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Alaya extiende el océano de los ERE

Jorge Muñoz | 27 de diciembre de 2014 a las 6:00

Alaya, la juez incansable –como ella misma llegó a definirse–, sigue dando muestras de su incombustibilidad, aunque a veces en ese ánimo de abarcar lo inabarcable invada la competencia de otro juzgado. Su último auto, con sólo una extensión de tres folios, incluye una nueva bomba de racimo que detona sobre el sumario de los ERE fraudulentos –el que parecía bien encarrilado tras la exposición razonada remitida al Supremo– y que vuelve a salpicar las entrañas de la Junta de Andalucía en plenas fechas Navideñas –la resolución tiene fecha de la víspera de Nochebuena–.

La capacidad de trabajo de la juez es irreprochable, nunca me cansaré de reconocerlo, pero en el derecho español no caben las causas generales, como ésta que la juez parece abrir de nuevo, en este caso sobre las empresas públicas de la Junta donde Alaya quiere buscar los “paralelismos” con lo ocurrido en la agencia IDEA, que era utilizada como caja pagadora de las ayudas de los ERE y de esta forma se eludía, siempre según las tesis de la instructora, el control y la fiscalización previa de las subvenciones.

El problema de la nueva vía abierta por la juez Alaya es que la instructora ha decidido ampliar las pesquisas a algo de lo que ya se percató la Fiscalía Anticorrupción hace precisamente un año, cuando investigaba las presuntas irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria y se topó con un informe de la Intervención General donde se ponían de manifiesto otros “defectos” a la hora de contabilizar las transferencias de financiación realizadas por nueve empresas públicas. El juez de Instrucción número 16 de Sevilla abrió entonces nueve diligencias previas, una por cada una de las empresas públicas que usaron además el mecanismo de las transferencias de financiación.

Lo normal es que ahora la Fiscalía Anticorrupción recurra el nuevo auto de Alaya, porque en este caso la competencia para investigar los hechos correspondería a este otro juzgado que lleva más de un año tras la pista de esta nueva línea de investigación.

Alaya se queda sin plan Pive

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2014 a las 6:00

El coche que traslada a Alaya, tras las mejora de chapa y pintura...

El coche que traslada a Alaya, tras las mejora de chapa y pintura…

Ni plan Renove ni Pive. Alaya seguirá siendo llevada a los juzgados por los escoltas en el mismo Renault Clío que se ha venido utilizando hasta ahora. Eso sí, el vehículo ha recibido un lavado de cara que mejora algo la imagen. La Policía Nacional ha hecho un trabajo de chapa y pintura en el Renault Clío que traslada a diario a la juez Mercedes Alaya a los juzgados de Sevilla, bajo la custodia de  escoltas.

No sólo se le han quitado los numerosos golpes y arañazos que presentaba la carrocería y se le ha dado una capa de pintura completa al vehículo, sino que se han mejorado otros detalles estéticos, como el cambio del espejo retrovisor, que antes estaba en una situación verdaderamente impresentable.

Pero quizás lo más importante es que se ha arreglado el aire acondicionado, que ha hecho que en los últimos meses -antes de que llegara el frío- la juez y los escoltas tuvieran que soportar las elevadas temperaturas que se registraron hasta mediados de octubre pasado.

También se ha arreglado, aunque colocando un parche, las roturas de desgaste de la tapicería del vehículo.

Hace unos meses explicaba en este mismo blog que no parecía que un utilitario de este tipo fuese el más adecuado para llevar a una juez a la que se tuvo que fijar hace un año un servicio de escolta policial, después de que la magistrada fuese gravemente insultada por centenares de sindicalistas que se agolparon a las puertas de los juzgados de Sevilla para protestar por la detención de varios de sus líderes y exigir su puesta en libertad. Fue el propio decano de los jueces, Francisco Guerrero, el que trasladó a la Policía la necesidad de facilitar protección a la magistrada.

El estado que presentaba el coche en octubre pasado... antes de los arreglos

El estado que presentaba el coche en octubre pasado… antes de los arreglos

Como decía entonces, no se trata de una cuestión estética o de glamour, para nada, sino de seguridad, porque no parece en principio que este vehículo tenga la suficiente potencia como para poder sacar a la magistrada y a su servicio de escolta en un caso de apuro.

Seguro que a los escoltas de Alaya le vendría muy bien alguno de los vehículos que la magistrada ha entregado recientemente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que puedan disponer de ellos, tras haber sido intervenidos en la última fase de la operación Madeja -la Enredadera-. Se trata de un Jaguar XF que intervenido a un funcionario de la Diputación de Sevilla implicado en esta operación, así como otros cuatro coches -dos de la marca Lexus y dos Toyota- incautados a la empresa Fitonovo, todo ello al considerar la instructora que los directivos de esta sociedad habían creado una “organización criminal” que pagar mordidas a funcionarios y cargos público a cambio de favores en la adjudicación de contratos.

Alaya no necesita que la lleven en Jaguars, Lexus o Toyotas, pero tampoco estaría de más que le hubiesen puesto un coche de gama media…. 

Alaya está más cerca de la Audiencia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2014 a las 6:00

JUEZA ALAYAEn el macroconcurso de 364 plazas que ayer aprobó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) figuran cuatro nuevas plazas para la Audiencia de Sevilla, que reforzarán con el quinto magistrado las cuatro secciones de lo Penal que hay en esta Audiencia (las secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima). La juez Mercedes Alaya, que investiga las macrocausas de los ERE fraudulentos, está interesada en optar a una de ellas, según el anunció que realizó en el mes de octubre a los funcionarios de su juzgado, a los que expuso que se trataba de la “última oportunidad” para poder lograr este destino.

Como ya hemos comentado en  alguna ocasión, que Alaya pueda optar a una de estas plazas no implica que la magistrada se marche de inmediato del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige desde 1998. Todo apunta a que, aun cuando Alaya pida una de estas plazas y la logre, seguirá durante un buen tiempo instruyendo los macroprocesos.

Para ello se trataría de buscar una fórmula similar a la que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz continuar, en principio hasta marzo de 2015, con la instrucción del caso Gürtel o el conocido como el de los papeles de Bárcenas. Habrá Alaya para rato, aunque algunas fuentes apuntan a que la magistrada, una vez que obtenga plaza en la Audiencia de Sevilla -se trata de uno de los jueces que tienen más antigüedad-, podrá continuar en comisión de servicio durante cierto tiempo, todo ello con la finalidad de pueda finalizar su labor. Aunque las mismas fuentes apuntan a que lo normal es que se concedan como mucho dos comisiones de servicio, lo que haría que Alaya continuase al menos un año más al frente de estos sumarios, en el caso del juez Ruz su comisión de servicio ha sido prorrogada hasta en nueve ocasiones anteriores.

Algunas de las complejas investigaciones de Alaya, como el delito societario del Real Betis, se remontan al año 2008, hace más de seis años, mientras que otras como la de los ERE -en la que hay ya 229 imputados- están a punto de cumplir los cuatro años, mientras que las más recientes -los cursos de formación- están prácticamente al inicio de la investigación.

La estadística destroza a Alaya

Jorge Muñoz | 6 de diciembre de 2014 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados de Sevilla.

Si trasladásemos la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que plantea el Gobierno a la práctica y, en concreto, a los casos que instruye la juez Mercedes Alaya –recordemos que el proyecto quiere acabar con la “elefantiasis procesal” de los macroprocesos–, tendríamos un panorama desolador, con enormes causas algunas de las cuales se remontan a hace casi siete años, a 2008, como ocurre con el delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del Real Betis (diligencias previas 2172/2008).
Y digo desolador, estadísticamente hablando, porque en estos años en los que Alaya ha acaparado importantísimas y complejas investigaciones, la magistrada sólo ha finalizado de instruir una única causa –la del cohecho en Mercasevilla, que acabó con una condena de dos de los cuatro acusados–, otras dos está a punto de cerrarlas –la del caso Betis y las diligencias previas 5612/2009, relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla–, y otras cuatro siguen en instrucción, una de ellas incluso no ha hecho nada más que empezar a andar: la de los cursos de formación (D. P. 966/2013).
A estas investigaciones se suman el delito societario de Mercasevilla (6143/2009), el caso de los ERE fraudulentos (174/2011), y la reciente operación Madeja o Enredadera (4720/2013). En siete años, Alaya ha tramitado siete procedimientos con este pobre balance en cuanto a la finalización de los procedimientos. La juez no ha cerrado ni la mitad de los procesos que tiene abiertos a pesar de la preocupación y de los avisos que le ha ido lanzando el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para que fuera finalizando los procedimientos, una vez que Alaya rechazó el segundo juez de refuerzo que se le ofreció.
El Gobierno plantea ahora fijar un límite máximo de hasta tres años para la instrucción de las macrocausas, aunque excepcionalmente prevé prórrogas para fijar un nuevo plazo si lo pide el fiscal o lo acuerda “de oficio” el juez .
Pero la demora en la tramitación de estas monstruosas causas no puede achacarse sólo a la actuación de los jueces, porque influyen otros factores no menos importantes como la falta de medios. De nada servirá esta reforma legal si no va acompañada de más jueces, más plantillas de funcionarios y de mejores dotaciones de medios materiales. La aplicación en la práctica de esta reforma es poco creíble. Lo veremos.

Alaya y la UCO, dos lobos solitarios

Jorge Muñoz | 30 de noviembre de 2014 a las 6:00

Varios agentes de la UCO en una operación de AlayaLa juez Alaya lleva casi cuatro años de estrecha colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Mercasevilla, los ERE, la operación Enredadera y ahora la causa sobre las irregularidades en los cursos de formación son algunas de las investigaciones en las que han participado los agentes de esta unidad de élite. En este tiempo, Alaya y la UCO han llegado a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanza sus objetivos.
Por eso no es de extrañar que la juez dictara el auto en el que ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía el cese inmediato de las investigaciones relacionadas con los cursos de formación.
Por mucho que Alaya diga ahora, al rechazar el recurso de la Fiscalía Anticorrupción, que nunca se estaba refiriendo a la participación de la Policía Nacional en las investigaciones sobre los cursos que son competencia de otros juzgados, lo cierto es que su resolución contenía una intencionada ambigüedad que confundió a todo el mundo. Es como lo de la madre que considera que todo el pelotón de soldados lleva el pie cambiado, menos su hijo, que es el único que lo hace bien.
Muy claro no debería estar cuando la propia Fiscalía pidió a la instructora que acotara el oficio remitido al director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, para que la UDEF no se inmiscuya en la investigación de la UCO.
Alaya siempre defiende a la UCO, la unidad que en estos años se ha ganado su confianza después de que la instructora decidiera apartar en 2011 a la unidad de Policía Judicial de Cuerpo Nacional de Policía al inicio de la investigación de los ERE, con el argumento oficial de que esta unidad carecía de medios materiales y suficientes para llevar a cabo tan ingente investigación.
La juez se ha vuelto a poner ahora del lado de la Guardia Civil, aunque en esta ocasión tiene razón al afirmar que esta unidad y el juzgado que dirige ya estaban investigando antes de que lo hiciera la Policía Nacional las ayudas concedidas al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda. Sin embargo, la UDEF se anticipó en agosto pasado cuando, de forma altamente sorprendente, puso en marcha la denominada operación Óscar y procedió a la detención de Ojeda cuando Alaya disfrutaba de unas merecidas vacaciones tras haber remitido al Tribunal Supremo la exposición razonada en el caso de los ERE sobre Chaves y Griñán.
Esta actuación de la Policía enojó, sin duda, a la UCO y a la propia Alaya, que esta semana ha recordado que esa intervención de la UDEF “comprometió el éxito de la investigación” que realizaba la Guardia Civil y que probablemente este mismo otoño tenía pensado montar un operativo relacionado con Ángel Ojeda y sus empresas.
La Fiscalía Anticorrupción pidió en su recurso a la juez Alaya que exigiera la coordinación entre ambos Cuerpos policiales en torno a la investigación sobre las irregularidades en las actividades formativas, pero la instructora ha replicado al Ministerio Público que esa coordinación es “imposible” y “absolutamente desaconsejable”, al menos en esta fase inicial de las pesquisas, “donde la unidireccionalidad de criterios y decisiones es crucial”, razona la magistrada.
En el caso de los ERE, la Fiscalía ha planteado ahora que se cumpla la decisión del Tribunal Supremo de dividir el procedimiento en distintas piezas separadas, para lo cual ha reclamado que se designen “jueces de apoyo” con la finalidad de que la medida no resulte inoperante. Alaya llegó a tener hasta dos jueces de refuerzo, pero los rechazó porque considera que no quería ayuda, y actualmente sólo cuenta con el apoyo de un magistrado que se encarga de los asuntos ordinarios del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
Está claro que a la UCO, como a la juez Alaya, le gusta trabajar sola y sin interferencias de otros Cuerpos. Alaya y la UCO. Tanto monta, monta tanto. Dos lobos solitarios.

La UCO se apunta al espectáculo

Jorge Muñoz | 16 de noviembre de 2014 a las 7:00

Martes 11 de noviembre. 08:45 horas. Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los cuerpos de élite del instituto armado, irrumpen en la Diputación Provincial de Sevilla. Los agentes llegan a la institución en dos potentes vehículos, un Mercedes y un Porsche Cayenne, que aparcan en la misma puerta de acceso. De forma simultánea, otros agentes actúan en doce provincias españolas. Ha comenzado la operación Enredadera, la tercera fase de la denominada operación Madeja y en la que la Guardia Civil destapa una trama corrupta que pagaba mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores y asesoramiento en la adjudicación de contratos.
La UCO despliega otro espectacular operativo que en principio se salda con la detención de 32 personas y la práctica de una veintena de registros en las distintas provincia en las que se desarrolla la Enredadera. En los últimos tiempos las unidades de élite de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional se han apuntado a la práctica de este tipo de operaciones espectaculares, que acaparan los informativos de televisión y las portadas de los periódicos aunque luego tan sólo una pequeña parte de los numerosos detenidos acaban en prisión provisional, lo que lleva a cuestionar si realmente este tipo de redadas son necesarias.
En el caso de la operación Enredadera, que ha sido coordinada por la juez Mercedes Alaya, de los 32 detenidos sólo tres personas han acabado finalmente en prisión provisional –una cuarta estuvo sólo unas horas en la cárcel y salió tras abonar 100.00 euros de fianza–. De hecho, en las horas siguientes a las detenciones, la propia UCO dejó en libertad a 22 de las 32 personas arrestadas, aunque con la obligación de comparecer ante la juez Alaya en los días siguientes.
No es la primera vez que actuaciones policiales que se presentan a la opinión pública como grandes intervenciones en la lucha contra la corrupción acaban con un nivel tan bajo de prisiones preventivas. Si el éxito de una misión policial de este tipo se midiera por el número de personas privadas finalmente de libertad, con este resultado no podría hablarse de un auténtico logro policial.
Y no es la primera vez que ocurre. También ha ocurrido con otras operaciones realizadas por la UCO y la juez Alaya, como la denominada Heracles II en la causa de los ERE fraudulentos, que se desarrolló en octubre de 2013 contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de las prejubilaciones. En esta operación fueron detenidas diez personas, entre ellas varios sindicalistas, y todas quedaron en libertad con cargos.
La misma situación se ha producido en la más reciente operación Púnica, también obra de la UCO y en la que se materializaron 35 detenciones. Esta actuación arrojó un balance de siete prisiones incondicionales decretadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, entre ellas el ex número 2 del PP madrileño Francisco Granados, los empresarios que actuaban como “conseguidores” David Marjaliza y Alejandro de Pedro o el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. Otras ocho personas quedaron en libertad, a 13 más se dictó una orden de prisión eludible bajo fianza que oscila entre los 25.000 y 300.000 euros, y otras cuatro con la obligación de abonar fianzas de hasta 40.000 euros.
No digo que todos los detenidos en estas macrorredadas tengan que acabar en prisión, ni mucho menos. Lo que sostengo es que quizás no resulta verdaderamente imprescindible llevar a cabo estos numerosos arrestos y mantener encerradas a estas personas durante tres días en unos calabozos que en muchos casos presentan unas condiciones de salubridad lamentables -véase el estado de los calabozos de los juzgados de Sevilla por ejemplo-. Bastaría quizás con haberles citado a declarar como imputados, bien ante la propia Guardia Civil, o directamente ante la instructora.
Se podrá alegar que este tipo de operaciones son necesarias por el factor sorpresa que acompaña a estas intervenciones que se practican de forma simultánea, lo que impide que unos implicados puedan alertar a otros en el caso de que la actuación policial no se realizara a la vez. Y también se puede argumentar que estas operaciones tan espectaculares son necesarias para, por un lado, proceder a incautar abundante documentación que puede contribuir al desarrollo de las investigaciones y a corroborar los indicios de delito, y por otro evitar que los implicados puedan destruir pruebas. Eso haría necesario la práctica coordinada de todos esos registros en empresas y viviendas, lo que justificaría ya de por sí que se monte una operación de este tipo, aunque seguiría sin justificar el elevado número de detenciones que luego no se transforman en autos de prisión cuando llegan al juzgado y se analizan por parte de la Fiscalía y de la magistrada la gravedad de los hechos atribuidos por los investigadores policiales a los implicados.
De la operación Enredadera también sorprende otro aspecto nada desdeñable. Se trata de una intervención que se ha realizado en un total de doce provincias españolas y que afecta a varias comunidades autónomas, por lo que el destino final de esta investigación debería ser la Audiencia Nacional, el órgano competente para instruir y enjuiciar este tipo de delitos que afectan a varias provincias y que además, según ha reconocido la propia juez Alaya, actuaban como una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo”, la empresa contratista que llevaba una contabilidad B en la que estaba perfectamente detallado e incluso con recibos los pagos de mordidas por importe de más de dos millones de euros en los últimos años.
Lo lógico es que, una vez finalice la ronda de declaraciones de los imputados enla la Enredadera, Alaya se inhiba a favor de los juzgados de la Audiencia Nacional, aunque la instructora podría intentar quedarse con una parte de la investigación que afecta, por ejemplo, al ex asesor del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla y ex director del área de Via Pública Domingo Enrique Castaño y a otras personas. Pero posiblemente la implicación de los pagos realizados en otras provincias se remitirá a un juzgado Central. Todo está en manos ahora de la instructora.

El estigma de la imputación

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2014 a las 6:00

Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Los ex presidentes  Chaves y  Griñán, en un acto de homenaje a la Constitución

Sólo hay dos formas de prestar declaración ante un juez. Como testigo, sin estar asistido de abogado y con la obligación de decir la verdad y responder a todas las preguntas del juez y de las demás partes personadas en un procedimiento;o en calidad de imputado, una garantía legal por la que la persona acude acompañada de un abogado y puede acogerse a su derecho a no declarar e incluso mentir en su declaración.

La declaración de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en calidad de imputados, por tanto, no tendría que levantar más suspicacias de no ser por la complicada situación en que los colocó la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al poner de manifiesto que reclamaría el escaño de ambos en el caso de que el Supremo los imputara.
Para intentar salir del atolladero en el que se metió la propia presidenta con sus declaraciones, desde el Gobierno andaluz recurren ahora a las confusiones del lenguaje y de las leyes procesales para intentar defender que los ex presidentes pueden declarar en “condición de parte” pero no de imputados.
Los términos “imputado” o “imputación” son, en el clima actual de rechazo a los distintos casos de corrupción, dos palabras malditas, sobre todo si las mismas se unen a la condición de político de la persona sobre la que se predica dicha situación. Es el matiz peyorativo que la sociedad ha atribuido a un concepto con el que el legislador pretendía garantizar los derechos de la personas que se sienta a declarar delante de un juez para responder de unos hechos presuntamente delictivos.
El consejero de Justicia e Interior, el veterano fiscal en excedencia Emilio de Llera, fue el primero en salir ayer al paso de la confusión en torno a la cuestión, para tratar de sostener que la declaración “voluntaria” de los ex presidentes se haría en “condición de parte” pero no como imputados. Una lectura de la exposición de motivos de la ley orgánica 7/2002, de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el artículo 118 bis, como garantía de los aforados para poder defenderse ante querellas o denuncias maliciosas que buscan la repercusión mediática, tampoco contribuye a despejar todas las dudas respecto a la condición en la que un aforado puede prestar declaración ante el Tribunal Supremo.
El mencionado artículo 118 bis establece que cuando se impute un acto punible contra un diputado o senador, éstos podrán ejercitar “su derecho de defensa” en los términos previstos en el artículo 118 –que regula dicho derecho para cualquier persona– y todo ello sin perjuicio del artículo 71.2 y 3 de la Constitución, que establece que los diputados y senadores no podrán ser inculpados o procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
El artículo establece que debe ponerse en conocimiento de los aforados la admisión de una denuncia o querella, con lo cual se le atribuye la facultad de “asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella” y también declarar voluntariamente ante el juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias. Esta propuesta, prosigue la exposición de motivos, no vulnera el artículo 71.2 de la Constitución, puesto que la atribución del estatuto de “imputado” no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa “tan sólo para inculpar o procesar, pero no para imputar”.
A continuación, el texto señala que la propuesta tiene un antecedente parcial en la “práctica” seguida por la Sala Segunda del Supremo, de “admitir la declaración voluntaria del aforado, asistido de abogado y representado por procurador, sin necesidad de elevar suplicatorio a las cámaras”. Con el 118 bis, según el legislador, se evita el “riesgo de autorizar una primera instrucción por el juez que inicialmente conoció el proceso, que podría desembocar en una inculpación material del aforado, vulnerando tanto el fuero del parlamentario como la garantía de la inmunidad”.

Alaya nunca da puntadas sin hilo

Jorge Muñoz | 12 de noviembre de 2014 a las 5:00

mercedesalayaUna de las muchas cosas que la juez Mercedes Alaya ha demostrado en los últimos años en los que se ha convertido en un referente nacional en la lucha judicial contra la corrupción es que no da puntadas sin hilo. Cada movimiento, cada auto, cada providencia, cada imputación, por muy insólito que pueda resultar en alguna ocasión tiene una lógica jurídica y está precedida por alguna investigación o revelación policial.
Alaya ha llegado a un destacado nivel de entendimiento con los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), desde que en los primeros pasos de la investigación de Mercasevilla decidiera apartar a la Policía Nacional, en concreto, a la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados.
Esa especial sintonía entre la instructora y los investigadores de la Guardia Civil se hace patente cada vez que se produce una nueva operación, y ya van unas pocas, realizadas por la UCO bajo la coordinación de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.La nueva operación, que la Guardia Civil ha bautizado como “Enredadera”, surge la célebre operación “Madeja”, la que llevó a a la cárcel por un mes a Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín.

En esta operación, Alaya comenzó a investigar una presunta financiación ilegal del PSOE después de que el empresario de Fitonovo, Rafael González Palomo, reconociera en su declaración que había entregado 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y asegurara que éste le había dicho que era para el PSOE.
Pero esa supuesta financiación ilegal del PSOE se quedó sólo en eso, en la afirmación del empresario que presuntamente pagaba los sobornos a cambio de la adjudicación de los contratos públicos.
Alaya y la UCO siguieron tirando de la Madeja hasta enredarse en la operación que ayer explotó con la detención de 32 personas en doce provincias españolas.
Ahora ya no se trata de la financiación de un partido político sino de un entramado criminal de contactos entre empresas y funcionarios públicos para acceder a los contratos a cambio de comisiones y dádivas. La madeja que sigue desenredando Alaya ha destapado ya pagos de dos millones de euros en un período de nueve años a funcionarios y cargos públicos, y que se extiende en principio más allá de lo que puede ser de su competencia territorial, por lo que es posible que al final esta investigación acabe en la Audiencia Nacional.
Pero ojo, que la juez Alaya nunca da puntadas sin hilo y tiene abiertos otros frentes judiciales, como el de los cursos de formación, donde sí ha llegado a preguntar al principal testigo de cargo, al funcionario de la Junta Teodoro Montes, sobre si el PSOEse financió a través de las ayudas para las actividades formativas que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

El ‘juzgado central’ de Alaya

Jorge Muñoz | 9 de noviembre de 2014 a las 6:00

La juez Mercedes AlayaAlaya es una juez tan célebre o más que sus homólogos de la Audiencia Nacional. La magistrada sevillana es tan conocida como los Santiago Pedraz, Pablo Ruz o Eloy Velasco, que instruyen algunas de las causas más importantes en España contra la corrupción, como la trama Gürtel o los papeles de Bárcenas, el ex tesorero del PP. Se trata de jueces destinados en alguno de los juzgados centrales de Instrucción de laAudiencia Nacional.
En los últimos años, se han producido ocasiones en las que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que dirige Alaya desde hace 15 años, parece que se asemeja más en su funcionamiento a un juzgado central de Instrucción –no se sabe si con competencias en Andalucía o en toda España– que a un órgano que, en principio, debería estar centrado en investigaciones que afectan a la provincia de Sevilla.
Cierto es que la juez Mercedes Alaya instruye, con un gran esfuerzo profesional, personal y familiar, la macrocausa por el escándalo de los ERE fraudulentos, que ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil a practicar detenciones en distintas provincias españolas. A este juzgado sevillano han sido trasladados para prestar declaración personas arrestadas en Madrid, Barcelona o Cádiz, por ejemplo, en el marco de las distintas operaciones policiales llevadas a cabo en los casi cinco años de instrucción que están a punto de cumplirse.
Pero también es cierto que el juzgado de Alaya se ha revestido, bien debido a la propia naturaleza de la investigación o quizás en algún caso por un supuesto afán de notoriedad, de las características que rodean a esos órganos judiciales que tienen encomendados por ley esas particularidades que les convierten en juzgados especiales.
No es la primera vez que Alaya apunta alto. Un ejemplo reciente. La instructora no ha dudado en dirigir un oficio al director general de la Policía, JoséIgnacio Cosidó, ordenándole que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía “cese de inmediato” las actuaciones que venía desarrollando en torno a la investigación de los cursos de formación, una causa que no sólo investiga Alaya sino otros tantos juzgados andaluces y del resto del país.
Esta actuación ha sido reprochada a la magistrada sevillana por la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido su decisión de arrebatar la investigación a la UDEF y entregársela a la UCO. Entre los argumentos para pedir a Alaya que corrija su decisión, el fiscal le ha recordado expresamente que su ámbito de actuación no es andaluz. El Ministerio Público argumentó en su escrito que Alaya no puede decidir qué cuerpo policial debe o no investigar en las distintas causas que se hallan “bajo la suprema autoridad” de otros juzgados. Es decir, que tan competente es Alaya como el juez de Málaga o de Granada que están investigando las irregularidades en los cursos de formación y que, a diferencia que la magistrada sevillana, cuentan con el auxilio de la UDEF para llevar a cabo las pesquisas relacionadas con el fraude.
Dicen que la magistrada va a rectificar esa polémica orden dirigida a la Policía y que, siguiendo el criterio pacificador de la Fiscalía, va a restringir el cese de esa investigación a aquellas actuaciones que únicamente afecten a la investigación de su juzgado. Pero el daño ya está hecho.
La Fiscalía Anticorrupción no ha sido la única que ha reprochado la actitud de Alaya. La Junta de Andalucía, a la que tanto daño político generan las investigaciones de la juez, también le ha reprochado su forma de dirigir la instrucción de los cursos.
El Gobierno andaluz, que ha iniciado una batalla legal para apartar a Alaya de la investigación de los cursos de formación –al estimar que la magistrada se “autoatribuyó el caso cuando debía haberlo enviado al decanato para su reparto entre otros órganos judiciales–, sostiene que el juzgado de Alaya se ha constituido en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la consejería de Empleo de la Junta” y dando lugar a la formación de una “causa general” contra la Administración autonómica.
Hay quien incluso bromea ya diciendo que el juzgado de Alaya se ha convertido en el “juzgado central de Instrucción número 6 de Andalucía”. Alaya tiene una proyección aparentemente brillante en la carrera judicial. Juez “incansable” donde los haya, por utilizar la expresión que ella misma acuñó, no tengo dudas de que la labor que a diario realiza es cuando menos similar a la de sus homólogos de la Audiencia Nacional, pero hoy por hoy no existe el ‘juzgado central’ de Alaya. Aunque todo se andará…

Alaya tiene dos ‘match balls’ contra la Junta

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2014 a las 5:00

La juez Mercedes AlayaLa batalla legal que ha emprendido la Junta contra la juez Alaya puede acabar antes de haber comenzado. Utilizando un símil deportivo, del mundo del tenis, la magistrada tiene ante sí dos oportunidades para rechazar el incidente de nulidad que le ha planteado el Gobierno andaluz por la forma en la que asumió la investigación del fraude en los cursos de formación, tras la denuncia del testigo clave y ahora también “protegido”, el funcionario Teodoro Montes.
Para empezar, una vez solicitada la nulidad –el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla no había recibido ayer el recurso–, la magistrada podría decidir, aunque es poco probable, rechazarlo de plano, es decir, no admitirlo por considerar que no hay motivos ni siquiera para su tramitación.
La segunda opción de la juez, y más lógica, sería tramitar el incidente y dar traslado por un plazo de varios días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas –las defensas de los ex consejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y a la acusación popular de UPyD– para que se pronuncien sobre esta nulidad.
Una vez que la juez disponga de los pronunciamientos de estas partes, sobre todo de la Fiscalía, estaría en condiciones de resolver el incidente.No hay que ser muy avispado para entender que la juez Alaya, sin duda alguna, va a rechazar la nulidad y a confirmar su competencia para instruir la causa de los cursos de formación, por muchas dudas que suscite la forma en la que Teodoro Montes llegó a su juzgado y desde aquí fue enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rendir testimonio, y como a continuación la Guardia Civil remite su declaración –en la que denuncia las numerosas irregularidades– de nuevo a la juez Alaya, que asume esta investigación aunque en principio, más allá de que se refieren a irregularidades en actividades formativas, no guarda relación alguna con la investigación abierta a las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas.
Alaya contará para defender su competencia con el apoyo explícito de la Fiscalía, que asegura que ya hace un año analizó la cuestión y no observó ninguna incidencia como para retirarle la competencia a esta magistrada.
La cuestión clave es qué ocurrirá una vez que Alaya rechace la nulidad solicitada. Aquí es donde, según las fuentes consultadas, se produce la mayor discrepancia jurídica, por cuanto la Junta sostiene que ante un hipotético rechazo de Alaya siempre podrá acudir presentando un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, que tendría la última palabra para resolver la competencia de los cursos. Otras fuentes entienden que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estipula en su artículo 241 que no cabe presentar recurso alguno tanto contra la resolución que inadmita a trámite el incidente de nulidad o contra la que resuelva dicho incidente.
El Gobierno andaluz subraya que la vía emprendida viene especificada en el artículo 240.1, que señala que la nulidad de pleno derecho y los defectos de forma “en los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales”. La Junta entiende que la jurisprudencia avala que una resolución que resuelve una nulidad puede ser recurrida ante la Audiencia.
Las fuentes consultadas se preguntan por qué la Junta no ha dado un paso más y ha planteado la recusación de la juez Alaya en la causa de los cursos –algo que desde la Administración no se observa en estos momentos–, para lo cual incluso podría cumplirse este viernes el plazo de diez días que estipula la ley, dado que fue el pasado 21 de octubre cuando Teodoro Montes reveló en su declaración que acudió directamente a la juez Alaya a denunciar después de seis o siete años sin que ningún juzgado atendiera su denuncia sobre las irregularidades.
La posibilidad de la recusación fue apuntada por la Audiencia de Madrid como una de las posibilidades que existían cuando devolvió al polémico ex juez Elpidio José Silva la investigación abierta sobre el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida.
Y de otro lado, la vulneración de las normas de reparto de los asuntos motivó la condena del juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano, después de que se presentara una querella contra el magistrado.