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A Alaya no la quieren en la Séptima

Jorge Muñoz | 7 de marzo de 2015 a las 13:00

La decisión del presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, de adscribir a la juez Alaya a la Sección Séptima, la que resuelve los recurso de los ERE, no ha sentado bien en los magistrados que componen esta Sala de la Audiencia. Estos jueces han mostrado su preocupación por esa decisión, al entender que no resulta apropiado que la magistrada que ha instruido la macrocausa de los ERE sea destinada al tribunal que precisamente resuelve los recursos contra las decisiones de esta causa con tanta repercusión política.

Dicen los magistrados que les preocupa la “imagen” que pueda dar la administración de Justicia. Esa es la razón oficial de los magistrados para pedir que se reconsidere la adscripción de Alaya a esta Sección. A mi este motivo, por sí solo, desde luego no acaba de convencerme. ¿Por qué? Porque está claro que la juez Alaya, lógicamente, no resolvería ninguno de esos recursos ni participaría en las deliberaciones de los mismos, puesto que se inhibiría al haber sido con anterioridad la instructora de la causa.juez Mercedes Alaya. caso ERE

No hay que olvidar que, aunque esta Sección ha avalado en momentos importantes las decisiones de Alaya en los últimos cuatro años, lo cierto es que también le ha dado importantes varapalos (véase esta información, sobre los “frenazos” de Alaya).

Lo curioso es que, aunque todo indica que a Alaya no la quieren en la Sección Séptima, la juez no le desagradaba haber sido destinada a esta sección, que preside el magistrado Javier González. Se trataba de la segunda opción elegida por Alaya, que como preferencia primera había elegido la Sección Tercera, que dirige Ángel Márquez -su antecesor en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que investigó el conocido caso Juan Guerra-. La Tercera habría sido una opción ideal para Alaya.

La Sección Séptima fue la encargada, en su día, de enjuiciar el asesinato de Marta del Castillo, que terminó con la condena únicamente del asesino confeso Miguel Carcaño y la absolución de los otros tres acusados. Se trata de un tribunal muy especial, que se considera progresista, minucioso en la aplicación de la ley y que con frecuencia ofrece soluciones jurídicas novedosas, aunque huyen de la repercusión mediática. La llegada de Alaya, convertida en una auténtica estrella mediática y judicial, puede provocar un auténtico choque de trenes…  La Sala de Gobierno del TSJA, que el próximo martes analizará el reparto de plazas realizado por el presidente de la Audiencia, es la única que puede evitar que Alaya vaya a esta Sección… Como dicen los magistrados de la Sección Séptima, está en juego la “imagen” de la Administración de Justicia.

Los magistrados de la Sección Séptima, en el juicio a Miguel Carcaño.

Los magistrados de la Sección Séptima, en el juicio a Miguel Carcaño.

El TSJA retrasa el ‘paseíllo’ de los aforados

Jorge Muñoz | 3 de marzo de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados.

Supongo que la decisión que ha adoptado el TSJA al asumir “provisionalmente” la causa contra cuatro ex consejeros imputados en los ERE fraudulentos tiene toda la lógica jurídica posible, aunque aparentemente no resulte comprensible o sea lo más práctico. La Fiscalía Superior de Andalucía le había pedido que devolviera la macrocausa a la juez Alaya, una vez que Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio, pierdan la condición de aforados tras las elecciones autonómicas del próximo 22-M.

Sin embargo, el Alto Tribunal andaluz ha decidido abrir diligencias porque entiende que hay una petición de archivo por parte de Francisco Vallejo que no puede quedar sin respuesta y porque los cuatro aforados pueden solicitar la práctica de diligencias útiles para la investigación en este tiempo. En realidad, lo que el TSJA ha hecho es retrasar y no por mucho tiempo el inevitable ‘paseíllo’ que los cuatro ex consejeros tendrán irremediablemente que hacer ante la juez Mercedes Alaya, que volverá a ser la juez competente para investigar la participación de éstos tras las elecciones autonómicas. Un paseíllo mediático por el frío callejón de los juzgados que sin duda estigmatiza a todo el que lo hace y cuyo nombre queda ligado desde entonces -la presunción de inocencia no existe para la opinión pública en determinados asuntos- al escándalo y a la corrupción que representa el caso de los ERE. Con un Parlamento andaluz que se constituirá a mediados de abril, lo normal es que a partir de ese momento y una vez que el TSJA certifique que ya no son aforados, resuelva sobre la devolución de la causa a la juez “natural” para la instrucción, en este caso Mercedes Alaya.

De otro lado, Alaya se juega este martes en Madrid su futuro en cuanto a seguir investigando esta causa, puesto que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe decidir su petición sobre la prórroga de la toma de posesión de la plaza que ha obtenido en la Audiencia de Sevilla.

Está claro que Alaya no se quiere ir a a la Audiencia, al menos, por el momento, y que su interés pasa por intentar acabar la instrucción de las macrocausas que mantiene abiertas desde hace años. Es su misión imposible. Todo depende del tiempo que le permita seguir el CGPJ. Sobre este extremo hay apuestas de todo tipo, desde que el Poder Judicial sólo le va a permitir un máximo de entre tres o seis meses, que seguirá hasta final de año, o que tendrá hasta un máximo de dos años. ¿Ustedes que creen que pasará? Yo voy a dar mi pronóstico: se le van a conceder varios meses y estará como mínimo hasta final de este año 2015… En este tiempo, tendrá que acabar alguna de las macrocausas, y lo que no le dé tiempo quedará para su sustituto….

No son relojes suizos

Jorge Muñoz | 1 de marzo de 2015 a las 7:00

CASO ERE La juez Mercerdes AlayaLa juez Alaya volvió esta semana a dar un golpe de efecto a la precampaña al dictar un nuevo auto con el que arranca la investigación de las posibles irregularidades en los avales y préstamos concedidos por el IFA/IDEAentre 2008 y 2013. Con ese auto, Alaya desenterraba una causa que permanecía aletargada desde el mismo momento en que se abrió, en enero del año 2014, y acordaba una batería de diligencias: informe pericial, atestado de la UCO, documentación que se reclama a la Junta, a la agencia Idea, etc.
Esa causa se abrió –a Alaya siempre se le olvida mencionarlo– a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió en noviembre de 2013 a la instructora que separara la actuación “aparentemente fraudulenta” de IDEA de la macrocausa de los ERE. Antes de que la magistrada decidiera abrir la nueva causa, la defensa del ex director de IDEA Jacinto Cañete –uno de los cuatro ex altos cargos de la Junta imputados en la nueva investigación– ya se opuso a dicha investigación al estimar que no había delito alguno en los avales y préstamos concedidos por la agencia.
El argumento de la defensa, se comparta o no, es digno de al menos algunas reflexiones. Decía el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a Cañete, que los hechos relacionados con los avales y préstamos de IDEA no reúnen el “reproche penal necesario para mantener viva una instrucción penal”. La defensa subrayaba que las ayudas bajo investigación estuvieron “tramitadas por personas, no por máquinas” y como en cualquier macroestructura “pueden suceder errores, ocurrir incidencias, anomalías e irregularidades”. “Los poderes del Estado no son máquinas de precisión, no son relojes suizos, están gobernados y regidos por personas”, añadió el letrado, que recordó que hasta el poder legislativo y el judicial se equivocan en ocasiones. Se equivoca el legislador y hay leyes que se declaran inconstitucionales, y yerra el poder judicial y los autos de los jueces de instrucción son revocados, las sentencias de los jueces de lo penal son anuladas por las Audiencias Provinciales, las de éstas casadas por el Tribunal Supremo las de éste anuladas por el Tribunal Constitucional y las de del Tribunal Constitucional sometidas a severos varapalos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumenta la defensa.
Y en ese contexto también es admisible, según la tesis de la defensa, el error de la Administración. “Es posible que decenas de miles de funcionarios de la Administración de la Junta y centenares de altos cargos puedan errar, malinterpretar una norma, equivocarse en la toma de decisiones y, en definitiva, por qué no decirlo, contravenir unas normas jurídicas”, concluía el escrito presentado por la defensa del ex alto cargo.
Conceder un aval o una garantía sobre un préstamo, prosigue el escrito remitido en su día a la juez Mercedes Alaya, es “una operación de riesgo, no es una operación sobre tesorería o pago”, por lo que “no se compromete un crédito presupuestario ni con la formalización del aval se liberan fondos”.
Lo dicho. Como argumento de defensa, se esté o no de acuerdo, no toda irregularidad tiene por qué ser delictiva, otra cosa es que Alaya, en el ejercicio de su función, sí aprecie esos indicios de delito.

El combate técnico de los ERE

Jorge Muñoz | 15 de febrero de 2015 a las 6:00

0001488683_x440_jpg000Alaya traslada la instrucción de los de ERE fraudulentos al combate puramente técnico, donde se enfrentarán las tesis de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que avalan todas las sospechas de la juez respecto al pago de ayudas por importe de 855 millones, y las de dos catedráticos de derecho Financiero y Tributario que han elaborado un segundo informe para la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y los ex directores generales de Presupuestos Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera.
Alaya ha citado a los peritos de la Intervención del Estado a partir del próximo jueves y durante los días que sean necesarios para ratificar su dictamen, aunque esta comparecencia está a expensas de la decisión que adopte el Supremo, después de que la defensa de Griñán haya pedido al Supremo que aborte esta ratificación porque provoca indefensión a los aforados.  En ese informe, los peritos concluyen que Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, y las también titulares en su día de este departamento Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo no adoptaron las “medidas necesarias para evitar las irregularidades”.
Estos peritos sostienen que el uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas era “inadecuado” e “improcedente” y que las subvenciones se concedieron con la absoluta ausencia de procedimiento legal, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.
La citación de estos peritos por parte de Alaya se produce precisamente cuando el Tribunal Supremo ya ha abierto una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros tres aforados –los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno–, pero esta comparecencia llega con un año de retraso, puesto que la instructora había citado inicialmente a estos peritos a declarar en febrero de 2014.
El hecho de Alaya los cite ahora a ratificar su dictamen y que la magistrada haya pedido al Supremo que le remita una copia del informe pericial elaborado por las defensas plantea, según algunas fuentes consultadas, que la intención de la instructora es preguntar a los peritos de la Intervención sobre este contrainforme, con la idea de tratar de desmontar sus tesis.
El nuevo informe ha sido elaborado por los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Martínez Lago, quienes llegan a conclusiones completamente diferentes a las de los peritos que realizaron su análisis por encargo del juzgado de Alaya. Para empezar, los catedráticos defienden que las transferencias de financiación son un “instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado para financiar la actividad del IFA/Idea” y aseguran que fue el Parlamento andaluz quien decidió que las mismas fuesen la “figura presupuestaria adecuada para implantar la política de ayudas sociolaborales” que se pretendía llevar a cabo, de modo que “no se puede mantener que la inclusión de la partida 31L [conocido como el fondo de reptiles] sobre la que se discute en las leyes de Presupuestos fuera inadecuada o improcedente, como pretende el informe de la IGAE”. Según estos expertos, las transferencias no son más que uno de los “expedientes técnicos que las Administraciones públicas emplean para dotar de fondos a determinados entes instrumentales como IFA/Idea, de manera que nada extraño ni irregular existe en su empleo”.
También rechazan los peritos que las ayudas puedan calificarse como subvenciones a empresas, pues “las prestaciones en que consisten dichas ayudas no sustituyen, ni eximen, ni liberan a las empresas de su obligación indemnizatoria que, con carácter general, se cumple y atiende antes del abono de las referidas ayudas públicas”, y al no ser ayudas a empresas, no tenían por qué comunicarse previamente a la Unión Europea.
Los peritos circunscriben el posible fraude a la Consejería de Empleo y exculpan al resto de organismos de la Junta. “Las presuntas irregularidades se habrían producido en el momento de la ejecución del gasto, por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo, sin que tengan relación alguna con el comportamiento irreprochable de la dirección general de Presupuestos, de la Consejería de Hacienda y de las restantes autoridades intervinientes en el procedimiento de elaboración del proyecto de Presupuesto, para su sometimiento al Parlamento de Andalucía”, precisan.
Argumentan  además que la Consejería de Economía y Hacienda “carecía de información para poder siquiera sospechar que se estuvieran produciendo irregularidades en la ejecución del gasto autorizado con cargo a los créditos del programa 31L” y por ello “no tenía motivo alguno para oponerse a la inclusión de dichos créditos en el anteproyecto del Presupuesto de los ejercicios sucesivos, ni siquiera en términos puramente políticos”.

Los expertos de la defensa subrayan sobre la actuación de la Intervención General de la Junta que este organismo podía haber intensificado el control de las ayudas e incluso haber elaborado el denominado “informe de actuación”, por lo que si no lo consideró necesario, “al no apreciar circunstancias que por su importancia pudieran ocasionar menoscabo de los fondos públicos, debió ser porque no advirtió irregularidades relevantes”, por lo que “difícilmente podían tener noticia de las irregularidades presuntamente cometidas los directores generales de Presupuestos, o los viceconsejeros y consejeros de Hacienda, e incluso los responsables en IFA/Idea de realzar los pagos”.
Concluyen además que estas autoridades promovieron acuerdos del Consejo de Gobierno para mejorar el control financiero sobre las empresas de la Junta, dando muestra de que Hacienda y el propio Consejo “actuaron con la mayor diligencia en el cumplimiento de las tareas de su competencia” relacionadas con el control financiero y la adopción de medidas para mejorar su eficiencia.
A juicio de los peritos, el Parlamento ejerció sus competencias con arreglo a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en su Reglamento, “sin hacer dejación de las mismas ni sufrir tampoco un hipotético engaño acerca del contenido de las autorizaciones presupuestarias” que aprobó como parte de las leyes de Presupuestos. Es más, las abundantes enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios en torno a los créditos del programa 31L “demuestran que el Parlamento conoció, valoró y tuvo oportunidad de modificar el destino atribuido a los mismos”.
Por ello entienden que “no hay nada censurable –ni mucho menos irregular o ilícito– en el hecho de que las ayudas sociolaborales fueran incorporadas a los presupuestos de la Junta por vía de modificaciones presupuestarias, ni tampoco en que luego se produjeran otras modificaciones presupuestarias en los créditos incorporados al programa 31L”.

Alaya entra en ‘modo precampaña’

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2015 a las 8:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZEl presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, decía recientemente que la Sala de lo Penal intentaría “importunar lo menos posible” en las elecciones andaluzas a la hora de investigar el caso de los ERE fraudulentos, una vez que Alaya ha remitido la exposición razonada sobre cuatro aforados. Y decía el presidente que los jueces “tienen asumido con carácter general” que las resoluciones judiciales no deben entorpecer los periodos electorales, sobre todo si esas resoluciones pueden ser diferidas en el tiempo para que el proceso electoral esté “lo menos condicionado por actuaciones judiciales”.

Está claro que toda regla tiene su excepción y la juez Alaya, la incansable, ha demostrado en muchas ocasiones su singular forma de instruir y los momentos en los que notifica sus resoluciones. 

La magistrada ha dictado ahora un nuevo auto en el que acusa al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, el sospechoso habitualde un delito de cohecho, por haber recibido supuestamente mordidas por importe de unos 600.000 euros y que le habría permitido, según la juez, haber comprado seis inmuebles -cuatro viviendas y dos garajes- entre 2001 y 2008, cuando ocupó los cargos de viceconsejero y consejero de Empleo.

Sin entrar en el fondo del asunto sobre la nueva imputación a Antonio Fernández, que Alaya justifica en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que sí llama la atención nuevamente son los tiempos que marca la instructora y, sobre todo, las fechas que elige para llevar a cabo las actuaciones judiciales. La magistrada ha citado al ex consejero a declarar como imputado el próximo 3 de marzo, es decir, a tan sólo tres días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 22 de marzo. Antonio Fernández  hará de nuevo el paseíllo por los juzgados de Sevilla, con independencia de que declare o se acoja a su derecho constitucional a no hacerlo.

Algunos dirán que la juez no mide esos tiempos, que no puede quedarse parada, sin continuar la instrucción, por la cercanía de las elecciones, pero el problema es que en el caso de Alaya llueve sobre mojado. La juez entró en la campaña de las últimas generales  a raíz de unas declaraciones del ex diputado del PSOE Alfonso Guerra, quien se refirió a la supuesta “relación personal fuerte” de la instructora con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lo que motivó que Alaya recibiera el amparo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Antes la propia Alaya se había colocado en el epicentro de la polémica, como sucedió en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. A tan sólo dos días de la jornada de reflexión de estos comicios, la juez notificó la citación a declarar como imputado del que fuera primer teniente de alcalde y socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en relación con la investigación abierta por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.

En la campaña de las últimas elecciones generales, Alaya volvió a actuar de una manera similar, al haber convocado a tan sólo dos días de la jornada de reflexión una vista para decidir sobre la imposición de una fianza a los 13 primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Si Alaya ha entrado en modo precampaña, seguro que todavía puede dar algunas sorpresas de aquí a que se acerque el día de las votaciones. Y aunque ha obtenido plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, todo apunta a que la magistrada va a seguir algunos meses más en el juzgado, bien con una prórroga respecto a su toma de posesión o con una comisión de servicio para tratar de acabar alguna de las macrocausas que aún tiene pendientes después de siete años. De esta forma, Alaya podría estar presente en las tres elecciones que se celebrarán este año -las autonómicas, las municipales de mayo y las generales de noviembre-. Esta semana Alaya ha cerrado, por fin, la causa abierta en 2008 por el delito societario en el Real Betis. Se trata de la segunda macrocausa que cierra en estos siete años, todavía tiene seis abiertas por delante… La pregunta que queda en el aire es si conseguirá cerrarlas todas antes de dar el salto a la Audiencia. Esa es su misión imposible…

‘ERRE que ERRE’ con los ERE

Jorge Muñoz | 27 de enero de 2015 a las 6:00

Alaya no da su brazo a torcer, ni aunque lo diga el Supremo. La magistrada acaba de remitir una nueva “exposición razonada” al TSJA con los indicios contra los cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila-, en la que, desoyendo al Tribunal Supremo y a la Fiscalía, ha reiterado su criterio de no dividir el voluminoso sumario en piezas separadas para agilizar su instrucción.

Además, la juez ha enviado al Tribunal andaluz no sólo la parte que afecta a estos cuatro ex consejeros -ahora blindados hasta que pasen las elecciones andaluzas- sino la totalidad del sumario, incluidos los 229 imputados en este proceso que comenzó a investigarse hace cuatro años.

La insistencia de la magistrada en negarse a dividir el sumario no es nueva. Alaya ha rechazado en otras ocasiones anteriores la petición que en este sentido le había hecho la Fiscalía Anticorrupción.

El propio Tribunal Supremo advirtió cuando abrió la causa contra Chaves y Griñán y otros tres aforados, en noviembre pasado, de la necesidad de dividir la causa, mostrándose a favor de la propuesta del fiscal de investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos al denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha: la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las  las actuaciones consistentes en decisiones que en el tiempo supusieron el mantenimiento del sistema durante 12 años.

El Supremo citaba una sentencia de la propia Sala de lo Penal de diciembre de 2013 sobre la complejidad de los macroprocesos, lo que redunda en las dilaciones en la tramitación, algo que no se produciría en el caso de que hubiera más procedimientos, y advertía expresamente de la “disparatada prolongación” de las sesiones del juicio oral.

La Fiscalía reiteró en su informe la “conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separadas”. Entendía el Ministerio Público que la causa de los ERE es “ciertamente escindible” del resto de la instrucción y nada impedía que el TSJA también asumiera la investigación en lo referente a los aforados autonómicos.

Tras el auto del Supremo que abrió la causa contra Chaves y Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Alaya que elevara al TSJA otra exposición razonada, en un escrito en el que recordaba a la juez que según el Supremo la causa debe dividirse en distintas piezas separadas. Anticorrupción llegaba a apuntar asimismo que, ante la carga de trabajo del juzgado y “la ingente” tarea resultaba necesario que se nombraran jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales para poder “avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen”.

La Fiscalía llegaba a apuntar que hay al menos nueve ayudas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes y Mercasevilla- que se encuentran en un estado tan avanzado de investigación que incluso podrían ir a juicio a lo largo de este 2015.

Per0 Alaya ha demostrado, por activa y por pasiva, que no apuesta por la división del sumario, un criterio que ha impuesto incluso sobre las órdenes del Tribunal Supremo. Alaya sigue “erre que erre” con su planteamiento, por lo que mucho me temo que la idea de la Fiscalía de juzgar esas nueve ayudas este año quedará en saco roto. Y luego algunos se echarán las manos a la cabeza cuando los acusados se beneficien del retraso de la Justicia….

La misión imposible de Alaya

Jorge Muñoz | 25 de enero de 2015 a las 8:00

Una auténtica misión imposible. Alaya ha demostrado en los últimos años una gran capacidad de trabajo que es capaz de provocar la envidia de otros jueces, pero en los próximos meses tiene un reto muy difícil de lograr. De aquí a finales de este año, o tal vez hasta mediados de 2016 –todo depende de la comisión de servicio que le conceda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tiene que cerrar o al menos intentarlo los siete procedimientos, algunos de ellos macrocausas, que tiene al retortero.
Mercedes Alaya, que situó este juzgado de Instrucción que dirige desde 1998 en el mapa judicial español, no tiene a su favor la estadística porque en siete años sólo ha finalizado la instrucción de una única causa, la del cohecho de Mercasevilla, origen del escándalo de los ERE fraudulentos y que acabó con la condena de sólo dos de las cuatro personas a las que imputó Alaya.
Es cierto que la juez tiene otras dos causas a punto de cerrar –la del delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera, que se inició en 2008, y la relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla–, pero otras cuatro siguen actualmente en instrucción y con un incierto recorrido procesal.
En una etapa inicial de la instrucción se encuentra la macrocausa de los cursos de formación (iniciada en 2013), donde Alaya ha imputado ya a los ex consejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. Más avanzada se encuentran la causa del delito societario de Mercasevilla, que se inició en 2009; y la denominada operación Madeja o Enredadera, que ha destapado una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
Alaya también tiene abierta su sumario estrella: el de los ERE fraudulentos. A pesar de que la juez ha preimputado –una figura jurídica creada por la magistrada– a nueve aforados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, todavía tiene por delante una ingente labor. Hasta ahora, la juez apenas ha completado el 40% de la investigación de las ayudas bajo sospecha, si bien es cierto que se supone que lo que resta por investigar es de menor complejidad, una vez que Alaya ha resuelto todo lo relacionado con el denominado “procedimiento específico” por el que la Junta concedió durante doce años un total de 855 millones de euros.
En esta macrocausa hay 229 imputados, sin contar los aforados, pero todavía quedan muchos más por ser llamados a declarar.
Una vez solicitado su traslado a la Audiencia de Sevilla, es probable que Alaya pueda continuar en su juzgado hasta finales de este año o mediados de 2016, en función de la comisión de servicio y las posibles prórrogas que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda concederle para finalizar las macrocausas pendientes.
La pregunta es si Alaya será capaz de afrontar en estos meses todo lo que no ha podido hacer en los últimos años. Quizás el principal hándicap de Alaya es su loable insistencia en abrir una y otra vez nuevas líneas de investigación –algo que no todos los jueces harían– pero sin poner un punto y final a la anterior.

La juez Alaya llega a los juzgados de SEvilla

La juez Alaya llega a los juzgados de SEvilla

Alaya trabaja por impulsos, a borbotones, concentrándose en la causa del Betis durante semanas y aparcando el resto, o cogiendo los ERE y elaborando un maratoniano calendario de declaraciones que concentra en pocos días la comparecencia de decenas de imputados y que no se podría cumplir de no ser porque en este caso la inmensa mayoría de los implicados secundan la ley del silencio, acogiéndose a su derecho a no declarar.
En siete años, Alaya ha tramitado siete procedimientos con un pobre balance: sólo ha cerrado y llevado a juicio un caso. Pretender que ahora en sólo unos meses cierre todos los asuntos pendientes es su misión imposible. Pero cuidado que esta juez es incansable, como ella misma reconoció en un auto.

En mayo de 2013, Alaya se comprometió con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en acabar alguna de las macrocausas antes de que acabara ese año, algo que no se cumplió.

Lo que no cabe duda es que Alaya va a seguir instruyendo estos procedimientos mientras se lo permita el máximo órgano de gobierno de los jueces. Alaya volverá pronto a dar guerra –no sabemos en qué causa– una vez que ha remitido al TSJA la “exposición razonada” sobre los cuatro últimos aforados imputados en los ERE.

La juez incansable tiene cuerda para rato

Jorge Muñoz | 24 de enero de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes AlayaSi alguien pensaba que Alaya se marcharía pronto del juzgado tras haber pedido una plaza en la Audiencia de Sevilla y que otro juez se haría cargo de la instrucción de los ERE y de las otras macrocausas, lo lleva claro. Para dicha de algunos y lamento de muchos –entiéndase de los centenares de imputados y aforados a punto de perder su privilegio–, la juez incansable tiene cuerda para rato. Y lo que es peor, si se analiza la situación desde la óptica de los que desearían un cambio de instructor, en los próximos meses se celebrarán tres procesos electorales en cuyas campañas puede irrumpir Alaya.

De hecho, la juez entró en la campaña de las últimas generales de la mano del veterano y ya ex diputado del PSOE Alfonso Guerra, quien realizó unas declaraciones sobre la supuesta “relación personal fuerte” de la instructora con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lo que motivó que Alaya recibiera el amparo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Antes habían sido las propias decisiones de la magistrada y el momento elegido para hacerlas públicas lo que situaron a Alaya en el ojo de la polémica, como sucedió en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011. A tan sólo dos días de la jornada de reflexión de estos comicios, la juez notificó la citación a declarar como imputado del que fuera primer teniente de alcalde y socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU), en relación con la investigación abierta por la supuesta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.

En la campaña de las últimas elecciones generales, Alaya volvió a actuar de una manera similar, al haber convocado a tan sólo dos días de la jornada de reflexión una vista para decidir sobre la imposición de una fianza a los 13 primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Alaya puede ahora irrumpir en las tres elecciones que se celebrarán a lo largo de 2015, a pesar de que muchos jueces defiendan que la decisión de realizar determinados actos y diligencias procesales en plena campaña electoral es fruto de la coincidencia, una coincidencia que, paradójicamente, el Tribunal Supremo y el TSJA van a evitar al anunciar que no se adoptarán decisiones relevantes para no interferir en los comicios. La pelota está ahora en el tejado de Alaya.

Los aforados ‘boomerang’

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2015 a las 5:00

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

La exposición razonada que la juez Alaya remitirá en breve al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre cuatro ex consejeros preimputados en el caso de los ERE fraudulentos –Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio– se verá afectada por el adelanto de las elecciones andaluzas, que hará que estos cuatro diputados pierdan la condición de aforados, salvo en el improbable supuesto de que vuelvan a repetir como diputados autonómicos. La pérdida del aforamiento tendría un efecto boomerang sobre la competencia para la investigación y enjuiciamiento en su caso de estos ex consejeros, cuya instrucción retomaría la juez Alaya y el juicio se celebraría ante la Audiencia de Sevilla.
Si la presidenta de la Junta convoca ahora las elecciones para el próximo 22 de marzo, tres ex consejeros(Aguayo, Ávila y Vallejo) perderían el mismo día de la disolución del Parlamento andaluz su condición de aforado –de acuerdo con el artículo 101 del Estatuto de Autonomía–, mientras que Manuel Recio, al ser miembro de la Diputación Permanente, continuaría gozando del privilegio del aforamiento hasta el cese de funciones de este órgano –que vela por los poderes de la Cámara en periodos sin actividad y cuyos miembros serán renovados el próximo lunes en un pleno extraordinario– y la constitución del nuevo Parlamento, algo que podría tener lugar en torno al 16 de abril.
Hasta esa fecha es previsible que el TSJA no devuelva a la juez Mercedes Alaya la exposición razonada, aun cuando los cuatro ex consejeros hayan perdido ya su aforamiento. Según confirmaron fuentes del Alto Tribunal andaluz, lo normal es que no haya ningún pronunciamiento sobre la competencia hasta que se constituya la nueva Cámara, en cuyo caso el TSJAse dirigiría al Parlamento para que esta institución certifique que ninguno de los cuatro preimputados sigue estando aforado. El propio presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río, explicó ayer que en el caso de que se convocaran elecciones, el comportamiento de los tribunales “suele ser el de no intervenir de ninguna forma”, lo que incide en que no habría una actuación judicial hasta mediados de abril.
Varias hipótesis podrían complicar aún más la situación porque, en el supuesto de que alguno de los cuatro ex consejeros no perdieran la condición de aforado –algo que ahora parece impensable por la decidida voluntad de la presidenta de marcar una clara distancia con todo lo que huele a corrupción–, habría una posibilidad de que el TSJAmantuviera la competencia si los magistrados entienden que existe “conexidad” en los delitos que se investigan, lo que haría que ese imputado aforado arrastrara a los otros ex consejeros hasta el Alto Tribunal andaluz.
El TSJA podría mantener la competencia para investigar y enjuiciar a los ex consejeros si estos mantienen su aforamiento hasta el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral, según ha establecido el pleno Tribunal Supremo en un acuerdo alcanzado el 2 de diciembre de 2014 y en el que resolvió que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia debía enjuiciar a dos ex diputadas que habían renunciado voluntariamente a sus actas y habían perdido, por tanto, su privilegio. El Supremo sostiene que en las causas con aforados la resolución judicial que “acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del Tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.
Todos estas circunstancias apuntan a los ex consejeros tendrán que pasar finalmente por el despacho de la juez Mercedes Alaya, porque aunque la magistrada ha pedido una plaza en la Audiencia de Sevilla, lo más probable es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le conceda al menos una comisión de servicio por un período de seis meses para intentar finalizar la instrucción de la macrocausa de los ERE.

El ex consejero caído

Jorge Muñoz | 21 de enero de 2015 a las 6:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLas paradojas de la vida. Antonio Fernández, el que durante una década fuera consejero de Empleo de la Junta, ha pasado de dirigir las políticas en materia de Empleo y de ayudas laborales a no encontrar quien lo contrate, una vez que la juez Mercedes Alaya lo ha situado como un sospechoso habitual, al imputarlo en el caso de los ERE fraudulentos y en la más reciente investigación iniciada sobre las presuntas irregularidades detectadas en los cursos de formación financiados por la Junta.
Después de cuatro años de investigación judicial y de haber pasado varios meses en prisión provisional, el ex consejero ha vuelto a tocar fondo. Ya no sólo es que muchos lo vean como un apestado o un cadáver político, sino que el ex responsable de Empleo se enfrenta a un enorme rechazo social y profesional, derivado del estigma que suponen las graves imputaciones que pesan sobre Antonio Fernández.
Para colmo, el ex consejero está abocado a la muerte civil, después que la instructora le fijara la mayor fianza de responsabilidad civil que ha impuesto a los 229 imputados y que alcanza los 807 millones de euros. Para garantizar esta fianza, la juez Alaya le ha embargado a Fernández sus propiedades e incluso la indemnización de casi 38.000 euros que debía recibir tras su despido en la empresa González Byass.
La penuria en la que el ex consejero se encuentra le ha llevado a dar un nuevo y desagradable paso, al tener que solicitar a la juez Alaya que acuerde una pensión mensual para hacer frente a sus “necesidades más básicas”.
Alfonso Martínez del Hoyo, que como fiel escudero acompaña al ex consejero en sus avatares judiciales, explica en un escrito dirigido a la instructora que su cliente se encuentra en una situación de “completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”. El letrado llega a afirmar que si Fernández no contara con la “benevolente y graciable ayuda” de su más próximos se vería abocado a la “pura indigencia”. ¡Quien te ha visto y quien te ve!
Lo más fácil en un caso como éste, con un ex consejero caído en desgracia, sería apuntarse al carro de los que pudieran pensar que Fernández está precisamente dónde debe estar, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. Pero lo cierto, aunque algunos lo hayan olvidado ya, es que aunque Antonio Fernández aparezca como unos de los principales implicados en el escándalo de los ERE fraudulentos, hay que recordar que en estos momentos sólo está imputado, por el momento no ha sido procesado, juzgado, ni condenado, por lo que debe ampararle la presunción de inocencia, un derecho de todo imputado que nunca debería quedar vacío de contenido.
El abogado del ex consejero lamenta que su ingreso en prisión supuso no sólo la “destrucción de su derecho a la presunción de inocencia”, sino que trajo como inevitables secuelas su despido y la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez.
Desde que recuperó su libertad, Fernández ha intentado volver al mercado laboral sin éxito y ha agotado todas las prestaciones posibles y ya no puede hacer frente a sus necesidades más básicas.
La defensa se ha visto obligada a pedir la pensión de alimentos, en un escrito en el que detalla los gastos comunes a los que Fernández, como cualquier otro ciudadano, tiene que hacer frente cada mes: pago de hipoteca, recibos de luz, agua, gas, etc. Y una vez enumerados estos gastos cifra en 1.840 euros la pensión mensual que solicita a la juez y que reclama con cargo a los 38.000 euros de la indemnización por despido que la juez le embargó. En esa pensión se incluyen 900 euros para “alimentación, vestido y consumo básico”.
Si Fernández ha pedido a la magistrada la pensión es porque seguro que se encuentra en un atolladero. La juez, antes de pronunciarse sobre la petición, ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la misma. Haga lo que haga, la polémica está servida.