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Susana Díaz planta cara a Alaya

Jorge Muñoz | 28 de octubre de 2014 a las 5:00

ERES FALSOS. MERCEDES ALAYASusana Díaz no quiere convertirse en la nueva víctima de la juez Alaya y su peculiar forma de instruir los procesos. Y como la mejor defensa es el ataque, la presidenta ha instado a los servicios jurídicos a plantear una batalla jurídica con un doble frente: la competencia de Alaya para investigar el caso de los cursos y el firme rechazo a la entrega de las actas de los “consejillos”, si bien en este último caso la oposición en los tribunales es simultánea con un nuevo ejercicio de transparencia al levantar el secreto de las reuniones de los viceconsejeros y anunciar que las mismas estarán a disposición de todos los ciudadanos –y como no también de la instructora– en la web de la Junta. Susana Díaz ha dado el paso que su antecesor, José Antonio Griñán, no se atrevió o no quiso dar en su momento, y parece que así le fue: preimputado por Alaya y a la espera de que el Supremo decida si debe prestar declaración en calidad de imputado en la causa de los EREfraudulentos junto a Manuel Chaves y otros siete ex consejeros autonómicos.
Los escritos de los servicios jurídicos son vehementes y atacan, aunque dentro de la cortesía legal del respeto a las decisiones judiciales, la asunción por parte de la juez de la causa de los cursos.
Después de haber leído los oficios de la UCOde la Guardia Civil y los autos de Alaya, algunos de ellos completamente estereotipados, dictados al inicio de esta investigación y cómo llega la misma a su juzgado, reconozco que no está nada claro que Alaya sea competente. Hay muchas lagunas.
La Fiscalía Anticorrupción argumenta que no hay ningún motivo para retirar a Alaya de la investigación, puesto que hace un año ya estudió el asunto, y se trata de una cuestión del gobierno de los jueces, del reparto de las causas, y por ese motivo considera que tan competente es Alaya como cualquier otro juez de Instrucción al que hubiese correspondido el caso. Pero ése es precisamente el quid de la cuestión. Alaya medió o influyó con su decisión de enviar a Teodoro Montes a declarar ante la UCO, pero esta unidad debió llevar su declaración al juzgado de guardia porque no guardaba relación con la investigación de Juan Lanzas.
La Justicia tiene medios para corregir estas situaciones y en el peor de los casos, lo más grave que puede suceder es que Teodoro Montes tenga que volver a declarar ante otro juez y repetir las acusaciones que ha vertido, sin aportar hasta ahora pruebas, durante ocho días.

Alaya quiere obligar a que se crea al testigo clave “sí o sí”

Jorge Muñoz | 24 de octubre de 2014 a las 5:00

0001407253_x440_jpg000Como diría un ex presidente de un club deportivo, Alaya quiere obligar a que se crea el testimonio del funcionario Teodoro Montes, el testigo clave de los cursos de formación, “sí o sí”. No puede interpretarse de otra forma la grave advertencia que realizó la juez el pasado miércoles al término de la declaración del testigo cuando Alaya, probablemente contrariada y molesta ante el anuncio de querellas contra el testigo que han realizado el sindicato CCOO y la fundación Faisem (ahora se ha unido también la delegada de Empleo, Aurora Cosano), afirmó que “no va a consentir” ningún tipo de presiones o coacciones al testigo.

Una decisión insólita que en principio podría considerarse que atenta -si realmente la instructora lo lleva a cabo- el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano a tener libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución motivada y fundada en el Derecho.

Lo sorprendente de las manifestaciones de Alaya, que incluso afirmó que no dudaría en abrir una investigación penal en el caso de que se presenten esas querellas -la juez cree podría tratarse de un delito de obstrucción a la Justicia por parte de los querellantes-, es que de esta forma se coarta la posibilidad de que las personas afectadas por las afirmaciones del funcionario -que ha realizado graves acusaciones contra algunas instituciones, asociaciones, sindicatos y responsables de la Junta- puedan defenderse y rebatir ese testimonio.

Teodoro Montes, que rindió testimonio durante ocho interminables jornadas, compareció ante la magistrada en calidad de testigo y por lo tanto estaba obligado a decir la verdad. De hecho, al inicio de cada comparecencia, la juez le realizaba al funcionario las advertencias legales, instruyéndole  de los derechos y obligaciones que la Ley le impone, en especial de la obligación de ser veraz [“que dice, usa o profesa siempre la verdad”, según la RAE] y de las penas con las que el Código Penal castiga el delito de falso testimonio en causa criminal.

No digo que haya que poner en entredicho la veracidad del testimonio de Teodoro Montes, quien para las acusaciones es un testigo “magnífico” para sostener el fraude de los cursos de formación, pero tampoco se puede cercenar el derecho de las personas que se consideren injuriadas o calumniadas por sus afirmaciones a acudir a los tribunales de Justicia y a obtener una respuesta, con independencia de que el juez le dé o no la razón, algo que dependerá de la aplicación de la ley que realice el magistrado.

No hay que olvidar que nuestro ordenamiento jurídico consagra la figura denominada “exceptio veritatis” o prueba de la verdad y que consiste en la excepción de responsabilidad penal en el caso de demostrar la verdad. Así, el artículo 207 del Código Penal establece que “el acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado”, mientras que el artículo 210 señala lo siguiente: “El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas”. Que quiere decir esto, pues que si finalmente Teodoro Montes fuese acusado de calumnias o injurias, no tendría nada más que probar la verdad de sus graves acusaciones para quedar libre de cualquier cargo.

El problema es que, por lo menos hasta ahora, Teodoro Montes ha realizado graves acusaciones que no están contrastadas por pruebas. El funcionario ha dicho que sus superiores le imponían determinadas irregularidades y que hay constancia -a través de escritos suyos- negándose a las mismas, como cuando dijo que le obligaron a emitir diplomas de cursos cuya realización no había quedado acreditada. Montes culpó a la delegada de Empleo en Sevilla y directora provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del SAE, María Auxiliadora de Nova, de haberle obligado a expedir los diplomas de 25 cursos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que en realidad no se habían dado.

Alaya ya ha requerido al testigo para que aporte a la causa de los cursos de formación las pruebas que corroboran sus graves acusaciones. En concreto, la juez le requirió expresamente para que aporte a la causa los “múltiples informes” en los que Teodoro Montes asegura que denunció las graves irregularidades y que, según ha afirmado, cayeron en muchos casos saco roto por parte de sus superiores jerárquicos. El testigo le dijo a la instructora que se le puso “todo impedimento institucional para controlar aquello que es su función y cometido controlar” y cuando la magistrada le insistió en que aporte los informes, Teodoro Montes dijo que quiere hacer entrega de dichos informes y de la documentación que acredita sus afirmaciones, aunque señaló que ahora mismo esa información “no está a su disposición” pero la entregará cuando llegue a su poder.

Conclusión: Alaya esta en su deber de proteger al testigo si realmente está siendo objeto de presiones o coacciones, pero las personas o entidades agraviadas por sus manifestaciones también tienen derecho a acudir a los tribunales para ejercer su derecho al honor, si consideran que el testimonio no es veraz.

Y por cierto, que tampoco puede pasar por alto la postura de la Fiscalía Anticorrupción, que ha mostrado su “conformidad” con el acuerdo de la instructora y que incluso ha pedido que se considere a Teodoro Montes como un “testigo protegido” en el proceso.

El juzgado de Alaya no es el Elíseo

Jorge Muñoz | 20 de octubre de 2014 a las 5:00

Los ministros franceses Emmanuel Macron, François Rebsamen y Jean-Yves Le Drian depositan sus teléfonos móviles antes de entrar en la sala de reuniones, en el Palacio del Elíseo.

Los ministros franceses Emmanuel Macron, François Rebsamen y Jean-Yves Le Drian depositan sus teléfonos móviles antes de entrar en la sala de reuniones, en el Palacio del Elíseo.

La imagen que aparece sobre estas líneas pertenece al Palacio del Elíseo y aparece en un reportaje publicado por Le Monde sobre el funcionamiento del gobierno francés y su consejo de ministros. Lo llamativo de la imagen y es lo que trae a colación este post  es el detalle del mueblecito -estilo aparador- que tienen los ministros franceses para depositar sus teléfonos móviles antes de acceder a la sala donde se reúne el Consejo de Ministros. ¿Y se preguntarán por qué hablo hoy del mueblecito? Porque hace unos días una compañera me envió el enlace del artículo y me preguntó si esta escena, salvando las distancias, no me recordaba a algo que sucedía a las puertas del juzgado de Mercedes Alaya siempre que se produce la declaración de un imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos.

Antes de cada comparecencia, sobre todo las que congregan a un buen número de letrados, los veteranos agentes de la Guardia Civil encargados de la seguridad proceden a retirar -por orden de la magistrada-, los teléfonos móviles de todos los letrados defensores -a los fiscales que se sepa no se les hace tal requisa- que acceden al despacho de la juez o a la sala de vistas que se utiliza como alternativa cuando son muchos los asistentes a la declaración.

Desde luego, el procedimiento que se utiliza aquí no es tan glamuroso como el que refleja la fotografía del diario francés. Aquí los guardias introducen el móvil del abogado en un sobre con un número, llevan un registro sobre a quien corresponde cada número, y -ojo al dato, como diría García-, a continuación, lo meten en una caja de cartón de las que usan las empresas panificadoras, de patatas fritas o similares y que los propios agentes se han tenido que agenciar para no tener tanto sobre disperso con teléfonos de alta gama. La caja que se emplea para guardar lo móviles lleva incluso el logo de la marca.

La anécdota sirve para demostrar, una vez más, la falta de medios de la Justicia en España. No digo que le pongan un mueble tan chic como el de los franceses, pero lo que sí está claro es que la solución sevillana no puede ser más cutre. Seguro que Alaya, que fue quien acordó requisar los teléfonos a los letrados -después de creer que se estaba retransmitiendo en directo la declaración de un alto cargo-, desconoce los pormenores de cómo se ejecuta su orden. Porque de saber lo de la caja de cartón, estoy seguro de que no lo consentiría. Y menos una juez que ha sido portada de Vanity Fair, la glamurosa revista que le dedicó un amplio reportaje hace unos meses que recomiendo encarecidamente que lea todo aquel que no lo haya hecho ya. No tiene desperdicio.

El testigo más singular de Alaya

Jorge Muñoz | 19 de octubre de 2014 a las 6:00

El funcionario Teodoro Montes sale de los juzgados de Sevilla tras prestar declaración.

El funcionario Teodoro Montes sale de los juzgados de Sevilla tras prestar declaración.

Lleva más de 23 horas declarando ante la juez Alaya, a lo largo de cinco interminables jornadas que se prolongan más allá de las horas en las que cierran las cocinas. Se trata del testigo más singular que ha pasado por el despacho de la magistrada, por el que hay que recordarlo han deambulado en los últimos años más de 200 imputados relacionados con el fraude de los ERE. Teodoro Montes Pérez, el que fuera jefe de departamento de Gestión de formación Profesional Ocupacional en Sevilla, es la principal bala, o tal vez la primera, que tiene la incombustible magistrada para montar una nueva macrocausa en relación con el fraude de los cursos de formación y en los que tan sólo en el minuto uno ya ha arrastrado como imputados a dos ex consejeros: Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
El inagotable testimonio de Teodoro Montes ha pasado de ser calificado de “magnífico” para las tesis de la declaración –día uno de su comparecencia judicial– a poner en entredicho la propia competencia de la juez Alaya para investigar el fraude de los cursos, algo que ocurrió el pasado viernes, día quinto de su extensa declaración. Cada día, antes de comenzar el interrogatorio, la juez le ha recordado al testigo las prevenciones legales, sus derechos y obligaciones, sobre todo la de ser veraz en sus manifestaciones. Como testigo y a diferencia que un imputado, el funcionario está obligado a decir la verdad en relación con los hechos.
A Teodoro Montes se le han hecho en estas cinco jornadas más de 100 preguntas, de las cuales unas cuarenta se las formuló la juez Alaya y el resto el fiscal delegado de Anticorrupción y el abogado de la Junta, al que por cierto Alaya declaró “impertinentes” una docena de preguntas al considerar que ya habían sido respondidas, o bien, porque Alaya ha entendido que el letrado ha “sacado de contexto” las expresiones utilizadas por el testigo.
Nadie duda de la gravedad de los hechos denunciados por el funcionario, el problema es que, hasta ahora, no ha aportado una sola prueba irrefutable que avale estas acusaciones –y eso que suele acudir al juzgado con una bolsa de unos grandes almacenes plagadas de documentos, pero que hasta ahora no han sido incorporados al sumario–. Su testimonio puede ser la base para nuevas investigaciones, pero al menos por ahora no puede ser –en teoría, otra cosa es cómo lo valore la magistrada– un cimiento sólido sobre el que establecer la acusación en relación con las irregularidades de los cursos de formación.
Un ejemplo. Las mordidas del 20% que, según Montes, se habrían pagado por la “transferencia” de los cursos a otras empresas subcontratistas. El funcionario asegura que el pago de esas comisiones lo conoce porque se lo han dicho las empresas que las pagaron, pero ni siquiera da un nombre. Montes implica sobre todo a los sindicatos en el cobro de las comisiones y también habla de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la que al terminar el segundo día de su declaración dice que “también acude a una red de centros que tienen alguna relación de dependencia con ella mediante convenio o contrato” y al día siguiente –tercera declaración– matiza que “no tiene constancia de que la CEA” participara en las comisiones del 20%“a diferencia de los sindicatos”.
Para complicar aún más su a veces farragoso testimonio, al cuarto día de su declaración se descuelga diciendo que “sería interesante ver quién está al frente de cada uno” de los centros colaboradores de la CEA y “sacar conclusiones”. Insinuaciones y sospechas más que certezas.
De sus cinco declaraciones, la más destacada y sorprendente, por sus revelaciones, es quizás la que realizó el pasado viernes. La quinta que ha prestado hasta ahora. En ella, el principal testigo de cargo de los cursos de formación arremete incluso contra los jueces. Llega a decir que además del “trato privilegiado” que la Junta de Andalucía habría otorgado a determinadas entidades que organizaban cursos –como la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)–, también existe un “trato especial de ciertos órganos judiciales con la Junta de Andalucía”, una nueva acusación vertida sin ningún soporte documental o prueba.
Junto a esta acusación, Teodoro Montes reconoce, en este caso a preguntas del abogado de la Junta, que él mismo está imputado por un juzgado de Coria del Río (Sevilla) donde se investigan delitos de falsedad y suplantación de personas, en relación con un curso formación de una cadena de supermercados.
Pero sin lugar a dudas, lo más grave de sus revelaciones en esta quinta declaración se refiere a la competencia de la juez Mercedes Alaya para investigar el fraude de los cursos de formación, un sumario que la magistrada abrió en septiembre de 2013, varias semanas después de que Teodoro Montes declarara ante la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil, los días 22 y 27 de agosto. Ahí está el quid de la cuestión, la madre del cordero, porque el funcionario revela que acudió a denunciar las irregularidades al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –el que dirige Alaya– y que desde éste le remitieron a la Guardia Civil, que devolvió la investigación a este juzgado en lugar de presentar las declaraciones de Teodoro Montes en el juzgado de guardia para su reparto entre cualquiera de los 20 juzgados de Instrucción que hay en Sevilla.
Alaya asumió la competencia en un auto que dictó el 12 de septiembre de 2013, un día después de que la Guardia Civil le remitiera un primer oficio donde se relacionaba al conseguidor de los ERE Juan Lanzas con los cursos de formación del sindicato UGT y las denuncias de Teodoro Montes, que podrían volverse incluso en su contra puesto que a lo largo de su declaración el funcionario ha llegado a reconocer que expidió diplomas de cursos que no se han realizado, aunque eso sí aseguró que sus superiores le “obligaron” a hacerlo y que dispone de escritos con su negativa a realizar unos hechos que podrían ser constitutivos de una falsedad.
Las “revelaciones” de Teodoro Montes aún no han acabado, puesto que mañana mismo está de nuevo citado a declarar, por lo que pueden producirse nuevos giros en esta cada vez más enrevesada historia.

La Audiencia abre la puerta para revocar las fianzas millonarias

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2014 a las 7:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La decisión de la Audiencia de Sevilla de revocar la fianza de 29,5 millones impuesta a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez puede suponer un antes y un después en la instrucción de los ERE. Al menos en lo que respecta a la fijación de las millonarias medidas cautelares, que se aproximan ya a los 3.000 millones, más del triple de la cantidad que la propia juez considera como presuntamente defraudada.

Y lógicamente también supone un nuevo varapalo para la juez Mercedes Alaya, a la que los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla han acostumbrado a dar una de cal y otra de arena. La Audiencia ha corregido ahora a la instructora, en un auto que podría ser extrapolable, si se presentan nuevos recursos, a los otros ex altos cargos imputados a los que se ha impuesto una fianza civil por parte de la magistrada. Aunque es cierto que no todos han contado con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que en este caso se adhirió al recurso de Magdalena Álvarez y pidió que se revocara la fianza porque, como recordó la propia Audiencia, hasta ahora han resultado insuficientes los “indicios o principios de prueba de la presunta contribución de la imputada” a los hechos como para solicitar “la inmediata adopción” de medidas cautelares reales.

El propio tribunal hacía hincapié en otro aspecto importante. Aunque Alaya siga instruyendo, la decisión sobre las fianzas podría corresponder en el futuro al Tribunal Supremo si éste órgano asume la instrucción de los ERE, tras haber recibido en agosto pasado la exposición razonada que le remitió la instructora y en la que comunicaba la imputación de nueve personas aforadas, entre ellas los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En la causa hay actualmente más de una treintena de ex altos cargos de la Administración que se podrían ver beneficiados con esta decisión de la Audiencia. De hecho, el mismo día que la Audiencia de Sevilla hizo pública la decisión de revocar la fianza a Magdalena Álvarez -a la que por cierto el juzgado ya había embargado ocho bienes inmuebles y cinco cuentas bancarias- se conoció que se habían iniciado los trámites para embargar bienes a otros 24 ex altos cargos y miembros del consejo rector de la agencia Idea para hacer frente a fianzas de responsabilidad civil por otros 40 millones de euros. Entre estos ex altos cargos se encuentran el ex consejero de Innovación Martín Soler, al que Alaya impuso una fianza de cuatro millones, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, al que se fijó una medida cautelar de 3,4 millones después de que inicialmente la juez se mostrara en contra de exigir ninguna medida cautelar a este imputado y a la ex asesora de Empleo María José Rofa -la Audiencia estimó en este último caso un recurso de la Fiscalía y ordenó a la juez a imponerle dicha fianza-.

Una pregunta subyace en estos momentos en la mente de muchos imputados: Si la Audiencia considera que los indicios que constan en las diligencias judiciales no son suficientes para imponer medidas cautelares, ¿esos indicios serán suficientes para acusar y para condenar? La propia Audiencia señala que la complejidad en cuanto a los hechos que se atribuyen a la ex consejera Magdalena Álvarez hace que no pueda decirse que fuera “prima facie de tan severa intensidad como en otros supuestos de hechos objeto de la investigación judicial en los que desde un principio se adoptaron medidas cautelares sobre el patrimonio de los afectados”.

En esta línea, muchas defensas entienden que la causa de los ERE está inflada y que, al final, todo podría quedar en nada, en unas pocas condenas de los imputados más directamente relacionados con el presunto desvío del dinero público. Personalmente no creo que el caso esté inflado, los delitos que se investigan son de tal gravedad que merecen ser esclarecidos por completo: la forma cómo se concedían las subvenciones, de manera discrecional y sin criterios de objetividad o publicidad, es claramente irregular. Pero sí comparto que al final, con el transcurso del tiempo, las dilaciones en el proceso y otros aspectos que rodean a la lenta maquinaria de la Justicia, el caso podría quedar reducido a unas pocas condenas a pesar del monumental escándalo que se ha montado durante los cuatro años que han pasado ya de la instrucción. Es algo que, desgraciadamente, se ha visto en otros grandes macroprocesos judiciales que se han celebrado en los últimos años en este país.

 

Las fianzas de Alaya triplican el fraude

Jorge Muñoz | 5 de octubre de 2014 a las 8:00

balanza justicia

Algunos ex altos cargos imputados por la juez Alaya –sobre todo los que tienen un perfil más técnico, no político– llevan tiempo preguntándose si son proporcionadas las fianzas civiles que, por importe de casi 3.000 millones de euros, ha impuesto ya la magistrada a los 227 imputados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso y a la devolución, en su día, de los importes de las ayudas que según la magistrada habrían sido concedidas ilegalmente.
La cuenta que, según me consta, hacen es la siguiente: El IFA/IDEA habría abonado 710 millones de euros con cargo a las transferencias de financiación, pero ésta no sería la cantidad que deberían garantizar cautelarmente los imputados, la cifra sería mucho menor, por cuanto no es posible tomar en consideración el conjunto de los pagos realizados, puesto que ahí se incluye la parte con la que siguen sufragando en la actualidad las pólizas de los trabajadores que fueron legalmente incluidos en los ERE que no han sido impugnados ni anulados. De lo contrario habría que actuar contra estos trabajadores y los empresarios.
Desde la perspectiva de la instrutora, de lo que no hay duda es que se incluyen entre las cantidades defraudadas los 66 millones pagados en sobrecomisiones vinculadas a las pólizas, los 12 millones abonados a los denominados intrusos, y los 74 millones por ayudas directas a empresas en las que se habrían detectado irregularidades. En total, la cantidad a afianzar por los imputados podría cifrarse en 152 millones.

Pero en la actualidad la instrucción de los ERE, a pesar de que Alaya ha remitido ya la exposición razonada al Supremo al apreciar indicios contra nueve aforados –los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros siete ex consejeros–, sólo está acabada en lo que afecta a un 33% de las ayudas investigadas, por lo que aún quedan en teoría por imputar a otras decenas de personas –quizás centenares si sigue la proporción actual– que vendrían a sumarse a los 227 imputados que hay oficialmente. También quedaría por determinar, en el caso de que el Supremo decidiera continuar adelante con la imputación de los aforados, las fianzas civiles que podrían corresponderles a estas personas.
De acuerdo con estos criterios, la cuantía de las fianzas no tendría que superar el 25% del total de la cantidad defraudada, lo que situaría el total en unos 38 millones –51 millones si se incluye el tercio correspondiente que fija la ley–, porque de lo contrario se estaría afianzando una cantidad mayor de la que hipotéticamente deben responder los supuestos condenados. De hecho, aunque Alaya cifró la cantidad defraudada en 855 millones las fianzas pedidas casi alcanzan los 3.000 millones, más del triple.

Siguiendo con la cifra anterior, 51 millones sería la cantidad máxima a la que hipotéticamente deberían ascender las fianzas fijadas hasta el momento, pero Alaya ha exigido 3.000 millones, lo que supone casi un 6.000% más de los que correspondería.
¿Y en esta situación qué opinan estos altos cargos? Pues que se ha producido un auténtico atropello a los derechos de los imputados a los que ya se les ha fijado fianza, un atropello que incluso cifran en 2.947 millones, la diferencia entre las fianzas exigidas (2.998 millones) y las exigibles, lo que les está causando un enorme y gravísimo perjuicio. Es como una muerte civil, con todos los bienes embargados e incluso hasta las rentas y salarios en algunos casos.

Las fuentes consultadas se plantean exigir que en el futuro sean resarcidos por estos perjuicios causados y están convencidos de que cuando la Justicia les de la razón y tengan que ser compensados, surgirán algunas preguntas sobre quien debe abonar dichas indemnizaciones: “¿Deberán sufragarlas quien tomó tan atrabiliarias decisiones o quienes pudieron corregirlas, interponiendo los recursos o resolviendo los mismos y no lo hicieron? (en alusión a la Fiscalía y a la Audiencia de Sevilla, órgano éste último que revisa las decisiones de la instructora por vía de recurso). También cuestionan si al final esas indemnizaciones tendrán que pagarlas “todos los españoles con sus impuestos”.

 

¿Se va Alaya?

Jorge Muñoz | 2 de octubre de 2014 a las 6:00

juez Mercedes Alaya. caso EREAlaya anuncia que se va, pero en realidad se queda hasta acabar la instrucción de las macrocausas. En los mentideros judiciales no para de comentarse en los últimos días la posible marcha de la juez a la Audiencia. Según fuentes consultadas por este periódico, la magistrada, que dirige desde 1998 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha trasladado incluso a sus funcionarios la intención de pedir una plaza de magistrada en una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla.
Alaya, que ahora tiene 51 años, habría explicado a sus funcionarios que se trataría de la “última oportunidad” para solicitar una plaza en la Audiencia, donde a finales de este año está previsto que se convoque un concurso para la creación de cuatro nuevas plazas de magistrado que vendrían a completar las cuatro secciones de lo Penal que hay actualmente en la Audiencia y que, a partir de entonces, pasarían a contar cada tribunal con cinco magistrados.
Y sería la última oportunidad porque es muy difícil que se convoquen cuatro plazas de golpe, lo normal es que su suplan vacantes a un ritmo menor. Al salir cuatro plazas en bloque, Alaya, que es una de las magistradas más antiguas en los juzgados de Instrucción, tendría más opciones para lograr una de estas plazas, dado que actualmente sólo le superan en el escalafón varios jueces. Pero la anunciada marcha de Alaya no sería tan inmediata, puesto que la juez tiene previsto acabar las macrocausas que tiene abiertas y que la han convertido en una auténtica estrella de la judicatura a nivel nacional, equiparable en fama o incluso superior a alguno de los magistrados destinados en los juzgados de la Audiencia Nacional.
Alaya no quiere marcharse de su juzgado sin finalizar la instrucción de los ERE fraudulentos, donde ha imputado ya a 227 personas y ha trasladado la preimputación a nueve aforados, y sobre todo la macrocausa relacionada con el fraude de los cursos de formación. Esto implica que, para incordio de muchos abogados defensores –que apostarían por un cambio de instructor–, Alaya continuará al frente de estos macroprocesos.
La fórmula para que la juez pueda seguir hasta que acabe de instruir estas causas es la misma que ha permitido al magistrado Pablo Ruz continuar en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para investigar el caso Gürtel, el de Fórum Filatélico o el de los papeles de Bárcenas. En este caso, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha venido prorrogando por periodos de seis meses la comisión de servicio del juez Ruz para la instrucción de estas causas ante el “excelente rendimiento” del juez. Pablo Ruz sigue en el juzgado porque el titular de este órgano, el magistrado Miguel Carmona –ex vocal del CGPJ y que durante años presidió la Audiencia Provincial de Sevilla– continúa en situación de servicios especiales como juez de enlace en el Reino Unido. En el caso de Ruz, el órgano de gobierno de los jueces tuvo en cuenta, además del rendimiento del magistrado, el hecho de  “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado” dado el volumen, excepcionalidad y la complejidad de estas investigaciones.

Lo mismo podría predicarse respecto a las causas que instruye Alaya, quien en los últimos cuatro años ha llegado a abrir hasta ocho macrocausas. Alaya ha investigado cinco causas relacionadas con la empresa pública Mercasevilla –de las cuales dos pueden considerarse macrocausas por el volumen de estos procedimientos relacionados con delitos societarios y la venta fraudulenta de los suelos–; así como la principal de los ERE, otra sobre los cursos de formación realizados por las empresas de Juan Lanzas y las ayudas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) –en la que se incluyen las diligencias relacionadas con el ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda–.
Alaya también mantiene abierta, aunque en la recta final de la instrucción, la investigación por el delito societario que atribuye al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera; y las diligencias declaradas secretas en relación con la denominada operación Madeja, sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y las irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Sevilla. En febrero pasado, la juez abrió otra causa para investigar las ayudas concedidas por la agencia Idea. Los inconvenientes de su marcha serían muchos: ¿Quién podría hacerse cargo a esta altura las macrocausas?¿Cuánto tiempo le costaría ponerse al día?
Que la juez Alaya vaya a solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, sólo supone una salvaguarda para su promoción dentro de la carrera judicial, porque a buen seguro que aún queda juez para rato. Y serán varios años porque todo el mundo coincide en que la causa de los cursos de formación será más extensa que la de los ERE. La juez incansable, como ella misma se definió en uno de sus personalísimos autos, y sus guardias de la UCO van a seguir dando mucha guerra aunque a muchos les pese tanta perseverancia.

Y ahora los diplomas…

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2014 a las 9:00

cursos juntaLa juez Alaya sigue recabando toda la documentación que considera necesaria para montar la macrocausa de los cursos de formación. Después de pedir a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que rastree el papel jugado por la Intervención General de la Junta en el control de las ayudas públicas destinadas a los cursos de formación, la juez ha solicitado ahora a la Consejería de Educación que entregue los “certificados de asistencia y los diplomas” relativos a las acciones formativas de cuatro expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo

Alaya intenta acreditar con la petición de esta documentación si realmente estos cursos se hicieron o no. ¿Qué será lo próximo? ¿Hasta dónde llegará la causa de los cursos de formación?

En otras ocasiones ya he comentado que se estima que esta investigación será más voluminosa y compleja, si cabe, que la de los ERE fraudulentos. De momento, dos funcionarios siguen escaneando, pacientemente, los más de 2,5 millones de folios que Alaya ya ha recopilado en este sumario…

Por cierto, que la juez ha vuelto a quejarse a la Junta de la falta de personal para llevar a cabo su labor y ha solicitado expresamente que se mantenga un agente judicial de refuerzo, y se sustituya a otros dos funcionarios, uno de ellos de baja por enfermedad y otra a punto de hacerlo, dado que está embarazada.

La Consejería de Justicia dice que está estudiando los refuerzos, pero después de un mes sigue sin ser sustituida la funcionaria que está de baja. Alega la Junta que hay otros juzgados que están igualmente sobrecargados de trabajo, como los órganos de la Jurisdicción Social y de Mercantil, algo que es cierto, pero también lo es que en estos juzgados no se investigan casos en los que están en juego tantos millones de euros de fondos públicos… que son de todos. La lucha del Ejecutivo contra la corrupción también pasa por dotar a los juzgados que investigan estas causas con los medios necesarios. Es la misma historia de la que se quejan muchas veces los jueces: como la Justicia se convierte en la última frontera, el último resorte que controla la actuación de la Administración, no hay verdadera voluntad para dotarla de los medios para ejercer dicha labor con eficacia.

El sospechoso habitual de la juez

Jorge Muñoz | 19 de septiembre de 2014 a las 5:00

EX CONSEJERO ANTONIO FERNANDEZLa juez Mercedes Alaya acaba de confirmar la imputación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández en la causa en la que se investigan las ayudas públicas para la realización de cursos de formación, pero lo ha hecho en un auto en el que la magistrada, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción –que en este caso se ha alineado con la instructora–, no da respuesta a por qué el ex alto cargo es una especie de sospechoso habitual en estas investigaciones, según el alegato de la defensa. 

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Antonio Fernández en el caso de los cursos de formación y también en el de los ERE, mostró su desconcierto por el hecho de que el ex consejero fuese el primer imputado en esta nueva investigación y consideró injusto y discriminatorio que la magistrada no hubiese llamado a otros consejeros que también tuvieron relación con las ayudas a los ex trabajadores. El letrado argumentó que la juez había “señalado ante la sociedad abiertamente y en exclusiva a Antonio Fernández como único presunto responsable”, hasta el punto de que “se le marca, a modo de indudable estigma, como proclive a delinquir e incurso o perteneciente a un cierto tipo de autor o delincuente, que grafiaría un nuevo sesgo de peligrosidad social, relacionado con la clase política y los episodios de corrupción que lamentablemente menudean y saltan a los medios de comunicación de nuestro país en los últimos tiempos”.
La defensa argumentó que traer a una sola persona al proceso, “con inexplicable olvido o posposición del llamamiento de otros en idéntica posición, implica, con la violación flagrante del derecho de igualdad y la garantía de la imparcialidad objetiva, la vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías”.
La respuesta de Alaya ante las críticas de la defensa no se ha hecho esperar. Alaya, que se ha definido en esta causa como “incansable”, muestra en el auto su peculiar e irónica pluma. Y así escribe lo siguiente en el primer razonamiento jurídico del auto: “Debe felicitarse al señor letrado por la interpretación distorsionada a efectos de defensa y parcial que transmite del auto recurrido –buena impugnación en cualquier caso–, de modo que si no se tiene éste delante bien pudiera uno creerse la realidad de sus afirmaciones”, precisa Alaya, que admite no obstante un “error material” al citar el cargo de Fernández –la juez dijo que era consejero de “Economía” y Empleo– y la finalización del mismo, que tuvo lugar en 2010, por lo que no se le podían atribuir el dictado de resoluciones exoneración de la justificación de las ayudas del año 2011.
En cuanto al fondo de la imputación, Alaya ratifica que Fernández concedió subvenciones para la formación de los ex trabajadores de Delphi “con ausencia del procedimiento adecuado” y conociendo que todas las entidades estaban controladas por el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, segundo imputado y con el que “se le supone una estrecha relación o interés en favorecerlo por la evidencia de la concentración de ayudas”.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la imputación de Fernández porque aunque la misma pueda parecer prematura, “se sustenta sobre sólidos argumentos”.

Un sistema creado para el fraude

Jorge Muñoz | 14 de septiembre de 2014 a las 5:00

angel ojedaUn sistema discrecional e ideado presuntamente para burlar la ley. Ésta es la hipótesis de partida que actualmente se baraja en la investigación judicial de las subvenciones públicas dirigidas a financiar los cursos de formación para los desempleados. La juez Mercedes Alaya, que es la primera que abrió unas diligencias relacionadas con el destino de las ayudas públicas, parte precisamente de estas sospechas, que se centran con especial atención en las ayudas concedidas a los 1.904 ex trabajadores de la multinacional Delphi.

Se trataría de una actuación similar a la que se habría producido, según la hipótesis de la instructora, en el caso de los ERE fraudulentos con las ayudas concedidas para los ex trabajadores de empresas en crisis, donde al amparo de la búsqueda de la paz social se habrían concedido ayudas millonarias a los parados. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que son los que trabajan en coordinación con la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tienen previsto centrar inicialmente las pesquisas en aquellos empresarios que habrían obtenido el mayor volumen de subvecniones públicas, como ocurre con el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y su entramado de empresas relacionadas con la formación.

En el sumario que instruye la juez Alaya, que cuenta con más de 2,5 millones de folios en documentos que están siendo actualmente escaneados, se parte precisamente para establecer la hipótesis delictiva de un informe realizado por la Inspección de Trabajo, que habría alertado del “grave perjuicio” que se ocasionó al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a los desempleados de Delphi incumpliendo la normativa específica prevista para este tipo de subvenciones.

La Inspección de Trabajo critica en ese informe el plan especial de 105 millones que la Junta fijó para estos ex trabajadores y llegan a subrayar la posible “relevancia penal” de los hechos, por cuanto se propició un fraude a la Seguridad puesto que esas ayudas acabaron dirigidas a la “simulación de contratos”.

El fraude consistiría, en unos casos, en el abono de subvenciones por cursos inexistentes, que no se habrían dado a los desempleados, mientras que en otros supondría la simulación de contratos y el abono de percepciones o becas que estarían por encima de lo legalmente establecido, lo que generaría una contraprestación ilegal que completaría las prestaciones por desempleo que ya estarían percibiendo los trabajadores, como en el caso de la multinacional de automoción Delphi.

Se trataba, en definitiva, de crear un sistema de protección privilegiado para estos empleados de la multinacional automovilística y al margen de la Seguridad Social y del resto de los trabajadores.

Alaya ya ha imputado por estos hechos al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández -que también está implicado en la causa de los ERE- y al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, quien fue detenido en agosto pasado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero que va a ser investigado por esta misma magistrada.

Alaya, cuya investigación se remonta a las ayudas a la formación concedidas desde el año 2001, yaha cifrado ya en 950 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía destinó en cuatro años a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiaras a justificar el gasto de estas subvenciones. Alayaasegura en el auto en el que imputó a Antonio Fernández que la Junta concedió esos 950 millones -cifra que supera a los 855 millones en que se cifra el fraude de los ERE-entre 2008 y 2011, pero no obligó a las empresas a justificar los gastos, de acuerdo con las resoluciones de exoneración dictadas en ese periodo. Alaya imputó a Fernández por haber concedido ayudas por importe de 70 millones para la formación de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España. La instructora recuerda que, según se desprende de la declaración testifical prestada ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, y de las propias pesquisas realizadas por los agentes, en virtud de las distintas resoluciones de exoneración de la justificación dictadas por la Administración andaluz a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproxiamda de 950 millones “en subvenciones sin justificar”.

En cuanto a la imputación de Antonio Fernández, Alaya la justifica porque, según considera, en el tiempo que fue consejero de Empleo (entre 2004 y 2010) concedió “con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones” para la formación de los ex trabajadores de Delphi, “sin convocatoria ni bases reguladoras” y en contra de la ley de Subvenciones y del Real Decreto 395/2007 que regula las ofertas públicas formativas.

La juez argumenta también que el ex consejero habría permitido la “subcontratación” de actividades formativas sin estar autorizada esa subcontratación y además se habrían otorgado becas por asistencia a los cursos “por encima del máximo legalmente permitido”.

También le atribuye la magistrada haber concedido subvenciones a empresas para acciones formativas “en alternancia con el empleo por importe de 70 millones “, con la intención de que los ex trabajadores de Delphi “pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación”. Esto habría ocurrido en el expediente 98/2008 a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) en relación con Delphi, donde fueron subcontratadas entidades relacionadas con Ojeda como AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Y por último, Alaya dice que el ex consejero concedió subvenciones desde 2007 dictando “resoluciones de exoneración de la justificación” de estas ayudas a las entidades beneficiarias en el período comprendido entre 2008 y 2011, contraviniendo de esta forma la ley de subvenciones.