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Foro Judicial critica el nuevo plan de urgencia para las cláusulas suelo

Jorge Muñoz | 6 de febrero de 2018 a las 11:49

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El acuerdo de 25 de mayo de 2017 del CGPJ atribuyó a determinados juzgados el conocimiento de manera exclusiva y no excluyente de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, las cláusulas suelo

El informe que servía de soporte a dicho acuerdo resultó  absolutamente superado. A fecha 17 de diciembre de 2017 se habían presentado en España más de 150.000 demandas.

El previsible colapso se hizo realidad en pocos meses y obligó al CGPJ a rectificar. Sin embargo, la decisión adoptada “ahondaba en el error cometido”, según critica Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado. El acuerdo de 28 de diciembre de 2.017 prevé que un juzgado por provincia y con un ámbito provincial, además, de otros en Baleares y Canarias, conozcan de manera exclusiva y excluyente de esta materia, implicando en todos ellos a la plantilla titular.

La decisión de “encapsular” el problema conlleva su “enquistación y supuración” ante la evidente falta de medios personales y materiales para atender este tipo de reclamaciones.

Es necesario empezar a hablar de la necesidad de reformas legales que resuelvan los problemas de reclamaciones en masa. Además de búsquedas de sistemas alternativos de resolución extrajudicial de conflictos,  las “class action” del derecho anglosajón son un ejemplo a seguir. En nuestra realidad procesal podemos extender y aplicar en la jurisdicción civil conceptos existentes como la prejudicialidad y la extensión de efectos, a fin de no hacer necesaria la reiteración de sentencias ante los mismos conflictos. “Y por qué no, plantearnos la aplicación de intereses punitivos como ya se hizo en el año 1989 con el art. 20 de la LCS, lo que redujo drásticamente este tipo de reclamaciones”, se pregunta la asociación de jueces.

Pero mientras que los otros dos poderes “siguen ausentes y derivando al Poder Judicial la resolución de todos los problemas del Estado, el desacierto del CGPJ va de la mano a la desidia de nuestros políticos”, añade. La última ha sido solicitar a los jueces destinados en “juzgados de cláusulas suelo” que realicen una estadística judicial e informen sobre señalamientos, demandas y sentencias en función del suplico de las mismas. Un trabajo que les obliga a revisar cientos de miles de reclamaciones en un plazo de 7 días.

“¿Hasta dónde llegará el despropósito? La orden dada por el CGPJ  resulta contraria a lo establecido en el art. 461 de la LOPJ y el art. 182.4 de la LEC”. Los jueces y magistrados, prosiguen,  carecen de funciones de estadística judicial  y de competencias en certificación. Saben que la instrucción dada es ilegal, pero se aprovechan del hecho que muchos de los afectados son compañeros de la 67 promoción y de otros tantos que acaban de tomar posesión provenientes del “cuarto turno”, todos a las espera de que el CGPJ les saque sus plazas. Se está jugando con el temor que causa la incertidumbre en el destino profesional de todos estos compañeros.

Por todo ello, y como ya han empezado a hacer algunos, FJI recomienda a los jueces afectados no atender a este requerimiento del CGPJ, no acusando recibo siquiera del mail recibido, y se ponen a disposición de todos los jueces para asistirlos en cuantas dudas puedan tener o las “presiones” que puedan recibir.

El black friday no llega a los juzgados

Jorge Muñoz | 27 de noviembre de 2015 a las 6:00

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A la derecha, uno de los monitores antiguos que está instalando en la actualidad la Junta para el expediente digital.

El black friday, la moda importada de los Estados Unidos de las compras compulsivas al día siguiente de Acción de Gracias aprovechando importantes descuentos, no llegará a la Administración de Justicia. Los jueces tienen que conformarse más bien con el second hand, el mercado de segunda mano para la renovación tecnológica y todo ello a pesar de la importante modificación legal que entra en vigor el próximo 1 de enero, el papel cero, que hará que la presentación de escritos y documentos se haga de forma telemática. Algunos jueces están mostrando estos días sus quejas por los monitores de ordenador que la Consejería de Justicia les está instalando y que, lejos de ser nuevos, han sido rescatados de las antiguas remesas de pantallas de hace muchos años. En la imagen adjunta puede apreciarse la diferencia, no sólo estética –el monitor antiguo tiene ese color beige que tenían antaño los ordenadores– sino también cuantificable en pulgadas entre los monitores modernos y los instalados ahora, que son más bien refurbished (reacondicionados).
A partir del 1 de enero, los jueces tendrán una pantalla para poder trabajar y escribir, mientras que en la segunda podrán consultar el expediente digital, dado que se supone que no habrá documentos en papel. Desde la Junta se asegura que en las experiencias pilotos que se están llevando acabo para implantar el expediente digital hay magistrado que pidieron la colocación de este segundo monitor –para cotejar los documentos–, otros no los pidieron, e incluso hubo quien solicitó hasta un “tercer” monitor.
En cualquier caso, fuentes de la Consejería de Justicia señalan que se ha comenzado a instalar estos monitores adicionales en función de las peticiones, aunque entiende que “no resultan imprescindibles” para la implantación del papel cero. Recientemente, la Junta llevó a cabo una renovación total del equipamiento informático y audiovisual de los juzgados andaluces, donde se han instalado 8.400 ordenadores, 2.672 impresoras locales, 1.749 equipos multifuncionales y 302 equipos de videoconferencias.
Como consecuencia de esa renovación, explican desde la Junta, hay un stock de monitores que “una vez comprobado su correcto funcionamiento, están siendo utilizados para cubrir las peticiones recibidas, con el objetivo de lograr mejor aprovechamiento de los recursos existentes y de contención del gasto, dentro del actual escenario de restricciones presupuestarias y ante la falta de presupuesto específico por parte del Ministerio” para el papel cero.

En Sevilla se han instalado ya 136 pantallas antiguas, 74 en Huelva y 21 en Almería. La Consejería de Justicia e Interior lleva tiempo ya cargando contra la reforma legal que introduce el papel cero, al afirmar que la misma viene acompañada de “financiación cero”, y denunciando la “precipitación y falta de diálogo” del Ministerio de Justicia a la hora de imponer esta trascendental reforma. Desde el departamento que dirige Emilio de Llera aseguran que la Junta está trabajando “a contra-reloj” y haciendo “todos los esfuerzos para que las adaptaciones estén cuanto antes”, y actualmente se están desarrollando experiencias piloto en varios juzgados de El Ejido, Velez-Málaga, Coria del Río y Huelva. En estas experiencias piloto se están produciendo situaciones en las que es necesario imprimir la documentación, lo que supone un coste adicional a la administración autonómica que “antes era asumido por el profesional”, como por ejemplo la entrega de copias a los interesados o a las demás partes en determinados procedimientos.
Desde la Junta explican que hay algunos jueces que, una vez informados de la posibilidad de visualizar varios documentos en una misma pantalla, han solicitado la retirada del monitor adicional.

Un incendio que revela graves carencias

Jorge Muñoz | 7 de septiembre de 2014 a las 5:00

Los armarios apilados en los pasillos del juzgado donde se produjo el incendio

Los armarios siguen apilados en los pasillos del juzgado donde se produjo el incendio, en agosto pasado.

Dice el consejero de Justicia, Emilio de Llera, que el incendio de los juzgados de Sevilla es un hecho “episódico” y “aislado”, pero aunque en principio pueda parecer que esto es así –afortunadamente no hay fuegos todos los días–, el siniestro ha vuelto a poner en evidencia la seguridad del vetusto edificio del Prado de San Sebastián y la necesidad de definir la Ciudad de la Justicia. Sevilla va a ser la última capital andaluza que cuente con un emblemático complejo judicial a pesar de las importantes investigaciones de corrupción que se instruyen en estos juzgados.
La Policía y un juzgado continúan investigando el origen intencionado de los dos fuegos que se produjeron el pasado 26 de agosto en los juzgados del Prado de San Sebastián. El consejero ha explicado además que las cámaras de seguridad del edificio judicial han captado a la persona que pudo haber provocado los fuegos, una pista que sigue actualmente la Policía para tratar de localizar al autor.
Pero aunque en esta ocasión el incendio sea intencionado, el suceso ha revelado las graves carencias que plantea la vieja sede. Para empezar, fueron los propios funcionarios de los juzgados los que tuvieron que sofocar uno de los fuegos, utilizando para ello los extintores que hay en el edificio. Algunos funcionarios lamentan que no han recibido ningún tipo de instrucción por parte de la Consejería sobre cómo deben de actuar en caso de incendio, ni sobre el manejo de los extintores. Además, el día del siniestro pasaron unos minutos desde que saltó la alarma de incendio hasta que se ordenó el desalojo del edificio, por lo que muchos funcionarios siguieron trabajando en sus despachos y a la hora de salir se encontraron en la escalera con una densa columna de humo que dificultaba la visión.
Dicen los trabajadores que incluso los bomberos que se desplazaron a los juzgados mostraron su sorpresa por el estado de las instalaciones. El sindicato SPJ-USO denunció esta misma semana que el servicio de Bomberos de Sevilla no cuenta con el plan de Autoprotección y de Emergencia de que debe disponer para poder actuar con eficacia en caso de producirse un incendio, tal como exige la normativa vigente, una reivindicación constante de este colectivo hacia la Administración autonómica. Este sindicato denuncia asimismo que no hay salidas de emergencia, ni escaleras de emergencia, ni Plan de Evacuación, ni Plan de emergencia. Todo ello se une a unas instalaciones eléctricas obsoletas, lo que aumenta el riesgo en un edificio que acoge a centenares de visitantes cada día.
Dos semanas después del incendio en los juzgados, la zona en la que se produjo uno de los fuegos, en uno de los despachos del juzgado de Instrucción número 13, sigue presentando el aspecto que muestra una de las fotografías adjunta, con numerosos armarios apilados en el pasillo –llenos de expedientes– y cajas de cartón, elementos que aumentan el riesgo.
Pero frente a estas carencias, la Junta parece que intenta responsabilizar a los funcionarios del incendio y, de hecho, hace poco un responsable de la delegación de Gobernación abroncó a unos funcionarios del mismo juzgado donde se produjo el incendio por haber dejado abierto un despacho. Lo que no sabe este responsable de la Junta es que en los juzgados de Sevilla y en la Fiscalía la mayoría de los despachos están abiertos. Éste es uno de los principales problemas de la actual estructura del viejo edificio del Prado de San Sebastián, lo que ha provocado numerosos robos, desde ordenadores hasta sentencias antes de que se hicieran públicas, como ocurrió con el caso Guerra.
El último extraño robo se produjo en el despacho de los fiscales Anticorrupción, del que desapareció un auto de laAudiencia de Sevilla que confirmó la imputación en el escándalo de los ERE de la ex ministra Magdalena Álvarez.
La Junta debería preocuparse más por retirar esos armarios de los pasillos de los juzgados que de tratar de culpar a los funcionarios de unos incendios que, además, tienen un origen intencionado.

Foto recurso de incendio en los Juzgados de Sevilla.