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Una ley mordaza para la prensa

Jorge Muñoz | 15 de enero de 2013 a las 9:25

La reforma del Código Procesal Penal que prepara Gallardón incluye una ley mordaza para la prensa. La reforma incluye un período de 12 meses máximo para mantener bajo secreto de sumario una investigación, pero ojo incorpora que el tribunal podrá acordar, “previa ponderación de los intereses en conflicto”, el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer “gravemente” el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

¿Qué quiere decir esto? Que si un medio consigue, gracias a sus fuentes, una información sobre la que se haya decretado el secreto, el juez podrá ordenar que no continúe su publicación. Es cierto que en algunos casos la publicación de una noticia puede perjudicar la marcha de la investigación, pero esta reforma implica que a las primeras de cambio el juez puede obligar al medio a que no siga publicando la información.

Una causa podrá ser excepcionalmente declarada secreta, total o parcialmente, para el encausado y las demás partes personadas en el proceso cuando el conocimiento de su contenido suponga un “riesgo relevante” para el esclarecimiento del hecho, el aseguramiento de los medios de prueba o la protección de la víctima. El Ministerio Fiscal declarará el secreto en un “decreto motivado”, que no será susceptible de impugnación, y que deberá ser ratificado por el Tribunal de Garantías en el plazo de diez días en un auto, que podrá ser recurrido en apelación, informa Europa Press.

El secreto, que sólo podrá mantenerse durante el tiempo imprescindible para alcanzar sus fines, se acordará por “el plazo máximo de tres meses”, sin perjuicio de su posible prórroga por idénticos periodos hasta un total de seis meses o de doce cuando la investigación se dirija contra organizaciones criminales o grupos organizados. Cuando el secreto no fuese imprescindible o hubiera transcurrido el plazo máximo, tendrá que ser levantado “necesariamente”, sin perjuicio de que, si surgen nuevos hechos o imputaciones en el curso de la instrucción, podrá decretarse “nuevamente en iguales términos e idénticos plazos”.

En la actualidad, el juez puede declarar en un “auto” el secreto de las actuaciones durante un mes, aunque puede prorrogar de forma expresa este periodo. Lo que no está regulado es que pueda ordenar a los medios que no siga publicando informaciones sobre una causa secreta… ¿Qué habría pasado si esta reforma hubiera estado en marcha durante la investigación del asesinato de Marta del Castillo? Pues sencillamente que la opinión pública no habría tenido una información fidedigna de lo que iba pasando en la fase de instrucción, al menos mientras se mantuvo el secreto de sumario.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la ‘Publicidad de las actuaciones’ en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición “excepcional” de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que “si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto, el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal determina que la Fiscalía General del Estado, en la forma establecida en su Estatuto Orgánico y sus normas internas de funcionamiento, podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación, “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.

Asimismo, podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso “cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública”. Los órganos de la Policía Judicial sólo podrán difundir información sobre las investigaciones previa autorización del Ministerio Fiscal, precisa el documento. El capítulo destinado a la declaración de los testigos recoge que los periodistas no podrán ser obligados a declarar como testigos respecto a las fuentes de información utilizadas en el desarrollo de su actividad profesional.

Asilo político para el protagonista del zapatazo a Erdogan

Jorge Muñoz | 9 de enero de 2013 a las 14:33

El kurdo Hokman Joman, que en febrero de 2010, arrojó un zapato al primer ministro turco Recep Tayip Erdogan acaba de solicitar su asilo político en España. Su acción, al enmarcarse en un delito contra la comunidad internacional, se consideró penalmente como de especial gravedad y se le impuso una condena de tres años de cárcel, una pena que el joven kurdo, soldador de profesión, ha cumplido plenamente a pulso.

Hokman Joma fue excarcelado a tres meses de que cumpliera la totalidad de la condena, habiendo disfrutado sólo de un par de permisos en prisión -lo normal es que hubiera tenido más- y todo ello a pesar de que tanto el juez que lo condenó, como la Audiencia de Sevilla, que confirmó el fallo, estimaron que la pena era demasiado elevada.

Ni siquiera el periodista iraquí que lanzó no uno sino varios zapatos al presidente de EE.UU George W. Bush cumplió tanta condena. No pasó ni un año en prisión a pesar de que la condena impuesta era igualmente de tres años.

Cada caso no es comparable, pero es evidente que Hokman Joma ha cumplido con creces la pena por el delito que cometió. Ahora está en situación irregular en España y ha pedido al Gobierno español que le conceda la medida de Protección Internacional porque, como él mismo dice, si le expulsan a Siria es como si le “condenaran a la pena de muerte”. La complicada situación que vive actualmente  su país de origen tampoco le beneficia.

El joven asegura que está arrepentido de su acción y que hoy no volvería a hacerlo, porque sólo quería mostrar su protesta por la situación del pueblo kurdo. El Gobierno español le indultó en noviembre pasado, a buenas horas porque sólo le quedaban unos meses para cumplir la totalidad de la condena.

Después de todos los avatares por los que ha pasado este joven, que recordemos ha pagado por su delito como ningún otro, no estaría de más que el Gobierno diera una muestra más de clemencia y le concediera el asilo polític0.

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Nuevo aplazamiento del Supremo para dictar la sentencia del caso Marta

Jorge Muñoz | 8 de enero de 2013 a las 15:48

El Tribunal Supremo ha prorrogado por otros 15 días el plazo para dictar la sentencia definitiva sobre el crimen de Marta del Castillo. ¿Qué significa este nuevo aplazamiento? ¿Habrá sorpresas en el fallo? El auto del Alto Tribunal alega que son los mismos motivos que ya motivaron la anterior prórroga, la complejidad del asunto, lo que ha llevado a sus señorías a ampliar el plazo para dictar el fallo. Pero qué puede haber detrás de esta decisión, que parece que va a hacer coincidir la sentencia con el cuarto aniversario del asesinato, el próximo 24 de enero.

Recordemos que la Fiscalía y los padres de Marta han pedido que se anule la sentencia y que se repita el juicio, incluso ante un tribunal diferente: ante un jurado popular. Pero esta decisión, en el supuesto de que se adoptara tendría unas consecuencias imprevisibles. Para empezar, se correría el riesgo de que el asesino confeso, Miguel Carcaño, tuviese que ser puesto en libertad, puesto que el próximo 13 de febrero se cumplen los cuatro años de su detención y el día 15 de ese mes, los cuatro años desde su ingreso en prisión. A Miguel Carcaño se le prorrogó la situación de prisión hasta la mitad de la condena, esto es, hasta 10 años -fue condenado a 20 años de cárcel por asesinato-, pero en el caso de que se ordenase la repetición del juicio, tendría que ser puesto en libertad hasta que se celebrara el nuevo juicio y se dictara la nueva sentencia, ya que habría cumplido el máximo tiempo de prisión provisional, que serían esos cuatro años. Por lo tanto, habría que descartar en principio la posibilidad de repetición del juicio.

Pero esto no implica que los magistrados del Supremo no puedan tocar la sentencia. Si no se repite el juicio, es prácticamente imposible que el Supremo pueda revocar la absolución de los otros tres acusados: Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, su novia, María García, y el que fuera amigo íntimo del asesino confeso, Samuel Benítez. En cualquier caso, el Supremo si podría modificar la pena impuesta a Miguel Carcaño, no para rebajar -como ha solicitado su defensa, que ha planteado el delito de homicidio en lugar de asesinato-, pero sí para incrementarla. Carcaño podría ser condenado por el delito contra la integridad moral, por haber aumentado el dolor de la familia de Marta al no revelar el paradero del cuerpo, y también podría ser condenado, como ocurrió con Francisco Javier García Marín, el Cuco, a pagar los 616.319 euros que costó la búsqueda de Marta en el río, en el vertedero de Alcalá y en la zanja de Camas.

Cabe además la posibilidad de que no haya unanimidad en la sentencia y de que algún magistrado pueda emitir un voto particular, discrepando del sentir mayoritario de la Sala en este asunto, cuya ponencia corresponde al juez Juan Saavedra Ruiz.

La solución de este auténtico puzle se dará antes del 23 de enero próximo, pero lo que aún no se sabe es el paradero del cuerpo de Marta, que sigue siendo la gran incógnita, aun no revelada, de este asesinato. Y eso que el juez que instruyó la causa, el magistrado Francisco de Asís Molina, mantiene abierta desde hace cuatro años una pieza separada para buscar el cadáver en la que se han realizado distintas actuaciones, hasta ahora, sin éxito.

El nuevo papel del fiscal como instructor de los procesos penales

Jorge Muñoz | 2 de enero de 2013 a las 21:51

La propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que data de 1882, reforzará el papel del Ministerio Fiscal, al que se atribuirá la instrucción de las causas penales y reducirá además los delitos perseguibles por la acusación popular o sobre los que puede conocer el jurado.

La comisión de expertos designada el pasado marzo por el Gobierno para la redacción de la nueva reforma del proceso penal ha culminado sus trabajos y presentó el pasado viernes su texto articulado al departamento de Alberto Ruiz Gallardón.

La posibilidad de que se le encomiende a los fiscales la instrucción lleva barajándose desde hace ya tiempo y, de hecho, hace años que se implantó con éxito en la jurisdicción de Menores, donde en relación con los expedientes de reforma  instruye los procedimientos, dirigiendo la investigación para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas. Además, se constituye en garante del respeto de los derechos fundamentales de los menores infractores y de las víctimas. En estos procesos, el fiscal solicita del Juez de Menores la adopción de medidas cautelares durante la tramitación del procedimiento. En la solicitud de medidas definitivas siempre actúa orientado a la satisfacción del interés superior del menor, velando por que se modifiquen o sustituyan, si es preciso, las impuestas en sentencia.

Lo que habrá que ver es la postura que adoptarán los jueces sobre esta propuesta, que recorta sus funciones al entregar la instrucción a los fiscales, y a buen seguro que se abrirá un nuevo frente en la batalla de los jueces contra el Ministerio de Justicia.

Además de una reducción de los plazos del secreto sumarial, se espera que con la reforma del proceso penal se incluya una regulación completa de las intervenciones telefónicas y de las comunicaciones telemáticas, dada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la insuficiente regulación española. El tribunal de Estrasburgo ya condenó a España en 2003 a indemnizar a José Ramón Prado Burgallo, conocido como Sito Miñanco, por la deficiente regulación de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de sus actividades delictivas.

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Menos días de permiso para los jueces, nueva munición para la futura huelga

Jorge Muñoz | 28 de diciembre de 2012 a las 20:17

A partir de mañana, los jueces verán reducidos sus días de permiso anuales de 18 a 12 y los jueces sustitutos quedarán para casos excepcionales, una vez que entra en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haber sido hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado y que supone dotar a los jueces de nueva munición en el conflicto que mantienen desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que amenaza con desembocar en una huelga a partir de enero.

La denominada Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia estará vigente desde mañana, salvo dos preceptos que afectan a las licencias por enfermedad.  Con esta reforma, los juzgados y tribunales tendrán en 2013 una nueva forma de trabajar que llevará a los jueces titulares a ejercer sustituciones, cuya retribución será igual al 80 por ciento del complemento de destino previsto para el desempeño profesional en el órgano que se sustituya. El problema está en que muchos jueces no pueden ni siquiera asumir su propia carga de trabajo, la que entra a diario en los juzgados de los que son titulares, como para a partir de ahora tener que asumir más trabajo. Porque sustituir a un compañero un día de juicio no sólo implica entrar en sala, dado que este magistrado tendrá que dictar las sentencias correspondientes a ese día a pesar de que no sea el titular del órgano sustituido.

Con la nueva ley, los alumnos de la Escuela Judicial contarán con un periodo obligatorio en el que realizarán labores de sustitución y refuerzo, una jurisdicción que ejercerán con “idéntica amplitud a la de los titulares del órgano judicial” durante un tiempo mínimo de cuatro meses. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano competente para fijar su retribución.

La norma ha provocado el rechazo de las asociaciones judiciales y de los jueces sustitutos que ven en la misma una finalidad “meramente presupuestaria” que no solucionará el colapso en esta Administración pero que “mandará a la cola del paro” a cerca de 1.600 personas.

En cuanto a la reducción de los permisos de los jueces, los días de asuntos propios se ven reducidos a tres días al año frente al vigente sistema de seis permisos de tres días cada uno. Además de los tres días de asuntos particulares, los jueces podrán ausentarse tres días al mes, hasta un máximo de nueve días al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, para hacer frente a la acumulación de asuntos o cuando otras circunstancias lo aconsejen. La autorización se denegará cuando coincida con señalamientos, vistas o deliberaciones o no queden cubiertas las necesidades del servicio.

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El ‘tasazo’ ya tiene fecha: se aplicará a partir del lunes 17

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2012 a las 19:44

Se consumó el tasazo judicial. El BOE ha publicado hoy los modelos de autoliquidación 696 y 695 del Ministerio de Hacienda, que regulan el pago y devolución de las tasas en los supuestos que proceda. La nueva norma, que acarreará al ciudadano un coste de entre 50 y 1.200 euros, será aplicable a las jurisdicciones Civil, Social y de lo Contencioso-administrativo a partir del próximo lunes, día 17, según explica la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A pesar de que la ley ha generado el rechazo de todos los operadores judiciales sin distinción alguna, el Gobierno ha decidido seguir adelante con este modelo que lógicamente va a reducir la litigiosidad pero a costa de limitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la Justicia, porque habrá quien no pueda plantearse presentar una demanda o recurrir una sentencia al saber que tiene que hacer frente al pago de una tasa, además de los honorarios de su abogado y procurador.

Se consagra así, según la frase más acuñada contra esta norma, una Justicia de ricos y pobres, porque a partir de ahora sólo acudirá a los tribunales, al menos en estas jurisdicciones, aquellos que dispongan de recurso suficientes.

El PSOE ya ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucionalidad, mientras que la Junta de Andalucía también está estudiando la posibilidad de presentar un recurso.

Consulta la orden de Hacienda en el BOE.

El registro de los juzgados de Sevilla con columnas de demandas presentadas para evitar el 'tasazo'

La guerra de Gallardón

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2012 a las 0:01

Gallardón ha puesto en pie de guerra a toda la Justicia. Ha logrado en sólo unos meses al frente del Ministerio lo que nadie había conseguido hasta ahora: reunir bajo un mismo estandarte a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, a los abogados y a los funcionarios de Justicia.

Desde septiembre pasado, los jueces españoles están dando diversos pasos que conducen irremediablemente a una nueva huelga, la reedición de la histórica jornada que se vivió en febrero de 2009. Este miércoles, los juzgados y Audiencias de España pararon durante una hora para mostrar el rechazo de toda la Justicia a las reformas que promueve el ministro.

Gallardón ha contraatacado acusando a los jueces de echarse a la calle porque se les ha quitado la paga extra de Navidad y por la reducción de los días de asuntos propios anuales. En su contraataque, Gallardón no ha dudado en sacar la munición pesada. Ha revelado que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, le pidió nada más acceder al cargo que financiara un plan de pensiones para los jueces con las polémicas tasas, que se han colado como un nuevo frente en la guerra del ministro contra toda la Justicia.

Cierto es que, entre las primeras reivindicaciones de los jueces, aparecían algunos aspectos económicos y de su régimen estatutario, pero decir que los jueces protestan sólo por motivos económicos es un razonamiento bastante simplista que no obedece a la realidad. Sólo con examinar el último comunicado de la Comisión Interasociativa de Conflicto de jueces y fiscales queda claro que, para nada, esa es la motivación de la carrera.

Los jueces protestan porque ya no pueden soportar más la situación que se vive en unos juzgados sobrecargados de trabajo y en los que los expedientes se acumulan por los pasillos y los suelos de los juzgados porque no hay ya estanterías donde guardarlos. Los jueces también protestan porque están cansados de tenerle que decir a los ciudadanos que su sentencia ha tardado muchos casos hasta casi un año en dictarse porque esa carga de trabajo les impide hacerlo a su debido tiempo. Los jueces protestan porque se ven obligados a fijar un juicio de una reclamación laboral para dentro de dos años, lo que está llevando a muchos ciudadanos a aceptar acuerdos leoninos al no poder esperar tanto tiempo.

Los jueces también protestan porque sus plantillas de funcionarios son escasas, las bajas por enfermedad de estos trabajadores no se cubren a tiempo y cuando se hace, se trata de personas que a veces necesitan de un nuevo período de aprendizaje.

Los jueces protestan porque no quieren ser el próximo juez Tirado, quien, debido a la escasez de medios y a la falta de control de centenares de ejecutorias, descubrió un día horrorizado al ver el telediario que un individuo al que había condenado por abusos sexuales a su hija seguía en libertad y estaba acusado del asesinato de la pequeña Mari Luz. Este escándalo fue el germen de la primera huelga de la Judicatura, en la que por primera vez en la historia los jueces se alzaron para el reclamar al Ministerio más inversión en la Justicia y para gritar que no podían continuar así. Casi cuatro años después, la situación de la Justicia ha empeorado, en parte por la crisis, que ha aumentado el número de asuntos que llegan a los juzgados, de un lado, y por los recortes presupuestarios, de otro. Con el tema de las ejecuciones de sentencias, los jueces siguen “sentados en un polvorín”, como definió acertadamente un magistrado hace varios años.

Los jueces protestan porque esta escandalosa carga de trabajo que soportan está afectando no ya sólo a su vida laboral -personalmente no conozco ningún juez que no se lleve trabajo a casa-, sino a su propia salud. El caso de la juez Mercedes Alaya, la instructora de los ERE fraudulentos, puede ser un ejemplo de esto último.

Los jueces reclaman contra el intento del Ministerio de limitar la independencia de su máximo órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y también protestan, en último extremo, por la ley de tasas, que ha vuelto a unir a la Justicia contra este ataque contra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, porque también es verdad que ahora con el tasazo los más perjudicados van a ser los ciudadanos de clase media, que van a tener que pagar, por ejemplo, por recurrir una sentencia de un despido. Pero no sólo se trata de pagar, es que en algunos casos será absurdo acudir a los tribunales a reclamar Justicia, porque quien va a presentar un recurso contra una multa de 200 euros si ésta misma cantidad es la que tendrá que abonar sólo en concepto de tasas, sin añadir los honorarios de abogado y procurador. Es absurdo. Claro que así sí que se va a reducir la litigiosidad, pero ¿a qué coste?

En este panorama, reducir, como ha hecho el ministro, la protesta de los jueces y fiscales a cuestiones de índole estrictamente económico, es un grave error. Lo que está en juego es mucho más importante. Es el propio Estado de Derecho del que gozamos lo que está en juego, porque sin una Justicia independiente, surgen muchos peligros. Gallardón debe escuchar la voz unánime de la Justicia o de lo contrario la rebelión de las togas se aproxima de nuevo.

El problema de la guerra de Gallardón, como todas las guerras, es que no es tan fácil distinguir entre vencedores y vencidos, porque todos pierden algo en el camino…

Cuestiones previas

Jorge Muñoz | 13 de diciembre de 2012 a las 20:59

He creado este nuevo blog sobre el mundo de la Justicia y de los tribunales para tratar de ofrecer a los lectores una visión crítica de la misma y que contribuya a ampliar y completar las informaciones que sobre esta materia se publican a diario en los periódicos del grupo Joly. 

La Justicia vive actualmente tiempos convulsos, con una nueva huelga de jueces y fiscales a las puertas, y con posibles recortes a los derechos de los ciudadanos, como sucede con la recién publicada ley de tasas. A los problemas crónicos de la lentitud de la Justicia, se suman la falta de inversiones, más acusada en la actual situación de crisis económica y de recortes presupuestarios.

La información, la crítica, el análisis y la interpretación tendrán cabida en las entradas de este blog, que he querido denominar Juzgado de Guardia en homenaje a estos órganos que representan, en muchos casos, el inicio de una investigación judicial.

Pero no todo va a ser serio en este blog, porque también quiero incluir aquellas noticias que puedan resultar curiosas y las anécdotas que cada día surgen en los tribunales de Justicia andaluces.

Bienvenidos a todos.

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