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Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.

Bolaños revienta la “red clientelar” de Alaya

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 5:15

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

María Núñez Bolaños aguó ayer la festividad de la patrona a más de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil. La juez dirigió duros ataques a los investigadores por la forma en la que éstos abordaron el supuesto fraude de los cursos de formación, partiendo de sospechas que se centraban en “irregularidades administrativas” y que 18 meses después han desembocado en el monumental carpetazo de la denominada “pieza política” de los cursos, en la que estuvieron imputados 24 altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

Bolaños criticó con vehemencia las hipótesis o teorías “elaboradas” por la UCO en torno a la existencia de una “red clientelar” para favorecer a determinadas empresas afines al Gobierno andaluz o al PSOE y que partirían de un concierto entre la dirección general de Formación y las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder arbitrariamente esas millonarias ayudas. En realidad, el auto de archivo supone, en la práctica, echar por tierra las tesis que en su día lideró o asumió la anterior instructora, Mercedes Alaya, a la que Bolaños evidentemente no cita en ningún momento en los 23 folios de su resolución. Un auténtico guantazo sin manos a las tesis de Alaya, si me permiten la expresión, en la cara de la UCO. ¿Quién si no amparó y encabezó las tesis de la confabulación respecto a la forma en la que se repartían los millones de los cursos y se dejaban de justificar?

Uno de los párrafos del auto de Bolaños incluye una reflexión para los jueces que no puede pasar desapercibida. “Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas, cuando, como hecho objetables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del Derecho Penal”.

La juez desmonta a lo largo del auto las tesis de la Guardia Civil, que llegó incluso a cifrar erróneamente en 3.000 millones el importe del fraude. La cifra total concedida, al establecer el silogismo de que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.

La Fiscalía Anticorrupción aclaraba perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos, al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo ha prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.

Pero la UCO no fue la única que recibió reproches de la instructora. El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en la macrocausa de los cursos, fue el otro gran damnificado por el auto de archivo. Bolaños reprocha a los populares que denuncie los vínculos con el Gobierno o el PSOE en 38 empresas de las 18.000 subvenciones concedidas, algo que carece, según la juez, del “más mínimo rigor” y se planteaba incluso cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el propio PP-A, o a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para la formación. Pero, lógicamente, ese estudio más amplio no se incluía en el análisis presentado por la acusación particular.

En otras ocasiones hemos sostenido en esta sección que esta investigación de la “pieza política” de los cursos era un bluf, pero un bluf que se llevó por delante a 24 altos cargos y funcionarios, como el x consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los sospechosos habituales de las macrocausas, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido -cuñada del ex consejero Ángel Ojeda- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio. De estos 24 imputados, 16 de ellos fueron detenidos en otra de las operaciones-espectáculo de la UCO, la que se realizó en marzo de 2015 y última que dirigió Alaya, donde los agentes detuvieron incluso a algunos de los altos cargos cuando se dirigían al colegio con sus hijos. Todo un despropósito que se diluirá tras el archivo de esta pieza, a la espera del recurso que ha anunciado el PP y que deberá resolver la Audiencia de Sevilla. Pero habida cuenta de que tras este sobreseimiento está la propia Fiscalía Anticorrupción, el recurso tiene pocos visos de prosperar en principio.

Pero no debe olvidarse, en medio de esta vorágine de las macrocausas, que todavía siguen abiertas otras tantas investigaciones relacionadas con las subvenciones para los cursos de formación, entre ellas las ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda o el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, así como de los consorcios de formación Ciomijas o Formades. Y en algunas de estas piezas, Bolaños ya ha citado a declarar como investigados a otros altos cargos, como la propia ex directora de Formación María Teresa Florido, que declarará el 20 de octubre. La investigación sigue abierta, a pesar de que muchos acusen a Bolaños de haber solicitado la plaza que dejó libre Alaya para archivar las macrocausas, una acusación que realizó la propia Alaya cuando dijo en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la división de la investigación e n piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”. Alaya se equivocaba según su sucesora, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas -que no apreció menoscabo de fondos públicos-, porque la investigación ha demostrado que la causa se inició investigando irregularidades administrativas y ha acabado por demostrar que no hay delitos más allá de esas irregularidades administrativas.

Bolaños asumirá pronto todas las macrocausas

Jorge Muñoz | 11 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez de refuerzo Álvaro Martín

El juez de refuerzo Álvaro Martín

La juez María Núñez Bolaños asumirá pronto el control de todas las macrocausas, una vez que se ha confirmado que el juez Álvaro Martín, que refuerza el juzgado desde septiembre de 2013, terminará el próximo 31 diciembre su comisión de servicio y regresará al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. Desde que el Consejo General del Poder Judicial rechazó la comisión de servicio de Mercedes Alaya para que ésta finalizara alguna de las macrocausas, el juez Álvaro Martín asumió la puesta en práctica del plan piloto que María Núñez Bolaños diseñó para la agilización de la investigación de las macrocausas.
La vuelta de Álvaro Martín a su juzgado no se traducirá en un nuevo refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que pasará de tener los tres magistrados actuales a sólo dos. Sólo se mantendrá el refuerzo de José Ignacio Vilaplana, que se ocupa de investigar los asuntos ordinarios del juzgado, mientras que Bolaños retomará el control absoluto de los grandes sumarios, puesto que aunque la dirección de las macrocausas seguía siendo suya como titular del juzgado, lo cierto es que el juez de refuerzo ha contado con la lógica autonomía e independencia para acabar la instrucción de las piezas diseñadas por Bolaños.
De las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, Álvaro Martín ha concluido la investigación de tres de ellas (la del “procedimiento específico” de los ERE, la de las ayudas a Acyco y la de Surcolor-Surcolor Óptica), en la que han sido procesadas varias decenas de personas, entre ellas varios altos cargos. Y es probable que antes de que regrese a su juzgado, Álvaro Martín finalice alguna de las piezas que aún están pendientes de que se dicten los autos de procedimiento abreviado.
Bolaños mostró una gran perspicacia a la hora de delegar en Álvaro Martín la instrucción de la pieza política de los ERE, en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se alejó así de cualquier posible polémica, después de que la juez Alaya la acusara de mantener una estrecha amistad con el consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, y de que intentaría dejar en simples irregularidades administrativas los delitos que ella investigaba en torno a los cursos de formación. Alaya acertó en una cosa: Bolaños va a archivar pronto la pieza política de los cursos, pero ese archivo viene avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción. No lo hace Bolaños de motu proprio. 

El bluf de los cursos

Jorge Muñoz | 24 de julio de 2016 a las 5:00

alaya

La juez Mercedes Alaya

¡AY si Alaya volviera hoy al despacho de la segunda planta de los juzgados del Prado de San Sebastían de Sevilla! Esa pequeña habitación que está tan sólo a unos metros cruzando el edificio donde hoy está destinada en la Audiencia y en el que Alaya se encerró durante los últimos años las distintas macrocausas…. Si Alaya volviera, lo primero que vería es que la nueva titular ha cambiado de orientación el mobiliario y la mesa donde redactaba esos autos que hacían temblar los cimientos en San Telmo ya no está escoltada por la ventana de hierro –el aluminio sigue siendo un lujo ajeno a la Justicia– que mantiene este viejo edificio, sino que la mesa mira ahora hacia directamente hacia la puerta del despacho. Ese sería el detalle menor en el que a buen seguro se fijaría Alaya.
Para tratar de aventurar cuál podría ser la reacción de Alaya al estar de nuevo en el que fuera su juzgado me viene a la cabeza la frase que Alfonso Guerra acuñó cuando elPSOE ganó las elecciones en 1982:“Vamos a poner a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”. Del cambio político al judicial. Y vaya si ha cambiado el juzgado donde sirvió Alaya. Si la magistrada de la Audiencia regresara ahora, un año después de su marcha, todo le resultaría irreconocible: desde los muebles a las personas, los funcionarios que trabajaron codo con codo con ella y que ahora se dedican a otros meresteres en esta oficina judicial.
Pero los cambios que ha realizado la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, no son sólo estéticos o decorativos. La juez de Familia con la que Alaya tanto rivalizó a través de los escritos que envió tanto al Tribunal Superior deJusticia de Andalucía (TSJA) como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para reivindicar que debía seguir investigando las macrocausas, ha atacado el corazón de los sumarios que Alaya diseñó desde el principio.

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

Un buen ejemplo está en la macrocausa de la formación. Primero trascendió que la juez María Núñez Bolaños archivará la denominada “pieza política” de la causa de la formación, en la que figuran como investigados 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y 11 jefes de servicio.
La decisión de Bolaños de archivar la causa vendría motivada porque la instructora, siguiendo las declaraciones que han prestado en el juzgado los interventores provinciales, estimaría que los hechos investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son constitutivos de delitos, sino que se trata de irregularidades administrativas.
Esta misma semana, la Fiscalía Anticorrupción ha corroborado la tesis del carpetazo a la causa, al sostener en un escrito que no hay delito en las resoluciones de exceptuación o exoneración acordadas por la Junta en relación con las subvenciones para las actividades relacionada con la formación.
Para acabar de zanjar la cuestión, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha confirmado que no hay menoscabo de fondos públicos en la formación ni ilícito contable, según el acta de liquidación provisional –elaborado tras la denuncia de la Fiscalía Superior de Andalucía y que se centraba sobre el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas–, que descarta por tanto responsabilidades de los funcionarios y autoridades de laJunta.
En su informe al CGPJ, Alaya acusó a Bolaños de venir a archivar la causa de los cursos, al afirmar que la división de la macrocausa en piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
La pregunta que queda en el aire es evidente. Si la nueva titular, la Fiscalía Anticorrupción –que no olvidemos es el garante de la legalidad del procedimiento– y el Tribunal de Cuentas coinciden en que no hay delito en los cursos, sino irregularidades administrativas, no será que desde el principio eran sólo eso: irregularidades administrativas. De la espectacularidad de la operación Barrado al bluf de los cursos. Las tesis de Alaya se quedan con dos únicos seguidores:la UCOde la Guardia Civil y el PP, que como acusación popular en el caso sigue manteniendo la hipótesis del red de “clientelismo político” que defendió Alaya.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El castigo de la “loewe story”
*La juez Mercedes Alaya ha condenado finalmente a la ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso a seis meses de cárcel por el cohecho del bolso de Loewe. El jurado popular que enjuició el caso no se creyó la Loewe story que alegó Ana Hermoso, en un veredicto que fue más allá de las pruebas que se vieron en la vista oral, donde todos los testigos avalaron la versión de la defensa respecto a que el bolso que recibió del empresario Jesús Calvo Soria –imputado en la trama Gürtel– fue un regalo amoroso y no un presente a cambio de votar a favor de la moción de censura que devolvió la alcaldía a Baldomero Gaviño. En la sentencia, Alaya fundamenta el veredicto señalando que la ex regidora cometió un “acto injusto” porque actuó “por intereses personales”, puesto que iba a adquirir una “alta posición” en el ámbito político de la localidad y además percibiría un sueldo por los cargos que tendría en el gobierno local. Alaya insiste en que Hermoso actuó por una “motivación bastarda” y no pensando en los intereses generales de los ciudadanos. Pero lo que falla de esta argumentación es, en primer lugar, que las mociones de censura son mecanismos lícitos en democracia para alterar el resultado de las urnas e imponer el juego de las mayorías. Y por supuesto que en todas las mociones de censura se ofrece a los intervinientes un reparto de las concejalías o de los puestos, como elemento para lograr el apoyo de los otros ediles, sin que por ello la conducta sea delictiva. Es como si llegáramos a la conclusión de que los partidos que puedan apoyar una investidura de Mariano Rajoy lo van a hacer porque, por ejemplo, llegado el caso se les ofreciera entrar en el Gobierno, con un puesto de responsabilidad que le supondría unos mayores emolumentos de los que cobra un diputado raso. Y luego está que Hermoso se dejara comprar por un simple bolso…La Loewe story se tendrá que resolver por el TSJA porque, de momento, el caso sigue abierto.
A la espera del recurso de la mina de Aznalcóllar
*El recurso contra el archivo de la mina de Aznalcóllar puede ver la luz en breve. Alaya, que es la ponente del mismo, ha ido dictando en las últimas semanas la sentencia de Contsa –de 381 folios–, la de la ex alcaldesa de Bormujos, y antes de irse de vacaciones podría resolver este recurso. En la Junta se espera con ansiedad la decisión, que podría reabrir el caso o confirmar el archivo.

La juez que equilibró la balanza en la herencia de las macrocausas

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños llegó por sorpresa al juzgado de las grandes investigaciones, dividió en piezas los macroprocesos y venció a “la más grande” en su propio terrerno

Moldura balanza

ALAYA IZQ-ANINVERSARIO BOLAÑOS bolañosil

La juez María Núñez Bolaños aterrizó en el juzgado de las macrocausas en medio de las fuertes críticas de su antecesora, Mercedes Alaya, que se resistía a ceder el testigo, y de las injustificadas sospechas de que la nueva titular del juzgado venía a archivar todas las investigaciones debido a su estrecha amistad con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. El próximo jueves, día 16, María Núñez Bolaños, que sin duda ha marcado grandes distancias con la era Alaya, cumple su primer aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde sin duda ha tenido que realizar un auténtico ejercicio de malabarismo jurídico para equilibrar la balanza de la Justicia, a la hora de administrar la complicada herencia y el legado de Mercedes Alaya.

Muchos se preguntan por qué una veterana juez de Familia, que llevaba once años resolviendo asuntos sobre separaciones matrimoniales y custodias de hijos, decidió un día optar a la plaza que iba a dejar Alaya después de solicitar esta magistrada un nuevo destino en una de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla.
Una juez quijotesca
Los que conocen bien a Bolaños aluden a su sentido quijotesco de la vida y argumentan que María Núñez Bolaños, al dar este decisivo paso profesional –recuérdese que sólo pidió el juzgado de Instrucción número 6, no ningún otro– quería sobre todo “hacer Justicia”, porque en su fueron interno pensaba que “no se estaban haciendo bien las cosas” en este juzgado. Bolaños es una magistrada vocacional y sus amigos recuerdan que con sólo 14 años ya hablaba de convertirse en juez porque, según decía entonces la propia Bolaños,“quería defender a los trabajadores”.
La solicitud de la plaza por parte de Bolaños causó una enorme sorpresa y dejó en fuera de juego el plan diseñado por Alaya para garantizarse un destino en la Audiencia pero sin renunciar a acabar la instrucción de las grandes investigaciones que en los últimos cinco años la habían convertido en una de las jueces más populares del país, al mismo nivel o incluso superior que algunos de los jueces de la Audiencia Nacional. Alaya había previsto su marcha a la Audiencia, pero en realidad pretendía seguir instruyendo todas las macrocausas. Para ello, el plan de la juez incansable –como ella misma se definió en uno de sus autos– consistía que el juez de refuerzo Álvaro Martín –de gran experiencia y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– solicitara su plaza en el juzgado número 6, como de hecho hizo, y una vez que éste fuera designado como nuevo titular, permitiría a Alaya continuar con la instrucción de los macroprocesos.
Pero la solicitud de Bolaños truncó para siempre estos planes y supuso el inicio del fin de la Alaya instructora, la misma que se había ganado en esos años el apelativo de “la más grande”. Bolaños dio un paso valiente al optar a la plaza vacante y en sus primeros cuatro o cinco meses estuvo prácticamente atada de pies y manos, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejero General del Poder Judicial(CGPJ) resolvieran el culebrón en el que se convirtió la salida de Alaya del juzgado.
Las críticas
En esa pugna por la dirección de las macrocausas, María Núñez Bolaños tuvo que hacer frente a las vehementes e injustificadas críticas de su antecesora en el cargo. Alaya la descalificó por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, al que también definió como un “notorio detractor” de su trabajo en la investigación de las macrocausas.
Pero este ataque a la nueva titular, que al final dio al traste con las expectativas de Alaya de seguir investigando los macroprocesos a pesar de las promesas que había recibido desde algunos sectores del CGPJ, no sólo fue personal, sino que entró en cuestiones profesionales.
En el informe que remitió a los órganos de gobierno de los jueces, Alaya criticó los “escasos conocimientos” de Bolaños de la jurisdicción Penal, y también la acusó de que venía a archivar algunas de las causas. Alaya aseguró que los planes de la nueva juez para dividir alguna de las causas, como la de los cursos de formación, “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”, sostuvo Alaya en relación con la investigación de las delegaciones provinciales de Empleo y el servicio central.
Tras conocer el informe de Alaya, Bolaños se limitó a decir que no veía “elegantes” las formas que había empleado su antecesora con ella, pero no fue más allá. Bolaños podía haber denunciado al CGPJ el contenido de ese informe que, según algunas fuentes consultadas, podría haber tenido incluso consecuencias disciplinarias para Alaya.
La salida de Alaya
De junio a octubre fueron meses de intensa agitación en el juzgado de las macroinvestigaciones, que quedó en la práctica paralizado a la espera de que los órganos de gobierno de los jueces resolvieran la complicada papeleta que tenían entre manos, divididos entre los que querían que Alaya continuara, los más próximos a la asociación APM –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial–, y los que entendían que era la propia Alaya la que había decidido abandonar la instrucción al solicitar la plaza en la Audiencia hispalense y además no podía seguir por el conflicto generado con Bolaños.
El 13 de octubre de 2015, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA acordó “por unanimidad” apartar a Alaya de las macrocausas por su “clara voluntad de no colaborar” con la nueva instructora y para evitar precisamente un “escenario de conflicto” entre ambas magistradas. El TSJA reprochó a Alaya que cuestionara la “idoneidad e independencia” de Bolaños y consideró inaceptable la exigencia de Alaya de que su competencia en la comisión de servicio fuese “exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos designados por ella”. Alaya pujó por seguir investigando todas las macrocausas y se quedó fuera de las investigaciones.
División del trabajo
Cuando el Poder Judicial resolvió el caso Alaya, María Núñez Bolaños se encontró ya en la posición adecuada para desplegar sus nuevas formas de trabajo, a pesar de que ya en julio de 2015 –sólo un mes después de tomar posesión– había dinamitado las tesis de Alaya al dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques: la pieza del denominado “procedimiento específico” en el que han acabado procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; y un tercer bloque con las más de 200 empresas que recibieron ayudas bajo sospecha.
Los siguientes pasos que dio Bolaños mostraron de nuevo la habilidad de la magistrada. Sólo así puede calificarse el hecho de que tras haber pugnado por las macrocausas, Bolaños entregara al juez de refuerzo Álvaro Martín la investigación de las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, sobre todo la parte política del “procedimiento específico”, con lo que marcó distancias sobre las infundadas sospechas que se difundieron.
el nuevo modo de actuar
Desde que dirige el juzgado, Bolaños ha cambiado la dinámica y la forma de trabajar, intentando poner orden no sólo con la división en piezas, sino también en lo que se refiere a la distribución interna del trabajo entre los funcionarios destinados en este órgano, creando equipos y eliminando la anterior organización de Alaya, que había centrado su confianza sólo en algunos juzgados.
Bolaños ha aceptado la propuesta que en su día ya realizó el TSJA a Alaya para que en este juzgado coincidieran hasta tres magistrados, con la incorporación de José Ignacio Vilaplana para la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras que Bolaños y Álvaro Martín se han distribuido la investigación de las macrocausas.
A Álvaro Martín le encomendó la instrucción de las seis primeras piezas de los ERE con un claro objetivo: acabar en este mes de junio al menos la instrucción de la pieza del procedimiento específico, mientras que está previsto que las restantes piezas de ese plan piloto finalice en otoño.
Bolaños, por su parte, se ha reservado la investigación de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea –cuya instrucción ha acotado a sólo 18 empresas de las numerosas que en principio tenía previsto investigar Alaya–, así como la instrucción del delito societario de Mercasevilla, una causa que se abrió en el año 2009 y por tanto se ha convertido en la investigación más antigua que inició Alaya y que sigue sin resolverse, aunque todo apunta que puede haber novedades en los próximos meses.
ADIÓS A LA LEY DEL SILENCIO
Las nuevas formas de actuar en este juzgado también han supuesto un cambio radical en lo que se refiere al ejercicio de defensa de los investigados. En la última etapa de Mercedes Alaya se instauró una verdadera Ley del silencio entre los imputados, que preferían acogerse a su derecho constitucional a no declarar antes que someterse a los duros interrogatorios de la juez y a las numerosas discrepancias con respecto al contenido que reflejaban las actas de las declaraciones.
El abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente Griñán y a otros ex altos cargos de la Junta, se quejó la primera vez que asistió a una declaración de Alaya del “interrogatorio inquisitorial” a los imputados, y criticó que la instructora no accediera a que se grabaran las declaraciones.
Con la llegada de Bolaños se produjo un cambio radical. La juez permitió por primera vez la grabación audiovisual de las comparecencias y, sobre todo, se eliminó la tensión que se producía con motivo de estas declaraciones.
Los cambios hicieron que, poco a poco, muchos de los imputados en la causa de los ERE que inicialmente se habían acogido a su derecho a no declarar ante Alaya solicitaran prestar declaración de forma voluntaria ante Bolaños, una juez que según las defensas permitía a los abogados realizar más preguntas –Alaya declaraba impertinentes muchas de las cuestiones– y a los imputados responder de una forma más natural, explican otras fuentes.
ni buenos ni malos
En el balance del primer aniversario destaca evidentemente el impulso que Bolaños ha impuesto en las macrocausas frente a la que parecía una interminable instrucción de Alaya. No se trata de distinguir entre buenos y malos. Ni todo lo que hizo Alaya fue tan malo –hay que reconocerle la gran capacidad de trabajo y esfuerzo que desplegó– ni lo que está haciendo Bolaños tiene por qué ser necesariamente bueno.
Ente el debe de Bolaños está el garrafal error cometido esta semana al imputar “por error” al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE y también que no ha sabido, querido o podido mejorar las relaciones con los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, con los que ha mantenido importantes desencuentros desde su llegada, aunque lo cierto es que las relaciones de la Fiscalía con Mercedes Alaya nunca fueron idílicas y estuvieron jalonadas por numerosos enfrentamientos jurídicos, aunque en el fondo compartían aparentemente una misma visión con respecto a la investigación del fraude de los ERE y la teoría de la confabulación entre los altos cargos.
El primer encontronazo serio de los fiscales con Bolaños se produjo con motivo de la división de los ERE, en la que el Ministerio Público presentó varios recursos al estimar que las resoluciones no estaban suficientemente motivadas porque faltaba un “relato sucinto” de los hechos y los imputados.
Los autos de Alaya eran auténticas bombas mediáticas que se detonaban de forma controlada cada viernes y algunas veces sin importarle que se tratara de periodos electorales. Alaya sabía lo que quería transmitir y cómo hacerlo a través de sus resoluciones, muchas de ellas espectaculares. La llegada de Bolaños también ha supuesto un toque de normalidad en este punto, un equilibrio en la herencia de las macrocausas y, sobre todo, en la balanza de la Justicia. Un nuevo comienzo.

La primera criba de la macrocausa

Jorge Muñoz | 2 de junio de 2016 a las 5:00

CASO ERE. Fotos sin falta de los jueces de los ERE Maria Nu?ez Bola?os y Alvaro Martin

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

Se trata de la primera criba seria e importante del caso de los ERE y que ha reducido de un plumazo el número de investigados en la parte política a casi la mitad. De los 50 imputados iniciales se ha pasado a sólo 26, mientras que otros 24 han sido exculpados ya directamente por el instructor. Estas 26 personas son las que se sentarán en el banquillo de los acusados si no se producen cambios por los recursos que ahora puedan presentarse contra el auto dictado ayer por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en quien la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, delegó la investigación de las primeras seis piezas del plan piloto diseñado para agilizar la instrucción de la macrocausa y el enjuiciamiento de esta pieza.
Bolaños considera clave para la decisión futura sobre el resto de las piezas el resultado que pueda tener este juicio, hasta el punto de que una sentencia absolutoria en el juicio por el “procedimiento específico” por el que se concedían las subvenciones, podría conducir al archivo de otras ayudas en las que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la UCO, en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”, afirmó Bolaños en un auto dictado en febrero pasado.
¿Y qué pasará si al final la Audiencia de Sevilla no ve delito en la actuación de estos 26 altos cargos investigados por el procedimiento específico o en algunos de ellos? ¿Qué quedará del escándalo que durante los últimos cinco años fue alimentando la juez Mercedes Alaya?
La primera criba del juez Álvaro Martín tiene una gran trascendencia, por cuanto viene a desmontar en parte la tesis de Alaya, que llegó a imputar a personas por el único pecado de haber asistido a las reuniones del consejo rector de la agencia IDEA. Es lo que tienen muchos de los grandes macroprocesos judiciales, que se desinflan conforme pasa el tiempo o los jueces dictan sus resoluciones acotando la investigación. Recuérdese lo que ocurrió hace dos décadas con el escándalo del caso Arny, sobre prostitución de menores, donde sólo hubo 16 condenas de las 49 personas que en su día fueron procesadas.
El juez Álvaro Martín ha impuesto la lógica para no hacer pasar por la pena de banquillo a la mitad de los imputados en la pieza de los ERE, y en cuanto a los 26 encausados, les ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales –éste último delito sólo a algunos–, y ha descartado el delito de organización criminal que recientemente apuntó en un auto que podía concurrir en este caso. La primera criba del juez es un aviso, el segundo podría darlo la Audiencia de Sevilla, que deberá enjuiciar esta pieza de los ERE.

El obituario de los ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2016 a las 7:00

CASO ERE. Declaran Chaves, Gri?an y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bola?os y Alvaro

La lista de imputados de los ERE sigue mermando con las continuas bajas que está sufriendo. Ya no se trata de las prescripciones de los delitos que está acordando la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, al haber transcurrido más de diez años desde que se abonaron las ayudas. Las bajas se deben a causas naturales y no hay nada tan natural como la vida y, por su puesto, la muerte. El obituario de los ERE sigue creciendo por este motivo.
Al paso que vamos, la juez Bolaños, tan aficionada a las piezas separadas –recordemos que ha abierto seis piezas en el caso de los ERE y nueve en el de los cursos de formación, y suma y sigue–, va a tener que crear su propio libro parroquial para ir anotando las partidas de defunción y entierro de los imputados en la macrocausa de los ERE. No se entienda esto como una frivolidad, creo que los muertos merecen todo el respeto por parte de los vivos.
Desde que se inició la instrucción hace más de cinco años han fallecido ya una decena de investigados. El último caso, conocido esta misma semana, es el de Luis Gálvez Frijol, una persona que apareció como intruso en el EREde la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro.
La juez Mercedes Alaya lo imputó en el año 2014 y lo citó a declarar en una primera ocasión, pero el imputado no compareció. Su sucesora, María Núñez Bolaños, volvió a citarlo en febrero des este año, y tampoco acudió. Y esta misma semana, con motivo de una tercera citación, se ha descubierto el motivo de tanta incomparecencia: el imputado falleció en abril de 2009, por lo que murió hace siete años. Es decir, ya llevaba muerto dos años cuando Mercedes Alaya comenzó la instrucción de los ERE fraudulentos y a pesar de esta circunstancia, no ha sido hasta ahora cuando el juzgado ha conocido el óbito.
El caso de este intruso es paradigmático de lo que está ocurriendo con la monstruosa investigación de los ERE. Hasta en tres ocasiones ha sido citada a declarar una persona que llevaba nada más y nada menos que siete años muerta, incluso antes de que se abriera la investigación judicial.
Lo mismo le ocurrió a Alaya cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, el padre –ya fallecido– de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, en la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.
Es curioso que varios de los fallecidos del caso de los ERE están relacionados con las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, como el empresario José Enrique Rosendo, que murió recientemente, o los empresarios José Montesinos Cabrera y Manuel Romero Álvarez, pero en la lista también figura el ex director de la agencia Idea Francisco Mencía.
La instrucción es tan enorme, inabarcable, tiene tantos flecos y ha pasado por tantas vicisitudes que incluso prácticamente no hay nadie que, a día de hoy pueda, cuantificar el número exacto de personas imputadas en la causa. Yo creo que si se le hace esta pregunta a la juez Bolaños tampoco sabría dar una respuesta fidedigna. Se sabe que la cifra de investigados ronda los 300, pero nadie está en condiciones de cuantificar con exactitud cuántos imputados hay.
Este informador reconoce que hasta hace unos meses llevaba la cuenta con más o menos rigurosidad, pero a partir de que se superaron los 260 imputados, el goteo de fallecidos y las últimas 16 prescripciones de delitos acordadas por la magistrada –entre los que se encuentran otras dos personas que también han muerto durante la investigación–, confieso que soy incapaz de dar un número concreto de imputado. Tampoco son capaces algunos de los abogados que siguen la instrucción al día.
El problema es que la cifra de fallecidos y prescritos continuará en los próximos meses y posiblemente hasta que haya juicio y sentencia firme, incrementando este particular obituario de los ERE. Al final va a parecer que la juez María Núñez Bolaños dirige un camposanto en lugar de un órgano judicial…

 

Visto para sentencia

Mercedes Alaya, popular en semana santa y feria
CONFERENCIA MERCEDES ALAYA*La juez Mercedes Alaya sigue teniendo un gran tirón popular, propio de una magistrada que ha acaparado continuamente y durante cinco años las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Durante la pasada Semana Santa, ese tirón volvió a hacerse visible una vez más con ocasión de alguna salida de la magistrada para ver el paso de alguna cofradía sevillana. Dicen que fueron muchos los nazarenos que, al reconocer a la juez en la céntrica calle Francos, no dudaron en obsequiarla con estampas de recuerdo. Y Alaya acabó con muchas, muchas estampitas. También fueron los sevillanos que, al tener que dejar paso a la juez en plena bulla, le mostraron su simpatía. El revuelo que despierta Alaya también se espera en la Feria que comienza mañana. El año pasado fueron muchas las personas que pararon a la juez por las calles del Real y que quisieron inmortalizar el encuentro haciéndose un selfie con la popular juez, que gusta en vestir de flamenca cuando pisa la Feria. Y Alaya no dudó en fotografiarse con estos admiradores, para sobresalto de su servicio de escolta, que la acompañan desde hace más de dos años, cuando fue objeto de insultos y abucheos por parte de unos sindicalitas que la esperaban en los juzgados de Sevilla. Esos incidentes ocurrieron en octubre del año 2013, pero Mercedes Alaya ya hace casi un año que dejó de ser la juez de referencia de las macrocausas, lugar que ocupa ahora María Núñez Bolaños. A pesar del tiempo transcurrido, la Policía Nacional mantiene la escolta a Alaya -y no a Bolaños-, lo que no se sabe es hasta cuándo se mantendrá este servicio de vigilancia ahora que la juez está destinada en la Audiencia de Sevilla.

 

 

La primera carta de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2016 a las 6:00

PERITOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS CONFIRMAN ANOMALÍAS EN LAS AYUDAS DE LOS ERELo ha dicho muy claro, aunque sus palabras no aparecieran recogidas en el resumen oficial del auto que difundió a la prensa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La lectura profunda de la resolución dictada esta semana por la juez María Núñez Bolaños no deja lugar a duda alguna. La conclusión que puede extraerse es que la instructora entiende que la absolución de los imputados en la pieza principal de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.
¿El planteamiento de Bolaños es descabellado? Evidentemente no lo es. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio.
Bolaños no es la única que plantea esta cuestión. Basta recordar lo que dijo el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Merces Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.
Es la misma línea que marcó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el sospechoso habitual de los ERE (ha declarado ya en el juzgado en seis ocasiones), cuando declaró ante el Tribunal Supremo, donde minimizó el posible fraude. Fernández afirmó que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.
Bolaños ha puesto ahora la atención sobre los juicios del procedimiento específico y las sobrecomisiones, que marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Lo que no tiene mucho sentido es que haya que esperar a que se dicten las sentencias en esas piezas para continuar con el enjuiciamiento del resto de las piezas.
Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, la house of cars (para los que le guste la serie de televisión), ese castillo de naipes que constituye el macroproceso de los ERE, podría acabar desplomándose a las primeras de cambio según el resultado de la sentencia. Y si eso ocurriera y tuviera las consecuencias que Bolaños plantea para el resto de las ayudas en ese supuesto, la cuestión es cómo se podrá explicar a la sociedad lo que ha ocurrido durante tantos años de instrucción…

VISTO PARA SENTENCIA

Confusiones por la nueva nomenclatura
*La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sustituido algunos vocablos de la nomenclatura legal ya está provocando las primeras confusiones. Recuerden que ahora los imputados se llaman investigados y los secretarios judiciales letrados de la Administración de Justicia. Les voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente y que refleja perfectamente cómo los cambios en materia de Justicia tardan un tiempo en asimilarse. Un preso telefoneó indignado a su abogada defensora, El diálogo que se produjo entre ambos fue el siguiente:
–Hola. ¿Por qué has renunciado a mi defensa? –pregunta el preso.
–¿Qué estás diciendo? Yo sigo siendo tu letrada… –responde sorprendida la abogada.
–Que sí, no me cuentes historias… Que me ha llegado una carta del turno de oficio designando a la “letrada de la administración de Justicia” y yo quiero que tu sigas defendiéndome, que para eso te pago. –añadió el interno.
Menudo jaleo tuvo la abogada para explicarle que, mientras estaba a la sombra, el Gobierno había decicido cambiar el cargo de los antiguos secretarios judiciales.
De las confusiones a las erratas graciosas
*Errare humanum est. Un reciente escrito del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre los EREordenaba dar traslado de la causa al también investigado “ManuelChavez González”(sic). Chavez con zeta y sin tilde, como el que fuera presidente venezolano. Pero lo curioso es que el presidente de la Junta lo lleva claro, por lo menos en lo que se refiere a que escriban bien su apellido, porque la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto de 2014 no paraba de citarle, incluso desde el primer folio, como “Manuel Chávez González”. Por cierto que no es la única errata que aparece en esa diligencia del juzgado, puesto que la misma también da traslado de la actuaciones a ”José Antonio Viera Aguayo”, una mezcla de apellidos de los ex consejeros José Antonio Viera Chacón y Carmen Martínez Aguayo. Lo dicho, errar es humano.
La procesión de la vágina de plástico
*La Justicia se ve en muchas ocasiones desbordada por la excesiva litigiosidad. Asistimos a la judicialización de muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día se denuncia todo, desde la pelea con la vecina por el tendedero hasta las situaciones más insólitas o inverosímiles. El aumento de las denuncias y demandas se debe en muchas ocasiones a asuntos que no deberían llegar a la mesa de un juez. Esta semana, la juez de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración como “investigadas” por un delito contra los sentimientos religiosos a tres mujeres que portaban en procesión una vagina de plástico en la manifestación del primero de Mayo de 2014. Las tres imputadas han negado que tuvieran una “voluntad de mofa”. La historia no deja de ser anecdótica, pero denuncias de este tipo hacen que los jueces tengan que emplear un tiempo y un esfuerzo que podrían emplear a otros asuntos de verdadera trascendencia.

Bolaños reparte las macrocausas y se lleva…

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2015 a las 10:18

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

La mejor parte, evidentemente. O la más interesante, políticamente hablando. Todo queda como al principio. Después de haber mantenido un severo y cansino pulso con Mercedes Alaya -ya quisiera parecerse a esta pelea judicial la bronca de Pedro Sánchez con Rajoy en el debate cara a cara de ayer-, la juez María Núñez Bolaños ha zanjado la distribución de las macrocausas como se esperaba. La magistrada, que hace tiempo dividió el caso de los ERE fraudulentos y más recientemente formó seis primeras piezas piloto para que su enjuiciamiento en el menor breve tiempo posible, ha decidido ahora entregar estas piezas al magistrado  Álvaro Martín, que lleva destinado como refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde septiembre de 2012, aunque hasta ahora venía ocupándose de la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras la titular se dedicaba en exclusiva a las macrocausas.

El anuncio de Bolaños, que ya ha sido santiguado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y pronto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no debe causar ninguna sorpresa. Es lo que se esperaba desde que en octubre pasado el Alto Tribunal que preside Lorenzo del Río decidiera apartar a Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas, ante su “clara voluntad de no colaborar” con María Núñez Bolaños y porque, según el TSJA, había “fundadas dudas de la viabilidad” de su comisión de servicio tras las duras críticas de Alaya.

La Sala de Gobierno, compuesta mayoritamente por jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, aprueba el reparto realizado ahora por Bolaños, que ha dejado a Álvaro Martín -presidente de la APM en Andalucía Occidental- la labor de dar la puntilla a la instrucción de los ERE.

Retomando la idea inicial, Bolaños se reserva la mejor parte. ¿Por qué? Porque la causa de los ERE está prácticamente finiquitada en la parte más importante -aunque quedan todavía muchas ayudas por investigar-, la que afecta a los políticos y al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas: la pirámide de la que habló Alaya. Salvo el paseílloque tendrán que hacer nuevamente los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pocos grandes titulares pueden surgir de esta macroinvestigación de la que está a punto de cumplirse un lustro, en enero próximo. Aunque es verdad que quedan muchas puntadas por dar…

Bolaños se ha reservado para sí misma la instrucción de las otras dos macrocausas, que es donde está el verdadero pastel: los cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. Pero sobre todo la parte que puede dar más quebraderos al Gobierno andaluz es la primera de las investigaciones, la de los cursos de formación, donde hay una importante línea de investigación abierta en torno a las millonarias ayudas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),  donde acabaron trabajando muchas personas vinculadas al PSOE-A, algunas de la cuales ya están bajo investigación judicial, como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García, cuyo contratación por la Faffe ya investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Es en esta macrocausa donde pueden producirse mayores sorpresas, aunque algunas fuentes también apunta que la investigación de los avales de Idea será incluso más voluminosa que la de los ERE. Sea como fuere, Bolaños se ha reservado la instrucción de estas macrocausas. Nada que objetar. Como titular del juzgado y juez predeterminada por la ley puede distribuir el trabajo de la forma que considere más oportuna, algo que en su día también hizo Mercedes Alaya cuando rechazó los refuerzos que con tanto empeño le había colocado Lorenzo del Río durante su baja por enfermedad.

Dice el acuerdo de la Sala de Gobierno que el juez Alvaro Martín asumirá, “en un marco de plena colaboración y entendimiento”, las seis piezas separadas en la que se han dividido los ERE. Un marco de convivencia que, por otro lado, ya dejó claro el TSJA que no era posible con Alaya, que sembró dudas sobre la capacidad de trabajo y la imparcialidad de Bolaños por su supuesta “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Bolaños y Álvaro Martín no estarán solos. El juzgado volverá a tener tres jueces -como el escaso tiempo en el que convivieron Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes-, aunque el tercer magistrado, en este caso el segundo de refuerzo, se dedicará al “conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado”.

La Sala de Gobierno también tomó conocimiento ayer de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial. Al final, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a parecerse a un órgano colegiado con tantos jueces…. Pero mejor así, para que se acabe la instrucción de las macrocausas y lleguen pronto los juicios.

Bolaños pierde funcionarios por las horas extra

Jorge Muñoz | 25 de noviembre de 2015 a las 6:00

núñez bolañosLa juez María Núñez Bolaños se queda sin dos funcionarios durante todo el mes de diciembre. ¿La causa? Las numerosas horas extra que estos dos empleados han realizado en los últimos meses en relación con las distintas macrocausas que se instruyen en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sobre todo la de los ERE fraudulentos, y que ha obligado a que estos empleados tengan que acudir al juzgado durante muchas tardes.
La juez Mercedes Alaya pronunció hace unas semanas un polémico discurso en Madrid, en el que se refirió precisamente a los funcionarios de su juzgado, respecto a los que afirmó que tuvo que convencerles de que aunque “no les iban a pagar las horas extra” sí iban a participar de un objetivo superior: impartir Justicia”. “No podíamos acabar con la crisis pero sí poco a poco con la corrupción, con el cáncer de la democracia y eso lo había que hacer con interés, poniendo pasión y a tiempo completo”, añadió Alaya.
Ese discurso se ha visto ahora que, al menos, en lo que se refiere a los funcionarios, no era tan idílico. Nadie trabaja gratis. Es cierto que los funcionarios no cobran las horas extras, pero también que por cada tarde que trabajaban tenían derecho a un día de descanso. Esta situación es la que ha propiciado que dos de los funcionarios destinados en el juzgado de las macrocausas tengan derecho –nadie lo niega– a tomarse esos días de vacaciones. Lo que resulta llamativo es que el juzgado se quede sin dos funcionarios durante todo el mes de diciembre, algo que, sin duda, tendrá una incidencia sobre la tramitación de las macrocausas.
Alaya acusó a la Junta de ponerle “todas las trabas del mundo” a su labor como instructora, y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, su “notario detractor” –según dijo Alaya en el informe que provocó su expulsión de estas investigaciones– ha dicho que siempre le dieron “todo lo que pidió”.
Este juzgado cuenta con un refuerzo del 50% de plantilla, dado que a los diez funcionarios de la plantilla tipo de los juzgados de instrucción –tres gestores, cinco tramitadores y dos funcionarios de auxilio– se suman otros cinco de refuerzo nombrados por la Consejería, de los cuales el primero fue nombrado en el año 2010. A pesar del refuerzo, lo que sí parece claro es que el juzgado necesita más funcionarios, como han reclamado tanto Alaya como su sucesora, María Núñez Bolaños.