Archivos para el tag ‘juzgado de guardia’

Dando la cara

Jorge Muñoz | 14 de diciembre de 2017 a las 2:00

 

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Nadie les ordenó que se sentarán en primera fila. Podían haber optado por tratar de pasar más desapercibidos ocupando la segunda o la tercera fila, pero no quisieron. A muchos se les vino a la cabeza la comparación de la imagen del banquillo de los ERE con la del juicio por el caso Nóos, con la Infanta Cristina en las últimas filas, compartiendo banco con los otros acusados.
Los ex presidentes Chaves y Griñán entraron ayer los primeros en la sala de vistas, acompañados de sus abogados, y de motu proprio ocuparon el lugar central del banquillo, en la primera fila. La que acapara todas las fotografías del pool que ofreció la agencia Efe, fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y de las imágenes institucionales que difunde Canal Sur televisión. Chaves y Griñán no se ocultaron, mostraron su valor al exponerse, una vez más, como la diana en cuyo centro los situó la incansable juez Mercedes Alaya aquella mañana del 10 de septiembre de 2013. Ese día, en pleno acto de toma de posesión del gobierno de Susana Díaz, la instructora hizo público el auto en el que preimputaba a los ex presidentes en la macrocausa de los ERE, iniciando de esta forma el peculiar calvario de Chaves y Griñán y del resto de procesados que ayer asistieron a un nuevo episodio de este tortuoso proceso judicial que se prolonga desde hace ya casi siete años.

COMIENZA JUICIO DE LOS ERE CONTRA 22 EX ALTOS CARGOS GOBIERNO ANDALUZ

Los ex presidentes estuvieron escoltados en el banquillo, cual fiel guardia pretoriana, por cinco de sus más estrechos colaboradores, todos ex consejeros: Zarrías, Viera, Aguayo, Álvarez y Vallejo. Sólo quedó fuera de ese exclusivo club –la verdad es que tampoco había más sillas en la primera fila–, el ex consejero Antonio Fernández, otro de los sospechosos habituales que Alaya primero y luego María Núñez Bolaños fueron imputando sucesivamente en cada una de las 200 piezas en las que se troceó la macrocausa de los ERE, hasta que la Audiencia de Sevilla acordó un salvoconducto procesal y decidió que los ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio, en aplicación del principio legal non bis in ídem. Fernández se situó en la segunda fila, muy próximo a los ex presidentes, y al que fuera su estrecho colaborador Javier Guerrero, el principal imputado del caso, que se situó justo detrás de Chaves. El juicio aumentará en interés una vez que acaben las cuestiones previas y comiencen las declaraciones de los acusados.

Mucho más que una mera molestia

Jorge Muñoz | 10 de diciembre de 2017 a las 2:00

El derecho al descanso es cada vez más reconocido por los jueces andaluces. Como en otros ámbitos de la vida o de la política, la Justicia se ha convertido también en la última barrera contra la dejadez de las instituciones públicas, sobre todo los Ayuntamientos, en materia de contaminación acústica y los excesos de los locales destinados al ocio nocturno. Una juez de Utrera, Irene de Alarcón Alonso, acaba de dictar una sentencia, en materia civil, en la que condena al propietario de un bar de música ubicado en una localidad de la comarca de Utrera a indemnizar con 30.000 euros a dos familias por el moral causado por el establecimiento, que prolongaba su actividad hasta altas horas de la madrugada –más allá en muchas ocasiones del horario de cierre establecido– y contaba incluso con un tablao flamenco y máquinas recreativas como un billar y un futbolín, con los consiguientes ruidos que las mismas pueden generar.
La sentencia del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Utrera recoge que los vecinos soportaron durante más de tres años (desde 2006 a 2009)las molestias del bar musical instalado junto a sus viviendas, lo que provocó que presentaran numerosas denuncias y quejas, no sólo ante la Policía Local y el Ayuntamiento, sino también ante la Junta de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz.La juez señala que el contenido de esas denuncias permite “concluir claramente sobre la efectiva desesperación y desasosiego de los actores ante las continuas molestias percibidas por la actividad desarrollada en el bar, no apreciándose en modo alguno que las insistentes quejas y denuncias formuladas por los mismos resulten fruto de una mera invención, obedezcan a un simple capricho o respondan a motivos espurios”.
Los vecinos denunciaban el incumplimiento sistemático del horario de cierre, la aglomeración y bullicio de los clientes en las puertas del local hasta altas horas de la madrugada, la utilización de equipos de reproducción musical a gran potencia sin estar activado el limitador de sonido, ruidos de impacto procedentes del arrastre de sillas y mesas, golpes con vasos y la utilización de máquinas recreativas –sobre todo un futbolín y un billar–, así como de un tablao donde ser realizaban actuaciones musicales en directo.
Los dueños del bar –fueron demandados dos, porque hubo un traspaso de la actividad– negaron la inmisión acústica y formularon lo que se denomina una demanda reconvencional en la que reclamaban a los vecinos afectados una indemnización de 19.159,38 euros en concepto de daños y perjuicios, por el supuesto lucro cesante y los daños morales causados, dado que alegaban que habían perdido clientela como consecuencia de las denuncias vecinales. Esta indemnización ha sido descartada rotundamente por la juez, que insiste en que las denuncias no fueron “ni caprichosas ni infundadas”, habiéndose limitado a denunciar los excesos de ruido procedentes de la actividad del local.
Lo paradójico es que la sentencia se ha dictado ocho años después de que se denunciaran los hechos –por la histórica saturación que tienen los juzgados de Utrera–, cuando ni los vecinos residen ya en la urbanización y el bar cerró en diciembre de 2009.
En el fallo, la magistrada recoge los testimonios de varios agentes de la Policía Local, que señalaron que había más vecinos que se quejaban de los ruidos y que corroboraron que los mismo se emitían en horarios entre las cuatro y las siete de la mañana, una vez cumplido el horario de cierre. Y también afirmaron que aunque normalmente “estaba echada la persiana”, sin embargo se escuchaba el ruido de la música y de la clientela dentro. Otras veces los clientes solían salir fuera del local a tomarse las copas y dejaban las puertas abiertas, percibiéndose el ruido de la música desde la calle al estar las puertas abiertas y la música “a tope”.
Los vecinos aportaron a la causa un informe pericial acústico que concluyó que en la vivienda se superaban los límites máximos permitidos en 12,6 decibelios, lo cual merece la calificación de “intolerable”, por cuanto los niveles de ruido “no son compatibles con el descanso ni la actividad normal de una vivienda”, considerándose “riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas cuando los valores medios superen en más de seis decibelios los valores límites nocturnos de inmisión”. “Un ruido tremendo”y “una barbaridad” fueron las expresiones que utilizó el perito, máxime teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial “especialmente silenciosa”.
La juez concluye que es evidente que los ruidos que sufrieron los demandantes “no pueden ser calificados como una mera incomodidad o una molestia tolerable en el contexto de una ordinaria relación vecinal”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Escandalosa actuación en la causa de los ERE 

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

La sala donde se celebrará el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán.

*De esta forma es como puede definirse lo que ha ocurrido con las comisiones de servicio de dos magistradas que forman parte del tribunal que enjuiciará a los ex presidentes Chaves y Griñán a partir del próximo miércoles. Al tribunal se le había prometido que ambas magistradas estarían “liberadas” de la tramitación de los asuntos ordinarios como mínimo un mes o mes y medio antes del inicio de la vista oral. Sin embargo, esta liberación no se producirá hasta el próximo martes, día 12, a tan sólo un día del arranque del macroproceso. ¿La culpa de la situación? El Ministerio de Justicia responsabiliza a la Sala de Gobierno del TSJA que preside Lorenzo el Río, puesto que desde el 14 de noviembre se autorizó la “habilitación económica”. Y el CGPJ no aprobará dichas comisiones hasta este martes. Todo bastante lamentable y las dos jueces sin poder dedicarse en exclusividad al estudio de los más de 200.000 folios de la causa.

El juicio de los ERE, el más mediático de los últimos años en Andalucía
*Arranca el próximo miércoles el que está considerado como uno de los juicios más mediáticos de los que se han celebrado en Andalucía. En el banquillo de los acusados -en realidad son sillas– se sentarán los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos para responder de las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de ayudas públicas durante una década. Los 150 periodistas acreditados de 37 medios de comunicación demuestran las expectativas que despierta este macroproceso.

Malestar por la falta de baños para jueces 

*En la Audiencia de Sevilla existe cierto malestar entre los jueces por la falta de aseos público, con motivo de unas obras que se están realizando en los baños de la cuarta planta, precisamente en una zona muy próxima a donde se encuentra la sala de vistas de los ERE. El problema no es nuevo. El viejo edificio del Palacio de Justicia no está diseñado para albergar las dimensiones de la Justicia en Sevilla y eso se nota también en la falta de aseos para el público. Antes los funcionarios y jueces disponían de servicios reservados pero para evitar que el público tuviera que acudir otro edificio, el de los juzgados, el presidente de la Audiencia decidió abrir todos los aseos para que se compartieran con el público en general. Las protestas no han tardado en llegar, pero no por clasismo, sino por seguridad, porque se puede dar el caso de que el juez coincida en el baño con un acusado. Tienen razón, no es nada apropiado.

Justicia para la manada

Jorge Muñoz | 3 de diciembre de 2017 a las 2:00

Los cinco sevillanos acusados de la violación en los Sanfermines de 2016.

Se terminó uno de los juicios más mediáticos y polémicos de los últimos tiempos y ahora sólo queda que los jueces dicten sentencia. Justicia para la manada, los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años en los Sanfermines de 2016.
Nada más terminar el juicio, una de las defensas solicitó a la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra la inmediata puesta en libertad de los acusados, al estimar que las pruebas practicadas y los informes avalarían la inocencia. El tribunal respondió el pasado viernes y lo hizo en un auto en el que mantuvo a los cinco sevillanos en prisión provisional, lo que puede interpretarse como un posible anticipo de la sentencia. Es cierto que el tribunal deja abierto, como no podía ser de otra manera, el posible resultado de la resolución, al afirmar que la Sala “no ha podido establecer dicho pronunciamiento de culpabilidad, ello sin perjuicio de que la Sala pueda adoptar las decisiones oportunas sobre la situación procesal de los procesados, en función del desarrollo de las deliberaciones”.
Es decir, el tribunal rechaza la excarcelación porque dice que aún no ha deliberado o no ha llegado a una conclusión sobre la inocencia o culpabilidad de los encausados. La decisión del tribunal provocó distintas reacciones en la acusación y en las defensas, por cuanto el abogado de la víctima sostiene que la decisión no anticipa el fallo y los defensores valoran la existencia del voto particular de uno de los tres magistrados que sí era partidario de la excarcelación de los acusados.
En cualquier caso, lo que parece desprenderse del auto es que existe una profunda división en el seno del tribunal. De un lado, estarían el presidente de la Sección Segunda de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz –que es además el ponente de la causa y por tanto el juez que ha estudiado con detenimiento el sumario y será el encargado de redactar la sentencia–, y la juez Raquel Fernandino Nosti; y de otro, el magistrado Ricardo Javier González González, el autor del voto particular que discrepa del parecer de la Sala, y que ya había emitido con anterioridad otros dos votos particulares emitidos en los mismos términos en los autos del 14 de julio y 7 de septiembre de este año.
Si la acusación particular no valora la decisión del tribunal como un anticipo de la posible condena, el abogado Agustín Martínez, que representa a tres de los cinco acusados, sí que entiende que el magistrado discrepante “ha puesto de manifiesto de manera explícita su incredulidad con la versión mantenida por la Fiscalía” en cuanto a que las relaciones no fueron consentidas. Para las defensas, este voto particular es “bastante claro y contundente”.
Si se consideran estos extremos, todo indicaría que de los tres magistrados que forman el tribunal, dos podrían ser supuestamente favorables a asumir las tesis del Ministerio Público en cuanto a que los hechos enjuiciados son constitutivos de una agresión sexual, mientras que el tercero podría posicionarse a la absolución de los cinco acusados, al estimar que no habría quedado acreditado con la contundencia que exige una condena penal la culpabilidad de los jóvenes.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

El abogado Agustín Martínez, que defiende a tres de los cinco sevillanos.

De cómo se desarrollen las deliberaciones de la Sala dependerá el futuro de la manada, de cómo se inclina la balanza: si el juez que discrepa es capaz de convencer a los otros dos magistrados de que existen dudas razonables sobre si se trató de una agresión sexual o de sexo consentido, en el marco del ambiente de excesos que envuelve las fiestas de los Sanfermines junto a un elevado consumo de alcohol y otras sustancias.
La sentencia se conocerá tras las Navidades y como suele ocurrir siempre que se imparte Justicia, nunca contentará a ambas partes. Sea el resultado que sea, no hay duda de que se habrá hecho Justicia, con independencia de que las partes puedan ejercer los recursos correspondientes en caso de no estar de acuerdo con el fallo.
Será el momento también de reflexionar sobre el lamentable espectáculo mediático que se ha montado en torno a esta causa y el consiguiente juicio paralelo que, en parte, se debe a la decisión del tribunal de celebrar el juicio a puerta cerrada.
Hubiera sido más acertado que la vista oral, como pidió en su día la propia Fiscalía, tuviera lugar en audiencia pública salvo lo que respecta a la declaración de la víctima y la exhibición de los vídeos grabados por la manada durante las relaciones sexuales.

El propio tribunal reconoció su error cuando, de forma sorpresiva, decidió abrir al público las dos últimas sesiones del juicio, en las que se expusieron los informes de la Fiscalía y las demás partes, permitiendo que se conocieran detalles sobre los testimonios que la víctima, los acusados y los testigos habían rendido ante el tribunal. No hay nada mejor que la luz y los taquígrafos, también en la Justicia.

El ‘error’ de Alaya

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2017 a las 2:00

 

error alaya(ok)

Cuesta trabajo creer que a la ínclita juez Mercedes Alaya, la que puso en jaque al Gobierno andaluz con el escándalo de los ERE, le haya bailado una fecha de un documento obrante en el sumario, lo que ha contribuido a que un funcionario de Urbanismo haya pasado tres años imputado y haciendo frente al pago de una fianza tras haber sido imputado en la macrocausa de la operación Madeja por haber recibido presuntamente una mordida de la empresa Fitonovo. Esta es la historia del asiento contable fantasma de Alaya.
El error se desprende de toda la documentación obrante en el sumario de la operación Madeja y del auto dictado el pasado 14 de noviembre por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, quien ha enmendado a Alaya y a la Audiencia de Sevilla, y ha archivado la causa contra el que fuera jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla José Enrique Castro, al estimar que el posible cohecho que se le imputaba ha prescrito al transcurrir más de diez años en que se produjeron los hechos y el momento en que se dirigió la imputación contra él.
La cuestión parece simple, a primera vista, pero hay que prestar especial atención sobre todo a las fechas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil citó a declarar a este funcionario de Urbanismo en calidad de “testigo” y en el marco de la denominada operación Enredadera –segunda fase de la Madeja– el día 19 de noviembre de 2014. En esa comparecencia, como recoge la propia acta, los agentes de la Guardia Civil le muestran al entonces testigo dos documentos extraídos de la contabilidad B de la empresa Fitonovo, de la que se pagaban las mordidas. En concreto, le exhiben una tabla contable en formato Excel donde figura en uno de los asientos un pago de 3.000 euros a “J. E. Castro de Rafael Gonza” (sic), en posible alusión a él y a Rafael González, el dueño de la empresa contratista. Lo importante en este caso es la fecha de la entrega: el 21 de octubre de 2004.
Los agentes le muestran un segundo documento, un recibo firmado por Rafael González recogiendo la cantidad de 3.000 euros para el “pago a J. E. Castro”, igualmente con fecha de 21 de octubre de 2004. En su declaración, José Enrique Castro mostró su “sorpresa” ante esos documentos y negó que los reconociera, al tiempo que rechazó haber percibido ninguna dádiva de Fitonovo, añadiendo que nunca ha solicitado dinero a ninguna empresa y sólo ha percibido la cantidad correspondiente a su sueldo en Urbanismo.
Tras esta declaración, la juez Alaya decidió imputar a José Enrique Castro, que fue citado a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al día siguiente, el 20 de noviembre de 2014, y tan sólo unos días después, la magistrada dicta un auto, de fecha 28 de noviembre, en el que impone una fianza de 12.000 euros al jefe de Negociado de Urbanismo.
Tanto en la declaración como imputado como el auto de la fianza, es donde aparece por primera vez el baile de fechas de Alaya, por cuanto la juez expone que de las investigaciones practicadas, así como de la declaración del imputado, queda indiciariamente acreditada su participación en los hechos, y lo explica de la siguiente forma: “Don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien recibió para favorecer a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos, el 31/12/2004 la suma de 3.000 euros, como así resulta de los archivos de la Caja B de la contabilidad de Fitonovo”. Como puede apreciarse, la fecha de la presunta mordida ha cambiado, puesto que del 21 de octubre de 2004 que aparece en la contabilidad B de Fitonovo y en el recibo que firma el dueño de la empresa se pasa otra distinta, la del 31 de diciembre de ese mismo año.
La variación de la fecha es muy significativa y es la que ha llevado a la Audiencia a archivar la causa, puesto que si se considera que la mordida se recibió el 21 de octubre, el delito podría haber prescrito, como ha estimado ahora el juez José de la Mata.
El cambio de fechas fue advertido y comunicado a Alaya por la defensa del funcionario, quien en un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, presentado contra el auto en el que se impuso la fianza, recogía las menciones efectuadas por la instructora respecto al 31 de diciembre de 2004 como la fecha en la que se produjo la supuesta entrega de 3.000 euros, “no alcanzando esta parte a entender, dicho sea con los debidos respetos, el motivo de reincidencia por parte de su señoría en la fecha del 31 de diciembre, que no consta en ningún momento en las actuaciones”.
Es más, la contabilidad de la Caja B de Fitonovo demuestra que ese día no hubo ningún movimiento en la misma, probablemente porque no hubiera actividad ese día o ésta fuese muy escasa tratándose del día de Noche Vieja.
En su recurso, la defensa insistía en la “inexactitud” de la fecha, por lo que pedía a Alaya que se realizara una diligencia de ordenación por parte del juzgado en la que se manifestara “cuál ha sido el motivo por el que se atiende a la fecha del 31 de diciembre de 2004 por parte de su señoría o si ésta fuera un error tipográfico, se manifieste la fecha correcta que consta en las actuaciones y que no es otra sino la del 21 de octubre de 2004”.
Alaya desestimó el recurso en un auto dictado el 7 de abril de 2015, confirmando la fianza impuesta y manteniendo la fecha del 31 de diciembre pero con un matiz, la juez ya no se refiere a la entrega del dinero sino a que el funcionario seguía en el cargo a esa fecha. “En el caso de autos, del análisis del atestado de la Guardia Civil, así como de los archivos de la Caja B de Fitonovo, resulta clara la apariencia de antijuricidad justificativa de la medida, ya que don José Enrique Castro Fernández, jefe de Negociado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a fecha 31/12/2004, habría recibido tal y como resulta del examen de los asientos contables de dicha Caja B, a la fecha anteriormente indicada, la cantidad de 3.000 euros por parte de la empresa Fitonovo”.
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en un auto dictado el 29 de julio de 2015 y del que fue ponente el magistrado Pedro Izquierdo, confirmó la actuación de Alaya, aunque rebajó la fianza a 4.000 euros.
Sobre el baile de fechas, la Audiencia señala que si bien la juez lo justifica “en el examen de los documentos contables de dicha Caja B”, “lo cierto es que, salvo error, no hemos visto el referido asiento, lo que no implica que deba accederse a lo solicitado” por la defensa. Aun así, entiende el tribunal que “en este momento procesal” el margen temporal de prescripción podría ser superior a diez años, una interpretación que la Audiencia Nacional ha corregido ahora al exculpar al funcionario de Urbanismo.

Estafa masiva en familia

Jorge Muñoz | 19 de noviembre de 2017 a las 2:00

juzgados

Dos hermanos y una estafa masiva relacionada con la inversión para la compra de inmuebles que supuestamente procedían de subastas judiciales. La Audiencia de Sevilla ha condenado a los hermanos Sergio y David C. G. a seis años de prisión por haber estafado 772.292,84 euros a una treintena de personas a las que engañaron para que invirtieran en estas gangas que al final les resultaron muy caras a las víctimas. El primero de los acusados acaba de ser condenado ahora por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, dado que no pudo ser enjuiciado junto a su hermano –que ya está en prisión cumpliendo su condena– porque permaneció fugado durante más de tres años.
Como suele ocurrir en estos casos, el estafador llevaba un lujoso tren de vida, conducía un descapotable, comía en los mejores restaurantes y tenía un impresionante despacho plagado de banderas nacionales y de la Unión Europea, y en el que no faltaba hasta un tricornio de la Guardia Civil.
Sergio C. G. era dueño y administrador de la sociedad Gestión de Activos Financieros Integrales S. L. (Gafi), en la que desde 2004 y hasta mediados de 2009 hizo figurar formalmente como socio único y administrador a su hermano David, que ya fue juzgado y condenado con anterioridad. El objeto declarado de la sociedad era la gestión y administración de capital privado, tanto de personas físicas como de sociedades inversoras, aunque su principal actividad era la intermediación financiera en el mercado de crédito.
La sentencia recoge como hechos probados que a partir del año 2006, Sergio, que tenia una “desenvuelta labia” concibió un plan para“enriquecerse a costa de terceros, ofreciendo a sus clientes (a los que en general captaba por relaciones de amistad o vecindad y a los que invitaba a su vez a captar a otros) la adquisición, a precios muy por debajo de los de mercado, de inmuebles que decía estaban sujetos a embargo o ejecución hipotecaria y sobre los que fingía que tenía un derecho preferente de adjudicación o podía obtenerla fácilmente en el procedimiento de apremio judicial”.
Los clientes seleccionaban el inmueble que deseaban adquirir de un catálogo o dossier que el propio acusado les exhibía con fotografías e informaciones de distintas viviendas, locales o garajes situados en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva; incluyendo en algunos casos “notas simples registrales de la finca en cuestión, lo que contribuía a afianzar la apariencia de seriedad del negocio y del derecho o la expectativa que el acusado decía ostentar sobre ella”.
Las víctimas firmaban un documento, en ocasiones denominado “contrato de inversión” y en otras “contrato de prestación de servicios de intermediación financiera”, donde se hacía constar que entregaban una cantidad de dinero como “depósito o anticipo” de la inversión final, y la empresa se comprometía a devolver la inversión en 30 o 45 días si las gestiones no daban resultado o si el inversor desistía.
Los contratos, según explica el magistrado José Manuel de Paúl Velasco en la sentencia, tenían una cláusula tan peculiar como la que afirmaba que el inversor conservaba la propiedad del dinero entregado y, al mismo tiempo, autorizaba a la empresa “a mover el dinero de la parte inversora como crea conveniente, sin tener que dar explicaciones de dónde”.
Pero ni el acusado ni su hermano tenían ningún derecho preferente sobre los inmuebles, ni estaban en condiciones de obtener su adjudicación en la vía de apremio, y lo que es más relevante, “ni realizaron ninguna gestión para ello, apropiándose pura y simplemente del dinero que les era entregado”.
Los últimos contratos se firmaron en los primeros meses de 2010, cuando ya se habían presentado las primera denuncias por estafa, y el último de ellos se suscribió “parece ya a la desesperada” en unas dependencias de los juzgados del Prado de San Sebastián. El acusado cambió además el nombre a la empresa y se trasladó a Bormujos “guardándose mucho de comunicar el traslado a los frustrados clientes”, lo que demuestra una “actitud de empecinamiento y ocultación que constituye un indicio retrospectivo de la voluntad defraudatoria desde un principio”.
El tribunal otorga una absoluta credibilidad al testimonio de las víctimas y señala que los dos hermanos condenados no niegan la realidad de los contratos, culpándose entre sí hasta el punto de que Sergio alegó en el juicio que era un “mero empleado comercial encargado de la captación de los clientes”.
Los magistrados consideran que los hechos son constitutivos de un delito de estafa por las “maniobras engañosas” que emplearon para apoderarse del dinero y destaca que de las más de 50 operaciones con inmuebles no hay “ni un solo caso en el que el cliente consiguiera su objetivo con el buen fin de la inversión”, llegando incluso los acusados a ofrecer una misma vivienda a cuatro clientes distintos.
En realidad, concluye el fallo, ninguno de los hermanos efectuó las gestiones sobre los inmuebles que promocionaban y ninguno sugiere siquiera que algún empleado pudiera haberlas hecho, por lo que “tales gestiones no existieron y no pasaba por la mente del acusado realizarlas”.
Para el tribunal no hay duda alguna de la “idoneidad del engaño empleado”, por lo que no se puede descargar sobre los perjudicados, como pedía la defensa, que no hubieran consultado en el registro de la propiedad o en los juzgados de Primera Instancia sobre la efectiva existencia de esos procedimientos judiciales de ejecución sobre los inmuebles que se pretendían adquirir. “La averiguación de la situación real de las fincas distaba de ser sencilla en muchos casos, pues una cosa es obtener una certificación o nota simple en el Registro de la Propiedad y otra bien distintas averiguar la existencia y estado de un procedimiento de apremio o de ejecución hipotecaria en un juzgado”, precisa el fallo, que añade que además “el nivel cultural de los clientes que resultaron defraudados no permite presuponerles, sino al contrario, los conocimientos y las aptitudes necesarias para comprender la necesidad de esa información adicional y saber cómo obtenerla e incluso, en su caso, interpretarla”.
En este sentido, el abogado Carlos , que ejerció la acusación particular en este procedimiento por varias de las víctimas, indicó que este caso es una “estafa clara y burda, una estafa de libro” y advirtió de que el fraude se podría haber evitado si los ciudadanos “contrataran los servicios de un abogado cuando van a hacer una inversión de este tipo, lo que les supondría un pequeño coste pero con la intervención de un abogado medianamente preparado se hubiera detectado que la venta de estos inmuebles era en realidad una estafa nada más ver el contrato que les ponían para la firma en el despacho de la empresa y sin exhibirles documentación alguna. Esos contratos no se habrían firmado en esas condiciones de contar con el asesoramiento de un letrado”.
La sentencia argumenta asimismo que la “desenvuelta labia del acusado y la apariencia de seriedad empresarial eran suficientes para generar un clima de confianza que difuminaba cualquier reticencia del cliente, moviéndole a aceptar como verídica y suficiente la información que se le suministraba sobre la finca apetecida”.
Cuando algún cliente mostraba alguna intención de recabar información adicional sobre la operación, el acusado le desaconsejaba hacerlo, aduciendo que no era conveniente para l fin de la operación “remover las cosas”. Ante ese consejo, prosigue el tribunal, es muy posible que alguno de los clientes pudiera “barruntar o sospechar que en la operación pudiera haber algo irregular en el procedimiento de adjudicación de la finca”, como los “contactos del juzgado” que señaló uno de los testigos. Pero esa sospecha “no tenía por qué llevar al cliente a inferir el carácter ficticio de la operación que se le proponía, por lamentables razones de orden sociológico y cultural que, por evidentes y ajenas al objeto de esta resolución, es excusado detallar”.
No obstante, el magistrado apunta a la “mala fama histórica que arrastran las subastas judiciales, por más reformas legales que en aras de su limpieza y transparencia se hayan verificado en la materia en los últimos años”. El tribunal concluye que el negocio que se les proponía a las víctimas estaba “muy lejos de ser una operación de riesgo que hubiera debido llevarles a extremar sus precauciones”.
Por todo ello la versión exculpatoria del acusado, según la cual era un simple empleado comercial de la empresa Gafi y sin responsabilidad en el diseño de las operaciones, “se derrumba ante la contundencia de las diversas pruebas que señalan unánime e inequívocamente en sentido contrario”, quien añade que el otro acusado que ya está en prisión, David C. G., ha señalado también a su hermano como el dueño y administrador de la empresa, y quien diseñó y controlaba las operaciones, sin que el tribunal aprecie motivos para sospechar que éste “haya querido arrastrar consigo a prisión a su hermano Sergio” en el caso de que éste fuera inocente.

Una guardia tranquila

Jorge Muñoz | 23 de julio de 2017 a las 2:00

guardiatranquila

Una funcionaria de guardia con una pantalla en la que puede verse el juego del ‘majong’.

El estío no pasa desapercibido en los juzgados y tribunales. El ritmo frenético que puede apreciarse en otros meses del año, con la tramitación de causas y la celebración de juicios a gogó, da paso a una etapa más tranquila que comienza a percibirse, sobre todo, en la segunda quincena del mes de julio.
Sólo los asuntos de tramitación urgente, las causas con detenidos, siguen recibiendo el impulso procesal. El resto de asuntos, menos graves por así decirlo, duermen el sueño de los justos hasta septiembre. Agosto es el mes inhábil de la Justicia, salvo para esas actuaciones urgentes.
Y esa mayor tranquilidad se percibe en los juzgados nada más acceder a los mismos. Ya no suele verse la animación que presenta el pasillo de los juzgados un día cualquiera, donde abogados y clientes se suelen citar, por lo general, a las puertas de la sede judicial del Prado de San Sebastián, o en los negocios hosteleros de las inmediaciones, muy concurridos en otras fechas y que también perciben el éxodo veraniego a la hora del recuento diario en sus cajas.
Atrás quedan las colas de ciudadanos que se producen en ocasiones anteriores a la hora de atravesar el escáner de los juzgados o de la Audiencia de Sevilla, o de cualquier órgano judicial de Andalucía. La tranquilidad de estas fechas se palpa desde ese primer contacto con las sedes judiciales.
Y esa tranquilidad también se traslada aparentemente a las plantillas de funcionarios, reducidas como consecuencia de las vacaciones estivales, al igual que ocurre en otros sectores profesionales y empresariales. Y esa relajación conlleva a que puedan captarse imágenes como la que ilustran esta crónica.
En la misma se observa las dependencias del juzgado de guardia de Sevilla. Desde la ventana de fuera se ve a los funcionarios sentados frente a los ordenadores, pero en éstos no aparece el programa informático de gestión procesal. En la pantalla está el majong, un juego tipo solitario con el que, supongo, la funcionaria trataba de sobrellevar el tedio de una guardia tranquila, muy tranquila.
La imagen llama la atención, sobre todo, porque la escena podía apreciarse perfectamente desde el exterior del juzgado de guardia, dado que la ventana permanece abierta, posiblemente para tratar de aliviar los calores extremos que acompañan estas fechas.
Que una funcionaria de los juzgados haya sido cazada jugando al solitario del ordenador mientras está en funciones de guardia no quiere decir que esta actitud pueda extenderse al resto de los funcionarios, porque eso supondría una generalización injusta. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia cumplen con creces los objetivos de su trabajo y su labor no tiene nada que ver con la imagen y los tópicos que muchos ciudadanos tienen de los empleados públicos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Alaya y Bolaños, en el homenaje a Holgado 

*Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños son dos de los jueces que la semana pasada asistieron a un homenaje al que fuera hasta hace poco magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla José Manuel Holgado Merino, con motivo de su nombramiento como director general de la Guardia Civil. Holgado recibió el cariño de sus compañeros, entre los que había muchos magistrados de los órganos unipersonales y de la Audiencia de Sevilla, así como fiscales, abogados y secretarios judiciales. Entre los jueces destacó precisamente la presencia de Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, que se sentaron en mesas diferentes durante el almuerzo de homenaje. No hubo ningún saludo, ni siquiera protocolario, entre las dos jueces que han marcado el pasado, presente y futuro de la instrucción de las distintas macrocausas.

holgado

 

Ciudadanos y el litigio de blas ballesteros

*El juez de lo Contencioso-Administrativo ha avalado el nombramiento de Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, una designación que fue impugnada por Ciudadanos. La formación naranja, que considera que el PSOE ha recurrido a argucias formales para “enchufar” a Ballesteros, tiene la posibilidad aún de recurrir la sentencia ante el TSJA.

Las macrocausas piden pista

Jorge Muñoz | 16 de julio de 2017 a las 2:00

 

Rosell

Rosell

Seguro que alguna vez le ha pasado. Están embarcados en un avión en un aeropuerto importante, como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y el comandante de la aeronave les informa que tienen autorización para el despegue pero que por delante hay una cola de cuatro, seis u ocho aviones, con lo que todavía el despegue se retrasará durante unos minutos que se hacen interminables en esos cada vez más reducidos habitáculos que se reserva para el pasaje. Pues algo similar está ocurriendo con la tramitación de las macrocausas en la Audiencia de Sevilla. Hace unos años, el tapón de estas macroinvestigaciones estaba, por seguir con el símil aeronáutico, en los hangares, en los juzgados de Instrucción que investigaban casos como los ERE fraudulentos o las irregularidades de Invercaria.

Pero esas investigaciones, afortunadamente, van llegando a su final, y jueces como María Núñez Bolaños o Juan Gutiérrez Casillas –que dirigen estos procedimientos, son como los controladores aéreos aunque su despacho no está en la torre del aeródromo–, están dictando los correspondientes autos de procesamiento y de apertura de juicio oral en cada una de las distintas piezas en las que se han dividido las macrocausas de los ERE y de las ayudas y préstamos de Invercaria. De los ERE hay un casi un centenar de piezas de investigación y una treintena en el caso de la sociedad andaluza de capital riesgo.
Se trata, nada más y nada menos, de 130 juicios que amenazan con colapsar en los próximos meses las cuatro Secciones de lo Penal que hay en Sevilla, a pesar de los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha aprobado la creación de tres plazas de magistrado en comisión de servicio para que puedan reforzar los tribunales que se vean más afectados por la llegada de estos macroprocesos.
Conforme estos jueces de Instrucción van viendo el final del túnel, comienzan a sobrecargar a sus compañeros de la Audiencia. Se pasa del colapso en la instrucción al colapso en los tribunales de enjuiciamiento.
De los ERE han sido recibidos ya en la Audiencia hispalense la pieza del denominado “procedimiento específico”, donde figuran 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también la pieza de las ayudas concedidas a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, pero también están a punto de llegar otras piezas como las de Aceitunas y Conservas (Acyco) o Cenforpre.
Por el lado de Invercaria, ha llegado para su enjuiciamiento la primera pieza ya acabada, la de las ayudas a la entidad Fumapa, pero también hay otras tantas cuya llegada es inminente, como la de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), Operador Aéreo Andalus (OAA), o Servivation.
La extraordinaria situación hizo que en abril pasado los jueces de la Audiencia mostraran su preocupación ante la inminente avalancha de procesos que se les venía encima y que amenazan con saturar unas ya de por sí sobrecargadas secciones de lo Penal (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), que hasta diciembre del año pasado habían recibido 7.635 asuntos.
Y era previsible que la llegada de tantas macrocausas provocara incidentes o conflictos. El primero se ha producido esta misma semana, porque la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar el primer juicio de los ERE, ha decidido aplazar sine díe, hasta concluya precisamente ese juicio la vista oral relacionada con las ayudas a Fumapa.
El motivo del aplazamiento se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal –que en este caso es el mismo que juzgará a Chaves y Griñán a partir del próximo 13 de diciembre– ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice este primer juicio de los ERE.
Pero es que en este caso no sólo coincide el mismo acusado. Dos de los tres jueces que conforman el tribunal de los ERE también han sido designados para el juicio de Fumapa, lo que hace imposible que ambos procesos pudieran celebrarse de forma simultánea.
Y también coinciden, como no, los abogados y bufetes, porque muchos de los letrados que están personados en la causa de los ERE, como sucede con Adolfo o Miguel Cuéllar o Juan Carlos Alférez, también tienen clientes en alguna de las piezas de Invercaria.
Si el primer conflicto en el enjuiciamiento de las distintas piezas se ha producido cuando no ha llegado aún ni media docena de causa, ¿qué pasará cuando vayan llegando el resto?
Esas decenas y decenas de piezas de las distintas macrocausas tendrán que ir situándose una detrás de otra y pedir pista para poder celebrar todos esos juicios uno detrás de otro, pero mucho me temo que hasta que no se acabe el juicio de Chaves y Griñán, pocas sentencias van a salir de las macrocausas. A no ser que como el juicio de los ERE está fijado en sesiones de lunes a miércoles, algún tribunal acuerde meter alguna vista esos jueves y viernes que quedan libre.
En cualquier caso, muchos abogados ya han alertado de que la marcha de sus despachos se puede resentir si se opta por esa vía, porque no sólo de macrocausas vive el abogado, sino que tienen otros tantos asuntos civiles o mercantiles de los que encargarse. El colapso parece inevitable.

Berrinche en la Fiscalía

Jorge Muñoz | 9 de julio de 2017 a las 2:00

Entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos.

Vaya por delante que no me parece ilógico que la Fiscalía de Sevilla haya decidido finalmente no recurrir la absolución del ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de los otros nueve acusados por el supuesto amaño –ya descartado por una sentencia firme, la Justicia ha hablado– del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Es más, me parece la postura más racional, sobre todo, teniendo en cuenta que las dos acusaciones particulares, los supuestos perjudicados por el delito investigado –la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, y la propia entidad Mercasevilla–, tampoco han considerado oportuno el recurso, llegando incluso a poner de manifiesto la posibilidad de una condena en costas en caso de que ese recurso no prosperara.
Pero dicho esto, sí que me parece llamativo, y en eso tiene parte de razón la defensa de Torrijos, cómo ha defendido la Fiscalía su postura de no recurrir, poniendo de manifiesto que en la prolija sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema existían numerosos “indicios” que avalaban la tesis acusatoria que el Ministerio Público ha mantenido durante estos ocho años, pero como el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias tiene un “estrecho cauce”, han decidido no presentar dicho recurso aun insistiendo en la disconformidad porque entiende que se podría “haber llegado a la conclusión alternativa condenatoria”.
Alega la Fiscalía que el sistema de apelación que rige desde el año 2012 en el derecho procesal español “no permite cuestionar la credibilidad dada a una determinada prueba por el órgano que la ha percibido, pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema” y añade que la Audiencia no puede sustituir la prueba realizada por otra valoración, “igualmente razonable con una conclusión condenatoria”, explicaba la fiscal jefe, María José Segarra, en el comunicado hecho público esta semana.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de la decisión de la Fiscalía de no recurrir, algo que no le corresponde a este cronista, que no es jurista sino un espectador privilegiado de los tribunales, pero sí de aplicar el sentido común.
Si la Fiscalía lleva ocho años avalando las tesis acusatorias que en su día apreció la instructora del caso, Mercedes Alaya, nadie cuestionaría ni se extrañaría de que mantuviera su postura hasta el final y, por tanto, recurriera la absolución de Torrijos y de los otros acusados. Sería, salvando las alegaciones jurídicas, hasta cierto punto coherente con sus actos. ¿O va a resultar ahora que la Fiscalía no ha recurrido ninguna vez sentencias en las que no daba un duro porque prosperase dicho recurso?
En cambio, lo que ha hecho es como decirle a la sociedad quiero recurrir, pero legalmente no puedo. Y además tenía razón en las acusaciones, con lo que sigue extendiendo, como ha afirmado la letrada Encarnación Molino, “la sombra de la duda” para justificar una acusación que la abogada de Torrijos tilda de “injustificable”.
Si la Fiscalía sigue insistiendo en que el concurso público que se adjudicó a la constructora es “un paripé”, como llegó a poner de manifiesto el fiscal en su informe de conclusiones en el juicio, lo que debería haber hecho, a mi juicio, es recurrir la sentencia, aunque las probabilidades de prosperar del recurso fuesen escasas o mínimas.
Lo demás no deja de ser un brindis al sol, disparar con pólvora ajena, y tratar de justificar por qué se ha mantenido la acusación durante todos estos años para ahora conformarse con la absolución.
Retomando el principio de este artículo, la Fiscalía ha adoptado la postura más racional, pero los matices con los que ha justificado su decisión ponen de manifiesto el berrinche que le ha supuesto la absolución.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Letrados jóvenes en el turno de oficio

*En esta época en la que parece que el turno de oficio está en horas bajas, en la que los abogados cada vez más dejan de lado este servicio a la sociedad destacan actitudes como la del abogado Joaquín Moeckel, quien después de estar 20 años en el turno de oficio, ha hecho que una de sus hijas, Blanca, entre a formar parte del turno de oficio. Moeckel está convencido de que hay que inculcar en los abogados jóvenes la incorporación a un servicio que en la actualidad es una de las labores más altruistas que puede desempeñar un abogado. Joaquín Moeckel recuerda que el turno de oficio “no se hace por dinero” –en la actualidad no se cotiza mucho y son pocas las guardias que corresponden a cada letrado–, porque “quien ahora se inscribe en el turno es una persona comprometida con un servicio a la sociedad”, destaca el letrado sevillano.

El marketing de los abogados
*Si usted busca en Google la palabra “abogado”, el primer resultado que le aparece en pantalla es un anuncio de Luis Romero y Asociados. Esta semana, el letrado Luis Romero ha enviado una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública que acaba de obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla –por cierto, con “sobresaliente cum laude”, detalla el comunicado remitido por el departamento de comunicación del bufete– tras haber defendido su tesis doctoral sobre el delito de blanqueo de capitales, con un análisis realizado desde la perspectiva del abogado. Dice la nota que todos los miembros del tribunal “animaron al nuevo doctor a publicar su tesis doctoral, que fue calificada con diversos adjetivos elogiosos”. Luis Romero también ha difundido su doctorado en las redes sociales. Es la nueva era del márketing de los despachos. Enhorabuena Luis.

Un fallo que no repara el calvario

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2017 a las 2:00

 

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Había una gran expectación a las nueve y veinte minutos de la mañana de ayer. En una de las principales salas de vistas de la sede judicial propiedad del edificio Noga –la empresa que paradójicamente fue penalizada en el concurso de los suelos por haber realizado una oferta muy superior al precio de salida–, abogados, procuradores, nueve de los diez acusados –sólo faltó Torrijos por motivos de enfermedad– y familiares y amigos acudieron para conocer la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.
La tensión era máxima en los momentos previos a conocer el fallo. Había opiniones para todos los gustos, los periodistas hacían cábalas sobre el posible resultado. El abogado Joaquín Herrera, marido la funcionaria María Victoria Bustamante, mostraba su confianza en la Justicia.
Cuando la juez de lo Penal número 13, Yolanda Sánchez Gucema, leyó el contenido del fallo en el que absuelve a los diez acusados, se desató la euforia. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, sentado en primera fila, alzó su puño en señal de victoria, y poco después se fundió en un emotivo abrazo con su abogado, José Manuel Carrión. Otros letrados corrieron a felicitar a sus clientes.
A su salida, muchos de ellos coincidieron en denunciar el sufrimiento y el calvario por los más de ocho años que han transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya, que evidentemente no queda en buen lugar con esta sentencia, iniciara la instrucción de la causa tras la denuncia presentada en su día por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
La abogada Encarnación Molino, que ha defendido al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, se preguntó “quién repara los daños causados” tras una instrucción que definió como “innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había”.
Y ésa es la pregunta a la que la juez de lo Penal que le ha tocado examinar las pruebas recopiladas por Alaya y dictar la sentencia no puede dar en los 393 folios de los que consta el extenso fallo.
La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dirigió con una extraordinaria profesionalidad las 20 sesiones en las que se desarrolló la vista oral, no hace ninguna alusión a Mercedes Alaya ni a su instrucción. Pero eso no quita que del contenido de la sentencia se desprenda que no había pruebas del supuesto amaño o concierto para favorecer a la constructora Sanma en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla.

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

La sentencia está plagada de argumentos que rechazan la existencia de pruebas o indicios de los delitos que sostuvieron la Fiscalía y las acusaciones particulares, de lo que también se colige que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria. De hecho, la juez deja claro que no hay pruebas del “amaño”, de la “confabulación” ni del “concierto previo” que apreciaron Mercedes Alaya y la Fiscalía, la acusación pública a la que la magistrada ha reprochado que calificara el concurso como de “un paripé”.
Más de ocho años después todos los acusados acogen con satisfacción la sentencia absolutoria, pero el daño al prestigio profesional y a la marca por ejemplo del grupo Sando, uno de los principales de Andalucía, es irreparable a pesar de los 393 folios de la sentencia.
La imagen de Antonio Rodrigo Torrijos, la pieza política a cobrar con esta instrucción, fue otra de las más vapuleadas por la investigación de la juez Alaya, quien decidió imputarlo en esta causa el 7 de abril de 2011, un mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales del 22 mayo de 2011, con el consiguiente desgaste para su imagen y la de su formación.
Torrijos ni siquiera pudo ayer asistir a la lectura del fallo por motivos de salud. ¿Quien sabe si puede haber alguna relación entre su enfermedad y el calvario de estos ocho años?

El notario y su cláusula suelo

Jorge Muñoz | 28 de mayo de 2017 a las 2:00

clausula suelo.jpg

 

Ahora que están tan de actualidad las reclamaciones por las cláusulas suelos que algunos bancos incluyeron en los préstamos hipotecarios, conviene recordar lo que el Tribunal Supremo estableció en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013. Este tipo de cláusulas son perfectamente lícitas y válidas, salvo que la misma adolezca de una falta de transparencia o de claridad y su redacción sea confusa, oscura, farragosa o ininteligible, o no se haya informado al cliente del alcance y consecuencias de dicha cláusula. Algo de lo que, evidentemente, son perfectamente conocedores los notarios, profesionales que está acostumbrados a firmar este tipo de escrituras.
Esto es precisamente lo que ha argumentado la Audiencia de Sevilla para rechazar la demanda presentada por un notario, en la que pedía la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en relación con una hipoteca de 525.000 euros que firmó en el año 2006 y que tenía una cláusula suelo del 3,5%.
La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla establece precisamente que el perfil profesional del prestatario “no es baladí” en estas contrataciones, pues un notario tiene “un nivel de conocimientos jurídicos y de formación sobre las condiciones contractuales muy superior a la media, siendo habitual su intervención profesional en el otorgamiento de préstamos hipotecarios como el que nos ocupa, y teniendo el deber de conocer las obligaciones que a los notarios impone la normativa vigente sobre la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y la obligación notarial de informar a los prestatarios de determinadas condiciones contractuales, especialmente de la existencia de límites a la variación del tipo de interés”.
El tribunal señala expresamente que el demandante conocía por su profesión que en estas operaciones era habitual la incorporación de cláusulas de limitación de la variablidad del tipo de interés, y “conocía el alcance y efectos jurídicos y económicos que ello representaba, sin necesidades recibir mayores explicaciones o información al respecto, pues por su profesión era conocedor de todo ello”.
Así, insiste en que su formación y capacidad de comprensión del contenido y el alcance de las cláusulas contractuales del préstamo era “muy alto”, lo que le “permitía sin dificultad alguna entender en sus exactos términos el significado y alcance económico y jurídico de la operación de financiación que estaba realizando”.
El notario había alegado que las condiciones que se incorporaron a la escritura no eran las mismas que las contenidas en la certificación que el banco les entregó previamente, pero esto para los magistrados no significa que el notario no conociera previamente de la existencia de la cláusula suelo que se proponía concertar, por cuanto la escritura fue “redactada en su notaría, siguiendo la minuta del acreedor y utilizando el formulario de la notaría”, por lo que “es lógico y razonable pensar que revisó precisamente la redacción y contenido de la escritura”.
Dicen los jueces que en este caso la cláusula está redactada de manera “clara y comprensible”, cumple las expectativas de transparencia y la parte prestataria “conoció y comprendió desde la firma de la escritura de préstamo las condiciones económicas que contenía l contrato celebrado y la existencia de la cláusula”.
La Audiencia concluye que el notario “conoció la existencia de la cláusula, la aceptó y consintió con pleno conocimiento”, por lo que el tribunal, en contra de su criterio habitual, ha decidido imponerle además la condena en costas, por cuanto “no había ninguna seria duda en cuanto a que la cláusula no era nula, pues la conoció antes de firmar la escritura, y tenía capacidad y conocimientos para comprenderla, aceptándola con pleno conocimiento de su alcance, trascendencia y repercusión económica”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Ana Hermoso vuelve a la procuraduría

COMIENZA JUICIO CONTRA EXALCALDESA DE BORMUJOS ANA HERMOSO

*Los procuradores sevillanos cuentan con un nuevo fichaje. La ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso ha vuelto a ejercer su profesión de procuradora de los tribunales, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la absolvió del delito de cohecho relacionado con la Loewe Story, aquella supuesta compra de su voto, a cambio de un bolso de Loewe, para que apoyara la moción de censura que le devolvió la alcaldía de Bormujos al independiente Baldomero Gaviño. Ya dijimos en alguna ocasión que parecía descabellado que una concejal se dejara comprar por un simple bolso, por muy de marca que fuera. Era algo que no tenía sentido. Al final, la Justicia exculpó a Ana Hermoso, quien no obstante vio cómo su carrera política se vio truncada por este caso. Hermoso optó incluso en su momento a la presidencia del PP de Sevilla. Al final, la política ha perdido a una alcaldesa y los tribunales han ganado una procuradora.

Lorenzo del Río se interesa por el juicio de los ERE
*El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha vuelto esta semana a la Audiencia de Sevilla para visitar la sala del jurado que puede acoger finalmente el juicio de la “pieza política” de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La intención de la Audiencia y de la Consejería es que el juicio se celebre en este edificio sin tener que buscar una sede externa. El juicio podría comenzar a final de año.