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Bolaños asumirá pronto todas las macrocausas

Jorge Muñoz | 11 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez de refuerzo Álvaro Martín

El juez de refuerzo Álvaro Martín

La juez María Núñez Bolaños asumirá pronto el control de todas las macrocausas, una vez que se ha confirmado que el juez Álvaro Martín, que refuerza el juzgado desde septiembre de 2013, terminará el próximo 31 diciembre su comisión de servicio y regresará al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. Desde que el Consejo General del Poder Judicial rechazó la comisión de servicio de Mercedes Alaya para que ésta finalizara alguna de las macrocausas, el juez Álvaro Martín asumió la puesta en práctica del plan piloto que María Núñez Bolaños diseñó para la agilización de la investigación de las macrocausas.
La vuelta de Álvaro Martín a su juzgado no se traducirá en un nuevo refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que pasará de tener los tres magistrados actuales a sólo dos. Sólo se mantendrá el refuerzo de José Ignacio Vilaplana, que se ocupa de investigar los asuntos ordinarios del juzgado, mientras que Bolaños retomará el control absoluto de los grandes sumarios, puesto que aunque la dirección de las macrocausas seguía siendo suya como titular del juzgado, lo cierto es que el juez de refuerzo ha contado con la lógica autonomía e independencia para acabar la instrucción de las piezas diseñadas por Bolaños.
De las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, Álvaro Martín ha concluido la investigación de tres de ellas (la del “procedimiento específico” de los ERE, la de las ayudas a Acyco y la de Surcolor-Surcolor Óptica), en la que han sido procesadas varias decenas de personas, entre ellas varios altos cargos. Y es probable que antes de que regrese a su juzgado, Álvaro Martín finalice alguna de las piezas que aún están pendientes de que se dicten los autos de procedimiento abreviado.
Bolaños mostró una gran perspicacia a la hora de delegar en Álvaro Martín la instrucción de la pieza política de los ERE, en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se alejó así de cualquier posible polémica, después de que la juez Alaya la acusara de mantener una estrecha amistad con el consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, y de que intentaría dejar en simples irregularidades administrativas los delitos que ella investigaba en torno a los cursos de formación. Alaya acertó en una cosa: Bolaños va a archivar pronto la pieza política de los cursos, pero ese archivo viene avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción. No lo hace Bolaños de motu proprio. 

La primera criba de la macrocausa

Jorge Muñoz | 2 de junio de 2016 a las 5:00

CASO ERE. Fotos sin falta de los jueces de los ERE Maria Nu?ez Bola?os y Alvaro Martin

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

Se trata de la primera criba seria e importante del caso de los ERE y que ha reducido de un plumazo el número de investigados en la parte política a casi la mitad. De los 50 imputados iniciales se ha pasado a sólo 26, mientras que otros 24 han sido exculpados ya directamente por el instructor. Estas 26 personas son las que se sentarán en el banquillo de los acusados si no se producen cambios por los recursos que ahora puedan presentarse contra el auto dictado ayer por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en quien la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, delegó la investigación de las primeras seis piezas del plan piloto diseñado para agilizar la instrucción de la macrocausa y el enjuiciamiento de esta pieza.
Bolaños considera clave para la decisión futura sobre el resto de las piezas el resultado que pueda tener este juicio, hasta el punto de que una sentencia absolutoria en el juicio por el “procedimiento específico” por el que se concedían las subvenciones, podría conducir al archivo de otras ayudas en las que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la UCO, en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”, afirmó Bolaños en un auto dictado en febrero pasado.
¿Y qué pasará si al final la Audiencia de Sevilla no ve delito en la actuación de estos 26 altos cargos investigados por el procedimiento específico o en algunos de ellos? ¿Qué quedará del escándalo que durante los últimos cinco años fue alimentando la juez Mercedes Alaya?
La primera criba del juez Álvaro Martín tiene una gran trascendencia, por cuanto viene a desmontar en parte la tesis de Alaya, que llegó a imputar a personas por el único pecado de haber asistido a las reuniones del consejo rector de la agencia IDEA. Es lo que tienen muchos de los grandes macroprocesos judiciales, que se desinflan conforme pasa el tiempo o los jueces dictan sus resoluciones acotando la investigación. Recuérdese lo que ocurrió hace dos décadas con el escándalo del caso Arny, sobre prostitución de menores, donde sólo hubo 16 condenas de las 49 personas que en su día fueron procesadas.
El juez Álvaro Martín ha impuesto la lógica para no hacer pasar por la pena de banquillo a la mitad de los imputados en la pieza de los ERE, y en cuanto a los 26 encausados, les ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales –éste último delito sólo a algunos–, y ha descartado el delito de organización criminal que recientemente apuntó en un auto que podía concurrir en este caso. La primera criba del juez es un aviso, el segundo podría darlo la Audiencia de Sevilla, que deberá enjuiciar esta pieza de los ERE.

Bolaños cumple con su plan piloto

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 7:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Con la citación de los ex presidentes Chaves y Griñán a declarar la próxima semana y las comparecencias para después de Semana Santa, en concreto el día 30, de los otros ex consejeros que en su día estuvieron aforados, se cierra la ronda de las declaraciones de los 51 imputados en la pieza política de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Con estas declaraciones, la instrucción de esta primera pieza y a priori la más importante de las seis en que se dividió inicialmente el voluminoso sumario de los ERE, está prácticamente acabada. El juez de refuerzo Álvaro Martín sólo tiene por delante otras declaraciones voluntarias que van a solicitar una decena de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya y que ahora sí quieren rendir testimonio ante el nuevo instructor, así como las de varios testigos que puedan proponer las acusaciones y defensas.

A partir de finalicen esas comparecencias, esta primera pieza estará lista para su remisión a la Audiencia de Sevilla. Los plazos, todavía muy estimativos, que se barajan indican que la pieza política podría llegar a la Audiencia en el mes de junio. Eso no significa que el juicio sería inmediato, porque quedaría por practicar alguna tramitación de la causa por parte de la Sala de la Audiencia a la que corresponda. Sólo podría corresponde a las secciones penales Primera, Tercera o Cuarta, dado que la Séptima, en la que está destinada ahora Mercedes Alaya, es la encargada de resolver los recursos de los ERE. Lo normal es que el juicio no se fijara hasta finales de este año o, lo que es más probable, a principios de 2017.

En cualquier caso, si Bolaños y Álvaro Martín logran enviar esta pieza a la Audiencia en junio o antes del verano habrán cumplido el plan piloto diseñado por la nueva titular del juzgado, que precisamente cumplirá en junio un año al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Bolaños ha dado un papel fundamental a la sentencia del “procedimiento específico”, hasta el punto de que ha apuntado ya en un auto que la absolución de los imputados en esta pieza principal conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.

La opinión de Bolaños no es descabellada. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Mercedes Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.

Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.

Por su parte, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afirmó en el Supremo que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.

Para Bolaños, los juicios del procedimiento específico y de las sobrecomisiones marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, sí que podría suceder esa cascada de archivos que apunta la magistrada.

Un nuevo impulso a la instrucción

Jorge Muñoz | 29 de enero de 2016 a las 6:00

LA JUEZ DE LOS ERE CEDE EL CASO AL MAGISTRADO DE APOYO PARA ACELERARLOLa juez María Núñez Bolaños, con el apoyo del TSJA y el CGPJ, le entregó las seis primeras piezas de los ERE para agilizar una instrucción que acaba de cumplir cinco años. El juez Álvaro Martín, que desde septiembre de 2013 reforzaba el juzgado de Instrucción número 6 –primero con Mercedes Alaya y después con Bolaños–, tiene ante sí el reto de rematar la faena de los ERE, al menos en lo que se refiere a estas seis primeras piezas, entre las que se incluye la más importante: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.
En esta pieza están imputadas 51 personas, en su mayoría ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El cometido del magistrado no es nada fácil, es en realidad un nuevo reto profesional que, quienes conocen a Álvaro Martín, no dudan en que sabrá solventar y sacar adelante.
De Alvaro Martín sus compañeros destacan su gran capacidad de trabajo y sus conocimientos del derecho Penal, avalados por una larga trayectoria anterior en el juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. No es un juez proclive a abrir una investigación y prolongarla en el tiempo si al final no va a continuar el procedimiento contra la persona investigada. Se trata de un instructor rápido, una de las cualidades que requiere ahora la investigación de esta macrocausa, pero sin que por ello se mermen las garantías y derechos de las personas investigadas. Se trata de un equilibrio que, sin duda, mantendrá Álvaro Martín.
El magistrado, que es presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, se estrenará en los ERE el 9 de febrero, cuando tome declaración a los ex consejeros de Francisco Vallejo y Manuel Recio, quienes hasta ahora no habían comparecido en este juzgado.

Bolaños reparte las macrocausas y se lleva…

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2015 a las 10:18

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

La mejor parte, evidentemente. O la más interesante, políticamente hablando. Todo queda como al principio. Después de haber mantenido un severo y cansino pulso con Mercedes Alaya -ya quisiera parecerse a esta pelea judicial la bronca de Pedro Sánchez con Rajoy en el debate cara a cara de ayer-, la juez María Núñez Bolaños ha zanjado la distribución de las macrocausas como se esperaba. La magistrada, que hace tiempo dividió el caso de los ERE fraudulentos y más recientemente formó seis primeras piezas piloto para que su enjuiciamiento en el menor breve tiempo posible, ha decidido ahora entregar estas piezas al magistrado  Álvaro Martín, que lleva destinado como refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde septiembre de 2012, aunque hasta ahora venía ocupándose de la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras la titular se dedicaba en exclusiva a las macrocausas.

El anuncio de Bolaños, que ya ha sido santiguado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y pronto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no debe causar ninguna sorpresa. Es lo que se esperaba desde que en octubre pasado el Alto Tribunal que preside Lorenzo del Río decidiera apartar a Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas, ante su “clara voluntad de no colaborar” con María Núñez Bolaños y porque, según el TSJA, había “fundadas dudas de la viabilidad” de su comisión de servicio tras las duras críticas de Alaya.

La Sala de Gobierno, compuesta mayoritamente por jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, aprueba el reparto realizado ahora por Bolaños, que ha dejado a Álvaro Martín -presidente de la APM en Andalucía Occidental- la labor de dar la puntilla a la instrucción de los ERE.

Retomando la idea inicial, Bolaños se reserva la mejor parte. ¿Por qué? Porque la causa de los ERE está prácticamente finiquitada en la parte más importante -aunque quedan todavía muchas ayudas por investigar-, la que afecta a los políticos y al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas: la pirámide de la que habló Alaya. Salvo el paseílloque tendrán que hacer nuevamente los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pocos grandes titulares pueden surgir de esta macroinvestigación de la que está a punto de cumplirse un lustro, en enero próximo. Aunque es verdad que quedan muchas puntadas por dar…

Bolaños se ha reservado para sí misma la instrucción de las otras dos macrocausas, que es donde está el verdadero pastel: los cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. Pero sobre todo la parte que puede dar más quebraderos al Gobierno andaluz es la primera de las investigaciones, la de los cursos de formación, donde hay una importante línea de investigación abierta en torno a las millonarias ayudas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),  donde acabaron trabajando muchas personas vinculadas al PSOE-A, algunas de la cuales ya están bajo investigación judicial, como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García, cuyo contratación por la Faffe ya investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Es en esta macrocausa donde pueden producirse mayores sorpresas, aunque algunas fuentes también apunta que la investigación de los avales de Idea será incluso más voluminosa que la de los ERE. Sea como fuere, Bolaños se ha reservado la instrucción de estas macrocausas. Nada que objetar. Como titular del juzgado y juez predeterminada por la ley puede distribuir el trabajo de la forma que considere más oportuna, algo que en su día también hizo Mercedes Alaya cuando rechazó los refuerzos que con tanto empeño le había colocado Lorenzo del Río durante su baja por enfermedad.

Dice el acuerdo de la Sala de Gobierno que el juez Alvaro Martín asumirá, “en un marco de plena colaboración y entendimiento”, las seis piezas separadas en la que se han dividido los ERE. Un marco de convivencia que, por otro lado, ya dejó claro el TSJA que no era posible con Alaya, que sembró dudas sobre la capacidad de trabajo y la imparcialidad de Bolaños por su supuesta “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Bolaños y Álvaro Martín no estarán solos. El juzgado volverá a tener tres jueces -como el escaso tiempo en el que convivieron Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes-, aunque el tercer magistrado, en este caso el segundo de refuerzo, se dedicará al “conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado”.

La Sala de Gobierno también tomó conocimiento ayer de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial. Al final, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a parecerse a un órgano colegiado con tantos jueces…. Pero mejor así, para que se acabe la instrucción de las macrocausas y lleguen pronto los juicios.

El TSJA, a por la tercera vía

Jorge Muñoz | 12 de octubre de 2015 a las 5:08

La juez Alaya asiste al TSJA en Granada para jurar cargo

La juez Mercedes Alaya, en junio pasado en la sede del TSJA.

 

La Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a reunirse mañana para intentar resolver el conflicto planteado por el reparto de las macrocausas entre las jueces María Núñez Bolaños y Mercedes Alaya. Ésta última quiere asumir la instrucción de todos los sumarios y María Núñez Bolaños, como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla quiere prescindir de Alaya, cosa lógica después de los duros reproches que recibió en modo de críticas a su supuesta falta de preparación para instruir estas investigaciones y su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, a quien Alaya atribuyó la condición de “notario detractor” de su trabajo.

Después de que en la reunión del pasado 24 de septiembre la deliberación de la Comisión del TSJAno llegó a ningún acuerdo, prácticamente no se abordó la cuestión sobre si Alaya debe quedarse como comisionada, los magistrados vuelven a reunirse para tratar de encontrar una solución y acabar con este culebrón infumable que se prolonga desde hace más de tres meses.
Todas las opciones son posibles, no hay nada descartable, comentaron algunas fuentes. Frente a la opción de Alaya sí o no, hay una tercera vía que apunta, sobre todo después de que Bolaños haya mostrado en otro informe su intención de que se prescinda de la comisión de servicio de Alaya, a que el juez de refuerzo Álvaro Martín podría ser quien se quedara con la instrucción de los ERE, total o parcial, y en plena colaboración con la titular del juzgado.
Esa opción podría lograr el consenso de una Comisión que está integrada por siete miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservadora y mayoritaria en la carrera, y de la que precisamente Álvaro Martín es su delegado en Andalucía Occidental. La Comisión está compuesta, exactamente, por los presidentes de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Málaga y Jaén, Damián Álvarez, Antonio Alcalá y Elena Arias-Salgado, respectivamente; así como por el juez decano de Málaga, José María Páez; el juez de lo Penal número 2 de Jerez, Juan José Parra; la juez de Primera Instancia número 14 de Granada, María José Rivas; y la juez dePrimera Instancia número 26 de Sevilla, María Luisa Zamora.
La opción de Álvaro Martín puede ser la salida al conflicto y la salida de Alaya de las macrocausas, aunque la Comisión hasta ahora venía siendo muy proclive a Mercedes Alaya, como demuestra el hecho de que durante el primer reparto –antes de la separación del caso de los ERE en tres grandes bloques– estos magistrados forzaron la entrega a Alaya de la instrucción de los ERE fraudulentos y del delito societario de Mercasevilla. Por ello, tampoco sería descabellado que la APM volviese a imponer su criterio y, a pesar de la salida consensuada que ofrece Álvaro Martín, uno de los suyos, decidieran por volver a la postura inicial y mantener que la juez Alaya debe seguir al frente de esta investigación, porque lo que queda ya prácticamente descartada en el actual escenario es la aspiración de la magistrada de asumir las tres macrocausas:ERE, cursos de formación y avales y préstamos de la agencia Idea.
Alaya forzó la situación con su crítico informe, lo que llevó al TSJA a insinuarle al Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) que la magistrada no estaba ya en condiciones de colaborar con la juez María Núñez Bolaños, porque la juez comisionada, según insistió entonces el TSJA, estaba obligada a colaborar con la titular, que es la que debe marcar las pautas de la instrucción.
Esa colaboración, digan lo que digan algunos –que comentan que Bolaños y Alaya podrían trabajar juntas sin que existiera necesidad de que se tratasen y se vieran las caras–, resulta ya impensable e imposible.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que está solo frente a los siete miembros de la APM, admitió recientemente que la Comisión tendrá que “estudiar seriamente la viabilidad de la comisión de servicio y la sintonía que debe haber” entre ambas magistradas.
Lo que está claro es que el debate volverá a ser intenso en el seno de la Comisión de la Sala de Gobierno. Una vez que haya una solución, el TSJAla trasladará al CGPJ, cuyo Pleno se reúne ese mismo día. Si diera tiempo, el Consejo podría resolver ese mismo día o hacerlo en los días sucesivos porque la intención de los órganos de Gobierno es resolver cuánto antes un enfrentamiento entre ambas jueces que todo el mundo reconoce que está perjudicando a la imagen de la Justicia.
Todas las espadas están en alto y la cuestión de quién instruirá los ERE se ha vuelto más interesante después de que el Supremo haya decidido devolver al juzgado de Sevilla la parte en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tendrán que comparecer en el juzgado ante Alaya, Bolaños o Martín. Todo un lujo de imputaciones a tan sólo unos meses de las elecciones generales, que podrían coincidir con estas comparecencias. ¿Les suena la coincidencia?