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Una guardia tranquila

Jorge Muñoz | 23 de julio de 2017 a las 2:00

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Una funcionaria de guardia con una pantalla en la que puede verse el juego del ‘majong’.

El estío no pasa desapercibido en los juzgados y tribunales. El ritmo frenético que puede apreciarse en otros meses del año, con la tramitación de causas y la celebración de juicios a gogó, da paso a una etapa más tranquila que comienza a percibirse, sobre todo, en la segunda quincena del mes de julio.
Sólo los asuntos de tramitación urgente, las causas con detenidos, siguen recibiendo el impulso procesal. El resto de asuntos, menos graves por así decirlo, duermen el sueño de los justos hasta septiembre. Agosto es el mes inhábil de la Justicia, salvo para esas actuaciones urgentes.
Y esa mayor tranquilidad se percibe en los juzgados nada más acceder a los mismos. Ya no suele verse la animación que presenta el pasillo de los juzgados un día cualquiera, donde abogados y clientes se suelen citar, por lo general, a las puertas de la sede judicial del Prado de San Sebastián, o en los negocios hosteleros de las inmediaciones, muy concurridos en otras fechas y que también perciben el éxodo veraniego a la hora del recuento diario en sus cajas.
Atrás quedan las colas de ciudadanos que se producen en ocasiones anteriores a la hora de atravesar el escáner de los juzgados o de la Audiencia de Sevilla, o de cualquier órgano judicial de Andalucía. La tranquilidad de estas fechas se palpa desde ese primer contacto con las sedes judiciales.
Y esa tranquilidad también se traslada aparentemente a las plantillas de funcionarios, reducidas como consecuencia de las vacaciones estivales, al igual que ocurre en otros sectores profesionales y empresariales. Y esa relajación conlleva a que puedan captarse imágenes como la que ilustran esta crónica.
En la misma se observa las dependencias del juzgado de guardia de Sevilla. Desde la ventana de fuera se ve a los funcionarios sentados frente a los ordenadores, pero en éstos no aparece el programa informático de gestión procesal. En la pantalla está el majong, un juego tipo solitario con el que, supongo, la funcionaria trataba de sobrellevar el tedio de una guardia tranquila, muy tranquila.
La imagen llama la atención, sobre todo, porque la escena podía apreciarse perfectamente desde el exterior del juzgado de guardia, dado que la ventana permanece abierta, posiblemente para tratar de aliviar los calores extremos que acompañan estas fechas.
Que una funcionaria de los juzgados haya sido cazada jugando al solitario del ordenador mientras está en funciones de guardia no quiere decir que esta actitud pueda extenderse al resto de los funcionarios, porque eso supondría una generalización injusta. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia cumplen con creces los objetivos de su trabajo y su labor no tiene nada que ver con la imagen y los tópicos que muchos ciudadanos tienen de los empleados públicos.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Alaya y Bolaños, en el homenaje a Holgado 

*Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños son dos de los jueces que la semana pasada asistieron a un homenaje al que fuera hasta hace poco magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla José Manuel Holgado Merino, con motivo de su nombramiento como director general de la Guardia Civil. Holgado recibió el cariño de sus compañeros, entre los que había muchos magistrados de los órganos unipersonales y de la Audiencia de Sevilla, así como fiscales, abogados y secretarios judiciales. Entre los jueces destacó precisamente la presencia de Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, que se sentaron en mesas diferentes durante el almuerzo de homenaje. No hubo ningún saludo, ni siquiera protocolario, entre las dos jueces que han marcado el pasado, presente y futuro de la instrucción de las distintas macrocausas.

holgado

 

Ciudadanos y el litigio de blas ballesteros

*El juez de lo Contencioso-Administrativo ha avalado el nombramiento de Blas Ballesteros como gerente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, una designación que fue impugnada por Ciudadanos. La formación naranja, que considera que el PSOE ha recurrido a argucias formales para “enchufar” a Ballesteros, tiene la posibilidad aún de recurrir la sentencia ante el TSJA.

Las macrocausas piden pista

Jorge Muñoz | 16 de julio de 2017 a las 2:00

 

Rosell

Rosell

Seguro que alguna vez le ha pasado. Están embarcados en un avión en un aeropuerto importante, como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y el comandante de la aeronave les informa que tienen autorización para el despegue pero que por delante hay una cola de cuatro, seis u ocho aviones, con lo que todavía el despegue se retrasará durante unos minutos que se hacen interminables en esos cada vez más reducidos habitáculos que se reserva para el pasaje. Pues algo similar está ocurriendo con la tramitación de las macrocausas en la Audiencia de Sevilla. Hace unos años, el tapón de estas macroinvestigaciones estaba, por seguir con el símil aeronáutico, en los hangares, en los juzgados de Instrucción que investigaban casos como los ERE fraudulentos o las irregularidades de Invercaria.

Pero esas investigaciones, afortunadamente, van llegando a su final, y jueces como María Núñez Bolaños o Juan Gutiérrez Casillas –que dirigen estos procedimientos, son como los controladores aéreos aunque su despacho no está en la torre del aeródromo–, están dictando los correspondientes autos de procesamiento y de apertura de juicio oral en cada una de las distintas piezas en las que se han dividido las macrocausas de los ERE y de las ayudas y préstamos de Invercaria. De los ERE hay un casi un centenar de piezas de investigación y una treintena en el caso de la sociedad andaluza de capital riesgo.
Se trata, nada más y nada menos, de 130 juicios que amenazan con colapsar en los próximos meses las cuatro Secciones de lo Penal que hay en Sevilla, a pesar de los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha aprobado la creación de tres plazas de magistrado en comisión de servicio para que puedan reforzar los tribunales que se vean más afectados por la llegada de estos macroprocesos.
Conforme estos jueces de Instrucción van viendo el final del túnel, comienzan a sobrecargar a sus compañeros de la Audiencia. Se pasa del colapso en la instrucción al colapso en los tribunales de enjuiciamiento.
De los ERE han sido recibidos ya en la Audiencia hispalense la pieza del denominado “procedimiento específico”, donde figuran 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también la pieza de las ayudas concedidas a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, pero también están a punto de llegar otras piezas como las de Aceitunas y Conservas (Acyco) o Cenforpre.
Por el lado de Invercaria, ha llegado para su enjuiciamiento la primera pieza ya acabada, la de las ayudas a la entidad Fumapa, pero también hay otras tantas cuya llegada es inminente, como la de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), Operador Aéreo Andalus (OAA), o Servivation.
La extraordinaria situación hizo que en abril pasado los jueces de la Audiencia mostraran su preocupación ante la inminente avalancha de procesos que se les venía encima y que amenazan con saturar unas ya de por sí sobrecargadas secciones de lo Penal (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), que hasta diciembre del año pasado habían recibido 7.635 asuntos.
Y era previsible que la llegada de tantas macrocausas provocara incidentes o conflictos. El primero se ha producido esta misma semana, porque la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar el primer juicio de los ERE, ha decidido aplazar sine díe, hasta concluya precisamente ese juicio la vista oral relacionada con las ayudas a Fumapa.
El motivo del aplazamiento se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal –que en este caso es el mismo que juzgará a Chaves y Griñán a partir del próximo 13 de diciembre– ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice este primer juicio de los ERE.
Pero es que en este caso no sólo coincide el mismo acusado. Dos de los tres jueces que conforman el tribunal de los ERE también han sido designados para el juicio de Fumapa, lo que hace imposible que ambos procesos pudieran celebrarse de forma simultánea.
Y también coinciden, como no, los abogados y bufetes, porque muchos de los letrados que están personados en la causa de los ERE, como sucede con Adolfo o Miguel Cuéllar o Juan Carlos Alférez, también tienen clientes en alguna de las piezas de Invercaria.
Si el primer conflicto en el enjuiciamiento de las distintas piezas se ha producido cuando no ha llegado aún ni media docena de causa, ¿qué pasará cuando vayan llegando el resto?
Esas decenas y decenas de piezas de las distintas macrocausas tendrán que ir situándose una detrás de otra y pedir pista para poder celebrar todos esos juicios uno detrás de otro, pero mucho me temo que hasta que no se acabe el juicio de Chaves y Griñán, pocas sentencias van a salir de las macrocausas. A no ser que como el juicio de los ERE está fijado en sesiones de lunes a miércoles, algún tribunal acuerde meter alguna vista esos jueves y viernes que quedan libre.
En cualquier caso, muchos abogados ya han alertado de que la marcha de sus despachos se puede resentir si se opta por esa vía, porque no sólo de macrocausas vive el abogado, sino que tienen otros tantos asuntos civiles o mercantiles de los que encargarse. El colapso parece inevitable.

Berrinche en la Fiscalía

Jorge Muñoz | 9 de julio de 2017 a las 2:00

Entrevista a Antonio Rodrigo Torrijos.

Vaya por delante que no me parece ilógico que la Fiscalía de Sevilla haya decidido finalmente no recurrir la absolución del ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de los otros nueve acusados por el supuesto amaño –ya descartado por una sentencia firme, la Justicia ha hablado– del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. Es más, me parece la postura más racional, sobre todo, teniendo en cuenta que las dos acusaciones particulares, los supuestos perjudicados por el delito investigado –la asociación de mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, y la propia entidad Mercasevilla–, tampoco han considerado oportuno el recurso, llegando incluso a poner de manifiesto la posibilidad de una condena en costas en caso de que ese recurso no prosperara.
Pero dicho esto, sí que me parece llamativo, y en eso tiene parte de razón la defensa de Torrijos, cómo ha defendido la Fiscalía su postura de no recurrir, poniendo de manifiesto que en la prolija sentencia de 393 folios de la juez Yolanda Sánchez Gucema existían numerosos “indicios” que avalaban la tesis acusatoria que el Ministerio Público ha mantenido durante estos ocho años, pero como el recurso de apelación frente a las sentencias absolutorias tiene un “estrecho cauce”, han decidido no presentar dicho recurso aun insistiendo en la disconformidad porque entiende que se podría “haber llegado a la conclusión alternativa condenatoria”.
Alega la Fiscalía que el sistema de apelación que rige desde el año 2012 en el derecho procesal español “no permite cuestionar la credibilidad dada a una determinada prueba por el órgano que la ha percibido, pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema” y añade que la Audiencia no puede sustituir la prueba realizada por otra valoración, “igualmente razonable con una conclusión condenatoria”, explicaba la fiscal jefe, María José Segarra, en el comunicado hecho público esta semana.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de la decisión de la Fiscalía de no recurrir, algo que no le corresponde a este cronista, que no es jurista sino un espectador privilegiado de los tribunales, pero sí de aplicar el sentido común.
Si la Fiscalía lleva ocho años avalando las tesis acusatorias que en su día apreció la instructora del caso, Mercedes Alaya, nadie cuestionaría ni se extrañaría de que mantuviera su postura hasta el final y, por tanto, recurriera la absolución de Torrijos y de los otros acusados. Sería, salvando las alegaciones jurídicas, hasta cierto punto coherente con sus actos. ¿O va a resultar ahora que la Fiscalía no ha recurrido ninguna vez sentencias en las que no daba un duro porque prosperase dicho recurso?
En cambio, lo que ha hecho es como decirle a la sociedad quiero recurrir, pero legalmente no puedo. Y además tenía razón en las acusaciones, con lo que sigue extendiendo, como ha afirmado la letrada Encarnación Molino, “la sombra de la duda” para justificar una acusación que la abogada de Torrijos tilda de “injustificable”.
Si la Fiscalía sigue insistiendo en que el concurso público que se adjudicó a la constructora es “un paripé”, como llegó a poner de manifiesto el fiscal en su informe de conclusiones en el juicio, lo que debería haber hecho, a mi juicio, es recurrir la sentencia, aunque las probabilidades de prosperar del recurso fuesen escasas o mínimas.
Lo demás no deja de ser un brindis al sol, disparar con pólvora ajena, y tratar de justificar por qué se ha mantenido la acusación durante todos estos años para ahora conformarse con la absolución.
Retomando el principio de este artículo, la Fiscalía ha adoptado la postura más racional, pero los matices con los que ha justificado su decisión ponen de manifiesto el berrinche que le ha supuesto la absolución.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

Letrados jóvenes en el turno de oficio

*En esta época en la que parece que el turno de oficio está en horas bajas, en la que los abogados cada vez más dejan de lado este servicio a la sociedad destacan actitudes como la del abogado Joaquín Moeckel, quien después de estar 20 años en el turno de oficio, ha hecho que una de sus hijas, Blanca, entre a formar parte del turno de oficio. Moeckel está convencido de que hay que inculcar en los abogados jóvenes la incorporación a un servicio que en la actualidad es una de las labores más altruistas que puede desempeñar un abogado. Joaquín Moeckel recuerda que el turno de oficio “no se hace por dinero” –en la actualidad no se cotiza mucho y son pocas las guardias que corresponden a cada letrado–, porque “quien ahora se inscribe en el turno es una persona comprometida con un servicio a la sociedad”, destaca el letrado sevillano.

El marketing de los abogados
*Si usted busca en Google la palabra “abogado”, el primer resultado que le aparece en pantalla es un anuncio de Luis Romero y Asociados. Esta semana, el letrado Luis Romero ha enviado una nota de prensa para dar a conocer a la opinión pública que acaba de obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla –por cierto, con “sobresaliente cum laude”, detalla el comunicado remitido por el departamento de comunicación del bufete– tras haber defendido su tesis doctoral sobre el delito de blanqueo de capitales, con un análisis realizado desde la perspectiva del abogado. Dice la nota que todos los miembros del tribunal “animaron al nuevo doctor a publicar su tesis doctoral, que fue calificada con diversos adjetivos elogiosos”. Luis Romero también ha difundido su doctorado en las redes sociales. Es la nueva era del márketing de los despachos. Enhorabuena Luis.

Un fallo que no repara el calvario

Jorge Muñoz | 22 de junio de 2017 a las 2:00

 

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Una imagen de la sala de vistas durante la lectura, ayer, del fallo. Foto: EP

Había una gran expectación a las nueve y veinte minutos de la mañana de ayer. En una de las principales salas de vistas de la sede judicial propiedad del edificio Noga –la empresa que paradójicamente fue penalizada en el concurso de los suelos por haber realizado una oferta muy superior al precio de salida–, abogados, procuradores, nueve de los diez acusados –sólo faltó Torrijos por motivos de enfermedad– y familiares y amigos acudieron para conocer la sentencia por las presuntas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla.
La tensión era máxima en los momentos previos a conocer el fallo. Había opiniones para todos los gustos, los periodistas hacían cábalas sobre el posible resultado. El abogado Joaquín Herrera, marido la funcionaria María Victoria Bustamante, mostraba su confianza en la Justicia.
Cuando la juez de lo Penal número 13, Yolanda Sánchez Gucema, leyó el contenido del fallo en el que absuelve a los diez acusados, se desató la euforia. El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, sentado en primera fila, alzó su puño en señal de victoria, y poco después se fundió en un emotivo abrazo con su abogado, José Manuel Carrión. Otros letrados corrieron a felicitar a sus clientes.
A su salida, muchos de ellos coincidieron en denunciar el sufrimiento y el calvario por los más de ocho años que han transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya, que evidentemente no queda en buen lugar con esta sentencia, iniciara la instrucción de la causa tras la denuncia presentada en su día por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
La abogada Encarnación Molino, que ha defendido al ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, se preguntó “quién repara los daños causados” tras una instrucción que definió como “innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había”.
Y ésa es la pregunta a la que la juez de lo Penal que le ha tocado examinar las pruebas recopiladas por Alaya y dictar la sentencia no puede dar en los 393 folios de los que consta el extenso fallo.
La juez Yolanda Sánchez Gucema, que dirigió con una extraordinaria profesionalidad las 20 sesiones en las que se desarrolló la vista oral, no hace ninguna alusión a Mercedes Alaya ni a su instrucción. Pero eso no quita que del contenido de la sentencia se desprenda que no había pruebas del supuesto amaño o concierto para favorecer a la constructora Sanma en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de Mercasevilla.

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

El abogado Miguel Villegas saluda a su cliente, el ex concejal Gonzalo Crespo. Foto: José Ángel García

La sentencia está plagada de argumentos que rechazan la existencia de pruebas o indicios de los delitos que sostuvieron la Fiscalía y las acusaciones particulares, de lo que también se colige que todos los acusados se han sentado en el banquillo para responder de sospechas o conjeturas sin una verdadera base probatoria. De hecho, la juez deja claro que no hay pruebas del “amaño”, de la “confabulación” ni del “concierto previo” que apreciaron Mercedes Alaya y la Fiscalía, la acusación pública a la que la magistrada ha reprochado que calificara el concurso como de “un paripé”.
Más de ocho años después todos los acusados acogen con satisfacción la sentencia absolutoria, pero el daño al prestigio profesional y a la marca por ejemplo del grupo Sando, uno de los principales de Andalucía, es irreparable a pesar de los 393 folios de la sentencia.
La imagen de Antonio Rodrigo Torrijos, la pieza política a cobrar con esta instrucción, fue otra de las más vapuleadas por la investigación de la juez Alaya, quien decidió imputarlo en esta causa el 7 de abril de 2011, un mes y medio antes de que se celebraran las elecciones municipales del 22 mayo de 2011, con el consiguiente desgaste para su imagen y la de su formación.
Torrijos ni siquiera pudo ayer asistir a la lectura del fallo por motivos de salud. ¿Quien sabe si puede haber alguna relación entre su enfermedad y el calvario de estos ocho años?

El notario y su cláusula suelo

Jorge Muñoz | 28 de mayo de 2017 a las 2:00

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Ahora que están tan de actualidad las reclamaciones por las cláusulas suelos que algunos bancos incluyeron en los préstamos hipotecarios, conviene recordar lo que el Tribunal Supremo estableció en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013. Este tipo de cláusulas son perfectamente lícitas y válidas, salvo que la misma adolezca de una falta de transparencia o de claridad y su redacción sea confusa, oscura, farragosa o ininteligible, o no se haya informado al cliente del alcance y consecuencias de dicha cláusula. Algo de lo que, evidentemente, son perfectamente conocedores los notarios, profesionales que está acostumbrados a firmar este tipo de escrituras.
Esto es precisamente lo que ha argumentado la Audiencia de Sevilla para rechazar la demanda presentada por un notario, en la que pedía la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en relación con una hipoteca de 525.000 euros que firmó en el año 2006 y que tenía una cláusula suelo del 3,5%.
La sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla establece precisamente que el perfil profesional del prestatario “no es baladí” en estas contrataciones, pues un notario tiene “un nivel de conocimientos jurídicos y de formación sobre las condiciones contractuales muy superior a la media, siendo habitual su intervención profesional en el otorgamiento de préstamos hipotecarios como el que nos ocupa, y teniendo el deber de conocer las obligaciones que a los notarios impone la normativa vigente sobre la transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios y la obligación notarial de informar a los prestatarios de determinadas condiciones contractuales, especialmente de la existencia de límites a la variación del tipo de interés”.
El tribunal señala expresamente que el demandante conocía por su profesión que en estas operaciones era habitual la incorporación de cláusulas de limitación de la variablidad del tipo de interés, y “conocía el alcance y efectos jurídicos y económicos que ello representaba, sin necesidades recibir mayores explicaciones o información al respecto, pues por su profesión era conocedor de todo ello”.
Así, insiste en que su formación y capacidad de comprensión del contenido y el alcance de las cláusulas contractuales del préstamo era “muy alto”, lo que le “permitía sin dificultad alguna entender en sus exactos términos el significado y alcance económico y jurídico de la operación de financiación que estaba realizando”.
El notario había alegado que las condiciones que se incorporaron a la escritura no eran las mismas que las contenidas en la certificación que el banco les entregó previamente, pero esto para los magistrados no significa que el notario no conociera previamente de la existencia de la cláusula suelo que se proponía concertar, por cuanto la escritura fue “redactada en su notaría, siguiendo la minuta del acreedor y utilizando el formulario de la notaría”, por lo que “es lógico y razonable pensar que revisó precisamente la redacción y contenido de la escritura”.
Dicen los jueces que en este caso la cláusula está redactada de manera “clara y comprensible”, cumple las expectativas de transparencia y la parte prestataria “conoció y comprendió desde la firma de la escritura de préstamo las condiciones económicas que contenía l contrato celebrado y la existencia de la cláusula”.
La Audiencia concluye que el notario “conoció la existencia de la cláusula, la aceptó y consintió con pleno conocimiento”, por lo que el tribunal, en contra de su criterio habitual, ha decidido imponerle además la condena en costas, por cuanto “no había ninguna seria duda en cuanto a que la cláusula no era nula, pues la conoció antes de firmar la escritura, y tenía capacidad y conocimientos para comprenderla, aceptándola con pleno conocimiento de su alcance, trascendencia y repercusión económica”.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Ana Hermoso vuelve a la procuraduría

COMIENZA JUICIO CONTRA EXALCALDESA DE BORMUJOS ANA HERMOSO

*Los procuradores sevillanos cuentan con un nuevo fichaje. La ex alcaldesa de Bormujos Ana Hermoso ha vuelto a ejercer su profesión de procuradora de los tribunales, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la absolvió del delito de cohecho relacionado con la Loewe Story, aquella supuesta compra de su voto, a cambio de un bolso de Loewe, para que apoyara la moción de censura que le devolvió la alcaldía de Bormujos al independiente Baldomero Gaviño. Ya dijimos en alguna ocasión que parecía descabellado que una concejal se dejara comprar por un simple bolso, por muy de marca que fuera. Era algo que no tenía sentido. Al final, la Justicia exculpó a Ana Hermoso, quien no obstante vio cómo su carrera política se vio truncada por este caso. Hermoso optó incluso en su momento a la presidencia del PP de Sevilla. Al final, la política ha perdido a una alcaldesa y los tribunales han ganado una procuradora.

Lorenzo del Río se interesa por el juicio de los ERE
*El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha vuelto esta semana a la Audiencia de Sevilla para visitar la sala del jurado que puede acoger finalmente el juicio de la “pieza política” de los ERE, en la que están acusados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La intención de la Audiencia y de la Consejería es que el juicio se celebre en este edificio sin tener que buscar una sede externa. El juicio podría comenzar a final de año.

El escáner

Jorge Muñoz | 16 de abril de 2017 a las 2:00

ESCANER JUZGADO

El escáner y el arco detector de metales suele ser el primer contacto de los ciudadanos con la Justicia. Son miles los que entran a diario en las sedes judiciales. El pórtico de acceso a un mundo desconocido que, para muchos, causa como mínimo incertidumbre, desazón y hasta en algunos casos una angustia kafkiana similar a la que José Luis López Vázquez mostró magistralmente en su interpretación en La cabina (Antonio Mercero, 1972).

Y el hecho de acceder a esos edificios, muchos todavía lúgubres, provocan un sinfín de situaciones anecdóticas, muchas de las cuales son del todo ciertas, verídicas –como diría aquél maestro del humor–, aunque parezcan en ocasiones increíbles. El desconocimiento, la incertidumbre y los nervios de entrar en ese otro mundo, hacen el resto.
Hace unos años trascendió el caso de una señora mayor que, cuando llegó por primera vez a un juzgado, fue recibida como sucede a diario por los agentes y vigilantes de seguridad que hay en las sedes judiciales. Estos le indicaron a la mujer que pasara “sus cosas” por el escáner. Y la mujer cumplió, vaya si cumplió. Cuando los vigilantes se dieron cuenta, la anciana estaba subida a cuatro patas sobre la cinta transportadora de la máquina y dispuesta para atravesar esas cortinillas de plástico que cubren el acceso a la misma.
–Señora….!!! Usted no…! Son sus pertenencias las que tiene que pasar por el escáner –exclamaron los vigilantes para evitar una desgracia mayor.
Todo quedó en un susto. Eso ocurrió ya hace unos años, cuando los ciudadanos estábamos menos acostumbrados a la presencia de los escáneres. Sin embargo, lo llamativo es que estos aparatos sigan siendo un caldo de cultivo para las situaciones divertidas. Y si no, sigan leyendo.
Hace unos meses, una mujer joven, de unos 20 años, llegó al viejo edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián. Mujer joven y con minifalda ceñida. Y con un cinturón metálico, de esos que a simple vista se ve que van a hacer sonar la máquina.
Los vigilantes, como hacen con todos los ciudadanos que llegan a esta sede, le piden que se quite el cinturón antes de pasar por el arco detector de metales. Y es aquí cuando se produce la sorpresa. Sin dar tiempo de reacción a los vigilantes, la chica se desprende de la estrecha y muy corta minifalda –cinturón metálico incluido– y se queda con unas medias ligeras que mostraban toda su ropa interior y el color de la misma. Sin titubear, la joven pone la minifalda en la cinta del escáner y, una vez atravesada, vuelve a ponerse la ropa.
En este caso, la mujer fue tan rápida al quitarse la ropa, que los vigilantes no tuvieron tiempo de indicarle que no era necesario que se desnudara. Cuando estaban explicándole que debía de quitarse el cinturón, la chica ya se había quitado la minifalda a toda prisa. Visto y no visto.
A la chica no le resultó embarazoso quitarse la prenda, lo pasaron peor los vigilantes de los juzgados, entre los que hay hombres y mujeres, que se quedaron con la boca abierta por completo ante la reacción de la joven.
Algo parecido sucedió con otra mujer que llegó a los juzgados para hacer una gestión. En este caso, la sorpresa se produjo al decirle los vigilantes que colocara todos los objetos metálicos que llevara en una bandeja antes de pasar el arco detector. La mujer se dio la vuelta, colocándose de espaldas a los funcionarios y comenzó a manipular su vestido, a la altura del pecho.
Los agentes no sabían qué estaba haciendo la mujer hasta que comprobaron, al darse la vuelta, que se había arrancado literalmente los aros metálicos del sujetador que llevaba y los había puesto sobre la cinta del escáner. ¡Eso sí que es cumplir a rajatabla la orden de quitarse todos los objetos metálicos!
Pero aún hay más. Después de haber presenciado escenas como la descrita anteriormente puede decirse que los vigilantes de seguridad de los órganos judiciales están curados de espanto. O no.
Otra mujer llegó a una sede judicial y la historia parece repetirse. A la primera advertencia de que debe quitarse todos los objetos metálicos que lleve encima, la mujer informa los vigilantes.
–Llevo un DIU –comentó con absoluta normalidad la joven mientras se echaba mano a la portañuela de su pantalón….
–¡No por Dios! ¡No es necesario que muestre nada! Sólo llaves, reloj, etc. –se apresuraron los vigilantes a responder, sabedores por experiencia de que el público es capaz de cualquier cosa cuando se enfrentan al escáner de los juzgados.
Afortunadamente, la chica retiró la mano del pantalón y atendió el requerimiento de los agentes, que ya veían que la cosa podía desmadrarse. Éstas son sólo algunas de las situaciones divertidas que se producen a diario en nuestros juzgados y tribunales, y de la que son testigos directos los propios funcionarios.

 

VISTO PARA SENTENCIA

A vueltas con la procesión de la vagina

*La Audiencia de Sevilla ha reabierto recientemente la causa contra tres mujeres que intervinieron en la procesión de la vagina de plástico. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha revocado el auto de archivo dictado por el juzgado de Instrucción número 10, al estimar el recurso de la asociación de Abogados Cristianos y entender que los hechos que ocurrieron en la manifestación del 1 de mayo de 2014 pueden constituir un delito contra los sentimientos religiosos. El magistrado ponente del recurso, Luis Gonzaga de Oro-Pulido, explica en el auto que no puede descartarse que los hechos integren este delito, porque la conducta de las tres investigadas “se realiza de palabra y con publicidad y, además, constituye un escarnio al dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María (profiriendo frases como ‘La Virgen María también abortaría’, llevando un palio con una imagen, de gran tamaño, del órgano genital femenino, con una especie de mantilla y corona, como si se tratara de la Virgen María, y usando oraciones como el Ave María, con expresiones de contenido sexual, soeces y ofensivas)”. El juez también aprecia una “mofa del rito religioso de las procesiones de Semana Santa; así como una vejación a quienes profesan la religión católica utilizando el Credo con expresiones de contenido sexual, vejatorias y humillantes”. Y todo ello, lleva al tribunal a afirmar que no se puede descartar la “intención de ofender los sentimientos religiosos de los católicos a la vista de la naturaleza y contenido de los actos realizados y a su contenido humillante e hiriente que hace difícil que no concurra ese ánimo de ofensa”.

Las sobrecomisiones, la pieza más numerosa
*La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha ampliado a 38 personas el número de imputados en la pieza separada relativa a las sobrecomisiones pagadas en las pólizas con las que se financiaban las ayudas para los trabajadores afectados por los ERE. De esta forma, la pieza de las sobrecomisiones se convierte en la más númerosa de todas las que están bajo investigación, superando incluso la del denominado “procedimiento específico”, en la que están procesadas 25 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Lo que aún no está claro es si la Audiencia de Sevilla dispone de una sala para albergar a un número de acusados tan elevado o si habrá que buscar una sede provisional en otro edificio.

 

La esposa del traficante

Jorge Muñoz | 26 de marzo de 2017 a las 2:00

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La Audiencia de Sevilla la condenó en julio de 2016 a tres años y tres meses de prisión y a pagar una multa de 357.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, agravado por la relación con el tráfico de drogas, al entender que se había beneficiado supuestamente de la actividad de su esposo, que cayó con una banda a la que se había intervenido una tonelada de hachís en 2008. Y el Tribunal Supremo la ha absuelto ahora al rechazar que el dinero que manejó procediera de las actividades del marido, dándole un auténtico repaso a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia de Sevilla.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla había condenado a la mujer porque entendía que ésta había realizado determinadas operaciones financieras –como la compra de cuatro pisos, una parcela y varios turismos– gracias al dinero que su ex esposo le entregaba y que obtenía del tráfico de hachís, una actividad que ésta “conocía”, según los magistrados que la enjuiciaron.
Entre los hechos probados, los jueces destacaban que la acusada desde 1998 tenía reconocida una pensión de alimentos de 900 euros, y que entre los años 2002 y 2010 había percibido sólo ingresos de forma regular por su actividad de “empleada de hogar”, más otros 18.757 euros por trabajos por cuenta ajena, así como un premio de la ONCE de 33.000 euros en julio de 2004 y otros 55.000 euros en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre de 2006.
El tribunal destaca que en ese periodo participó en operaciones de compra y venta de cuatro viviendas, canceló algunos préstamos y constituyó otros, y adquirió asimismo una parcela de regadío por 54.000 euros.
Su marido, del que se había separado legalmente en 1998 pero con el que convivía desde 2006, fue detenido en marzo de 2008 en relación con una organización que había introducido 1.169 kilos de hachís en una avioneta procedente de Marruecos y que aterrizó en un punto de la provincia de Toledo. La Audiencia Nacional lo condenó en 2010 como cómplice de un delito contra la salud pública –por haber realizado labores de contra-vigilancia para la organización de traficantes– a dos años de cárcel y al pago de una multa de 1,6 millones de euros, cantidad que se corresponde con el valor de la droga incautada.
La mujer fue posteriormente condenada por blanqueo de capitales a una pena superior a la del marido, pero recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, alegando que su ex esposo fue detenido inmediatamente tras la operación policial, por lo que no obtuvo de su intervención ningún dinero, y añadía que su condena se basaba en una “cadena de conjeturas o sospechas extraídas de algunos elementos objetivos, pero que en modo alguno conducen de manera sólida a la conclusión” a la que llegaron los jueces de la Audiencia. Tras analizar el caso, el Alto Tribunal señala que “no hay ninguna prueba de que el metálico” que la mujer aportó para comprar una de las viviendas procediera del patrimonio de su esposo, puesto que los únicos datos que obran en autos es que a la fecha de compra –en abril de 2006–, el matrimonio estaba separado y no reanudaron su relación hasta mediados de ese mismo año. Y tampoco se aprecia “ninguna discordancia” entre los ingresos que la propia sentencia admite y los desembolsos extraordinarios que se abordaron durante ese periodo.
Para el Supremo, la conclusión de que los recursos de la mujer eran “claramente insuficientes” para atender los gastos derivados de las cargas inmobiliarias, no deriva de sólidas variables aportadas por la acusación, “sino de un evanescente análisis especulativo carente de soporte estable”.
De un lado, la Audiencia admite la posibilidad de unos ingresos laborales y de una pensión de alimentos, por lo que “no se excluyen los significativos ingresos que la recurrente esgrimió en el acto del plenario y reitera en su recurso”. Y de otro, el tribunal de instancia considera que los “gastos son excesivos para sus ingresos, si bien la conclusión se muestra inconsistente, dado que se extrae de variables especulativas o erróneas”, critica el Supremo.
De ahí que concluya que la prueba practicada es “insuficiente” para evidenciar que el dinero de la mujer proceda de una actividad delictiva de su ex esposo, y que ella fuera “conocedora de ese origen y prestara su apoyo a ocultar su procedencia delictiva y aprovechar los fondos, sino que ni siquiera permiten concluir que las inversiones y gastos no procedan de las propias fuentes de ingresos de la recurrente”. Lo que no entra a valorar el Supremo es la “suerte” de la acusada por los premios que le tocaron en tan corto tiempo.

VISTO PARA SENTENCIA

El profesor Zoido

zoido

El Zoido profesor. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, impartió el pasado lunes, 20 de marzo, una clase de Derecho Civil a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. El ex alcalde, magistrado de profesión, dio clase a los alumnos que realizan el primer año de la licenciatura de Derecho y lo hizo en su condición de colaborador honorario del departamento de Derecho Civil de la Hispalense, de la que también fue alumno.

En su intervención ante los jóvenes estudiantes, el ministro recordó su paso por la universidad pública y también cómo aprobó las oposiciones de judicatura “a la primera”.

Por cierto, que el nombre de Zoido también salió esta semana a relucir en relación con la recusación que el Partido Popular ha presentado contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla Pedro Izquierdo para que se aparte del primer juicio de los ERE, en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El propio Pedro Izquierdo explicó en el informe en el que rechaza la recusación que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados, pero sí se refirió, sin citar a Zoido, a la “relación profesional con una persona vinculada con una de las entidades recusantes” en el decanato de los juzgados de Sevilla en 1992, época en la que el ministro era decano de los jueces. Y no hay que olvidar que en Zoido fue quien en su día denunció el caso Mercasevilla, del que surgió el escándalo de los ERE.

 

Sospechosos habituales sin “salvoconducto procesal”

Jorge Muñoz | 23 de marzo de 2017 a las 2:00

CASO ERE  JUZGADOS DEL PRADO Declara por sexta vez en este caso por el ERE de Egmasa el ex consejero Antonio Fernández

El ex consejero Antonio Fernández, uno de los “sospechosos habituales” de los ERE

No habrá “salvoconducto procesal” para los sospechosos habituales, los imputados de los ERE que serán juzgados en la pieza política del caso, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, y que están abocados además a sentarse en el banquillo de los acusados posiblemente en las más de 200 piezas distintas que serán juzgadas individualmente, en relación con cada una de las ayudas.
La Audiencia de Sevilla ha rechazado la posibilidad de que estos investigados sean enjuiciados una única vez, al desestimar los recursos presentados por el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández y el ex director de la agencia Idea Jacinto Cañete. Ambos habían solicitado, tras ser procesados en la pieza del procedimiento específico, el “sobreseimiento parcial subjetivo” (sic) en las diligencias previas 174/2011, la causa matriz del escándalo de los ERE, de la que la juez María Núñez Bolaños está desgajando cada una de las piezas individuales de ayudas.

Ambos pedían ese archivo para que no pudieran ser imputados en cada una de las piezas, algo que según algunas fuentes consultas tiene cierta lógica jurídica. Si ya están imputados por su supuesta participación en la creación del sistema que habría permitido el fraude y van a ser enjuiciados por estos hechos, en los que incluso se les reclama una indemnización por la totalidad de las ayudas, no sería lógico jurídicamente que se repitiera luego un juicio por cada ayuda en el que volvieran a pedirse responsabilidades penales y civiles, partiendo según las defensas de que se trata de unos mismos hechos.
En un auto dictado ahora por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que tiene fecha del 3 de marzo, el tribunal señala que los recursos de Antonio Fernández y Jacinto Cañete sostienen que tras el dictado del auto de procesamiento del 31 de mayo de 2016 –el que procesó a Chaves y Griñán y otros 23 ex altos cargos– “se han venido a agotar los hechos de relevancia penal apreciables en su contra en el llamado caso de los ERE, de forma que toda pieza ya abierta o que se abra en el futuro dimanantes de las presentes diligencias 174/2011 implicarían la vulneración de su derecho fundamental a un juicio con las debidas garantías ya que supondría su persecución penal por los mismos hechos en más de un enjuiciamiento”, y la imposición de sucesivas supuestas penas en caso de condena.
Los magistrados ponen de manifiesto la “imposibilidad lógico-jurídica de entrar a analizar” esta petición porque no concretan los hechos que forman parte del objeto actual de las diligencias, por cuanto con esta petición de sobreseimiento entienden que se está reclamando una “especie de salvoconducto procesal que cierre la posibilidad de toda apertura futura de piezas separadas contra estos imputados, algo que es ajeno a la finalidad del instituto procesal del sobreseimiento que se reclama, y que conllevaría el riesgo de impedir la formación de piezas separadas cuya incoación sí pudiera estar justificada”.
El tribunal deja abierta la posibilidad, no obstante, a que en esos “eventuales otros procesos con los que deba establecerse la comparación entre los hechos objeto de uno y otro para aclarar si se está o no ante un doble enjuiciamiento, como los mismos apelantes han hecho ya”.

El otro juicio de Mercasevilla

Jorge Muñoz | 19 de marzo de 2017 a las 2:00

Caso Mercasevilla  Audiencia de Sevilla Declara Antonio Rodrigo Torrijos y compa?ia

En cualquier juicio, por muy complejos o graves que puedan ser los hechos que se enjuician, se producen anécdotas. Si además el juicio se prolonga durante 20 sesiones, como ha ocurrido con el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla, el ambiente que se suscita entre los propios acusados y los abogados se vuelve más propicio para que proliferen situaciones o comentarios divertidos. Unos dirán que esto se produce por pseudocompañerismo o por lo que une el banquillo, pero lo cierto es que las anécdotas se disparan.
La primera anécdota se produjo el mismo día en que se iniciaba la vista oral, cuando uno de los principales acusados, el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos coincidió a la entrada de la sede judicial con la juez Mercedes Alaya, quien instruyó la causa y lo procesó, y cuya labor instructora fue criticada por las defensas a lo largo de este juicio. Torrijos y Alaya compartieron incluso ascensor para subir a la planta donde se celebraba la vista oral, y seguro que el primero recordó el vehemente interrogatorio al que fue sometido por la juez en la fase de instrucción.
La peculiaridad de los interrogatorios de Alaya se puso nuevamente de manifiesto con motivo de la declaración de uno de los testigos: el economista de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil, quien relató cómo fue la disputa técnica que mantuvo con esta juez respecto a si la oferta de Sando incluía pago al contado o no. El testigo llegó a decir que la juez le “metió los dedos” en esa declaración hasta que tuvo que abandonar su postura y dejar que la juez se saliera con la suya. “Fue una discusión larga [con la juez] y al final yo me allané”, reconoció el economista.
Con este testigo se produjo otro momento divertido en el juicio cuando, al inicio de la comparecencia, la juez le formuló las preguntas generales de la ley –si jura o promete decir la verdad, o si tiene amistad o enemistad con algunas de las partes– y le advirtió de las consecuencia del delito de falso testimonio. En ese momento, el testigo completó la exposición de su señoría añadiendo que el falso testimonio lleva aparejada “penas de prisión…”, de lo que se desprende que no era la primera vez que rendía testimonio ante un tribunal.
La verdad es que el juicio de Mercasevilla fue en algunos momentos muy técnico –y hasta podría decirse que aburrido y agotador–, como cuando salía a relucir la cuestión de las tan traídas cláusulas que supuestamente se introdujeron en el pliego de condiciones para favorecer a la constructora Sando. La juez Yolanda Sánchez Gucema, que al final del juicio logró el reconocimiento de la práctica totalidad de los diez acusados y de sus abogados, tuvo que emplearse a fondo en algunas ocasiones, pero lo hizo en ocasiones con cierta gracia, como cuando le pidió a un letrado que “no volviera a preguntar por la legalidad de las cláusulas”.
–Señor letrado, el testigo ya ha contestado tres veces esa misma pregunta. Ha dicho que las cláusulas le parecían legalísimas –exclamó con cierta sorna.
La juez también bromeó con los letrados por el tema de los micrófonos abiertos, que tantos quebraderos de cabeza han causado en el mundo de la política. La magistrada pidió a los letrados que no hicieran comentarios entre ellos mientras se sucedían las declaraciones de los testigos.
–Señores letrados, les recuerdo que todo el juicio se está grabando, por lo que me enteraré de los comentarios que están haciendo durante los interrogatorios –explicó la juez, lo que provocó una sonora carcajada en la sala de vistas.
En otra ocasión, la magistrada reprochó a los abogados de la defensa que “gesticularan” durante la declaración del inspector de Policía que investigó el caso y quien sostuvo la tesis del amaño del concurso. “Ya sea el testigo un letrado, un economista o un inspector de Policía. Seamos respetuosos a todos por igual”, reclamó la juez.
Y a uno de los testigos, el dueño de Larena 98, Antonio Pardal, la juez le impuso una multa de 3.000 euros –que después le retiró– por no asistir a declarar, al haberse confundido de sede judicial. El hombre, de 80 años, le explicó a la juez que no podía pagar la multa y le reprochó que, por su propia torpeza, o porque el juzgado “no pone las señas de la Audiencia” no pudo llegar a la vista, a lo que la juez le preguntó que por qué ese día “sí que había” dado con el sitio si no habían cambiado las señas…
La magistrada tuvo en líneas generales un trato exquisito con los acusados, salvo cuando llamó la atención al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por utilizar el teléfono móvil. “Seamos respetuosos. Lleva todo el tiempo con el móvil y no consigo concentrarme”, le espetó la juez, que en otra ocasión reprendió a otro de los procesados por quedarse “dormido” durante la exposición de los informes finales.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Esta semana un juzgado de lo Penal de Sevilla ha condenado al ex alcalde de Sanlúcar la Mayor Eustaquio Castaño y a otros ocho antiguos ediles de la corporación municipal a cuatro años de inhabilitación por haber autorizado, en contra de las normas urbanísticas, que se ampliara en dos metros –hasta los nueve– la altura de la casa de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, todo ello para permitir el acceso del paso de palio. Para fundamentar la condena y desmontar el argumento de los acusados respecto a que no tuvieron ningún interés en la concesión de la licencia a la Hermandad, la juez ha recordado la importancia que tienen las cofradías.

“Los intereses, en ocasiones, no tienen por qué tener una traducción económica. No se debe olvidar que se trata de un pueblo de unos 11.000 habitantes, dentro del cual, por raíces religiosas, las Hermandades, siendo ésta la más numerosa, tienen mucho peso social en el municipio y además de todo ello, en el aspecto político, tampoco hay que perder de vista que las elecciones municipales estaban muy cerca”, relata la sentencia. El mundo de las cofradías y la política, unidos por una licencia municipal que no tuvo en cuenta los informes negativos del arquitecto y de la secretaria del Ayuntamiento, que advirtieron de que se estaban quebrantando las normas urbanísticas.

La sentencia, que se ha dictado 14 años después de que ocurrieran los hechos, también rechaza la supuesta falta de conocimiento del entonces regidor y de su equipo de gobierno de los informes de los técnicos, apelando a su responsabilidad política. “Los acusados no pueden basarse en su falta de conocimiento de los informes por dos razones, en primer lugar porque se dio cuenta de ellos tanto en la comisión como en el pleno al menos de viva voz por portavoces de partidos políticos distintos al PP y, en segundo lugar, por propia responsabilidad personal y política, pues no es consecuente votar sin tener conocimiento de aquello que se vota, se trataría de una irresponsabilidad censurable”, alega la juez Patricia Rubio en la sentencia, en la que reprocha además que los políticos no pueden “escudarse en las circunstancia de los múltiples temas a tratar puesto que éste tenía una importancia añadida y por ello se lleva al pleno, siendo por tanto un asunto excepcional al que seguramente se le prestó mayor atención”, concluye.

El pleito del sacristán

Jorge Muñoz | 12 de marzo de 2017 a las 2:00

SACRISTÁN DESPIDO IMPROCEDENTE

Rosell

¿Existe realmente una relación laboral tras la figura del sacristán? La Fiscalía de Sevilla ha analizado el caso concreto de un sacristán de la provincia de Sevilla que ha presentado una demanda por despido nulo o improcedente contra su parroquia y el párroco de la misma, tras haber trabajado durante 14 año sin contrato, y ha llegado a la conclusión de que este caso se trata de una relación sujeta al Estatuto de los Trabajadores.
La cuestión jurídica se había suscitado a raíz de que una juez de lo Social de Sevilla haya plantease una cuestión de competencia en este asunto, al objeto de dirimir si es la jurisdicción Social o la Civil la que debía resolver la cuestión, según explicaron fuentes de la Fiscalía. La juez alegaba una posible falta de competencia de la jurisdicción Social para conocer este litigio y lo argumentaba en una conocida sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas que, en un supuesto similar, había concluido que “no existe en estos casos relación de tipo laboral”.
Y la Fiscalía de Sevilla ha presentado ahora un exhaustivo y preciso informe, realizado por el fiscal Federico Buero Pichardo, conocido cofrade, que analiza la demanda laboral de este sacristán. Dice el representante del Ministerio Público que el sacristán había venido prestando sus servicios en la parroquia “con una jornada laboral, remuneración mensual, y enumerando las funciones que desempeña en el ejercicio de tal función” y que le fueron encomendadas de manera verbal, percibiendo sus emolumentos de forma mensual.

El estudio del fiscal comienza señalando que la parroquia como ente eclesiástico con autonomía según el Código de Derecho Canónico tiene “personalidad jurídica civil en el ordenamiento jurídico español ya desde los acuerdos de 3 de enero de 1979 suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos jurídicos, donde el apartado 2 del punto 1 establece que la Iglesia Católica puede organizarse libremente, pudiendo crear entre otras entidades las parroquias, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del Estado”. Se trataría, prosigue, de una circunscripción de la Iglesia Católica con personalidad jurídica propia distinta de los demás entes eclesiásticos de esta Iglesia.
Para el fiscal, desde el punto de vista canónico, la parroquia es sujeto de “derechos y obligaciones y puede tener un patrimonio (canon 1255.1), un patrimonio con una contabilidad propia (canon 1284.2 y 7), debiendo presentar cada año un informe administrativo al ordinario del lugar (canon 1284 y 1287), así como un inventario de bienes (canon 1283.2) y en cuanto a los inmuebles por ejemplo tendrán que tener una identificación catastral según cómo se encuentre en el registro público de la propiedad”.
El fiscal entiende además que la personalidad jurídica civil deriva igualmente del Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el registro de entidades religiosas que en su artículo 2 prevé “la inscripción de las circunscripciones territoriales de las iglesias y en el artículo 7 la inscripción de entidades creadas por una iglesia y en el artículo 18 la anotación de la condición de ministros de culto”.
Recuerda igualmente una resolución de la dirección general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones sobre inscripción de entidades católicas en el registro de entidades religiosas, que señala que las parroquias gozarán de “personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica y sea notificada por la autoridad eclesiástica al registro de entidades religiosas, pudiendo acreditar tal personalidad jurídica por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho”.
Por último, cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que, en un pleito contra el arzobispado de Zaragoza, “no planteó ninguna cuestión de competencia sobre la personalidad de tal ente eclesiástico”.
El informe del fiscal es un auténtico tratado de derecho canónico, como puede verse. Si el fiscal se ha pronunciado así sólo respecto a la competencia para resolver el litigio, me parece que el juicio por el pleito del sacristán promete bastante.

 

VISTO PARA SENTENCIA

Hermano contra hermano, el caso García-Quílez

En el Derecho dicen que cabe todo, cualquier interpretación. Todas y ninguna. Hasta un particular Kramer contra Kramer como el que han protagonizado dos abogados durante las 20 sesiones del juicio que acaba de terminar sobre la venta de los suelos de Mercasevilla. El caso de los hermanos García-Quílez, José Manuel y Jaime.

Juicio Mercasevilla  Ultima sesion

José Manuel García-Quílez

El primero ha ejercido la defensa de uno de los principales acusados en la vista oral, el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, a quien la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Mercasevilla atribuyen un papel primordial en el supuesto amaño del concurso, al haber presuntamente puesto en contacto a la empresa Sando con la lonja. Jaime, por su parte, era uno de los dos abogados de Mercasevilla en el caso, junto a Juan Piñeyro.

JUICIO MERCASEVILLA.ANTONIO PARDAL

Jaime García-Quílez

Los hermanos García-Quílez frente a frente, como defensa y acusador, con argumentos y propósitos también enfrentados. Frente a la absolución que pide el defensor, que trabaja para Montero-Aramburu, se alzaba la petición de condena del acusador y, en medio, las críticas del defensor al considerar que se trata de una “causa política” con la que se pretendía atacar al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Un hermano defendiendo que no hay pruebas contra su cliente y el resto de los acusados, y el otro que existió amaño. Y por encima, la profesionalidad de ambos y las entrañas del Derecho que, a tenor de lo que el aserto jurídico mencionado, tienen que ser bastante grandes.