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Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Sentido común

Jorge Muñoz | 2 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

Es un argumento que muchos fiscales y abogados utilizan cuando se tienen que enfrentar a un juicio con jurado, en el que los ciudadanos adquieren una activa participación en la Administración de Justicia y se convierten en auténticos “jueces” que emiten un veredicto que luego un magistrado plasmará en una sentencia.
Para tranquilizar a los miembros del jurado, los fiscales y abogados suelen recordar a estas personas que no es necesario tener conocimientos de Derecho para ejercer su labor como miembros de un tribunal popular. Sólo les piden que estén atentos a todo cuanto se diga en el juicio, desde la declaración del acusado, pasando por el testimonio que puedan aportar los testigos, los dictámenes de los peritos, así como a los documentos escritos que se sometan a su consideración. Y también les piden otra cuestión que estiman trascendental: que apliquen el sentido común en relación a los hechos que se someten a juicio.
Y es que los jueces, además de estar sometidos al imperio de la ley, también están sujetos al sentido común, que según el dicho popular es el menos común de los sentidos.
Dicen que los jueces hablan –deben hacerlo o sería deseable que lo hicieran– a través de su autos y sentencias, pero en muchas ocasiones se ha criticado precisamente que usan un lenguaje tan excesivamente técnico y retorcido, a base de ir encadenando oraciones subordinadas una tras otra, que al final el sufrido lector piensa que está reviviendo aquel célebre diálogo de los hermanos Marx de “la parte contratante de la primera parte….”
Por eso, cuando un juez habla alto y claro, con un lenguaje comprensible, es de agradecer. Y esto es lo que parece que puede observarse en las últimas resoluciones dictadas por la juez María Núñez Bolaños, que parece que se está gustando en sus autos de las macrocausas, donde está comenzando a hacer reflexiones plagadas de sentido común y que pueden resultar de interés para los ciudadanos.
Hace no mucho comentaba precisamente las afirmaciones que hizo la magistrada de los ERE y de los cursos de formación respecto a que “los jueces no trabajan con papel, sino con personas”, comentando cómo detrás de cada sumario o expediente judicial hay personas o familias, por lo que criticaba que algunas de las partes personadas utilizaran “maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”.
Antes había criticado en otro auto –en la investigación abierta por los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea– las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado” y en esta misma resolución rechazó las “peticiones genéricas” de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP que, a su juicio, no hacían “sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad”.
Y en otro auto más reciente todavía, la juez criticó, a la hora de archivar la causa contra cuatro investigados por una pieza de los ERE –entre ellos uno de los denominados intrusos–, que esas personas han sido tratadas como “delincuentes” cuando en realidad pueden ser consideradas como “víctimas de una macrocausa”.
Estas reflexiones, plasmadas en negro sobre blanco en un auto, no han sentado bien a los fiscales delegados de Anticorrupción, quienes esta semana han cargado contra la instructora por usar en sus resoluciones argumentos que tildan de “no jurídicos”.
Los fiscales han recurrido ante la Audiencia de Sevilla el auto de archivo de la juez y en su escrito dedican una reflexión a la prosa de Bolaños, al afirmar que “lamentan” la inclusión dentro de uno de los fundamentos de derecho y “por tanto como apoyo argumental” a la decisión de la instructora de acordar el sobreseimiento, de unas “manifestaciones que por carecer de naturaleza jurídica, no pueden ser objeto de discusión en este recurso, que por ley debe ceñirse a la confrontación jurídica de la cuestión litigiosa”.
Los representantes del Ministerio Público añaden que al tratarse de un recurso que presentan dentro de la causa no pueden caer en la “exposición como apoyo de nuestros argumentos de consideraciones sociales, más o menos afortunadas”.
La verdad es que esta última parte de la reflexión de los fiscales no acaba de entenderse bien. Para empezar, no tengo muy claro que las consideraciones que hace Bolaños sean de índole social –como sostienen los fiscales–, pero es que aunque lo fueran de lo que no cabe duda es que resultan de interés para tratar de transmitir a la opinión pública cuáles son los motivos por los que la juez ha decidido archivar la causa contra estas cuatro personas. Daño desde luego no hacen esos comentarios.
Quizás la Fiscalía está criticando de la juez aquello que precisamente debería hacer si quiere que su mensaje llegue a la sociedad de la forma más clara y eficaz posible. Evidentemente un auto de un juez o un recurso de un fiscal tienen que partir de una base y de una argumentación jurídica, pero eso no quita que los representantes del Ministerio Público expliquen su postura recurriendo a reflexiones como las que por ejemplo utiliza Bolaños en sus autos.
Sería un auténtico avance porque, y lo digo con todo cariño, hay determinados escritos de la Fiscalía que son tan eminentemente técnicos que sólo resultan al alcance de los profesionales del Derecho.
En cualquier caso, las críticas de los fiscales de Anticorrupción a la magistrada de los ERE lo que ponen de manifiesto es que, una vez más, las relaciones entre la juez y los representantes del Ministerio Público no pasan por su mejor momento. Si en alguna ocasión las mismas pudieron ser fluidas, algo que tampoco parece claro a primera vista, estos rifirrafes contribuyen a tensar más aún las relaciones.
Ya no se trata de que la Fiscalía, en el ejercicio de sus funciones y según sus criterios, no esté de acuerdo con las decisiones de la magistrada y decida recurrirlas, sino de que esta acción jurídica pase a segundo plano por las formas que se emplean en el recurso. A buen seguro de que los fiscales delegados de Anticorrupción también lamentan algunas de las interpretaciones de este artículo. Lo bueno, en mi caso, es que contra este artículo no caben recursos ante la Audiencia.

Los jueces no trabajan con papel

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2017 a las 2:00

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños.

 

Hace años que no veía una reflexión tan profunda y acertada en un auto de un juez de Instrucción. Estamos acostumbrados a ver imágenes de los juzgados colapsados, con pilas y montañas de papel con expedientes judiciales que se amontan por los suelos porque las estanterías se han quedado pequeñas. Estamos acostumbrados a que los jueces fijen la celebración de juicios con hasta más de dos años de retraso desde que se presenta una demanda. Estamos acostumbrados a las interminables instrucciones que, por unos motivos u otros, se prolongan durante años, y así ya ni siquiera nos resulta extraño que un juicio como el de Mercasevilla se celebre ocho años después de que se iniciara la instrucción, o que suceda lo mismo con la vista oral por la causa del delito societario de Real Betis, por no hablar del escándalo de los ERE fraudulentos, del que tan sólo se han acabado las primeras piezas.
Y estos son sólo algunos de los casos más sonados y mediáticos, porque los juzgados tramitan miles y miles de asuntos que afectan a los ciudadanos. Por eso, en esa nebulosa de procedimientos judiciales puede ocurrir que los ciudadanos a los que afectan esos procedimientos se conviertan en un número más, o en más papel, como acertadamente ha puesto de manifiesto esta semana la juez María Núñez Bolaños.
La magistrada ha hecho esta reflexión en un nuevo auto en el que ha ratificado el archivo de la denominada “pieza política” de la macrocausa de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios, algunos de los cuales fueron detenidos de forma espectacular por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en presencia de sus familiares y en algún caso incluso cuando se disponían a llevar a sus hijos al colegio.
Bolaños ha recordado en ese auto el daño causado a personas cuya “honorabilidad y profesionalidad” ha sido cuestionada con esa operación policial y la consiguiente actuación judicial que se prolonga ya desde hace casi dos años. “Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”, aseguraba Bolaños criticando la intervención en esta causa de la acusación popular que ejerce el PP-A.
Pero el daño no sólo se ha causado, según explica la magistrada, a los imputados en la causa de la formación. Bolaños alerta del “grave perjuicio” que se ha causado a “muchas familias” andaluzas, “cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. Es decir, gestores públicos, empresas especializadas en la formación y los propios ciudadanos se han visto perjudicados por una actuación judicial-policial con la que Bolaños se ha mostrado muy crítica, por cuanto la investigación parte de un “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que son también “avaladas” por la acusación que ejerce el PP.
Los jueces están saturados de trabajo, tienen unos sueldos ridículos para la responsabilidad que tienen encomendada y encima no siempre disponen de los medios personales y materiales adecuados para realizar su labor. Pero lo que no pueden olvidar nunca, como ocurre en otras profesiones como la sanitaria, que sus decisiones afectan a personas. No a papeles.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Dos autos, dos críticas a Mercedes alaya
*Dos autos de Bolaños que atacan con vehemencia la labor realizada por Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas. Si Alaya acuñó la terminología de la “pre-imputación”, cuando dictó aquel auto en el que daba traslado de la imputación a los ex presidentes Chaves y Griñán, Bolaños va camino de convertirse, si no lo es ya, en una experta en la gestión y división en piezas de las macrocausas que tanto gustaban a su antecesora. Bolaños también está comenzando a gustarse a la hora de reflejar sus pensamientos, argumentos y opiniones en los autos –no olvidemos que los jueces siempre hablan a través de sus resoluciones– y hasta ha acuñado la expresión “criterio operativo” para referirse a las distintas formas de actuar y marcar las diferencias con la etapa de Alaya. Decían que Alaya solía leer todo lo que se publicaba de ella en la prensa cuando dirigía las macrocausas y si sigue haciéndolo a buen seguro que no le habrán sentado bien las críticas de Bolaños. Aunque también hay quien dice que Alaya no presta atención a las críticas. Sea como fuere, María Núñez Bolaños le ha lanzado en menos de una semana dos auténticos torpedos a modo de auto a su forma de instruir las macrocausas. El primero, en la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, donde Bolaños ha lamentado las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado”, al reclamar una ingente documentación e intentar investigar “todas las ayudas y todas las empresas sin ningún filtro o criterio de pertinencia o legalidad”. En el segundo torpedo, en relación con los cursos de formación, ha cargado contra las teorías “sobre conspiración y tramas delictivas” impulsadas, según explica la juez Bolaños, por la UCO de la Guardia Civil y la propia Mercedes Alaya.

CONFERENCIA DE LA JUEZA MERCEDES ALAYA EN UNIVERSIDAD DE GRANADA

La juez Mercedes Alaya, en una reciente conferencia en Granada

El PP continua con los recursos

*Bolaños también ha criticado al PP por los recursos que presenta en las distintas macrocausas, pero las críticas no hacen mella en los populares, que esta misma semana han vuelto a recurrir otro auto de archivo de Bolaños, en este caso por sobreseer la causa contra el ex diputado vasco del PSOE Antonio Aso Martínez, que estaba imputado por los ERE en relación con las ayudas a Cenforpre. Los populares argumentan la “inexistente” motivación del auto, en el que en sólo un párrafo Bolaños descarta la participación dolosa del ex diputado.

 

Bolaños no es ‘archivator’

Jorge Muñoz | 27 de noviembre de 2016 a las 5:00

La juez Bolaños llegó con el doble marchamo de amiga de la Junta y presunta archivadora de las distintas macrocausas que durante más de cuatro años investigó Mercedes Alaya, a la que el TSJAy el CGPJ dejaron fuera de estas investigaciones precisamente por las críticas a su sucesora y la más que previsible falta de colaboración con la misma.
La juez Bolaños ha tomado esta semana una decisión que, evidentemente, tumba el falso mito de que venía a hacerle favores al Gobierno andaluz y al PSOE, con todo lo que este tipo de acusaciones infundadas representan de cara a la imparcialidad e independencia que se presume de todos los jueces. Bolaños no es archivator, el arma definitiva que viene a sobreseer todas las causas que afectan a los socialistas.
La juez ha elevado esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una investigación para que este tribunal investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario de organización de los socialistas sevillanos, Carmelo Gómez, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del entramado dirigido por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En ese dictamen, Bolaños ha incluido asimismo al ex concejal en elAyuntamiento de Sevilla José Antonio García y a la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Un auto que anula las críticas que ha recibido prácticamente desde antes de entrar en el juzgado.
Alaya llegó a decir de Bolaños, en un informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que tenía una “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, además de “escasos conocimientos” de la jurisdicción penal, tras haber pasado muchos años como juez de familia.
La magistrada que inició las macrocausas se cebó con vehemencia con su sucesora y legítima nueva titular del juzgado –Bolaños era la más antigua en el escalafón de la carrera para pedir la plaza–, al asegurar que la instrucción de Bolaños en la causa de los cursos de formación “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
Y es cierto que Bolaños ha dado carpetazo a la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que estaban imputados varios ex altos cargos de la Junta destinados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y en las ocho delegaciones provinciales. Pero también es cierto que no fue una decisión que la juez adoptara de oficio, puesto que viene avalada por un contundente informe nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción en el que se descartaba claramente la supuesta “red clientelar” que en su día advirtieron la propia Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ahora depende del juez de la Audiencia de Sevilla José Manuel Holgado, que ha sido designado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El que fuera alcalde de Sevilla fue además quien denunció en los tribunales el caso Mercasevilla, germen de los ERE y de las demás macrocausas que hicieron tan popular a Alaya.
Zoido ha pasado de denunciante del caso a dirigir la unidad que lo investiga. Curiosas las vueltas que da la vida, pero en el caso del nuevo titular de la cartera de Interior nadie ha cuestionado, al contrario de lo que se hizo con la nueva titular del juzgado, que pudiera influir en el curso de las pesquisas policiales.
Bolaños también ha archivado una pieza de los ERE, la relacionada con la ayuda de 1,3 millones concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén, porque entiende que en este caso no hay delito. Se trata de la primera vez que la instructora ha sobreseído una pieza por este motivo, no porque haya prescrito el delito, aunque en este caso no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado un recurso de apelación al considerar que esta decisión es “apresurada y precipitada”.
Y este archivo, como el de los cursos de formación, es verdaderamente trascendente, porque si la Audiencia lo confirma –cosa que se me antoja a priori difícil– podría provocar una avalancha de archivos de otras muchas causas relacionadas con ayudas a empresas en crisis, en las que no haya intrusos y en las que, prescindiendo del sistema empleado, pudieran haberse podido conceder.
Como titular del juzgado, Bolaños decidió entregar la principal pieza de los ERE al juez de refuerzo Álvaro Martín, quien finalmente ha acabado procesando a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos.
Dos archivos importantes y dos autos de procesamiento que no lo son menos. O dos de cal y dos de arena.Mientras siga actuando en conciencia no podrá colgársele el sambenito de Archivator.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La muerte de esta semana de un infarto de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha hecho saltar muchas alarmas. La ex senadora del PP falleció tan sólo dos días después de prestar declaración ante el Tribunal Supremo en el marco de la operación Taula. Su muerte ha hecho reflexionar a parte de la clase política. Desde su propio partido, representantes como el ex presidente del Generalitat valenciana Francisco Camps han criticado que el PP no arropara a la ex regidora. Hay quien dice que la muerte de Barberá puede marcar un ante y un después en la forma de actuar ante este tipo de causas tan mediáticas.

Rita Barberá: No he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni lo he ordenado

El abogado de Rita Barberá, José Antonio Choclán, pidió precisamente tras conocer el fallecimiento de la senadora una reflexión ante la presión que sufren las personas que se ven sometidas a una investigación penal y que, según dijo, son “vapuleadas” de forma pública. “Nadie sabe” los niveles de presión que se experimentan en estos casos los imputados. El caso de Rita Barberá, como el de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el escándalo de los ERE fraudulentos junto a otros 24 ex altos cargos de la administración autonómica, son dos buenos ejemplos de cómo en muchas ocasiones la sociedad dicta sentencia antes de que lo hagan los jueces, olvidando el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los ahora llamados investigados, también a los políticos. D. E. P. Rita Barberá.

 

Bolaños cumple con su plan piloto

Jorge Muñoz | 8 de marzo de 2016 a las 7:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Con la citación de los ex presidentes Chaves y Griñán a declarar la próxima semana y las comparecencias para después de Semana Santa, en concreto el día 30, de los otros ex consejeros que en su día estuvieron aforados, se cierra la ronda de las declaraciones de los 51 imputados en la pieza política de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha.

Con estas declaraciones, la instrucción de esta primera pieza y a priori la más importante de las seis en que se dividió inicialmente el voluminoso sumario de los ERE, está prácticamente acabada. El juez de refuerzo Álvaro Martín sólo tiene por delante otras declaraciones voluntarias que van a solicitar una decena de imputados que en su día se acogieron a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya y que ahora sí quieren rendir testimonio ante el nuevo instructor, así como las de varios testigos que puedan proponer las acusaciones y defensas.

A partir de finalicen esas comparecencias, esta primera pieza estará lista para su remisión a la Audiencia de Sevilla. Los plazos, todavía muy estimativos, que se barajan indican que la pieza política podría llegar a la Audiencia en el mes de junio. Eso no significa que el juicio sería inmediato, porque quedaría por practicar alguna tramitación de la causa por parte de la Sala de la Audiencia a la que corresponda. Sólo podría corresponde a las secciones penales Primera, Tercera o Cuarta, dado que la Séptima, en la que está destinada ahora Mercedes Alaya, es la encargada de resolver los recursos de los ERE. Lo normal es que el juicio no se fijara hasta finales de este año o, lo que es más probable, a principios de 2017.

En cualquier caso, si Bolaños y Álvaro Martín logran enviar esta pieza a la Audiencia en junio o antes del verano habrán cumplido el plan piloto diseñado por la nueva titular del juzgado, que precisamente cumplirá en junio un año al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Bolaños ha dado un papel fundamental a la sentencia del “procedimiento específico”, hasta el punto de que ha apuntado ya en un auto que la absolución de los imputados en esta pieza principal conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.

La opinión de Bolaños no es descabellada. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio. El instructor del Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Mercedes Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.

Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.

Por su parte, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, afirmó en el Supremo que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.

Para Bolaños, los juicios del procedimiento específico y de las sobrecomisiones marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, sí que podría suceder esa cascada de archivos que apunta la magistrada.

Sin la velocidad de crucero de Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2016 a las 8:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Todo cambio radical requiere un periodo de adaptación y la macrocausa de los EREno iba a ser una excepción a este principio. Tras cinco años de investigación judicial y el cambio en la dirección del juzgado, la instrucción se encuentra en un momento crucial, una vez que la nueva titular, María Núñez Bolaños, diseñó un plan piloto sobre seis primeras piezas que se pretenden sean enjuiciadas alguna a lo largo de este año.
Se trata de un reto difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha experimentado tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla una lógica disminución de la intensidad de la investigación en la que han influido muchos factores. El principal es que hasta octubre del año pasado no se despejó cuál de las dos magistradas se haría cargo de la instrucción de los ERE, a raíz de la pugna que ambas magistradas mantuvieron ante los órganos de gobierno de los jueces por el control de las macrocausas.
También es cierto que Bolaños necesitaba tiempo para ponerse al día de las diferentes investigaciones y para decidir qué hacía con ellas: ya ha pergeñado la división en piezas de los ERE y de la causa de los cursos de formación. También ha decidido que el juez de refuerzo Álvaro Martín se encargue de acabar la instrucción de las seis piezas iniciales en las que han sido separados los ERE, mientras que la titular se reserva para ella la investigación de dos jugosas macrocausas: la de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea. Pero el CGPJ tampoco ha ratificado hasta ahora el plan de trabajo en este juzgado, con lo que el juez Álvaro Martín no puede por el momento meter mano al sumario de los ERE, al menos a los efectos de tomar decisiones instructoras.
Por muchos factores, el juzgado no está actualmente a la velocidad de crucero que mantenía cuando Alaya estaba al frente del mismo, y eso se nota, por ejemplo, en las cuestiones que están pendientes de resolver y se siguen acumulando a la espera de las decisiones de la instructora.
Consciente de la labor que aún queda por hacer y del retraso que acumula la causa, que no es poco –la instrucción de los ERE apenas ha completado la investigación del 40% de las subvenciones que se hallan bajo sospecha–, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la juez Bolaños en los últimos meses una serie de escritos en los que, de forma periódica, comunica a la magistrada los asuntos que están pendientes de alguna decisión de la instructora.
Entre otras cuestiones, la Fiscalía ha pedido a la juez que fije las fianzas civiles de 83 imputados en la causa, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen.
También pidió en marzo del año pasado, aunque en este caso la petición se hizo a la juez Alaya, que acordara el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar el Ministerio Público que los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos habían prescrito.
Pero no sólo las posibles prescripciones y las dilaciones amenazan la eficacia de la instrucción porque, por ejemplo, uno de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se acaba de jubilar recientemente. Además al menos cuatro imputados en los ERE han fallecido durante la instrucción. Dos de ellos recientemente –el empresario José Enrique Rosendo y el ex director del IFA Francisco Mencía–, y los otros dos en enero de 2015 y agosto de 2012.
Y también hay otro imputado que permanece fugado desde julio pasado: el ex directivo de Vitalia Eduardo Pascual. Todos estos son sólo algunos de los peligros de las macrocausas.

Jubilaciones post ERE

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2015 a las 6:00

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE.

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE.

Es uno de los problemas de las macrocausas. Las instrucciones se prolongan tanto que en el curso de las mismas puede ocurrir, como ha pasado con los ERE, que no sólo han fallecido ya varios de los imputados, sino que ahora se suma la jubilación de uno de los peritos que han colaborado con el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la investigación sobre las irregularidades en las pólizas de los prejubilados. Una jubilación post ERE.

El director del equipo interventor designado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Jesús Ruiz-Ayúcar de Merlo, ha comunicado a la juez María Núñez Bolaños que desde el pasado 1 de diciembre se encuentra jubilado, por lo que ha cesado su condición de funcionario en activo del cuerpo superior de interventores y auditores del Estado, así como su destino en la IGAE. Al jubilarse, el perito explica que ha cesado igualmente en su cargo de perito, “todo ello sin perjuicio del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven en un futuro”, como consecuencia del ejercicio de su cargo de perito para el que fue designado en auxilio jurisdiccional durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2012 –fecha en la que aceptó el cargo de perito– hasta el 30 de noviembre de 2015, su último día en activo.
La jubilación del perito, que dirigía un equipo compuesto por cuatro personas, se produce cuando la macrocausa ha sido desgajada en seis piezas piloto en las que la juez Bolaños quiere acelerar la instrucción y su enjuiciamiento.
La jubilación del perito es uno de los problemas de una causa que comenzó a instruirse hace casi cinco años y en la que, por ahora, han fallecido incluso varios de los imputados. Uno de ellos falleció en enero pasado y otro, un vecino de El Pedroso (Sevilla) y amigo del ex director de Trabajo Javier Guerrero murió en agosto de 2012. Este imputado había recibido una ayuda de 449.981 euros. En ambos casos, la juez procedió al archivo de la causa contra ambos imputados, al extinguirse la posible responsabilidad penal.
Pero si las jubilaciones y los posibles fallecimientos son algunos de los problemas de la excesiva duración de los procedimientos como éste, el que más preocupa en estos momentos a la Fiscalía Anticorrupción y a la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, es la posible prescripción de los delitos conforme transcurra el tiempo. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción pidió en marzo pasado a la juez Mercedes Alaya –antes de su salida de las macrocausas– que archivara la causa contra una docena de imputados al estimar que habían prescrito los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que se les atribuyen. Aún no hay respuesta del juzgado pese a que han pasado nueve meses.
El pasado martes, día 7, entró en vigor la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que reduce los tiempos de la instrucción y limita a 18 meses la investigación de los asuntos complejos. Aunque habrá prorrogas, habrá que ver en qué medida afecta a los ERE.

Una caída motivada por errores propios

Jorge Muñoz | 14 de octubre de 2015 a las 5:00

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

Mercedes Alaya, sale ayer de la Audiencia con semblante serio tras conocer la decisión del TSJA.

El instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo reprochó recientemente a los aforados que “abandonasen el tren en marcha” para subirse a otro distinto, en alusión a su renuncia de sus escaños y a la pérdida de su condición de aforados, lo que determinaba la vuelta de la instrucción al juzgado de origen del caso: el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El ex diputado del PSOE Gaspar Zarrías, uno de los afectados por las críticas del magistrado, respondió públicamente asegurando que no se bajó de ningún tren, sino que fue “empujado” de un tren en marcha por la resolución del instructor pidiendo el suplicatorio para procesarle. Si utilizamos el símil para describir lo que ha sucedido con la juez Alaya, habrá quien diga que la instructora ha sido víctima de una campaña, que ha sido arrojada en marcha del tren de las macrocausas, cuando en realidad es la propia Mercedes Alaya la que se ha bajado del tren.

Aquí no hay ninguna campaña para dejar fuera a Alaya, máxime si se tiene en cuenta que la Comisión del TSJAque ha decidido que se revoque la comisión de servicio a Alaya es la misma que en junio pasado acordó dejar en sus manos la instrucción de los ERE y el delito societario de Mercasevilla. Se trata de una Sala además que no puede ser tildada de sospechosa, puesto que de los ocho miembros que la componen, siete pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –el octavo miembro es el presidente, Lorenzo del Río– y ya se habían mostrado partidarios de que Alaya continuara con los ERE.
No hay que olvidar que fue la propia Mercedes Alaya quien puso en peligro su continuidad al frente de la instrucción de los macroprocesos al solicitar una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla. Alaya comentó entonces en su juzgado que era una oportunidad que no podía dejar de pasar, puesto que en esta convocatoria salían de una tacada varias plazas y era más probable que lograra alguna, como así ocurrió.
Alaya estaba asimismo confiada en las promesas que, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le habían realizado respecto a que podía solicitar la plaza puesto que luego podrían asegurarle que seguiría con la investigación de las macrocausas. Una garantía en la que Alaya confió y que, visto lo visto, no tenía mucha fuerza, por no decir ninguna.
Ese fue el primer error de Alaya, confiar en las promesas de algún vocal del máximo órgano de Gobierno de los jueces elegido a propuesta del PP, el partido que ha durante los últimos cuatro años ha intentado rentabilizar políticamente los distintos avances de la instrucción de los ERE en forma de imputaciones de altos cargos del PSOE y, en su grado máximo, con la implicación en la causa de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Segundo error. La postura de abierto enfrentamiento con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños. Alaya, posiblemente inspirándose en esas promesas firmes que llegaban desde Madrid, no intentó ningún acercamiento a esta magistrada que, como nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, era la competente para la organización y distribución del trabajo en el juzgado, así como del reparto de las macrocausas que tanto interés tenía Alaya en acabar.
Alaya no podía ser ya la directora de orquesta de las macrocausas y estaba obligada, como le dejó bien claro el TSJA, a colaborar con la instructora. Pero Alaya, lejos de mostrar esa colaboración, redactó un informe que envió directamente al Consejo General del Poder Judicial criticando con dureza a la juez Bolaños, de la que reprochó su supuesta falta de preparación para instruir los grandes sumarios y su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera.
Dos grandes errores de cálculo que han acabado con la etapa de Alaya como instructora. Las macrocausas pierden una juez con una gran capacidad de trabajo, algo que es innegable. Se va la juez incansable, como ella misma llegó a definirse en un auto. Se va la más grande, terminología que acuñó uno de los abogados personados en las distintas macrocausas para definir algunas de las actuaciones de una juez que sabe hilar sus argumentos para avanzar a posiciones a las que otros jueces no serían capaces de llegar o ni siquiera de plantearse.
De la salida de Alaya se beneficia la Audiencia de Sevilla, donde muchos de sus compañeros destacan la gran capacidad de trabajo y resolución de esta magistrada, que es capaz de trabajar durante horas sin hacer ninguna pausa. La Alaya instructora dará paso ahora a la Alaya juez de la Audiencia.

Se confirman los temores de las defensas

Jorge Muñoz | 16 de septiembre de 2015 a las 6:00

guerrero

El ex director de Trabajo Javier Guerrero.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo nuevas imputaciones en el caso de los ERE fraudulentos no sólo es importante por el hecho de que una de las personas cuya imputación se solicita fuese ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer Gobierno de Aznar. En ese documento, la Fiscalía viene a confirmar los peores temores que la división del caso de los ERE conlleva, desde la óptica de las defensas de los principales imputados.
Los abogados se han opuesto al troceamiento de la macrocausa porque, según entienden, la división haría que muchos de los imputados, sobre todo los altos cargos, tendrían que someterse a muchos juicios, incluso centenares, en función de las distintas piezas separadas que pudieran abrirse.
Y esos temores se han hecho realidad con el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción, puesto que entre las 25 personas cuya imputación se solicita en la pieza que se abrirá sobre “Graficromo y Taller de Libros” una buena parte son ex altos cargos que ya estaban imputados en el caso de los ERE. De esto se desprende que el Ministerio Público irá solicitando, en función de su presunta participación en los hechos, del ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera), así como ex viceconsejeros o ex altos directivos de la agencia Idea, que actuaba como caja pagadora de las ayudas de los ERE.
Cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó por primera vez la división de la causa, varios abogados defensores, como por ejemplo Juan Carlos Alférez, que representa a varios imputados, o Fernando de Pablo, que defiende a Javier Guerrero, ya se opusieron a la misma, al considerar que esa separación afectaría a la “penalidad, dado que al investigarse delitos continuados, un imputado sólo puede ser acusado una sola vez y resultar condenado a una sola pena”. La división, según las defensas, haría que algunos imputados podrían ser imputados decenas de veces y, consecuentemente ser condenados “a penas astronómicas”. Según los abogados, desmembrar los ERE supondría un problema mayor porque acarrearía la “indefensión” de los procesados.
La separación de la macrocausa de los ERE que ha acordado la juez María Núñez Bolaños, en contra del criterio que siempre mantuvo Mercedes Alaya, cuenta no obstante con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que es la garante de la legalidad del procedimiento judicial, y de todas las instituciones judiciales, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta el Tribunal Supremo, que ha advertido del grave riesgo y los problemas de las macrocausas.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.