Archivos para el tag ‘Juez Mercedes Alaya’

Alaya manda y obliga

Jorge Muñoz | 13 de agosto de 2017 a las 2:00

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, con la toga, presidiendo un juicio con jurado.

La juez Mercedes Alaya, otrora instructora de las macrocausas como los ERE y los cursos de formación, nunca ha pasado desapercibida. Hace ya más de dos años que ya no ejerce de juez de Instrucción, tras su promoción como juez de la Audiencia de Sevilla y su expulsión de las macrocausas por el desencuentro con la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6, María Núñez Bolaños.
En este tiempo, Alaya se ha adaptado a su nueva situación como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, por cierto, el mismo tribunal cuyos magistrados se mostraron reacios en su día a su incorporación y mostraron su “profunda preocupación” por la “imagen” que podía darse de la Administración de Justicia dado que esta Sala es la encargada de resolver todos los recursos de los ERE.
Alaya está ahora integrada en ese mismo tribunal y entre sus nuevos cometidos está la labor de revisar la actuación de sus antiguos compañeros de instrucción, de los autos que dictan estos jueces archivando causas o rechazando la práctica de diligencias, por ejemplo.
Uno de los primeros asuntos que le fueron encomendados como ponente fue el de la mina de Aznalcóllar, donde Alaya ordenó reabrir la investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público a Minorbis.
Es en esta nueva faceta donde Alaya, cuando actúa como ponente de un asunto y por tanto es la encargada de la redacción de la resolución, está provocando un auténtico malestar entre algunos de estos jueces de Instrucción, que afean –en privado, claro– las formas que la magistrada utiliza a la hora de redactar esas resoluciones en las que expresa el sentido de la Sala. Alaya no sólo ordena que se hagan determinadas diligencias, sino que “obliga” a los jueces a que las hagan. Y es que el verbo tiene su importancia, mucha más a veces que el propio fondo del asunto. Un ejemplo. A Alaya le había correspondido resolver un asunto concreto, en el que además de la declaración de causa compleja –lo que supone la ampliación de la investigación por otros 18 meses–, se había cuestionado por una de las partes la práctica de algunas diligencias de prueba, que en su momento el juez de instrucción había desestimado.
Entre las pruebas solicitadas se encontraba la realización de un informe pericial económica. Alaya respondió de la siguiente forma, según puede leerse en el auto del que ha sido ponente: “Ya no se sugiere por esta Sala, sino que se obliga a su práctica al no haberse realizado en el momento oportuno dos años antes”.
Expresiones como ésta, con una imperativa contundencia que aparentemente resulta innecesaria, son las que han generado cierto malestar y crispación entre algunos de los jueces de Instrucción de Sevilla. Y es que, hasta para mandar, dirigir u ordenar hace falta saber y tener tacto, mucho tacto, sobre todo con quienes antes han sido tus iguales y que no han dejan de ser compañeros, con independencia del órgano en el que ahora estén unos y otros.

El anticipo de los ERE

Jorge Muñoz | 25 de junio de 2017 a las 2:00

ALAYA EN LA PICOTA

Rosell

 

La labor de un juez de Instrucción consiste en recopilar el mayor número de indicios o pruebas de la comisión de un delito, garantizando el ejercicio del derecho de defensa de los investigados y adoptando, en su caso, las medidas para proteger a las víctimas o a los perjudicados por esos delitos. En función de cómo haya sido esa instrucción, de la contundencia o no de las pruebas que se pongan a disposición del tribunal que debe enjuiciar el caso, habrá más probabilidades de que la sentencia acabe en una condena. Y a la inversa, si la instrucción no ha sido buena y se ha sustentado en meras conjeturas o sospechas, la posibilidad de una sentencia absolutoria está más que cantada.
A lo largo de mi carrera como cronista de los tribunales he asistido a centenares de juicios, desde los antiguos juicios de faltas a algunos de los procesos relevantes, y siguiendo el desarrollo de una vista oral, con la práctica de las pruebas, el interrogatorio de los acusados y de los testigos, cualquier persona puede llegar a hacerse una idea de los hechos, aunque es finalmente el tribunal el que decide si realmente hay delito o no.
Cierto es que, como dice Michael Connelly en su novela El Veredicto, un juicio es un concurso de mentiras, donde todo el mundo miente: los acusados, los testigos, los abogados e incluso los policías. De ahí la importancia que tiene la fase de instrucción a la hora de recopilar las pruebas que puedan contrarrestar la subjetividad de todos esos testimonios que se someten a la deliberación de los jueces.
Una juez de lo Penal de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha desmontado esta semana con contundencia una de las macrocausas que en su día abrió la mediática Mercedes Alaya, absolviendo a los diez acusados, entre ellos políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo, por la “fraudulenta e ilegal” –según Alaya– adjudicación del concurso para la venta de los terrenos de Mercasevilla. Se ha pasado de una instrucción en la que se hizo creer a la opinión pública, mediante vehementes y mediáticos autos y resoluciones judiciales, que había numerosas pruebas del presunto fraude a una sentencia que dice todo lo contrario: que no hay prueba alguna del “amaño”, de la “confabulación”, ni del “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a la constructora Sanma.
Un ejemplo. Cuando Mercedes Alaya imputó –el 7 de abril de 2011– al entonces primer teniente de alcalde y candidato de IU a las elecciones municipales de 2011 Antonio Rodrigo Torrijos –la imputación se hizo un mes y medio antes de la cita electoral–, lo hizo en un auto en el que la magistrada afirmaba que del resultado de las pruebas practicadas en esa instrucción se deducía la “responsabilidad y activa participación” de Torrijos en los asuntos de la Unidad Alimentaria y de “modo especial” en el proceso de adjudicación de los terrenos de la lonja a Sanma.
De esa “activa participación” que citaba Alaya podemos leer ahora en los 393 folios de la sentencia de la juez Yolanda Sánchez Gucema que hay una “escasa o nula participación” de Torrijos en los hechos, afirmando esta magistrada que ex portavoz de IU no participó ni intervino en los acuerdos entre Mercasevilla, Larena 98 y Sanma, ni mantuvo ningún contacto con los empresarios, ni tuvo ninguna intervención en el pliego de condiciones del concurso. Como declaró el propio Torrijos en su declaración en el juicio, lo único que hizo fue promover la fórmula del concurso público para evitar un “pelotazo urbanístico” en la operación de enajenación de los suelos del mercado mayorista.
La abogada de Torrijos, Encarnación Molino, criticó la instrucción “inquisitiva” y “viendo fantasmas donde no los había” en esta causa que comenzó a investigarse en el año 2009. Como el caso de Torrijos, sucede lo mismo con respecto a la ausencia de pruebas de su implicación en las supuestas irregularidades en los otros nueve acusados que también han sido absueltos de los delitos de fraude y exacciones ilegales, prevaricación y delito societario, por los que se enfrentaban a una condena de dos años de cárcel.
A la espera de la decisión que pueda adoptar ahora la Fiscalía de Sevilla, que dispone de un plazo de diez días para recurrir –aunque parece que el Ministerio Público no tiene muchos resquicios legales para plantear un recurso de apelación que pueda prosperar–, la sentencia supone un auténtico varapalo y un fracaso de la instrucción de Alaya, sin olvidar que la denuncia partió del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y fue avalada hasta el final por el propio Ministerio Público, que llegó a calificar el concurso como “un paripé”.
La absolución de todos los acusados es un verdadero mazazo para la tesis acusatorias que en su día dibujó Mercedes Alaya, porque en el caso de que la juez hubiera dictado alguna condena se había corroborado mínimamente la labor de la instructora, pero con una absolución total como la que se ha producido, las críticas por el calvario que han padecido todos los acusados durante esta larga instrucción y enjuiciamiento tras más de ocho años, se vuelven directamente hacia Alaya.
Lo cierto es que en los 393 folios de la sentencia no hay ningún reproche concreto a la instrucción de Alaya –que a la hora de analizar determinados aspectos puede incluso echarse en falta para comprender el sentido del fallo–, a la que ni siquiera menciona. Es más, la única vez en la sentencia en la que la juez habla de la instrucción es para defender a Alaya respecto a las cuestiones previas en las que se le atribuía una falta de imparcialidad por el hecho de que su marido, Jorge Castro, hubiese auditado las cuentas de Mercasevilla con anterioridad al inicio de esa investigación.

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla

La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dictó la absolución en el caso Mercasevilla.

La juez Yolanda Sánchez explica en la sentencia que no puede afirmarse que las defensas hayan mantenido “el rigor exigido” cuando apoyan sus argumentos sobre la ausencia de imparcialidad de Alaya en “meras alegaciones de irregularidades graves que, sin embargo, no identifican, ni detallan ni reseñan de forma pormenorizada”.
Pero la falta de reproches a la instrucción de Alaya en la sentencia no quita que, de la lectura de la misma, se aprecie que la juez rechaza la existencia de prueba o indicios de delitos y de ello se desprende que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria.
Es como si a Alaya se le desmoronaran todas las macrocausas, algo que también le ha pasado a otros jueces estrella a lo largo de la historia judicial más reciente. Su sucesora al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, la denominada “pieza política” de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que autorizó Alaya. No obstante, otras piezas de los cursos de formación siguen abiertas, como la del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.
El caso Mercasevilla es la segunda macroinvestigación de Alaya en la que se dicta sentencia. La anterior también estaba relacionada con la empresa pública del mercado mayorista, en concreto, con la petición de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería.
En esa causa, Mercedes Alaya procesó a cuatro personas, pero un jurado popular, primero, y el Tribunal Supremo, después, absolvieron a dos de los acusados, uno de ellos el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Sólo fueron condenados, finalmente, al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet –que ahora ha sido absuelto de la venta de los suelos– y Daniel Ponce.
De los 14 procesados por la juez Alaya en estos dos asuntos, sólo dos de ellos han sido condenados y los otros doce han sido exculpados. Dos condenas y doce absoluciones no parece una gran estadística para una instructora de grandes procesos, ni tampoco para la Fiscalía, pero sobre todo lo relevante, más allá de la cifra de imputados, es cómo se argumenta la absolución en el proceso de la enajenación de los suelos.
Una tercera causa, que en realidad es la primera de gran relevancia que comenzó a instruir Mercedes Alaya, está siendo actualmente enjuiciada en la Audiencia de Sevilla: la investigación por el delito societario al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, que está acusado junto a otras siete personas y se enfrente a una petición del fiscal de tres años de cárcel.
También está en investigación, aunque en la Audiencia Nacional, la macrocausa de la operación Madeja, en la que se investiga el pago de mordidas a funcionarios por parte de la empresa Fitonovo y en la que hay 107 imputados. En este macroproceso, que también se inició por parte de Alaya, el juez José de la Mata ya ha anunciado que la instrucción finalizará en noviembre próximo.
Sin duda la macrocausa más importante que instruyó Alaya es la relacionada con el escándalo de los ERE fraudulentos, en la que implicó a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Esta misma semana se ha conocido la fecha del juicio por el denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas bajo sospecha y que arrancará el 13 de diciembre próximo. Además de los ex presidentes, están acusados otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

El tribunal que enjuiciará  a los ex presidentes Chaves y Griñán

El tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán.

La absolución de los diez acusados por la venta de los suelos de Mercasevilla puede entenderse hasta cierto punto como un anticipo de lo que puede ocurrir con el caso de los ERE, que podría acabar con un resultado similar –con absoluciones de los acusados– si el tribunal encargado de enjuiciar la causa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, llegara a apreciar las mismas supuestas deficiencias en la instrucción que se han revelado con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla.
Si los magistrados que tienen la difícil misión de analizar estos hechos advierten esa misma falta de indicios o pruebas que se ha apreciado de forma tan clara y rotunda en Mercasevilla, la macrocausa podría derivar en la absolución de parte o muchos de estos 22 ex altos cargos, como por ejemplo los ex presidentes, de los que habría que probar sin ningún género de dudas que tenían conocimiento de que se estaba utilizando durante una década un procedimiento inadecuado para la concesión de las subvenciones públicas; que tenían conocimiento además de que se estuviera produciendo un menoscabo de fondos públicos; y que a pesar de ello no realizaron ninguna actuación para evitarlo.
Esa presunta responsabilidad podría centrarse sobre los altos cargos más próximos a la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, encargada de la concesión de las ayudas, pero también es cierto que a medida que se asciende en la organización de la Junta y en el Gobierno andaluz ese posible conocimiento sería más complicado de acreditar con la contundencia que exige una condena penal.
El problema es que los altos cargos que salgan finalmente absueltos ya habrán sido condenados a seis, ocho o diez años de instrucción –de momento los ex presidentes llevan cuatro años imputados–, con la consiguiente pena de banquillo o de telediario que ello conlleva. Y de daños y perjuicios colaterales e irreparables.

El descrédito de la UCO

Jorge Muñoz | 18 de junio de 2017 a las 2:00

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

La marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia de Sevilla y la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio a la hora de valorar los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Surgieron entonces las primeras críticas a los atestados elaborados por esta unidad especializada, unas críticas que Bolaños transformó en auténticos reproches en el auto en el que archivó la denominada “pieza política” de los cursos de formación, donde la juez no dudó en afirmar que estos agentes habían cometido “errores” y criticó que la investigación había surgido “sobre la teoría o hipótesis elaborada por la UCO” en sus atestados.
Más recientemente, Bolaños ha vuelto a reprochar, esta vez en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, que esta unidad plantee “teorías o hipótesis” en sus atestados. La magistrada asegura que la labor de esta unidad debe consistir en primer lugar en “confirmar o descartar si existen las irregularidades denunciadas o, por el contrario, son sólo unas conclusiones que se obtienen de interpretaciones erróneas en la aplicación de las normativas complejas, entrelazadas, que deben ser interpretadas de forma conjunta, y no aisladamente”.
Bolaños advierte en ese auto que “no sería la primera vez que en la interpretación y aplicación de normativas administrativas se constata el error interpretativo y la insostenibilidad de las hipótesis formuladas”.
De hecho, uno de los principales errores de la UCO se produjo cuando cifró erróneamente el presunto fraude en los cursos de formación en 3.000 millones de euros. Esta cifra en realidad se correspondía con la totalidad de las ayudas concedidas, pero la Guardia Civil estableció un silogismo equivocado al considerar que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.
La Fiscalía Anticorrupción aclaró perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos , al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo había prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.
Las críticas a la actuación de la UCO sólo se habían producido hasta ahora en las macrocausas que se investigan en Sevilla, pero la imagen de la unidad ha sufrido un nuevo varapalo desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco descartara actuar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que la UCO había solicitado en dos informes que se la investigara en una de las piezas de la trama Púnica en la que se analiza la financiación del PP de Madrid.
La UCO implicaba a Cifuentes en supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con los contratos de adjudicación –Cifuentes fue presidenta de la mesa de contratación en esa época– del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 al Grupo Cantoblanco, del ex presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.
El juez de la Audiencia Nacional no ha visto elementos para proponer la imputación de la presidenta madrileña ni cree que las posteriores diligencias apunten en ese sentido.
Cristina Cifuentes, por su parte, calificó ese informe de la UCO como una “sucesión de juicios de valor sin ningún fundamento”.
Los ERE, los cursos de formación, y ahora también la Púnica… ¿Por qué le llueven ahora tantas críticas a la UCO? Lo cierto es que las críticas no son nuevas y, de hecho, ya en el año 2014, uno de los abogados defensores del caso de los ERE, Juan Pedro Cosano, fue sancionado con 3.000 euros por una “falta de respeto” a la juez Mercedes Alaya, que por entonces dirigía la investigación, por haber censurado la actuación de la magistrada en un escrito en el que la UCO tampoco salía bien parada.
Juan Pedro Cosano escribió en un recurso presentado en la Audiencia de Sevilla que en el caso de los ERE –durante la época de Alaya– se recurría constantemente a la Guardia Civil “no como un cuerpo auxiliar que se limita a formular atestados con simple valor de denuncia, sino que se la conceptúa como un auténtico oráculo”, a lo que añadió: “lo que por la Guardia Civil se escribe es verdad, va al cielo y no se le aplica la humana capacidad de la crítica”.
Y no le faltaba razón al letrado y escritor, porque con Alaya de instructora lo que la Guardia Civil ponía en blanco sobre negro en un atestado era incuestionable. La entonces instructora de los ERE acogía esa argumentación sin cuestionar ninguna de las afirmaciones que se recogían en dicho informe y a continuación reproducía y plasmaba el contenido de esos atestados en un auto en el que adoptaba una decisión relevante, ya fuese para acordar nuevas imputaciones en la macrocausa o para trazar la línea que debía seguir la investigación.
La estrecha colaboración entre la juez Alaya y los agentes de la UCO se prolongó durante casi cinco años, desde que la magistrada decidió arrebatar la investigación de los ERE a la Policía Nacional para entregársela a esta unidad de la Guardia Civil. A este caso siguieron otras operaciones como la Madeja y la Enredadera, o las irregularidades en las ayudas a la formación, los avales y préstamos de Idea, etc. En todas estas operaciones intervinieron los agentes de esta unidad de élite, llegando Alaya y la UCO a una simbiosis perfecta, en la que cada uno alcanzaba sus objetivos.
Tanto Alaya como esta unidad tenían en común que les gusta trabajar solos y sin interferencias. Y ésta es una de las principales diferencias que se observan ahora que la juez María Núñez Bolaños lleva dos años al frente de las macrocausas. Bolaños ha logrado ha montado un auténtico equipo en su oficina judicial, con los funcionarios destinados en su juzgado, y ha recordado a la UCO que están para auxiliar a las magistradas en una instrucción cuya dirección es competencia exclusiva de la juez, no de los cuerpos policiales.

Lopera y el escáner

Jorge Muñoz | 23 de abril de 2017 a las 2:00

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Lopera a su llegada a la Audiencia de Sevilla.

Decía en esta misma sección la semana pasada que el escáner y el arco detector de metales de los juzgados son la puerta de entrada a un mundo desconocido, lo que generaba que se produjeran numerosas escenas divertidas y anecdóticas. Esta semana se inició el juicio por el denominado caso Betis, la presunta apropiación indebida que se atribuye al que fuera mandatario bético Manuel Ruiz de Lopera, quien acudió a la Audiencia de Sevilla para asistir a la primera sesión del juicio, en la que se plantearon las cuestiones previas por parte de las defensas de los ocho procesados.
La llegada de Lopera a la sede de la Audiencia de Sevilla provocó una gran expectación mediática. Eran numerosos los periodistas, reporteros gráficos y cámaras de televisión los que aguardaban al ex dirigente verdiblanco. Tras pasar la barrera mediática, Lopera, que no era la primera vez que entraba en una sede judicial, se topó con el control de seguridad. Guardias civiles y vigilantes de seguridad, y cómo no, con el escáner y el arco detector de metales.
Lopera estaba haciendo cola, como los restantes ciudadanos, y cuando le llegó el turno, lanzó una pregunta a los funcionarios:
–¿Qué tengo que hacer para pasar?
–Suelte usted todo lo metálico que lleve encima: monedas, teléfono, reloj, … –respondieron los funcionarios.
Pero antes de que terminaran de repetir la retahíla de objetos que pueden hacer que el escáner pite –y que suelen pronunciar en numerosas ocasiones a lo largo de la mañana–, Lopera cogió y comenzó a quitarse la chaqueta con la intención de introducirla en el escáner.
–¡Don Manuel, no se quite usted la chaqueta! ¡Que lleva al Gran Poder, no vaya a meter al Señor por el escáner! –replicó el atento funcionario.
Y es que, como es habitual en el ex mandatario verdiblanco, esa mañana llevaba en las solapas de su chaqueta dos pines de sus dos grandes pasiones: el señor del Gran Poder y el Real Betis.
Lopera se echó a reír ante el comentario que le hizo el funcionario de la Audiencia de Sevilla, pero al final pasó la chaqueta –y con ella el pin del Gran Poder– por el escáner.
No cabe duda de que el ex dirigente del Betis es un personaje singular de Sevilla y del mundo del fútbol, que no deja indiferente a nadie. Lo mismo provoca simpatías que repulsas, pero de lo que no cabe duda es de su ingenio y chispa.
A su llegada a los juzgados y, probablemente desatendiendo las recomendaciones de su plantel de abogados del bufete Montero-Aramburu, Lopera no dudó en atender a la prensa.

Además se mostró “tranquilo” porque “no ha hecho nada malo”. Y luego, como no podía faltar, se encomendó de nuevo al Señor de Sevilla, tras recordar su actuación con el Betis en 1992. “Lo salvé de la muerte y encima me han correspondido con este castigo, pero Dios está arriba y no tengo nada que temer. Me he encomendado en este juicio a mi Gran Poder de mi alma, al que visito todas las semanas; también a mi Cautivo, que también lo visito todas las semanas, y a mi Macarena. Lo único que quiero, Padre Mío, es que digan la verdad… que Tú obres con la verdad”, aseveró el ex mandatario verdiblanco.
Todo esto en la primera sesión de un juicio que no ha hecho nada más que comenzar y del que se han programado 24 sesiones entre los meses de junio, julio, septiembre –para en agosto por las vacaciones– y octubre.
Todo apunta a que Lopera dará grandes tardes, o mañanas, en este juicio, en el que ya se aguarda con expectación el momento de su declaración, previsto inicialmente para el próximo 5 de junio, dado que ahora sólo se están tramitando las cuestiones previas al inicio de la vista oral. Y todavía, según algunos, habría incluso posibilidad para tratar de negociar un acuerdo in extremis con la Fiscalía y las acusaciones particulares que evite el proceso, aunque a priori parece imposible porque para ello Lopera tendría que reconocer la comisión de algún delito que hasta este momento ha venido negando con rotundidad. Aunque para eso está el aforismo que reza que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La juez Alaya respalda de nuevo a la UCO

7-_91A0750
*La magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya ha vuelto a respaldar la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con la que mantuvo una estrecha colaboración en su estapa de instructora de las macrocausas. Ahora en la Audiencia y apartada de los ERE y de los otros macroprocesos, la juez que ha sido designada como ponente para resolver los recursos en la investigación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha confirmado la decisión de la instructora de autorizar la entrega y volcado de miles de correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios que intervinieron en el proceso administrativo. Para Alaya, en una postura secundada por otros tres magistrados de la Sala, la entrega de los correos no supone una investigación “prospectiva” ni indiscriminada, como habían denunciado las defensas. Aun así, veremos como estos correos van a ser una mina de información en manos de la UCO.

 

El caso de los ERE acumula ya 345 tomos

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*La macrocausa de los ERE que ahora investiga la juez María Núñez Bolaños sigue sumando miles de folios por momentos. Esta misma semana, el juzgado ha abierto el tomo 345. Sí, no es una errata tipográfica. La macrocausa principal (las diligencias 174/2011) de la que se han ido separando las distintas piezas, una por cada una de las ayudas, tiene ya 345 tomos, lo que traducido en folios son decenas de miles.

La misma historia de siempre

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

Una sesión del juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla.

La Fiscalía de Sevilla dio ayer un 50% de probabilidades para la absolución de Antonio Rodrigo Torrijos, al estimar que el posible delito societario que le imputa de forma alternativa –sigue manteniendo su petición de condena de dos años por fraude y exacciones ilegales– está prescrito. Es decir, si la juez considera que las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla no constituyen un delito de fraude y exacciones, Torrijos será absuelto con toda probabilidad.
Y es que, a tenor de lo que se ha visto en las 16 sesiones del juicio celebradas hasta ahora, no habría elementos para argumentar una posible condena de Torrijos y de los otros acusados. Todo son sospechas y conjeturas, teorías de la conspiración construidas durante la larguísima instrucción de la juez Mercedes Alaya, pero sin que haya una certeza de que hubo un pacto para beneficiar a Sando.
Todos los acusados y todos los testigos –incluidos los representantes de la sociedad estatal Mercasa– han defendido la legalidad del pliego de condiciones del concurso y de las polémicas cláusulas que según la Fiscalía fueron incluidas para favorecer a la constructora. De hecho, el fiscal asegura que los tres acusados que elaboraron el pliego lo hicieron “a la medida de los intereses de Sando” en virtud de un protocolo de intenciones que habían negociado previamente Mercasevilla y esta empresa.
El único elemento que juega en contra de una posible absolución es el testimonio del inspector de Policía que investigó las presuntas irregularidades y que afirmó en la vista oral que el concurso estaba “predeterminado” y “manipulado” para favorecer a esta empresa sobre las demás.
Al final puede ocurrir la misma historia de siempre. Que grandes instrucciones se desinflan al someterse al filtro de la vista oral, donde salen a la luz las posibles deficiencias de la instrucción. Si hay absolución finalmente, dará igual. El daño a los acusados ya está hecho.

Los jueces no trabajan con papel

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2017 a las 2:00

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños.

 

Hace años que no veía una reflexión tan profunda y acertada en un auto de un juez de Instrucción. Estamos acostumbrados a ver imágenes de los juzgados colapsados, con pilas y montañas de papel con expedientes judiciales que se amontan por los suelos porque las estanterías se han quedado pequeñas. Estamos acostumbrados a que los jueces fijen la celebración de juicios con hasta más de dos años de retraso desde que se presenta una demanda. Estamos acostumbrados a las interminables instrucciones que, por unos motivos u otros, se prolongan durante años, y así ya ni siquiera nos resulta extraño que un juicio como el de Mercasevilla se celebre ocho años después de que se iniciara la instrucción, o que suceda lo mismo con la vista oral por la causa del delito societario de Real Betis, por no hablar del escándalo de los ERE fraudulentos, del que tan sólo se han acabado las primeras piezas.
Y estos son sólo algunos de los casos más sonados y mediáticos, porque los juzgados tramitan miles y miles de asuntos que afectan a los ciudadanos. Por eso, en esa nebulosa de procedimientos judiciales puede ocurrir que los ciudadanos a los que afectan esos procedimientos se conviertan en un número más, o en más papel, como acertadamente ha puesto de manifiesto esta semana la juez María Núñez Bolaños.
La magistrada ha hecho esta reflexión en un nuevo auto en el que ha ratificado el archivo de la denominada “pieza política” de la macrocausa de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios, algunos de los cuales fueron detenidos de forma espectacular por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en presencia de sus familiares y en algún caso incluso cuando se disponían a llevar a sus hijos al colegio.
Bolaños ha recordado en ese auto el daño causado a personas cuya “honorabilidad y profesionalidad” ha sido cuestionada con esa operación policial y la consiguiente actuación judicial que se prolonga ya desde hace casi dos años. “Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”, aseguraba Bolaños criticando la intervención en esta causa de la acusación popular que ejerce el PP-A.
Pero el daño no sólo se ha causado, según explica la magistrada, a los imputados en la causa de la formación. Bolaños alerta del “grave perjuicio” que se ha causado a “muchas familias” andaluzas, “cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. Es decir, gestores públicos, empresas especializadas en la formación y los propios ciudadanos se han visto perjudicados por una actuación judicial-policial con la que Bolaños se ha mostrado muy crítica, por cuanto la investigación parte de un “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que son también “avaladas” por la acusación que ejerce el PP.
Los jueces están saturados de trabajo, tienen unos sueldos ridículos para la responsabilidad que tienen encomendada y encima no siempre disponen de los medios personales y materiales adecuados para realizar su labor. Pero lo que no pueden olvidar nunca, como ocurre en otras profesiones como la sanitaria, que sus decisiones afectan a personas. No a papeles.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Dos autos, dos críticas a Mercedes alaya
*Dos autos de Bolaños que atacan con vehemencia la labor realizada por Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas. Si Alaya acuñó la terminología de la “pre-imputación”, cuando dictó aquel auto en el que daba traslado de la imputación a los ex presidentes Chaves y Griñán, Bolaños va camino de convertirse, si no lo es ya, en una experta en la gestión y división en piezas de las macrocausas que tanto gustaban a su antecesora. Bolaños también está comenzando a gustarse a la hora de reflejar sus pensamientos, argumentos y opiniones en los autos –no olvidemos que los jueces siempre hablan a través de sus resoluciones– y hasta ha acuñado la expresión “criterio operativo” para referirse a las distintas formas de actuar y marcar las diferencias con la etapa de Alaya. Decían que Alaya solía leer todo lo que se publicaba de ella en la prensa cuando dirigía las macrocausas y si sigue haciéndolo a buen seguro que no le habrán sentado bien las críticas de Bolaños. Aunque también hay quien dice que Alaya no presta atención a las críticas. Sea como fuere, María Núñez Bolaños le ha lanzado en menos de una semana dos auténticos torpedos a modo de auto a su forma de instruir las macrocausas. El primero, en la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, donde Bolaños ha lamentado las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado”, al reclamar una ingente documentación e intentar investigar “todas las ayudas y todas las empresas sin ningún filtro o criterio de pertinencia o legalidad”. En el segundo torpedo, en relación con los cursos de formación, ha cargado contra las teorías “sobre conspiración y tramas delictivas” impulsadas, según explica la juez Bolaños, por la UCO de la Guardia Civil y la propia Mercedes Alaya.

CONFERENCIA DE LA JUEZA MERCEDES ALAYA EN UNIVERSIDAD DE GRANADA

La juez Mercedes Alaya, en una reciente conferencia en Granada

El PP continua con los recursos

*Bolaños también ha criticado al PP por los recursos que presenta en las distintas macrocausas, pero las críticas no hacen mella en los populares, que esta misma semana han vuelto a recurrir otro auto de archivo de Bolaños, en este caso por sobreseer la causa contra el ex diputado vasco del PSOE Antonio Aso Martínez, que estaba imputado por los ERE en relación con las ayudas a Cenforpre. Los populares argumentan la “inexistente” motivación del auto, en el que en sólo un párrafo Bolaños descarta la participación dolosa del ex diputado.

 

Alaya, Lopera y 2.000 euros

Jorge Muñoz | 7 de diciembre de 2016 a las 6:00

lopera

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

La juez Mercedes Alaya, esta semana en la Audiencia de Sevilla.

 

Alaya, Lopera y 2.000 euros. Una extraña ecuación a la que hay que sumar a Francisco Estepa, el que fuera administrador judicial del Betis y su polémico nombramiento por su amistad con el marido de la juez. Vayamos por partes. El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso contencioso-administrativo del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, en el que impugnó el archivo de la queja presentada contra la juez Mercedes Alaya ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por su actuación al nombrar a Estepa como administrador judicial de la entidad. En ese recurso, Lopera solicitaba la incoación de diligencias informativas o alternativamente que se abriera un expediente disciplinario contra la magistrada para el pleno esclarecimiento del “modo irregular de designación de los administradores judiciales” en el marco de la causa abierta por el delito societario.

Lopera se quejaba de la designación de Francisco Estepa como administrador judicial del Betis, alegando que éste había sido abogado defensor del marido de Alaya, Jorge Castro, cuando éste tuvo que declarar ante un juez por su trabajo en la administración de los laboratorios Pérez Jiménez.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal, que tiene fecha del pasado 15 de noviembre, ha desestimado el recurso de Lopera contra el archivo de la queja acordado en enero de 2015 y en consecuencia, dada la “manifiesta improcedencia” del recurso, ha impuesto al ex dirigente del Betis la condena a pagar las costas procesales, que no podrá exceder de los 2.000 euros, según precisa el fallo.

francisco Estepa,administrador judicial del betis en los juzgados

Además de las supuestas irregularidades procedimentales producidas en el nombramiento de Francisco Estepa, Lopera se quejaba en el recurso de las afirmaciones realizadas por la juez Alaya en el auto dictado el 23 de octubre de 2014, en el que la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sostuvo que la relación entre su marido y el administrador judicial estaba basada en “bulos periodísticos”. La magistrada añadió que la única relación entre ambos era la “normal coincidencia” de que ambos “desarrollan su actividad profesional como administradores concursales, como otros miles de profesionales”.
Sobre el primero de los motivos esgrimidos por la defensa de Lopera, el Supremo señala que “las transgresiones que, hipotéticamente, se hayan producido han de ser rectificadas mediante el ejercicio de los recursos jurisdiccionales pertinentes, y no por la vía disciplinaria, al tratarse de una actuación estrictamente jurisdiccional”. Es por ello que, según los magistrados, Lopera debió ejercitar los recursos contra la designación de Estepa que el ordenamiento prevé.
Con respecto a las manifestaciones recogidas en el auto, el Supremo aclara que “la parte recurrente no puede desconocer que el nombramiento no fue impugnado por ella, lo que obliga a extraer determinadas conclusiones sobre su propio consentimiento en el nombramiento cuestionado”.
En cualquier caso, el Alto Tribunal sostiene que las circunstancias sobre el nombramiento de Francisco Estepa y sus relaciones con el cónyuge de la juez “no son personales de ésta, sino de su cónyuge, lo que impide aplicar a la juez, por extensión, circunstancias de abstención que no concurren en ella sino en su cónyuge y mucho menos si no se muestra de modo razonable que tales circunstancias son extensibles también a la juez”. Así, la sentencia argumenta que más allá de los supuestos de abstención y recusación de los jueces previstos en la ley, siempre de naturaleza personal, “es preciso aportar datos de mucha mayor entidad que los que obran en este litigo para que pueda ser cuestionada exitosamente la imparcialidad del juzgados y su deber de abstención”.
La defensa de Lopera había alegado que existió un “funcionamiento anormal” del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al haber “ocultado a las partes el modo de selección y designación de los administradores judiciales” y por haber introducido “hechos inveraces en sus resoluciones”.
No cabe duda de que Francisco Estepa fue abogado del marido de Alaya, el auditor Jorge Castro, y que en noviembre de 2012 lo representó en relación con su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez, que investigaba un juzgado de Posadas (Córdoba). El propio Francisco Estepa emitió un comunicado de prensa en el que reconoció que trabajó con el marido de la instructora durante el concurso de acreedores de estos laboratorios.
Cuando Lopera presentó una queja por estos hechos ante el CGPJ, Alaya remitió un informe en el que señalaba que la relación entre Estepa y su marido fue “estrictamente profesional” y aclaraba que no conocía personalmente a Estepa antes de su designación, “ignorando todo lo que a él se refería hasta que por diferentes ámbitos de su confianza le fue mencionado como excelente profesional”, relata la sentencia del Alto Tribunal.
Según Alaya, la selección de Estepa se hizo como en otras ocasiones, recabando nombres de personas que reunieran tales capacidades y que a la vez ninguna relación tuviera con las partes del procedimiento. Fruto de esa “cuidada selección”, se eligió a Estepa como administrador judicial de las acciones de Farusa, nombrándole mediante auto del 20 de enero de 2014, que “no fue recurrido”.
Por tanto, en el momento de dicho nombramiento y del dictado del auto de 23 de octubre, Alaya sólo conocía que Estepa y su marido dedicaban parte de sus actividades a ser administradores concursales y que habían “coincidido” como tales profesionales en algún asunto. Según Alaya, con motivo de la queja de Lopera ante el Consejo conoció “algo más, pero nada que enturbie su imparcialidad en los hechos objeto de la causa, ni que le haga tener un interés personal o especial en que Estepa sea administrador judicial”.

Bolaños no es ‘archivator’

Jorge Muñoz | 27 de noviembre de 2016 a las 5:00

La juez Bolaños llegó con el doble marchamo de amiga de la Junta y presunta archivadora de las distintas macrocausas que durante más de cuatro años investigó Mercedes Alaya, a la que el TSJAy el CGPJ dejaron fuera de estas investigaciones precisamente por las críticas a su sucesora y la más que previsible falta de colaboración con la misma.
La juez Bolaños ha tomado esta semana una decisión que, evidentemente, tumba el falso mito de que venía a hacerle favores al Gobierno andaluz y al PSOE, con todo lo que este tipo de acusaciones infundadas representan de cara a la imparcialidad e independencia que se presume de todos los jueces. Bolaños no es archivator, el arma definitiva que viene a sobreseer todas las causas que afectan a los socialistas.
La juez ha elevado esta semana al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una investigación para que este tribunal investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario de organización de los socialistas sevillanos, Carmelo Gómez, en relación con los supuestos “contratos simulados” con las empresas del entramado dirigido por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas. En ese dictamen, Bolaños ha incluido asimismo al ex concejal en elAyuntamiento de Sevilla José Antonio García y a la nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Un auto que anula las críticas que ha recibido prácticamente desde antes de entrar en el juzgado.
Alaya llegó a decir de Bolaños, en un informe remitido al máximo órgano de gobierno de los jueces, que tenía una “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, además de “escasos conocimientos” de la jurisdicción penal, tras haber pasado muchos años como juez de familia.
La magistrada que inició las macrocausas se cebó con vehemencia con su sucesora y legítima nueva titular del juzgado –Bolaños era la más antigua en el escalafón de la carrera para pedir la plaza–, al asegurar que la instrucción de Bolaños en la causa de los cursos de formación “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”.
Y es cierto que Bolaños ha dado carpetazo a la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que estaban imputados varios ex altos cargos de la Junta destinados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y en las ocho delegaciones provinciales. Pero también es cierto que no fue una decisión que la juez adoptara de oficio, puesto que viene avalada por un contundente informe nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción en el que se descartaba claramente la supuesta “red clientelar” que en su día advirtieron la propia Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ahora depende del juez de la Audiencia de Sevilla José Manuel Holgado, que ha sido designado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El que fuera alcalde de Sevilla fue además quien denunció en los tribunales el caso Mercasevilla, germen de los ERE y de las demás macrocausas que hicieron tan popular a Alaya.
Zoido ha pasado de denunciante del caso a dirigir la unidad que lo investiga. Curiosas las vueltas que da la vida, pero en el caso del nuevo titular de la cartera de Interior nadie ha cuestionado, al contrario de lo que se hizo con la nueva titular del juzgado, que pudiera influir en el curso de las pesquisas policiales.
Bolaños también ha archivado una pieza de los ERE, la relacionada con la ayuda de 1,3 millones concedidas a Azucareras Reunidas de Jaén, porque entiende que en este caso no hay delito. Se trata de la primera vez que la instructora ha sobreseído una pieza por este motivo, no porque haya prescrito el delito, aunque en este caso no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado un recurso de apelación al considerar que esta decisión es “apresurada y precipitada”.
Y este archivo, como el de los cursos de formación, es verdaderamente trascendente, porque si la Audiencia lo confirma –cosa que se me antoja a priori difícil– podría provocar una avalancha de archivos de otras muchas causas relacionadas con ayudas a empresas en crisis, en las que no haya intrusos y en las que, prescindiendo del sistema empleado, pudieran haberse podido conceder.
Como titular del juzgado, Bolaños decidió entregar la principal pieza de los ERE al juez de refuerzo Álvaro Martín, quien finalmente ha acabado procesando a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán junto a otros 24 ex altos cargos.
Dos archivos importantes y dos autos de procesamiento que no lo son menos. O dos de cal y dos de arena.Mientras siga actuando en conciencia no podrá colgársele el sambenito de Archivator.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La muerte de esta semana de un infarto de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá ha hecho saltar muchas alarmas. La ex senadora del PP falleció tan sólo dos días después de prestar declaración ante el Tribunal Supremo en el marco de la operación Taula. Su muerte ha hecho reflexionar a parte de la clase política. Desde su propio partido, representantes como el ex presidente del Generalitat valenciana Francisco Camps han criticado que el PP no arropara a la ex regidora. Hay quien dice que la muerte de Barberá puede marcar un ante y un después en la forma de actuar ante este tipo de causas tan mediáticas.

Rita Barberá: No he contribuido a ningún blanqueo de dinero ni lo he ordenado

El abogado de Rita Barberá, José Antonio Choclán, pidió precisamente tras conocer el fallecimiento de la senadora una reflexión ante la presión que sufren las personas que se ven sometidas a una investigación penal y que, según dijo, son “vapuleadas” de forma pública. “Nadie sabe” los niveles de presión que se experimentan en estos casos los imputados. El caso de Rita Barberá, como el de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados por el escándalo de los ERE fraudulentos junto a otros 24 ex altos cargos de la administración autonómica, son dos buenos ejemplos de cómo en muchas ocasiones la sociedad dicta sentencia antes de que lo hagan los jueces, olvidando el derecho a la presunción de inocencia que ampara a todos los ahora llamados investigados, también a los políticos. D. E. P. Rita Barberá.

 

La investigación de la mina se ‘Alayiza’

Jorge Muñoz | 6 de noviembre de 2016 a las 5:30

UN DETENIDO EN LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA Y REGISTROS EN VARIOS AYUNTAMIENTOS

 

A ningún juez de instrucción le gusta que un órgano superior le corrija, enmiende, anule o tumbe sus resoluciones o planteamientos. Pero una vez que esa decisión del tribunal superior se produce, el instructor está obligado a acatarla. Es lo que le ha pasado a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, con la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La juez archivó la denuncia de Emerita, la empresa perdedora de un concurso que ganó la sociedad Minorbis-Grupo México y ese sobreseimiento fue solicitado por la Fiscalía de Sevilla, que no apreció indicios de prevaricación en la actuación de los responsables y funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
El archivo fue recurrido ante la Audiencia deSevilla y el recurso recayó en la Sección Séptima, correspondiendo la ponencia a la magistrada Mercedes Alaya, instructora tan sólo unos meses atrás de las distintas macrocausas que se investigan en otro juzgado de Sevilla:el número 6. Alaya y otros tres magistrados decidieron en octubre pasado reabrir la investigación y ordenar la práctica de una serie de diligencias.
El varapalo que ha sufrido la instructora le ha llevado a tomar nuevas decisiones importantes relacionadas con el curso de la investigación. La más trascendente, en principio, consiste en la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que Patricia Fernández ha encomendado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y sus recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
La labor que había desarrollado la Policía no quedó bien parada con el auto de archivo inicial. Desde el principio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) envió atestados avalando la postura de la empresa denunciante. El primer revés a las tesis policiales, que abrieron los ojos de la instructora, lo dieron las defensas de los imputados con motivo del interrogatorio del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que realizó un informe para la Policía asegurando que había “errores aritméticos” de bulto en el proyecto presentado por Grupo México-Minorbis.
La sorpresa llegó cuando le testigo le dijo la juez que la Udef le entregó únicamente “seis folios” de los 3.000 que tenía el proyecto para elaborar ese dictamen.
Ese informe encontró una réplica en otro elaborado por la consultora de ingeniería y arquitectura Ayesa que aseguraba que sus cálculos sobre el proyecto de gestión del ciclo del agua aportados por Minorbis eran “correctos” y acusaba al experto ornitólogo de haber cometido un “grave error metodológico”.
Ahora la juez de Instrucción número 3 ha sustituido a la Policía por los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un cambio que sin duda habrá agradado a la juez Mercedes Alaya –la ponente que deberá estudiar todos los recursos que se planteen en esta instrucción–. No hay que olvidar que esta unidad colaboró estrechamente con Alaya en su etapa de instructora de la macrocausa de los ERE, la de los cursos de formación, o la investigación de delitos relacionados con la empresa pública mixta Mercasevilla.
Y Alaya también decidió en su día retirar la investigación al mando policial que había iniciado las pesquisas de los ERE y que curiosamente es él mismo que se estaba encargando hasta ahora de investiga el concurso de la mina. Alaya quitó a la Policía y entregó la investigación a la UCO. La historia se repite ahora con la titular del juzgado de Instrucción número 3.
Hay quien se pregunta en estos momentos sobre los derroteros que puede tomar ahora la instrucción del caso Aznalcóllar, una vez conocida la tendencia a las macroinvestigaciones espectaculares por parte de esta unidad de élite de la Guardia Civil.
No obstante, la juez ha tratado de delimitar esas pesquisas a la realización de un informe sobre ese “papel real” que pudo jugar Minorbis, ante la posibilidad que se denuncia de que hubiera actuado en el concurso como “mero intermediario” para procurar la adjudicación a una tercera entidad, controlada por una filial de Grupo México.
En este proceso de Alayización de la causa de Aznalcóllar, sólo queda por saber si la instructora aceptará la sugerencia que le hizo la Audiencia con respecto a la forma de tomar las declaraciones, dado que la instructora suele grabarlas y el tribunal (Alaya siempre se negó a grabarlas) considera que es mejor que se levante un acta, como se ha hecho toda la vida en los juzgados. “Esta Sala, en relación a las declaraciones que en lo sucesivo hayan de tomarse, sugiere al juzgado, dada la complejidad de la causa y por ello su dificultad de estudio, que aquéllas se practiquen mediante acta levantada por el señor letrado de la administración de Justicia, ya que las grabaciones en instrucción dificultaría notablemente el análisis de las mismas y sobre todo la relación visual de determinados contenidos de éstas con documentos de la causa”, recogía el auto del 19 de octubre.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

La millonaria fianza a Griñán por los ERE

*El juez de refuerzo Álvaro Martín dio el pasado viernes un nuevo giro de tuerca que acerca más a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán al banquillo de los acusados de los ERE, que compartirán con otros 24 ex altos cargos de la Administración andaluza. En el auto, el juez estableció una fianza de 4,2 millones de euros para José Antonio Griñán, la misma cantidad para la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo; otros 3,7 millones para el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo y 6,2 millones para el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera. La fianza impuesta, aunque muy importante e impagable, dista mucho de la que solicitó en su día la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público cifró la supuesta cuantía del fraude de los ERE, es decir, la cantidad que deben devolver de forma solidaria los 18 acusados por el delito de malversación en más de 741 millones (741.596.545 euros) en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales la Fiscalía considera que Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010. El instructor, sin embargo, aplicó una reducción al 10% de esas cantidades teniendo en cuenta los ejercicios en los cuales se participó y la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de las sumas. El juez ha dado un plazo de 30 días a las defensas para que presenten sus escritos rechazando los cargos, de lo que se deduce que el juez podría enviar a mediados de diciembre la causa a la Audiencia de Sevilla, justo antes de cesar en el cargo, el próximo 31 de diciembre, cuando Álvaro Martín volverá al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla.

El PP pierde el combate con la juez Bolaños

*El PP sigue sumando varapalos del Poder Judicial en su campaña contra la juez María Núñez Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado esta semana las dos últimas denuncias que la acusación popular había presentado contra la magistrada, en este caso por la supuesta falta de motivación de los autos de archivo de los cursos, algo que el promotor de la acción disciplinaria ha rechazado de plano. El juez recuerda que la Audiencia reprochó al PP que presentara recursos de apelación directo. Tres denuncias archivadas y la recusación rechazada. ¿Seguirá el PP combatiendo a Bolaños? Seguro.

Tú también… Junta

Jorge Muñoz | 23 de octubre de 2016 a las 5:00

EXCONSEJERO ASEGURA ANTE LA JUEZ QUE NO PAGÓ UNA AYUDA PORQUE ERA ILEGAL

Julio César, antes de ser asesinado por un grupo de senadores en el Teatro de Pompeyo, pronunció aquella célebre frase, dirigida a Bruto: Tu quoque, Brute, fili mi. ¿Tú también, Bruto, hijo mío? Esa misma sensación de traición es la que pudo experimentar el pasado miércoles el que fuera consejero de Empleo Antonio Fernández, tras conocer que la acusación particular que ejerce la Junta acaba de presentar un escrito de acusación en el que se le piden seis años y medio de prisión por su intervención en las ayudas concedidas para el ERE de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).

Fernández recibió la puñalada a la hora del almuerzo, cuando los medios de comunicación difundieron el escrito de conclusiones provisionales presentado por el gabinete jurídico de la Junta en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa.

Antes de ser acusado por la Junta, el ex consejero había recibido toda una batería de acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha reclamado hasta 28 años y medio de prisión en las tres piezas de los ERE que van camino de juicio: la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas y las de los EREde Acyco y Surcolor.
La acusación del Ministerio Público era en cierto modo esperable, al haber asumido por completo los fiscales las tesis de la anterior instructora Mercedes Alaya respecto a la confabulación para defraudar las ayudas de los ERE. Pero la de la Junta, no. Y esa acusación, en el caso de Fernández, duele y levanta más ampollas que la pública. Que tu antigua casa, donde primero como viceconsejero desde el año 2003, y después como consejero entre 2004 y 2010, planteen una acusación que implica una pena de seis años de cárcel, debe ser muy duro.

Sobre todo para alguien que ya pasó unos meses en prisión preventiva por este escándalo y sobre todo porque esta acusación se plantea tan sólo unos días después de que los mismos servicios jurídicos hayan pedido el archivo de la causa del procedimiento específico, en la que están procesados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además del propio Antonio Fernández y otra veintena más de ex altos cargos de la Administración andaluza.

El otro día alguién me planteó la siguiente cuestión: ¿Por qué al que fuera viceconsejero de Empleo en 2003 y consejero desde 2004 se le presume por la Junta el conocimiento y participación en las decisiones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero en relación con el ERE de Acyco, acusándole por ello, pero al consejero en 2003 [José AntonioViera] y al viceconsejero desde 2004 [Agustín Barberá] se les presume todo lo contrario y se les exculpa?

La verdad es que no supe dar ninguna respuesta a esa aparente paradoja. Porque tendría sentido que tanto la acusación como la exculpación fuera para todos o ninguno. Hace años que Fernández, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, ha asumido sin quererlo el papel de sospechoso habitual, convertido según su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, en una “suerte de sumidero universal de todas las sospechas, al que por defecto no se duda en hacer mecánicamente objeto de todas las acusaciones.

En cualquier caso, los cargos que la Junta ha presentado contra Antonio Fernández refuerzan la posición de la Administración andaluza como acusación particular en la macrocausa. Si alguien tenía alguna sospecha de la actuación del gabinete jurídico después de pedir el archivo de la pieza en la que estaban implicados los ex altos cargos, esa duda se disipó con la calificación provisional de Acyco.

La Junta, por primera vez en su historia, ha acusado a un antiguo miembro del Consejo de Gobierno, a un ex consejero, así como a dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan Márquez, a los que ha pedido otras condenas de cinco años y medio de cárcel y tres años, respectivamente. Este puede ser uno de los primeros juicios de los EREen los que intervenga la Junta, dado que al no acusar en el caso de Chaves y Griñán, el juez la tendrá como una acusación desistida del proceso y la apartará de la vista oral.

 

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

* Y Alaya reabrió la causa de la mina

Muchas eran las apuestas que se decantaban por que Alaya iba a reabrir la investigación por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Al final, la lógica Alayística se impuso y la Sección Séptima de laAudiencia de Sevilla –integrada por otros tres jueces– acordó reabrir la causa en un durísimo auto –hecho público además coincidiendo con el debate en el Parlamento andaluz sobre el Estado de la comunidad– en el que el tribunal asegura que donde la Junta debió actuar con mayor transparencia y rigor, al tratarse de una zona que sufrió el vertido tóxico de minas de Aznalcóllar, lo que se ha encontrado “son indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo”. Luego en la parte dispositiva, lo que hace la Audiencia es ordenar a la juez de Instrucción número 3 que vuelva a pedir un informe de laConfederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que, según la Junta, ya está aportado a la causa, y que vuelva a plantearse si hubo prevaricación. De nada sirvió que la Fiscalía apoyase el archivo.
* La juez Bolaños le gana el primer round al PP

Muere una mujer golpeada en su vivienda de La Rinconada
La juez María Núñez recibió esta semana el respaldo del máximo órgano de gobierno de los jueces por la primera de las cuatro quejas o denuncias que el PP le ha presentado por su actuación en la investigación de los cursos de formación. Bolaños ha ganado el primer round de la batalla que el PP le ha planteado y que, por el momento, se antoja en cuatro asaltos. El primero ya ha caído, al descartar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la denuncia de los populares, que la acusaba de una falta muy grave de revelación de datos, atribuyéndole la supuesta filtración del archivo de los cursos. El promotor de la acción disciplinaria, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Fonseca-Herrero, concluyó que no se aprecian motivos para entender la comisión de infracción disciplinaria alguna por la juez, toda vez que las informaciones periodísticas “claramente se refieren a fuentes judiciales, sin que conste dato alguno, siquiera indiciario, de que la juez revelara dato o hecho alguno que hubiera conocido en el ejercicio de su función”. El PP olvida que a la hora de conseguir una información los caminos del señor son inescrutables, también en la Justicia.
* El singular recurso de Javier Guerrero

No se puede calificar de otro modo el recurso presentado por el ex director de Trabajo contra su procesamiento por las ayudas del ERE de Acyco. Para empezar, el abogado Fernando de Pablo, habla de la “orfandad” del auto recurrido para concluir diciendo que el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla “pasa por ser una familia pluriparental” que debería unificar sus criterios, “porque lo que aquí se da como cierto, en otras piezas, con padres distintos, se archivan; corriendo una similitud perfecta con la que tenemos enfrente”.
*Y la pionera condena a tuitear de Luis Pineda

El Tribunal Supremo ha ratificado la primera condena contra el dueño de Ausbanc, Luis Pineda, por difamar al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y le ha obligado a tuitear 30 veces el fallo durante un mes. Se trata de una sentencia pionera a nivel mundial, lo que no sabemos es cómo va a poder cumplirla Pineda desde la cárcel donde está preso.