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¿Justicia carcelaria para Carcaño?

Jorge Muñoz | 9 de junio de 2014 a las 5:00

La madre de Marta del Castillo, Eva Casanueva, ha sido contundente: “Miguel Carcaño merece un linchamiento”. La madre desea que se le aplique una especie de Justicia carcelaria, para que el asesino confeso de su hija “se levante todos los días pensando qué es lo que va a pasar hoy en la cárcel y se acueste pensando qué es lo que le va a pasar mañana”.

Sé que es muy difícil, por no decir imposible, ponerse en la piel de los padres de Marta, a los que siempre hay que respetar cualquier cosa que digan o hagan por el dolor, el sufrimiento y la tortura en la que están inmersos desde hace cinco años sin poder pasar página. Pero dicho esto y aún comprendiendo que los padres puedan opinar de esta forma, es totalmente comprensible que piensen así, lo que no parece correcto es solicitar un linchamiento, aunque sea de un personaje como Miguel Carcaño.

Muchas personas comparten las palabras de la madre, que insisto es totalmente comprensible que piense así, pero si aceptamos estas soluciones, estaríamos rebajándonos al nivel del propio asesino. Sería como volver a la época del salvaje Oeste, al ojo por ojo. Entiendo que los padres de Marta llevan más de cinco años de continuo sufrimiento, de una cruel e inhumana tortura provocada por un delincuente que ha acabado con la vida de su hija y que encima se burla de la familia ofreciendo ya hasta ocho versiones distintas del crimen y que sigue sin decir dónde está el cuerpo de Marta.

La expresión Estado de Derecho significa precisamente que vivimos en una sociedad sometida al imperio de la ley. Miguel Carcaño ha cometido un delito, ha sido condenado y está cumpliendo su condena, lo que le va a hacer pasar muchos años encarcelado. Y ahora va a ser nuevamente investigado por un otro delito contra la integridad moral, por seguir infligiendo más dolor a la familia con sus enfermizas mentiras.

Juicios para 2017

Jorge Muñoz | 22 de octubre de 2013 a las 9:21

El colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla, y de muchos de Andalucía, ha entrado ya en el guiness de los récords. Imagínese que ha impugnado en los tribunales una bajada de su salario o no está de acuerdo con su pensión. Pues sepa que su juicio no se celebrará como muy pronto, al menos en Sevilla, hasta el año 2016 o 2017.

Esta excesiva demora de más de tres años afecta por el momento a este tipo de reclamaciones de cantidad y en materia de Seguridad Social, y no a los despidos, que llevan una tramitación más urgente pero que, en cualquier caso, las vistas no se celebran antes de seis meses.

Dicen los jueces que no pueden soportar más esta carga de trabajo, que llevan desde hace varios años -coincidiendo con la crisis económica y el aumento de la sangría del paro- trabajando a más de doble del módulo de ingreso de asunto que fija el Consejo General del Poder  Judicial (CGPJ). Ese módulo sitúa entre 670 y 800 los asuntos que cada juez debe recibir al año, pero en Sevilla la media es de 1.615, una cifra escandalosa.

Para tratar de paliar la situación, el Ministerio de Justicia y la Junta han fijado unos refuerzos de dos magistrados, dos secretarios y seis funcionarios, pero este refuerzo se ha mostrado claramente insuficiente para aligerar la carga de trabajo.

Los jueces reclaman la creación de seis nuevos órganos judiciales en la jurisdicción Social o que se aumenten los refuerzos, pero tal y como está la situación y con los recortes presupuestarios en todas las Administraciones todo apunta a que tendrán que seguir soportando este nivel de trabajo un año más y esperar a que la situación mejore el año próximo y se reduzcan las demandas por despido…. Un panorama nada alentador.

Ratas en los juzgados…

Jorge Muñoz | 17 de septiembre de 2013 a las 20:20

No es un secreto que muchas sedes judiciales de Andalucía no se encuentran en condiciones dignas ni para los ciudadanos ni para los propios funcionarios que trabajan en estos órganos judiciales. La lista de incidentes es numerosa, pero el último caso ha ocurrido esta semana en el viejo edificio del Prado de San Sebastián de Sevilla, donde cuatro funcionarios del juzgado de Instrucción número 17 han visto cómo se clausura su oficina y han tenido que ser trasladados a otras dependencias al detectarse la presencia de una rata.

Un cartel advierte de que la oficina está "cerrada por roedores (ratas)"El animal campaba a sus anchas por las mesas de los funcionarios, empapaba sus patas en el tampón oficial que se utiliza para sellar los documentos e incluso había llegado a roer varios cables de los ordenadores. De nada habían servido las trampas de pegamento y las pastillas colocadas por el personal de mantenimiento para acabar con sus andazas. Los excrementos también eran visibles.

Los funcionarios habían pedido que se limpiaran los excrementos de las ventanas

Los funcionarios habían pedido que se limpiaran los excrementos de las ventanas

La situación obligó finalmente a clausurar las instalaciones, mientras que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta ya ha anunciado que se están adoptando las medidas oportunas y que se procederá a desinfectar las dependencias. Pero no es la primera vez que se produce algo así, dado que hace tiempo una fiscal y un funcionarios sufrieron un ataque de piojos mientras se hallaban trabajando en el juzgado de guardia.

Desde luego la imagen de la Justicia no sale para nada reforzada con sucesos de este tipo. Menos mal que en el juzgado de Alaya no ocurren estas cosas, porque con el trabajo que tienen no sé qué pasaría si los funcionarios tuvieran que abandonar la instalaciones… Alaya no tiene ratas, tiene aforados.

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Justicia a tres años vista… No es Justicia

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2013 a las 18:45

Los juzgados de lo Social de Sevilla están fijando la celebración de juicios por reclamaciones de cantidad en despidos para dentro de tres años, para 2016. La cifra media de retraso en lo que se refiere a los litigios por despido tampoco es halagüeña, se están celebrando un año después de que se presente la demanda.

Una justicia a tres años vista no es Justicia, porque en tres años pueden pasar muchas cosas y hacer que el pleito pierda su sentido.

Los jueces alegan que están saturados de trabajo, que están trabajando más que nunca, poniendo más sentencias que antes, y ni aún así pueden reducir la cifra de asuntos pendientes, que sigue incrementándose año tras año, sobre todo desde que comenzó la crisis económica.

Los jueces atribuyen el aumento de los pleitos precisamente a estos años de crisis, donde han crecido los despidos y las reclamaciones de cantidades, etc.

¿Cuál es la solución? Los jueces hablan de la necesidad de crear nuevos órganos judiciales para reducir la media de asuntos  a la que deben hacer frente, pero en un momento como el actual, con los recortes presupuestarios, no parece que ni la Junta ni el Gobierno central vayan a apostar por las inversiones en Justicia.

En Sevilla, donde la situación es la peor de toda la comunidad -en Málaga y Almería los juzgados de lo Social también acumulan importantes retrasos-, se han establecido medidas de refuerzo, con dos jueces en comisión de servicio para dictar sentencias, pero a la vista de las estadísticas, la situación no ha mejorado.

Y lo peor es que la situación próxima al colapso no sólo afecta a la jurisdicción Social, también se reproduce en la jurisdicción Civil, en la Mercantil, en la Contencioso-Administrativa y hasta en los juzgados de lo Penal…

La peculiar defensa del cabecilla de los prostíbulos

Jorge Muñoz | 25 de mayo de 2013 a las 13:38

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Y eso es lo que debió pensar el cabecilla de una red de prostíbulos cuando prestó declaración ante la juez que investiga estas actividades. El responsable de los prostíbulos investigados, Ángel R. P., que según los investigadores llevaba el control directo de los clubes Los Daneses, en Sevilla; y Platinium y OH Palace, en la provincia de Cádiz, defendió la legalidad de los negocios que regenta y para ello no dudó en tirar de su supuesta y selecta clientela.

En su defensa de la actividad que se desarrollaba en estos establecimientos, el imputado afirmó que todo lo que sucedía en los mismos era legal porque, de lo contrario, los numerosos “policías, guardias civiles y jueces” que han frecuentado el establecimiento en las últimas dos décadas tendrían que haber detectado esos delitos y podrían haber denunciado los hechos con mucha antelación y no tantos años después.

El imputado aseguró a la juez que, si lo necesitaba, podría incluso dar los nombres -habría que ver la cara que pondría su señoría ante semejante ofrecimiento del imputado-, identificar a estos miembros de la judicatura y de los Cuerpos de Seguridad que visitaban los establecimientos ahora investigados.

Aunque el imputado realizó estas declaraciones textualmente, el acta de la declaración no recoge la rotundidad con la que se expresó Ángel R. P., puesto que, según las mismas fuentes, no se hace mención a jueces, policías y guardias civiles, sino a personas “relacionadas con la Administración de Justicia” como las que habrían frecuentado los establecimientos del acusado, sobre todo el club Los Daneses de Sevilla.

Las alegaciones del cabecilla de la red seguro que provocaron más de una sonrisa entre todos los asistentes a la declaración de este imputado… Más de uno le habría dejado que facilitar el listado de tan ilustres clientes, aunque eso lógicamente queda fuera de la investigación que se lleva a cabo.

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Esclavos del siglo XXI

Jorge Muñoz | 24 de febrero de 2013 a las 19:19

El caso de Dare Samuel Aremu es significativo de lo que está ocurriendo con muchos trabajadores en tiempos de crisis.  Este nigeriano de 31 años y padre de dos hijos trabajaba 74 horas semanales, muy lejos, casi a años luz de las jornadas de las 35 o 40 horas semanales. Era recepcionista en un céntrico hostal de Sevilla (ver noticia), al que acudía seis de los siete días de cada semana y dos de ellos realizaba un turno de 17 horas seguidas: entraba a las cuatro de la tarde y salía a las nueve de la mañana del día siguiente. Todo por un salario de 625 euros, ni siquiera el mínimo interprofesional.

Muchos dirían que, con los tiempos que corren y a pesar del excesivo horario, pues no estaba tan mal… Pero lo peor es que Dare Samuel Aremu pensaba que la empresa, a pesar de trabajar en esas duras condiciones, declaraba todas las horas trabajadas y tenía su contrato totalmente en regla. Pero, según relata Dare Samuel, eso no era así, puesto que sólo estaba dado de alta por dos horas semanales, lo que hace un total de ocho horas al mes. Cuando recibió su primera nómina descubrió que sólo cotizaba por esas ocho horas al mes y que su salario oficial -no el que la empresa le pagó en negro- era de sólo 57,87 euros netos.

Dare fue a pedir explicaciones a su empresa, pero como le dieron largas, decidió grabar un vídeo denuncia en el angosto espacio que tenía en la recepción del hostal (consulta el vídeo aquí) y lo colgó en internet, en la página de youtube y en su propio facebook. La empresa se dio cuenta del vídeo y el día que se reincorporaba a su puesto de trabajo tras unos días de baja por enfermedad le dijeron que estaba despedido y le coaccionaron para que borrara las imágenes de la red o no le pagarían su sueldo. Dare Samuel, que es padre de dos hijos, se negó y fue entonces cuando fue objeto de una agresión por parte de los cuatro hijos del empresario.

La empresa, por su parte, niega que haya despedido a Dare por denunciar sus condiciones laborales y sostiene que lo echó porque le sorprendió robando. Lo paradójico es que el empresario no ha negado la denuncia del joven nigeriano, dice que es libre de decir lo que quiera y únicamente se limita a afirmar que los hechos están denunciados ante la Policía y que hay que dejar que la denuncia siga sus trámites y se investiguen los hechos.

Efectivamente, hay que dejar que los jueces aclaren lo ocurrido. Pero la Inspección de Trabajo, a la que Dare Samuel ha denunciado sus condiciones laborales y la del resto de sus compañeros –según Dare todos los trabajadores de estos hostales, ocho en Sevilla, sólo cotizan por dos horas–, no puede dejar de investigar hasta el final esta denuncia. Así lo espero de verdad, porque no sólo es por las muchísimas horas de trabajo por un sueldo escaso, sobre todo lo peor es el fraude que se está cometiendo con los derechos laborales de este trabajador y con la propia Seguridad Social.

Porque, como el propio Dare Samuel relata, ¿a qué paro tiene derecho un trabajador que sólo cotiza ocho horas mensuales? La respuesta es bien sencilla: ninguno.

Pero no sólo hay que investigar este presunto fraude, es necesario que se esclarezca la agresión que el nigeriano asegura haber recibido por parte de los hijos del empresario. La crisis económica no puede servir de excusas para cometer abusos y mucho menos hechos que podrían considerarse incluso como constitutivos de delito.

La Justicia y la Inspección de Trabajo deben dar una respuesta contundente a los hechos denunciados por este inmigrante que, como la mayoría de los que vienen huyendo de la miseria de su país, sólo buscaba en España un lugar donde formar una familia -Dare convive con una joven sevillana con la que tiene dos hijos- y vivir y trabajar de una manera digna. Lo primero ya lo ha conseguido, pero lo segundo deberá esperar a encontrar con otra clase de empresario.

Dare Samuel Aremu recuerda que en su país hay un proverbio que dice que si vas a regalar una cabra a alguien, debes también darle la cuerda para que pueda llevarla. Aquí no se le ha regalado nada, pero si España le ha acogido y es padre de dos ciudadanos españoles, Dare Samuel también tiene derecho a que por lo menos se investigue su caso y se depuren las responsabilidades que pudieran deducirse de lo que le ha ocurrido.

El ‘zapatazo’ del presidente del TSJA y el sufrimiento de Alaya

Jorge Muñoz | 23 de enero de 2013 a las 22:27

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se desplazó a Sevilla a poner orden en el juzgado de Alaya ante la justificada ausencia por enfermedad de la titular del juzgado que investiga, entre otros asuntos voluminosos, el escándalo de los ERE fraudulentos.

Lorenzo del Río llegó a Sevilla, vio la situación del juzgado de Instrucción número 6 y dio un zapatazo para arreglar la situación. No era para menos. Más de cuatro meses de ausencia de Alaya han paralizado la causa de los ERE y la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que lleva destinada en el juzgado desde el pasado 3 de enero, no acababa de tomar las riendas de la investigación de las ayudas irregulares.

Cierto es que la juez necesita un tiempo para ponerse al día en un sumario que acumula más de 60 volúmenes -30.000 folios- y que tiene más de 200.000 documentos en anexos, pero también es cierto que se trata de una juez de carrera y que, por lo tanto, su actuación no puede limitarse a la actuaciones de urgencia y a aquellas de mero trámite. Ante una baja de Alaya que se presume puede prolongarse durante más tiempo, había que activar estos procedimientos, tal y como ha reconocido Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha dicho que Ana Rosa Curra, al llegar  este juzgado, ha asumido “todas las causas” de este juzgado, pero también ha puntualizado que la carga de trabajo que soporta este órgano requiere por lo menos que haya siempre dos jueces o incluso tres, si Alaya vuelve finalmente.

Y ésta es precisamente la solución que se ha acordado. La próxima semana se incorporará un nuevo juez de refuerzo o en comisión de servicio para que apoye a la juez Curra y, a partir de ese momento, entre ambos jueces se distribuirán las causas pendientes, algunas de ellas desde 2008, como ocurre con el delito societario en el que se investiga a Manuel Ruiz de Lopera, el ex máximo accionista del Real Betis.

En su visita, Lorenzo del Río también ha logrado arrancar el compromiso de la Junta para que el juzgado de Alaya cuente con dos nuevos funcionarios judiciales de refuerzo, que contribuyan a “agilizar” los delicados procedimientos que se investigan en este juzgado.

Pero el presidente del Alto Tribunal andaluz también ha dejado constancia de la situación en la que se encuentra la juez Mercedes Alaya, quien según del Río, está “sufriendo” por tener que quedarse en casa y no poder volver a trabajar. Si hay algo que precisamente no se puede reprochar a Alaya es su entrega y dedicación al juzgado y en especial al caso de los ERE, que es el caso de su vida, el que marca a un juez, como en su día el caso Juan Guerra marcó al magistrado Ángel Márquez, por citar algún ejemplo cercano.

No me cabe duda y así lo creen muchos de los que conocen la labor de la juez Alaya que la instructora está deseando volver, pero su enfermedad la mantiene, a pesar de sus esfuerzos, alejada de los contundente autos y resoluciones que acostumbra dictar los viernes. En alguna ocasión he comentado en esteblog que la instrucción de los ERE no será la misma sin Alaya, pero que ante su ausencia, no se podía esperar más, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido de la posible prescripción de algunos delitos, y porque, como también han reflejado ya algunos de los abogados defensores de los imputados que conocen la causa al dedillo, los retrasos y la falta de traslado de las actuaciones policiales que han seguido desarrollándose estos meses sin Alaya comienzan a afectar al derecho de defensa de los propios imputados.

La última baja de Alaya es por 20 días. Ojalá vuelva antes o cuanto antes, porque esta compleja instrucción la necesita.

La causa de los ERE no puede esperar más a Alaya

Jorge Muñoz | 17 de enero de 2013 a las 21:45

La instrucción de los ERE no puede esperar más a la juez Mercedes Alaya, que acaba de anuncia que prolonga durante otros 20 días más su baja por enfermedad.

Nada más conocerse que Alaya no vuelve mañana al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Ríoha tomado finalmente cartas en el asunto y ha anunciado una visita la próxima semana a Sevilla, donde se reunirá con la juez de Adscripción Territorial Ana Rosa Curra, que ha sido designada recientemente como refuerzo en el juzgado de Alaya.

El anuncio de la llegada de Del Río -que oficialmente viene a interesarse por la situación y el volumen de trabajo del juzgado de Alaya- supone un paso definitivo para zanjar la polémica en torno a la continua baja de la titular, que se ausenta de su juzgado desde el pasado 12 de septiembre y que ha sumido la instrucción del caso de los ERE y de otros de importancia -como el delito societario del Betis- en una auténtica parálisis instructora. Por mucho que la Guardia Civil siga investigando, hace falta el impulso de un juez.

Es cierto que nadie como Mercedes Alaya sería capaz de llevar esta investigación a los extremos -tanto positivos como negativos- a los que ha llegado esta instructora, pero si no puede continuar por su enfermedad, es hora de ceder el testigo a otro magistrado/a.

La Fiscalía Anticorrupción, que durante los primeros meses aguardó prudentemente la recuperación de Alaya, ha comenzado en las últimas semanas una ofensiva para reactivar la instrucción, solicitando que vuelvan a realizarse actuaciones instructoras: toma de declaraciones de imputados, que se dé traslado de los sumarios, recursos, etc… La Fiscalía ha hablado de la posible prescripción de algunos delitos y ha pedido a la Guardia Civil que “priorice” la investigación de las ayudas concedidas entre los años 2001 y 2003.

La causa de los ERE puede encontrarse igualmente en un momento crucial, en el que se está investigando el posible destino de las comisiones que, según apuntó en su día la propia Alaya, habrían cobrado las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía. Y ha caído un presunto testaferro, que ha sido enviado a prisión provisional, y todo apunta que puede haber más detenciones en breve.

Y Alaya no sólo tramitaba el caso de los ERE, también instruía otras causas complejas como el delito societario del Betis o las investigaciones relacionadas con la empresa pública Mercasevilla, que dio origen al escándalo de los ERE.

En esta situación y, por mucho que les pese a muchos, es hora de encontrar una solución definitiva a las ausencias justificadas de Alaya. Algunas fuentes habían apuntado incluso que si la titular no se reincorporaba ahora, como así ha sucedido, la sala de Gobierno del TSJA tendría que adoptar una medida más contundente, que lo más probable es que pase por ordenar a la juez Ana Rosa Curra que asuma por completo el trabajo de Alaya.

Sólo hay una última opción. Que Alaya se incorporara antes de esos nuevos 20 días -que se cumplirán el 6 de febrero-, pero tampoco hay ninguna seguridad sobre este extremo. La causa de los ERE está en el momento más delicado de estos más de dos años de investigación porque la posible sustitución de Alaya por otra juez supone un nuevo contratiempo: la nueva instructora necesitará un tiempo importante para ponerse al día de un voluminoso sumario. Y también necesitará que la eximan del reparto de los otros asuntos y le nombren a su vez un sustituto, porque hay que concederle las mismas condiciones con las que contaba Alaya.

Las prisiones provisionales vuelven al escándalo de los ERE

Jorge Muñoz | 16 de enero de 2013 a las 20:49

De nuevo prisiones provisionales en la causa en la que se investiga el escándalo de los ERE. Ha sido la juez sustituta de Mercedes Alaya -que sigue de baja por enfermedad- la que ha enviado a prisión a un presunto testaferro de las comisiones de los ERE, Juan Francisco Algarín Lamela.

Este nuevo imputado habría recibido cheques por importe de 362.500 euros, según la Guardia Civil, que considera que actuaba bajo las órdenes del supuesto “conseguidor” de los ERE, el ex sindicalista Juan Lanzas.

Algarín, que estaba en un centro de acogida rehabilitándose, se mostró “muy colaborador” con la Justicia, lo que significa que ha tirado de la manta. Ha dicho que llevó sobres con dinero de Mercasevilla y de bares próximos a la Consejería de Empleo hasta otros bares próximos también a la delegación de Empleo. Y también recogió dinero en Madrid del director general de Vitalia, Antonio Albarracín.

Este nuevo imputado, al que la Fiscalía le pide en otra causa ocho años de cárcel por sendos delitos fiscales -al parecer derivados de una denuncia de la Agencia Tributaria y que tendrían vinculación con los hechos que ahora están siendo investigados bajo secreto de sumario-, ha sido el primer imputado que va a prisión después de que la Audiencia de Sevilla frenara la ronda de encarcelaciones que decidió la juez Alaya: que envío a prisión al ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a su ex chófer Juan Francisco Trujillo, y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, todos ellos ya en libertad con cargos.

En esta nueva línea de investigación que permanece secreta se investigan varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales de las “sobrecomisiones” cobradas por las entidades mediadoras de las pólizas financiadas por la Junta. Esta investigación trata de determinar el destino final de esas comisiones, si realmente fueron a parar a algunos de los imputados, o hay algo más importante y escandaloso detrás.

Todo apunta, además, que esta semana puede ser ajetreada en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que a la detención de Algarín pueden seguir algunas más, todas ellas con nombres propios vinculados al cobro de esas comisiones… La juez Ana Rosa Curra parece que va a tener trabajo, al menos mientras se produce, si es verdad, que tiene lugar el esperado retorno de la juez Alaya, a quien por cierto le cumple este jueves día 17 el último parte de baja que se le concedió.

Algunas fuentes señalan que la intención de la juez sería incorporarse el viernes o, como muy tarde, el próximo lunes, día 21, pero todo dependerá igualmente de su estado de salud, que presenta continuos altibajos. Si la vuelta no se produce, la Audiencia de Sevilla y la sala de gobierno de TSJA deberán adoptar otras medidas más contundentes para no mantener la parálisis que afecta a la instrucción de éste y otros sumarios que se tramitan en el juzgado de Alaya.

Ultimátum de los jueces y fiscales para ir a la huelga en febrero

Jorge Muñoz | 15 de enero de 2013 a las 20:46

La huelga de los jueces y fiscales está cada vez más cerca. Las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado hoy que irán a la huelga en febrero si el Ministerio no da una “respuesta satisfactoria” a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Se repetiría de esta forma, el histórico paro de la judicatura de febrero de 2009, tras las denuncias por la falta de medios materiales y personales a raíz del escándalo del caso Mari Luz.

La comisión interasociativa de conflicto ha fijado el 5 de febrero como la fecha tope para que Gallardón dé una respuesta a sus reivindicaciones. La huelga se convocaría en los diez días siguientes, a pesar de las reticencias que hasta ahora había venido mostrando la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), asociación mayoritaria en la carrera y de carácter conservador.

Entre las reivindicaciones de los jueces y fiscales destacan que el CGPJ “mantenga su actual estructura y competencias” y que se potencie el Consejo Fiscal, y rechazan cualquier modificación que “mine la independencia e imparcialidad” del Poder Judicial, pero no hacen ninguna mención a la pérdida de la paga extra.

Reclaman además “autonomía presupuestaria” del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Entre las demandas, se incluye el aumento de la planta de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea y que la Justicia tenga los medios humanos y materiales necesarios, así como la determinación “definitiva” de la carga de trabajo compatible con una justicia de calidad.

Por último, incluyeron su rechazo a la polémica ley de tasas, al exigir una norma que “no limite el acceso de los ciudadanos a la Justicia”. Los jueces quieren que los políticos vean la Justicia no como un problema, sino como un elemento esencial de solución….

Cuatro años después de la primera huelga de jueces, la situación de la Justicia sigue igual o peor, por lo que la nueva protesta está cantada.