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La recaída de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2018 a las 2:00

CASO ERE La juez Mercedes Alaya

Alaya ha logrado la unidad de los jueces en su contra. Al menos, de todos los jueces de Instrucción de Sevilla, sus antiguos compañeros, a los que ha denigrado con ocasión de sus recientes declaraciones en las que no ha dejado títere con cabeza. Sólo la más grande, como es conocida por muchos Alaya en la vieja sede judicial del Prado de San Sebastián, podía hacer algo así en la creencia de que sólo ella puede estar llamada a liderar una mesiánica labor en la Justicia y en la lucha contra la corrupción.
La salvadora Alaya, la juez infalible e infatigable, la única que se consideraba capaz de acabar las macrocausas, cada vez va dejando más cadáveres en el camino y engrosando la lista de enemistades. Vilipendiar a los jueces de refuerzo que tuvo en su faceta de instructora como ha hecho ahora, le ha granjeado el rechazo absoluto del colectivo de jueces de Instrucción, quienes han expresado por unanimidad su “profundo malestar” con las declaraciones.
Sobre todo porque es que además los comentarios no son justos. Decir que un juez de refuerzo en concreto –en realidad es el único que aceptó trabajar con ella después de la desbandada que protagonizaron otros dos jueces– le decía a la una de la tarde que se iba a almorzar con su mujer a un club de Sevilla, del que ni siquiera es socio, o a recoger a las niñas del colegio, supone una mezquindad. Olvida Alaya que ella misma llegaba muchos días a mediodía al juzgado y hacía esperar durante horas a abogados e imputados durante horas antes de tomarles declaración. Basta con preguntarles a los abogados de los que ahora están en el juicio de los ERE.
Y se olvida también de que detrás de un juez, hay todo un equipo de funcionarios que son fundamentales para la marcha de las investigaciones. De este juez de refuerzo también ha asegurado que durante su estancia el juzgado ha estado más retrasado que nunca en la tramitación de los asuntos ordinarios, una afirmación que es fácilmente desmontable, sólo hace falta ver las estadísticas judiciales del juzgado de la época.
Mercedes Alaya, la que en su día se autodefinió como una instructora incansable, parece haber perdido el norte. Y no se resigna a su nueva situación como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
A Alaya le ha faltado quizás contar con ese esclavo que llevaba Julio César, cuando era vitoreado por el pueblo en su trayecto subido en el carro triunfal, y al que le iba diciendo “mira hacia atrás y recuerda que sólo eres un hombre” (en este caso una mujer).
Cierto es, y en esta página lo he defendido siempre, que Alaya es una excelente profesional, con una gran capacidad de trabajo que puede superar en un momento dado a otros jueces, pero eso no es óbice para presentarse como la última esperanza de la Justicia, un mensaje populista que cala en parte de la ciudadanía, cada vez más asqueada de la clase política y cuya decepción aumenta a medida en que se conocen sentencias como la de los 1.600 folios de la Gürtel.
Pero la labor instructora de Alaya no se está traduciendo luego en condenas, lo que cuestiona su particularísima forma de instruir y la denunciada búsqueda de “causas generales” o prospectivas. Lo cierto es que la estadística no deja en buen lugar a Alaya. Además del archivo de la “pieza política” de los cursos de formación, la Justicia ha tumbado las instrucciones de Alaya relacionadas con la macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde los diez acusados fueron absueltos, y más recientemente la Audiencia de Sevilla absolvió al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, la primera de las grandes investigaciones que inició Alaya y que tanta fama le generó.
Hasta ahora, la única instrucción de Alaya que ha sido avalada con una condena es la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, que acabó sólo con la condena de dos de los cuatro acusados.
Muchos se preguntan a qué han venido ahora estas declaraciones de Alaya, en las que no sólo ha criticado a los jueces de Sevilla y a los partidos políticos, sino también a otras instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el CGPJ que, por cierto, siguen callados, sin reaccionar.
Sólo Alaya sabe por qué ha vuelto en este momento al candelabro, como diría Sofía Mazagatos. Quizás sea por no caer en el olvido, o porque la magistrada no ha pasado página y ha sufrido una recaída, tras el varapalo que supuso en el otoño de 2015 verse apartada de la instrucción de las macrocausas, algo que se debió a sus propios errores de cálculo y por criticar con la dureza que lo hizo a su sucesora en el juzgado, de la que sacó a relucir una supuesta estrecha relación de amistad con el entonces consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, además de poner en duda la capacidad y profesionalidad de la juez María Núñez Bolaños.
Y todo ello, claro está, con independencia de que algún vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le prometiera a Alaya que aunque solicitara la plaza de magistrada en la Audiencia no tendría problemas para continuar investigando las macrocausas. Ése fue otro error de cálculo de Alaya del que ahora no puede culpar a los demás o fabular con un supuesto pacto entre los dos grandes partidos por miedo a que ella investigara los cursos de formación. Hay que recordar que el PP ha recurrido el archivo de la denominada pieza política de la formación, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento.
Tampoco creo que Alaya esté pensando en entrar en política, como se ha apuntado. Esta semana, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, dejó abierta la posibilidad al fichaje de la juez por la formación naranja, al afirmar en Ondaluz que en Ciudadanos nunca negarán “la entrada al talento”, pero parece más bien que este político se vio sorprendido por la pregunta. Aunque quien sabe…

Víctimas de los ERE

Jorge Muñoz | 11 de marzo de 2018 a las 2:00

Jueza Bola??os.

La juez María Núñez Bolaños tira de los recursos tipográficos para seguir desmontando en sus autos las tesis de la Fiscalía Anticorrupción de seguir solicitando la imputación en la causa de los ERE de los numerosos beneficiarios de las ayudas. Se trata de uno de los principales motivos de enfrentamiento entre la instructora y el Ministerio Público, junto al de la exclusión de los ex altos cargos del resto de las piezas en las que se investigan cada una de las ayudas.
Frente a la postura del Ministerio Público, que considera que los beneficiarios son también responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su condición de extraneus, la magistrada María Núñez ya ha dicho en varios autos que estas personas deben ser consideradas “víctimas o perjudicados” más que “delincuentes” de la “caótica y desordenada” tramitación de los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa.
Ahora la instructora, posiblemente ya cansada de repetir una y otra vez sus argumentos –sólo Alaya se autodefinió como incansable– ha dado un paso más, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, en el que rechaza un recurso de Anticorrupción que pedía que se citara como investigados a los responsables de la empresa de muebles ubicada en Lucena (Córdoba) Industrias Elizana, que recibió en 2010 una ayuda de 700.000 euros para 49 trabajadores. En la resolución, la instructora no duda en emplear mayúsculas y negritas para declarar que no se puede traer como investigados a la macrocausa de los ERE a “TODOS LOS CIUDADANOS” que solicitaron y recibieron ayudas de la Dirección General de Trabajo entre los años 2000 y 2010, “por el mero hecho de que dichas ayudas se tramitaron de forma irregular, como pretende y ha mantenido el Ministerio Público durante los años que dura la instrucción” de las diligencias previas 174/11.
El reproche a la actuación de la Fiscalía es claro. Para Bolaños, la conducta de estos ciudadanos “no constituye indicio alguno de criminalidad que justifique su investigación”. Recuerda la magistrada que el Ministerio Público solicita que se impute a uno de los copropietarios de Industrias Elizana por haber “mantenido reuniones con sucesivos directores generales de Trabajo”, con la intermediación del entonces alcalde de Lucena, y que se tradujo en una serie de resoluciones dictadas por los sucesivos directores de Trabajo que “no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)” –los peritos oficiales–, es decir, prosigue la juez, “por la falta de competencia, ausencia de control, procedencia de las ayudas de la partida 31L, en definitiva por la inadecuación del procedimiento”.
Tras analizar la imputación que solicita la acusación pública, la juez concluye que el hecho de que un administrado se reúna con un director general de la Junta “para interesarse y obtener ayudas públicas no constituye ilícito penal alguno” y añade: “el hecho de que tras la reuniones le sean concedidas las ayudas a través de un procedimiento inadecuado, según la IGAE, no es en absoluto responsabilidad del solicitante”.
La magistrada insiste en este punto en que la Fiscalía no pide que el dueño de la empresa sea traído al procedimiento como investigado por haber solicitado o gestionado ayudas “a sabiendas de su ausencia de derecho, en connivencia con el concedente para obtener ayudas a la que no tuviera derecho, mediante resoluciones injustificadas, arbitrarias, prevaricadoras, dictadas con la única finalidad de lucrar injustificadamente” al empresario, sino que quiere imputarlo porque dichas ayudas se concedieron a través de “resoluciones que no se ajustaban a la legalidad en los términos que señala el informe de la IGAE” a través de un procedimiento que los peritos consideran inadecuado para la concesión de este tipo de ayudas sociolaborales y a empresas.
Así, la juez reflexiona que el ciudadano que en la creencia de su derecho “se reúne, se dirige, solicita y recibe de la administración pública, ya sea estatal, local o autonómica, una subvención o ayuda, no es responsable de la posible falta de competencia, irregularidad procedimental u origen de la partida presupuestaria de la que proviene la ayuda”.
En el auto, Bolaños aclara que hace estas afirmaciones salvo el criterio último que pueda establecer la Sección Séptima de la Audiencia, que resolverá el recurso que, sin duda, la Fiscalía presentará contra el auto de Industrias Elizana.

La instructora insiste en que para imputar a una persona delitos de prevaricación y malversación en su calidad de extraneus “no basta, no es suficiente, el simple hecho de que se reunieran, buscaran contactos, información, solicitaran y obtuvieran, en la forma que determinara la administración concedente, ayudas públicas (conducta que podría ser atribuible a cualquier ciudadano honrado), es necesario, por contra, la existencia de otros indicios que nos lleven a valorar inicialmente lo injustificado y arbitrario, que no discrecional, de la ayuda”.
Si se adoptar el criterio contrario –prosigue la juez– y se abre una investigación judicial contra un ciudadano “por la simple razón de confiar en la Administración pública y ajustarse al procedimiento preestablecido puede conllevar un perjuicio irreparable al mismo”.
De esta forma, la juez rechaza el recurso de reforma de la Fiscalía, que también había pedido que se imputara a cuatro ex altos cargos de la Junta, tres de los cuales han sido excluidos en aplicación del criterio de la Audiencia, y el cuarto porque la juez entiende que no hay indicios de prevaricación y malversación en su conducta.
La batalla legal entre Bolaños y la Fiscalía –que centra ahora buena parte de sus esfuerzos en el juicio– o entre la Fiscalía y Bolaños, como quiera verse continúa y avisa con dar nuevos y apasionantes momentos.

La juez que no me gusta

Jorge Muñoz | 5 de noviembre de 2017 a las 2:00

El PP de Juanma Moreno arremete contra la magistrada Bolaños con una recusación que ha presentado antes de ser “parte” en el proceso y a poco más de un mes del juicio a Chaves y Griñán

LA JUEZ QUE NO ME GUSTA (1)

Rosell

Los jueces no son Dioses ni seres intocables que están por encima del resto de los mortales. En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como le ocurre al resto de los profesionales, están sometidos a la posibilidad de la sana crítica a su actuación. Pero esa crítica siempre debe quedar al margen de campañas de desprestigio por intereses partidistas.
Para algunos, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que investiga las distintas macrocausas, será siempre el juzgado de Mercedes Alaya, no el de María Núñez Bolaños, magistrada a la que, en el marco de esta campaña de descalificación que se inició hace más de dos años –el 16 de junio de 2015 tomó posesión del juzgado–, siempre será la “sustituta” de la más grande, en alusión a la juez que destapó el escándalo de los ERE y sentó en el banquillo a toda una época de los gobiernos de la Junta de Andalucía.
A Bolaños le han impuesto injustamente el sambenito de juez archivadora, recordándole cada vez que se tercia su anterior destino como juez de familia –como si de un pecado se tratara– y por tanto su supuesta falta de experiencia en materia penal, y argumentando que pidió la plaza de Alaya para intentar cerrar con el menor daño posible para el Gobierno andaluz las distintas macrocausas con las que Alaya puso en apuros al Ejecutivo autonómico.
Está claro que al Partido Popular en Andalucía que lidera Juanma Moreno le iba mejor con Alaya –no en cuanto a resultados electorales, pero sí aparentemente en los procesos judiciales–, por lo que esta acusación popular pronto iba a atacar a Bolaños. Pasaron de una juez que siempre aceptaba los planteamientos y peticiones de la acusación popular, a una instructora que los cuestionaba. De la juez que me gusta a la que no me gusta. Por eso no es de extrañar que los populares estuviesen con Alaya como Gollum con el tesoro de El señor de los anillos, o como Mateo con su guitarra.
Y así pronto surgieron los primeros rifirrafes relacionados con la instrucción, como el insulso conflicto por la entrega de las grabaciones de las declaraciones en los cursos de formación, donde el PP planteó una “recusación administrativa” –no se acudió a la vía de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ahora– contra Bolaños que fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con motivo de ese incidente, Bolaños recibió el apoyo de las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quienes denunciaron una “tendenciosa campaña partidista” contra esta juez, y con el evidente objetivo de condicionar su labor, “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”, lamentaron entonces estas asociaciones.
Tras ese primer combate contra Bolaños, el PP ha planteado ahora un incidente de recusación contra la magistrada para expulsarla de la causa en la que se investigan las transferencias recibidas por la agencia IDEA, con el argumento de que su cuñada María Guija, hermana de su marido, trabaja como técnico de control en esta agencia; y por eso además del rasgo de parentesco entienden que hay un “interés directo o indirecto” de la instructora.
El juzgado ha inadmitido esta recusación porque el PP formalmente aún “no es parte” en este procedimiento, dado que Bolaños le impuso una fianza de 30.000 euros para ejercer la acusación popular y la Audiencia todavía no ha resuelto el recurso presentado por los populares.
La recusación del partido de Juanma Moreno se produjo después de que Bolaños dictara un durísimo auto en el que acusaba a los populares de utilizar “falaces argumentos” en relación con la imposición de la fianza.
En esa resolución, que tiene fecha del 2 de octubre y que el PP también ha recurrido, la juez confirma la fianza de 30.000 euros. Es cierto que Bolaños podía haber reducido esta fianza a 12.000 euros, cuantía que la Audiencia de Sevilla fijó para que los populares pudieran personarse en la primera causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, y la misma cantidad que la propia juez les impuso en otra causa: la de los Avales II.
En ese auto del 2 de octubre la juez critica con vehemencia la actuación del PP, que le había reprochado un cambio de criterio en cuanto a la imposición de fianzas. Los populares sostuvieron en un escrito que tras la división de la macrocausa de los ERE, si la juez optaba por esa misma fianza de 30.000 euros, “el total que precisaría para ejercer la acción popular sería de más de seis millones de euros, lo que iría contra lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que recoge que no podrán imponerse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular que será siempre gratuita”.
Y Bolaños respondió que no se podía explicar o justifica un cambio de criterio “inexistente”, recordando que la causa de la denominada “pieza política” de los cursos de formación se abrió en marzo de 2014, más de un año antes de que ella tomara posesión del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por lo que la decisión de “no solicitar fianza no puede atribuirse a la juez que instruye la presenta causa”. Fue Mercedes Alaya quien no fijó fianza alguna, pero fue Bolaños quien archivó esta pieza, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
En el auto, Bolaños vuelve a criticar al PP por su persistencia en esta causa, por cuanto alertó de las numerosas e “infundadas alegaciones que supusieron una dilación innecesaria en la tramitación del recurso”.
Dice Bolaños que su “criterio único” y así “le consta al Partido Popular” es el de no exigir ninguna fianza en las distintas piezas que se han abierto en las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, por lo que rechaza esa hipotética cifra de más de seis millones a la que alude el PP (hasta ahora le han impuesto únicamente dos fianzas de 12.000 euros y la de 30.000 euros que está pendiente del recurso).
“No podemos compartir el temor invocado por el Partido Popular sobre la posible vulneración de su derecho a la justicia mediante la acción popular en otras diligencias, no en ésta, en las que precisamente consta un criterio constante y único, contrario a lo que manifiesta ante la Audiencia Provincial en su recurso”, argumenta la juez, que recuerda que la jurisprudencia del Supremo alerta sobre el “serio riesgo de la judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”.
El Partido Popular recurre la cuantía establecida “al amparo de un falaz argumento, sosteniendo un temor a todas luces infundado, pues conoce perfectamente que ha sido permitida su personación como acusación popular en todas las diligencias abiertas como consecuencia” de la división de los ERE y los cursos de formación “sin exigírsele fianza alguna”.
El momento elegido para continuar la campaña de desprestigio contra Bolaños tampoco es improvisado. En poco más de un mes comienza el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De ahí que el PP haya adelantado la recusación presentándola cuando aún no son parte. Se trata de calentar los motores de cara al macrojuicio, aunque luego en público los políticos se jacten de que respetan las decisiones judiciales.

Caso de los ERE: El mismo marco legal

Jorge Muñoz | 29 de octubre de 2017 a las 2:00

Una declaración que corrobora el informe remitido recientemente a la juez María Núñez Bolaños por el director general de Empleo en el que se asegura que el Gobierno central concedió durante una década 220 ayudas extraordinarias sin concurso público, como ocurrió con la Junta en las ayudas de los ERE. La ex directora general de Trabajo del Ministerio Soledad Cordova –que ocupó el cargo entre 1991 y 2004– declaró como investigada el pasado 17 de octubre en la pieza separada de la Faja Pirítica onubense, en la que se investigan las prejubilaciones de centenares de mineros.
La juez Bolaños le preguntó en concreto en esa declaración si consideraba que la actuación de la Administración pública andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones –sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional–, incurría “en algún tipo de ilegalidad”. La respuesta de Soledad Cordova fue contundente: “Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones”, recoge la grabación de la declaración incorporada al sumario.

CASO ERE. Declaran Chaves, Griñán y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bolaños y Álvaro

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados de Sevilla.

Es más, según esta ex alto cargo, con la vigente Ley de Subvenciones, que entró en vigor en febrero de 2004, “se ha adecuado la orden a las previsiones de la ley de subvenciones. Las ayudas siguen siendo las mismas y siguen pudiendo ser de adscripción directa, tanto las aplicadas por la Junta de Andalucía” como las del Estado.
En ese momento, la instructora intervino para puntualizar. “¿Quiere usted decir que el marco legal es el mismo?”, preguntó Bolaños. “Puede ser, claro, es que la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía” porque tiene “plenas competencias en materia laboral”, respondió la ex directora general de Trabajo, que continuó diciendo lo siguiente: “es más en la orden de ayudas, no recuerdo si es en el artículo segundo o tercero, se contempla la posibilidad de no conceder las ayudas cuando bien alguna otra administración, o la empresa o entidad similar hubiera dado ayudas o similares a la de la orden, luego ya de entrada se está reconociendo” que pueden darse.
En el caso de la Faja Pirítica, la ex alto cargo insistió en que podían concederse dichas ayudas el final de ese mismo artículo “viene a decir que esa excepción se puede dar, como sería el caso de la Junta o en la Faja Pirítica cuando hay un reconocimiento en ese proceso de reestructuración entre las dos Administraciones, es decir que la Junta puede dar perfectamente las ayudas que vienen contempladas en la orden, lo que yo ya desconozco señoría es el procedimiento de concesión. No conozco las normas autonómicas, pero es que la Junta tiene competencia plena en las ayudas excepcionales”, agregó.
En ese mismo interrogatorio, la abogada que representa a Soledad Cordova le preguntó si el informe elaborado por la Guardia Civil sobre las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica incurre en un “error” al afirmar que no existió una fiscalización previa de estas ayudas. Cordova explicó que “se han confundido los términos”, ya que, según dijo, “no se puede autorizar un gasto si no está retenido el crédito que garantice que ese gasto se va a llevar a cabo”. Por ello, indicó que hubo una “fiscalización previa en noviembre, la firma de la resolución [de concesión de las ayudas] es de 1 de diciembre, y el documento de pago del 2 de diciembre”, por lo que el procedimiento, a su juicio, se siguió con “total pulcritud”, algo que reconoce el propio informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es la base principal de la acusación en la macrocausa de los ERE fraudulentos.
La ex directora general de Empleo continuó explicando que la orden ministerial de 1995 sólo exige dos cosas para acogerse a estas ayudas directas: “Haber estado afectado por un expediente de despido colectivo y encontrarse en una situación de especial desprotección. Esos son los dos únicos junto con el evidente de que haya dotación presupuestaria, no hay ningún requisito de edad”.
La edad, prosiguió la ex alto cargo del Ministerio, es un criterio de “reparto del gasto, porque no nos olvidemos que en la Faja Pirítica hay un proceso de reestructuración de un sector y hay un acuerdo marco de medidas de acompañamiento laboral para los trabajadores excedentes de ese sector y hay un compromiso político de que las ayudas que se deriven de ese plan iban a ser cofinanciadas entre dos Administraciones”.
Uno de los errores de la Guardia Civil, según dijo, es que no se tuvo en cuenta un informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social con respecto a las bonificaciones de la mina Aguas Teñidas, en la que no se valoran los coeficientes reductores por los trabajos realizados en otras minas”, por lo que tenía más de 55 años, concluyó.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

abogadosnd

Manolo Rus

El ejercicio de la abogacía en Nueva Delhi, en la calle y con máquinas de escribir

*La fotografía fue tomada esta semana por el periodista sevillano Manolo Rus en Nueva Delhi (India), con motivo de un viaje familiar que está realizando con su hija. En la imagen se observa a un grupo de abogados apostados en plena calle, a las puertas de los juzgados, ocupando el acerado con unas antiguas máquinas de escribir, para agilizar las gestiones de los ciudadanos. Hay algunos que cuelgan hasta un cartel (“Notary public/advocate”). Salvando las distancias, que evidentemente son enormes, aquí los letrados se quejan del Lexnet

Bolaños tiene el detonador de los ERE

Jorge Muñoz | 15 de octubre de 2017 a las 2:00

 Un grupo de imputados pide a la juez María Nuñez Bolaños que se pronuncie sobre las ayudas de los ERE fraudulentos estaban amparadas por la orden del Gobierno central de 1995

 

Ilustración: Rosell

Ilustración: Rosell

La semana pasada comentábamos en esta misma sección la bomba que había supuesto para el caso de los ERE fraudulentos el informe remitido al juzgado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el que se confirmaba que el Gobierno central había actuado de la misma forma que la Junta de Andalucía a la hora de conceder las ayudas extraordinarias de los ERE, unas ayudas que se otorgaron directamente y sin concurso público. Esa era la primera vez que en un informe oficial remitido al juzgado se informaba del sistema de concesión de ayudas amparados en la orden ministerial del 5 de abril de 1995, la misma que algunos imputados habían señalado con anterioridad como norma supletoria al marco legal por el que se otorgaban las ayudas a las prejubilaciones en Andalucía.
De hecho, un grupo de nueve imputados presentó en noviembre del año pasado un extenso informe en el juzgado de María Núñez Bolaños sobre la aplicación de dicha normativa estatal y en el que reclamaban un pronunciamiento de la instructora que puede devenir fundamental para el futuro del caso. Este grupo de investigados pidió a la juez que se pronuncie sobre la “aplicabilidad” de la orden ministerial del 5 de abril de 1995 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a las ayudas sociolaborales que se investigan en la causa de los ERE, estableciendo si “dicha orden constituye el marco legal adecuado en el que se desenvuelven dichas ayudas”. Todo ello al amparo del artículo 24 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el escrito, que tiene una extensión de 43 folios, las defensa de estos nueve imputados plantean asimismo a la magistrada que, de ser correcta la tesis que mantienen sobre la aplicabilidad de la norma estatal, esta “corrección afecte de modo positivo al contenido de la imputación que se ha efectuado” a estos investigados y “a todos cuanto se hayan en su situación procesal, en estas actuaciones, acordando lo que proceda sobre tal imputación, sobre su situación personal y patrimonial, sobre las fianza exigidas y sobre cualquier otra cuestión derivada de la adecuada aplicación de la ley”.
El documentado solicita a la juez que cite a declarar como testigo a tres altos cargos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre ellos Javier Thibault Aranda, director general del Ministerio de Empleo y autor del informe incorporado a la pieza de la Faja Pirítica de los ERE; a Juan Manuel Gutiérrez Hurtado, subdirector general; y a Raquel Pena Trigo, vicesecretaria general técnica.
Los imputados firmantes del escrito recuerdan que el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluye que la Junta carecía de competencia para otorgar ayudas sociolaborales, que podrían ser nulas de pleno derecho por carecer de marco legal en el que pudieran ser encuadradas. A esa conclusión, apuntan, “se llega per saltum, por considerar que la Junta sólo tendría competencias para ejecutar las disposiciones de la orden ministerial de 5 de octubre de 1994, que se refiere a ayudas previas a jubilaciones ordinarias, y que el sistema establecido carecía de soporte legal en lo referido a las ayudas concedidas a trabajadores que, fuera de la edad exigida para la jubilación o la jubilación anticipada, pertenecían a empresas en crisis”.
Pero la orden ministerial de 5 de abril de 1995, que regula las ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas es “sistemáticamente ignorada por la IGAE en su informe de diciembre de 2013”.
Los investigados también critican que el Tribunal Supremo, en la exposición razonada que elaboró en relación a los ex presidentes de la Junta aforados, ha seguido “a pies juntillas y asume las conclusiones del informe de la IGAE y ni estudia ni analiza, ni siquiera contempla ni cita en una sola ocasión, la aplicabilidad, influencia, alcance y proyección en los hechos debatidos de la orden de 1995, que omite y obvia por completo”.
Este grupo de imputados concluye que la comunidad autónoma andaluza tiene “plena competencia para la gestión y abono con su propio presupuesto las ayudas sociolaborales que se discuten en el presente procedimiento” y considera “chocante” que la orden ministerial “nunca ha sido citada en el presente procedimiento, dado que con la misma se hubiera evitado casi toda esta instrucción”.
Las defensa han planteado a la juez que se pronuncie sobre estos extremos, aunque la cuestión no ha sido respondida por el juzgado. Bolaños tiene así en sus manos el detonador de la bomba de los ERE, la que puede acabar con el halo de ilegalidad que impregna a la causa desde el principio y dejarlo en aquellos casos en los que se han detectado irregularidades y fraude, como por ejemplo la inclusión de forma ilegal de los denominados intrusos. Y sin ayudas ilegales no habría causa de los ERE.
“¿Es la orden de 1995 un marco legal adecuado para servir de soporte a las ayudas sociolaborales concedidas y a las que se refiere el procedimiento?”. Esta es la pregunta que “permanece sin respuesta en este procedimiento, la interrogante que hasta ahora el juzgado no se ha atrevido a abordad, más allá de la negativa dogmática y axiomática contenida en la exposición razonada elevada por la anterior instructora al Tribunal Supremo”, y es la pregunta para la que “exigen respuesta”.
Los firmantes coinciden en la “plena aplicabilidad” de la orden de 1995 a las ayudas de la Junta, “no sólo porque existen en el procedimiento decenas de resoluciones que manifiestan que se dictan al amparo de dicha orden, sino porque les parece evidente que tales ayudas participan plenamente de la naturaleza de las articuladas” en dicha norma estatal, por lo que dichas ayudas eran competencia de la dirección general de Trabajo y no han de atenerse a los principios de concurrencia y publicidad, dado que la “discrecionalidad es una de las notas características de las ayudas articuladas en la orden de 1995”. Y además esta norma “no establece requisito ni tope alguno para la concesión de las ayudas, más allá que el de la pertenencia del trabajador beneficiario a una empresa o sector en crisis o en proceso de reestructuración”.
Así, señalan que todo parece indicar que, “salvo los casos concretos en que se haya acreditado fraude, las ayudas sociolaborales individuales concedidas por la Junta responden a verdaderas situaciones de necesidad y urgencia social, cuestión ésta que ha sido completamente ignorada en la instrucción, pese a su trascendencia jurídica”. Es más, prosiguen, en los expedientes de ayudas cofinanciados entre la Junta y el Ministerio de Trabajo se establece “expresamente” que la normativa a aplicar es la orden de 1995, toda vez que se trata de ayudas públicas individuales concedidas a ex trabajadores en situación de necesidad social con motivo de procesos de reestructuración de empresas.
De ahí que concluyan igualmente que la “inmensa mayoría” de las ayudas fueron concedidas en base a un “marco legal legítimo”, hasta el punto de que los errores en su tramitación, concesión o baremación podrán dar lugar a su nulidad o no, pero “no pueden conllevar su tipificación como delito”.
También entienden que la actuación de la Administración andaluza, a la vista de que existía un amplio encaje legal, “no puede ser tachada de negligente y mucho menos de dolosa”, y por último, afirman que el análisis jurídico penal “siempre es individualizado a una conducta y a unos hechos”, por lo que “no pude basarse en la eficacia, eficiencia o incluso legalidad u oportunidad de toda una administración valorada en su conjunto”.
Los nueve imputados que han solicitado este pronunciamiento a la juez son el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; el ex diputado del PSOE-A Ramón Díaz Alcaraz; el dueño de Uniter, José González Mata; Antonio Manuel Bustamante, presidente de Surcolor; Manuel Castilla Bustamante, consejero de Surcolor; María del Carmen García Sánchez, dueña del restaurante Río Grande; Antonio Albarracín Muñoz, ex directivo de Vitalia; Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís; y Fernando Mellet, ex director general de Mercasevilla.
Este grupo de investigados ha hecho esta reflexión seis años después del inicio de la instrucción de los ERE, cuando hay centenares de imputados y las responsabilidades civiles “ascienden a cifras astronómicas”, y entre los investigados, recuerdan, figuran “políticos, gestores públicos, funcionarios de alto y medio nivel, letrados de reputados despachos, mediadores de seguros, sindicalistas, empresarios, altos cargos que lo fueron del Gobierno central y los denominados intrusos”.
Además, critican que aunque se sigue hablando de “centenares de millones de euros defraudados”, el procedimiento se tramita “a espaldas de quienes se sabe fueron los receptores de ese dinero, a los que no se ha llamado al procedimiento en ninguna cualidad: ni como investigados, ni como testigos ni como partícipes a título lucrativo ni en ninguna otra condición”, asevera en alusión a los 6.000 trabajadores que se beneficiaron de las ayudas durante una década.
El hecho de que no se haya actuado contra los beneficiarios de las ayudas, prosiguen, debiera llevar a la “convicción de que la entregas de dinero, a pesar de hablarse de malversación, fueron legales, pues no se persigue a quienes fueron destinatarios de los fondos malversados, lo que de principio parece incompatible” con este delito.
Los nueve investigados se preguntar por qué la Tesorería General de la Seguridad Social “no advirtió” del presunto origen ilícito de los fondos que le valieron para la suscripción de los convenios con empresas y trabajadores, y “ni por qué el Estado, que realizo actuaciones al alimón con la Junta de Andalucía, no advirtió en su momento ilegalidad alguna en la actuación de los órganos autonómicos, a pesar de toda su inmensa maquinaria inspectora e interventora”.
También denuncian que mientras persisten muchos interrogantes sin respuesta, la causa avanza “a ritmo cansino” frente a unos investigados que ven cómo “su vida ha sido deshecha por completo, desde el punto de vista personal, familiar, político, social y económico”.

Del Alayismo al Bolañismo

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2017 a las 2:00

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho de los juzgados de Sevilla.

 Desde que asumió la instrucción de las macrocausas, la juez María Núñez Bolaños ha dictado tres importantes autos que revelan sus opiniones sobre cómo deben culminar las investigaciones

La juez Mercedes Alaya montó durante más de cuatro años (2011-2014) la teoría de la conspiración y confabulación en torno al fraude de la macrocausa de los ERE y su sucesora, María Núñez Bolaños, lleva más de dos años bajando el balón al suelo, desmontando y deconstruyendo la pirámide de responsabilidades que dibujó Alaya. Para la primera instructora todo lo relacionado con las ayudas de los ERE era claramente delictivo, desde la concesión de las mismas mediante un procedimiento administrativo inadecuado hasta la solicitud por parte de los beneficiarios, que eran llamados por Alaya al procedimiento en calidad de imputados, aunque tuvieran derecho a percibir las subvenciones y no pertenecían al grupo de los denominados intrusos, que por cierto han quedado reducidos a sólo 60, un 1% de los más de 6.000 trabajadores que en su momento se beneficiaron de estas ayudas.
Pero no piensen que Bolaños ha tenido que acudir a complicados razonamientos jurídicos ni bucear por las bases de datos –ahora digitales– de Aranzadi buscando jurisprudencia de órganos superiores como el Tribunal Supremo. No, ni mucho menos. A esta juez tan denostada en su día por Alaya le ha bastado únicamente recurrir a su sentido común, porque los jueces deben aplicar la ley, evidentemente, pero también el sentido común, la lógica y la razón.
Al igual que hubo una serie de autos en las macrocausas que marcaron las directrices del Alayismo, en los últimos años hay tres resoluciones que sustentan lo que es y será el Bolañismo. La última de estas resoluciones ha sido dictada esta misma semana en una de las piezas de investigación de los ERE, la relacionada con las ayudas concedidas por importe de 3,3 millones a la empresa Valeo Iluminación. La juez reflexiona en esta resolución sobre el papel que pueden jugar en el fraude de los ERE los beneficiarios de las ayudas y concluye que “el ciudadano cuando se dirige a cualquier administración desconoce cuál es el trámite legal adecuado” para solicitar una ayuda, por lo que “si un ciudadano pide una beca o cualquier ayuda a la Administración, sea ésta local, autonómica o estatal, se limita a cumplimentar los requisitos que desde la propia administración le exigen”.
Esta visión de Bolaños colisiona frontalmente con la que durante años sostuvo Alaya, con el aval sin fisuras de la Fiscalía Anticorrupción y la santificación por parte de la ilustrísima Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que ahora, según lamenta públicamente el Ministerio Público, le ha cambiado las reglas al permitir que los ex altos cargos sólo se sometan a un único juicio, el del denominado “procedimiento específico”, la pieza política de la macrocausa.
La argumentación de Bolaños en ese auto parece atacar uno de los cimientos del Alayismo, al afirmar que pretender que el ciudadano que solicita la subvención debe entender el marco legal administrativo que rige su actuación, si el órgano es o no competente, o si debió o no pedir otra documentación, “parece una petición que queda fuera de lo lógico y racional”, algo que se deba por hecho en la anterior etapa instructora, al estimar que todos tenían conocimiento de las irregularidades.
El razonamiento de Bolaños enlaza directamente con una petición reciente de la defensa de uno de los beneficiarios de las ayudas de los ERE, que ha solicitado el archivo de la causa al considerar que tras la decisión de la Audiencia de aplicar el non bis in ídem a los ex altos cargos imputados en la pieza del denominado “procedimiento específico” por la concesión de las subvenciones, no es posible juzgar por separado a los solicitantes de las mismas. Así lo ha expuesto el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a este empresario investigado en la pieza del Centro de Limpieza Industrial Huévar, quien asevera que es “conceptualmente imposible enjuiciar por separado a un presunto coautor-beneficiario de un delito de malversación de caudales públicos, sin que en el mismo proceso se enjuicie al autor principal del delito”.
Bolaños debe decidir ahora sobre esta solicitud, que puede dar un nuevo giro a la instrucción de una macrocausa que cada vez limita más su horizonte a que haya un único juicio o tan sólo varios más, a pesar de que se están investigando unas 200 ayudas.
En los otros dos autos que ilustran el Bolañismo, la instructora llega a aseverar, de un lado, que algunos de los imputados –ahora llamados de forma más elegante como investigados– no son mas que “víctimas de una macrocausa”; y de otro lado, que los jueces “no trabajan con papel”, porque “detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento”, en alusión a los recursos presentados contra el archivo de la pieza política de los cursos de formación.
Estas tres resoluciones marcan, por ahora, la era Bolaños al frente de las macrocausas. El presente y futuro de la herencia de las macroinvestigaciones que inició Alaya. Sólo el tiempo y el resultado de los juicios dirán cuál de las jueces estuvo más atinada en su enfoque de las macrocausas.

El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.

Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

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*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.