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La complicada herencia de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de octubre de 2015 a las 5:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

Una trayectoria como instructora con muchas luces pero también con bastantes sombras. Los últimos siete años de Mercedes Alaya al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla han estado marcados por una instrucción eminentemente expansiva, en la que la juez no ha cesado en abrir línea tras línea de investigación hasta el punto de que parecía que quería destripar las entrañas de la Junta de Andalucía, sometiendo a la Administración a una especie de causa general, una actuación que está proscrita por la legislación española.
Evidentemente no se puede negar la extraordinaria capacidad de trabajo y dedicación que en los últimos años ha mostrado la magistrada, cuya marcha como instructora no puede dejar indiferentes a nadie. Tras su salida de las macrocausas y su incorporación definitiva a la Audiencia de Sevilla, hay aspectos que se echarán de menos y otros tantos que no.
Contra la corrupción
Entre las cosas que echaremos de menos se encuentra, como no, esa ingente capacidad de trabajo, demostrada ampliamente a lo largo de estos años; y su demostrada valía en la lucha contra la corrupción. Alaya ha profundizado en la instrucción de los ERE hasta un punto en el que, probablemente, no se habría atrevido a llegar otro juez. De la investigación de la exigencia de una mordida a los hosteleros de La Raza por parte de los ex directivos de Mercasevilla, Alaya destapó el fraude de los ERE y de ahí se derivaron otras línea de investigación como la de las irregularidades en los cursos de formación o a la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea.
Menor eficacia
La estadística es el peor enemigo de Alaya. Ha abierto más de media docena de procesos, pero más de la mitad siguen aún en investigación. En los últimos siete años –si contamos desde 2008, cuando se inició la investigación del delito societario al máximo mandatario del Betis, Manuel Ruiz de Lopera–, la instructora sólo ha sido capaz de cerrar, y de manera desigual, tres causas y sólo una de ellas ha sido enjuiciada y sentenciada, eso sí con condena de dos de los cuatro acusados. Se trata del cohecho de Mercasevilla, que acabó con la condena a pagar una multa de 600.00 euros y 21 meses de inhabilitación a los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la absolución por el Tribunal Supremo del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, a quien Alaya sentó en el banquillo con indicios débiles. Antes había sido declarada inocente por el jurado la secretaria de Mercasevilla.
Antes de ocupar su nuevo destino como magistrada en la Audiencia de Sevilla, la juez finalizó su instrucción, inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, con respecto a la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una organización criminal con epicentro en la empresa Fitonovo y que se dedicaba a pagar mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos públicos.
La tercera causa finalizada, aunque aún no ha sido remitida formalmente a la Audiencia de Sevilla, se refiere a las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de la empresa Mercasevilla, en la que están procesadas 16 personas, entre ellas el ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
La herencia
El escenario que deja Alaya a su sucesora, María Núñez Bolaños, resulta bastante complicado.Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en las tres macrocausas que siguen abiertas: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos de la agencia Idea. Estos dos últimos sumarios están en un estado más incipiente de instrucción, con lo que María Núñez Bolaños no debe tener muchas dificultades para ponerse al día con estas investigaciones e impulsarlas, sobre todo si accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir el sumario de los cursos de formación.
Los ere, a menos del 40%
El caso de los ERE es diferente. Se trata de una investigación que se inició en enero de 2011, por lo que está a punto de cumplirse los cinco años de la instrucción. Aunque una parte fundamental de la investigación puede considerarse acabada, la que afecta al denominado “procedimiento específico” por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones de euros y por el que fueron imputados ante el Tribunal Supremo los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, lo cierto es que Alaya apenas ha completado el 40% de la investigación de las subvenciones bajo sospecha.
las prescripciones
La tan anhelada división de los ERE en tres grandes bloques, que la Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo reclamando a Alaya y que no se ha materializado hasta la incorporación de la juez María Núñez Bolaños, plantea nuevos inconvenientes relacionados con la posible prescripción de los delitos. Entre los delitos que se investigan en los ERE está una presunta malversación de caudales públicos, en su variedad de “especial gravedad”, por lo que el plazo de prescripción sería de 15 años de acuerdo con el artículo 432.2 del Código Penal. Sin embargo, el período de la investigación abarca de los años 2000 a 2012, con lo que las primeras ayudas podrían estar ya prescritas. Según precisaron fuentes del caso, con la división de la causa en piezas separadas puede suceder que no se investiguen todas las ayudas o que incluso las anteriores al año 2005 puedan considerarse ya prescritas.
De hecho, la Fiscalía pidió en marzo de este año a Alaya que acordase el archivo de la causa contra 12 imputados de los ERE, al estimar que los delitos de prevaricación y malversación habrían prescrito. Se trata de ayudas relacionadas con la Sierra Norte de Sevilla y la Fiscalía pidió el archivo de aquellas ayudas cuyo importe sea inferior a los 450.000 euros, “siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda” al auto de imputación dictado el 6 de febrero de este año hayan pasado “más de diez años”.
declaraciones y fianzas
Pero no sólo hay problemas de prescripción en el caso de los ERE. La nueva magistrada tiene por delante el laborioso trabajo de dividir la causa en los tres bloques, uno de ellos con más de 200 piezas –una por cada una de las ayudas concedidas a las empresas–, y debe además seguir tomando declaración a los imputados que surjan en este proceso, en el que hay ya implicadas 265 personas, de las cuales 60 son intrusos que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones sin tener derecho y sin haber trabajado en las empresas.
Una causa como los ERE genera además numerosos recursos, providencias y autos que ahora debe resolver la juez María Núñez Bolaños. La Fiscalía le pidió recientemente a la magistrada que fijara las fianzas civiles de 83 imputados en los ERE –casi un tercio del total–, algunas de las cuales llevan años a la espera de que se determinen. Esta es la complicada herencia que deja Alaya a Bolaños: una causa abierta y muy viva a la que le quedan años de instrucción.

Sanz, el acusador popular

Jorge Muñoz | 4 de octubre de 2015 a las 6:00

SANZ1Separar la actuación institucional de la que se ejerce desde un partido político no resulta fácil en muchas ocasiones, sobre todo cuando se está en el Gobierno. Y no es lo mismo estar en el partido que formar parte del Gobierno, aunque a veces se tienda a mezclar ambos conceptos. Algo así se puede decir que ha ocurrido con el delegado del Gobierno en Andalucía, el popular Antonio Sanz, que sigue ejerciendo la acusación popular en el caso de los ERE fraudulentos a pesar de que desde febrero de este año ocupa el despacho principal de la Torre Sur de la Plaza de España.
No hay nada que impida a priori que Antonio Sanz siga ejerciendo la acusación popular en esta macrocausa. Es más una cuestión estética, de imagen, más que legal. Si era hasta cierto punto lógico que el secretario general del PP-A se personara en el caso de los ERE cuando estalló el escándalo en 2011 (Sanz ocupó el cargo entre 2006 y 2012), lo que no lo es tanto es que mantenga esa posición después de ser nombrado en febrero pasado delegado del Gobierno en Andalucía por Mariano Rajoy. Algunos dirán que es lo mismo, pero no da igual.
Supongamos que la situación se mantiene, que la instrucción de los ERE avanza –sobre todo ahora que la juez María Núñez Bolaños ha dividido la macrocausa en piezas separadas– y que comienzan los primeros juicios. En esos procesos, la acusación popular, al igual que el Fiscal, tendrá que presentar sus escritos de conclusiones provisionales y pedir una posible condena para los imputados. ¿Quién estaría pidiendo, llegado el caso, la condena para los ex altos cargos de la Junta? ¿La acusación del PP o el delegado del Gobierno en Andalucía?
Es una cuestión de estética, o no, porque al final es difícil deslindar la figura del que ejerce las acciones penales de su cargo como delegado del Gobierno.
La situación se complica aún más cuando el acusador popular propone pruebas en beneficio de la actuación del Gobierno en el caso de las ayudas concedidas por el Estado a la Faja Pirítica de Huelva. La juez Bolaños ordenó a principios de septiembre que se investiguen posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las subvenciones concedidas por el Ministerio de Trabajo a la Faja Pirítica de Huelva.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La decisión de la juez venía motivada por un oficio de la Guardia Civil en el que los agentes precisaban que venían desarrollando una “línea de investigación” sobre la presunta comisión de delitos por las ayudas para el pago de las pólizas de prejubilación que concedió el Ministerio a los mineros mayores de 55 años. La Guardia Civil advertía de que había detectado cómo la Administración central “presuntamente utilizó de forma voluntaria y de manera arbitraria los listados de edades bonificadas confeccionadas por los comités de empresa para determinar qué trabajador tenía más de 55 años, pese a que tenía conocimiento de que dichos listados eran erróneos al alza y que la institución competente para determinar dicha edad era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que además pertenecía al propio Ministerio de Trabajo y, sin embargo, no utilizó los cálculos realizados por dicha institución para determinar la edad de cada minero”.
Ante esta decisión de la juez, el delegado del Gobierno presentó el pasado 25 de septiembre el escrito que se reproduce arriba y en el que, en primer lugar, muestra su sorpresa por el hecho de que tras el oficio de la Guardia Civil de Huelva de “motu proprio se había iniciado una investigación prospectiva –lo que está vedado en nuestro derecho penal como ha puesto recientemente de manifiesto la Audiencia de Sevilla– sobre la aplicación de los coeficientes correctores para el cálculo de la edad de jubilación en la minería de Huelva”.
No deja de resultar llamativo que la acusación del PP o del delegado del Gobierno, que durante años permitió a la juez Alaya la apertura de líneas y líneas de investigación, hable ahora de instrucción prospectiva por la ayudas que pueden salpicar al Estado. Es la doble vara de medir.
Pero hay más, en el escrito remitido a la juez Bolaños por la representación de Antonio Sanz, se pone de manifiesto que además del informe policial sobre la Faja Pirítica con posterioridad “se ha recibido del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Delegación del Gobierno de Andalucía” –la misma que preside– documentos en los que se “evidencia que en todo momento se siguió por parte del Ministerio de Trabajo el procedimiento legalmente establecido para la concesión de las ayudas a los prejubilados de la Faja Pirítica de Huelva, siguiendo lo preceptuado en la orden de 5 de abril de 1995”. Es decir, el delegado del Gobierno sale en defensa del Estado citando informes de la Delegación…
El escrito de Antonio Sanz pide a la juez Bolaños que cite a declarar, en calidad de testigos peritos, a dos inspectores de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo que con fecha 17 de marzo de 2011 elaboraron un informe que concluye que la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social “obró siempre con todo rigor en la aplicación de los criterios emanados en cada momento de sus servicios centrales, y cuando fue necesario establecer los coeficientes reductores de la edad de jubilación, conforme a las referidas relaciones nominales de trabajadores, procedió a su cálculo descontando cuidadosamente todos aquellos periodos que pudiesen resultar coincidentes con periodos de suspensión de los contratos de cada uno de los trabajadores afectados”.
Ese informe ahora aportado por Sanz añadía que “no se puede deducir que haya habido actuaciones irregulares en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación” de los trabajadores de Minas de Riotinto S. A. autorizados por Expedientes de Regulación de Empleo relativos al año 2003 y anteriores”.
Sanz pide la declaración de los inspectores para el “buen fin de la investigación y el esclarecimiento de los hechos”. La acusación ahora defiende.

Más madera para los ERE

Jorge Muñoz | 1 de octubre de 2015 a las 6:00

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

El ex consejero Gaspar Zarrías, en un tren con la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, también imputada en los ERE.

Tengo que confesar que tras leer el reproche del instructor de los ERE a los aforados que renunciaron a sus actas, a los que criticó haber “abandonado en marcha el tren de esta instrucción” para subirse a otro ajeno, lo primero que se me vino a la cabeza fueron las imágenes de Los hermanos Marx en el Oeste y aquella mítica frase de “Traed madera… es la guerra”. El instructor Alberto Jorge Barreiro recurrió a esa alegoría del tren en marcha para rechazar las alegaciones de dilaciones indebidas e indefensión del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
El magistrado argumentaba que la decisión de los imputados aforados de renunciar a sus actas –también lo hicieron los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y recientemente el ex diputado José Antonio Viera– que obliga a devolver la causa de los ERE al juzgado de Sevilla es una opción que “no todos los justiciables tienen”.
El juez se refiere a Zarrías como el “imputado quejoso” y considera cuestionable que después de saltar de ese tren se queje precisamente de que no se ha resuelto sobre su petición de archivo, porque “si se abandona la vía del proceso para aforados no puede ya pedir desde el nuevo tren procesal que le sigan dictando resoluciones desde el que ha abandonado”.
La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, se apresuró ayer a contestar al instructor. “Zarrías no se ha bajado de ningún tren. Más bien fue empujado de un tren en marcha por una resolución del instructor, por la que instaba la petición de suplicatorio contra él”, aseveraba el letrado utilizando el mismo símil y criticando que no se le permitió impugnar esa resolución, por lo que se le “negó un derecho que tienen el resto de imputados del Estado español, pero que, al parecer, no tienen los aforados”.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

Una imagen de la película Los hermanos Marx en el Oeste.

No es la primera vez que en el caso de los ERE se utilizan este tipo de comparaciones. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán llegó a decir, en relación con lo que estaba ocurriendo en la Consejería de Empleo con el uso de las transferencias de financiación, que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”.
Otro de los imputados, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, pidió expresamente declarar en la causa especial abierta ante el Tribunal Supremo para rebatir las declaraciones de los ex presidentes Chaves y Griñán, al entender que éstos habían derivado su responsabilidad en el fraude de los ERE. Manuel Gómez aseguró entonces que el Gobierno andaluz, con el respaldo de la mayoría del Parlamento y asistiendo como “espectador mudo” la Cámara de Cuentas de Andalucía, “actuó como el alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida, con el presunto propósito de mejorar la fluidez del tráfico. Ahora, el alcalde niega que él apagara todos los semáforos y pretende desviar su responsabilidad por los muertos en accidente hacia la política de tráfico”, argumentó el funcionario.

Más allá de las comparaciones y de las alusiones cinematográficas, lo importante no es qué tren procesal, siguiendo la terminología del instructor del Supremo, van a coger los aforados imputados, sino quién dirige la locomotora, quién será en este caso El maquinista de la General –otra genial comedia de trenes– y el destino final de la misma.

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

El maquinista de la General (1926, protagonizada por Buster Keaton)

 

Con unas elecciones generales en diciembre y la pérdida de la condición de aforados de los ex altos cargos, la investigación estaba abocada a volver al juzgado de Sevilla, donde el TSJAy el CGPJ siguen mareando la perdiz sin decidir qué maquinista quieren que esté al frente de la instrucción. ¿Quién gritará traed madera, es la guerra? ¿Mercedes Alaya o María Núñez Bolaños? Ésta es la incógnita que siguen sin resolver los órgano de gobierno de los jueces. Sea quien sea la que dirija el tren, lo que está claro es que al caso de los ERE le queda aún muchas paradas…

Una Comisión proclive a Alaya

Jorge Muñoz | 29 de septiembre de 2015 a las 7:00

JUZGADOS.Comentaba hace unos días en estas mismas páginas la soledad del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el conflicto planteado sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado que durante 17 años dirigió la juez Mercedes Alaya. La Comisión de la Sala Gobierno, que se reunió el pasado jueves para deliberar, en principio, sobre la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de realizar un nuevo informe –tras la división de la macrocausa de los ERE fraudulentos– sobre cómo debe organizarse y distribuirse el trabajo entre la magistrada titular del órgano, María Núñez Bolaños, y la juez comisionada, Mercedes Alaya, no llegó a ningún acuerdo concreto.
Lorenzo del Río se quedó solo defendiendo su postura en dicha Comisión, que está integrada por jueces que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial. Previamente a esta reunión, la juez María Núñez Bolaños había informado al presidente –a petición expresa de éste– de que quería “prescindir” de una de las comisiones de refuerzo acordadas. Bolaños quería que continuara el juez Álvaro Martín, que lleva desde hace más de dos años el trabajo ordinario del juzgado y las guardias, pero no necesita a Alaya –que en junio pasado criticó duramente a la titular– para la instrucción de las macrocausas.
Lorenzo del Río elevó ese informe a la Comisión de la Sala de Gobierno, que está integrada por otros siete jueces además del propio presidente. La Comisión la componen, exactamente, los presidentes de las Audiencias Provinciales de Sevilla, Málaga y Jaén, Damián Álvarez, Antonio Alcalá y Elena Arias-Salgado, respectivamente; así como el juez decano de Málaga, José María Páez; el juez de lo Penal número 2 de Jerez de la Frontera (Cádiz), Juan José Parra; la juez de Primera Instancia número 14 de Granada, María José Rivas; y la juez de Primera Instancia número 26 de Sevilla, María Luisa Zamora.
La Comisión del pasado jueves acabó sin acuerdo. La decisión y el informe sobre el plan de actuación en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se pospuso a una nueva reunión que, por el momento, parece que no tendrá lugar hasta el próximo 13 de octubre.
El conflicto generado por el reparto de trabajo entre ambas jueces no es que amenace con enquistarse en los órganos de gobierno de los jueces, es que ya está enquistado por completo. Prolongar no ya la incertidumbre, sino la agonía sobre si Alaya debe seguir o no con los ERE, no hace más que perjudicar la imagen de la Justicia y, lo que es más grave, puede provocar graves consecuencias si, al final, no se respeta el derecho al juez predeterminado por la ley, que en este caso no es otro que la titular del juzgado. Lo que sería imperdonable es que al final la investigación de los ERE pudiera irse al traste por defectos formales. Llegado el caso, ¿quién se haría responsable de explicar a la opinión pública tal desaguisado?

El adiós de la ‘más grande’

Jorge Muñoz | 25 de julio de 2015 a las 5:00

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

Alaya sale ayer del juzgado de Guardia de Sevilla.

 

Con permiso de la inalcanzable Rocío Jurado, según dirían los más fanáticos admiradores de la cantante chipionera, la juez Mercedes Alaya se ha ganado en los últimos años el apelativo de “la más grande”. A Alaya no le ha compuesto ninguna copla Rafael de León, ni Manuel Alejandro le ha escrito ninguna balada, pero eso no ha impedido que sea conocida de esta forma. “¿Has visto el último auto de la más grande?”, ha sido durante años alguna de las preguntas más comunes que se han planteado en los mentideros judiciales. El apelativo de la “más grande” se ha extendido para referirse a Alaya en la Sevilla de los juzgados del Prado de San Sebastián, la que visitan a diario muchos de los abogados personados en las macrocausas que, hasta ahora, ha investigado Alaya, la juez incansable, como ella misma se autodefinió en un auto.
El durísimo ataque de Alaya a su compañera María Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado, de la que cuestiona su preparación profesional –Alaya olvida que Bolaños es de las pocas magistradas que es doctora en Derecho– y, sobre todo, su independencia, no puede quedar sin respuesta por parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la que debe aprobar la distribución del trabajo en el juzgado de los ERE.
Más allá de la falta de elegancia que ayer atribuía Bolaños a las descalificaciones de Alaya, lo cierto es que algunas de las afirmaciones de Alaya rozan la posible atribución de graves conductas a la nueva titular, como cuando Alaya apunta respecto a la causa de los cursos de formación que donde ella ve claros delitos de prevaricación y malversación, Bolaños podría convertirlos en meras “irregularidades administrativas”.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside Lorenzo del Río, no dudó en afirmar que las alegaciones de Alaya están “totalmente fuera de lugar”, pero no se atrevió a pedir el cese de la magistrada respecto a la comisión de servicio que el mismo tribunal le concedió. El Alto Tribunal andaluz recuerda que la posición actual de Alaya es la de “colaboradora de la titular del juzgado” y pide al Consejo que valore convenientemente la “evidente falta de voluntad de cumplir el objetivo de colaboración con la titular”.
Consciente de que se trata de una cuestión polémica, la Comisión Permanente ha retrasado en las últimas semanas pronunciarse sobre el asunto y, si no lo incluye en la reunión del próximo martes, todo indica que lo dejará pendiente para después de las vacaciones de verano, esperando a que se calmen los ánimos.
Pero la brecha abierta por Alaya con su ataque personal a la juez María Núñez Bolaños hacen que la convivencia profesional de ambas magistradas se haya roto por completo. Ya no hay vuelta atrás, ni posible solución si lo que se pretende, por parte de los órganos de Gobierno de los jueces es dar un impulso definitivo a la instrucción de los complicados sumarios que se acumulan en el juzgado de Instrucción número 6. ¿Qué nivel de colaboración puede existir tras el informe de Alaya entre ambas magistradas? Ninguno.
La Comisión Permanente del Consejo sólo tiene dos opciones viables: revocar la comisión de servicio a Alaya o confirmar el reparto de competencias que aprobó el TSJA, que dejó a Alaya sólo con los ERE y el delito societario de Mercasevilla. El TSJAapuesta, aunque sea sotto voce, por la primera opción. Que puede ser la única salida en el actual contexto.El adiós a la más grande. O el hasta luego, porque seguro que Alaya seguirá dando guerra desde el estrado de la Audiencia.

Al Consejo se le atraganta el ‘Caso Alaya’

Jorge Muñoz | 22 de julio de 2015 a las 5:00

JUEZ ALAYAEl próximo sábado, día 25, Alaya cumplirá su primer mes como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la Sala conocida como el Kremlin. La incorporación de Alaya a la Audiencia parecía algo efímero, unos días como mucho, pero los distintos avatares que se han producido en torno a la concesión de su comisión de servicio y, sobre todo, al reparto de las macrocausas en su particular pelea con la juez María Núñez Bolaños está haciendo que ese tiempo se prolongue más de lo esperado.
Hay quien apunta incluso a que la Comisión Permanente del CGPJ, que debe ratificar el reparto del trabajo aprobado por la Sala de Gobierno del TSJA, podría incluso dejar para después del verano la resolución definitiva.

¿A qué se debe este retraso? Aunque oficialmente nadie lo diga, lo que hay detrás de la demora en aprobar el reparto es la pugna por el control de las macrocausas, una batalla que se libra en el propio seno del máximo órgano de Gobierno de los jueces.

Desde que el pasado 7 de julio el TSJA aprobó la distribución del trabajo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el CGPJ ha tenido hasta tres oportunidades de pronunciarse sobre la cuestión –en las reuniones de los días 9, 16 y ayer–. Puede que en la reunión del día 9 no diera lugar a introducir en el orden del día la cuestión, ya que deben realizarse algunos trámites como un informe preceptivo al servicio de Inspección.

Lo que no tiene lógica es que el asunto no se abordara en las dos reuniones siguientes de la Comisión, y ya se esté hablando de que podría incluirse –o no– en la que tendrá lugar el próximo martes, 28 de julio, lo que no hace más que redundar en ese conflicto interno que se vive en la sede del Consejo. Si la Comisión tuviera previsto ratificar, sin más, el acuerdo del TSJA, ya habría decisión. En la situación actual Alaya sólo se queda con los ERE y el delito societario de Mercasevilla, pero la juez pidió además la macrocausa de los cursos de formación y la de los avales y préstamos de Idea. Y para ello no dudó en acudir en su informe al ataque personal contra la juez Bolaños, a la que acusó de no estar preparada y de la que cuestionó su imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera. Quizás el retraso del Consejo se deba a que están analizando si, en estas circunstancias, Alaya debe quedarse en el juzgado para “colaborar” con otra juez a la que ha lanzado tales acusaciones.

La foto de Alaya con la que habría soñado el PSOE

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2015 a las 5:00

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El decano de los jueces, Francisco Guerrero, saluda al ex alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, en presencia de la juez Mercedes Alaya y de otra magistrada.

 

 

Terraza del restaurante Oriza de Sevilla. La hora: sobre las tres de la tarde del miércoles 17 junio. La reunión tiene lugar un día después de que la juez María Núñez Bolaños haya tomado posesión del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en sustitución de Mercedes Alaya. En una mesa de la terraza están sentados la propia Mercedes Alaya, el decano de los jueces, Francisco Guerrero, y otra magistrada.

En un momento dado, llega el ex alcalde de Sevilla y también ex decano de los jueces Juan Ignacio Zoido (PP). En la fotografía que aparece en este post se observa al juez Francisco Guerrero conversando con  Zoido, que está de espaldas, mientras Mercedes Alaya permanece sentada, con la mirada perdida y media sonrisa, como si la cosa y el encuentro con el ex alcalde no fuera con ella, hasta el punto de que ni siquiera se ha levantado. Parecen llevar un buen rato en el velador, porque los refrescos están casi consumidos…

Dicen los que presenciaron la escena que al lado se encontraba el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, pero éste no aparece en la fotografía, lo cual no quiere decir que no estuviera cerca.

De ser así, sería la foto de Alaya con la que habrían soñado más de uno en el PSOE en los últimos cinco años, cuando la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar el cohecho por el que fueron condenados los directivos de Mercasevilla y del que se han derivado tantos escándalos como el de los ERE fraudulentos, los cursos de formación, etc. etc. Esa imagen sería la manera de conectar a la juez Mercedes Alaya con el Partido Popular…

Sería tan popular como la pantagruélica mariscada que se pegaron el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet y el ex concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos en un restaurante de Bruselas durante la feria “European SeaFood Exposition” de 2008. ¿La recuerdan?

Pero la realidad de la foto del Oriza es bien distinta. No muestra ningún contubernio soñado por los adversarios políticos, ninguna hipotética confabulación entre la hasta ahora juez de las macrocausas y el partido de la oposición para derrocar el gobierno socialista. Lo único que muestra es un encuentro casual de varios jueces, uno de los cuales lleva años apartado de la carrera judicial al estar inmerso en el mundo de la política. El encuentro es hasta cierto punto previsible, porque no hay que olvidar que el restaurante Oriza está junto a la sede regional del PP, en la calle San Fernando, y es frecuentado por muchos jueces que tienen la sede judicial del Prado frente a este establecimiento hostelero.

Para mejorar aún más la escena, en el mismo restaurante se hallaba la nueva titular del juzgado, la juez María Núñez Bolaños, quien tampoco sale en la imagen, pero que según cuentan se acercó a saludar a su decano y a su antecesora en el juzgado. Todo un gesto de quien está llamada a liderar el juzgado número 6 de Sevilla. Tras el saludo, la reunión de Guerrero y Alaya se disolvió a los pocos minutos. Menudos encuentros los que propicia esta terraza en la ciudad de los 10.000 veladores. Y a plena luz  del día.

P.D.: Hacía muchos años que no se veía a Alaya compartiendo un refresco o un café con un compañero en las inmediaciones de los juzgados. Parece que ahora que ha sido relevada como titular del juzgado tiene más tiempo que antes para compartir estos momentos con sus compañeros.

¿El final de Alaya?

Jorge Muñoz | 22 de mayo de 2015 a las 6:31

CASO ERE Mercedes Carmen Alaya Rodriguez, tambien conocida como Mercedes Alaya

La trayectoria de Alaya como juez estrella, instructora de grandes macrocausas, tiene los días contados. Eso es lo que se desprende del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer avaló el plan de refuerzo propuesto por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para fortalecer el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con dos jueces en comisión de servicio. Nada se incluyó en ese acuerdo, en contra de lo que esperaba Mercedes Alaya, de que alguna de estas comisiones de servicio estuviese vinculada directamente a la instrucción de las tres macrocausas que la juez mantiene abiertas por el caso de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por Idea.
Alaya deberá entenderse, si tiene intención de seguir instruyendo alguna de las macrocausas, con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, que será tan pronto como tome posesión del juzgado, algo que se espera para la semana que se inicia el 8 junio, la juez natural predeterminada por la ley y la responsable de todos los asuntos que se tramitan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
La juez no sólo deberá entenderse con María Núñez Bolaños sino que, en caso de discrepancia o controversia, siempre se impondrá el criterio de la titular. Basta recordar lo que ocurrió hace unos años, cuando a su regreso de una baja por enfermedad, Alaya se encontró con la imposición de dos jueces de refuerzo (Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra) y ante la petición del TSJA de que llegaran a un acuerdo para el reparto de las macrocausas, Alaya hizo valer su condición de titular del juzgado para seguir instruyendo en exclusiva las macrocausas, rechazando incluso el refuerzo de uno de estos magistrados y permitiendo que siguiera el otro para llevar los asuntos ordinarios del juzgado, como las guardias y los juicios de faltas.
Alaya está ahora en una posición de debilidad, en la que ella se colocó cuando decidió solicitar la plaza de la Audiencia de Sevilla, que pidió por propia voluntad. No depende de sí misma. Ya no es la que dirige el juzgado, sino la invitada, y como tal debe someterse al criterio de la juez titular.
La decisión el CGPJ evidentemente no ha sentado nada bien a la juez Alaya, que hace tan sólo unas semanas adelantó al TSJA su intención de mantener la instrucción de las tres macrocausas, un deseo que resulta ya imposible que prospere.
La incógnita que se plantea ahora es, si tras el acuerdo del CGPJ, Alaya va a mantener su decisión de solicitar formalmente la comisión de servicio cuando se abra el plazo oficial o, por el contrario, arrojará la toalla y decide marcharse a la Audiencia de Sevilla, a la Sala conocida con el apodo de el Kremlin, la Sección Séptima que preside el magistrado Javier González y que ya planteó su “preocupación” por la llegada de esta magistrada dado que este tribunal es el encargado de resolver todos los recursos del caso de los ERE fraudulentos.
Algunos apuntan a que Alaya no está dispuesta a quedarse sólo con los ERE, que no quiere dejar la causa de los cursos de formación, pero la investigación de este sumario no ha hecho prácticamente nada más que comenzar, por lo que sería más lógico que la juez con vocación de permanencia en el juzgado –la nueva titular– se hiciera cargo de la instrucción.
Está claro que Alaya no pasa por su mejor momento. El varapalo del CGPJ, el fuego amigo, le llega en un momento en que su actuación en la instrucción del caso Betis ha sido cuestionada en forma de querella criminal cuya admisión a trámite o no está pendiente de la decisión del TSJA y del informe que haga la Fiscalía Superior de Andalucía. Todo apunta a que Alaya, la juez incansable, se irá en unas semanas a su nuevo destino. Alaya será historia, la historia del escándalo que supo destapar como ningún otro juez pero que no pudo o fue incapaz de cerrar.

Alta tensión por el juzgado de Alaya

Jorge Muñoz | 18 de mayo de 2015 a las 6:00

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La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

A Alaya le crecen los problemas. Cuando aún no está nada claro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vaya a concederle una comisión de servicio para que continúe investigando las tres macrocausas, la juez se acaba de encontrar con una querella por presunta prevaricación en relación con el denominado caso Betis, que Alaya comenzó a investigar hace siete años en una instrucción plagada de polémicas. La querella del ex consejero delegado del Betis Luis Oliver ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha abierto una “causa especial” contra Alaya y ha designado como ponente de tramitación al magistrado Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón, que se ha incorporado recientemente a la Sala.

La admisión o no de la querella contra Alaya está pendiente ahora del informe que debe realizar la Fiscalía Superior de Andalucía, que tiene que emitir un informe pronunciándose precisamente sobre si hay fundamento o no para admitir la querella e investigar una actuación supuestamente irregular de la juez. Ese dictamen no estará en principio hasta después de las elecciones municipales del 24-M, dado que el Ministerio Público debe examinar de forma exhaustiva los 192 folios en los que Oliver denuncia las decisiones de la magistrada que considera arbitrarias.

Para echar más leña al fuego, la Audiencia de Sevilla ha decidido estimar la recusación planteada contra uno de los jueces que hasta ahora estaba resolviendo todos los recursos contra las decisiones tomadas por Alaya. Se trata del magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha sido apartado del caso por ser sobrino de uno de los socios de la Liga de Juristas Béticos, que actúa como acusación particular en la causa contra Manuel Ruiz de Lopera.

Mientras la Fiscalía Superior de Andalucía estudia el asunto, el futuro de Alaya al frente de las macrocausas sigue siendo una incógnita, dada la guerra abierta en el seno del CGPJ respecto a si la juez debe terminar las investigaciones o marcharse a su nuevo destino en la Audiencia de Sevilla, una plaza que no hay que olvidar solicitó de forma voluntaria la propia instructora. Nadie puede ahora mismo poner la mano en el fuego sobre lo que ocurrirá con la juez.Unos días hay fuentes que apuntan que Alaya podrá seguir instruyendo las macrocausas al menos durante seis meses -que se le concederá una primera comisión de servicio- y otros días, en cambio, dicen que el CGPJ se inclina por no conceder dicha comisión, con lo que Alaya estaría previsiblemente a mediados de junio próximo en su nuevo destino de la Audiencia de Sevilla.

Los contactos y las presiones al más alto nivel, al nivel del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no cesan. Dicen que son muchas las llamadas que recibe relacionadas con este asunto. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reconocido que ha hablado con el presidente del CGPJ, en el marco de una relación “institucional y cordial”, pero ha negado presiones para apartar a Alaya del juzgado.

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La juez María Núñez Bolaños, nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla

En esa guerra de alta intensidad que se libra en el máximo órgano de gobierno de los jueces, unos intentan que se aparte a Alaya de las macrocausas que llevan bombardeando al Gobierno andaluz desde hace ya casi cinco años, y otros, en cambio, pretende que la magistrada siga adelante hasta finalizar su labor. 

Y en medio de esta escena entra la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y, precisamente por ese motivo, juez natural para conocer las causas y macrocausas asignadas a este órgano judicial. Si esta magistrada no llega a un acuerdo con Alaya para el reparto de las macrocausas, volverá a verse un espectáculo como el que protagonizó en su día la propia Alaya, cuando se negó a compartir los grandes casos con los dos jueces de refuerzo que le había enviado el TSJA (Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes), y que acabó con la salida de ambos refuerzos del juzgado y ella manteniendo su supremacía en todas las macrocausas. Alaya hizo valer entonces su condición de juez natural predeterminada por la ley para la instrucción de los macroprocesos, un principio que ahora parece haber caído en el olvido con la llegada de Núñez Bolaños.

A estas alturas y con todo lo que se ha dicho cabe pensar que ni Alaya está segura de dónde estará prestando servicio dentro de unas semanas.

 

La arriesgada apuesta de Alaya

Jorge Muñoz | 3 de mayo de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya ha demostrado en el último lustro que es una magistrada valiente, que no cede ante las presiones y que, como ella misma afirmó en su día en un auto, es una incansable. Con un pie en la Audiencia de Sevilla, al haber pedido de forma voluntaria una plaza de magistrado, Alaya ha solicitado ahora seguir instruyendo las tres macrocausas que aún siguen abiertas en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla: la de los ERE fraudulentos, los cursos de formación y la de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. La apuesta de Alaya es arriesgada y puede que, en esta ocasión, no se salga con la suya.

La lógica jurídica, que muchas veces ni es jurídica ni lógica, apunta a que lo razonable es que Alaya se quede para acabar la instrucción de los ERE, porque nadie como esta juez tiene actualmente tal conocimiento del voluminoso sumario como para rematarlo y la nueva titular, María Núñez Bolaños, que procede de un juzgado de Familia, necesitaría mucho tiempo para estudiarse esta macrocausa y además actualizar sus conocimientos en materia penal.

En cuanto a las otras causas, la decisión es más compleja porque las mismas están en una fase inicial de una instrucción que puede durar varios años, lo que cuestiona que sea Alaya y no la nueva titular del juzgado la que investigue estos asuntos. Porque no debe olvidarse el derecho al “juez predeterminado por la ley” que establece la Constitución Española en su artículo 24.2.

Si Alaya ya no es titular del juzgado a raíz de su decisión voluntaria –actualmente tiene una prórroga hasta la toma de posesión de María Núñez Bolaños-, su sustituta es la competente para la instrucción, salvo que se alcanzara al acuerdo y el consenso en el reparto de las macrocausas que propugna el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en el acuerdo al que llegó esta semana la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz para reforzar el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con hasta tres jueces –dos en comisión de servicio con relevación de funciones y un tercero, si fuera necesario, que procedería de los jueces de adscripción territorial-.

La cuestión sobre si Alaya debe seguir o no está dividiendo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre los que apuestan por la continuidad de Alaya, el ala conservadora, y los que quieren dejar el juzgado en manos de su nueva titular, los vocales progresistas.

El caso de Pablo Ruz

La polémica no es nueva, ya se repitió hace unos años cuando el entonces vocal del máximo órgano de Gobierno de los jueces y ex presidente de la Audiencia de Sevilla Miguel Carmona debía incorporarse cuando finalizara su mandato a su plaza en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Pablo Ruz llevaba años como juez de refuerzo investigando los casos Gürtel y Bárcenas.

Miguel Carmona recordó entonces que debe respetarse la figura del “juez ordinario predeterminado por la ley”, que en este caso era él una vez finalizara su mandato. Carmona dijo entonces que “sería imperdonable que por una precipitación” no se hicieran las cosas bien y eso diera lugar a posibles nulidades en un asunto de esta magnitud, al tiempo que pidió que se respete el principio del juez predeterminado por la ley y evitar que se pudiera decir que se ha actuado “con frivolidad o que se ha buscado un juez ad hoc“. Al final, Carmona fue nombrado juez de enlace en Reino Unido y Ruz continuó al frente del juzgado hasta la actualidad, cuando volverá a su juzgado de Móstoles al haber sido nombrado un nuevo titular, José de la Mata.

La situación relatada es parecida a la que se está gestando en el juzgado de Alaya. La apuesta de la magistrada de solicitar todas las macrocausas es, por tanto, arriesgada, porque puede ocurrir que el CGPJ o la juez titular no acepten que continúe con todas las investigaciones y mantenerla únicamente al frente de los ERE. Llegado el caso Alaya tendría dos opciones: aceptar quedarse con esa competencia limitada a una macrocausa o renunciar a la comisión de servicio y marcharse a su plaza en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Pero una renuncia de la juez a acabar el caso los ERE la dejaría en una mala situación de cara a la opinión pública, que tanto apoyo a su labor le ha manifestado estos años. Alaya, que en más de una ocasión ha demostrado que siempre va por delante de todo el mundo, seguro que ya ha barajado todas las opciones y sabe lo que debe hacer…