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La juez que equilibró la balanza en la herencia de las macrocausas

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños llegó por sorpresa al juzgado de las grandes investigaciones, dividió en piezas los macroprocesos y venció a “la más grande” en su propio terrerno

Moldura balanza

ALAYA IZQ-ANINVERSARIO BOLAÑOS bolañosil

La juez María Núñez Bolaños aterrizó en el juzgado de las macrocausas en medio de las fuertes críticas de su antecesora, Mercedes Alaya, que se resistía a ceder el testigo, y de las injustificadas sospechas de que la nueva titular del juzgado venía a archivar todas las investigaciones debido a su estrecha amistad con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. El próximo jueves, día 16, María Núñez Bolaños, que sin duda ha marcado grandes distancias con la era Alaya, cumple su primer aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde sin duda ha tenido que realizar un auténtico ejercicio de malabarismo jurídico para equilibrar la balanza de la Justicia, a la hora de administrar la complicada herencia y el legado de Mercedes Alaya.

Muchos se preguntan por qué una veterana juez de Familia, que llevaba once años resolviendo asuntos sobre separaciones matrimoniales y custodias de hijos, decidió un día optar a la plaza que iba a dejar Alaya después de solicitar esta magistrada un nuevo destino en una de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla.
Una juez quijotesca
Los que conocen bien a Bolaños aluden a su sentido quijotesco de la vida y argumentan que María Núñez Bolaños, al dar este decisivo paso profesional –recuérdese que sólo pidió el juzgado de Instrucción número 6, no ningún otro– quería sobre todo “hacer Justicia”, porque en su fueron interno pensaba que “no se estaban haciendo bien las cosas” en este juzgado. Bolaños es una magistrada vocacional y sus amigos recuerdan que con sólo 14 años ya hablaba de convertirse en juez porque, según decía entonces la propia Bolaños,“quería defender a los trabajadores”.
La solicitud de la plaza por parte de Bolaños causó una enorme sorpresa y dejó en fuera de juego el plan diseñado por Alaya para garantizarse un destino en la Audiencia pero sin renunciar a acabar la instrucción de las grandes investigaciones que en los últimos cinco años la habían convertido en una de las jueces más populares del país, al mismo nivel o incluso superior que algunos de los jueces de la Audiencia Nacional. Alaya había previsto su marcha a la Audiencia, pero en realidad pretendía seguir instruyendo todas las macrocausas. Para ello, el plan de la juez incansable –como ella misma se definió en uno de sus autos– consistía que el juez de refuerzo Álvaro Martín –de gran experiencia y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– solicitara su plaza en el juzgado número 6, como de hecho hizo, y una vez que éste fuera designado como nuevo titular, permitiría a Alaya continuar con la instrucción de los macroprocesos.
Pero la solicitud de Bolaños truncó para siempre estos planes y supuso el inicio del fin de la Alaya instructora, la misma que se había ganado en esos años el apelativo de “la más grande”. Bolaños dio un paso valiente al optar a la plaza vacante y en sus primeros cuatro o cinco meses estuvo prácticamente atada de pies y manos, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejero General del Poder Judicial(CGPJ) resolvieran el culebrón en el que se convirtió la salida de Alaya del juzgado.
Las críticas
En esa pugna por la dirección de las macrocausas, María Núñez Bolaños tuvo que hacer frente a las vehementes e injustificadas críticas de su antecesora en el cargo. Alaya la descalificó por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, al que también definió como un “notorio detractor” de su trabajo en la investigación de las macrocausas.
Pero este ataque a la nueva titular, que al final dio al traste con las expectativas de Alaya de seguir investigando los macroprocesos a pesar de las promesas que había recibido desde algunos sectores del CGPJ, no sólo fue personal, sino que entró en cuestiones profesionales.
En el informe que remitió a los órganos de gobierno de los jueces, Alaya criticó los “escasos conocimientos” de Bolaños de la jurisdicción Penal, y también la acusó de que venía a archivar algunas de las causas. Alaya aseguró que los planes de la nueva juez para dividir alguna de las causas, como la de los cursos de formación, “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”, sostuvo Alaya en relación con la investigación de las delegaciones provinciales de Empleo y el servicio central.
Tras conocer el informe de Alaya, Bolaños se limitó a decir que no veía “elegantes” las formas que había empleado su antecesora con ella, pero no fue más allá. Bolaños podía haber denunciado al CGPJ el contenido de ese informe que, según algunas fuentes consultadas, podría haber tenido incluso consecuencias disciplinarias para Alaya.
La salida de Alaya
De junio a octubre fueron meses de intensa agitación en el juzgado de las macroinvestigaciones, que quedó en la práctica paralizado a la espera de que los órganos de gobierno de los jueces resolvieran la complicada papeleta que tenían entre manos, divididos entre los que querían que Alaya continuara, los más próximos a la asociación APM –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial–, y los que entendían que era la propia Alaya la que había decidido abandonar la instrucción al solicitar la plaza en la Audiencia hispalense y además no podía seguir por el conflicto generado con Bolaños.
El 13 de octubre de 2015, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA acordó “por unanimidad” apartar a Alaya de las macrocausas por su “clara voluntad de no colaborar” con la nueva instructora y para evitar precisamente un “escenario de conflicto” entre ambas magistradas. El TSJA reprochó a Alaya que cuestionara la “idoneidad e independencia” de Bolaños y consideró inaceptable la exigencia de Alaya de que su competencia en la comisión de servicio fuese “exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos designados por ella”. Alaya pujó por seguir investigando todas las macrocausas y se quedó fuera de las investigaciones.
División del trabajo
Cuando el Poder Judicial resolvió el caso Alaya, María Núñez Bolaños se encontró ya en la posición adecuada para desplegar sus nuevas formas de trabajo, a pesar de que ya en julio de 2015 –sólo un mes después de tomar posesión– había dinamitado las tesis de Alaya al dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques: la pieza del denominado “procedimiento específico” en el que han acabado procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; y un tercer bloque con las más de 200 empresas que recibieron ayudas bajo sospecha.
Los siguientes pasos que dio Bolaños mostraron de nuevo la habilidad de la magistrada. Sólo así puede calificarse el hecho de que tras haber pugnado por las macrocausas, Bolaños entregara al juez de refuerzo Álvaro Martín la investigación de las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, sobre todo la parte política del “procedimiento específico”, con lo que marcó distancias sobre las infundadas sospechas que se difundieron.
el nuevo modo de actuar
Desde que dirige el juzgado, Bolaños ha cambiado la dinámica y la forma de trabajar, intentando poner orden no sólo con la división en piezas, sino también en lo que se refiere a la distribución interna del trabajo entre los funcionarios destinados en este órgano, creando equipos y eliminando la anterior organización de Alaya, que había centrado su confianza sólo en algunos juzgados.
Bolaños ha aceptado la propuesta que en su día ya realizó el TSJA a Alaya para que en este juzgado coincidieran hasta tres magistrados, con la incorporación de José Ignacio Vilaplana para la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras que Bolaños y Álvaro Martín se han distribuido la investigación de las macrocausas.
A Álvaro Martín le encomendó la instrucción de las seis primeras piezas de los ERE con un claro objetivo: acabar en este mes de junio al menos la instrucción de la pieza del procedimiento específico, mientras que está previsto que las restantes piezas de ese plan piloto finalice en otoño.
Bolaños, por su parte, se ha reservado la investigación de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea –cuya instrucción ha acotado a sólo 18 empresas de las numerosas que en principio tenía previsto investigar Alaya–, así como la instrucción del delito societario de Mercasevilla, una causa que se abrió en el año 2009 y por tanto se ha convertido en la investigación más antigua que inició Alaya y que sigue sin resolverse, aunque todo apunta que puede haber novedades en los próximos meses.
ADIÓS A LA LEY DEL SILENCIO
Las nuevas formas de actuar en este juzgado también han supuesto un cambio radical en lo que se refiere al ejercicio de defensa de los investigados. En la última etapa de Mercedes Alaya se instauró una verdadera Ley del silencio entre los imputados, que preferían acogerse a su derecho constitucional a no declarar antes que someterse a los duros interrogatorios de la juez y a las numerosas discrepancias con respecto al contenido que reflejaban las actas de las declaraciones.
El abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente Griñán y a otros ex altos cargos de la Junta, se quejó la primera vez que asistió a una declaración de Alaya del “interrogatorio inquisitorial” a los imputados, y criticó que la instructora no accediera a que se grabaran las declaraciones.
Con la llegada de Bolaños se produjo un cambio radical. La juez permitió por primera vez la grabación audiovisual de las comparecencias y, sobre todo, se eliminó la tensión que se producía con motivo de estas declaraciones.
Los cambios hicieron que, poco a poco, muchos de los imputados en la causa de los ERE que inicialmente se habían acogido a su derecho a no declarar ante Alaya solicitaran prestar declaración de forma voluntaria ante Bolaños, una juez que según las defensas permitía a los abogados realizar más preguntas –Alaya declaraba impertinentes muchas de las cuestiones– y a los imputados responder de una forma más natural, explican otras fuentes.
ni buenos ni malos
En el balance del primer aniversario destaca evidentemente el impulso que Bolaños ha impuesto en las macrocausas frente a la que parecía una interminable instrucción de Alaya. No se trata de distinguir entre buenos y malos. Ni todo lo que hizo Alaya fue tan malo –hay que reconocerle la gran capacidad de trabajo y esfuerzo que desplegó– ni lo que está haciendo Bolaños tiene por qué ser necesariamente bueno.
Ente el debe de Bolaños está el garrafal error cometido esta semana al imputar “por error” al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE y también que no ha sabido, querido o podido mejorar las relaciones con los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, con los que ha mantenido importantes desencuentros desde su llegada, aunque lo cierto es que las relaciones de la Fiscalía con Mercedes Alaya nunca fueron idílicas y estuvieron jalonadas por numerosos enfrentamientos jurídicos, aunque en el fondo compartían aparentemente una misma visión con respecto a la investigación del fraude de los ERE y la teoría de la confabulación entre los altos cargos.
El primer encontronazo serio de los fiscales con Bolaños se produjo con motivo de la división de los ERE, en la que el Ministerio Público presentó varios recursos al estimar que las resoluciones no estaban suficientemente motivadas porque faltaba un “relato sucinto” de los hechos y los imputados.
Los autos de Alaya eran auténticas bombas mediáticas que se detonaban de forma controlada cada viernes y algunas veces sin importarle que se tratara de periodos electorales. Alaya sabía lo que quería transmitir y cómo hacerlo a través de sus resoluciones, muchas de ellas espectaculares. La llegada de Bolaños también ha supuesto un toque de normalidad en este punto, un equilibrio en la herencia de las macrocausas y, sobre todo, en la balanza de la Justicia. Un nuevo comienzo.

La primera criba de la macrocausa

Jorge Muñoz | 2 de junio de 2016 a las 5:00

CASO ERE. Fotos sin falta de los jueces de los ERE Maria Nu?ez Bola?os y Alvaro Martin

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

Se trata de la primera criba seria e importante del caso de los ERE y que ha reducido de un plumazo el número de investigados en la parte política a casi la mitad. De los 50 imputados iniciales se ha pasado a sólo 26, mientras que otros 24 han sido exculpados ya directamente por el instructor. Estas 26 personas son las que se sentarán en el banquillo de los acusados si no se producen cambios por los recursos que ahora puedan presentarse contra el auto dictado ayer por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en quien la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, delegó la investigación de las primeras seis piezas del plan piloto diseñado para agilizar la instrucción de la macrocausa y el enjuiciamiento de esta pieza.
Bolaños considera clave para la decisión futura sobre el resto de las piezas el resultado que pueda tener este juicio, hasta el punto de que una sentencia absolutoria en el juicio por el “procedimiento específico” por el que se concedían las subvenciones, podría conducir al archivo de otras ayudas en las que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la UCO, en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”, afirmó Bolaños en un auto dictado en febrero pasado.
¿Y qué pasará si al final la Audiencia de Sevilla no ve delito en la actuación de estos 26 altos cargos investigados por el procedimiento específico o en algunos de ellos? ¿Qué quedará del escándalo que durante los últimos cinco años fue alimentando la juez Mercedes Alaya?
La primera criba del juez Álvaro Martín tiene una gran trascendencia, por cuanto viene a desmontar en parte la tesis de Alaya, que llegó a imputar a personas por el único pecado de haber asistido a las reuniones del consejo rector de la agencia IDEA. Es lo que tienen muchos de los grandes macroprocesos judiciales, que se desinflan conforme pasa el tiempo o los jueces dictan sus resoluciones acotando la investigación. Recuérdese lo que ocurrió hace dos décadas con el escándalo del caso Arny, sobre prostitución de menores, donde sólo hubo 16 condenas de las 49 personas que en su día fueron procesadas.
El juez Álvaro Martín ha impuesto la lógica para no hacer pasar por la pena de banquillo a la mitad de los imputados en la pieza de los ERE, y en cuanto a los 26 encausados, les ha atribuido delitos de prevaricación y malversación de caudales –éste último delito sólo a algunos–, y ha descartado el delito de organización criminal que recientemente apuntó en un auto que podía concurrir en este caso. La primera criba del juez es un aviso, el segundo podría darlo la Audiencia de Sevilla, que deberá enjuiciar esta pieza de los ERE.

El obituario de los ERE

Jorge Muñoz | 10 de abril de 2016 a las 7:00

CASO ERE. Declaran Chaves, Gri?an y Viera . Que se hagan fotos de ambiente y de los jueces Bola?os y Alvaro

La lista de imputados de los ERE sigue mermando con las continuas bajas que está sufriendo. Ya no se trata de las prescripciones de los delitos que está acordando la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, al haber transcurrido más de diez años desde que se abonaron las ayudas. Las bajas se deben a causas naturales y no hay nada tan natural como la vida y, por su puesto, la muerte. El obituario de los ERE sigue creciendo por este motivo.
Al paso que vamos, la juez Bolaños, tan aficionada a las piezas separadas –recordemos que ha abierto seis piezas en el caso de los ERE y nueve en el de los cursos de formación, y suma y sigue–, va a tener que crear su propio libro parroquial para ir anotando las partidas de defunción y entierro de los imputados en la macrocausa de los ERE. No se entienda esto como una frivolidad, creo que los muertos merecen todo el respeto por parte de los vivos.
Desde que se inició la instrucción hace más de cinco años han fallecido ya una decena de investigados. El último caso, conocido esta misma semana, es el de Luis Gálvez Frijol, una persona que apareció como intruso en el EREde la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro.
La juez Mercedes Alaya lo imputó en el año 2014 y lo citó a declarar en una primera ocasión, pero el imputado no compareció. Su sucesora, María Núñez Bolaños, volvió a citarlo en febrero des este año, y tampoco acudió. Y esta misma semana, con motivo de una tercera citación, se ha descubierto el motivo de tanta incomparecencia: el imputado falleció en abril de 2009, por lo que murió hace siete años. Es decir, ya llevaba muerto dos años cuando Mercedes Alaya comenzó la instrucción de los ERE fraudulentos y a pesar de esta circunstancia, no ha sido hasta ahora cuando el juzgado ha conocido el óbito.
El caso de este intruso es paradigmático de lo que está ocurriendo con la monstruosa investigación de los ERE. Hasta en tres ocasiones ha sido citada a declarar una persona que llevaba nada más y nada menos que siete años muerta, incluso antes de que se abriera la investigación judicial.
Lo mismo le ocurrió a Alaya cuando citó a declarar como imputado a Eduardo Báñez González, el padre –ya fallecido– de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, en la causa en la que se investigaban las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.
Es curioso que varios de los fallecidos del caso de los ERE están relacionados con las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla, como el empresario José Enrique Rosendo, que murió recientemente, o los empresarios José Montesinos Cabrera y Manuel Romero Álvarez, pero en la lista también figura el ex director de la agencia Idea Francisco Mencía.
La instrucción es tan enorme, inabarcable, tiene tantos flecos y ha pasado por tantas vicisitudes que incluso prácticamente no hay nadie que, a día de hoy pueda, cuantificar el número exacto de personas imputadas en la causa. Yo creo que si se le hace esta pregunta a la juez Bolaños tampoco sabría dar una respuesta fidedigna. Se sabe que la cifra de investigados ronda los 300, pero nadie está en condiciones de cuantificar con exactitud cuántos imputados hay.
Este informador reconoce que hasta hace unos meses llevaba la cuenta con más o menos rigurosidad, pero a partir de que se superaron los 260 imputados, el goteo de fallecidos y las últimas 16 prescripciones de delitos acordadas por la magistrada –entre los que se encuentran otras dos personas que también han muerto durante la investigación–, confieso que soy incapaz de dar un número concreto de imputado. Tampoco son capaces algunos de los abogados que siguen la instrucción al día.
El problema es que la cifra de fallecidos y prescritos continuará en los próximos meses y posiblemente hasta que haya juicio y sentencia firme, incrementando este particular obituario de los ERE. Al final va a parecer que la juez María Núñez Bolaños dirige un camposanto en lugar de un órgano judicial…

 

Visto para sentencia

Mercedes Alaya, popular en semana santa y feria
CONFERENCIA MERCEDES ALAYA*La juez Mercedes Alaya sigue teniendo un gran tirón popular, propio de una magistrada que ha acaparado continuamente y durante cinco años las portadas de los periódicos y los informativos de televisión. Durante la pasada Semana Santa, ese tirón volvió a hacerse visible una vez más con ocasión de alguna salida de la magistrada para ver el paso de alguna cofradía sevillana. Dicen que fueron muchos los nazarenos que, al reconocer a la juez en la céntrica calle Francos, no dudaron en obsequiarla con estampas de recuerdo. Y Alaya acabó con muchas, muchas estampitas. También fueron los sevillanos que, al tener que dejar paso a la juez en plena bulla, le mostraron su simpatía. El revuelo que despierta Alaya también se espera en la Feria que comienza mañana. El año pasado fueron muchas las personas que pararon a la juez por las calles del Real y que quisieron inmortalizar el encuentro haciéndose un selfie con la popular juez, que gusta en vestir de flamenca cuando pisa la Feria. Y Alaya no dudó en fotografiarse con estos admiradores, para sobresalto de su servicio de escolta, que la acompañan desde hace más de dos años, cuando fue objeto de insultos y abucheos por parte de unos sindicalitas que la esperaban en los juzgados de Sevilla. Esos incidentes ocurrieron en octubre del año 2013, pero Mercedes Alaya ya hace casi un año que dejó de ser la juez de referencia de las macrocausas, lugar que ocupa ahora María Núñez Bolaños. A pesar del tiempo transcurrido, la Policía Nacional mantiene la escolta a Alaya -y no a Bolaños-, lo que no se sabe es hasta cuándo se mantendrá este servicio de vigilancia ahora que la juez está destinada en la Audiencia de Sevilla.

 

 

La primera carta de los ERE

Jorge Muñoz | 7 de febrero de 2016 a las 6:00

PERITOS DE LA CÁMARA DE CUENTAS CONFIRMAN ANOMALÍAS EN LAS AYUDAS DE LOS ERELo ha dicho muy claro, aunque sus palabras no aparecieran recogidas en el resumen oficial del auto que difundió a la prensa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La lectura profunda de la resolución dictada esta semana por la juez María Núñez Bolaños no deja lugar a duda alguna. La conclusión que puede extraerse es que la instructora entiende que la absolución de los imputados en la pieza principal de los ERE, la del denominado “procedimiento específico” en la que están imputados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conllevaría el archivo de otras tantas ayudas en aquellos casos en los que “no se aprecie irregularidad en la ejecución, empresas en crisis sin intrusos, o ayudas directas en las que la Unidad Central Operativa (UCO), en el atestado inicial, no aprecia otra irregularidad que no sea la utilización de un procedimiento presuntamente ilegal”.
¿El planteamiento de Bolaños es descabellado? Evidentemente no lo es. Si el procedimiento es legal, a pesar de las irregularidades, podría desembocar en esa cascada de archivos y habría que ver cuántas piezas de las más de 200 que hay investigar llegan finalmente a juicio.
Bolaños no es la única que plantea esta cuestión. Basta recordar lo que dijo el instructor del caso de los ERE en el Tribunal Supremo, el magistrado Jorge Alberto Barreiro, quien, después de proponer que la investigación continuara contra los ex presidentes por una presunta prevaricación, cifró el posible fraude en 855 millones de euros, coincidiendo con las tesis de Merces Alaya. El magistrado del Alto Tribunal advirtió de que se habían generado “importantes perjuicios al erario público” pero matizó que aunque la cuantía de las ayudas pueda ser nula por haberse infringido el ordenamiento jurídico –en cuanto a los requisitos de las ayudas–, eso “no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”.
Barreiro añadió que las cifras concretas son de “difícil cuantificación” por cuanto la investigación sigue abierta, pero ya apuntaba que de las 263 empresas afectadas, en 77 casos las subvenciones tienen relación directa con la tramitación de un ERE.
Es la misma línea que marcó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el sospechoso habitual de los ERE (ha declarado ya en el juzgado en seis ocasiones), cuando declaró ante el Tribunal Supremo, donde minimizó el posible fraude. Fernández afirmó que de los más de 6.000 trabajadores que se han beneficiado de estas ayudas, que fueron “validadas” por el Gobierno y el Parlamento andaluz, los “famosos intrusos “ se reducen a 60 personas, lo que representa aproximadamente un uno por ciento del total.
Bolaños ha puesto ahora la atención sobre los juicios del procedimiento específico y las sobrecomisiones, que marcarán sin duda el futuro de la instrucción del resto de las piezas de la macrocausa. Lo que no tiene mucho sentido es que haya que esperar a que se dicten las sentencias en esas piezas para continuar con el enjuiciamiento del resto de las piezas.
Si la Audiencia de Sevilla decidiera finalmente que el procedimiento por el que se daban las ayudas es legal, la house of cars (para los que le guste la serie de televisión), ese castillo de naipes que constituye el macroproceso de los ERE, podría acabar desplomándose a las primeras de cambio según el resultado de la sentencia. Y si eso ocurriera y tuviera las consecuencias que Bolaños plantea para el resto de las ayudas en ese supuesto, la cuestión es cómo se podrá explicar a la sociedad lo que ha ocurrido durante tantos años de instrucción…

VISTO PARA SENTENCIA

Confusiones por la nueva nomenclatura
*La reciente reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que ha sustituido algunos vocablos de la nomenclatura legal ya está provocando las primeras confusiones. Recuerden que ahora los imputados se llaman investigados y los secretarios judiciales letrados de la Administración de Justicia. Les voy a contar una anécdota que ocurrió recientemente y que refleja perfectamente cómo los cambios en materia de Justicia tardan un tiempo en asimilarse. Un preso telefoneó indignado a su abogada defensora, El diálogo que se produjo entre ambos fue el siguiente:
–Hola. ¿Por qué has renunciado a mi defensa? –pregunta el preso.
–¿Qué estás diciendo? Yo sigo siendo tu letrada… –responde sorprendida la abogada.
–Que sí, no me cuentes historias… Que me ha llegado una carta del turno de oficio designando a la “letrada de la administración de Justicia” y yo quiero que tu sigas defendiéndome, que para eso te pago. –añadió el interno.
Menudo jaleo tuvo la abogada para explicarle que, mientras estaba a la sombra, el Gobierno había decicido cambiar el cargo de los antiguos secretarios judiciales.
De las confusiones a las erratas graciosas
*Errare humanum est. Un reciente escrito del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre los EREordenaba dar traslado de la causa al también investigado “ManuelChavez González”(sic). Chavez con zeta y sin tilde, como el que fuera presidente venezolano. Pero lo curioso es que el presidente de la Junta lo lleva claro, por lo menos en lo que se refiere a que escriban bien su apellido, porque la exposición razonada que la juez Mercedes Alaya remitió al Tribunal Supremo en agosto de 2014 no paraba de citarle, incluso desde el primer folio, como “Manuel Chávez González”. Por cierto que no es la única errata que aparece en esa diligencia del juzgado, puesto que la misma también da traslado de la actuaciones a ”José Antonio Viera Aguayo”, una mezcla de apellidos de los ex consejeros José Antonio Viera Chacón y Carmen Martínez Aguayo. Lo dicho, errar es humano.
La procesión de la vágina de plástico
*La Justicia se ve en muchas ocasiones desbordada por la excesiva litigiosidad. Asistimos a la judicialización de muchos ámbitos de la vida cotidiana. Hoy en día se denuncia todo, desde la pelea con la vecina por el tendedero hasta las situaciones más insólitas o inverosímiles. El aumento de las denuncias y demandas se debe en muchas ocasiones a asuntos que no deberían llegar a la mesa de un juez. Esta semana, la juez de Instrucción 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha tomado declaración como “investigadas” por un delito contra los sentimientos religiosos a tres mujeres que portaban en procesión una vagina de plástico en la manifestación del primero de Mayo de 2014. Las tres imputadas han negado que tuvieran una “voluntad de mofa”. La historia no deja de ser anecdótica, pero denuncias de este tipo hacen que los jueces tengan que emplear un tiempo y un esfuerzo que podrían emplear a otros asuntos de verdadera trascendencia.

Bolaños reparte las macrocausas y se lleva…

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2015 a las 10:18

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

La mejor parte, evidentemente. O la más interesante, políticamente hablando. Todo queda como al principio. Después de haber mantenido un severo y cansino pulso con Mercedes Alaya -ya quisiera parecerse a esta pelea judicial la bronca de Pedro Sánchez con Rajoy en el debate cara a cara de ayer-, la juez María Núñez Bolaños ha zanjado la distribución de las macrocausas como se esperaba. La magistrada, que hace tiempo dividió el caso de los ERE fraudulentos y más recientemente formó seis primeras piezas piloto para que su enjuiciamiento en el menor breve tiempo posible, ha decidido ahora entregar estas piezas al magistrado  Álvaro Martín, que lleva destinado como refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde septiembre de 2012, aunque hasta ahora venía ocupándose de la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras la titular se dedicaba en exclusiva a las macrocausas.

El anuncio de Bolaños, que ya ha sido santiguado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y pronto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no debe causar ninguna sorpresa. Es lo que se esperaba desde que en octubre pasado el Alto Tribunal que preside Lorenzo del Río decidiera apartar a Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas, ante su “clara voluntad de no colaborar” con María Núñez Bolaños y porque, según el TSJA, había “fundadas dudas de la viabilidad” de su comisión de servicio tras las duras críticas de Alaya.

La Sala de Gobierno, compuesta mayoritamente por jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, aprueba el reparto realizado ahora por Bolaños, que ha dejado a Álvaro Martín -presidente de la APM en Andalucía Occidental- la labor de dar la puntilla a la instrucción de los ERE.

Retomando la idea inicial, Bolaños se reserva la mejor parte. ¿Por qué? Porque la causa de los ERE está prácticamente finiquitada en la parte más importante -aunque quedan todavía muchas ayudas por investigar-, la que afecta a los políticos y al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas: la pirámide de la que habló Alaya. Salvo el paseílloque tendrán que hacer nuevamente los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pocos grandes titulares pueden surgir de esta macroinvestigación de la que está a punto de cumplirse un lustro, en enero próximo. Aunque es verdad que quedan muchas puntadas por dar…

Bolaños se ha reservado para sí misma la instrucción de las otras dos macrocausas, que es donde está el verdadero pastel: los cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. Pero sobre todo la parte que puede dar más quebraderos al Gobierno andaluz es la primera de las investigaciones, la de los cursos de formación, donde hay una importante línea de investigación abierta en torno a las millonarias ayudas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),  donde acabaron trabajando muchas personas vinculadas al PSOE-A, algunas de la cuales ya están bajo investigación judicial, como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García, cuyo contratación por la Faffe ya investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Es en esta macrocausa donde pueden producirse mayores sorpresas, aunque algunas fuentes también apunta que la investigación de los avales de Idea será incluso más voluminosa que la de los ERE. Sea como fuere, Bolaños se ha reservado la instrucción de estas macrocausas. Nada que objetar. Como titular del juzgado y juez predeterminada por la ley puede distribuir el trabajo de la forma que considere más oportuna, algo que en su día también hizo Mercedes Alaya cuando rechazó los refuerzos que con tanto empeño le había colocado Lorenzo del Río durante su baja por enfermedad.

Dice el acuerdo de la Sala de Gobierno que el juez Alvaro Martín asumirá, “en un marco de plena colaboración y entendimiento”, las seis piezas separadas en la que se han dividido los ERE. Un marco de convivencia que, por otro lado, ya dejó claro el TSJA que no era posible con Alaya, que sembró dudas sobre la capacidad de trabajo y la imparcialidad de Bolaños por su supuesta “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Bolaños y Álvaro Martín no estarán solos. El juzgado volverá a tener tres jueces -como el escaso tiempo en el que convivieron Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes-, aunque el tercer magistrado, en este caso el segundo de refuerzo, se dedicará al “conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado”.

La Sala de Gobierno también tomó conocimiento ayer de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial. Al final, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a parecerse a un órgano colegiado con tantos jueces…. Pero mejor así, para que se acabe la instrucción de las macrocausas y lleguen pronto los juicios.

Bolaños pierde funcionarios por las horas extra

Jorge Muñoz | 25 de noviembre de 2015 a las 6:00

núñez bolañosLa juez María Núñez Bolaños se queda sin dos funcionarios durante todo el mes de diciembre. ¿La causa? Las numerosas horas extra que estos dos empleados han realizado en los últimos meses en relación con las distintas macrocausas que se instruyen en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, sobre todo la de los ERE fraudulentos, y que ha obligado a que estos empleados tengan que acudir al juzgado durante muchas tardes.
La juez Mercedes Alaya pronunció hace unas semanas un polémico discurso en Madrid, en el que se refirió precisamente a los funcionarios de su juzgado, respecto a los que afirmó que tuvo que convencerles de que aunque “no les iban a pagar las horas extra” sí iban a participar de un objetivo superior: impartir Justicia”. “No podíamos acabar con la crisis pero sí poco a poco con la corrupción, con el cáncer de la democracia y eso lo había que hacer con interés, poniendo pasión y a tiempo completo”, añadió Alaya.
Ese discurso se ha visto ahora que, al menos, en lo que se refiere a los funcionarios, no era tan idílico. Nadie trabaja gratis. Es cierto que los funcionarios no cobran las horas extras, pero también que por cada tarde que trabajaban tenían derecho a un día de descanso. Esta situación es la que ha propiciado que dos de los funcionarios destinados en el juzgado de las macrocausas tengan derecho –nadie lo niega– a tomarse esos días de vacaciones. Lo que resulta llamativo es que el juzgado se quede sin dos funcionarios durante todo el mes de diciembre, algo que, sin duda, tendrá una incidencia sobre la tramitación de las macrocausas.
Alaya acusó a la Junta de ponerle “todas las trabas del mundo” a su labor como instructora, y el consejero de Justicia, Emilio de Llera, su “notario detractor” –según dijo Alaya en el informe que provocó su expulsión de estas investigaciones– ha dicho que siempre le dieron “todo lo que pidió”.
Este juzgado cuenta con un refuerzo del 50% de plantilla, dado que a los diez funcionarios de la plantilla tipo de los juzgados de instrucción –tres gestores, cinco tramitadores y dos funcionarios de auxilio– se suman otros cinco de refuerzo nombrados por la Consejería, de los cuales el primero fue nombrado en el año 2010. A pesar del refuerzo, lo que sí parece claro es que el juzgado necesita más funcionarios, como han reclamado tanto Alaya como su sucesora, María Núñez Bolaños.

La complicada herencia de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

Una trayectoria como instructora con muchas luces pero también con bastantes sombras. Los últimos siete años de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han estado marcados por una instrucción eminentemente expansiva, en la que la juez no ha cesado en abrir línea tras línea de investigación hasta el punto de que parecía que quería destripar las entrañas de la Junta de Andalucía, sometiendo a la Administración a una especie de causa general, una actuación que está proscrita por la legislación española.
Evidentemente no se puede negar la extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación que en los últimos años ha mostrado la magistrada, cuya marcha como instructora no puede dejar indiferentes a nadie. Tras su salida de las macrocausas y su incorporación definitiva a la Audiencia de Sevilla, hay aspectos que se echarán de menos y otros tantos que no.
Contra la corrupción
Entre las cosas que echaremos de menos se encuentra, como no, esa ingente capacidad de trabajo, demostrada ampliamente a lo largo de estos años; y su demostrada valía en la lucha contra la corrupción. Alaya ha profundizado en la instrucción de los ERE hasta un punto en el que, probablemente, no se habría atrevido a llegar otro juez. De la investigación de la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla, Alaya destapó el fraude de los ERE y de ahí se derivaron otras línea de investigación como la de las irregularidades en los cursos de formación o a la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea.
Menor eficacia
La estadística es el peor enemigo de Alaya. Ha abierto más de media docena de procesos, pero más de la mitad siguen aún en investigación. En los últimos siete años –si contamos desde 2008, cuando se inició la investigación del delito societario al máximo mandatario del Betis, Manuel Ruiz de Lopera–, la instructora sólo ha sido capaz de cerrar, y de manera desigual, tres causas y sólo una de ellas ha sido enjuiciada y sentenciada, eso sí con condena de dos de los cuatro acusados. Se trata del cohecho de Mercasevilla, que acabó con la condena a pagar una multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la absolución por el Tribunal Supremo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien Alaya sentó en el banquillo con indicios débiles. Antes había sido declarada inocente por el jurado la secretaria de Mercasevilla.
Antes de ocupar su nuevo destino como magistrada en la Audiencia de Sevilla, la juez finalizó su instrucción, inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, con respecto a la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
La tercera causa finalizada, aunque aún no ha sido remitida formalmente a la Audiencia de Sevilla, se refiere a las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de la empresa Mercasevilla, en la que están procesadas 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La herencia
El escenario que deja Alaya a su sucesora, María Núñez Bolaños, resulta bastante complicado.Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en las tres macrocausas que siguen abiertas: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos de la agencia Idea. Estos dos últimos sumarios están en un estado más incipiente de instrucción, con lo que María Núñez Bolaños no debe tener muchas dificultades para ponerse al día con estas investigaciones e impulsarlas, sobre todo si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el sumario de los cursos de formación.
Los ere, a menos del 40%
El caso de los ERE es diferente. Se trata de una investigación que se inició en enero de 2011, por lo que está a punto de cumplirse los cinco años de la instrucción. Aunque una parte fundamental de la investigación puede considerarse acabada, la que afecta al denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones de euros y por el que fueron imputados ante el Tribunal Supremo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo cierto es que Alaya apenas ha completado el 40% de la investigación de las subvenciones bajo sospecha.
las prescripciones
La tan anhelada división de los ERE en tres grandes bloques, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo reclamando a Alaya y que no se ha materializado hasta la incorporación de la juez María Núñez Bolaños, plantea nuevos inconvenientes relacionados con la posible prescripción de los delitos. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Según precisaron fuentes del caso, con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.
declaraciones y fianzas
Pero no sólo hay problemas de prescripción en el caso de los ERE. La nueva magistrada tiene por delante el laborioso trabajo de dividir la causa en los tres bloques, uno de ellos con más de 200 piezas –una por cada una de las ayudas concedidas a las empresas–, y debe además seguir tomando declaración a los imputados que surjan en este proceso, en el que hay ya implicadas 265 personas, de las cuales 60 son intrusos que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones sin tener derecho y sin haber trabajado en las empresas.
Una causa como los ERE genera además numerosos recursos, providencias y autos que ahora debe resolver la juez María Núñez Bolaños. La Fiscalía le pidió recientemente a la magistrada que fijara las fianzas civiles de 83 imputados en los ERE –casi un tercio del total–, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen. Esta es la complicada herencia que deja Alaya a Bolaños: una causa abierta y muy viva a la que le quedan años de instrucción.

Sanz, el acusador popular

Jorge Muñoz | 4 de octubre de 2015 a las 6:00

SANZ1Separar la actuación institucional de la que se ejerce desde un partido político no resulta fácil en muchas ocasiones, sobre todo cuando se está en el Gobierno. Y no es lo mismo estar en el partido que formar parte del Gobierno, aunque a veces se tienda a mezclar ambos conceptos. Algo así se puede decir que ha ocurrido con el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, que sigue ejerciendo la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de que desde febrero de este año ocupa el despacho principal de la Torre Sur de la Plaza de España.
No hay nada que impida a priori que Antonio Sanz siga ejerciendo la acusación popular en esta macrocausa. Es más una cuestión estética, de imagen, más que legal. Si era hasta cierto punto lógico que el secretario general del PP-A se personara en el caso de los ERE cuando estalló el escándalo en 2011 (Sanz ocupó el cargo entre 2006 y 2012), lo que no lo es tanto es que mantenga esa posición después de ser nombrado en febrero pasado delegado del Gobierno en Andalucía por Mariano Rajoy. Algunos dirán que es lo mismo, pero no da igual.
Supongamos que la situación se mantiene, que la instrucción de los ERE avanza –sobre todo ahora que la juez María Núñez Bolaños ha dividido la macrocausa en piezas separadas– y que comienzan los primeros juicios. En esos procesos, la acusación popular, al igual que el Fiscal, tendrá que presentar sus escritos de conclusiones provisionales y pedir una posible condena para los imputados. ¿Quién estaría pidiendo, llegado el caso, la condena para los ex altos cargos de la Junta? ¿La acusación del PP o el delegado del Gobierno en Andalucía?
Es una cuestión de estética, o no, porque al final es difícil deslindar la figura del que ejerce las acciones penales de su cargo como delegado del Gobierno.
La situación se complica aún más cuando el acusador popular propone pruebas en beneficio de la actuación del Gobierno en el caso de las ayudas concedidas por el Estado a la Faja Pirítica de Huelva. La juez Bolaños ordenó a principios de septiembre que se investiguen posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a la Faja Pirítica de Huelva.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La decisión de la juez venía motivada por un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes precisaban que venían desarrollando una “línea de investigación” sobre la presunta comisión de delitos por las ayudas para el pago de las pólizas de prejubilación que concedió el Ministerio a los mineros mayores de 55 años. La Guardia Civil advertía de que había detectado cómo la Administración central “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera arbitraria los listados de edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años, pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo y, sin embargo, no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”.
Ante esta decisión de la juez, el delegado del Gobierno presentó el pasado 25 de septiembre el escrito que se reproduce arriba y en el que, en primer lugar, muestra su sorpresa por el hecho de que tras el oficio de la Guardia Civil de Huelva de “motu proprio se había iniciado una investigación prospectiva –lo que está vedado en nuestro derecho penal como ha puesto recientemente de manifiesto la Audiencia de Sevilla– sobre la aplicación de los coeficientes correctores para el cálculo de la edad de jubilación en la minería de Huelva”.
No deja de resultar llamativo que la acusación del PP o del delegado del Gobierno, que durante años permitió a la juez Alaya la apertura de líneas y líneas de investigación, hable ahora de instrucción prospectiva por la ayudas que pueden salpicar al Estado. Es la doble vara de medir.
Pero hay más, en el escrito remitido a la juez Bolaños por la representación de Antonio Sanz, se pone de manifiesto que además del informe policial sobre la Faja Pirítica con posterioridad “se ha recibido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Delegación del Gobierno de Andalucía” –la misma que preside– documentos en los que se “evidencia que en todo momento se siguió por parte del Ministerio de Trabajo el procedimiento legalmente establecido para la concesión de las ayudas a los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva, siguiendo lo preceptuado en la orden de 5 de abril de 1995”. Es decir, el delegado del Gobierno sale en defensa del Estado citando informes de la Delegación…
El escrito de Antonio Sanz pide a la juez Bolaños que cite a declarar, en calidad de testigos peritos, a dos inspectores de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo que con fecha 17 de marzo de 2011 elaboraron un informe que concluye que la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social “obró siempre con todo rigor en la aplicación de los criterios emanados en cada momento de sus servicios centrales, y cuando fue necesario establecer los coeficientes reductores de la edad de jubilación, conforme a las referidas relaciones nominales de trabajadores, procedió a su cálculo descontando cuidadosamente todos aquellos periodos que pudiesen resultar coincidentes con periodos de suspensión de los contratos de cada uno de los trabajadores afectados”.
Ese informe ahora aportado por Sanz añadía que “no se puede deducir que haya habido actuaciones irregulares en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación” de los trabajadores de Minas de Riotinto S. A. autorizados por Expedientes de Regulación de Empleo relativos al año 2003 y anteriores”.
Sanz pide la declaración de los inspectores para el “buen fin de la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. La acusación ahora defiende.

Más madera para los ERE

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2015 a las 6:00

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

Tengo que confesar que tras leer el reproche del instructor de los ERE a los aforados que renunciaron a sus actas, a los que criticó haber “abandonado en marcha el tren de esta instrucción” para subirse a otro ajeno, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes de Los hermanos Marx en el Oeste y aquella mítica frase de “Traed madera… es la guerra”. El instructor Alberto Jorge Barreiro recurrió a esa alegoría del tren en marcha para rechazar las alegaciones de dilaciones indebidas e indefensión del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El magistrado argumentaba que la decisión de los imputados aforados de renunciar a sus actas –también lo hicieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y recientemente el ex diputado José Antonio Viera– que obliga a devolver la causa de los ERE al juzgado de Sevilla es una opción que “no todos los justiciables tienen”.
El juez se refiere a Zarrías como el “imputado quejoso” y considera cuestionable que después de saltar de ese tren se queje precisamente de que no se ha resuelto sobre su petición de archivo, porque “si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se apresuró ayer a contestar al instructor. “Zarrías no se ha bajado de ningún tren. Más bien fue empujado de un tren en marcha por una resolución del instructor, por la que instaba la petición de suplicatorio contra él”, aseveraba el letrado utilizando el mismo símil y criticando que no se le permitió impugnar esa resolución, por lo que se le “negó un derecho que tienen el resto de imputados del Estado español, pero que, al parecer, no tienen los aforados”.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

No es la primera vez que en el caso de los ERE se utilizan este tipo de comparaciones. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán llegó a decir, en relación con lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con el uso de las transferencias de financiación, que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.
Otro de los imputados, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pidió expresamente declarar en la causa especial abierta ante el Tribunal Supremo para rebatir las declaraciones de los ex presidentes Chaves y Griñán, al entender que éstos habían derivado su responsabilidad en el fraude de los ERE. Manuel Gómez aseguró entonces que el Gobierno andaluz, con el respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara todos los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la política de tráfico”, argumentó el funcionario.

Más allá de las comparaciones y de las alusiones cinematográficas, lo importante no es qué tren procesal, siguiendo la terminología del instructor del Supremo, van a coger los aforados imputados, sino quién dirige la locomotora, quién será en este caso El maquinista de la General –otra genial comedia de trenes– y el destino final de la misma.

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

 

Con unas elecciones generales en diciembre y la pérdida de la condición de aforados de los ex altos cargos, la investigación estaba abocada a volver al juzgado de Sevilla, donde el TSJAy el CGPJ siguen mareando la perdiz sin decidir qué maquinista quieren que esté al frente de la instrucción. ¿Quién gritará traed madera, es la guerra? ¿Mercedes Alaya o María Núñez Bolaños? Ésta es la incógnita que siguen sin resolver los órgano de gobierno de los jueces. Sea quien sea la que dirija el tren, lo que está claro es que al caso de los ERE le queda aún muchas paradas…

Una Comisión proclive a Alaya

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2015 a las 7:00

JUZGADOS.Comentaba hace unos días en estas mismas páginas la soledad del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el conflicto planteado sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado que durante 17 años dirigió la juez Mercedes Alaya. La Comisión de la Sala Gobierno, que se reunió el pasado jueves para deliberar, en principio, sobre la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar un nuevo informe –tras la división de la macrocausa de los ERE fraudulentos– sobre cómo debe organizarse y distribuirse el trabajo entre la magistrada titular del órgano, María Núñez Bolaños, y la juez comisionada, Mercedes Alaya, no llegó a ningún acuerdo concreto.
Lorenzo del Río se quedó solo defendiendo su postura en dicha Comisión, que está integrada por jueces que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial. Previamente a esta reunión, la juez María Núñez Bolaños había informado al presidente –a petición expresa de éste– de que quería “prescindir” de una de las comisiones de refuerzo acordadas. Bolaños quería que continuara el juez Álvaro Martín, que lleva desde hace más de dos años el trabajo ordinario del juzgado y las guardias, pero no necesita a Alaya –que en junio pasado criticó duramente a la titular– para la instrucción de las macrocausas.
Lorenzo del Río elevó ese informe a la Comisión de la Sala de Gobierno, que está integrada por otros siete jueces además del propio presidente. La Comisión la componen, exactamente, los presidentes de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Málaga y Jaén, Damián Álvarez, Antonio Alcalá y Elena Arias-Salgado, respectivamente; así como el juez decano de Málaga, José María Páez; el juez de lo Penal número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), Juan José Parra; la juez de Primera Instancia número 14 de Granada, María José Rivas; y la juez de Primera Instancia número 26 de Sevilla, María Luisa Zamora.
La Comisión del pasado jueves acabó sin acuerdo. La decisión y el informe sobre el plan de actuación en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se pospuso a una nueva reunión que, por el momento, parece que no tendrá lugar hasta el próximo 13 de octubre.
El conflicto generado por el reparto de trabajo entre ambas jueces no es que amenace con enquistarse en los órganos de gobierno de los jueces, es que ya está enquistado por completo. Prolongar no ya la incertidumbre, sino la agonía sobre si Alaya debe seguir o no con los ERE, no hace más que perjudicar la imagen de la Justicia y, lo que es más grave, puede provocar graves consecuencias si, al final, no se respeta el derecho al juez predeterminado por la ley, que en este caso no es otro que la titular del juzgado. Lo que sería imperdonable es que al final la investigación de los ERE pudiera irse al traste por defectos formales. Llegado el caso, ¿quién se haría responsable de explicar a la opinión pública tal desaguisado?