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Un lío de siete años

Jorge Muñoz | 12 de enero de 2018 a las 2:00

CONTINÚA JUICIO PIEZA CASO DE LOS ERE CON CUESTIONES PREVIAS

La Fiscalía Anticorrupción dio la sorpresa el pasado martes con la cuestión previa que presentó ante el tribunal que enjuicia el “procedimiento específico” de los ERE, si bien fue el Partido Popular quien acaparó todos los titulares con su petición de que declaren como testigos la presidenta y el vicepresidente de Junta de Andalucía. Pero una vez pasado el impacto inicial de las declaraciones de testigos propuestas por los populares, que según algunas fuentes tiene pocos visos de prosperar, las defensas de los 22 ex altos cargos van a atacar con vehemencia el planteamiento del Ministerio Público.
Para empezar, lo que resulta más llamativo y que puede generar más incertidumbre es que siete años después de que se iniciara la instrucción del caso de los ERE la Justicia no haya sido capaz de aclarar cuál es el objeto del juicio por el denominado procedimiento específico. La imagen que se traslada a la opinión pública no es, desde luego, de seriedad.
Anticorrupción culpa de la situación a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y al auto que dictó con agosticidad –la resolución se dictó en el mes de agosto de 2017, tras habilitarlo para la resolución de los recursos– en el que el tribunal acordó que sólo haya un juicio para cada uno de los ex altos cargos procesados en la “pieza política” de los ERE, lo que ha determinado que sean excluidos –no sobreseída la investigación– en las distintas piezas que se siguen creando por las ayudas individuales concedidas con fondos públicos y que el fiscal Juan Enrique Egocheaga cifra en 270.
En la cuestión previa sometida al tribunal de los ERE, el Ministerio Público advierte de que sólo caben dos opciones. La primera sería “devolver” las actuaciones al juzgado de Instrucción para que, dejando sin efecto el auto de procedimiento abreviado, se proceda a “acomodar” dicha resolución a los pronunciamientos dictados por la Sección Séptima así como al estado actual de la instrucción de cada ayuda individual sociolaboral y a empresa, lo cual evitaría la indefensión de las partes.
La segunda opción, que es la que mantiene la Fiscalía, consiste en conservar los actos procesales y la intangibilidad de las resoluciones judiciales dictadas en esta causa y “evitar toda nulidad”, aclarando “de manera expresa y taxativa que con respecto a todos los encausados, el presente enjuiciamiento sólo se refiere al diseño del denominado procedimiento general o específico, sin ser sometido al plenario y por consiguiente al pronunciamiento de la Sala cada ayuda sociolaboral o ayuda a empresa de forma individualizada, debiendo ser en el seno de cada una de las previas incoadas, o que se incoen, donde debe ser sometido al plenario y resuelto en sentencia”.
El fiscal le está pidiendo al tribunal que avale o rechace el rediseño del objeto de la causa realizado por la Sección Séptima, y así señala que si los magistrados se consideran “vinculados por los pronunciamientos” del otro tribunal, el Ministerio Público pedirá que se incorpore como documental el “testimonio íntegro de todas y cada una de las piezas separadas ya incoadas” –105 según el Ministerio Público–, así como la “testifical de todas las personas que en las mismas ya han prestado declaración” y todo ello con la finalidad de “poder contar con la prueba necesaria en esta vista oral para que esta Sala pueda en su caso formar su convicción y decidir sobre la relevancia penal de no sólo el llamado procedimiento específico, sino también de todas y cada una de las ayudas dadas durante 10 años”.

Y lo mismo pediría con las otras 170 ayudas que ni siquiera están incoadas aún pero que se investiguen antes de acabar el juicio. Si se acepta este planteamiento, el juicio podría alargarse durante muchos meses más.

Alaya la lía

Jorge Muñoz | 17 de diciembre de 2017 a las 2:00

 
El juicio a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos se inició esta semana con un perfil bajo, limitado exclusivamente a la tediosa lectura de los escritos de las conclusiones provisionales de las partes –un trámite que suele obviarse en la mayoría de los juicios orales que se celebran en este país–. La ordinariez, técnicamente hablando, con la que arrancó la vista, se rompió pronto por los exabruptos que la juez Mercedes Alaya, que durante más de cuatro años instruyó la macrocausa de los ERE hasta su salida voluntaria y no exenta de polémica del juzgado, vertió al manifestar públicamente sus impresiones sobre la futura sentencia en el transcurso de una conferencia que pronunció en Valencia.

Tarde o temprano Alaya iba a irrumpir en las sesiones de la macrocausa, bien por las críticas que las defensas pudieran realizar sobre su controvertida instrucción o por los ataques de los letrados de los ex altos cargos a la teoría de la conspiración para delinquir que la magistrada dibujó y fue aceptada sin ser cuestionada lo más mínimo por la Fiscalía Anticorrupción y parte de las acusaciones, salvo la que ejerce la Junta de Andalucía, que al pedir el archivo del “procedimiento específico” se ha quedado literalmente fuera de este juicio.
Lo que nadie esperaba es que fuese la propia Mercedes Alaya la que se situara de nuevo en el centro de la polémica, irrumpiendo en el juicio con unas duras declaraciones que, como mínimo, no pueden dejar de considerarse como inoportunas por el momento en que se producen, además de la gravedad que rodea ese discurso. Alaya pronunció una conferencia en Valencia el pasado jueves, coincidiendo con la segunda sesión del juicio, y se despachó a gusto al exponer públicamente sus impresiones sobre la futura sentencia del caso de los ERE. Alaya dijo que el fallo le genera “una incertidumbre fea”, no en alusión al fallo que acuerden los magistrados de la Audiencia de Sevilla, sus compañeros, sino por la que pueda dictarse en la instancia superior.

LA JUEZ ALAYA IMPARTE LA CONFERENCIA "INDEPENDENCIA JUDICIAL"

La juez Mercedes Alaya, el pasado jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Sin hacer más hincapié en el error o lapsus que cometió la juez estrella al poner de manifiesto que la sentencia de los ERE sería revisada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside su amigo Lorenzo del Río –no hay que olvidar que este magistrado y la Sala de Gobierno fueron los que finalmente la apartaron de las macrocausas por sus críticas a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños– y no por el Tribunal Supremo, a quien llegará el caso, lo cierto es que las declaraciones de Alaya generan una gran alarma social, al menoscabar una de las características que deben definir la actuación de los jueces: su independencia del resto de poderes.
Alaya dijo, insistiendo en su error, que un tercio de los miembros del TSJA han sido elegidos por el Parlamento andaluz y el presidente de este organismo “también es un cargo discrecional”. ¿Qué quería decir realmente Alaya con estas afirmaciones?
De su discurso se desprende que Alaya piensa que el tribunal que revise el caso puede modificar la sentencia que en su día dicte la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Alaya no dice cuál sería el resultado de esa primera sentencia –sólo comentó que tenía “la mejor” de las sensaciones ante la vista oral–, con lo cual está apuntando a un hipotético aval de sus tesis acusatorias, de un lado, y a una sentencia posterior que por motivos políticos vendría a revocar ese resultado, de otro.
Es lógico que Alaya defienda su trabajo, la instrucción con la que hizo tambalear al Gobierno andaluz. Es humano que lo haga, todo el mundo lo haría, pero extender unas sospechas basadas en unas sensaciones que por ahora no han sido corroboradas por la decisión de ningún tribunal provoca un grave perjuicio a la imagen de independencia que debe presidir la actuación de los jueces y tribunales, y que junto a la imparcialidad y el sometimiento a la ley constituyen los principales pilares que estos deben guardar en el ejercicio de su compleja función.
¿Y si al final la Audiencia de Sevilla absuelve a los 22 ex altos cargos imputados o a la mayoría de ellos? ¿Podríamos entonces acusar a Alaya por la peculiar forma en la que llevó a cabo la instrucción? Pienso que no, porque quiero confiar en que los jueces siempre actúan siguiendo los principios antes mencionados. De lo contrario, apaga y vámonos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

El pen de los ERE, de ida y vuelta

pendrive

*La causa de los ERE tiene unos 16.000 folios, 38 tomos y 6 anexos, a los que hay que sumar otros 200.000 más de la causa matriz, que tiene 341 tomos y 31 anexos. Para facilitar a las partes una copia digitalizada de las actuaciones, la Audiencia de Sevilla ha decidido entregar a los fiscales y a los abogados un pendrive de 200 gigabytes, en cuyo interior hay dos carpetas con los más de 200.000 folios –hay quien dice la causa matriz supera el millón de folios–. Lo que resulta curioso es la diligencia de entrega del famoso pendrive que ha hecho el tribunal, en la que se hace saber a las partes que al finalizar el juicio “se tendrá que devolver obligatoriamente el pendrive a esta Sala”. Y es que la veintena de memorias usb rondan los 100 euros cada una y los medios de la Justicia no están para hacer muchos regalos, aunque las fiestas de Navidad estén cercanas.

 

Dando la cara

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2017 a las 2:00

 

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Nadie les ordenó que se sentarán en primera fila. Podían haber optado por tratar de pasar más desapercibidos ocupando la segunda o la tercera fila, pero no quisieron. A muchos se les vino a la cabeza la comparación de la imagen del banquillo de los ERE con la del juicio por el caso Nóos, con la Infanta Cristina en las últimas filas, compartiendo banco con los otros acusados.
Los ex presidentes Chaves y Griñán entraron ayer los primeros en la sala de vistas, acompañados de sus abogados, y de motu proprio ocuparon el lugar central del banquillo, en la primera fila. La que acapara todas las fotografías del pool que ofreció la agencia Efe, fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y de las imágenes institucionales que difunde Canal Sur televisión. Chaves y Griñán no se ocultaron, mostraron su valor al exponerse, una vez más, como la diana en cuyo centro los situó la incansable juez Mercedes Alaya aquella mañana del 10 de septiembre de 2013. Ese día, en pleno acto de toma de posesión del gobierno de Susana Díaz, la instructora hizo público el auto en el que preimputaba a los ex presidentes en la macrocausa de los ERE, iniciando de esta forma el peculiar calvario de Chaves y Griñán y del resto de procesados que ayer asistieron a un nuevo episodio de este tortuoso proceso judicial que se prolonga desde hace ya casi siete años.

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Los ex presidentes estuvieron escoltados en el banquillo, cual fiel guardia pretoriana, por cinco de sus más estrechos colaboradores, todos ex consejeros: Zarrías, Viera, Aguayo, Álvarez y Vallejo. Sólo quedó fuera de ese exclusivo club –la verdad es que tampoco había más sillas en la primera fila–, el ex consejero Antonio Fernández, otro de los sospechosos habituales que Alaya primero y luego María Núñez Bolaños fueron imputando sucesivamente en cada una de las 200 piezas en las que se troceó la macrocausa de los ERE, hasta que la Audiencia de Sevilla acordó un salvoconducto procesal y decidió que los ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio, en aplicación del principio legal non bis in ídem. Fernández se situó en la segunda fila, muy próximo a los ex presidentes, y al que fuera su estrecho colaborador Javier Guerrero, el principal imputado del caso, que se situó justo detrás de Chaves. El juicio aumentará en interés una vez que acaben las cuestiones previas y comiencen las declaraciones de los acusados.