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“Guerra” de alto nivel por el control de las macrocausas

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2015 a las 6:00

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya llega a los juzgados de Sevilla.

 

El nombramiento de la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, en sustitución de la juez Mercedes Alaya ha desatado una auténtica guerra por el control de las macrocausas como los ERE fraudulentos y los cursos de formación. Se trata de una batalla que se libra al más alto nivel, en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de Gobierno de los jueces en el que están representadas las distintas sensibilidades políticas.
La decisión de la juez María Núñez de optar exclusivamente a la plaza del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –cuando había salido otro concurso para cubrir la vacante del juzgado de Instrucción 17– despertó diversas suspicacias, sobre todo, porque muchos pensaban que esta plaza sería para Álvaro Martín, que refuerza el juzgado de Mercedes Alaya desde hace varios años.
La sorpresa fue mayor cuando el pasado martes, de forma inesperada, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se sacó de la manga un “ambicioso” plan de refuerzo del juzgado de Alaya, que incluye la creación de dos comisiones de servicio para este juzgado y la posibilidad de incorporar un tercer juez si fuera necesario, con lo que este juzgado podría contar con hasta cuatro magistrados, una vez incorporada la nueva titular.
A partir de ahí, la propuesta del TSJA, que no deja de ser eso, una propuesta hasta que la santifique el CGPJ –que puede introducir modificaciones–, ha generado múltiples planteamientos: desde los que apuntan a que Alaya no seguirá instruyendo las macrocausas hasta los que piensan que sí lo hará. De hecho, ayer se confirmó que la juez va a pedir la comisión de servicio para seguir al frente de las macrocausas, aunque se desconoce si podrá seguir con una o varias, dado que mantener la instrucción de las totalidad de los procesos que tiene abiertos se antoja como una utopía.
Ésa es la guerra que libran actualmente los sectores progresistas y conservador del CGPJ, partidarios los primeros de apartar o limitar la intervención de Alaya en el futuro de las macrocausas, por cuanto la juez tomó una decisión voluntaria al solicitar su destino en la Audiencia, mientras que los segundos apuestan por su continuidad.
Después de más de cuatro años al frente de la causa de los ERE fraudulentos, la “lógica jurídica” impone que Alaya debe continuar, al menos, investigando este macroproceso. Nadie mejor que esta juez está en condiciones de rematar la instrucción, por varias razones entre las que destacan su grado de conocimiento del complejo sumario. Que la nueva titular se haga con los ERE generaría un mayo retraso, porque de entrada necesitaría varios meses para ponerse al día y actualizar sus conocimientos en materia penal, tras una década en un juzgado de Familia.
Cuestión distinta es que Alaya pueda seguir con otras macrocausas, como los cursos de formación, que están en una fase más inicial de la investigación.
En unas semanas la guerra llegará a su fin y dará paso a la paz, cuando se haga la redistribución del trabajo en el juzgado.