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De las macrocausas al caos

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

Los jueces de la Audiencia de Sevilla están preocupados, unos más que otros, por las consecuencias que pueden acarrearles la avalancha de más de un centenar de juicios –hay quien apunta que podrían ser incluso más de 200– que van a tener que celebrar en los próximos años, derivados de las causas de las denominadas causas de “especial complejidad”, entre las que se encuentran las macrocausas de los ERE y de Invercaria, o los cursos de formación.
De momento, la Audiencia sólo ha recibido dos piezas de los ERE, que serán enjuiciadas por las Secciones Primera –la del denominado procedimiento específico, que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 22 ex altos cargos– y Tercera –la ayuda concedida a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, donde hay otros 16 procesados–.
Pero a pesar de que sólo han llegado estas dos primeras piezas, ya se han encendido las primeras luces de alarma entre los jueces, sobre todo porque, según explican algunos, desde los órganos de gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no han propuesto ninguna medida de refuerzo.
Fuentes judiciales apuntan que “lo ideal” sería que el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, presentara un informe sobre la situación que se avecina ante el aluvión de macrocausas a enjuiciar y en el que, para empezar, se designara dónde se van a celebrar estos juicios que, en algún caso, superan la treintena de imputados.
Damián Álvarez apuntó recientemente que cree el juicio de Chaves y Griñán podría celebrarse en la sede de la Audiencia, pero otras fuentes apuntan a que no sería factible porque la vista oral está previsto que se prolongue durante meses y además tendría que utilizarse la sala que ahora se emplea para los juicios con jurado, lo que supondría otro hándicap.
Una buena programación y una organización “al milímetro”, como la que efectuó la Audiencia de Málaga con motivo del juicio de la operación Malaya, que además coincidió con la celebración de otras macrocausas, es la única opción para evitar el caos.
Y en esa organización, resulta fundamental conocer en primer lugar si los juicios podrán celebrarse en el edificio de la Audiencia o habrá que buscar una sede alternativa para los juicios derivados de las macrocausas.
Pero la preocupación principal de los jueces de la Audiencia es la saturación que estos juicios supondrá en unas salas ya de por sí sobrecargadas de trabajo, como demuestran las estadísticas.
Las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) recibieron hasta diciembre pasado 7.635 asuntos, de los cuales la Cuarta recibió 2.108; la Primera, 1.861; y 1.833 las secciones Tercera y Séptima. Hasta el pasado 25 de abril, en estas cuatro secciones se repartieron 2.721 asuntos, con lo que la proyección a 31 de diciembre próximo apunta a que la Audiencia recibirá 8.489 asuntos, lo que supone 854 más que el año anterior. Así, la Sección Cuarta asumirá 2.617 asuntos (un 24,2% más); la Séptima, 2.065 (un 12,7% más); Primera, 2.018, (un 8,5% más); y la Tercera, 1.788, lo que supone un 2,5 menos, aunque hay que tener en cuenta que en esta sección uno de los magistrados está exento del 50% del trabajo por un problema de salud.
Cada sección penal tiene actualmente cinco magistrados (20 en total) y la carga máxima asignada a cada juez de la Audiencia, según el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es de 316 asuntos al año, por lo que las previsiones apuntan a que cada magistrado recibirá a final de este año 435 asuntos, superando el máximo del módulo en un 37,8%.
En esta situación, sin contar los juicios de los ERE y de Invercaria, los jueces advierten de que no pueden sacar adelante el trabajo que tienen ahora, por lo que en el futuro será aún peor.
Además, consideran que la situación empeorará cuando la Sección Primera celebre el juicio de Chaves y Griñán, por cuanto este tribunal tendría que ser eximido durante un tiempo del reparto de asuntos para compensar la carga de trabajo, lo que aumentará el volumen de asuntos de las otras secciones penales.
Cabe la posibilidad de aumentar todas las secciones con un magistrado más de refuerzo, con lo que cada una tendría seis magistrados y esto podría hacer que se conformaran dentro de cada sección dos tribunales de tres magistrados: uno de los cuales podría dedicarse a los juicios de las macrocausas y el otro al resto de asuntos.
Esta solución tampoco sería la mejor, por cuanto supondría que el trabajo que actualmente están haciendo cinco magistrados de cada sección pasarían a hacerlo sólo tres, con todo lo que ello supone de más saturación.
Y todo ello, sin contar, las posibles bajas por enfermedad, como ocurre ahora con un juez de la Sección Primera, lo que ha obligado a sustituirle por otro juez en un jurado que debe celebrar pronto, y también provocará que sus nuevos asuntos se repartan entre otros jueces de su sección.
Pero la llegada de las macrocausas plantea además otros problemas que harán necesaria esa organización “milimétrica” de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse conflictos a la hora de fijar los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos diferentes, sino también los mismos abogados defensores.
Un ejemplo. Si el primer juicio que se fija, como todo parece indicar, es el de Chaves y Griñán, no se podrán celebrar más juicios de piezas de los ERE hasta que este proceso finalice, dada esa coincidencia de investigados y abogados. Para complicar aún más el rompecabezas, se da la circunstancia de que algunos de los imputados y los abogados también son los mismos que aparecen en otras piezas de Invercaria, con lo que también tendría incidencia a la hora de señalar las vistas orales.
Esto conduce a que será necesaria una labor casi de cirugía con ese calendario de señalamientos o de lo contrario algunas de las causas podrían tardar años en ser enjuiciadas.
Si no se actúa de manera urgente, las macrocausas podrían provocar el colapso de la Audiencia, el caos, y habría que acudir, como ha sucedido otras veces, al esfuerzo individual de los jueces para salvar, de nuevo, la imagen de la Justicia.

Al final justicia rápida y grandes rebajas

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2016 a las 6:00

Audiencia de Sevilla. Juicio en la Sección Tercera a tres directivos de Cobre las Cruces por contaminación del acuífero Niebla Posadas

Un momento del juicio celebrado ayer en la Audiencia de Sevilla.

Otro pacto judicial que vuelve a sorprender tras el que se realizó con el tiroteo en las Tres Mil Viviendas. La Fiscalía de Sevilla alcanzó ayer un acuerdo con los directivos de la compañía minera Cobre Las Cruces que fueron procesados por la contaminación de un acuífero y por detraer aguas del mismo. Al final hubo hasta una Justicia rápida después de los ocho años en que ha transcurrido la travesía jurídica de esta instrucción y enjuiciamiento de unos hechos que fueron denunciados por el Ministerio Público en el año 2008.
Esa Justicia rápida que llegó ocho años después, valga la contradicción, fue capaz en menos de una hora de dictar la sentencia condenando a los tres directivos de la compañía minera, de declarar la firmeza de la condena e incluso de suspender la ejecución de la pena que finalmente se les impuso. Un todo en uno. Ni siquiera hizo falta que los tres procesados estuvieran presentes físicamente en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla, porque dos de ellos, el ex consejero delegado de Cobre Las cruces François Fleury y el ex director de la mina William Thomas comparecieron ante los magistrados a través de una videoconferencia desde Estados Unidos y Canadá. Para regocijo del consejero de Justicia, Emilio de Llera, que siempre que puede vende los avances realizados por su departamento en materia de modernización de la Justicia e implantación de las nuevas tecnologías, la videoconferencia funcionó perfectamente, tras una inicial corte de la comunicación.
Pero esa Justicia rápida fue posible gracias a la importante rebaja aplicada por la Fiscalía y Ecologistas en Acción en sus pretensiones acusatorias, que redujeron los cinco años y medio de prisión que inicialmente se solicitaban para cada acusado a un único año de prisión y de inhabilitación especial para el cargo.
Como unos grandes almacenes, la Justicia sevillana aplicó unos descuentos que eran irrechazables para las defensas. Y eso que el periodo promocional por excelencia de las rebajas hace varias semanas que terminó. Al final y aunque parezca mentira, todos contentos. Los acusados, aunque alguno dijo que aceptaba la condena pero no estaba de acuerdo con la misma, se han quitado de encima la incertidumbre que supone prolongar durante tantos años un proceso judicial en el que se les amenazaba con acabar en la cárcel.
La Fiscalía y los ecologistas están satisfechos porque, al menos, han logrado una condena, aunque ésta pueda considerarse pírrica porque dicen que es la “primera” a una compañía minera.
Y el tribunal puede cerrar así un juicio que inicialmente había sido fijado para el mes de septiembre de 2017, dentro de un año, y pasar a otros menesteres, que son muchos. ¿Hay quien dé más?

Andalucía sigue siendo una de las comunidades con mayor litigiosidad

Jorge Muñoz | 16 de diciembre de 2015 a las 10:15

El número de asuntos ingresados en el tercer trimestre de 2015 en los órganos judiciales españoles experimentó un descenso de un 2,1 por ciento respecto del mismo trimestre de 2014. Únicamente en la jurisdicción civil se produjo incremento de nuevos asuntos,  con una subida interanual del 11,7%, mientras que en todas las demás se han observado importantes disminuciones: del 5,5% en la penal, y del 4,3% tanto en la jurisdicción contenciosa como en la social.

 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha difundido hoy su informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el tercer trimestre de 2015. En España tuvieron entrada durante el tercer trimestre de 2015 un total de 2.001.182 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron 1.942.504 asuntos y quedaron en trámite al final del trimestre 2.513.906 asuntos.

Al igual que en el trimestre anterior, la jurisdicción Civil ha tenido un importante incremento, del 11,7 por ciento, en el número de asuntos ingresados, con 439.387 nuevos asuntos. En los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción se han observado incrementos del  10,1% en los monitorios, del 40% en el resto de ordinarios y del 38,7% en el resto de verbales.  En esta jurisdicción se resolvieron 385.634 asuntos y están en trámite 1.064.034.  Se han observado incrementos en el número de asuntos ingresados en todos los tribunales superiores de justicia, con la excepción de Cataluña, disminución del 11,1%, y Región de Murcia, disminución del 3,9%, siendo los incrementos más destacados los de Canarias, 28,7%, Madrid, 26,7% y C. Valenciana, 26%.

En la jurisdicción Penal se ha empezado a notar la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que ha entrado en vigor el 1 de julio. En el tercer trimestre han entrado 1.427.346 asuntos, con una disminución del 5,5 por ciento respecto a igual trimestre de 2014, habiéndose resuelto  1.436.345 asuntos y quedando en trámite 899.877 asuntos.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 44.387 nuevos asuntos, con una disminución del 4,3 por ciento. Se resolvieron 43.197 asuntos y están en trámite 217.789 asuntos.

En la jurisdicción  Social  han ingresado  89.983 asuntos, con una disminución del 4,3 por ciento. Se han resuelto 77.275 asuntos y han quedado tramitándose 332.110 asuntos.

 

Baleares, Andalucía y Madrid, a la cabeza en litigiosidad

 La tasa de litigiosidad, es decir el número de asuntos por cada mil habitantes, ha sido en el conjunto de España de 42,9. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Baleares (57,3), Andalucía (49,4), Madrid (48,2), Canarias (47), Comunidad Valenciana (44,2) y Cantabria (43,5). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (28,8) y País Vasco (29,1).

Proyección al conjunto del año 2015

 Como en años anteriores, en base a las series históricas trimestrales disponibles, llegando en este caso al tercer trimestre de 2015, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año 2015.  En este caso, la proyección deberá ser tomada con mayor cautela debido a los efectos de  la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015.

 

Movimiento de asuntos Sentencias
  Ingresados Resueltos En trámite al final del año
Civil 2.018.600 1.908.400 1.119.600 497.600
Penal 5.968.700 6.145.400 798.100 637.700
Contencioso Administrativa 204.200 229.800 206.100 144.600
Social 401.500 421.900 325.700 219.300
Militar 200 300 100        200
Total 8.593.200 8.705.800 2.449.600 1.499.400

 

 

 

Movimiento de asuntos Sentencias
  Ingresados Resueltos En trámite al final del año
Civil 9,5% 2,7% 10,9% 2,7%
Penal -3,3% -2,2% -18,1% -9,0%
Contencioso Administrativa -1,2% -1,9% -11,1% -5,9%
Social -6,1% 2,5% -5,9% 0,1%
Militar -0,8% 16,6% -34,0% 24,2%
TOTAL -0,7% -0,9% -4,4% -3,8%

 

El Gobierno regula las comunicaciones del “papel cero”

Jorge Muñoz | 28 de noviembre de 2015 a las 11:00

Rafael Catalá

Rafael Catalá

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado este viernes un el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación, tanto por los Juzgados, Tribunales y Fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

El Real Decreto se aplicará en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Illes Balears, Extremadura, Ceuta y Melilla) y en todos los órdenes jurisdiccionales. Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia habrán de adoptar las medidas necesarias para asegurar desde el próximo 1 de enero la aplicación de las previsiones introducidas en las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia.

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Justicia ha firmado convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y ha puesto a su disposición las herramientas técnicas necesarias para la implantación de las comunicaciones electrónicas. Además, en un esfuerzo por la coordinación institucional y técnica entre todas las instituciones y colectivos implicados, se han mantenido reuniones en el seno de la Comisión Justicia Digital y también en el marco del Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica, en el que están representadas todas las Comunidades Autónomas, además del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia supondrán una mayor agilidad y un incremento de la transparencia de los procesos judiciales, un importante ahorro de costes, la reducción de las cargas administrativas y una mayor seguridad en el tratamiento de la documentación.

A partir de 2017 la obligación de relacionarse de forma telemática con la Administración de Justicia se extenderá a los colectivos de notarios, registradores o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente, el Real Decreto desarrolla la posibilidad de que el ciudadano pueda relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, así como que pueda proporcionar su número de teléfono móvil o correo electrónico para recibir mensajes de texto o avisos sobre dónde se encuentra a su disposición el acto de comunicación y la documentación correspondiente.

La aprobación de este Real Decreto se enmarca en el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia de nuevas tecnologías aplicadas a la Justicia: 

Inscripción telemática de nacimientos ante el Registro Civil desde los centros hospitalarios - Desde el 15 de octubre los ciudadanos pueden comunicar electrónicamente desde los centros sanitarios el nacimiento de sus hijos a los Registros Civiles. No será, por tanto, necesario en la mayoría de los casos acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil para realizar la inscripción del nacido. Una vez practicada la inscripción, el Registro Civil enviará a los progenitores (preferentemente por vía electrónica) una certificación literal de nacimiento con la que podrán efectuar los trámites que precisen ante otras administraciones. De momento, se han realizado casi cuatro mil solicitudes correspondientes a los setenta hospitales públicos en los que está implantado desde su inicio.

Sede Judicial Electrónica - El 22 de septiembre el Ministerio de Justicia puso en marcha la sede judicial electrónica de los órganos judiciales del ámbito de su competencia. A partir de ahora, los ciudadanos podrán consultar en la web https://sedejudicial.justicia.es el estado de sus expedientes judiciales, así como acceder al servicio de verificación de códigos de documentos judiciales electrónicos. La sede judicial electrónica es el primer paso hacia un modelo de servicios que haga la justicia plenamente accesible (24 h. x 7 días a la semana), transparente y abierta al ciudadano.

Celebración de las subastas judiciales y notariales de forma telemática en Portal de Subastas del BOE - Desde el 15 de octubre de 2015 está en marcha un sistema para la celebración de las subastas judiciales y notariales de forma electrónica a través de un Portal único de Subastas electrónicas de cualquier bien dependiente de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Este nuevo sistema permite multiplicar la publicidad de los procedimientos, facilitar información casi ilimitada tanto de la subasta como del bien y, lo más importante, pujar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que hace que sea un sistema más eficiente para todos los afectados.

Implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional – El expediente judicial electrónico facilita el acceso digital de todos los intervinientes judiciales a la documentación del procedimiento. El proceso en la Audiencia Nacional se inició en septiembre de 2010. Todos los escritos dirigidos a cualquier órgano judicial de la Audiencia Nacional se presentan ante este Servicio Común, que se encarga de su recepción, registro, digitalización y catalogación en un gestor documental. A partir de ese momento, todos los intervinientes judiciales autorizados pueden, desde su ordenador, acceder al expediente judicial electrónico para su gestión y tramitación. Durante 2015, el expediente judicial electrónico ha permitido ahorrar 5,5 millones de euros en los 18.415 asuntos incoados.

Implantación del Sistema integrado de Justicia (Cuenca)
Se trata de una modalidad más avanzada del Expediente Judicial Electrónico, con mejores prestaciones que guía al usuario a la hora de utilizar la herramienta. Está implantado en su primera fase en los Juzgados del partido judicial de Cuenca.

Acceso de las Administraciones al Registro Central de Penados

Las Administraciones Públicas pueden desde ahora acceder a la base de datos del Registro Central de Penados y obtener certificación cuando el administrado no tiene antecedentes. De esta forma, se evita que el ciudadano tenga que presentar documentos que obran en poder de la Administración y se agiliza la tramitación de procedimientos administrativos en los que se precisa los antecedentes penales.

Envío automático de información sobre violencia de género: requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmas (Madrid)
En todos los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid ya es posible el envío automático de requisitorias, medidas cautelares y penas relativas a sentencias firmes de violencia doméstica y de género desde el sistema de registros SIRAJ al Ministerio del Interior. Esta medida permite reducir los tiempos de notificación y de tramitación y elimina el uso del papel en las comunicaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Justicia habilita para los ciudadanos dos líneas de mensajería instantánea y un canal de chat

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2015 a las 17:44

El Ministerio de Justicia ha habilitado un nuevo servicio de atención al ciudadano a través de dos líneas de teléfono para mensajería electrónica instantánea y un canal chat para que los ciudadanos puedan realizar algunas de sus consultas más frecuentes.

Existen dos números disponibles para mensajería instantánea, el número 663 290 227 para prestar un servicio de atención personalizada para consultas de información general, y el número 663 290 231 donde es posible acceder, las 24 horas del día, a la información sobre la situación de los expediente de nacionalidad por residencia para procedimientos iniciados antes del año 2015. En el caso de las consultas sobre nacionalidad, una vez iniciada la comunicación por medio de cualquier mensaje, la aplicación informa de los formatos en que es necesario introducir el NIE y el número de expediente para obtener la información sobre el estado en que se encuentra el trámite.

El canal Chat está habilitado de lunes a viernes de 8:00 a 19:30 para responder cuestiones sobre legalización y apostilla de documentos. Para utilizar los servicios de mensajería instantánea es necesario instalar la aplicación Telegram en su teléfono o Tablet.

Telegram dispone de aplicaciones para iOS (versión 6 y superiores), Android (2.2 y superiores) y Windows Phone. También se puede acceder mediante tablets y ordenadores en los que se puede usar la versión Web de Telegram o las aplicaciones disponibles para Windows, OSX y Linux. Estas aplicaciones se pueden adquirir en la tienda de aplicaciones de su terminal móvil o en la web de Telegram (www.telegram.org)

El 68% de los jueces cree que el traspaso de competencias no ha sido beneficioso para la Justicia

Jorge Muñoz | 25 de septiembre de 2015 a las 12:04

Nueve de cada diez consideran además que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios

La mayoría está a favor de reformas procesales para mejorar la lucha contra la corrupción y se opone a atribuir la instrucción de las causas al Ministerio Fiscal

El 72 % cree que en la Carrera Judicial no existe discriminación interna por razón de género y el 65 % rechaza que se establezca una cuota de nombramientos para mujeres

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El 68 por ciento de los jueces y magistrados españoles considera que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13 por ciento que opina que sí, según revela la VI Encuesta a la Carrera Judicial que se ha hecho pública hoy.

La encuesta, elaborada a petición del CGPJ por SigmaDos y con un margen de error del 2,4 por ciento, se ha realizado mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo que supone el 23,8 por ciento de la Carrera Judicial.

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84 por ciento en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Además, la práctica totalidad de la Carrera Judicial –el 91 por ciento- se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52 por ciento considera que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15 por ciento de los que trabajan en alguna de las Comunidades Autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización.

Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en las Islas Baleares y al 5 por ciento en Galicia. Por el contrario, el 54 por ciento de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43 por ciento contesta que no.

Reformas procesales para mejorar la lucha contra la corrupción

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.

Así, la gran mayoría de los encuestados está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86 %); de la revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79 %); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66 %).

Los jueces también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60 %); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60 %); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59 %).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52 por ciento de los encuestados se muestra en contra y el 41 por ciento a favor.

En contra de una cuota de nombramientos para mujeres

El 65 por ciento de los jueces y magistrados en activo se muestra en contra de reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres. Esta posición -mayoritaria en todos los tramos de edad- es también compartida por juezas y magistradas, entre las que el 52 por ciento rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33 por ciento que se muestra partidaria de ella.

Además, el 72 por ciento de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la Carrera Judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es asimismo compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57 por ciento niega la existencia de discriminación, frente al 26 por ciento que opina que sí existe.

En la actualidad, las mujeres suponen el 52 por ciento de los miembros en activo de la Carrera Judicial.

Independencia judicial, órganos de gobierno y presiones externas

Los datos de la encuesta señalan que tres de cada cuatro jueces y magistrados consideran que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50 por ciento de la Carrera Judicial opina también que el órgano de gobierno de los jueces no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

La encuesta también revela que el 50 por ciento de la Carrera Judicial no conoce el nuevo modelo organizativo del CGPJ y que el 54 por ciento de quienes sí lo conocen lo valoran mal o muy mal. Además, el 64 por ciento de los jueces y magistrados no se siente identificado con los órganos de gobierno del Poder Judicial: Presidencias de órganos judiciales, Salas de Gobierno y Decanatos.

Por otra parte, en el apartado del sondeo dirigido a los miembros del orden jurisdiccional penal, el 9 por ciento de los jueces afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción. Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51 %), los políticos (43 %) y los particulares (26 %). El 67 por ciento de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.

El CENDOJ, el órgano técnico mejor valorado por los jueces

Respecto al funcionamiento de los órganos técnicos del CGPJ, predominan las valoraciones positivas sobre las negativas, destacando el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ): un 77 por ciento de los encuestados responde que funciona bien o muy bien. También superan el 50 por ciento de aprobación Formación continua, Informática y Formación inicial.

Otros servicios del Consejo, como Personal Judicial, Estadística, la Oficina de Comunicación e Inspección, tienen más valoraciones positivas que negativas. Solo dos de los aspectos evaluados registran más opiniones en contra que a favor: los nombramientos y el régimen disciplinario.

Jueces para la Democracia reclama “1.000 juzgados” para poner al día la Justicia

Jorge Muñoz | 15 de junio de 2015 a las 14:07

La Asociación Jueces para la Democracia ha reclama la creación de “1.000 juzgados” para poner al día la Justicia. No digo que no hagan falta juzgados en España, pero la cifra es, al menos, alarmante.  ¿Cuánto cuesta crear ese millar de juzgados?  

JpD ha elaborado el siguiente comunicado para argumentar su petición:

“1. Hasta que comienza en España la Gran Recesión de 2008 la Administración de Justicia venía incrementando su tamaño regularmente. Desde entonces permanece con la misma dimensión, sin acomodarse al incremento de litigiosidad que esta grave depresión económica ha supuesto. Aunque en los primeros años de la crisis se mantuvo un modesto crecimiento que supuso la creación de sesenta juzgados al año, a partir de la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el año 2011, se congela la planta judicial, se eliminan 1500 jueces sustitutos y dejan de constituirse juzgados y tribunales.

 

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La litigiosidad, sin embargo, no para de crecer. La jurisdicción social se ha visto desbordada por las consecuencias de la crisis y por la aplicación de la reforma laboral, que ha contribuido objetivamente al aumento de las demandas por las ventajas que para las empresas supone resistirse a las pretensiones de los trabajadores. Además la supresión de los jueces sustitutos ha ampliado en algunos casos los tiempos de respuesta de la jurisdicción, estimulando a los trabajadores a conciliaciones perjudiciales para sus intereses.

Otro tanto acontece con el orden jurisdiccional civil, también desarbolado en algunas localidades por la ola de litigiosidad que han supuesto las reclamaciones contra cláusulas abusivas, la oposición a ejecuciones hipotecarias, contratos bancarios, permutas financieras, preferentes y últimamente la venta de acciones de Bankia. Los Juzgados de lo Mercantil también se han visto sobrepasados por el incremento de las insolvencias empresariales y familiares, y por los litigios sobre condiciones generales de la contratación, en particular sobre cláusulas suelo, que están llevando los señalamientos a años vista. El orden contencioso ha sufrido vaivenes y el penal se ha convertido en el recipiendario de cualquier reclamación.

2.- Conocido es que las consecuencias de la crisis han querido ser escondidas por los responsables del Ministerio de Justicia por medio de la implantación de unas tasas judiciales disuasorias, que han permitido disimular durante varios años, hasta su reciente derogación parcial, el indudable incremento del número de asuntos judiciales que propicia la conflictividad social.

Esa derogación, que sigue sin beneficiar a las pequeñas empresas que de modo ocasional acuden a los tribunales, tratadas de modo semejante que los grandes usuarios de la Administración de Justicia que son las entidades financieras, de crédito y aseguradoras, es insuficiente y debiera ampliarse. Pero al suprimirse en parte, se ha puesto de manifiesto que, efectivamente, cumplieron esa finalidad de impedir a los ciudadanos acceder al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE.

3.- Nos encontramos, por lo tanto, con un panorama desolador. La planta judicial no crece desde hace un lustro, y la litigiosidad no para de incrementarse. Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas se han instalado en una cómoda dinámica, pues las limitadas plazas judiciales que se crean, que no se traducen en nuevos juzgados y tribunales, se solventan con la simple colocación de una silla y un ordenador en cualquier rincón de los Palacios de Justicia.

A pesar de que se sostiene que ha habido incremento de la planta, la realidad demuestra que sólo se han reforzado órganos desbordados, sin planificación para afrontar las crecientes necesidades ciudadanas. Una sociedad madura como la española, que habitualmente acude a los tribunales como cauce civilizado de resolución de conflictos, está siendo defraudada con esta política restrictiva, que hurta cada año los doscientos juzgados que son precisos para atender el incremento de procedimientos.

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4.- La situación actual no ha estallado de forma generalizada por el esfuerzo del personal de la Administración de Justicia y la magistratura. Sólo se comprende que pueda seguirse atendiendo el aumento de las peticiones de tutela judicial por la dedicación, cada vez superior, de los funcionarios y personal que tienen encomendado el funcionamiento de la Administración de Justicia y quienes integran el Poder Judicial.

Pese a la disminución de efectivos que ha supuesto la expulsión de los jueces y juezas sustitutos y suplentes, reducidos a un número prácticamente simbólico por la práctica desaparición de esta partida presupuestaria, se ha mantenido la respuesta judicial, pero a costa de un incremento significativo de la dilación. Cada vez son más los órganos sobrecargados, según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, y cada vez más la demora de las fechas para celebrar vistas y juicios.

5.- Esta situación tiene que remediarse ya. No es posible que sigan sin crearse juzgados. La presente situación no se va a paliar con la actual política de precarizar las nuevas promociones de la judicatura, que se llevan de un lugar a otro con poco criterio y escasa efectividad. Los derechos de los ciudadanos, que son los que tutela el Poder Judicial, necesitan que éste se organice con un tamaño suficiente y mayor eficiencia. Es preciso volver al nivel de creación de Juzgados y Tribunales que había antes de que comenzara la crisis, aunque ello suponga una inversión notablemente superior a la que ahora se dedica a esta finalidad.

6.- Por todo ello Jueces para la Democracia reclama del Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial y Comunidades Autónomas con transferencia en materia de justicia, que con la mayor urgencia acomoden el tamaño de la Administración de Justicia a las actuales necesidades de la ciudadanía, procediendo a la inmediata creación de los mil juzgados que debieran haberse puesto en marcha durante el último lustro, con el fin de que la sociedad pueda seguir confiando a sus tribunales la tutela, sin las actuales dilaciones, de sus derechos fundamentales y libertades públicas.”

 

 

Con los folios puestos

Jorge Muñoz | 30 de julio de 2014 a las 5:30

El cartel que recibe a los usuarios en un juzgado de Sevilla

Se acabaron las fotocopias gratis en algunos juzgados. El papel es un bien escaso, también en los juzgados. Si usted es abogado o procurador debe saber que hay determinados juzgados de Sevilla en los que, a partir de ahora, tendrá que llevar sus propios folios cuando quiera hacer fotocopias. No es una cuestión de cuidar el Medio Ambiente, sino de falta de medios.
Así lo explica un cartel colgado en la puerta de uno de los juzgados de Instrucción de Sevilla, donde literalmente puede leerse el siguiente anuncio:“Ante la escasez de papel para fotocopias y hasta tanto no se suministre por la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, todos aquellos profesionales que quieran hacer fotocopias deberán traer el papel necesario”.
La singular advertencia a los profesionales de la Justicia se vuelve a repetir ya una vez dentro del juzgado, justo frente a la máquina fotocopiadora. A pesar de los anuncios todavía son muchos los abogados y procuradores que, ajenos a la precariedad de medios de la Justicia, llegan a los juzgados pensando que van a poder hacer fotocopias del sumario que afecta a sus clientes. Y es que la situación que refleja el cartel a la puerta del juzgado de Instrucción es bastante cutre, casi de miseria. Se supone que cuando el profesional acude al juzgado para hacer fotocopias éstas serán pocas.

En caso contrario, cuando se trata de una causa voluminosa, lo normal es que el sumario haya sido escaneado –la mayoría de los juzgados cuentan ya con dispositivos informáticos para digitalizar los documentos– y se le facilite una copia del mismo en una memoria usb que, eso sí, lógicamente debe aportar el propio letrado o procurador.
No es la primera vez que un juzgado llama la atención a los usuarios de la Justicia con un anuncio de este tipo. Hace unos meses, cuando la carencia de medios era aún mayor debido a la crisis económica y los recortes presupuestarios, ya se vivieron situaciones surrealistas. Así, en la localidad de Écija, los abogados y procuradores tuvieron que “regalar” papel a los juzgados para que este órgano pudiera prestar el servicio público e imprimir sus resoluciones.
En los juzgados de Sevilla, la falta de algunos materiales –papel, tóner para las fotocopiadoras, bolígrafos, grapas y otro material fungible–, contrastaba la abundancia de otros elementos, como las gomillas. Ante estas contradicciones, los funcionarios de los juzgados recurrieron a una solución ingeniosa: la vuelta al trueque. Los funcionarios de un juzgado cambiaban a los de otros órganos sobres por folios o aquellos otros materiales que le sobraban por los que no tenían. Una situación lamentable que seguro que sólo se da en la Justicia. No me imagino que pase algo parecido en la todopoderosa Agencia Tributaria.

¿Justicia carcelaria para Carcaño?

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2014 a las 5:00

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, ha sido contundente: “Miguel Carcaño merece un linchamiento”. La madre desea que se le aplique una especie de Justicia carcelaria, para que el asesino confeso de su hija “se levante todos los días pensando qué es lo que va a pasar hoy en la cárcel y se acueste pensando qué es lo que le va a pasar mañana”.

Sé que es muy difícil, por no decir imposible, ponerse en la piel de los padres de Marta, a los que siempre hay que respetar cualquier cosa que digan o hagan por el dolor, el sufrimiento y la tortura en la que están inmersos desde hace cinco años sin poder pasar página. Pero dicho esto y aún comprendiendo que los padres puedan opinar de esta forma, es totalmente comprensible que piensen así, lo que no parece correcto es solicitar un linchamiento, aunque sea de un personaje como Miguel Carcaño.

Muchas personas comparten las palabras de la madre, que insisto es totalmente comprensible que piense así, pero si aceptamos estas soluciones, estaríamos rebajándonos al nivel del propio asesino. Sería como volver a la época del salvaje Oeste, al ojo por ojo. Entiendo que los padres de Marta llevan más de cinco años de continuo sufrimiento, de una cruel e inhumana tortura provocada por un delincuente que ha acabado con la vida de su hija y que encima se burla de la familia ofreciendo ya hasta ocho versiones distintas del crimen y que sigue sin decir dónde está el cuerpo de Marta.

La expresión Estado de Derecho significa precisamente que vivimos en una sociedad sometida al imperio de la ley. Miguel Carcaño ha cometido un delito, ha sido condenado y está cumpliendo su condena, lo que le va a hacer pasar muchos años encarcelado. Y ahora va a ser nuevamente investigado por un otro delito contra la integridad moral, por seguir infligiendo más dolor a la familia con sus enfermizas mentiras.

Juicios para 2017

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2013 a las 9:21

El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla, y de muchos de Andalucía, ha entrado ya en el guiness de los récords. Imagínese que ha impugnado en los tribunales una bajada de su salario o no está de acuerdo con su pensión. Pues sepa que su juicio no se celebrará como muy pronto, al menos en Sevilla, hasta el año 2016 o 2017.

Esta excesiva demora de más de tres años afecta por el momento a este tipo de reclamaciones de cantidad y en materia de Seguridad Social, y no a los despidos, que llevan una tramitación más urgente pero que, en cualquier caso, las vistas no se celebran antes de seis meses.

Dicen los jueces que no pueden soportar más esta carga de trabajo, que llevan desde hace varios años -coincidiendo con la crisis económica y el aumento de la sangría del paro- trabajando a más de doble del módulo de ingreso de asunto que fija el Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ). Ese módulo sitúa entre 670 y 800 los asuntos que cada juez debe recibir al año, pero en Sevilla la media es de 1.615, una cifra escandalosa.

Para tratar de paliar la situación, el Ministerio de Justicia y la Junta han fijado unos refuerzos de dos magistrados, dos secretarios y seis funcionarios, pero este refuerzo se ha mostrado claramente insuficiente para aligerar la carga de trabajo.

Los jueces reclaman la creación de seis nuevos órganos judiciales en la jurisdicción Social o que se aumenten los refuerzos, pero tal y como está la situación y con los recortes presupuestarios en todas las Administraciones todo apunta a que tendrán que seguir soportando este nivel de trabajo un año más y esperar a que la situación mejore el año próximo y se reduzcan las demandas por despido…. Un panorama nada alentador.