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Todos niegan el fraude

Jorge Muñoz | 22 de abril de 2018 a las 2:00

El tribunal que enjuicia el "procedimiento específico" de los ERE

El tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE

Se acabó la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo por el caso de los ERE y mañana, sin solución de continuidad, comenzarán a declarar los 150 testigos que han sido citados en la macrocausa. Con el testimonio de estos testigos y la prueba pericial que les seguirá arranca el verdadero juicio, donde las acusaciones intentarán corroborar los cargos en los que sustentan sus peticiones de inhabilitación y los ocho años de prisión que solicitan para algunos de los acusados. También asistiremos al estreno de las acusaciones populares, que hasta ahora no han podido interrogar a nadie, porque todos los acusados se han limitado a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su abogado defensor.
En la primera fase de la vista oral que ahora ha terminado todos los acusados han negado los cargos, cierto es que unos con más rotundidad que otros. No ha habido ninguna asunción de la más mínima culpabilidad por parte de ninguno de los ex altos cargos procesados en las 40 sesiones que se han desarrollado ya de la vista oral.
En líneas generales, los procesados han defendido la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y la mayoría ha negado que recibieran los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de los reparos. Quién si admitió que los recibió, la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, explicó que no le dio traslado al ex presidente José Antonio Griñán –cuando ella era viceconsejera y Griñán consejero–, porque ninguno de esos informes eran de los denominados “de actuación” y no requerían intervención de la Consejería.
La legalidad del uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEApara el pago de las ayudas y el rechazo a que los parlamentarios andaluces pudiesen haber sido “engañados” sobre el uso de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, han sido otras de las constantes que más se han repetido en estos primeros cuatro meses de juicio.

Manuel Chaves
Negó que se creara un sistema para “burlar la ley”
El ex presidente de la Junta Manuel Chaves atacó en su declaración la base de la acusación pública, al negar la existencia misma de ese denominado “procedimiento específico” para la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Chaves, que fue presidente de la Junta durante 19 años (1990-2009) rechazó con vehemencia que su Gobierno estableciera un sistema “conscientemente ilegal o para burlar la ley”.

 

JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA

José Antonio Griñán
Defensa de la legalidad e ignorancia sobre los reparos
El ex presidente andaluz, que fue consejero de Economía y Hacienda previamente, sostuvo en su declaración que no recibió las alertas de la Intervención General de la Junta porque no había “menoscabo o riesgo de menoscabo” de los fondos públicos y por tanto no se requería una “actuación directa” suya, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre los años 2004 y 2009.
Griñán añadió que todos los informes se presentaron de acuerdo con el artículo 12.3 del decreto 9/99 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta, pero nunca plantearon la realización de un “informe de actuación”, que figura en el artículo 12.5. de la citada norma.

Gaspar Zarrías
El ex consejero defendió que había una “regulación”JUICIO PIEZA POLÍTICA ERE EN AUDIENCIA SEVILLA
El ex consejero de la Presidencia destacó en su declaración que siempre hubo una “regulación” de las ayudas bajo sospecha, dado que las mismas estaban contempladas en las leyes de Hacienda y de Presupuestos, en decretos y en las normas dictadas por el Ministerio de Trabajo en 1994 y 1995 que tenían una “carácter supletorio” sobre la legislación autonómica.
Gaspar Zarrías explicó que desconoce cómo se articuló el mecanismo de concesión de las ayudas en la Consejería de Empleo, pero en cualquier caso sostuvo que era “público y notorio” que las mismas existían. “Lo conocía yo y todo el mundo que se daban ayudas sociolaborales”, sentenció.

 

 

 

 

 

Magdalena ÁlvarezREANUDACIÓN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Desconocía el procedimiento de las subvenciones
La ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento no sólo desconocía cómo se daban las ayudas de los ERE sino que además tampoco tuvo conocimiento de los numerosos reparos de la Intervención General de la Junta alertando sobre las presuntas irregularidades.
Magdalena Álvarez defendió que existió un control de las ayudas, refiriéndose a la “fiscalización previa” de las transferencias de financiación cuando los recursos llegaban a la empresa pública (IFA/IDEA), mientras que el pago estaba sometido a Control Financiero Permanente(CFP).
La ex consejera añadió que los reparos se trabajaban entre la Consejería afectada, en este caso Empleo de la que dependía la partida 31L, y la intervención delegada, y cuando no se llegaba a un acuerdo, se elevaba la cuestión a la Intervención, y si no había cuerdo, es cuando lo conocía el Consejo de Gobierno. “En diez años que fui consejera no llegó ningún reparo al Consejo de Gobierno y tampoco a la Consejería”.

 

 

 

 

Antonio FernándezEL EXCONSEJERO DE EMPLEO ANTONIO FERNÁNDEZ CONTINÚA DECLARANDO MAÑANA EN EL JUICIO DE ERE
La declaración más extensa de todos los ex altos cargos
Siete jornadas acaparó la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyo director general de Trabajo, Javier Guerrero, se sitúa en el epicentro del presunto fraude.
Fernández sostuvo la legalidad del sistema y alegó que las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo estaban amparadas en una “base normativa suficiente”, llegando a afirmar incluso que estas ayudas eran “absolutamente iguales” a las que el Estado había otorgado a través de la tan traída y llevada orden de 5 de abril de 1995.
Pero la sorpresa se produjo al final de la declaración de Fernández, cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña acorraló al ex consejero con sus preguntas, después de que éste hubiese afirmado en la sesión anterior que se sintió “acosado” por la juez Mercedes Alaya cuando prestó declaración en la fase de instrucción. El interrogatorio del magistrado para que Fernández dijera qué aspectos de aquella declaración ratificaba y cuáles no, dejó al acusado contra las cuerdas y sólo se salvó al alegar motivos de “cansancio” por sus problemas de voz. Al día siguiente, cuando el magistrado iba a seguir con sus preguntas, Fernández, ya asesorado por su abogado, se acogió a su derecho a no declarar, “asustado y aturdido” por las preguntas del magistrado.

 

José Antonio VieraCONTINÚA JUICIO CASO ERE CON INTERROGATORIO AL EXCONSEJERO VIERA
En defensa de la “legalidad” del sistema de ayudas
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera fue uno de los primeros altos cargos en prestar declaración, en febrero pasado, tras la reanudación de la vista oral por el parón para resolver las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del proceso. Viera aseguró en su declaración que el sistema por el que se concedían las ayudas era “absolutamente legal” y precisó que la Intervención General de la Junta “jamás” se dirigió a él para advertirle de una “situación de ilegalidad”. El ex consejero fue uno de los primeros en defender el convenio marco de 17 de julio de 2001 que él mismo firmó con Antonio Fernández –entonces director del IFA–.
Sobre el conocimiento concreto que el presidente de la Junta Manuel Chaves podía tener de las ayudas, por ejemplo como las que se otorgaron ante la crisis de Santana Motor, Viera destacó que “el presidente conocía el problema, pero tenía un desconocimiento total de los instrumentos” que se empleaban para darle solución a los conflictos laborales y empresariales.
Viera admitió que tuvo conocimiento en el segundo semestre del año 2000 que la Intervención había paralizado el pago de unas ayudas por importe de 159 millones de pesetas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), por lo que unos meses más tarde “propuso” a su equipo en la Consejería que buscara una “fórmula legal y ágil” para la concesión de las ayudas a los trabajadores de empresas en crisis. El objetivo, prosiguió, era “resolver el drama personal de los trabajadores y de las comarcas” en las que estaban ubicadas dichas empresas. El resultado de ese encargo fue el convenio marco de 2001, que tenía la “apariencia absoluta de legalidad”, al pasar por todos los departamentos correspondientes, por todos los “centros directivos” de la Consejería: técnicos de la dirección general, el director general, el secretario general de área, la secretaría general técnica y el viceconsejero de Empleo.

 

Carmen Martínez Aguayo
La ex consejera de Economía que defendió a Griñán
Carmen Martínez Aguayo lo había afirmado antes del juicio y lo mantuvo en la vista oral: “nunca” trasladó al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, los informes de la Intervención General porque el interventor no requirió en ningún momento a su departamento que actuara ante las “discrepancias” que se habían detectado en torno a la partida presupuestaria 31L.
La que fuera ex viceconsejera –luego también fue consejera– insistió ante el tribunal en que “en ningún momento” tendría que haber comunicado al consejero de Economía los informes porque siempre se emitieron “con carácter de normalidad”. Aguayo agregó que este órgano de control únicamente advirtió en sus informes de “discrepancias contables” y no de un menoscabo de fondos públicos, lo que hubiera conllevado la realización del “informe de actuación”.

DECLARACIÓN DE CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE

Javier GuerreroCONTINÚA JUICIO PIEZA POLÍTICA DEL CASO ERE
El principal acusado reniega del fondo de reptiles
El ex director general de Trabajo y Seguridad Social, el principal imputado en el caso, ha sido el único de los 22 ex altos cargos que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal. Guerrero culpó a la “presión mediática y de la Policía” de sus declaraciones en la fase de instrucción, de las que se retractó en el juicio. A preguntas de su abogado, el ex alto cargo quiso aclarar que “nunca” habló de que existiera un fondo de reptiles para el pago de las ayudas, ya que, según afirmó, en su dirección general no tenían “fondos reservados”.

 

 

 

 

 

Manuel GómezDECLARACIÓN EXINTERVENTOR GENERAL GOBIERNO ANDALUZ EN JUICIO PIEZA POLÍTICA CASO ERE
Ni apreció ningún delito ni menoscabo de fondos
El ex interventor general de la Junta es una de las figuras clave del juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. Sus informes alertando de las deficiencias en el sistema por el que se concedían las ayudas, del uso inadecuado de las transferencias de financiación, es el argumento principal sobre el que se sustenta la base de la acusación pública, junto al informe pericial elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Manuel Gómez, que en el juicio mostró un perfil menos combativo con otros acusados del que había hecho gala durante la fase de instrucción, sostuvo que no hizo un informe de actuación en relación con el uso de las transferencias para el pago de las ayudas porque no apreció que se estuviera cometiendo un delito ni el menoscabo de fondos públicos que exige la ley para la emisión de dicho informe.
El ex interventor aclaró que las ayudas sociolaborales “no son subvenciones” y aunque lo fueran estaba la normativa supletoria estatal, la orden de 1995 que, a su juicio, era aplicable a estas ayudas y exige únicamente para su concesión la petición y un memoria justificativa, por lo que rechaza que las ayudas se hayan concedido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”.
Manuel Gómez explicó que aunque había “muchas deficiencias” en la concesión de las ayudas, “ninguna suponía un menoscabo de fonos públicos”, algo que no apreciaron ni él ni una docena de interventores”.

Agustín BarberáPRIMERA SESIÓN JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS
El Parlamento no fue engañado con las ayudas
El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá rechazó que se engañara al Parlamento andaluz con el uso de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha, dado que, según afirmó, los parlamentarios andaluces “siempre tuvieron la posibilidad de pedir” la aclaración de las memorias presupuestarias en lo que respecta a la utilización de la partida 31L.
Barberá recordó que los parlamentarios andaluces formulaban “modificaciones” a la partida para que se aumentara el crédito, para lo cual sostuvo que sólo basta acudir a las actas de la Comisión de Empleo. “Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa el acudir a una modificación presupuestaria”, algo que era normal porque la conflictividad que existía en aquella época “descuadraba” cualquier presupuesto.

 

Justicia contable en los ERE

Jorge Muñoz | 15 de abril de 2018 a las 2:00

* El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2 millones a la Junta * Los fallos ratifican todas las irregularidades

Las primeras cuatro sentencias de los ERE ya han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que emana del Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran desconocida, ha condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en concepto de “responsable contable” de los pagos realizados con fondos públicos a los ex trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa judicial de los ERE fraudulentos: Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.

De los 1,2 millones que deben ser reintegrados a la Administración autonómica, Juan Márquez –que ha sido declarado en rebeldía en todos estos procedimientos al no haber comparecido a los mismos– debe devolver personalmente la cantidad de 402.280,23 euros (183.649,67 por Calderinox y 218.630,56 por Saldauto), mientras que el resto, 850.331,6 euros, tendrá que reintegrarlos de manera solidaria con las empresas beneficiarias (381.601,9 euros en el caso de Nueva Lima y 468.729,70 euros por Valeo Iluminación). Dice el Alto Tribunal que con su actuación, Márquez dio lugar al “menoscabo” de los caudales públicos.
Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas están fechadas en diciembre pasado y han sido dictadas por la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Con un contenido básicamente similar y salvando las evidentes distancias entre la jurisdicción contable y la Penal, lo relevante de estas cuatro sentencias condenatorias es que consideran probadas todas y cada una de las irregularidades sobre las que la SecciónPrimera de la Audiencia de Sevilla tendrá que pronunciarse una vez que finalice el juicio que se celebra actualmente por del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, en el que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Para empezar, las sentencias del Tribunal de Cuentas estiman las demandas presentadas por la propia Junta de Andalucía –a las que se ha adherido la Fiscalía–, que en la vía penal ejerce la acusación particular pero que en el juicio a los ex altos cargos fue apartada tras haber pedido el sobreseimiento para los 22 acusados, al estimar que no hay ninguna “trama criminal” ni se creó un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Las cuatro resoluciones recuerdan que los hechos fueron investigados en las actuaciones previas 116/2013 del Tribunal de Cuentas, que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis otorgadas por la Junta en el periodo 2001-2010.
Así, señalan las sentencias que el informe de fiscalización pone de manifiesto, con carácter general, “graves irregularidades”, entre las que destaca que hasta la orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias para que las ayudas de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, pudiesen ser otorgadas por el director general de Trabajo y no por el consejero de Empleo.
Tampoco consideraba el informe del órgano de control andaluz que haya quedado acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas las “razones de interés social o económico” que exige el artículo 12.5 del decreto 254/2001.
De la misma forma, entiende que “se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria” para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L, lo que ha conducido a la “ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional”.


DECLARACION EXDIRECTOR TRABAJO JUNTA EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

 

Otras irregularidades, según el informe de fiscalización, consisten en que la Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, por lo que no se establecieron los requisitos, los plazos de ejecución ni las actuaciones posteriores para la justificación de las finalidades y de empleo de los fondos.
Por todo ello, el dictamen concluye que hasta el año 2010 esas ayudas se han otorgado “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se ha acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la “correcta aplicación de los fondos”.
El informe concluía asimismo que la calificación de estas ayudas como “subvención excepcional” ha dado lugar a un “abuso del margen de discrecionalidad administrativa en su concesión, que se ha puesto de manifiesto en hechos tales como la concentración de las ayudas en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y en concesiones realizadas sin acreditar el fin o interés público perseguido con las mismas”.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hecchos, o incluso participar con posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas)”.
Al analizar las ayudas concedidas, las sentencias destacan en primer lugar que se trata de pagos “carentes de cobertura legal”, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos, al tiempo que resulta “imposible determinar cuál fue el destino final de los fondos, ya que ni siquiera está acreditado que los mismos se hayan ingresado en una cuenta de la empresa a la que, según el expediente de la ayuda, debían ir destinados”. Tampoco existió una “convocatoria pública” para la concesión, siendo entregados los fondos de forma directa, y además el pago “no cumplía los requisitos legalmente exigidos en para la concesión de las ayudas públicas”, ni hay constancia de la solicitud de las ayudas ni de que la Dirección general de Trabajo realizara un análisis de la situación económica de las empresas beneficiarias o de la merma económica que sufrieron sus ex trabajadores.

 

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Sobre las transferencias de financiación a IDEA para el pago de las ayudas, el Tribunal de Cuentas considera que “por imperativo legal” el fin era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, por lo que las cantidades de esas transferencias de la partida 31L “quedaron al margen del control previo de la Intervención de la Junta porque en lugar de aparecer como pagos de subvenciones con cargo al presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se contabilizaron como transferencias de financiación para IDEA, no estando sometida esta entidad a dicho control previo”.
Las sentencias reproducen el informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)) para firmar que estas “subvenciones” fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Las ayudas concedidas por Juan Márquez constituyeron, según el Tribunal de Cuentas, un “acto de disposición de fondos públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e interés público y con total incumplimiento de la normativa para la concesión de este tipo de ayudas”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
A estas cuatro primeras sentencias pueden sumarse otras tantas en los próximos meses a raíz de los distintos procedimientos que siguen en el Tribunal de Cuentas, a instancias de la Administración andaluza, para la devolución de las ayudas concedidas de forma irregular.

 

La consejera que nombró a Zoido director de Justicia

 

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante

La ex ministra de Justicia y actual consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante.

Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas que han declarado la responsabilidad contable del ex director de Trabajo de la Junta Juan Márquez han sido dictadas por la consejera del departamento segundo de Enjuciamiento Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.

Mariscal De Gante fue además quien nombró en 1996 como director general de Relaciones con la Administración de Justicia al actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, quien a su vez fue quien llevó a los tribunales el escándalo de los ERE fraudulentos cuando fue elegido alcalde de Sevilla, cargo que ocupó entre los años 2011 y 2015.

Los interrogatorios de Alaya

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2018 a las 2:00

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernandez en el juicio de la pieza politica de los ERE

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández declarando en el juicio de los ERE.

Después de cuatro días declarando ante la juez Mercedes Alaya, con la intensidad que la magistrada imprimía a esos interrogatorios, no me cabe duda de que cualquier persona sería capaz de confesar lo más grande con tal de que esa situación termine cuanto antes. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández trató de explicarlo esta semana en su declaración en el juicio de los ERE, donde dijo que se sintió “permanentemente acosado” por la magistrada durante el interrogatorio, que se prolongó durante cuatro días y la madrugada siguiente, en la que la juez lo envió a prisión provisional.
Fernández relató la vehemencia de la juez para que respondiera sí o sí a las preguntas tal y como la magistrada quería que lo hiciera. Puedo asegurarles, porque seguí aquella maratoniana comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6, de viernes a lunes de Feria –con un derbi Madrid-Barça que los periodistas seguimos en un Ipad a las puertas del juzgado la noche del sábado y sobre el que Fernández se interesaba en los recesos de su declaración–, que las voces de Alaya y del ex consejero se escuchaban desde fuera de la sala de vistas sin necesidad de pegar el oído a la puerta. Alaya atacaba con sus preguntas y Fernández, que entonces no tenía problemas de voz como ahora, respondía también con contundencia.
Antonio Fernández ha denunciado ahora, seis años después de aquella comparecencia ese “acoso” al que le sometió Alaya, de la que también criticó que le había tenido 14 meses imputado antes de citarle a declarar. El ex consejero dibujó un panorama muy negro, al asegurar que la magistrada le planteó una imputación sorpresiva con nuevos delitos por su supuesta inclusión en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado desde los 14 años. Y acabó denunciando que se sintió indefenso en aquella declaración en la que no se respetaron sus garantías procesales.
Pero la denuncia de Fernández a la juez Alaya, cuya instrucción no estaba recibiendo hasta ahora críticas severas, se topó con las acertadas preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, que acabó acorralando al acusado. El magistrado le preguntó por qué no hizo constar en el acta de la declaración –que Fernández firmó cada día– todas esas “vicisitudes”, o por qué no solicitó el aplazamiento de la declaración o pedir una nueva comparecencia, conociendo como licenciado en Derecho que los imputados pueden pedir una declaración voluntaria en cualquier momento.
El magistrado le expuso que no hiciera nada frente a un interrogatorio del que ahora pretendía que se hizo en condiciones inadecuadas que determinarían que la declaración fue nula.
Fernández salió al paso diciendo que valoró que si “colaboraba” con Alaya y respondía a todas las preguntas de todas las acusaciones –incluidas las del PP– podría haber evitado lo que finalmente no pudo: su ingreso en prisión. Estaba equivocado, como le demostró el auto que la juez le notificó sobre las siete de la mañana del 24 de abril, tras toda una noche en vela. Debió denunciarlo entonces.
El problema es que, en aquel momento, con Alaya en su mayor apogeo, nadie cuestionaba a la juez más grande y los abogados tampoco se atrevían a quejarse de la instructora por temor a causarle males mayores a sus representados. No fue hasta la llegada de José María Mohedano, el abogado de Griñán, cuando comenzaron las críticas a la juez. En julio de 2013, Mohedano ya dijo que el interrogatorio de Alaya “es más propio de un juez inquisitorial y preconstitucional”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Juicio ERE Chaves, Gri?an , Magdalena, Zarrias, Guerrero.

¿Se va del juicio de los ERE el abogado que defiende a Javier Guerrero?

* Fernando de Pablo ha sido el abogado del ex director general de Trabajo Javier Guerrero desde que se destapó el escándalo de los ERE en el año 2011. Siete años después y una vez arrancado el juicio por el “procedimiento específico” hay quien apunta a que De Pablo podría dejar de ser de manera inminente el letrado de Guerrero. De momento, el propio Fernando de Pablo dice que no sabe nada de su marcha, aunque reconoce que ya ha dejado la defensa de Guerrero en otras piezas en manos de otros compañeros, como Carlos Sierra y Rafael Ramírez.

Con los ojos de hoy

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2018 a las 2:00

El juicio de los ERE se suspende provisionalmente por enfermedad exconsejero

El tribunal que preside el juicio. Foto: pool Efe.

Ha sido sin duda la expresión más repetida por muchos de los 19 ex altos cargos de la Junta que ya han prestado declaración en el juicio de los ERE. Y la han utilizado cuando el fiscal les ha preguntado por los aspectos supuestamente más comprometidos en relación con el sistema que durante diez años se empleó para conceder las ayudas bajo sospecha.
Para distinguir entre el conocimiento actual de los hechos, de la materia presupuestaria, de las transferencias de financiación, de la fiscalización previa, o del Control Financiero Permanente, muchos de los acusados han recurrido a la frase “Con los ojos de hoy… señoría puedo decirle…”, para diferenciar entre el grado de conocimiento de estos asuntos que podían tener en el momento en que ocurrieron, por ejemplo, cuando se firmó el convenio marco en 2001, y lo que han podido saber ahora, dieciocho años después y tras haber tenido acceso a los miles de folios del sumario –el “procedimiento específico” tiene 16.000 folios a los que hay que sumar los más de 200.000 que integran la causa matriz–.
Y a los acusados no les falta parte de razón porque es evidente que en los 18 años desde que ocurrieron estos hechos ha podido cambiar y mucho la perspectiva social, económica, política y hasta legal y jurídica con la que se pueden (o deben) examinar cuestiones como el procedimiento que se empleaba para conceder las ayudas o la actuación que en su momento tuvo (o no tuvo, según la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción) el Gobierno andaluz y el órgano de control, la Intervención General de la Junta.
La frase “con los ojos de hoy…” ocupa el top ten de las que se han empleado hasta ahora en las 30 sesiones que se han celebrado de una vista oral que se inició en diciembre pasado con las cuestiones previas. Pero no ha sido la única, con un juicio tan largo y con tantas horas de declaración ha habido tiempo para que se produzcan numerosas situaciones curiosas y anécdotas de toda índole propiciadas bien por la tensión, el nerviosismo o el cansancio de los interrogatorios a los que los fiscales delegados de Anticorrupción están sometiendo a los acusados.
Una de estas situaciones se ha producido precisamente esta misma semana, con la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. En un momento dado, el fiscal le estaba preguntando por las ayudas sociolaborales concedidas a determinadas empresas y Fernández dijo los siguiente: “Mientras yo he estado vivo, Santana ha sido un tema prioritario”, dijo Fernández sin inmutarse lo más mínimo, probablemente sin percatarse de la frase, dado que en ocasiones estaba más pendiente de sus problemas con la voz.
El ex director general de IDEA Jacinto Cañete afirmó, muy acertadamente, que la “semántica” es importante sobre todo cuando, como en este caso, se trata de un procedimiento penal, en alusión a la “inadecuación” o “inidoneidad” del procedimiento de concesión de las ayudas.
La mayoría de los acusados se han esforzado en sus declaraciones en negar que la utilización de las transferencias de financiación hubiese causado un “déficit” millonario en los presupuestos de la agencia IDEA y han recurrido, nuevamente, al lenguaje para afirmar que en realidad las transferencias sólo provocaron un “desajuste” o “desfase” presupuestario, pero no un “déficit”, ya que la agencia IDEA sólo pagaba las ayudas una vez que había recibido los fondos correspondientes desde la Consejería de Empleo.
Y más que semántica fue una cuestión léxica la que le jugó una mala pasada a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, quien para referirse a una situación que se estaba produciendo en los edificios de las residencias Tiempo Libre de la Junta, aludió a los problemas de “salmonelosis”, aunque rápidamente lo corrigió por la correcta “aluminosis”. Quien tiene boca se equivoca, yo el primero.
Pero no fue la única a la que le traicionó el lenguaje, porque también uno de los fiscales delegados de Anticorrupción preguntó a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo por su etapa como “miembra” (sic) del Consejo Rector de la agencia IDEA, o a lo mejor estaba haciendo gala de la tan excesiva política, en términos língüísticos, de igualdad de género. Quien sabe.

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El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en su declaración en el juicio. Foto: pool Efe.

En otras ocasiones, los acusados han sorprendido en sus declaraciones por las comparaciones que han empleado. Así, destaca la respuesta que tuvo el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román cuando su abogado defensor, José Manuel García-Quílez le preguntó si tuvo alguna participación en la creación de ese procedimiento específico para supuestamente cometer el fraude. “Es complicado contestar a eso porque no sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía, había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante”, lamentó el ex alto cargo.
Por su parte, el secretario general técnico Javier Aguado Hinojal insistió en su declaración que no le podía extrañar que se “ayudara a las comarcas y a los ciudadanos” en periodos de crisis económica, dado que no eran ayudas para las empresas, y así señaló que si no se hubieran dado por ejemplo las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva se habría “cerrado el condado”. Este mismo procesado aseguró que su departamento era “las amas de casa” de la Consejería de Empleo, donde se hacía toda la “cocina” y también las modificaciones presupuestarias con las que se fueron incrementando las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas.
Otra de las situaciones, casi cómicas, se producen al inicio de las sesiones y guardan relación con las sustituciones que se hacen entre sí los abogados de la defensa cuando uno de ellos no asiste a la vista oral y otro letrado asume la defensa del compañero. El turno de sustituciones se prolonga a veces durante varios minutos, en los que los sustitutos toman la palabra para informar al tribunal sobre a que letrado sustituyen y en representación de qué acusado. En una ocasión se dio la circunstancia de que dos abogados intentaron sustituir al letrado del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. Un primer letrado intervino para hacerse con la representación del ex consejero y acto seguido otro letrado al que la defensa de Zarrías le había comentado su ausencia también habló para asumirla, lo que motivó las risas en el estrado.
La que no ha salido tan bien parada en el juicio es la juez Mercedes Alaya y sus vehementes interrogatorios, a tenor de las manifestaciones que han realizado la mayoría de los acusados, que se han negado a ratificar las declaraciones que prestaron en la fase de instrucción porque, según han ido explicando, las actas elaboradas por la magistrada “no reflejan” a juicio de los acusados la realidad de sus afirmaciones.
El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, se retractó de cuatro declaraciones en las que había implicado a todo el Gobierno andaluz y culpó a la“presión mediática y de la Policía” de las declaraciones que realizó en la fase de instrucción, llegando incluso a renegar de haber sido él quien acuñó el término “fondo de reptiles” para referirse a la partida presupuestaria 31L. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles, eso no ha salido de mi boca, porque no tenemos fondos reservados”, precisó el ex alto cargo, que sólo respondió a las preguntas de su abogado.

Comienza el juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz

Los 22 ex altos cargos acusados en el juicio del “procedimiento específico” de los ERE. Foto: pool Efe.

Como Guerrero no declaró a los fiscales, éstos pidieron que se leyeran sus declaraciones y así volvieron a oírse las frases con las que Guerrero ha hecho historia en el caso de los ERE, como cuando dijo que sus únicos vicios son “un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater”, o cuando declaró lo siguiente: “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”.
En otra de las declaraciones no ratificadas por Guerrero, éste contó como el ex consejero de Empleo le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA para solucionar los pagos de unas pólizas: “Me dijo [Antonio Fernández] que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó ante la Guardia Civil.
También resultó gracioso el enojo del secretario judicial al inicio del juicio por tener que leer durante horas seguidas los escritos de las acusaciones y las declaraciones que los acusados no ratificaban. Menos divertido resultó la llamada al orden del tribunal a los acusados para que guardaran la compostura –y se sentaran bien– ante la “solemnidad” del juicio.
Todo esto ha sucedido en sólo 30 sesiones de un juicio que, según el calendario inicial fijado por el tribunal, llegará en principio hasta las 94 sesiones, con lo que prácticamente quedan dos terceras partes de juicio en las que habrá nuevas situaciones anecdóticas. Y aquí se las contaremos. No todo va a ser el máster en materia presupuestaria que se imparte en cada sesión del juicio.

La Pasión del ex consejero

Jorge Muñoz | 25 de marzo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE CARMEN MARTINEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

Una vista panóramica de la Sala que acoge el juicio del “procedimiento específico” de los ERE.

Muchas cábalas se habían hecho sobre cuál de los 22 acusados en el juicio de los ERE tendría que comparecer en las sesiones fijadas para el Lunes y Martes Santo. El que se llevaría el titular periodístico sobre su particular Semana de Pasión –algunos pensarán, no sin cierta razón, que llevan más de siete años de calvario judicial–, sometiéndose a los intensivos interrogatorios de los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Al final, ese supuesto honor, en realidad no lo es, de comparecer en estos días clave de la celebración religiosa ha correspondido al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyos problemas de garganta han ido retrasando su declaración hasta que se ha fijado para estos días. Fernández debía haber sido el segundo de los 22 ex altos cargos en declarar, justo después de que lo hiciera el que fuera su estrecho colaborador en la Consejería y principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
El ex consejero fue precisamente durante la larga instrucción de los ERE uno de los sospechosos habituales de la juez Mercedes Alaya, que fue imputándolo un día sí y otro no en las distintas líneas de investigación que se iban creando en torno a las distintas macrocausas, no sólo en la de los ERE, sino también en la de las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.
Y fue también Alaya quien decidió enviarlo a prisión provisional la noche del pescaíto del año 2012, después de haberlo hecho pasar por un vehemente interrogatorio que se prolongó durante tres días y finalizó con toda una noche en vela mientras la instructora redactaba el auto que lo enviaba a la prisión de Sevilla I.
Casi seis años después de aquel 24 de abril de 2012, Antonio Fernández se sentará mañana ante el tribunal para dar de nuevo sus explicaciones sobre la concesión de las ayudas bajo sospecha. Mientras el ex consejero declara, cerca rondarán las cofradías del Cautivo del Tiro de línea y del Cerro del Águila, que pasan por las proximidades de la sede judicial donde se celebra el juicio el Lunes y Martes Santo, respectivamente.
Estación de penitencia fuera y dentro de la Audiencia, porque parece que el interrogatorio de Antonio Fernández no va a ser más liviano que al que lo sometió Alaya, dado que la Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen del fraude precisamente en la Consejería que Fernández dirigió durante años. Y a ver si las dos sesiones de la semana de Pasión del ex consejero van a resultar insuficientes para completar su interrogatorio, porque además seguro que su combativo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, también guarda en la recámara una buena ristra de preguntas para su defendido.
Mientras Fernández aguarda su declaración, el juicio de los ERE ha consumido ya sus primeras 88 horas tras haber completado 28 interminables sesiones en las que, como comentó esta semana el ex director general de IDEA Jacinto Cañete en su declaración, todos los asistentes parece que están asistiendo a un “máster en materia presupuestaria”, a tenor de todo lo que han ido exponiendo los distintos acusados en sus declaraciones.
Según los datos que figuran en el sistema de descargas de vistas judiciales de Andalucía –el portal Arconte de la Consejería de Justicia e Interior –, desde que arrancó la vista oral el 12 de diciembre de 2017, el juicio de los ERE acumula ya un total de 154 vídeos, con un peso de 40,96 gigabytes y una duración total de 88 horas, 25 minutos y 1 segundo, según los datos incorporados hasta la última sesión, celebrada el pasado miércoles y en la que declaró el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
De aquí al 31 de octubre, último día que el tribunal mantiene en el calendario del juicio elaborado en enero, todavía quedan muchas horas y horas de grabación, muchas horas y horas de ese peculiar máster presupuestario que este cronista tanto aborrece.
Lo que sí ha avanzado en las últimas semanas es precisamente la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados. Ya se han sometido a los interrogatorios 18 de los procesados, aunque entre los cuatro últimos se encuentran los dos más relevantes, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes está previsto que declaren justo después de Semana Santa. También lo hará el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, a quien el tribunal permitió declarar el último al haber cambiado de abogado defensor poco tiempo antes de que se iniciara la vista oral.
De la última sesión del juicio todavía se recuerda la llamada al orden del tribunal a los acusados, a los que pidió que guardaran la “solemnidad” propia de una vista oral, tras haber reprendido en la sesión anterior al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Con esa llamada de atención, a destiempo, el tribunal convirtió la anécdota en categoría, el chascarrillo en noticia. Sinceramente, creo que la reprimenda no era necesaria tras el aviso del día anterior.

Presupuestario o contable

Jorge Muñoz | 4 de marzo de 2018 a las 2:00

EL JUICIO DE LOS ERE SE REANUDA HOY CON EL INTERROGATORIO A MAGDALENA ÁLVAREZ

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez alza las manos en una respuesta al fiscal Anticorrupción.

La partida presupuestaria 440; la 22E; la 31L –el fondo de reptiles del que ahora reniega Guerrero–; el decreto 9/99; las órdenes del Ministerio de Trabajo de 1995; las transferencias de financiación; el encargo de ejecución; los pagos cruzados; el Control Financiero Permanente (CFP); los Programas de Actuación, Inversiones y Financiación (Paif); el expediente de fiscalización; la envolvente financiera; las miles de modificaciones presupuestarias acordadas en una década; y los informes de cumplimiento, cuentas y eficacia de la Intervención General de la Junta (IGJA). Este es el vocabulario más frecuente que está apareciendo cada día en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde se juzga a 22 ex altos cargos por la supuesta creación del sistema para la concesión de unas ayudas que, según las acusaciones, utilizaba un procedimiento inadecuado con el que se pretendía eludir los férreos controles de la Intervención.
Un juicio eminentemente técnico, demasiado, que cuesta trabajo seguir para los que, como le ocurre a este cronista, no son expertos en las materias presupuestaria y contable, sino que más bien sus conocimientos económicos se limitan a calcular más o menos si llegará a fin de mes sin tener que recurrir a usar las tarjetas de crédito, algo que no siempre se consigue.
La excesiva complejidad técnica, que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los ex altos cargos como la ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, el secretario general de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa, pero sobre todo en el interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, cuya declaración ha sido la más farragosa de los ocho ex altos cargos de la Junta que han rendido testimonio hasta ahora ante el tribunal.
Para que vean el nivel del juicio, más propio de un curso universitario de postgrado, vean algunas de las preguntas que esta semana le hizo el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra durante su interrogatorio al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano: “Cuando preparaban la documentación de los presupuestos, quedamos ayer que la tarea de la Dirección de Presupuestos era aglutinar la información remitida desde otras consejerías, ¿en esa información (anexo VIII, presupuesto 2003, avance liquidación 2002, primera carpeta de archivo, página 306 pdf), se ve el crédito inicial, la adición de modificaciones y el saldo del crédito autorizado?”, preguntó el fiscal con naturalidad.
O esta otra, también al mismo acusado: “¿Recuerda con qué frecuencia se requería memoria complementaria en relación con la propuesta que realizaban los centros directivos sobre las modificaciones presupuestarias?”. Y para completar el enredo, el fiscal pregunta en otro momento lo siguiente: “¿Es un tema presupuestario o es un tema contable?”.
Hay momentos en que parece que sólo el fiscal y el interrogado saben de qué hablan. Muchos de los asistentes, sobre todo en la bancada de las defensas, no salen de todavía de su asombro ante el interrogatorio del fiscal. Si estamos hablando de temas presupuestarios, contables, económicos, ¿dónde está la materia penal, delictiva?, se preguntaba no sin parte de razón uno de los defensores. Horas y horas de interrogatorios –algunos de los ex altos cargos han estado hasta más de cuatro horas respondiendo a preguntas de este tipo– sin que haya quedado claro aparentemente el reproche penal a los acusados.
A la vista del curso de los interrogatorios de los fiscales, muchas defensas consideran que la materia que se está enjuiciando se enmarca más en el ámbito de lo Contencioso-Administrativo que en la jurisdicción penal.
El principal reproche de la Fiscalía está en que “no pusieran freno” al uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, que a su juicio impedía la labor de fiscalización de la Intervención, algo que han rechazado los acusados, como por ejemplo Magdalena Álvarez, que defendió que había una doble fiscalización de las ayudas: la previa cuando llegaban los recursos al IFA y luego el Control Financiero Permanente.
Las sesiones de la vista oral resultan por momentos tediosas, en especial las de la tarde, y tantas horas de interrogatorio a este nivel tan técnico han hecho que muchos de los asistentes al juicio –y no me refiero sólo a los propios acusados, a los periodistas o al escaso público que sigue las sesiones dentro de la misma sala, sino también a los que están en el estrado– acaben whasappeando con sus teléfonos móviles– mientras el fiscal y el acusado de turno se enfrascan en nuevos debates técnicos.

VISTO PARA SENTENCIA

Juicios para 2021 en los juzgados de lo Social 

*El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla va camino de entrar en el Guiness de los récords. Esto es lo que puede decirse si observan la imagen que se adjunta y que está extraída de una citación para un juicio relacionada con una reclamación de cantidad a la Seguridad Social planteada por un trabajador, uno de los muchos litigios laborales que resuelven los juzgados de lo Social. Pues el demandante se habrá quedado a cuadros cuando su abogado le ha informado de la fecha del juicio: “10 de marzo de 2021 a las 10:15 horas”.

juiciosocial

La fecha no es ninguna broma, la vista oral ha sido fijada nada más y nada menos que para dentro de tres años. Y lo lamentable es que esta situación, fijar señalamientos a más de tres años vista, también se está produciendo en otros juzgados de lo Social, aunque en otros tantos es verdad que el retraso es menor. En cualquier caso, el colapso de esta jurisdicción se está convirtiendo en un verdadero problema para los ciudadanos que acuden a los tribunales para reclamar un despido, impugnar un grado de incapacidad o una reclamación de cantidad.

Aunque los juicios por despido tienen una tramitación preferente, en muchos casos se están celebrando con un retraso de un año. Dicen algunos abogados que este importante retraso sólo se produce en Sevilla y que en otras provincias, como Córdoba, le demora es mucho menor.

Mano dura del tribunal

Jorge Muñoz | 20 de febrero de 2018 a las 2:00

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, con su abogada, Encarnación Molino, en la segunda sesión del juicio de los ERE.

Hasta ahora habíamos visto como el tribunal de los ERE había mostrado cierta condescendencia ante las peticiones de las acusaciones y de las defensas, con la idea de tratar de contentar a todo el mundo, lo que podía hacer pensar a algunos que el juicio se le estaba yendo de las manos a los magistrados que deben dirigir el debate jurídico y el orden de las sesiones. Esa imagen cambió radicalmente ayer con motivo del rifirrafe que el magistrado Juan Antonio Calle Peña mantuvo con la defensa del ex consejero Francisco Vallejo, a raíz de la petición de suspensión del juicio debido a una reciente intervención quirúrgica.

El idilio de las defensas con el tribunal se truncó ayer y en la Sala se oyeron palabras más duras, como el recordatorio legal de que los acusados pueden ser “detenidos” si no comparecen en la vista, que se introdujo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en la nueva citación al ex consejero de Innovación.

Y por si fuera poco, se fijaron tres nuevas sesiones de tarde para recuperar las que se han perdido con este affaire, lo que tampoco tiene mucho sentido en un juicio que durará un año. Unos días más o menos no se notan. En cualquier caso, el tribunal mostró ayer su mano dura. Todo un aviso a navegantes.

No es el juicio de la ‘coca’

Jorge Muñoz | 18 de febrero de 2018 a las 2:00

GUERRERO: "NUNCA HE HABLADO DE FONDO DE REPTILES"

Cuando se instruye una macrocausa es muy frecuente que trascienda a la opinión pública la versión de las acusaciones por encima de la que puedan ofrecer las defensas, que son minimizadas frente al poder informativo que pueda tener los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones. Es frecuente también, sobre todo si se ha producido una singular instrucción como la que se hizo en el fraude de los ERE, donde prácticamente las defensas apenas podían representar a sus clientes porque la mayoría de las preguntas que por ejemplo intentaron hacer a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) –que elaboraron el informe pericial sobre el que se sustentan las acusaciones contra los 22 ex altos cargos– eran rechazadas o consideradas impertinentes.

Pero la fase del juicio oral es bien distinta y los acusados y sus defensas pueden desarrollar con plenitud su defensa y, lo que es también muy importante, el hecho de que la vista se celebre en audiencia pública, con presencia de los ciudadanos y de los medios de comunicación, hace que la versión de los procesados pueda lograr la misma resonancia que la de los acusados.
Y esto es precisamente lo que ha ocurrido esta primera semana de declaraciones en el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde por primera vez los ciudadanos han podido conocer directamente el testimonio de los propios ex altos cargos procesados. Y la verdad es que la cosa cambia radicalmente.

Escuchar las explicaciones que han dado ante el tribunal el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera y el ex viceconsejero Agustín Barberá me ha devuelto la confianza en que aquellos Gobiernos andaluces que concedieron estas ayudas no eran una especie de charlotada en la que un director general campaba a sus anchas, repartiendo millones de euros como se entregan cromos a las puertas de los colegios, para enganchar a los niños a que sigan la colección.
El testimonio de Viera y Barberá y las explicaciones que dieron sobre el convenio marco de 2001 por el que se concedían las subvenciones, podrá convencernos o no –para eso están los tres magistrados que deben analizar el caso y dictar la sentencia–, pero por lo menos han transmitido una apariencia de seriedad y rigor que hasta ahora no se había hecho patente en torno al escándalo de los ERE. Y esto no ha hecho nada más que empezar, todavía quedan muchos ex altos cargos por rendir testimonio ante el tribunal, como la ex consejera de Economía y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que arrancará mañana la décima sesión de la vista oral y que a buen seguro que ofrecerá esa misma imagen distinta a la que hasta ahora se ha transmitido.
El juicio contra los 22 ex altos cargos, entre los que se encuentran los ex presidentes Chaves y Griñán, no es el juicio de la ‘coca’, el de los miles de euros de fondos públicos dilapidados en estas sustancias estupefacientes y en regalos –25.000 euros mensuales gastaban en droga, según Juan Francisco Trujillo, ex chófer de Guerrero–. Ni el de los Marlboro o los gin-tonics de Beefeater por los que Guerrero tiene tanta predilección. Es evidente que lo más llamativo del caso es precisamente el uso de los fondos públicos para la compra de drogas. Este es el verdadero juicio de los ERE, que se enjuicia en una pieza distinta –la de las ayudas que Guerrero concedió a su chófer–, aunque Trujillo será uno de los más de cien testigos que deben comparecer en esta pieza política.
Tampoco es el juicio de los intrusos, esos trabajadores que fueron incluidos en las pólizas de prejubilaciones, a pesar de que nunca habían trabajado en estas empresas, como ocurrió con la suegra de Javier Guerrero, beneficiara de una de estas ayudas.
Este juicio es el del procedimiento que se empleó durante una década por parte de la Junta de Andalucía para pagar unas ayudas a 6.300 trabajadores que, en la actualidad, siguen en su mayoría percibiéndolas.
El ex consejero de Empleo José Antonio Viera se mostró contundente cuando afirmó en su declaración, con respecto al convenio marco de 2001 y al uso de las transferencias de financiación al IFA para el pago de las subvenciones, que “presumir” que un dirigente político llega para “eludir los controles de fiscalización y legalidad” le parece un “sinsentido”.
Y Barberá, en la misma línea que el anterior, defendió la utilización del sistema al negar que el Parlamento de Andalucía fuese engañado con las transferencias.
Javier Guerrero, el principal imputado en la causa, sólo ha ratificado una de las cinco declaraciones que la Fiscalía pidió que se exhibieran en el juicio, precisamente la que prestó voluntariamente ante la juez María Núñez Bolaños. Guerrero sólo respondió a varias preguntas de su abogado para aclarar que “nunca” utilizó la expresión fondo de reptiles para referirse a la partida presupuestaria 31L con la que se pagaban las ayudas.
Y en medio del juicio irrumpen la juez Bolaños y el Tribunal Supremo para ponerle nombre a las tropelías que Guerrero llevó a cabo durante una década. La primera para decir que los beneficiarios de las ayudas pueden considerarse “víctimas”, más que delincuentes, de la “caótica y desordenada” gestión de Guerrero. Y el Supremo para anular una subvención de 3,8 millones concedida por el ex director de Trabajo por la “grosera omisión” de los trámites.
Está claro que en el fraude de los ERE existió una culpa in vigilando de los superiores de Guerrero, pero las acusaciones tienen que demostrar que aquí hay más de cuatro golfos, de acuerdo con la teoría que expuso Chaves para fijar el ámbito del escándalo. Pero todavía queda mucho juicio por delante.

Guerrero rebaja la tensión del juicio

Jorge Muñoz | 14 de febrero de 2018 a las 2:00

EXDIRECTOR DE TRABAJO JAVIER GUERRERO ABRE DECLARACIONES ACUSADOS JUICIO ERE

Javier Guerrero en su declaración ante el tribunal /EFE

Con Javier Guerrero y su fondo de reptiles se destapó el escándalo de los ERE y con el vídeo de su declaración ante la juez María Núñez Bolaños llegaron las primeras risas al juicio de los ERE. Siempre que comienza un juicio de estas características lo hace con mucha tensión, pero poco a poco esa tensión va dando a paso cierta relajación y hasta las risas, sin perjuicio de que nunca se pierda de vista la gravedad que envuelve un juicio como éste.
A lo largo de la instrucción, Guerrero ha dado muestras de un buen sentido del humor, incluso en los momentos más difíciles, como cuando la juez Mercedes Alaya lo envió a prisión hasta en dos ocasiones.
En las declaraciones que se han leído o visto en el juicio, se han recogido testimonios en los que Guerrero recordaba, por ejemplo, que sus únicos vicios son un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater, y así rechazaba las “desafortunadas” manifestaciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, quien en una ocasión le llamó “chorizo, putero y drogadicto”, expresiones por las que dijo se querelló.
En otra declaración, Guerrero se refirió de la siguiente forma a los fondos públicos con los que trabajaba su departamento. “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”, lo que provocó de nuevo la sonrisa de los presentes en la sala de vistas.
En unas de las declaraciones que no han sido ratificadas por Guerrero, el ex director de Trabajo contó que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA a solucionar los pagos de unas pólizas. Literalmente, según Guerrero, el ex consejero le dijo lo siguiente: “Me dijo que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó a los agentes de la Guardia Civil que le tomaron declaración.
Las risas de la declaración de Guerrero vinieron después de que se viviera un momento de gran tensión no con éste acusado sino con el secretario del tribunal, Rafael Castro, quien después de haber estado leyendo numerosos folios llegó un momento en el que se negó a continuar haciéndolo. El letrado de la Administración de Justicia le dijo al presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, que no tenía por qué seguir leyendo porque entendía que la lectura de las preguntas que en su día planteó el fiscal –y a las que no respondió entonces Javier Guerrero– no eran parte de la declaración en sí misma, a pesar de que las mismas aparecieran en el acta de la declaración. “Son preguntas que está haciendo el fiscal, no estoy dando fe de nada”, dijo con tono indignado el letrado de la Administración de Justicia.
El presidente del tribunal le pidió que siguiera leyendo y tras varios minutos, el secretario volvió a detenerse, esta vez aún más enojado. “Tengo derecho a parar de vez en cuando, a beber un poco de agua, no soy una máquina”, dijo. La sesión se interrumpió para buscar a una funcionaria para auxiliar al letrado de la administración de Justicia en la lectura de las declaraciones. La normalidad volvió al juicio y el secretario se ausentó cuando comenzó el vídeo con la declaración de Guerrero.

Café para todos

Jorge Muñoz | 10 de febrero de 2018 a las 2:00

PRIMERA SESION JUICIO ERE TERMINA SIN TIEMPO PARA INICIAR CUESTIONES PREVIAS

El tribunal de los ERE repartió ayer el café para todos que en su día acuñó el prestigioso jurista Manuel Clavero, pero en forma de auto. Los magistrados que juzgan a los 22 ex altos cargos en la pieza política de los ERE, que sienta en el banquillo a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, rechazaron todas las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, y también por las defensas, con la única e importante excepción de apartar del procedimiento el delito de asociación ilícita.
Este delito fue atribuido por el PP a los 22 ex altos cargos en su escrito de conclusiones provisionales y ahora la Audiencia considera que su inclusión en el auto de apertura de juicio oral por el juez de refuerzo Álvaro Martín provocó la indefensión de los acusados, puesto se incluyó de manera “sorpresiva” una acusación que, a juicio de laAudiencia, no estaba permitida por los hechos recogidos en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.
Dicen los jueces que en la instrucción y en ese auto no se refleja la existencia de una estructura jerárquica, un inicial reparto coordinado de cometidos o papeles entre los acusados, sino que se describe un supuesto de “mera codelincuencia, pero no de asociación ilícita”, por lo que no se puede formular una acusación por este delito.
El tribunal está dinamitando con la expulsión de este delito la teoría de la “trama criminal” en torno al caso de los ERE fraudulentos y, en cierto modo, avala la postura que en torno a la pieza del “procedimiento específico” ha venido manteniendo la acusación particular que ejerce en esta macrocausa la Junta de Andalucía, que es la perjudicada por el presunto fraude.
La Junta no ejerce la acusación particular en esta pieza política de los ERE porque en su día solicitó el archivo porque entendía que no existía ninguna “trama criminal” ni el procedimiento específico se creó para eludir los controles de la Intervención general y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
El auto de la Audiencia también avala la postura que ha llevado al gabinete jurídico de la Junta a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la negativa de la Audiencia de Sevilla a que el ex consejero de Empleo y otros ex altos cargos puedan ser enjuiciados más allá de la pieza del “procedimiento específico” de los ERE.
A este respecto, la Sección Primera ha advertido de que “las ayudas individuales no son objeto de enjuiciamiento en la presente causa” y la Junta alegaba precisamente en su recurso de amparo que la pieza política de los ERE no incluye ninguna acusación por las más de 160 piezas –la Fiscalía asegura que son unas 270– que siguen actualmente en instrucción, por lo que criticó que la Audiencia de Sevilla había “redefinido” o “reinterpretado” el objeto que en su día se había fijado para este juicio por el “procedimiento específico” de los ERE.
El gabinete jurídico alegó finalmente que se le había impedido a la Junta el “ejercicio de la acción penal en su condición de víctima para reclamar el castigo” del ex consejero de Empleo como responsable de la concesión de las subvenciones y ayudas. Por último, criticó el cambio “radical” de criterio de la Sección Séptima de la Audiencia –la que resuelve los recursos de la macrocausa de los ERE–. La acusación particular de la Junta consideró que ese cambio de la Audiencia afecta a la “validez de la división de la causa matriz y a la persecución penal de los hechos relativos a la gestión de cada concreta ayuda”.