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El escáner

Jorge Muñoz | 16 de abril de 2017 a las 2:00

ESCANER JUZGADO

El escáner y el arco detector de metales suele ser el primer contacto de los ciudadanos con la Justicia. Son miles los que entran a diario en las sedes judiciales. El pórtico de acceso a un mundo desconocido que, para muchos, causa como mínimo incertidumbre, desazón y hasta en algunos casos una angustia kafkiana similar a la que José Luis López Vázquez mostró magistralmente en su interpretación en La cabina (Antonio Mercero, 1972).

Y el hecho de acceder a esos edificios, muchos todavía lúgubres, provocan un sinfín de situaciones anecdóticas, muchas de las cuales son del todo ciertas, verídicas –como diría aquél maestro del humor–, aunque parezcan en ocasiones increíbles. El desconocimiento, la incertidumbre y los nervios de entrar en ese otro mundo, hacen el resto.
Hace unos años trascendió el caso de una señora mayor que, cuando llegó por primera vez a un juzgado, fue recibida como sucede a diario por los agentes y vigilantes de seguridad que hay en las sedes judiciales. Estos le indicaron a la mujer que pasara “sus cosas” por el escáner. Y la mujer cumplió, vaya si cumplió. Cuando los vigilantes se dieron cuenta, la anciana estaba subida a cuatro patas sobre la cinta transportadora de la máquina y dispuesta para atravesar esas cortinillas de plástico que cubren el acceso a la misma.
–Señora….!!! Usted no…! Son sus pertenencias las que tiene que pasar por el escáner –exclamaron los vigilantes para evitar una desgracia mayor.
Todo quedó en un susto. Eso ocurrió ya hace unos años, cuando los ciudadanos estábamos menos acostumbrados a la presencia de los escáneres. Sin embargo, lo llamativo es que estos aparatos sigan siendo un caldo de cultivo para las situaciones divertidas. Y si no, sigan leyendo.
Hace unos meses, una mujer joven, de unos 20 años, llegó al viejo edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián. Mujer joven y con minifalda ceñida. Y con un cinturón metálico, de esos que a simple vista se ve que van a hacer sonar la máquina.
Los vigilantes, como hacen con todos los ciudadanos que llegan a esta sede, le piden que se quite el cinturón antes de pasar por el arco detector de metales. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Sin dar tiempo de reacción a los vigilantes, la chica se desprende de la estrecha y muy corta minifalda –cinturón metálico incluido– y se queda con unas medias ligeras que mostraban toda su ropa interior y el color de la misma. Sin titubear, la joven pone la minifalda en la cinta del escáner y, una vez atravesada, vuelve a ponerse la ropa.
En este caso, la mujer fue tan rápida al quitarse la ropa, que los vigilantes no tuvieron tiempo de indicarle que no era necesario que se desnudara. Cuando estaban explicándole que debía de quitarse el cinturón, la chica ya se había quitado la minifalda a toda prisa. Visto y no visto.
A la chica no le resultó embarazoso quitarse la prenda, lo pasaron peor los vigilantes de los juzgados, entre los que hay hombres y mujeres, que se quedaron con la boca abierta por completo ante la reacción de la joven.
Algo parecido sucedió con otra mujer que llegó a los juzgados para hacer una gestión. En este caso, la sorpresa se produjo al decirle los vigilantes que colocara todos los objetos metálicos que llevara en una bandeja antes de pasar el arco detector. La mujer se dio la vuelta, colocándose de espaldas a los funcionarios y comenzó a manipular su vestido, a la altura del pecho.
Los agentes no sabían qué estaba haciendo la mujer hasta que comprobaron, al darse la vuelta, que se había arrancado literalmente los aros metálicos del sujetador que llevaba y los había puesto sobre la cinta del escáner. ¡Eso sí que es cumplir a rajatabla la orden de quitarse todos los objetos metálicos!
Pero aún hay más. Después de haber presenciado escenas como la descrita anteriormente puede decirse que los vigilantes de seguridad de los órganos judiciales están curados de espanto. O no.
Otra mujer llegó a una sede judicial y la historia parece repetirse. A la primera advertencia de que debe quitarse todos los objetos metálicos que lleve encima, la mujer informa los vigilantes.
–Llevo un DIU –comentó con absoluta normalidad la joven mientras se echaba mano a la portañuela de su pantalón….
–¡No por Dios! ¡No es necesario que muestre nada! Sólo llaves, reloj, etc. –se apresuraron los vigilantes a responder, sabedores por experiencia de que el público es capaz de cualquier cosa cuando se enfrentan al escáner de los juzgados.
Afortunadamente, la chica retiró la mano del pantalón y atendió el requerimiento de los agentes, que ya veían que la cosa podía desmadrarse. Éstas son sólo algunas de las situaciones divertidas que se producen a diario en nuestros juzgados y tribunales, y de la que son testigos directos los propios funcionarios.

 

VISTO PARA SENTENCIA

A vueltas con la procesión de la vagina

*La Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente la causa contra tres mujeres que intervinieron en la procesión de la vagina de plástico. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha revocado el auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 10, al estimar el recurso de la asociación de Abogados Cristianos y entender que los hechos que ocurrieron en la manifestación del 1 de mayo de 2014 pueden constituir un delito contra los sentimientos religiosos. El magistrado ponente del recurso, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, explica en el auto que no puede descartarse que los hechos integren este delito, porque la conducta de las tres investigadas “se realiza de palabra y con publicidad y, además, constituye un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María (profiriendo frases como ‘La Virgen María también abortaría’, llevando un palio con una imagen, de gran tamaño, del órgano genital femenino, con una especie de mantilla y corona, como si se tratara de la Virgen María, y usando oraciones como el Ave María, con expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas)”. El juez también aprecia una “mofa del rito religioso de las procesiones de Semana Santa; así como una vejación a quienes profesan la religión católica utilizando el Credo con expresiones de contenido sexual, vejatorias y humillantes”. Y todo ello, lleva al tribunal a afirmar que no se puede descartar la “intención de ofender los sentimientos religiosos de los católicos a la vista de la naturaleza y contenido de los actos realizados y a su contenido humillante e hiriente que hace difícil que no concurra ese ánimo de ofensa”.

Las sobrecomisiones, la pieza más numerosa
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha ampliado a 38 personas el número de imputados en la pieza separada relativa a las sobrecomisiones pagadas en las pólizas con las que se financiaban las ayudas para los trabajadores afectados por los ERE. De esta forma, la pieza de las sobrecomisiones se convierte en la más númerosa de todas las que están bajo investigación, superando incluso la del denominado “procedimiento específico”, en la que están procesadas 25 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lo que aún no está claro es si la Audiencia de Sevilla dispone de una sala para albergar a un número de acusados tan elevado o si habrá que buscar una sede provisional en otro edificio.

 

La esposa del traficante

Jorge Muñoz | 26 de marzo de 2017 a las 2:00

48 TONELADAS DE HACHIS ANDRES CARRASCO (59).jpg

La Audiencia de Sevilla la condenó en julio de 2016 a tres años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 357.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, agravado por la relación con el tráfico de drogas, al entender que se había beneficiado supuestamente de la actividad de su esposo, que cayó con una banda a la que se había intervenido una tonelada de hachís en 2008. Y el Tribunal Supremo la ha absuelto ahora al rechazar que el dinero que manejó procediera de las actividades del marido, dándole un auténtico repaso a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla había condenado a la mujer porque entendía que ésta había realizado determinadas operaciones financieras –como la compra de cuatro pisos, una parcela y varios turismos– gracias al dinero que su ex esposo le entregaba y que obtenía del tráfico de hachís, una actividad que ésta “conocía”, según los magistrados que la enjuiciaron.
Entre los hechos probados, los jueces destacaban que la acusada desde 1998 tenía reconocida una pensión de alimentos de 900 euros, y que entre los años 2002 y 2010 había percibido sólo ingresos de forma regular por su actividad de “empleada de hogar”, más otros 18.757 euros por trabajos por cuenta ajena, así como un premio de la ONCE de 33.000 euros en julio de 2004 y otros 55.000 euros en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2006.
El tribunal destaca que en ese periodo participó en operaciones de compra y venta de cuatro viviendas, canceló algunos préstamos y constituyó otros, y adquirió asimismo una parcela de regadío por 54.000 euros.
Su marido, del que se había separado legalmente en 1998 pero con el que convivía desde 2006, fue detenido en marzo de 2008 en relación con una organización que había introducido 1.169 kilos de hachís en una avioneta procedente de Marruecos y que aterrizó en un punto de la provincia de Toledo. La Audiencia Nacional lo condenó en 2010 como cómplice de un delito contra la salud pública –por haber realizado labores de contra-vigilancia para la organización de traficantes– a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1,6 millones de euros, cantidad que se corresponde con el valor de la droga incautada.
La mujer fue posteriormente condenada por blanqueo de capitales a una pena superior a la del marido, pero recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que su ex esposo fue detenido inmediatamente tras la operación policial, por lo que no obtuvo de su intervención ningún dinero, y añadía que su condena se basaba en una “cadena de conjeturas o sospechas extraídas de algunos elementos objetivos, pero que en modo alguno conducen de manera sólida a la conclusión” a la que llegaron los jueces de la Audiencia. Tras analizar el caso, el Alto Tribunal señala que “no hay ninguna prueba de que el metálico” que la mujer aportó para comprar una de las viviendas procediera del patrimonio de su esposo, puesto que los únicos datos que obran en autos es que a la fecha de compra –en abril de 2006–, el matrimonio estaba separado y no reanudaron su relación hasta mediados de ese mismo año. Y tampoco se aprecia “ninguna discordancia” entre los ingresos que la propia sentencia admite y los desembolsos extraordinarios que se abordaron durante ese periodo.
Para el Supremo, la conclusión de que los recursos de la mujer eran “claramente insuficientes” para atender los gastos derivados de las cargas inmobiliarias, no deriva de sólidas variables aportadas por la acusación, “sino de un evanescente análisis especulativo carente de soporte estable”.
De un lado, la Audiencia admite la posibilidad de unos ingresos laborales y de una pensión de alimentos, por lo que “no se excluyen los significativos ingresos que la recurrente esgrimió en el acto del plenario y reitera en su recurso”. Y de otro, el tribunal de instancia considera que los “gastos son excesivos para sus ingresos, si bien la conclusión se muestra inconsistente, dado que se extrae de variables especulativas o erróneas”, critica el Supremo.
De ahí que concluya que la prueba practicada es “insuficiente” para evidenciar que el dinero de la mujer proceda de una actividad delictiva de su ex esposo, y que ella fuera “conocedora de ese origen y prestara su apoyo a ocultar su procedencia delictiva y aprovechar los fondos, sino que ni siquiera permiten concluir que las inversiones y gastos no procedan de las propias fuentes de ingresos de la recurrente”. Lo que no entra a valorar el Supremo es la “suerte” de la acusada por los premios que le tocaron en tan corto tiempo.

VISTO PARA SENTENCIA

El profesor Zoido

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El Zoido profesor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, impartió el pasado lunes, 20 de marzo, una clase de Derecho Civil a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El ex alcalde, magistrado de profesión, dio clase a los alumnos que realizan el primer año de la licenciatura de Derecho y lo hizo en su condición de colaborador honorario del departamento de Derecho Civil de la Hispalense, de la que también fue alumno.

En su intervención ante los jóvenes estudiantes, el ministro recordó su paso por la universidad pública y también cómo aprobó las oposiciones de judicatura “a la primera”.

Por cierto, que el nombre de Zoido también salió esta semana a relucir en relación con la recusación que el Partido Popular ha presentado contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo para que se aparte del primer juicio de los ERE, en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El propio Pedro Izquierdo explicó en el informe en el que rechaza la recusación que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero sí se refirió, sin citar a Zoido, a la “relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes” en el decanato de los juzgados de Sevilla en 1992, época en la que el ministro era decano de los jueces. Y no hay que olvidar que en Zoido fue quien en su día denunció el caso Mercasevilla, del que surgió el escándalo de los ERE.

 

Sospechosos habituales sin “salvoconducto procesal”

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2017 a las 2:00

CASO ERE  JUZGADOS DEL PRADO Declara por sexta vez en este caso por el ERE de Egmasa el ex consejero Antonio Fernández

El ex consejero Antonio Fernández, uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

No habrá “salvoconducto procesal” para los sospechosos habituales, los imputados de los ERE que serán juzgados en la pieza política del caso, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, y que están abocados además a sentarse en el banquillo de los acusados posiblemente en las más de 200 piezas distintas que serán juzgadas individualmente, en relación con cada una de las ayudas.
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la posibilidad de que estos investigados sean enjuiciados una única vez, al desestimar los recursos presentados por el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete. Ambos habían solicitado, tras ser procesados en la pieza del procedimiento específico, el “sobreseimiento parcial subjetivo” (sic) en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz del escándalo de los ERE, de la que la juez María Núñez Bolaños está desgajando cada una de las piezas individuales de ayudas.

Ambos pedían ese archivo para que no pudieran ser imputados en cada una de las piezas, algo que según algunas fuentes consultas tiene cierta lógica jurídica. Si ya están imputados por su supuesta participación en la creación del sistema que habría permitido el fraude y van a ser enjuiciados por estos hechos, en los que incluso se les reclama una indemnización por la totalidad de las ayudas, no sería lógico jurídicamente que se repitiera luego un juicio por cada ayuda en el que volvieran a pedirse responsabilidades penales y civiles, partiendo según las defensas de que se trata de unos mismos hechos.
En un auto dictado ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del 3 de marzo, el tribunal señala que los recursos de Antonio Fernández y Jacinto Cañete sostienen que tras el dictado del auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016 –el que procesó a Chaves y Griñán y otros 23 ex altos cargos– “se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en su contra en el llamado caso de los ERE, de forma que toda pieza ya abierta o que se abra en el futuro dimanantes de las presentes diligencias 174/2011 implicarían la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”, y la imposición de sucesivas supuestas penas en caso de condena.
Los magistrados ponen de manifiesto la “imposibilidad lógico-jurídica de entrar a analizar” esta petición porque no concretan los hechos que forman parte del objeto actual de las diligencias, por cuanto con esta petición de sobreseimiento entienden que se está reclamando una “especie de salvoconducto procesal que cierre la posibilidad de toda apertura futura de piezas separadas contra estos imputados, algo que es ajeno a la finalidad del instituto procesal del sobreseimiento que se reclama, y que conllevaría el riesgo de impedir la formación de piezas separadas cuya incoación sí pudiera estar justificada”.
El tribunal deja abierta la posibilidad, no obstante, a que en esos “eventuales otros procesos con los que deba establecerse la comparación entre los hechos objeto de uno y otro para aclarar si se está o no ante un doble enjuiciamiento, como los mismos apelantes han hecho ya”.

El otro juicio de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

En cualquier juicio, por muy complejos o graves que puedan ser los hechos que se enjuician, se producen anécdotas. Si además el juicio se prolonga durante 20 sesiones, como ha ocurrido con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, el ambiente que se suscita entre los propios acusados y los abogados se vuelve más propicio para que proliferen situaciones o comentarios divertidos. Unos dirán que esto se produce por pseudocompañerismo o por lo que une el banquillo, pero lo cierto es que las anécdotas se disparan.
La primera anécdota se produjo el mismo día en que se iniciaba la vista oral, cuando uno de los principales acusados, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos coincidió a la entrada de la sede judicial con la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa y lo procesó, y cuya labor instructora fue criticada por las defensas a lo largo de este juicio. Torrijos y Alaya compartieron incluso ascensor para subir a la planta donde se celebraba la vista oral, y seguro que el primero recordó el vehemente interrogatorio al que fue sometido por la juez en la fase de instrucción.
La peculiaridad de los interrogatorios de Alaya se puso nuevamente de manifiesto con motivo de la declaración de uno de los testigos: el economista de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil, quien relató cómo fue la disputa técnica que mantuvo con esta juez respecto a si la oferta de Sando incluía pago al contado o no. El testigo llegó a decir que la juez le “metió los dedos” en esa declaración hasta que tuvo que abandonar su postura y dejar que la juez se saliera con la suya. “Fue una discusión larga [con la juez] y al final yo me allané”, reconoció el economista.
Con este testigo se produjo otro momento divertido en el juicio cuando, al inicio de la comparecencia, la juez le formuló las preguntas generales de la ley –si jura o promete decir la verdad, o si tiene amistad o enemistad con algunas de las partes– y le advirtió de las consecuencia del delito de falso testimonio. En ese momento, el testigo completó la exposición de su señoría añadiendo que el falso testimonio lleva aparejada “penas de prisión…”, de lo que se desprende que no era la primera vez que rendía testimonio ante un tribunal.
La verdad es que el juicio de Mercasevilla fue en algunos momentos muy técnico –y hasta podría decirse que aburrido y agotador–, como cuando salía a relucir la cuestión de las tan traídas cláusulas que supuestamente se introdujeron en el pliego de condiciones para favorecer a la constructora Sando. La juez Yolanda Sánchez Gucema, que al final del juicio logró el reconocimiento de la práctica totalidad de los diez acusados y de sus abogados, tuvo que emplearse a fondo en algunas ocasiones, pero lo hizo en ocasiones con cierta gracia, como cuando le pidió a un letrado que “no volviera a preguntar por la legalidad de las cláusulas”.
–Señor letrado, el testigo ya ha contestado tres veces esa misma pregunta. Ha dicho que las cláusulas le parecían legalísimas –exclamó con cierta sorna.
La juez también bromeó con los letrados por el tema de los micrófonos abiertos, que tantos quebraderos de cabeza han causado en el mundo de la política. La magistrada pidió a los letrados que no hicieran comentarios entre ellos mientras se sucedían las declaraciones de los testigos.
–Señores letrados, les recuerdo que todo el juicio se está grabando, por lo que me enteraré de los comentarios que están haciendo durante los interrogatorios –explicó la juez, lo que provocó una sonora carcajada en la sala de vistas.
En otra ocasión, la magistrada reprochó a los abogados de la defensa que “gesticularan” durante la declaración del inspector de Policía que investigó el caso y quien sostuvo la tesis del amaño del concurso. “Ya sea el testigo un letrado, un economista o un inspector de Policía. Seamos respetuosos a todos por igual”, reclamó la juez.
Y a uno de los testigos, el dueño de Larena 98, Antonio Pardal, la juez le impuso una multa de 3.000 euros –que después le retiró– por no asistir a declarar, al haberse confundido de sede judicial. El hombre, de 80 años, le explicó a la juez que no podía pagar la multa y le reprochó que, por su propia torpeza, o porque el juzgado “no pone las señas de la Audiencia” no pudo llegar a la vista, a lo que la juez le preguntó que por qué ese día “sí que había” dado con el sitio si no habían cambiado las señas…
La magistrada tuvo en líneas generales un trato exquisito con los acusados, salvo cuando llamó la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. “Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme”, le espetó la juez, que en otra ocasión reprendió a otro de los procesados por quedarse “dormido” durante la exposición de los informes finales.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Esta semana un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado al ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño y a otros ocho antiguos ediles de la corporación municipal a cuatro años de inhabilitación por haber autorizado, en contra de las normas urbanísticas, que se ampliara en dos metros –hasta los nueve– la altura de la casa de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, todo ello para permitir el acceso del paso de palio. Para fundamentar la condena y desmontar el argumento de los acusados respecto a que no tuvieron ningún interés en la concesión de la licencia a la Hermandad, la juez ha recordado la importancia que tienen las cofradías.

“Los intereses, en ocasiones, no tienen por qué tener una traducción económica. No se debe olvidar que se trata de un pueblo de unos 11.000 habitantes, dentro del cual, por raíces religiosas, las Hermandades, siendo ésta la más numerosa, tienen mucho peso social en el municipio y además de todo ello, en el aspecto político, tampoco hay que perder de vista que las elecciones municipales estaban muy cerca”, relata la sentencia. El mundo de las cofradías y la política, unidos por una licencia municipal que no tuvo en cuenta los informes negativos del arquitecto y de la secretaria del Ayuntamiento, que advirtieron de que se estaban quebrantando las normas urbanísticas.

La sentencia, que se ha dictado 14 años después de que ocurrieran los hechos, también rechaza la supuesta falta de conocimiento del entonces regidor y de su equipo de gobierno de los informes de los técnicos, apelando a su responsabilidad política. “Los acusados no pueden basarse en su falta de conocimiento de los informes por dos razones, en primer lugar porque se dio cuenta de ellos tanto en la comisión como en el pleno al menos de viva voz por portavoces de partidos políticos distintos al PP y, en segundo lugar, por propia responsabilidad personal y política, pues no es consecuente votar sin tener conocimiento de aquello que se vota, se trataría de una irresponsabilidad censurable”, alega la juez Patricia Rubio en la sentencia, en la que reprocha además que los políticos no pueden “escudarse en las circunstancia de los múltiples temas a tratar puesto que éste tenía una importancia añadida y por ello se lleva al pleno, siendo por tanto un asunto excepcional al que seguramente se le prestó mayor atención”, concluye.

El pleito del sacristán

Jorge Muñoz | 12 de marzo de 2017 a las 2:00

SACRISTÁN DESPIDO IMPROCEDENTE

Rosell

¿Existe realmente una relación laboral tras la figura del sacristán? La Fiscalía de Sevilla ha analizado el caso concreto de un sacristán de la provincia de Sevilla que ha presentado una demanda por despido nulo o improcedente contra su parroquia y el párroco de la misma, tras haber trabajado durante 14 año sin contrato, y ha llegado a la conclusión de que este caso se trata de una relación sujeta al Estatuto de los Trabajadores.
La cuestión jurídica se había suscitado a raíz de que una juez de lo Social de Sevilla haya plantease una cuestión de competencia en este asunto, al objeto de dirimir si es la jurisdicción Social o la Civil la que debía resolver la cuestión, según explicaron fuentes de la Fiscalía. La juez alegaba una posible falta de competencia de la jurisdicción Social para conocer este litigio y lo argumentaba en una conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas que, en un supuesto similar, había concluido que “no existe en estos casos relación de tipo laboral”.
Y la Fiscalía de Sevilla ha presentado ahora un exhaustivo y preciso informe, realizado por el fiscal Federico Buero Pichardo, conocido cofrade, que analiza la demanda laboral de este sacristán. Dice el representante del Ministerio Público que el sacristán había venido prestando sus servicios en la parroquia “con una jornada laboral, remuneración mensual, y enumerando las funciones que desempeña en el ejercicio de tal función” y que le fueron encomendadas de manera verbal, percibiendo sus emolumentos de forma mensual.

El estudio del fiscal comienza señalando que la parroquia como ente eclesiástico con autonomía según el Código de Derecho Canónico tiene “personalidad jurídica civil en el ordenamiento jurídico español ya desde los acuerdos de 3 de enero de 1979 suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos jurídicos, donde el apartado 2 del punto 1 establece que la Iglesia Católica puede organizarse libremente, pudiendo crear entre otras entidades las parroquias, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado”. Se trataría, prosigue, de una circunscripción de la Iglesia Católica con personalidad jurídica propia distinta de los demás entes eclesiásticos de esta Iglesia.
Para el fiscal, desde el punto de vista canónico, la parroquia es sujeto de “derechos y obligaciones y puede tener un patrimonio (canon 1255.1), un patrimonio con una contabilidad propia (canon 1284.2 y 7), debiendo presentar cada año un informe administrativo al ordinario del lugar (canon 1284 y 1287), así como un inventario de bienes (canon 1283.2) y en cuanto a los inmuebles por ejemplo tendrán que tener una identificación catastral según cómo se encuentre en el registro público de la propiedad”.
El fiscal entiende además que la personalidad jurídica civil deriva igualmente del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el registro de entidades religiosas que en su artículo 2 prevé “la inscripción de las circunscripciones territoriales de las iglesias y en el artículo 7 la inscripción de entidades creadas por una iglesia y en el artículo 18 la anotación de la condición de ministros de culto”.
Recuerda igualmente una resolución de la dirección general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones sobre inscripción de entidades católicas en el registro de entidades religiosas, que señala que las parroquias gozarán de “personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y sea notificada por la autoridad eclesiástica al registro de entidades religiosas, pudiendo acreditar tal personalidad jurídica por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho”.
Por último, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que, en un pleito contra el arzobispado de Zaragoza, “no planteó ninguna cuestión de competencia sobre la personalidad de tal ente eclesiástico”.
El informe del fiscal es un auténtico tratado de derecho canónico, como puede verse. Si el fiscal se ha pronunciado así sólo respecto a la competencia para resolver el litigio, me parece que el juicio por el pleito del sacristán promete bastante.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Hermano contra hermano, el caso García-Quílez

En el Derecho dicen que cabe todo, cualquier interpretación. Todas y ninguna. Hasta un particular Kramer contra Kramer como el que han protagonizado dos abogados durante las 20 sesiones del juicio que acaba de terminar sobre la venta de los suelos de Mercasevilla. El caso de los hermanos García-Quílez, José Manuel y Jaime.

Juicio Mercasevilla  Ultima sesion

José Manuel García-Quílez

El primero ha ejercido la defensa de uno de los principales acusados en la vista oral, el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, a quien la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Mercasevilla atribuyen un papel primordial en el supuesto amaño del concurso, al haber presuntamente puesto en contacto a la empresa Sando con la lonja. Jaime, por su parte, era uno de los dos abogados de Mercasevilla en el caso, junto a Juan Piñeyro.

JUICIO MERCASEVILLA.ANTONIO PARDAL

Jaime García-Quílez

Los hermanos García-Quílez frente a frente, como defensa y acusador, con argumentos y propósitos también enfrentados. Frente a la absolución que pide el defensor, que trabaja para Montero-Aramburu, se alzaba la petición de condena del acusador y, en medio, las críticas del defensor al considerar que se trata de una “causa política” con la que se pretendía atacar al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Un hermano defendiendo que no hay pruebas contra su cliente y el resto de los acusados, y el otro que existió amaño. Y por encima, la profesionalidad de ambos y las entrañas del Derecho que, a tenor de lo que el aserto jurídico mencionado, tienen que ser bastante grandes.

Balas en el juzgado

Jorge Muñoz | 5 de marzo de 2017 a las 2:00

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Son un elemento que no es ajeno a los juzgados. Las armas y la munición son frecuentes en cualquier sede judicial. Las portan los guardias civiles encargados de la custodia de los edificios, los policías nacionales que trasladan a los presos, y también los agentes de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que acuden a los juzgados para, por ejemplo, prestar declaración en un juicio o hacer gestiones policiales relacionadas con un caso. Lo que no es normal es lo que sucedió esta semana, cuando en los juzgados de Sevilla aparecieron dos balas depositadas en el suelo. Los dos proyectiles, en perfecto estado de utilización, estaban junto a una columna, a escasos metros de la puerta de acceso a los juzgados del edificio del Prado de San Sebastián. En las imágenes que aparecen adjuntas puede verse el lugar exacto y la posición en la que fueron halladas, y en otra fotografía ambas balas en las manos de una de las personas que la halló. Rápidamente, se alertó a los agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que ambos proyectiles son de un arma corta, del calibre 7,65 milímetros.

Y a partir de ahí cabe preguntarse cómo pudieron aparecer ambas balas junto a los juzgados. ¿Podrían pertenecer a algún agente al que se le cayeron de un cinturón? No parece la explicación más probable.

Hay otra que sí podría ser la correcta, sobre todo teniendo en cuenta la zona y la posición en la que se encontraban los dos proyectiles, perfectamente alineados en la parte inferior de una columna, como si alguien los colocó allí precisamente para intentar que pasaran desapercibidos. Si contemplamos esta hipótesis, las balas podrían pertenecer a una persona que, probablemente, habría acudido esa mañana al edificio de los juzgados para acudir a una gestión judicial o para comparecer ante la oficina judicial de presentaciones, porque tuviera una medida cautelar de presentación cada cierto tiempo.

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Y en esa coyuntura, conociendo que para acceder al juzgado hay que pasar un escáner que detecta los objetos metálicos, no sería muy apropiado que le sorprendieran con tan extraña posesión entre sus pertenencias.

De hecho, es frecuente observan cómo en el alféizar de las ventanas próximas algunos individuos depositan toda clase de objetos metálicos y nada apropiados para entrar en una sede judicial. Desde pequeñas navajas, cuchillos, y la última moda: las navajas-tarjeta, un instrumento que a simple vista parece una tarjeta de crédito de plástico, pero que al abrirse y colocarse de una determinada forma, acaba formando un auténtico pincho o navaja de punta metálica y mango de plástico. Todo un invento que, según los entendidos, se está convirtiendo en un souvenir típico de las bodas.

Volviendo al tema de las balas. Después del hallazgo, los guardias civiles dejaron durante unos minutos los proyectiles en su lugar, para ver si alguien volvía a recogerlos. Al final, nadie se presentó y la munición fue intervenida.

Sólo cabe preguntarse en qué bodas se reparten esos curiosos regalos. ¿Y también qué personajes frecuentan a diario nuestros juzgados? Cada día, se intervienen en los juzgados muchos de estos objetos inapropiados a usuarios que entran con ellos. Desde luego parece que no estamos ante lo más granado de la sociedad sevillana. ¡Jodér, qué tropa!, como diría el conde de Romanones.

VISTO PARA SENTENCIA

Pedro Izquierdo, el juez recusado para los ERE

*El sindicato Manos Limpias ha sido la primera acusación popular personada en el caso de los ERE fraudulentos que ha recusado al presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo, al que ha recaído la ponencia para enjuiciar la primera pieza de los ERE que llega a juicio, la que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El sindicato, que no pasa ahora por sus mejores momentos en cuanto a su credibilidad tras el escándalo que llevó a prisión provisional a su secretario general Miguel Bernard, alega que no duda de la profesionalidad, integridad y objetividad del magistrado, pero entiende que no puede estar el juicio por la “sombra de sospecha” para la ciudadanía. Manos limpias recuerda la etapa de Pedro Izquierdo como secretario general para la Justicia entre los años 2008 y 2014, seis años en los que coincidió con los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

De momento, la Audiencia ha devuelto a toriles el recurso del sindicato por un defecto de forma, aunque una vez subsanado tendrá que pronunciarse sobre el mismo. La acusación popular que ejerce el PP aún no se ha pronunciado sobre si recusará o no al magistrado, aunque todo parece indicar que no quieren que Pedro Izquierdo esté al frente del tribunal que juzgará a Chaves y Griñán, y mucho menos que sea él quien redacte la sentencia, en su condición de ponente de la causa. Interesante será, como no, la postura que adopte la Fiscalía Anticorrupción ante el incidente de recusación planteado contra este magistrado.

La juez y el Cuerpo de la Guardia Civil

*La anécdota ocurrió hace unos años. Era el primer destino en un juzgado de Ayamonte (Huelva) de una juez que acababa de aprobar las durísimas oposiciones para el acceso a la judicatura. Como la juez era nueva, el mando de la Guardia Civil de la localidad acudió al juzgado para presentarse a la nueva magistrada y lo hizo con toda la puesta en escena que le gusta a muchos agentes.
-Señoría, el Cuerpo de la Guardia Civil, a su disposición… –aseguró con una voz fuerte, rotunda y clara, como corresponde a un miembro de la Benemérita institución.
¿Todo el cuerpo? –preguntó con sorna su señoría.
La respuesta de la juez guasona hizo que el agente se sonrojara, si bien todo quedó en una anécdota.

Un pleito de pura raza

Jorge Muñoz | 26 de febrero de 2017 a las 2:00

Fibes. Sicab Fotos a JosŽ Varo. De la lleguada Francisco Olivera

Hay muchos tipos de Derecho. Derecho romano, del trabajo, de familia, de tanteo, de retracto, del consumidor e incluso tenemos el derecho de las cofradías. Antes, en la Edad Media, había hasta derecho de pernada. Pero hay una clase de derecho poco conocida: el derecho hípico. Y es que una sentencia del juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado la comisión y existencia de un acto de competencia desleal y de “práctica agresiva” por parte de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce) a la empresa Melpi S. L., que venía prestando regularmente sus servicios de secretaría técnica a los Comités Organizadores de los concursos morfológicos de caballos Pura Raza Española hasta 2011.
Ese año, la Ancce modificó el reglamento de concursos morfológicos para impedir que la empresa Melpi actuase como secretario técnico, emitiendo además un comunicado en el que prohibía a los comités organizadores la contratación de Melpi.
La denunciante estuvo representada en el pleito por el abogado Fernando Acedo Lluch, especialista en derecho hípico, quien ha logrado explicar al juez las complejas relaciones existentes entre los diferentes actores e intereses económicos que confluyen en el mercado de la organización de un concurso morfológico de caballos de Pura Raza Española.
El fallo declara expresamente acreditada la “comisión y existencia de un acto de competencia desleal de práctica agresiva por la parte demandada”, en relación con la exclusión de Melpi de prestar los mencionados servicios de secretaría técnica de concursos morfológicos durante el año 2001 y de prohibición a los comités organizadores de “contratar a la parte actora o a personas vinculadas con ella so pena de no homologación de los concursos”.
La sentencia ordena a la Ancce a “cesar en el acto de competencia desleal, prohibiéndole continuar en la repetición del mismo” en lo que se refiere a la exclusión de esta empresa y además condena a la Ancce a pagar una indemnización a Melpi de 53.290,50 euros anuales, a partir del año 2011 hasta la cesación total del acto de competencia desleal.
El magistrado explica que en este caso se trata de conductas “incardinables en un ámbito concurrencial que es el mercado de promoción del caballo de pura raza española, mercado con un evidente interés económico, dado que residenciando en su genealogía y en su desempeño en los concursos se determinan criterios de selección por parte de los consumidores o adquirentes para la reproducción o para la actividad deportiva o recreativa, lo que incide en su valor económico a efectos de venta, y en la adquisición de un mayor valor y promoción de las correspondientes ganaderías”. Y añade que integrados como mercados secundarios e indispensables, “coadyuvando de forma directa” a la labor de promocionar el caballo de pura raza española, se encuentran el mercado de servicios de secretaría técnica en los concursos morfológicos funcionales, valedores para el campeonato de España de caballos de pura raza, y el mercado de bases de datos sobre los ejemplares de pura raza donde se recopila la información gráfica, genealógica, y de puntuación de los distintos ejemplares, siendo su incidencia “más que evidente, dado que sin la labor de las secretarías técnicas no se pueden celebrar los concursos morfológicos”.
La sentencia señala que un testigo manifestó que Ancce negó a Melpi el acceso al sistema informático homologado a pesar de que fue solicitado, “suponiendo una utilización de la posición de poder en la que se encontraba la entidad demandada al impedir su actuación secretaría técnica sin argumentación alguna”.
Paralelamente, la Ancce tiene abierto por estos mismos hechos un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por posibles conductas restrictivas y existir una conducta abusiva en su posición de dominio, por el que podría ser sancionada con una multa de más de 150.000 euros, según explicaron fuentes del caso.

VISTO PARA SENTENCIA

El sorteo no zanja la polémica por los ere
*El sorteo extraordinario que la Audiencia de Sevilla hizo el pasado jueves para elegir al tribunal que enjuiciará a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán no ha puesto fin a la polémica. Después de dos meses de incertidumbre y de reproches entre distintos sectores judiciales sobre la elección de laSala para este primer juicio de los ERE, el sorteo sólo ha despejado la duda respecto a la sección que enjuiciará el caso: la Primera. Esta Sala la preside el magistrado Pedro Izquierdo, quien fue secretario general para la Justicia durante seis años (2008-2014), con lo que coincidió con ambos presidentes y ahora acusados de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ahí es donde está el verdadero problema de la elección de esta Sala, porque aunque Pedro Izquierdo, que además ha sido designado ponente de la causa y por tanto la persona encargada de redactar la sentencia, ya ha dicho que no aprecia motivos para abstenerse, seguro que será recusado por alguna de las acusaciones populares (PP o Manos Limpias). Importante será la postura que pueda adoptar la Fiscalía Anticorrupción ante el más que probable incidente de recusación.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

El secretario de la Audiencia, Luis Revilla, muestra la bola con la que se elegió la sección para el juicio de los ERE.

 

Bolaños acaba con el “carrito” de los juzgados

*La juez María Núñez Bolaños ha dado esta semana una imagen de modernidad en la Justicia. De la antigua fotografía del “carrito” cargado de expedientes se ha pasado a otra más moderna y que refleja cómo se deberían entregar las causas judiciales en el siglo XXI. La juez de los ERE ha remitido los más de 14.000 folios de la primera pieza de este caso que va a ser juzgada en un formato digital por completo, en 11CD con toda la documentación digitalizada y en formato OCR, que permite las búsquedas por nombre o fecha. Todo un acierto para mejorar la imagen de la Justicia.

Reportaje sobre lo cutre que es la Justicia en Sevilla. Foto: Victori

Los jueces no trabajan con papel

Jorge Muñoz | 5 de febrero de 2017 a las 2:00

LA JUEZ QUE SUSTITUYE A MERCEDES ALAYA SE INCORPORA AL JUZGADO

La juez María Núñez Bolaños.

 

Hace años que no veía una reflexión tan profunda y acertada en un auto de un juez de Instrucción. Estamos acostumbrados a ver imágenes de los juzgados colapsados, con pilas y montañas de papel con expedientes judiciales que se amontan por los suelos porque las estanterías se han quedado pequeñas. Estamos acostumbrados a que los jueces fijen la celebración de juicios con hasta más de dos años de retraso desde que se presenta una demanda. Estamos acostumbrados a las interminables instrucciones que, por unos motivos u otros, se prolongan durante años, y así ya ni siquiera nos resulta extraño que un juicio como el de Mercasevilla se celebre ocho años después de que se iniciara la instrucción, o que suceda lo mismo con la vista oral por la causa del delito societario de Real Betis, por no hablar del escándalo de los ERE fraudulentos, del que tan sólo se han acabado las primeras piezas.
Y estos son sólo algunos de los casos más sonados y mediáticos, porque los juzgados tramitan miles y miles de asuntos que afectan a los ciudadanos. Por eso, en esa nebulosa de procedimientos judiciales puede ocurrir que los ciudadanos a los que afectan esos procedimientos se conviertan en un número más, o en más papel, como acertadamente ha puesto de manifiesto esta semana la juez María Núñez Bolaños.
La magistrada ha hecho esta reflexión en un nuevo auto en el que ha ratificado el archivo de la denominada “pieza política” de la macrocausa de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios, algunos de los cuales fueron detenidos de forma espectacular por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en presencia de sus familiares y en algún caso incluso cuando se disponían a llevar a sus hijos al colegio.
Bolaños ha recordado en ese auto el daño causado a personas cuya “honorabilidad y profesionalidad” ha sido cuestionada con esa operación policial y la consiguiente actuación judicial que se prolonga ya desde hace casi dos años. “Los jueces no trabajamos con papel sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”, aseguraba Bolaños criticando la intervención en esta causa de la acusación popular que ejerce el PP-A.
Pero el daño no sólo se ha causado, según explica la magistrada, a los imputados en la causa de la formación. Bolaños alerta del “grave perjuicio” que se ha causado a “muchas familias” andaluzas, “cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. Es decir, gestores públicos, empresas especializadas en la formación y los propios ciudadanos se han visto perjudicados por una actuación judicial-policial con la que Bolaños se ha mostrado muy crítica, por cuanto la investigación parte de un “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas” que son también “avaladas” por la acusación que ejerce el PP.
Los jueces están saturados de trabajo, tienen unos sueldos ridículos para la responsabilidad que tienen encomendada y encima no siempre disponen de los medios personales y materiales adecuados para realizar su labor. Pero lo que no pueden olvidar nunca, como ocurre en otras profesiones como la sanitaria, que sus decisiones afectan a personas. No a papeles.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Dos autos, dos críticas a Mercedes alaya
*Dos autos de Bolaños que atacan con vehemencia la labor realizada por Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas. Si Alaya acuñó la terminología de la “pre-imputación”, cuando dictó aquel auto en el que daba traslado de la imputación a los ex presidentes Chaves y Griñán, Bolaños va camino de convertirse, si no lo es ya, en una experta en la gestión y división en piezas de las macrocausas que tanto gustaban a su antecesora. Bolaños también está comenzando a gustarse a la hora de reflejar sus pensamientos, argumentos y opiniones en los autos –no olvidemos que los jueces siempre hablan a través de sus resoluciones– y hasta ha acuñado la expresión “criterio operativo” para referirse a las distintas formas de actuar y marcar las diferencias con la etapa de Alaya. Decían que Alaya solía leer todo lo que se publicaba de ella en la prensa cuando dirigía las macrocausas y si sigue haciéndolo a buen seguro que no le habrán sentado bien las críticas de Bolaños. Aunque también hay quien dice que Alaya no presta atención a las críticas. Sea como fuere, María Núñez Bolaños le ha lanzado en menos de una semana dos auténticos torpedos a modo de auto a su forma de instruir las macrocausas. El primero, en la causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, donde Bolaños ha lamentado las macrocausas que empiezan “la casa por el tejado”, al reclamar una ingente documentación e intentar investigar “todas las ayudas y todas las empresas sin ningún filtro o criterio de pertinencia o legalidad”. En el segundo torpedo, en relación con los cursos de formación, ha cargado contra las teorías “sobre conspiración y tramas delictivas” impulsadas, según explica la juez Bolaños, por la UCO de la Guardia Civil y la propia Mercedes Alaya.

CONFERENCIA DE LA JUEZA MERCEDES ALAYA EN UNIVERSIDAD DE GRANADA

La juez Mercedes Alaya, en una reciente conferencia en Granada

El PP continua con los recursos

*Bolaños también ha criticado al PP por los recursos que presenta en las distintas macrocausas, pero las críticas no hacen mella en los populares, que esta misma semana han vuelto a recurrir otro auto de archivo de Bolaños, en este caso por sobreseer la causa contra el ex diputado vasco del PSOE Antonio Aso Martínez, que estaba imputado por los ERE en relación con las ayudas a Cenforpre. Los populares argumentan la “inexistente” motivación del auto, en el que en sólo un párrafo Bolaños descarta la participación dolosa del ex diputado.

 

Juzgado de Guardia, entre los premiados en la V Gala Blogosur

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2015 a las 8:57

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Juzgado de Guardia’ fue galardonado ayer con el 2º premio al mejor blog de actualidad en la Quinta Gala de premios Blogosur. Muchas gracias al jurado por haber distinguido a este blog y al grupo Blogosur por la organización del evento y el magnífico espectáculo ofrecido durante la gala de anoche celebrada en Fibes.  Mis felicitaciones para todos los premiados. Y mi agradecimiento a todos los bloqueos y tuiteros de Sevilla.