechazar las alegaciones de dilaciones indebidas e indefensión del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El magistrado argumentaba que la decisión de los imputados aforados de renunciar a sus actas –también lo hicieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y recientemente el ex diputado José Antonio Viera– que obliga a devolver la causa de los ERE al juzgado de Sevilla es una opción que “no todos los justiciables tienen”.
El juez se refiere a Zarrías como el “imputado quejoso” y considera cuestionable que después de saltar de ese tren se queje precisamente de que no se ha resuelto sobre su petición de archivo, porque “si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se apresuró ayer a contestar al instructor. “Zarrías no se ha bajado de ningún tren. Más bien fue empujado de un tren en marcha por una resolución del instructor, por la que instaba la petición de suplicatorio contra él”, aseveraba el letrado utilizando el mismo símil y criticando que no se le permitió impugnar esa resolución, por lo que se le “negó un derecho que tienen el resto de imputados del Estado español, pero que, al parecer, no tienen los aforados”.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

No es la primera vez que en el caso de los ERE se utilizan este tipo de comparaciones. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán llegó a decir, en relación con lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con el uso de las transferencias de financiación, que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.
Otro de los imputados, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pidió expresamente declarar en la causa especial abierta ante el Tribunal Supremo para rebatir las declaraciones de los ex presidentes Chaves y Griñán, al entender que éstos habían derivado su responsabilidad en el fraude de los ERE. Manuel Gómez aseguró entonces que el Gobierno andaluz, con el respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara todos los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la política de tráfico”, argumentó el funcionario.

Más allá de las comparaciones y de las alusiones cinematográficas, lo importante no es qué tren procesal, siguiendo la terminología del instructor del Supremo, van a coger los aforados imputados, sino quién dirige la locomotora, quién será en este caso El maquinista de la General –otra genial comedia de trenes– y el destino final de la misma.

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

 

Con unas elecciones generales en diciembre y la pérdida de la condición de aforados de los ex altos cargos, la investigación estaba abocada a volver al juzgado de Sevilla, donde el TSJAy el CGPJ siguen mareando la perdiz sin decidir qué maquinista quieren que esté al frente de la instrucción. ¿Quién gritará traed madera, es la guerra? ¿Mercedes Alaya o María Núñez Bolaños? Ésta es la incógnita que siguen sin resolver los órgano de gobierno de los jueces. Sea quien sea la que dirija el tren, lo que está claro es que al caso de los ERE le queda aún muchas paradas…

La Fiscalía baja el balón de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de septiembre de 2015 a las 6:00

Se veía venir desde hace tiempo. La Fiscalía de Sevilla ha presentado esta semana su escrito de conclusiones provisionales en el caso Betis, en el que reclama una condena de tres años de cárcel y el pago de una indemnización de 3,6 millones de euros para Manuel Ruiz de Lopera por un delito continuado de apropiación indebida (o alternativamente dos años de prisión por un delito continuado de administración desleal).

Más allá de la petición de condena, que podría posibilitar un acuerdo para evitar el juicio, el escrito del Ministerio Público es importante por cuanto viene a tumbar parcialmente las tesis que han mantenido los peritos que estudiaron el caso y la magistrada Mercedes Alaya, que inició la investigación hace siete años. Decía Alaya, siguiendo a los peritos, que Lopera se había apoderado de 25 millones de euros, lo que llevó a la magistrada a imponerle una fianza de 33 millones (los 25 más el tercio legal).

loperaSin embargo, la fiscal Margarita Viera, en un detallado y complicado informe -para los no expertos, como es el caso del que escribe- de 24 páginas reduce el posible perjuicio al Betis por los contratos con las empresas de Lopera (Tegasa y Encadesa) a poco más de tres millones, al contabilizar una serie de gastos de estas sociedades que los peritos no tuvieron en cuenta. De 25 (o 33 millones) a sólo tres hay un gran trecho.

Pero el Ministerio Público va mas allá al considerar que no hay delito en relación con las actuaciones de Lopera entre los años 1993 y 1999, periodo sobre el que las conclusiones de los peritos llevaron a la juez a adoptar las medidas cautelares de 2010, con la intervención judicial del Real Betis y la paralización de la venta del paquete de acciones a Bitton Sport, la empresa de Luis Oliver.

¿Quiere esto decir que la Fiscalía no cree que Lopera no cometiera ningún delito? No. Lopera no es inocente para el Ministerio Público. La Fiscalía, como garante de la legalidad del procedimiento, lo que hace es ajustar la gravedad de los hechos que se le atribuyen al criterio que considera adecuado y que, como sucedió en muchas ocasiones a lo largo de la tortuosa instrucción, supone una gran discrepancia con la tesis de Alaya.

Hay incluso media docena de hechos en los que la fiscal no aprecia delitos: la mencionada venta de acciones a Bitton Sport, el traspaso de Roberto Ríos, los pagos por la obras del Estadio por el que la juez le atribuyó una apropiación de más de siete millones de euros, etc.

Hay otro aspecto destacado en la acusación pública a Lopera. La Fiscalía ha pedido que se aprecie una circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, en relación con las dilaciones producidas en el procedimiento y que no pueden achacarse al procesado. Es curioso como la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, agradeció en un comunicado la “celeridad” con la que había tramitado la causa la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. En este caso, evidentemente, no hubo ninguna alusión a la labor de la juez Alaya, la magistrada que instruyó el sumario.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La fiscal jefe mostró su “satisfacción por la celeridad en la tramitación de la presente fase procesal por parte de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, por cuanto permitirá acordar en un plazo razonable el juicio oral en un caso de tanta trascendencia para esta ciudad”.

Lo cierto es que el escrito de la Fiscalía abre las puertas a un posible acuerdo con Lopera, que podría pagar la indemnización y reducir la pena hasta un punto en el que pudiera evitar la cárcel. No  sería la primera vez. Lopera ya llegó a un pacto en 2005 con la Fiscalía por el que aceptó una condena de 14 meses de prisión por dos delitos fiscales. ¿Y qué harían la acusaciones particulares? ¿Se van a arriesgar a una posible condena en costas en caso de que el acusado saliera absuelto? Un nuevo acuerdo es una posibilidad nada desdeñable. La historia podría repetirse, sobre todo después de que la Fiscalía haya badajado el balón que en su día lanzó al aire Alaya…

Una de cal y tres de arena para Alaya

Jorge Muñoz | 20 de septiembre de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

Semana de noticias contradictorias para la juez Alaya, que ha recibido una de cal y tres de arena. Me explico. La expresión dar una de cal y otra de arena procede de los elementos de la argamasa o mezcla que se utilizan en la construcción (la cal, como elemento más caro y noble, frente a la arena, más abundante y menos importante). Esta expresión se usa en el lenguaje popular para indicar la alternancia de los aspectos positivos y negativos, de la misma forma que se mezclaban esos materiales para la construcción.
Sin duda alguna, la noticia positiva para Alaya es el archivo por parte del TSJA de la querella que presentó contra ella el ex consejero delegado del Betis Luis Oliver por su instrucción en la investigación de los delitos que se atribuyen al ex mandatario Manuel Ruiz de Lopera. El Alto Tribunal, después de analizar los casi 200 folios de la querella, ha coincidido con la Fiscalía en que Alaya –que al parecer estuvo preocupada al principio por esta querella– no prevaricó en las resoluciones del caso Betis, incluso cuando autorizó los pinchazos del teléfono de Oliver y grabó hasta 11 conversaciones con su abogado. El carpetazo a esta querella contrasta con los tres varapalos que ha recibido la juez Alaya en relación con su labor instructora en el caso de los ERE fraudulentos y la investigación por el supuesto amaño del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla.
La Sección Séptima de la Audiencia, la misma en la que Alaya está destinada desde junio pasado mientras se resuelve sobre si volverá a investigar alguna de las macrocausas, es la que ha corregido dos actuaciones de la magistrada sobre los ERE. En el primero de los casos, en un auto que se conoció a mediados de esta semana, los compañeros de Alaya le dieron la razón a la Fiscalía Anticorrupción al acordar, en contra del criterio de la juez, la práctica de nuevas diligencias, entre ellas que declaren como peritos los autores del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y que declaren dos interventores generales, uno de los cuales ya está imputado en este macroproceso. El segundo varapalo ha sido el rechazo a la investigación de posibles responsabilidades del Parlamento, un auto que por cierto se ha dictado 18 meses después de que fuese recurrido.
Y por último, la Sección Primera ha revocado la fianza de 33 millones que Alaya fijó para los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla.

Etiquetas:

Se confirman los temores de las defensas

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2015 a las 6:00

guerrero

El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos no sólo es importante por el hecho de que una de las personas cuya imputación se solicita fuese ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer Gobierno de Aznar. En ese documento, la Fiscalía viene a confirmar los peores temores que la división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse.
Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de los ERE.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó por primera vez la división de la causa, varios abogados defensores, como por ejemplo Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, o Fernando de Pablo, que defiende a Javier Guerrero, ya se opusieron a la misma, al considerar que esa separación afectaría a la “penalidad, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena”. La división, según las defensas, haría que algunos imputados podrían ser imputados decenas de veces y, consecuentemente ser condenados “a penas astronómicas”. Según los abogados, desmembrar los ERE supondría un problema mayor porque acarrearía la “indefensión” de los procesados.
La separación de la macrocausa de los ERE que ha acordado la juez María Núñez Bolaños, en contra del criterio que siempre mantuvo Mercedes Alaya, cuenta no obstante con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que es la garante de la legalidad del procedimiento judicial, y de todas las instituciones judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el Tribunal Supremo, que ha advertido del grave riesgo y los problemas de las macrocausas.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.

El Día D de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de agosto de 2015 a las 5:00

EL próximo 21 de agosto puede ser el Día D de la juez Mercedes Alaya. Ese día tendrá lugar la única reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el período veraniego y en la misma los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces pueden abordar –a falta aún de que se fije el orden del día– la decisión definitiva sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
El Día D de Alaya, que durante 17 años dirigió el juzgado número 6 no será un 6 de junio, como el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía,  aunque también puede suponer el triunfo o la derrota de las tesis de la juez que durante los últimos años –nunca me cansaré de repetirlo– ha hecho una gran labor en la lucha contra la corrupción en Andalucía. Nadie podría haber escarbado en las entrañas de la Junta de Andalucía como lo hizo Alaya para montar una causa que tiene en jaque a dos ex presidentes. Ese gran mérito nadie se lo puede quitar a Alaya, pero tampoco debe olvidarse que su instrucción, a veces teñida de más sombras que luces, sólo ha permitido en siete años cerrar dos de las grandes causas: el caso del cohecho de Mercasevilla –que acabó con la condena de dos de los imputados por haber exigido una comisión a dos hosteleros– y el delito societario del Betis, iniciado en 2008 y que actualmente está en la denominada fase intermedia, pendiente de juicio.
La decisión del CGPJ no es nada fácil. La Comisión Permanente ha retrasado hasta en cuatro ocasiones pronunciarse sobre la cuestión, lo que muestra la profunda división interna entre los vocales respecto a la distribución del trabajo entre la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, y Mercedes Alaya.
Hay quienes aseguran sin ningún pudor que existe una supuesta campaña o un complot institucional –liderado por el TSJA que dirige Lorenzo del Río– para dejar fuera de las macrocausas a la juez Alaya, pero en este caso no hay nada más lejos de la realidad.
No puede olvidarse, y es algo que la opinión pública desconoce o no recuerda, que se ha llegado a esta situación porque es Alaya la que solicitó –en el marco de su promoción dentro de la carrera judicial– la plaza como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
Si no hubiera pedido dicha plaza, Alaya seguiría siendo la titular del juzgado y no podría cuestionarse su continuidad al frente de las macrocausas.
Pero no se puede estar en misa y repicando. Lo que no parece lógico es que una vez garantizada su promoción con esa plaza en la Audiencia, Alaya pretendiera obtener un cheque en blanco para seguir instruyendo sin ningún límite temporal –y quedan varios años de investigación todavía– el caso de los cursos de formación o el de los avales y préstamos de la agencia Idea, por poner algún ejemplo. Porque, en ese caso, ¿en qué lugar quedaría la nueva titular si se permite que Alaya siguiera instruyendo todas las macrocausas?

El Día D de Alaya

Daniel Rosell

Alaya estaba absolutamente convencida, posiblemente porque alguien le hizo creer en esa idea, que el hecho de lograr la plaza en la Audiencia no le impediría seguir con todas las macrocausas. En esa ecuación entraba que el juez de refuerzo Álvaro Martín lograra la plaza de titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero Alaya no podía calcular que la juez María Núñez Bolaños lograra la titularidad por méritos propios, al estar mejor posicionada en el escalafón de la carrera judicial.

Tras la incorporación de Bolaños, la Sala de Gobierno del TSJA optó por entregar sólo el caso de los ERE y el delito societario de Mercasevilla a Alaya, dejando las otras macrocausas a la nueva titular, una división que también tenía su sentido porque nadie como Alaya conoce mejor el entramado de los ERE.

Desde que asumió las riendas del juzgado, María Núñez Bolaños es la juez natural predeterminada por la ley para dirigir estas investigaciones y, por tanto, la encargada de organizar el trabajo en el juzgado y con la que Alaya está obligada a “colaborar” en los términos que fijó la Sala de Gobierno de TSJA.
En este punto, es preciso recordar como la propia Alaya ejerció sus prerrogativas como titular del juzgado para rechazar el auxilio de la entonces juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que la había sustituido durante su baja por enfermedad.
Desde que se inició este culebrón informativo en el que se ha convertido el reparto del trabajo en este juzgado, Alaya ha defendido que debe continuar investigando las tres macrocausas –ERE, cursos de formación y avales de Idea–, y para ello no ha dudado en sobrepasar los argumentos jurídicos para descalificar abiertamente a su sustituta, de la que ha criticado en su informe remitido al CGPJ sus “escasos conocimientos” de la jurisdicción Penal tras haber pasado once años como juez de Familia, todo ello comparado con “la experiencia y los resultados que humildemente” Alaya entiende que avalan su trayectoria. También ha criticado con vehemencia a María Núñez Bolaños por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya considera un “notorio detractor” de su trabajo.
Tras este durísimo ataque a la nueva titular, el presidente del TSJA elaboró un informe para el CGPJ en el que cuestionaba la continuidad de Alaya en esta comisión de servicio. Decía el informe de Lorenzo del Río que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar” y “denotan una evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular, aspecto que debiera ser convenientemente valorado” por la Comisión Permanente.
Lorenzo del Río, que estaba quizás más preocupado porque no se difundieran las críticas de Alaya por la imagen que se transmitía de la Justicia –reducida a una especie de pelea callejera entre dos jueces–, no se atrevió a pedir directamente la revocación de la comisión de servicio de Alaya, aunque llega a insinuarlo.
Y de esta forma hemos llegado al día clave del 21 de agosto, con una Alaya plenamente integrada en la Audiencia de Sevilla y a la que tal vez ya no le compensa quedarse sólo con los ERE y Mercasevilla. Y con un Consejo dividido que, en una parte, considera que Alaya no puede seguir como comisionada con las macrocausas. La cuestión es que Alaya no va a dar su brazo a torcer, no va a renunciar a la comisión de servicio, y el Consejo sigue demorando una decisión a todas luces incómoda. Alaya no quiere pasar a la historia como la que renunció ni el Consejo como el que apartó a la juez de las macrocausas. Tanto una como otra posturas tienen mala prensa.
El próximo 21 de agosto puede ser el Día D de Alaya, si el Consejo avala su actuación, pero ese mismo día también podría ser recordado como su particular “Bahía de Cochinos”, en el supuesto de que no prosperen sus peticiones. Todo apunta a que Alaya, que muchas veces ha demostrado grandes dotes de anticipación, no se saldrá en esta ocasión con la suya y se quedará sin todas las macrocausas.

Desmontando a Alaya en siete folios

Jorge Muñoz | 31 de julio de 2015 a las 5:00

núñez bolaños

A pesar de las duras críticas de su antecesora, la juez María Núñez Bolaños se está mostrando en los menos de dos meses que lleva al frente del juzgado como una magistrada resolutiva y con las ideas claras. Tan claras que su primera decisión importante, nada más aterrizar en el juzgado, consistió en anular un auto de la mismísima Alaya, conocida en el entorno del Prado de San Sebastián como “la más grande”.

Y digo que Bolaños también ha mostrado su capacidad resolutiva porque, aunque Alaya no la considera preparada para asumir una macrocausa por sus once años como juez de Familia, la nueva titular ha seguido tramitando con absoluta normalidad los distintos procedimientos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Pero no se trata de adoptar resoluciones de mero trámite, como bien demostró ayer, al acordar la división de la causa de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas. Alaya siempre se opuso de manera tajante a la separación, argumentado que la causa era “inescindible” y había que evitar lo que los juristas denominan la “ruptura de la continencia de la causa”, porque la división podría provocar un “caos procesal” y el peligro “obvio, serio e indiscutible” de que se produjeran sentencias “contradictorias”.

Bolaños sólo ha necesitado siete folios para desmontar las tesis de Alaya. Y realmente no hace falta extenderse mucho si las ideas están claras. Ya lo dijo el que fuera presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, Joaquín Sánchez Ugena, cuando contestó de la siguiente forma a un abogado personado en el caso Mercasevilla que envió un recurso con muchísimos folios: “No por mucho escribir se tiene más razón”, aseguró este juez, fallecido en 2014.

Bolaños ha hecho lo más lógico al trocear los ERE, una medida que había reclamado la Fiscalía Anticorrupción y por la que apostaban abiertamente el TSJAy el Tribunal Supremo, y sobre la que estaba deseando pronunciarse –probablemente en el mismo sentido– la Sección Séptima de la Audiencia, el nuevo destinado de Alaya.

El varapalo de Bolaños contrasta con las buenas noticias que ha recibido Alaya esta semana: la Audiencia ha avalado su decisión de procesar a Lopera y de requerir a la Policía que no investigue los cursos que se cruzaban con su causa, y el informe del fiscal pidiendo el archivo de la querella de Oliver. Siempre no se puede ganar.

El adiós de la ‘más grande’

Jorge Muñoz | 25 de julio de 2015 a las 5:00

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

 

Con permiso de la inalcanzable Rocío Jurado, según dirían los más fanáticos admiradores de la cantante chipionera, la juez Mercedes Alaya se ha ganado en los últimos años el apelativo de “la más grande”. A Alaya no le ha compuesto ninguna copla Rafael de León, ni Manuel Alejandro le ha escrito ninguna balada, pero eso no ha impedido que sea conocida de esta forma. “¿Has visto el último auto de la más grande?”, ha sido durante años alguna de las preguntas más comunes que se han planteado en los mentideros judiciales. El apelativo de la “más grande” se ha extendido para referirse a Alaya en la Sevilla de los juzgados del Prado de San Sebastián, la que visitan a diario muchos de los abogados personados en las macrocausas que, hasta ahora, ha investigado Alaya, la juez incansable, como ella misma se autodefinió en un auto.
El durísimo ataque de Alaya a su compañera María Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado, de la que cuestiona su preparación profesional –Alaya olvida que Bolaños es de las pocas magistradas que es doctora en Derecho– y, sobre todo, su independencia, no puede quedar sin respuesta por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la que debe aprobar la distribución del trabajo en el juzgado de los ERE.
Más allá de la falta de elegancia que ayer atribuía Bolaños a las descalificaciones de Alaya, lo cierto es que algunas de las afirmaciones de Alaya rozan la posible atribución de graves conductas a la nueva titular, como cuando Alaya apunta respecto a la causa de los cursos de formación que donde ella ve claros delitos de prevaricación y malversación, Bolaños podría convertirlos en meras “irregularidades administrativas”.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, no dudó en afirmar que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar”, pero no se atrevió a pedir el cese de la magistrada respecto a la comisión de servicio que el mismo tribunal le concedió. El Alto Tribunal andaluz recuerda que la posición actual de Alaya es la de “colaboradora de la titular del juzgado” y pide al Consejo que valore convenientemente la “evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular”.
Consciente de que se trata de una cuestión polémica, la Comisión Permanente ha retrasado en las últimas semanas pronunciarse sobre el asunto y, si no lo incluye en la reunión del próximo martes, todo indica que lo dejará pendiente para después de las vacaciones de verano, esperando a que se calmen los ánimos.
Pero la brecha abierta por Alaya con su ataque personal a la juez María Núñez Bolaños hacen que la convivencia profesional de ambas magistradas se haya roto por completo. Ya no hay vuelta atrás, ni posible solución si lo que se pretende, por parte de los órganos de Gobierno de los jueces es dar un impulso definitivo a la instrucción de los complicados sumarios que se acumulan en el juzgado de Instrucción número 6. ¿Qué nivel de colaboración puede existir tras el informe de Alaya entre ambas magistradas? Ninguno.
La Comisión Permanente del Consejo sólo tiene dos opciones viables: revocar la comisión de servicio a Alaya o confirmar el reparto de competencias que aprobó el TSJA, que dejó a Alaya sólo con los ERE y el delito societario de Mercasevilla. El TSJAapuesta, aunque sea sotto voce, por la primera opción. Que puede ser la única salida en el actual contexto.El adiós a la más grande. O el hasta luego, porque seguro que Alaya seguirá dando guerra desde el estrado de la Audiencia.