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El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

Un ‘salvoconducto’ para las 85 piezas

Jorge Muñoz | 14 de mayo de 2017 a las 2:00

 

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La juez María Núñez Bolaños, fotografiada en su despacho.

La trascendencia del auto dictado por la Audiencia de Sevilla sobre los ERE quedó eclipsada por la recusación del magistrado Pedro Izquierdo, que ha sido apartado del juicio a Chaves y Griñán por haber sido secretario de Justicia en los gobiernos de ambos. Coincidiendo con esta noticia, la Sección Séptima de la Audiencia dictó esta otra resolución que supone un vuelco en el devenir de la macrocausa de los ERE, al haber apartado al ex director general de Idea Jacinto Cañete de la causa en la que se investiga la ayuda de 880.000 euros concedida a la empresa Bética Industrial porque el tribunal entiende que, como esta persona ya está procesada en la “pieza política”, se ha generado una situación procesal de “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”.
En la práctica y extrapolando esta resolución a los otros ex altos cargos, esto significa que aparentemente sólo habría un solo juicio para cada acusado y estos no tendrían que sentarse en el banquillo en las distintas piezas separadas que se han abierto y se siguen abriendo conforme se van recibiendo los atestados de la Guardia Civil.
La medida beneficiaría sobremanera a los que, en esta sección, hemos denominado los “sospechosos habituales” de los ERE, los ex altos cargos que, por haber intervenido en la concesión de la totalidad de las ayudas, han sido imputados sucesivamente en cada una de las piezas. La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa, mantiene abiertas alrededor de 85 piezas separadas y en la mayoría de éstas figurarían el ex director de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero o el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, dos de los “sospechosos habituales”.
La importancia para la investigación de ese auto, que tiene fecha del 4 de mayo, tendrá que ponderarla ahora la instructora y aquí es dónde surgen más incógnitas que certidumbres. Para empezar porque la Audiencia se está refiriendo únicamente a los 22 ex altos cargos que están procesados en la causa del denominado “procedimiento específico” –a Chaves y Griñán no les afecta porque sobre los mismos no pesan imputaciones en otras causas–, de lo que se deduce que el resto de las piezas continuaría contra el resto de imputados que figuran en las mismas, como los empresarios que recibieron esas ayudas.
Sin embargo, la instructora podría entender que esa duplicidad de hechos advertida por el tribunal afectaría a todos los imputados –incluso a los beneficiarios de las ayudas– y, en consecuencia, podría decidir el archivo de cada causa completa, como hizo en el caso de las ayudas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén –donde no había intrusos y la juez entendía que la ayuda no podía considerarse injusta, con independencia de que el procedimiento empleado para la concesión de las ayudas fuese inadecuado–, que la instructora acabó archivando y que la Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente.
Será interesante conocer la opinión de la Fiscalía Anticorrupción ante este auto que algunos consideran que viene a avalar la tesis que en su día mantuvo la juez Mercedes Alaya sobre la inescindibilidad de la causa y la imposibilidad de su fragmentación en piezas separadas. Alaya argumentaba que la causa de los ERE no podía dividirse, lo que a la larga implicaba celebrar un macrojuicio imposible con la totalidad de los imputados, que podrían superar los 300.
Pero la duplicidad en los hechos ha apreciado el tribunal en el caso del ex alto cargo puede que no beneficie a todos en todas las causas. Me explico. Hay algunas investigaciones que parecen tener una clara diferenciación con respecto a la “pieza política”, como es el caso de las ayudas que el ex director de Trabajo Javier Guerrero gastó en regalos y cocaína, a través de las ayudas que por importe de 1,4 millones concedió su chófer, Juan Francisco Trujillo.
Y lo mismo puede decirse, entre otras, de la pieza en la que se investigan las sobrecomisiones abonadas en las pólizas suscritas para el pago de las ayudas, en la que hay ya 38 imputados por un sobrecoste cuantificado en 66 millones, entre los que se encuentran también Javier Guerrero y su chófer.
Tanto las ayudas al chófer como las sobrecomisiones están diferenciadas claramente del procedimiento específico, las transferencias de financiación y la partida 31L, por lo que pueden quedar excluidas del indulto o salvoconducto concedido por la Audiencia para ser enjuiciados una sola vez.
Pero lo que puede beneficiar a la mayoría de los ex altos cargos imputados, puede perjudicar por el contrario a los cuatro que fueron exculpados a última hora por la Audiencia. Es el caso de los ex viceconsejeros Justo Mañas y Gonzalo Suárez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de Idea Antonio Valverde. Si algunos de éstos aparece en otra u otras piezas distintas sí que podrían ser enjuiciados aunque hayan sido exculpados en el procedimiento específico.
El auto de la Audiencia, en lugar de aliviar las macrocausas parece que va a generar nuevos enredos jurídicos, porque legalmente, como dice el tribunal, ni siquiera se ha podido acordar el archivo, sino “dejar sin efecto” que el proceso se dirija contra el ex alto cargo.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

El PP logró quitar al juez de Chaves y Griñán

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Pedro Izquierdo.

*La recusación planteada por los abogados del PP Luis García Navarro y Lourdes Fuster ha logrado apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y a otros 20 ex altos cargos en la “pieza política” de los ERE. El magistrado no encajó muy bien la decisión de sus compañeros de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de estimar que concurría una causa de recusación, por el interés directo o indirecto en el pleito, tras haber pasado seis años en la Junta de Andalucía, como secretario general para la Justicia. En esta misma página hemos dicho con anterioridad que, si nos atenemos a la ley orgánica del Poder Judicial no existe causa legal para recusar al magistrado, de cuya honestidad y profesionalidad nadie duda. Sin embargo, como reza una máxima judicial, el juez no debe ser sólo independiente e imparcial, sino parecerlo, como señala el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

 

El ladrón que pidió un “justificante” del arresto

Ocurrió recientemente en un juzgado de guardia, adonde había sido conducido un detenido por un robo con violencia e intimidación. El arrestado se había mostrado durante toda la comparecencia con una actitud chulesca y cuando el funcionario del juzgado le notificó el auto de libertad, ni corto ni perezoso, le pidió un “justificante” de su estancia en los juzgados.

–¡Qué mejor justificante quiere que el auto de libertad que le acabo de notificar! –replicó el funcionario.

–No me ha entendido, es que quiero un justificante de haber estado en el juzgado de guardia hasta ahora –respondió el detenido con el mismo tono que había mostrado desde su llegada a la sede judicial.

–¡Pues ahí tiene el auto! –insistió el trabajador.

La respuesta enojó al arrestado, quien replicó:

–¡Esto es lo nunca visto!

–Efectivamente, en mis más de 20 años de ejercicio profesional nunca he visto una petición como ésta –zanjó el funcionario.

Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

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*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

Más fricciones por los ERE

Jorge Muñoz | 11 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños sale de los juzgados de Sevilla.

El desencuentro cada vez más patente entre la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, y los fiscales delegados de Anticorrupción, amenaza con convertirse en todo un culebrón. Y por capítulos. Si hace tan sólo unas semanas la Fiscalía Anticorrupción cargaba contra la instructora por usar argumentos sociales y “no jurídicos” a la hora de archivar la causa contra uno de los denominados intrusos, los representantes del Ministerio Público han vuelto a cuestionar una decisión de la instructora.
Esta nueva fricción se produce con motivo de una providencia dictada por la juez Bolaños el pasado 30 de marzo, en la que solicitaba a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que remitiera una “copia testimoniada” de todas las resoluciones que se dicten en relación con los recursos presentados en la denominada “pieza política” de los ERE, en la que se investiga el procedimiento específico que se implantó para la tramitación de las ayudas bajo sospecha y en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 23 ex altos cargos de la administración autonómica.
En esa providencia, la juez motivaba la petición a la Audiencia de la entrega de esas resoluciones en tanto que “puedan afectar al curso del presente procedimiento”, en referencia a las diligencias 174/11, la causa matriz de los ERE de la que se han ido desgajando las diferentes piezas separadas para su enjuiciamiento por la Audiencia de Sevilla.
En el escrito presentado el pasado 5 de abril en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra plantean una aclaración a la magistrada.
En concreto, la Fiscalía “interesa que para un mejor entendimiento para todas las partes de los resuelto por la magistrada instructora se aclare el alcance de la afección que el dictado de resoluciones resolviendo recursos dictados” en las diligencias del procedimiento específico –“seguidas por hechos distintos, desgajados, de las presentes diligencias previas”–, puedan “tener sobre los hechos que aún siguen siendo objeto de las presentes”. Es decir, que los representantes del Ministerio Público no entienden la petición de la juez.
La respuesta de María Núñez Bolaños no se ha hecho esperar y, en otra providencia que ahora ha sido notificada, la instructora ha zanjado la cuestión al afirmar que la petición de que se le envíe una copia de los recursos “viene justificada por considerarlo útil e ilustrativo a la presente causa”.
No sabemos qué hará ahora la Fiscalía, si dará un paso más y recurrirá la providencia a la Audiencia, pero lo que sí evidencia este nuevo cruce de escritos es que las relaciones entre la instructora de la macrocausa y los fiscales del caso no parece que tiendan a normalizarse, sino todo lo contrario. El rifirrafe entre los fiscales y la juez continúa.

Con lluvia de barro, truenos y en 23-F

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2017 a las 2:00

Juzgados del Prado Movida por el caso de los ERE  Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños, fotografiada ayer en los juzgados de Sevilla.

Si Bolaños hubiera elegido el día para elevar el sumario de los ERE a la Audiencia no podría haberlo hecho mejor. Sevilla se despertó ayer en medio de una intensa lluvia de barro, capricho meteorológico que quizás presagiaba el marrón que pocas horas después iba a recaer sobre los jueces de la Sección Primera de la Audiencia, con tormenta y truenos. Y encima era la efemeride del 23-F. Con ese panorama, la juez María Núñez Bolaños, convocó a los periodistas para explicarles personalmente y junto a los funcionarios de su oficina judicial, la intensa labor que habían desarrollado en las últimas semanas para ordenar el voluminoso sumario para su envío a la Audiencia de Sevilla.
La juez cerraba de esta forma la polémica que ella no generó pero que se suscitó en torno a la remisión del sumario a la Audiencia, después de que se hubieran disparado todas las alarmas sobre el reparto de la causa de Chaves y Griñán.

Las sospechas, rumores y reproches obligaron a los magistrados de la Audiencia, en un hecho tan lamentable como vacío de precedentes, a tener que volver a celebrar un nuevo sorteo, el segundo, para decidir a qué Sala correspondía el juicio.
Y ya que tenemos tribunal, sólo queda que cuanto antes se conforme la Sala y se celebre el juicio. Muchos de los investigados esperan ese momento desde hace más de seis años.

CASO ERE: Llamadas desconcertantes

Jorge Muñoz | 12 de febrero de 2017 a las 2:00

JUECES

Rosell

Nerviosismo, preocupación, intriga, desconcierto. Cualquiera de estas palabras podría usarse para intentar describir las extrañas maniobras que se han sucedido en las últimas semanas en la Audiencia Provincial de Sevilla para supuestamente teledirigir el sumario de la macrocausa de los ERE, el que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hacia una concreta Sala o tribunal para su enjuiciamiento.

La cuestión llevaba analizándose desde muchos meses antes, cuando los 20 magistrados de las secciones Penales de la Audiencia de Sevilla –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– se reunieron en junio de 2016 para establecer los criterios para elegir al tribunal que debía enjuiciar el denominado “procedimiento específico” de los ERE, en el que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos, así como las distintas macrocausas que en los últimos años se han ido instruyendo sobre todo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
De esa reunión, surgió un acuerdo para establecer un turno de reparto específico para las causas de “especial complejidad”, entendiendo por éstas a las que excedían de los 3.000 folios –sin contar los posibles anexos documentales– o las que contaran con ocho o más intervinientes personados, sin tener en cuenta al Ministerio Fiscal y considerando como interviniente a cada acusado.
Ese acuerdo pareció –o debió– zanjar la polémica, pero no fue así. En septiembre de 2016, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó el acuerdo de los jueces sevillanos y aprobó la modificación del turno de reparto de los asuntos en la Audiencia de Sevilla, lo que derivó en un sorteo entre las cuatro secciones penales para fijar el orden de inicio de ese turno nuevo. El sorteo, celebrado el 14 de octubre, deparó que fuese la sección Primera la que iniciara el turno específico. En realidad se habían fijado dos turnos, uno que la Audiencia denominaba como “recursos devolutivos contra resoluciones dictadas por órganos unipersonales”, que incluía sentencias y “autos interlocutorios”. Y un segundo reservado para los “asuntos de enjuiciamiento”, que engloba los “procesos ordinarios por delitos graves y procedimientos abreviados que son competencia de la Audiencia”. Aquí es donde debía incluirse el juicio por el “procedimiento específico” de los ERE, el primero cuya instrucción ha finalizado, junto al de las subvenciones concedidas a las empresas Acyco y Surcolor-Surcolor Óptica.
Un hecho que iba a cambiar de forma repentina la aparente normalidad con la que los jueces de la Audiencia habían asumido el turno de reparto fue el auto dictado el 4 de noviembre por el juez de refuerzo de Instrucción 6 Álvaro Martín, quien ese día dictó el auto de apertura de juicio oral contra los ex presidentes de la Junta y los otros 24 ex altos cargos. Con la instrucción finalizada, ese auto acercaba más a la Audiencia el reparto del primer juicio de los ERE.
En ese auto, el instructor concedió un plazo de un mes a las defensas de los 26 encausados para que presentaran sus correspondientes escritos de defensa, una vez conocida las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones.
Las siguientes semanas de noviembre y las primeras de diciembre, el juez Álvaro Martín fue dando los últimos coletazos al caso con la clara intención de enviar el sumario de los ERE a la Audiencia antes de que finalizara su comisión de servicio en el juzgado de Instrucción número 6. El último día para que Álvaro Martín pudiera remitir el sumario era el 23 de diciembre pasado y ese día el magistrado dio instrucciones precisas para que la causa se enviara a la Audiencia. Sin embargo, no pudo hacerse porque, entre otras cuestiones, el procedimiento no estaba listo para su remisión porque faltaban aún por presentar –y estaban en plazo de hacerlo– los escritos de varias defensas.
Si la causa se hubiese enviado el 23 de diciembre, de acuerdo con el turno de reparto aprobado por los jueces de la Audiencia, el enjuiciamiento habría correspondido a la Sección Tercera, que preside el magistrado Ángel Márquez, quien en su día instruyó el denominado caso Juan Guerra. Márquez  había estado destinado precisamente en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta 1998, cuando cedió el testigo a la juez Mercedes Alaya, la instructora de las macrocausas hasta el año 2015. Tras ese primer intento de enviar el sumario de Chaves y Griñán, se produjo un impasse propiciado por las vacaciones de Navidad, que prácticamente paralizan por completo el funcionamiento de los juzgados, salvo para las actuaciones consideradas urgentes.
Y una vez pasados los Reyes Magos, se produjeron los hechos más sorprendentes. El martes 10 de enero, a mediodía, poco antes de la finalización de la jornada en los juzgados, un magistrado de la Audiencia al que podría corresponder el juicio de Chaves y Griñán, telefoneó al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, pero no habló con la titular, María Núñez Bolaños, sino con un funcionario de esta oficina judicial. ¿El motivo? Interesarse sobre el hecho de por qué no se había remitido aún el sumario de los ERE a la Audiencia –que algunos esperaban para antes de las Navidades– y si quedaba aún mucho para que se elevara a la Audiencia. El funcionario no pudo dar respuesta a las inquietudes del magistrado.
Fue una conversación corta, pero que sin duda desató todas las señales de alarma. Unos dicen que con esa llamada –que no fue la única realizada desde la Audiencia, hubo al menos otras dos llamadas– el juez simplemente se estaba interesando por la supuesta demora en el envío de la causa por su interés en asumir el enjuiciamiento, aunque otras fuentes señalan que su interés era el contrario, que preguntaba porque no quería que le correspondiera el juicio.
Sea como fuere, lo grave es que se produjeran esas llamadas y que ese contacto no fuese por ejemplo a nivel de jueces, que podría tener cierta lógica entre compañeros, sino que se hiciera con un funcionario del juzgado y sin conocimiento de la titular, María Núñez Bolaños.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

 

A partir de ese momento y conforme pasaban las semanas sin que el envío de la causa se produjera, aumentó la incertidumbre y las suspicacias, tanto en la Audiencia de Sevilla como en el juzgado de Instrucción.
Y también se dispararon los reproches mutuos y la rumorología, dándose por sentado en los mentideros judiciales que la juez Bolaños estaba supuestamente retrasando de forma intencionada la elevación a la Audiencia para controlar a qué Sala de la Audiencia podría corresponderle el caso de los ERE, cuando de los movimientos realizados por la Audiencia parece todo lo contrario, que el interés en controlar o al menos conocer el tribunal partía supuestamente de los magistrados de la Audiencia, los mismos que en teoría habían dejado zanjado en junio del año pasado el asunto del reparto de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE. La juez Bolaños justificó la decisión de no enviar la causa en que estaba completando la documentación, de acuerdo con la “guía” para las macrocausas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La situación se hacía cada vez más insostenible y llegó incluso a trascender el ámbito provincial hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyo presidente aprovechó que el pasado 3 de febrero tenía que trasladarse a Sevilla para visitar varios órganos judiciales, para entrevistarse personalmente con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, al que trasladó su preocupación por lo que estaba sucediendo con este primer juicio de los ERE.
Dicen que el presidente del TSJA pidió claridad y transparencia a la Audiencia, que se acabara con la rumorología, y Damián Álvarez convocó de nuevo a las secciones de lo Penal, que la semana pasada aprobaron modificar las normas de reparto para hacer un nuevo sorteo único y exclusivo para el caso de Chaves y Griñán. Oficialmente, la Audiencia ha justificado el nuevo sorteo por las “excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática” de la causa. En una cosa sí tiene razón el acuerdo de la Audiencia: las circunstancias que se han producido en torno al reparto son “excepcionales”, pero no por la complejidad del caso sino por las maniobras orquestadas por algunos jueces o sectores judiciales.

Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.

Bolaños revienta la “red clientelar” de Alaya

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 5:15

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

María Núñez Bolaños aguó ayer la festividad de la patrona a más de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil. La juez dirigió duros ataques a los investigadores por la forma en la que éstos abordaron el supuesto fraude de los cursos de formación, partiendo de sospechas que se centraban en “irregularidades administrativas” y que 18 meses después han desembocado en el monumental carpetazo de la denominada “pieza política” de los cursos, en la que estuvieron imputados 24 altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

Bolaños criticó con vehemencia las hipótesis o teorías “elaboradas” por la UCO en torno a la existencia de una “red clientelar” para favorecer a determinadas empresas afines al Gobierno andaluz o al PSOE y que partirían de un concierto entre la dirección general de Formación y las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder arbitrariamente esas millonarias ayudas. En realidad, el auto de archivo supone, en la práctica, echar por tierra las tesis que en su día lideró o asumió la anterior instructora, Mercedes Alaya, a la que Bolaños evidentemente no cita en ningún momento en los 23 folios de su resolución. Un auténtico guantazo sin manos a las tesis de Alaya, si me permiten la expresión, en la cara de la UCO. ¿Quién si no amparó y encabezó las tesis de la confabulación respecto a la forma en la que se repartían los millones de los cursos y se dejaban de justificar?

Uno de los párrafos del auto de Bolaños incluye una reflexión para los jueces que no puede pasar desapercibida. “Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas, cuando, como hecho objetables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del Derecho Penal”.

La juez desmonta a lo largo del auto las tesis de la Guardia Civil, que llegó incluso a cifrar erróneamente en 3.000 millones el importe del fraude. La cifra total concedida, al establecer el silogismo de que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.

La Fiscalía Anticorrupción aclaraba perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos, al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo ha prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.

Pero la UCO no fue la única que recibió reproches de la instructora. El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en la macrocausa de los cursos, fue el otro gran damnificado por el auto de archivo. Bolaños reprocha a los populares que denuncie los vínculos con el Gobierno o el PSOE en 38 empresas de las 18.000 subvenciones concedidas, algo que carece, según la juez, del “más mínimo rigor” y se planteaba incluso cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el propio PP-A, o a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para la formación. Pero, lógicamente, ese estudio más amplio no se incluía en el análisis presentado por la acusación particular.

En otras ocasiones hemos sostenido en esta sección que esta investigación de la “pieza política” de los cursos era un bluf, pero un bluf que se llevó por delante a 24 altos cargos y funcionarios, como el x consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los sospechosos habituales de las macrocausas, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido -cuñada del ex consejero Ángel Ojeda- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio. De estos 24 imputados, 16 de ellos fueron detenidos en otra de las operaciones-espectáculo de la UCO, la que se realizó en marzo de 2015 y última que dirigió Alaya, donde los agentes detuvieron incluso a algunos de los altos cargos cuando se dirigían al colegio con sus hijos. Todo un despropósito que se diluirá tras el archivo de esta pieza, a la espera del recurso que ha anunciado el PP y que deberá resolver la Audiencia de Sevilla. Pero habida cuenta de que tras este sobreseimiento está la propia Fiscalía Anticorrupción, el recurso tiene pocos visos de prosperar en principio.

Pero no debe olvidarse, en medio de esta vorágine de las macrocausas, que todavía siguen abiertas otras tantas investigaciones relacionadas con las subvenciones para los cursos de formación, entre ellas las ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda o el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, así como de los consorcios de formación Ciomijas o Formades. Y en algunas de estas piezas, Bolaños ya ha citado a declarar como investigados a otros altos cargos, como la propia ex directora de Formación María Teresa Florido, que declarará el 20 de octubre. La investigación sigue abierta, a pesar de que muchos acusen a Bolaños de haber solicitado la plaza que dejó libre Alaya para archivar las macrocausas, una acusación que realizó la propia Alaya cuando dijo en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la división de la investigación e n piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”. Alaya se equivocaba según su sucesora, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas -que no apreció menoscabo de fondos públicos-, porque la investigación ha demostrado que la causa se inició investigando irregularidades administrativas y ha acabado por demostrar que no hay delitos más allá de esas irregularidades administrativas.

Bolaños asumirá pronto todas las macrocausas

Jorge Muñoz | 11 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez de refuerzo Álvaro Martín

El juez de refuerzo Álvaro Martín

La juez María Núñez Bolaños asumirá pronto el control de todas las macrocausas, una vez que se ha confirmado que el juez Álvaro Martín, que refuerza el juzgado desde septiembre de 2013, terminará el próximo 31 diciembre su comisión de servicio y regresará al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. Desde que el Consejo General del Poder Judicial rechazó la comisión de servicio de Mercedes Alaya para que ésta finalizara alguna de las macrocausas, el juez Álvaro Martín asumió la puesta en práctica del plan piloto que María Núñez Bolaños diseñó para la agilización de la investigación de las macrocausas.
La vuelta de Álvaro Martín a su juzgado no se traducirá en un nuevo refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que pasará de tener los tres magistrados actuales a sólo dos. Sólo se mantendrá el refuerzo de José Ignacio Vilaplana, que se ocupa de investigar los asuntos ordinarios del juzgado, mientras que Bolaños retomará el control absoluto de los grandes sumarios, puesto que aunque la dirección de las macrocausas seguía siendo suya como titular del juzgado, lo cierto es que el juez de refuerzo ha contado con la lógica autonomía e independencia para acabar la instrucción de las piezas diseñadas por Bolaños.
De las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, Álvaro Martín ha concluido la investigación de tres de ellas (la del “procedimiento específico” de los ERE, la de las ayudas a Acyco y la de Surcolor-Surcolor Óptica), en la que han sido procesadas varias decenas de personas, entre ellas varios altos cargos. Y es probable que antes de que regrese a su juzgado, Álvaro Martín finalice alguna de las piezas que aún están pendientes de que se dicten los autos de procedimiento abreviado.
Bolaños mostró una gran perspicacia a la hora de delegar en Álvaro Martín la instrucción de la pieza política de los ERE, en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se alejó así de cualquier posible polémica, después de que la juez Alaya la acusara de mantener una estrecha amistad con el consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, y de que intentaría dejar en simples irregularidades administrativas los delitos que ella investigaba en torno a los cursos de formación. Alaya acertó en una cosa: Bolaños va a archivar pronto la pieza política de los cursos, pero ese archivo viene avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción. No lo hace Bolaños de motu proprio. 

El bluf de los cursos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2016 a las 5:00

alaya

La juez Mercedes Alaya

¡AY si Alaya volviera hoy al despacho de la segunda planta de los juzgados del Prado de San Sebastían de Sevilla! Esa pequeña habitación que está tan sólo a unos metros cruzando el edificio donde hoy está destinada en la Audiencia y en el que Alaya se encerró durante los últimos años las distintas macrocausas…. Si Alaya volviera, lo primero que vería es que la nueva titular ha cambiado de orientación el mobiliario y la mesa donde redactaba esos autos que hacían temblar los cimientos en San Telmo ya no está escoltada por la ventana de hierro –el aluminio sigue siendo un lujo ajeno a la Justicia– que mantiene este viejo edificio, sino que la mesa mira ahora hacia directamente hacia la puerta del despacho. Ese sería el detalle menor en el que a buen seguro se fijaría Alaya.
Para tratar de aventurar cuál podría ser la reacción de Alaya al estar de nuevo en el que fuera su juzgado me viene a la cabeza la frase que Alfonso Guerra acuñó cuando elPSOE ganó las elecciones en 1982:“Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. Del cambio político al judicial. Y vaya si ha cambiado el juzgado donde sirvió Alaya. Si la magistrada de la Audiencia regresara ahora, un año después de su marcha, todo le resultaría irreconocible: desde los muebles a las personas, los funcionarios que trabajaron codo con codo con ella y que ahora se dedican a otros meresteres en esta oficina judicial.
Pero los cambios que ha realizado la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no son sólo estéticos o decorativos. La juez de Familia con la que Alaya tanto rivalizó a través de los escritos que envió tanto al Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (TSJA) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reivindicar que debía seguir investigando las macrocausas, ha atacado el corazón de los sumarios que Alaya diseñó desde el principio.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Un buen ejemplo está en la macrocausa de la formación. Primero trascendió que la juez María Núñez Bolaños archivará la denominada “pieza política” de la causa de la formación, en la que figuran como investigados 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 11 jefes de servicio.
La decisión de Bolaños de archivar la causa vendría motivada porque la instructora, siguiendo las declaraciones que han prestado en el juzgado los interventores provinciales, estimaría que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son constitutivos de delitos, sino que se trata de irregularidades administrativas.
Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha corroborado la tesis del carpetazo a la causa, al sostener en un escrito que no hay delito en las resoluciones de exceptuación o exoneración acordadas por la Junta en relación con las subvenciones para las actividades relacionada con la formación.
Para acabar de zanjar la cuestión, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay menoscabo de fondos públicos en la formación ni ilícito contable, según el acta de liquidación provisional –elaborado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía y que se centraba sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas–, que descarta por tanto responsabilidades de los funcionarios y autoridades de laJunta.
En su informe al CGPJ, Alaya acusó a Bolaños de venir a archivar la causa de los cursos, al afirmar que la división de la macrocausa en piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
La pregunta que queda en el aire es evidente. Si la nueva titular, la Fiscalía Anticorrupción –que no olvidemos es el garante de la legalidad del procedimiento– y el Tribunal de Cuentas coinciden en que no hay delito en los cursos, sino irregularidades administrativas, no será que desde el principio eran sólo eso: irregularidades administrativas. De la espectacularidad de la operación Barrado al bluf de los cursos. Las tesis de Alaya se quedan con dos únicos seguidores:la UCOde la Guardia Civil y el PP, que como acusación popular en el caso sigue manteniendo la hipótesis del red de “clientelismo político” que defendió Alaya.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El castigo de la “loewe story”
*La juez Mercedes Alaya ha condenado finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso a seis meses de cárcel por el cohecho del bolso de Loewe. El jurado popular que enjuició el caso no se creyó la Loewe story que alegó Ana Hermoso, en un veredicto que fue más allá de las pruebas que se vieron en la vista oral, donde todos los testigos avalaron la versión de la defensa respecto a que el bolso que recibió del empresario Jesús Calvo Soria –imputado en la trama Gürtel– fue un regalo amoroso y no un presente a cambio de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Baldomero Gaviño. En la sentencia, Alaya fundamenta el veredicto señalando que la ex regidora cometió un “acto injusto” porque actuó “por intereses personales”, puesto que iba a adquirir una “alta posición” en el ámbito político de la localidad y además percibiría un sueldo por los cargos que tendría en el gobierno local. Alaya insiste en que Hermoso actuó por una “motivación bastarda” y no pensando en los intereses generales de los ciudadanos. Pero lo que falla de esta argumentación es, en primer lugar, que las mociones de censura son mecanismos lícitos en democracia para alterar el resultado de las urnas e imponer el juego de las mayorías. Y por supuesto que en todas las mociones de censura se ofrece a los intervinientes un reparto de las concejalías o de los puestos, como elemento para lograr el apoyo de los otros ediles, sin que por ello la conducta sea delictiva. Es como si llegáramos a la conclusión de que los partidos que puedan apoyar una investidura de Mariano Rajoy lo van a hacer porque, por ejemplo, llegado el caso se les ofreciera entrar en el Gobierno, con un puesto de responsabilidad que le supondría unos mayores emolumentos de los que cobra un diputado raso. Y luego está que Hermoso se dejara comprar por un simple bolso…La Loewe story se tendrá que resolver por el TSJA porque, de momento, el caso sigue abierto.
A la espera del recurso de la mina de Aznalcóllar
*El recurso contra el archivo de la mina de Aznalcóllar puede ver la luz en breve. Alaya, que es la ponente del mismo, ha ido dictando en las últimas semanas la sentencia de Contsa –de 381 folios–, la de la ex alcaldesa de Bormujos, y antes de irse de vacaciones podría resolver este recurso. En la Junta se espera con ansiedad la decisión, que podría reabrir el caso o confirmar el archivo.