Archivos para el tag ‘juzgado de guardia’

CASO NEVADA: Un error de 165 millones

Jorge Muñoz | 3 de junio de 2018 a las 2:00

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

El interior del centro comercial Nevada, objeto de una batalla judicial que se ha prolongado durante más de una década. Foto: Carlos Gil

Aunque el euro ya lleva con nosotros bastante tiempo, los que conocimos la peseta todavía ponderamos mejor en esta moneda la relevancia de algunas macrocifras, como la indemnización que la Junta de Andalucía debe pagar al promotor del centro comercial Nevada de Granada, Tomás Olivo, en concepto de indemnización por el daño emergente y el lucro cesante durante los casi ocho años que estuvieron paralizadas las obras. Son 165 millones de euros, que hacen 27.560 millones de las antiguas pesetas.
Estos 165 millones de euros que el empresario percibirá, salvo que el Tribunal Constitucional falle a favor del recurso de amparo que ha anunciado la Junta –el Tribunal Supremo ha rechazado recientemente el recurso de la Administración andaluza–, superan con creces otras macrocifras que se han barajado en casos de corrupción como la propia Gürtel, donde se estima que la trama movió 120 millones en las instituciones públicas, e incluso duplica el presunto fraude de los ERE. La Fiscalía Anticorrupción fija el fraude con las ayudas públicas de la Junta en 741,6 millones, pero en realidad este importe se corresponde con el total de las ayudas concedidas –muchas de las cuales se siguen pagando en la actualidad–, mientras que la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán reduce la cuantía del fraude a efectos dialécticos a 80,8 millones de euros –6,6 millones por los intrusos, 30 millones de sobrecomisiones y 44,2 millones por las ayudas directas a empresas. En total esos 80 millones, que siguen siendo menos de la mitad de lo que habrá que pagar al empresario Tomás Olivo
La indemnización por la paralización de las obras del centro comercial Nevada es, no obstante, inferior a la multa de 240 millones que se impuso en el caso Malaya al ex asesor de Urbanismo de Marbella y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que además fue condenado a 17 años de prisión.
El caso Nevada es además un ejemplo de las paradojas inexplicables de la Justicia, porque el empresario a quien se ha reconocido el derecho a recibir esa millonaria indemnización, fue también condenado –junto a varios responsables del Ayuntamiento granadino de Armilla– por un delito contra la ordenación del territorio a 15 meses de cárcel y a demoler parte del centro comercial, en concreto un trozo de terreno de 1.000 metros cuadrados del camino Viejo de Alendhín –suelos calificados como zona verde y equipamiento público–, según expone la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Granada el 28 de julio de 2011. Siete años después de esa condena en la vía penal, la misma Justicia, aunque en una jurisdicción distinta –la Contencioso-administrativa– le da la razón en cuanto a los perjuicios económicos sufridos por la paralización de unas obras que en la vía penal se consideraron ilegales y posibilitaron la condena de Tomás Olivo. Es decir, la Justicia otorga una doble condición al constructor: la de autor de un delito urbanístico y la de víctima por unos relacionados con ese delito.
¿Quién tiene la culpa de todo este desaguisado en el que como siempre juega en contra la lentitud de los tiempos judiciales? Si se acude a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Granada, dictada en mayo de 2017 y que ahora ha sido avalada por el Tribunal Supremo, buena parte de la culpa la tiene la Junta de Andalucía, por los errores que cometió en el pleito, a pesar de que el TSJA haya dado parcialmente la razón a la Administración andaluza, únicamente en lo que se refiere a la reducción en un 17% del lucro cesante. Y por eso se rebajó a 165 millones la indemnización que reclamaba Tomás Olivo, que inicialmente superaba los 220 millones.

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

Una imagen exterior del macrocomplejo comercial en Armilla. J. Ochando

La Junta consideró irracional e ilógica la valoración de los daños y perjuicios realizada por la mercantil General de GaleríasComerciales, al estimar que los daños eran meros “sueños de fortuna” que no estaban mínimamente acreditados, pero lo cierto es que el varapalo de la sentencia dictada por la del TSJA han acabado por convertir en realidad esos sueños y en hacer a Tomás Olivo un hombre más rico.
La licencia de obras para la construcción del centro comercial Nevada fue concedida por el ayuntamiento de Armilla en septiembre de 2005 y la Consejería de Obras Públicas instó al Consistorio en abril de 2006 a revisar la licencia, lo que motivó la suspensión de las obras. Y ese mismo año, la Junta presentó un recurso contencioso-administrativo en el que se pidió como medida cautelar la paralización de las obras, que fue acordada el 31 de octubre de 2006.
La Junta alegaba que el juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que investigó el delito urbanístico, también paralizó las obras, y argumentaba que el promotor había sido condenado en esta causa, por lo que no era razonable otorgar una indemnización “como consecuencia de la comisión de un delito”.
Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del TSJA recuerda que la paralización de las obras se acordó a instancias de la Junta –se acordó el 31 de octubre de 2006 y se levantó en 2014–, mientras que en la vía penal la paralización se produjo en abril de 2007 y el proceso finalizó con la sentencia de la Audiencia de 2011, por lo que “ninguna incidencia pudo tener sobre la medida acordada en la jurisdicción contencioso-administrativa, pues la suspensión en vía penal comenzó más tarde y finalizó tres años antes de que se dictara sentencia firme por este órgano judicial”.
El tribunal concluye que la indemnización “no es por causa de un delito” y así recuerda que las consecuencia del procedimiento penal supusieron, además de las penas de cárcel, la demolición de 1.000 metros cuadrados “sobre los que ningún tipo de resarcimiento se pretende por la actora; y es incuestionable que la consecuencia anudada al procedimiento penal no es la total paralización de unas obras durante casi ocho años, que es el supuesto objeto de estudio en el presente incidente, y que se adoptó en otro procedimiento distinto y seguido en otro orden jurisdiccional”.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras.  Foto: Miguel Ángel Molina.

El promotor Tomás Olivo y el alcalde de Armilla visitan las obras. Foto: Miguel Ángel Molina.

Es más, aunque la Junta entendía que la “excesiva dilación” en el procedimiento penal también tuvo incidencia (se prolongó desde 2006 a 2014) en el daño, el TSJA recuerda que la Administración “estuvo en disposición de solicitar en cualquier momento la finalización de la medida cautelar. Ni este tribunal ni la demandante podían proceder a su revocación. Así pues, ante la duración del procedimiento y las consecuencia que podía llevar aparejadas una suspensión como la que nos ocupa, era la demandada la única que se hallaba en situación de poner fin a la medida cautelar, por lo que debemos concluir que es la única responsable”, sentencia el Alto Tribunal andaluz. Pero no sólo la Junta es la única responsable por ese motivo, sino que hay más. En 2015, Tomás Olivo presentó la reclamación de indemnización y es aquí donde se produce un nuevo error de la Junta de Andalucía, que aportó un dictamen pericial negando los perjuicios. El juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada fijó una vista para el 6 de junio de 2016 a la que no compareció el letrado de la Junta, lo que motivó que la juez no admitiera el informe pericial.
Esto llevó a que el TSJA sólo pudiera valorar el dictamen pericial elaborado por General de Galerías Comerciales, al haberse inadmitido el aportado por la Junta ante su incomparecencia. Razonan los magistrados que el “presupuesto de hecho indispensable para la admisión en segunda instancia de las pruebas que no se practicaron en la primera” es que no se hubieran practicado por causas que no le son imputables. Pero en este caso, concluye, “la prueba no se practicó por causas sólo imputables a la Administración recurrente, y en ningún momento se presentó recurso de reposición o se formuló protesta en la vista a los efectos de poder hacer valer dicho medio probatorio en segunda instancia, lo que impide su válida admisión ante este tribunal”.
Más claro, imposible.

 

Un abogado que fue juez y un instructor parecido a Alaya

El caso Nevada tiene otras particularidades como la de que el abogado de Tomás Olivo, que representó a la mercantil General de Galerías Comerciales y ha ganado el litigio en la vía Contencioso-administrativa, Joaquín García Bernaldo de Quirós, es magistrado en excedencia y especialista en el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo. De hecho, el ex magistrado García Bernaldo fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJAen Málaga entre los años 2001 y 2011. Fue además presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y desde el año 2013 es socio del bufete Ramón y Cajal abogados. Por su parte, el juez Miguel Ángel García del Arco, que en su momento paralizó las obras del centro comercial Nevada, fue titular hasta su jubilación del juzgado de Instrucción número 6 de Granada. Muchos ven similitudes entre este magistrado y la juez Mercedes Alaya, la instructora que inició la investigación de las macrocausas como los ERE y que en su día dirigía el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla –ambos coincidían también en el número-. En una reciente entrevista en el periódico Granada Hoy, Miguel Ángel del Arco, quien en su día calificó el Nevada como un “leviatán de hierro y cemento” comentaba que hizo “bien en paralizar la obra” y aludía a los comentarios que le hizo el perito del caso, quien según el juez le manifestó que ese edificio es “el más grande disparate urbanístico que se haya producido en la historia de Granada pero además es un delito, pleno de trampas y de engaños, claramente demostrados pero que los jueces no han querido ver. Y un partido prefiere pagar esa enorme cantidad para indemnizar -un dinero nuestro, claro- a reconocer responsabilidades de sus gobiernos municipal y autonómico”, recogía la cita que el juez atribuye al perito que intervino en la causa.

Absuelto de la Malaya y que llevó sus empresas a la bolsa

El promotor murciano Tomás Olivo compartió el banquillo de los acusados con Juan Antonio Roca, el presunto “cerebro” de la trama de corrupción del caso Malaya destapada en Marbella, si bien los destinos de ambos corriendo suertes bien distintas. Roca fue condenado a 17 años, mientras que Tomás Olivo fue absuelto en la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga. Tomás Olivo fundó la empresa General de Galerías Comerciales precisamente en Marbella en el año 1995, tan sólo cuatro años después del desembarco de Jesús Gil y de su hombre de confianza. Su éxito consiste en comprar suelos a buen precio, promover la construcción de un centro comercial y ocuparse de su gestión. De esta forma, ha llegado a ser propietario de seis complejos comerciales en España, entre ellos el Nevada de Granada, o La Cañada de Marbella, el negocio más jugoso del promotor. Tomás Olivo se ha convertido asimismo en el primer empresario de la Costa del Sol cuyas empresas han llegado a cotizar en la Bolsa. Desde el 4 de julio de 2017, la mercantil General de Galerías Comerciales cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y en el primer mes alcanzó una revalorización del 24%. El valor de su sociedad superaba los 2.500 millones de euros a mediados de 2017 y tiene además el atractivo de no arrastrar deuda. Y a todo ello se sumarán ahora los 165 millones que la Junta tendrá que abonarle por el caso Nevada.

 

La recaída de Alaya

Jorge Muñoz | 27 de mayo de 2018 a las 2:00

CASO ERE La juez Mercedes Alaya

Alaya ha logrado la unidad de los jueces en su contra. Al menos, de todos los jueces de Instrucción de Sevilla, sus antiguos compañeros, a los que ha denigrado con ocasión de sus recientes declaraciones en las que no ha dejado títere con cabeza. Sólo la más grande, como es conocida por muchos Alaya en la vieja sede judicial del Prado de San Sebastián, podía hacer algo así en la creencia de que sólo ella puede estar llamada a liderar una mesiánica labor en la Justicia y en la lucha contra la corrupción.
La salvadora Alaya, la juez infalible e infatigable, la única que se consideraba capaz de acabar las macrocausas, cada vez va dejando más cadáveres en el camino y engrosando la lista de enemistades. Vilipendiar a los jueces de refuerzo que tuvo en su faceta de instructora como ha hecho ahora, le ha granjeado el rechazo absoluto del colectivo de jueces de Instrucción, quienes han expresado por unanimidad su “profundo malestar” con las declaraciones.
Sobre todo porque es que además los comentarios no son justos. Decir que un juez de refuerzo en concreto –en realidad es el único que aceptó trabajar con ella después de la desbandada que protagonizaron otros dos jueces– le decía a la una de la tarde que se iba a almorzar con su mujer a un club de Sevilla, del que ni siquiera es socio, o a recoger a las niñas del colegio, supone una mezquindad. Olvida Alaya que ella misma llegaba muchos días a mediodía al juzgado y hacía esperar durante horas a abogados e imputados durante horas antes de tomarles declaración. Basta con preguntarles a los abogados de los que ahora están en el juicio de los ERE.
Y se olvida también de que detrás de un juez, hay todo un equipo de funcionarios que son fundamentales para la marcha de las investigaciones. De este juez de refuerzo también ha asegurado que durante su estancia el juzgado ha estado más retrasado que nunca en la tramitación de los asuntos ordinarios, una afirmación que es fácilmente desmontable, sólo hace falta ver las estadísticas judiciales del juzgado de la época.
Mercedes Alaya, la que en su día se autodefinió como una instructora incansable, parece haber perdido el norte. Y no se resigna a su nueva situación como magistrada de la Audiencia de Sevilla.
A Alaya le ha faltado quizás contar con ese esclavo que llevaba Julio César, cuando era vitoreado por el pueblo en su trayecto subido en el carro triunfal, y al que le iba diciendo “mira hacia atrás y recuerda que sólo eres un hombre” (en este caso una mujer).
Cierto es, y en esta página lo he defendido siempre, que Alaya es una excelente profesional, con una gran capacidad de trabajo que puede superar en un momento dado a otros jueces, pero eso no es óbice para presentarse como la última esperanza de la Justicia, un mensaje populista que cala en parte de la ciudadanía, cada vez más asqueada de la clase política y cuya decepción aumenta a medida en que se conocen sentencias como la de los 1.600 folios de la Gürtel.
Pero la labor instructora de Alaya no se está traduciendo luego en condenas, lo que cuestiona su particularísima forma de instruir y la denunciada búsqueda de “causas generales” o prospectivas. Lo cierto es que la estadística no deja en buen lugar a Alaya. Además del archivo de la “pieza política” de los cursos de formación, la Justicia ha tumbado las instrucciones de Alaya relacionadas con la macrocausa de la venta de los suelos de Mercasevilla, donde los diez acusados fueron absueltos, y más recientemente la Audiencia de Sevilla absolvió al ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, la primera de las grandes investigaciones que inició Alaya y que tanta fama le generó.
Hasta ahora, la única instrucción de Alaya que ha sido avalada con una condena es la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los hosteleros de La Raza a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, que acabó sólo con la condena de dos de los cuatro acusados.
Muchos se preguntan a qué han venido ahora estas declaraciones de Alaya, en las que no sólo ha criticado a los jueces de Sevilla y a los partidos políticos, sino también a otras instancias judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el CGPJ que, por cierto, siguen callados, sin reaccionar.
Sólo Alaya sabe por qué ha vuelto en este momento al candelabro, como diría Sofía Mazagatos. Quizás sea por no caer en el olvido, o porque la magistrada no ha pasado página y ha sufrido una recaída, tras el varapalo que supuso en el otoño de 2015 verse apartada de la instrucción de las macrocausas, algo que se debió a sus propios errores de cálculo y por criticar con la dureza que lo hizo a su sucesora en el juzgado, de la que sacó a relucir una supuesta estrecha relación de amistad con el entonces consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, además de poner en duda la capacidad y profesionalidad de la juez María Núñez Bolaños.
Y todo ello, claro está, con independencia de que algún vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le prometiera a Alaya que aunque solicitara la plaza de magistrada en la Audiencia no tendría problemas para continuar investigando las macrocausas. Ése fue otro error de cálculo de Alaya del que ahora no puede culpar a los demás o fabular con un supuesto pacto entre los dos grandes partidos por miedo a que ella investigara los cursos de formación. Hay que recordar que el PP ha recurrido el archivo de la denominada pieza política de la formación, en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento.
Tampoco creo que Alaya esté pensando en entrar en política, como se ha apuntado. Esta semana, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, dejó abierta la posibilidad al fichaje de la juez por la formación naranja, al afirmar en Ondaluz que en Ciudadanos nunca negarán “la entrada al talento”, pero parece más bien que este político se vio sorprendido por la pregunta. Aunque quien sabe…

Tiento al fiscal y la causa se acelera

Jorge Muñoz | 20 de mayo de 2018 a las 2:00

 

Vista-Audiencia-Sevilla-politica-ERE_1243085697_84354743_3750x2306

Una imagen del juicio de los ERE.

El tercer aviso del tribunal de los ERE, el que ha dado precisamente esta semana a la Fiscalía Anticorrupción, para que no se eternice el juicio con el interrogatorio de los testigos, parece más atinado que los otros dos anteriores y comienza a dar sus frutos. Del ritmo cansino de las semanas anteriores, parece que, por fin, se ha pasado al “pisa el acelerador… gasta las ruedas” que cantaba Joaquín Sabina. El cambio se ha producido después de que en la sesión del pasado lunes, el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, se dirigiera a los “señores fiscales” delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra– para que no hicieran tantas preguntas relacionadas con las piezas separadas que, tal y como recordó la Audiencia en el auto en el que resolvió las cuestiones previas, no son objeto de este juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, el supuesto sistema que según las acusaciones idearon presuntamente los 22 ex altos cargos para conceder las ayudas sin procedimiento legal y eludiendo los controles de la Intervención General de la Junta.

El magistrado indicó a los fiscales que estaban haciendo “excesivas preguntas” sobre las piezas separadas que siguen actualmente en instrucción, tantas que rebasaban lo que el tribunal comentó en su momento que “iba a permitir” para poder enmarcar esta causa en el contexto de la macrocausa de los ERE. La advertencia, al menos en lo que respecta a esta semana, ha surtido efecto, porque ya han declarado 21 de los 150 testigos que deben rendir testimonio. Recalculemos las cuentas que hicimos la semana pasada, en las que irremediablemente la vista oral se iba a meter irremediablemente en los primeros meses de 2019.
Sin embargo, esta semana han pasado ocho testigos –y a partir de mañana hay otros 11 testigos citados–, con lo que se si este ritmo se mantiene de manera constante y parecida, se llegaría a las vacaciones de agosto habiéndose superado la centena de testigos (102 aproximadamente), con lo que la fase testifical podría finalizar para mediados de octubre. A partir de ahí deben declarar los doce peritos, incluidos los de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hicieron el peritaje oficial y los propuestos por las partes, pero aún así se estaría más o menos en el calendario que planteó el tribunal con sesiones hasta finales de noviembre.
Para que se haya podido acelerar el ritmo de las declaraciones de los testigos, desde los propios fiscales, a las acusaciones populares (PP yManos Limpias), así como las defensas han limitado sus preguntas en los interrogatorios, incluso algunas de las partes y defensas no han planteado ninguna pregunta a muchos de lo comparecientes.
Además, muchos de los testigos –esta semana les ha tocado a trabajadores y directivos del IFA/IDEA– han coincidido en las principales afirmaciones que han realizado, por lo que no era necesario insistir demasiado en los interrogatorios. Para las próximas sesiones está previsto uno de los principales testigos que más morbo puede despertar: el ex chófer de Guerrero que admitió el gasto del dinero de las ayudas en cocaína y regalos. A lo mejor con este testigo alguna de las partes, lejos de acelerar, pisa el freno y se detiene para hacer más preguntas. Será interesante. Ya veremos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La Fiscalía y la denuncia de José Castro

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

El presidente del Sevilla, José Castro, con sus abogados cuando declaró en los juzgados.

*La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez que investiga al presidente del Sevilla, José Castro, el archivo de la denuncia abierta por el uso de la cuenta que tiene en el club y por la compra de varios paquetes de acciones, al entender que los hechos investigados no son constitutivos de delitos de administración desleal ni de falsedad documental.

La postura de la Fiscalía, que se ha producido una vez que la defensa de Castro había pedido el sobreseimiento de la causa, ha despertado cierta sorpresa, sobre todo si se tienen en cuenta que fue la propia Fiscalía hispalense la que, tras una primera investigación de los hechos, decidió presentar una denuncia en los juzgados contra el presidente del Sevilla para que un juzgado investigase precisamente si había delito o no.

El juzgado, que ahora debe decidir y muy probablemente archivará la denuncia, ha tomado declaración como investigado a Castro y a varios testigos, pero no se han practicado más diligencias. El caso de Castro recuerda recientemente al del ex jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores Rafael Carretero, quien también fue denunciado por la Fiscalía y cuya causa se archivó por el juzgado, aunque en este caso Carretero no llegó ni siquiera a prestar declaración como investigado. La Fiscalía no recurrió el archivo, pero tanto en el caso de Carretero como ahora Castro no cabe duda de que ambos han sido sometidos a la pena de banquillo.

La ‘venia’ de Javier Guerrero

Jorge Muñoz | 6 de mayo de 2018 a las 2:00

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero y su ex abogado Fernando de Pablo, en la Audiencia de Sevilla para asistir al juicio de los ERE.

El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y principal imputado en el caso de los ERE cambió recientemente de abogado. Fernando de Pablo, quien le ha acompañado en su defensa en los últimos siete años, desde que se inició la instrucción de la macrocausa en el año 2011, ha sido sustituido por el abogado José Ávila, quien esta misma semana se ha estrenado en el juicio con el interrogatorio a uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que realizó varias preguntas relacionadas en el ERE de la empresa sevillana Río Grande, donde los investigadores detectaron la presencia de dos intrusos.
Con independencia de las posibles discrepancias que pudieran existir o no desde hace tiempo entre Javier Guerrero y Fernando de Pablo, la sustitución de este abogado cinco meses después de iniciada la vista oral del denominado “procedimiento específico” de los ERE, no deja de ser sorprendente, sobre todo cuando comienzan a conocerse algunos de los entresijos en los que se produjo esa renuncia/sustitución de Fernando de Pablo.
Para empezar, existe un escrito firmado por Javier Guerrero y Fernando de Pablo, fechado a principios de abril, en el que el primero reconoce al abogado que el cambio en la defensa en la pieza política de los ERE se realiza siguiendo las indicaciones de otro letrado que está imputado en los ERE, Carlos Leal Bonmati, responsable de Estudios Jurídicos Villasís, que intervino en la tramitación de varias ayudas de los ERE. En ese escrito, Guerrero y De Pablo reconocen que en los últimos días se habían producido entre ambos divergencias de criterio en cuanto a la línea de defensa que debía seguirse en el presente proceso.
Como consecuencia de esas discrepancias, Guerrero considera conveniente que se produzca el cambio en su defensa, por lo que ambos de común acuerdo dan por resuelta la relación profesional que mantenían.
Hasta aquí todo normal, lo curioso viene en una de las cláusulas del escrito, en la que se afirma que Fernando de Pablo se compromete a entregar la venia al letrado José Ávila u otro letrado que a través del señor Guerrero “sea indicado por el también letrado Carlos Leal Bonmati para el mejor fin de la defensa de Guerrero”. Es decir, un imputado en los ERE que dirige, coordina, designa o pone al abogado que debe representar al principal imputado en la macrocausa.
Es cierto que Leal Bonmati no está imputado en la pieza política de los ERE, pero resulta cuanto menos sospechoso que aparezca manejando los hilos de la defensa de Guerrero.
Y también resulta sospechoso que haya quien apunte incluso que otros dos empresarios imputados en la causa de los ERE habrían contribuido presuntamente abonando 10.000 euros cada uno para sufragar la defensa de Guerrero.
Este periódico preguntó precisamente por este extremo al abogado Fernando de Pablo, quien reconoció precisamente que “había oído que dos imputados en otras piezas habían contribuido con esa cantidad” para que se abonaran los honorarios al nuevo abogado de Javier Guerrero.
El abogado Fernando de Pablo ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que renuncia a la defensa de Guerrero en un total de 104 piezas separadas que están actualmente en investigación por otras tantas ayudas –en la mayoría de las cuales Guerrero está siendo excluido– y en otros dos procedimientos que están ya listos para su enjuiciamiento.
Sobre Carlos Leal Bonmati, la juez Mercedes Alaya afirmó en su día que este investigado habría prestado su bufete, Estudios Jurídicos Villasís, como “centro de lavado” de las comisiones cobradas por el conseguidor de los ERE y ex sindicalista Juan Lanzas, a cuyo entramado de empresas este despacho abonó 1.156.131 euros mediante “facturas falsas por servicios inexistentes”, según puso de manifiesto la juez en el auto que en julio de 2013 decretó la puesta en libertad de Leal Bonmati tras abonar una fianza de 150.000 euros.

El fallo de la Manada pone cerco a la Justicia

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2018 a las 2:00

La polémica por la condena de los cincos sevillanos rebasa el ámbito de la crítica razonable y necesaria para entrar en el terreno del ataque a la independencia e imparcialidad de los jueces

pamplona

Una protesta en Pamplona tras hacerse pública la sentencia.

Dentro de cada español hay un gran juez, y un gran árbitro, un gran entrenador, un gran profesor, un gran médico, un gran director de cine… Pónganle como modelo cualquier profesión. Sabemos de todo y mejor que nadie, vamos de sobrados muchas veces y al final acabamos perdiendo el respeto a los profesionales y a las instituciones, y al trabajo que realizan. Es algo que se palpa en nuestra sociedad, donde aumentan por ejemplo las agresiones de los pacientes a los médicos, o de los padres a los profesores y a los entrenadores del equipo de fútbol de sus hijos o del equipo rival. Con frecuencia los telediarios ofrecen vídeos lamentables con este tipo de agresiones.

La sentencia que ha condenado a los cinco sevillanos de la Manada –más que lobos podrían ser considerados cabestros, a tenor de sus actitudes y comportamientos–, ha puesto cerco a la Justicia, con esa ola de indignación que se echó espontáneamente a la calle la tarde del pasado jueves para criticar una condena que consideran exigua, y para criticar la interpretación jurídica que ha hecho un tribunal –ciertamente dividido–, que ha llegado a la conclusión de que los hechos denunciados no constituían un delito de agresión sexual, sino de abusos sexuales.
Podemos estar de acuerdo o no con la sentencia, compartir o no el voto particular del magistrado Ricardo Javier González –el juez que únicamente aprecia sexo explícito “en un ambiente de jolgorio y regocijo” en los vídeos sobre las relaciones sexuales que mantuvieron los acusados con la víctima–, estimar que la condena debía ser mayor o menor, que debían ser absueltos o no. Todas las posibilidades y todas las opiniones y todas las críticas a los jueces son respetables, pero lo que no se puede hacer es criminalizar a los magistrados por haber hecho su trabajo, al examinar los hechos y dictar una sentencia que, por una mayoría de dos votos a uno, consideran que es la que corresponde a la Manada.
Respeto a la Justicia y a sus tiempos. Y menos presiones a los jueces y menos campañas en change.org pidiendo la inhabilitación de los jueces. A la hora de escribir este artículo casi un millón de personas habían firmado a favor de inhabilitar a los jueces de la sentencia de la Manada.
La situación creada es tan grave que hasta el Gobierno, sin tener en cuenta el argumento, otras veces empleado también con mucha frecuencia, de que no se debe legislar en caliente, ha tenido que salir al paso para anunciar que revisará si los delitos sexuales están bien tipificados en el actual Código Penal, que se remonta a 1995.
Y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha salido en defensa de los tres jueces que han dictado la polémica sentencia, afirmando que el tribunal ha “valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces, sin perjuicio de las posibles discrepancias que puedan existir sobre la calificación jurídica de esos hechos, que pueden y deben hacerse valer a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico”.
Tiene razón Lesmes. En los 370 folios que integranel fallo y en el voto particular se analizan pormenorizadamente todas las pruebas aportadas en el juicio, el testimonio de la víctima, las declaraciones de los testigos y de los acusados, los vídeos que grabaron, etc.
La sentencia de la Manada no acaba con el fallo dictado por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, porque de momento otros tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tendrán que revisar esta condena a la hora de resolver los recursos, y después, si alguien sigue sin estar de acuerdo, como probablemente ocurrirá, también queda la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, por lo que todavía le queda bastante recorrido al caso de la Manada.
Mientras tanto, Antonio Manuel, Alfonso Jesús, Jesús Escudero, Ángel, y José Ángel, seguirán donde la Justicia ha dicho que deben estar ahora: en prisión provisional, salvo que sorpresivamente prospere la petición de libertad que ha anunciado que planteará la defensa.
Los acusados seguirán en prisión hasta que haya una sentencia firme, una situación que podría prolongarse hasta que se cumpla la mitad de la condena impuesta, es decir, que podrían seguir en prisión preventiva durante otros dos años y ocho meses más si no se han resuelto antes los recursos. Esto es precisamente lo que contempla el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que señala que “si fuere condenado el investigado o encausado, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia, cuando ésta hubiere sido recurrida”.
Otra de las leyendas que se extienden por las redes sociales es que con esta condena de nueve años en poco tiempo estarían en la calle, algo que tampoco es cierto. El artículo 36.2 del Código Penal prevé que “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”.
En el caso de la Manada, esta medida de seguridad no fue solicitada por la Fiscalía de Pamplona ni acordada por el tribunal, pero en cualquier caso para disfrutar de los beneficios penitenciarios o de un tercer grado, los penados tienen que cumplir una serie de requisitos, entre los que destaca especialmente el del arrepentimiento del delito. Los cinco acusados han mantenido, dentro de su legítimo derecho a la presunción de inocencia, que no cometieron delito alguno, y en el caso de que finalmente se confirme la condena, no podrían acceder a esos beneficios si no han expresado ese arrepentimiento y petición de perdón, además por ejemplo de satisfacer todas la responsabilidades derivadas del delito –aquí han sido condenados a indemnizar con 50.000 euros a la joven–. Todas esas circunstancias son valoradas por la junta de tratamiento de la prisión.
Un último apunte. Los nueve años de prisión pueden considerarse una condena leve si se comparan con los 18 años que había reclamado la Fiscalía navarra por el delito de agresión sexual, pero en realidad no es una pena leve. Son nueve años. Y no puede olvidarse que otros delitos aparentemente más graves, como el homicidio, se castiga con penas de entre diez y quince años de prisión. En definitiva, el fallo de la Manada sigue abierto, a la espera de la decisión de los tribunales superiores.

Condena con polémica, caso abierto

Jorge Muñoz | 27 de abril de 2018 a las 2:00

sanfermin

Los cinco jóvenes sevillanos que formaban la Manada

La sentencia dictada ayer por la Audiencia iba a ser polémica fuese cual fuese el resultado, sobre todo porque ni siquiera ha conseguido lograr la unanimidad de los tres magistrados que han conformado el tribunal, tras cinco meses de complicadas deliberaciones. En lo único que estuvieron de acuerdo los tres magistrados, y no es nada desdeñable, es que en los hechos investigados no hubo la violencia o intimidación que requiere el delito de agresión sexual, el principal cargo por el que la Fiscalía había pedido 18 años de cárcel para cada uno de los cinco sevillanos.
A partir de ahí, la mayoría que formaban dos magistrados, un hombre y una mujer (José Francisco Cobo, presidente de la Sección Segunda y ponente del caso, y Raquel Fernandino Nosti), decidieron condenar a los cinco acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento, en contra del criterio de magistrado Ricardo Javier González González, que ha emitido un extenso voto particular de 237 folios –la sentencia tiene 134– en el considera que, una vez descartada la agresión sexual, los cinco acusados tendrían que haber sido absueltos, con todos los pronunciamientos favorables.
Si la condena a nueve años ya ha despertado una auténtica ola de indignación que ayer se mostró a modo de manifestaciones espontáneas en las principales ciudades españolas, imagínense la que se podría haber liado con una sentencia absolutoria. Pero los jueces no pueden dejarse influir por los juicios paralelos que, como recoge el magistrado discrepante, se han producido en el caso de la Manada desde el primer día en que se conoció el suceso.
La Justicia, que es muy garantista en España, tiene afortunadamente los mecanismos adecuados para la revisión de las sentencias, que evidentemente siempre dejan insatisfechas a una de las dos partes confrontadas. El caso de la Manada queda abierto, por tanto, para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el que dicte el fallo definitivo, confirmando o modificando esta sentencia, tras los recursos que ya han anunciado que van a presentar tanto la defensa como la propia víctima. Y esa última sentencia –no llegará al Tribunal Supremo, puesto que la causa es posterior al año 2015–, podrá ser compartida o no, podrá convocar nuevas protestas en la calle o donde sea, pero será la que haga Justicia al caso y así habrá que acatarla.

Adiós al actor de la serie “Juzgado de Guardia”

Jorge Muñoz | 19 de abril de 2018 a las 14:18

El actor Harry Anderson, el juez Stone....

El actor Harry Anderson, el juez Harry Stone….

Ha fallecido el actor Harry Anderson, que interpretaba al juez Harry Stone en la serie televisiva que da título a este blog…. Sirva como homenaje este post a quien durante años nos hizo pasar un buen rato con esas peripecias de un peculiar juzgado neoyorquino.

El actor ha fallecido a los 65 años según ha informado Variety. El crítico de TV del grupo Joly Francisco A. Gallardo recuerda que Juzgado de guardia (Night Court) fue una de las comedias de éxito a principios de los años 90 (su nombre daría idea a Antonio Mercero para crear Farmacia de guardia).

El protagonista, Harry Anderson, fue hallado muerto el pasado lunes en su casa de Asheville, en Carolina del Norte. El actor daba vida al desastroso juez Harry Stone, al frente de un tribunal nocturno de Manhattan, con un equipo que halló la complicidad de los espectadores españoles. Se emitió en la NBC entre 1984 y 1992.

Etiquetas:

Los interrogatorios de Alaya

Jorge Muñoz | 8 de abril de 2018 a las 2:00

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernandez en el juicio de la pieza politica de los ERE

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández declarando en el juicio de los ERE.

Después de cuatro días declarando ante la juez Mercedes Alaya, con la intensidad que la magistrada imprimía a esos interrogatorios, no me cabe duda de que cualquier persona sería capaz de confesar lo más grande con tal de que esa situación termine cuanto antes. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández trató de explicarlo esta semana en su declaración en el juicio de los ERE, donde dijo que se sintió “permanentemente acosado” por la magistrada durante el interrogatorio, que se prolongó durante cuatro días y la madrugada siguiente, en la que la juez lo envió a prisión provisional.
Fernández relató la vehemencia de la juez para que respondiera sí o sí a las preguntas tal y como la magistrada quería que lo hiciera. Puedo asegurarles, porque seguí aquella maratoniana comparecencia en el juzgado de Instrucción número 6, de viernes a lunes de Feria –con un derbi Madrid-Barça que los periodistas seguimos en un Ipad a las puertas del juzgado la noche del sábado y sobre el que Fernández se interesaba en los recesos de su declaración–, que las voces de Alaya y del ex consejero se escuchaban desde fuera de la sala de vistas sin necesidad de pegar el oído a la puerta. Alaya atacaba con sus preguntas y Fernández, que entonces no tenía problemas de voz como ahora, respondía también con contundencia.
Antonio Fernández ha denunciado ahora, seis años después de aquella comparecencia ese “acoso” al que le sometió Alaya, de la que también criticó que le había tenido 14 meses imputado antes de citarle a declarar. El ex consejero dibujó un panorama muy negro, al asegurar que la magistrada le planteó una imputación sorpresiva con nuevos delitos por su supuesta inclusión en el ERE de González Byass, la empresa en la que había trabajado desde los 14 años. Y acabó denunciando que se sintió indefenso en aquella declaración en la que no se respetaron sus garantías procesales.
Pero la denuncia de Fernández a la juez Alaya, cuya instrucción no estaba recibiendo hasta ahora críticas severas, se topó con las acertadas preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, que acabó acorralando al acusado. El magistrado le preguntó por qué no hizo constar en el acta de la declaración –que Fernández firmó cada día– todas esas “vicisitudes”, o por qué no solicitó el aplazamiento de la declaración o pedir una nueva comparecencia, conociendo como licenciado en Derecho que los imputados pueden pedir una declaración voluntaria en cualquier momento.
El magistrado le expuso que no hiciera nada frente a un interrogatorio del que ahora pretendía que se hizo en condiciones inadecuadas que determinarían que la declaración fue nula.
Fernández salió al paso diciendo que valoró que si “colaboraba” con Alaya y respondía a todas las preguntas de todas las acusaciones –incluidas las del PP– podría haber evitado lo que finalmente no pudo: su ingreso en prisión. Estaba equivocado, como le demostró el auto que la juez le notificó sobre las siete de la mañana del 24 de abril, tras toda una noche en vela. Debió denunciarlo entonces.
El problema es que, en aquel momento, con Alaya en su mayor apogeo, nadie cuestionaba a la juez más grande y los abogados tampoco se atrevían a quejarse de la instructora por temor a causarle males mayores a sus representados. No fue hasta la llegada de José María Mohedano, el abogado de Griñán, cuando comenzaron las críticas a la juez. En julio de 2013, Mohedano ya dijo que el interrogatorio de Alaya “es más propio de un juez inquisitorial y preconstitucional”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Juicio ERE Chaves, Gri?an , Magdalena, Zarrias, Guerrero.

¿Se va del juicio de los ERE el abogado que defiende a Javier Guerrero?

* Fernando de Pablo ha sido el abogado del ex director general de Trabajo Javier Guerrero desde que se destapó el escándalo de los ERE en el año 2011. Siete años después y una vez arrancado el juicio por el “procedimiento específico” hay quien apunta a que De Pablo podría dejar de ser de manera inminente el letrado de Guerrero. De momento, el propio Fernando de Pablo dice que no sabe nada de su marcha, aunque reconoce que ya ha dejado la defensa de Guerrero en otras piezas en manos de otros compañeros, como Carlos Sierra y Rafael Ramírez.

Con los ojos de hoy

Jorge Muñoz | 1 de abril de 2018 a las 2:00

El juicio de los ERE se suspende provisionalmente por enfermedad exconsejero

El tribunal que preside el juicio. Foto: pool Efe.

Ha sido sin duda la expresión más repetida por muchos de los 19 ex altos cargos de la Junta que ya han prestado declaración en el juicio de los ERE. Y la han utilizado cuando el fiscal les ha preguntado por los aspectos supuestamente más comprometidos en relación con el sistema que durante diez años se empleó para conceder las ayudas bajo sospecha.
Para distinguir entre el conocimiento actual de los hechos, de la materia presupuestaria, de las transferencias de financiación, de la fiscalización previa, o del Control Financiero Permanente, muchos de los acusados han recurrido a la frase “Con los ojos de hoy… señoría puedo decirle…”, para diferenciar entre el grado de conocimiento de estos asuntos que podían tener en el momento en que ocurrieron, por ejemplo, cuando se firmó el convenio marco en 2001, y lo que han podido saber ahora, dieciocho años después y tras haber tenido acceso a los miles de folios del sumario –el “procedimiento específico” tiene 16.000 folios a los que hay que sumar los más de 200.000 que integran la causa matriz–.
Y a los acusados no les falta parte de razón porque es evidente que en los 18 años desde que ocurrieron estos hechos ha podido cambiar y mucho la perspectiva social, económica, política y hasta legal y jurídica con la que se pueden (o deben) examinar cuestiones como el procedimiento que se empleaba para conceder las ayudas o la actuación que en su momento tuvo (o no tuvo, según la tesis acusatoria de la Fiscalía Anticorrupción) el Gobierno andaluz y el órgano de control, la Intervención General de la Junta.
La frase “con los ojos de hoy…” ocupa el top ten de las que se han empleado hasta ahora en las 30 sesiones que se han celebrado de una vista oral que se inició en diciembre pasado con las cuestiones previas. Pero no ha sido la única, con un juicio tan largo y con tantas horas de declaración ha habido tiempo para que se produzcan numerosas situaciones curiosas y anécdotas de toda índole propiciadas bien por la tensión, el nerviosismo o el cansancio de los interrogatorios a los que los fiscales delegados de Anticorrupción están sometiendo a los acusados.
Una de estas situaciones se ha producido precisamente esta misma semana, con la declaración del ex consejero de Empleo Antonio Fernández. En un momento dado, el fiscal le estaba preguntando por las ayudas sociolaborales concedidas a determinadas empresas y Fernández dijo los siguiente: “Mientras yo he estado vivo, Santana ha sido un tema prioritario”, dijo Fernández sin inmutarse lo más mínimo, probablemente sin percatarse de la frase, dado que en ocasiones estaba más pendiente de sus problemas con la voz.
El ex director general de IDEA Jacinto Cañete afirmó, muy acertadamente, que la “semántica” es importante sobre todo cuando, como en este caso, se trata de un procedimiento penal, en alusión a la “inadecuación” o “inidoneidad” del procedimiento de concesión de las ayudas.
La mayoría de los acusados se han esforzado en sus declaraciones en negar que la utilización de las transferencias de financiación hubiese causado un “déficit” millonario en los presupuestos de la agencia IDEA y han recurrido, nuevamente, al lenguaje para afirmar que en realidad las transferencias sólo provocaron un “desajuste” o “desfase” presupuestario, pero no un “déficit”, ya que la agencia IDEA sólo pagaba las ayudas una vez que había recibido los fondos correspondientes desde la Consejería de Empleo.
Y más que semántica fue una cuestión léxica la que le jugó una mala pasada a la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, quien para referirse a una situación que se estaba produciendo en los edificios de las residencias Tiempo Libre de la Junta, aludió a los problemas de “salmonelosis”, aunque rápidamente lo corrigió por la correcta “aluminosis”. Quien tiene boca se equivoca, yo el primero.
Pero no fue la única a la que le traicionó el lenguaje, porque también uno de los fiscales delegados de Anticorrupción preguntó a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo por su etapa como “miembra” (sic) del Consejo Rector de la agencia IDEA, o a lo mejor estaba haciendo gala de la tan excesiva política, en términos língüísticos, de igualdad de género. Quien sabe.

CONTINUA LECTURA DECLARACIONES EXCONSEJERO TRABAJO JAVIER GUERRERO EN EL JUICIO ERE

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero, en su declaración en el juicio. Foto: pool Efe.

En otras ocasiones, los acusados han sorprendido en sus declaraciones por las comparaciones que han empleado. Así, destaca la respuesta que tuvo el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román cuando su abogado defensor, José Manuel García-Quílez le preguntó si tuvo alguna participación en la creación de ese procedimiento específico para supuestamente cometer el fraude. “Es complicado contestar a eso porque no sé cómo se puede poner de acuerdo a tantas personas para hacer algo que desconocíamos y cargos públicos de distintas fechas. ¿Cómo se hacía, había una contraseña para entrar en el club? Duele bastante”, lamentó el ex alto cargo.
Por su parte, el secretario general técnico Javier Aguado Hinojal insistió en su declaración que no le podía extrañar que se “ayudara a las comarcas y a los ciudadanos” en periodos de crisis económica, dado que no eran ayudas para las empresas, y así señaló que si no se hubieran dado por ejemplo las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva se habría “cerrado el condado”. Este mismo procesado aseguró que su departamento era “las amas de casa” de la Consejería de Empleo, donde se hacía toda la “cocina” y también las modificaciones presupuestarias con las que se fueron incrementando las transferencias de financiación al IFA para el pago de las ayudas.
Otra de las situaciones, casi cómicas, se producen al inicio de las sesiones y guardan relación con las sustituciones que se hacen entre sí los abogados de la defensa cuando uno de ellos no asiste a la vista oral y otro letrado asume la defensa del compañero. El turno de sustituciones se prolonga a veces durante varios minutos, en los que los sustitutos toman la palabra para informar al tribunal sobre a que letrado sustituyen y en representación de qué acusado. En una ocasión se dio la circunstancia de que dos abogados intentaron sustituir al letrado del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías. Un primer letrado intervino para hacerse con la representación del ex consejero y acto seguido otro letrado al que la defensa de Zarrías le había comentado su ausencia también habló para asumirla, lo que motivó las risas en el estrado.
La que no ha salido tan bien parada en el juicio es la juez Mercedes Alaya y sus vehementes interrogatorios, a tenor de las manifestaciones que han realizado la mayoría de los acusados, que se han negado a ratificar las declaraciones que prestaron en la fase de instrucción porque, según han ido explicando, las actas elaboradas por la magistrada “no reflejan” a juicio de los acusados la realidad de sus afirmaciones.
El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, se retractó de cuatro declaraciones en las que había implicado a todo el Gobierno andaluz y culpó a la“presión mediática y de la Policía” de las declaraciones que realizó en la fase de instrucción, llegando incluso a renegar de haber sido él quien acuñó el término “fondo de reptiles” para referirse a la partida presupuestaria 31L. “Yo nunca he hablado de fondo de reptiles, eso no ha salido de mi boca, porque no tenemos fondos reservados”, precisó el ex alto cargo, que sólo respondió a las preguntas de su abogado.

Comienza el juicio de los ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz

Los 22 ex altos cargos acusados en el juicio del “procedimiento específico” de los ERE. Foto: pool Efe.

Como Guerrero no declaró a los fiscales, éstos pidieron que se leyeran sus declaraciones y así volvieron a oírse las frases con las que Guerrero ha hecho historia en el caso de los ERE, como cuando dijo que sus únicos vicios son “un paquete de Marlboro y una copa de gin-tonic con Beefeater”, o cuando declaró lo siguiente: “La Consejería de Innovación se quedó con diez millones míos”.
En otra de las declaraciones no ratificadas por Guerrero, éste contó como el ex consejero de Empleo le dijo en una ocasión que fuese al IFA/IDEA para solucionar los pagos de unas pólizas: “Me dijo [Antonio Fernández] que fuera a IDEA y le diera una patada en los cojones al gerente”, afirmó ante la Guardia Civil.
También resultó gracioso el enojo del secretario judicial al inicio del juicio por tener que leer durante horas seguidas los escritos de las acusaciones y las declaraciones que los acusados no ratificaban. Menos divertido resultó la llamada al orden del tribunal a los acusados para que guardaran la compostura –y se sentaran bien– ante la “solemnidad” del juicio.
Todo esto ha sucedido en sólo 30 sesiones de un juicio que, según el calendario inicial fijado por el tribunal, llegará en principio hasta las 94 sesiones, con lo que prácticamente quedan dos terceras partes de juicio en las que habrá nuevas situaciones anecdóticas. Y aquí se las contaremos. No todo va a ser el máster en materia presupuestaria que se imparte en cada sesión del juicio.

La Pasión del ex consejero

Jorge Muñoz | 25 de marzo de 2018 a las 2:00

DECLARACION DE CARMEN MARTINEZ AGUAYO EN JUICIO PIEZA POLITICA CASO ERE

Una vista panóramica de la Sala que acoge el juicio del “procedimiento específico” de los ERE.

Muchas cábalas se habían hecho sobre cuál de los 22 acusados en el juicio de los ERE tendría que comparecer en las sesiones fijadas para el Lunes y Martes Santo. El que se llevaría el titular periodístico sobre su particular Semana de Pasión –algunos pensarán, no sin cierta razón, que llevan más de siete años de calvario judicial–, sometiéndose a los intensivos interrogatorios de los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

Al final, ese supuesto honor, en realidad no lo es, de comparecer en estos días clave de la celebración religiosa ha correspondido al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuyos problemas de garganta han ido retrasando su declaración hasta que se ha fijado para estos días. Fernández debía haber sido el segundo de los 22 ex altos cargos en declarar, justo después de que lo hiciera el que fuera su estrecho colaborador en la Consejería y principal imputado en el caso, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.
El ex consejero fue precisamente durante la larga instrucción de los ERE uno de los sospechosos habituales de la juez Mercedes Alaya, que fue imputándolo un día sí y otro no en las distintas líneas de investigación que se iban creando en torno a las distintas macrocausas, no sólo en la de los ERE, sino también en la de las presuntas irregularidades relacionadas con los cursos de formación.
Y fue también Alaya quien decidió enviarlo a prisión provisional la noche del pescaíto del año 2012, después de haberlo hecho pasar por un vehemente interrogatorio que se prolongó durante tres días y finalizó con toda una noche en vela mientras la instructora redactaba el auto que lo enviaba a la prisión de Sevilla I.
Casi seis años después de aquel 24 de abril de 2012, Antonio Fernández se sentará mañana ante el tribunal para dar de nuevo sus explicaciones sobre la concesión de las ayudas bajo sospecha. Mientras el ex consejero declara, cerca rondarán las cofradías del Cautivo del Tiro de línea y del Cerro del Águila, que pasan por las proximidades de la sede judicial donde se celebra el juicio el Lunes y Martes Santo, respectivamente.
Estación de penitencia fuera y dentro de la Audiencia, porque parece que el interrogatorio de Antonio Fernández no va a ser más liviano que al que lo sometió Alaya, dado que la Fiscalía Anticorrupción sitúa el origen del fraude precisamente en la Consejería que Fernández dirigió durante años. Y a ver si las dos sesiones de la semana de Pasión del ex consejero van a resultar insuficientes para completar su interrogatorio, porque además seguro que su combativo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, también guarda en la recámara una buena ristra de preguntas para su defendido.
Mientras Fernández aguarda su declaración, el juicio de los ERE ha consumido ya sus primeras 88 horas tras haber completado 28 interminables sesiones en las que, como comentó esta semana el ex director general de IDEA Jacinto Cañete en su declaración, todos los asistentes parece que están asistiendo a un “máster en materia presupuestaria”, a tenor de todo lo que han ido exponiendo los distintos acusados en sus declaraciones.
Según los datos que figuran en el sistema de descargas de vistas judiciales de Andalucía –el portal Arconte de la Consejería de Justicia e Interior –, desde que arrancó la vista oral el 12 de diciembre de 2017, el juicio de los ERE acumula ya un total de 154 vídeos, con un peso de 40,96 gigabytes y una duración total de 88 horas, 25 minutos y 1 segundo, según los datos incorporados hasta la última sesión, celebrada el pasado miércoles y en la que declaró el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías.
De aquí al 31 de octubre, último día que el tribunal mantiene en el calendario del juicio elaborado en enero, todavía quedan muchas horas y horas de grabación, muchas horas y horas de ese peculiar máster presupuestario que este cronista tanto aborrece.
Lo que sí ha avanzado en las últimas semanas es precisamente la declaración de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados. Ya se han sometido a los interrogatorios 18 de los procesados, aunque entre los cuatro últimos se encuentran los dos más relevantes, los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, quienes está previsto que declaren justo después de Semana Santa. También lo hará el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, a quien el tribunal permitió declarar el último al haber cambiado de abogado defensor poco tiempo antes de que se iniciara la vista oral.
De la última sesión del juicio todavía se recuerda la llamada al orden del tribunal a los acusados, a los que pidió que guardaran la “solemnidad” propia de una vista oral, tras haber reprendido en la sesión anterior al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo. Con esa llamada de atención, a destiempo, el tribunal convirtió la anécdota en categoría, el chascarrillo en noticia. Sinceramente, creo que la reprimenda no era necesaria tras el aviso del día anterior.