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Una mina para la UCO

Jorge Muñoz | 19 de febrero de 2017 a las 2:00

NUEVE DETENIDOS EN SEGUNDA FASE DE OPERACIÓN HERACLES POR FRAUDE EN LOS ERE

Un agente de la Guardia Civil durante un registro.

Una auténtica mina de información para la UCO. En eso se pueden convertir los millares de correos electrónicos que los agentes de la Guardia Civil han intervenido de tres altos cargos y doce funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, autorizó en enero pasado, en una pieza declarada secreta, el pinchazo de 19 cuentas institucionales o corporativas de estas 15 personas en el periodo comprendido entre 2013 y 2016, entre las que se encontraban inicialmente las del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, de la viceconsejera y ex directora general de Minas María José Asensio Coto, del ex viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, y del ex secretario general de Industria, Energía y Minas y actual interventor general de la Junta, Vicente Fernandez Guerrero.
Un oficio de la UCO del pasado 9 de enero solicitando a la juez la intervención de los mails ya incluía la cuenta del consejero, a pesar de su condición de aforado, lo que impide esta investigación ordenada por un juez de instrucción, que no tiene competencias para ello. La Guardia Civil no indicó a la instructora que Maldonado seguía ocupando el cargo en la actualidad y el auto de la magistrada autorizando los pinchazos, que tiene fecha de 17 de enero, dispuso que “el suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la consejería, en ese momento, el consejero José Sánchez Maldonado y el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros , y el secretario general de la consejería , en aquella fecha, Vicente Fernández Guerrero”.
Sólo cuando la Junta le recordó a los agentes que se presentaron el 23 de enero en la sede de la Consejería el aforamiento de Sánchez Maldonado, la UCO, de motu proprio, comunicó a la juez que había acordado “excluirlo de la lista de personas afectadas” por el auto, pero no hay ninguna resolución de la instructora corrigiendo su decisión anterior de investigar las cuentas de correo del consejero, algo que le está vedado jurisdiccionalmente.
La Guardia Civil no se llevó ningún correo del consejero, pero sí los miles de correos de esas 15 personas (19 cuentas) en el periodo a investigar y en principio sin ninguna limitación a la causa en la que se investiga el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Es decir, la Guardia Civil se ha incautado de todos los correos de los altos cargos y de los funcionarios, en los que se incluyen los relacionados con la causa judicial y los que no guardan relación alguna. Toda la comunicación electrónica, sin excepción, entre 2013 y 2016, según confirmaron fuentes del caso.
La empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), encargada de las copias de seguridad de los dominios de correo de la Junta, informó a la Guardia Civil y a la juez que ponía a disposición de los investigadores programas de búsqueda (por palabras, expedientes, fechas, nombres, etcétera) para concretar la búsqueda de los correos, dado que la labor encomendada estaba poniendo en riesgo la función de backup de la información.
La respuesta de la Guardia Civil, en sendos oficios remitidos el 31 de enero y 7 de febrero, no tiene desperdicio. Para empezar, los agentes sostienen que el sistema de almacenamiento físico de los datos contenidos en los correos electrónicos del personal de la Junta es “antiguo y obsoleto”, lo que provoca que las labores de localización y obtención de datos resulten “lentos” porque se encuentran en “cientos de cintas magnéticas, lo cual obliga a hacer una búsqueda en el sistema para averiguar en qué cinta se encuentra el backup de un año y cuenta determinada, para después cargarla manualmente en un robot que se encarga de las operaciones mecánicas de obtención de los citados datos”, según relata el oficio del 7 de febrero.

Aznalcóllar 21 FOTO.JUAN CARLOS VAZQUEZ
En el oficio del 31 de enero, la Guardia Civil comunica a la juez que efectivamente para una “eficaz práctica” de la diligencia encomendada será necesario el uso de herramientas de búsqueda y filtrado, para “ceñirse únicamente a los extremos de la investigación, si bien dicha búsqueda no puede reducirse a una serie de palabras, fechas y nombres en concreto elegidas en el momento de la extracción de la información, dado que una investigación de este tipo posee un cariz dinámico que requiere adaptar las búsquedas que se realicen conforme se vayan obteniendo nuevos datos dimanantes de las diligencias que se vayan practicando, para lo cual es conditio sine qua non estar en posesión del total de los datos obrantes en cada una de las cuentas de correo electrónico”, argumentaba la UCO.
Los agentes insistían en que “limitar la información a analizar a una primera y única búsqueda mediante el filtrado de palabras, nombres y fechas cerradas, sin posibilidad de acceder posteriormente al total de la información, mermaría en gran medida la efectividad de la diligencia”.
Pero, ¿cuál es la naturaleza de la investigación que le encargó en su día la juez Patricia Fernández a la Guardia Civil después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara la reapertura de las investigaciones?
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ordenó expresamente a la UCO en octubre pasado la realización de un informe completo sobre el “papel real” desempeñado por la empresa Minorbis –ganadora del concurso para la reapertura de la mina– y las “circunstancias reales relacionadas con la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales –desde la presentación de la oferta hasta la adjudicación– para desarrollar o asumir una labor que justifique dicha remuneración”.
Y con ese mandamiento, lo que ha hecho la Guardia Civil es acudir en tromba a la Junta para incautarse de todos los correos electrónicos de funcionarios y altos cargos, pero ni siquiera ha solicitado un solo papel, documento o correo electrónico a Minorbis ni a la empresa Magtel, y todo ello a pesar de que en el oficio del 9 de enero, en el que solicita el acceso a los correos, los investigadores destacaban las “estrechas relaciones que sostienen el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno, con la administración andaluza, concretamente, entre otros, con los responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de la presente casua, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado, como consejero, y Luis Nieto Ballesteros, como viceconsejero”.
Resulta paradójico que de un concreto encargo de la juez, el “papel real” desempeñado por Minorbis y de la factura de honorarios y recursos personales, económicos y materiales, la UCO haya asumido por completo y absolutamente la investigación de toda la causa. Basta echar un vistazo al arranque del oficio del 9 de enero para comprender cómo se extiende el objeto de la investigación más allá de lo solicitado por la magistrada.
La Guardia Civil justifica su intervención de la siguiente forma: “Que para la valoración de los hechos y circunstancias que se pretenden investigar, en torno al procedimiento concursal objeto del análisis y a la actuación de los distintos actores que, de manera indirecta o indirecta, han ido participando en las distintas fases, sería necesario retrotraerse en el tiempo más allá de la fecha de la publicación del concurso público, mediante la resolución de 13 de enero de 2014”.
Y en este contexto, los agentes han pedido –y la juez lo ha autorizado– los miles de correos electrónicos enviados y recibidos durante tres años, entre los que puede haber incluso muchos que afecten al contenido de los Consejos de Gobierno de la Junta, porque no hay que olvidar que los viceconsejeros participan en las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida popularmente como consejillo, y su comunicación electrónica va a estar en poder de la UCO.
La juez ha acordado que mañana se proceda a hacer en las dependencias del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla una copia del disco duro de 2 terabytes que contiene la información intervenida. Y aunque la instructora ha dado instrucciones para que los investigadores estudien “única y exclusivamente aquellos pasajes de los correos” relacionados con la causa de Aznalcóllar y excluya todo lo relacionado con la defensa de los funcionarios imputados, lo cierto es que, si nadie lo remedia, habrá entregado una mina –o una bomba– de información a la UCO. Y veremos si los investigadores son capaces de sacar petroleo, como acostumbran, aunque luego muchas de sus actuaciones se vayan desinflando conforme avanza la instrucción judicial. Es el riesgo de la Alayización de los procedimientos judiciales y la tendencia a fomentar la creación de macrocausas.

 

Una intervención “masiva e indiscriminada”

La UCO tendrá acceso a los miles de correos si la juez rechaza la petición de la viceconsejera de Empleo, María José Asensio, que ha pedido al juzgado que anule el volcado de los correos previsto para mañana, al entender que podría causar “irreparables perjuicios” y la vulneración de derechos fundamentales con una investigación que considera “prospectiva”.

La viceconsejera de Empleo María José Asensio

La viceconsejera de Empleo, María José Asensio.

La actuación de la UCO y la autorización concedida por la juez provocó que el propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, enviara una carta a la juez recordándole su condición de aforado, por lo que la instructora no podía intervenir sus comunicaciones. En esa misiva, el consejero cuestionaba la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación “masiva e indiscriminada” de comunicaciones electrónicas. Esa carta fue enviada al juzgado el 31 de enero pasado –ocho días después de que la UCO se presentara en la sede de la Consejería requiriendo la documentación, y en la misma el titular de Empleo solicitaba la revocación del mandamiento judicial en la parte que le afectaba.

Maldonado explicaba a la juez que el correo electrónico es un “instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectos por esta investigación masiva e indiscriminada del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones atribuidas al Poder Ejecutivo”, por lo que alertaba de que se podía ocasionar un “grave perjuicio a los intereses generales”.

Por su parte, los letrados del servicio jurídico de la Junta de Andalucía, que representan a los funcionarios imputados en la causa de la mina, se pronunció en el mismo sentido en un escrito presentado el 24 de enero, en el que señalaban que la “intervención masiva, indiscriminada y prospectiva de las comunicaciones está proscrita por la ley” porque la medida ha de ser “necesaria y proporcionada al fin perseguido” y advertía que en esos correos podría haber comunicaciones relativas a su defensa. La juez tildó de “infundadas” las críticas de los abogados e insistió en que “única y exclusivamente” se trata de acceder a los pasajes que están “directamente relacionados” con la investigación.