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La juez que no me gusta

Jorge Muñoz | 5 de noviembre de 2017 a las 2:00

El PP de Juanma Moreno arremete contra la magistrada Bolaños con una recusación que ha presentado antes de ser “parte” en el proceso y a poco más de un mes del juicio a Chaves y Griñán

LA JUEZ QUE NO ME GUSTA (1)

Rosell

Los jueces no son Dioses ni seres intocables que están por encima del resto de los mortales. En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como le ocurre al resto de los profesionales, están sometidos a la posibilidad de la sana crítica a su actuación. Pero esa crítica siempre debe quedar al margen de campañas de desprestigio por intereses partidistas.
Para algunos, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que investiga las distintas macrocausas, será siempre el juzgado de Mercedes Alaya, no el de María Núñez Bolaños, magistrada a la que, en el marco de esta campaña de descalificación que se inició hace más de dos años –el 16 de junio de 2015 tomó posesión del juzgado–, siempre será la “sustituta” de la más grande, en alusión a la juez que destapó el escándalo de los ERE y sentó en el banquillo a toda una época de los gobiernos de la Junta de Andalucía.
A Bolaños le han impuesto injustamente el sambenito de juez archivadora, recordándole cada vez que se tercia su anterior destino como juez de familia –como si de un pecado se tratara– y por tanto su supuesta falta de experiencia en materia penal, y argumentando que pidió la plaza de Alaya para intentar cerrar con el menor daño posible para el Gobierno andaluz las distintas macrocausas con las que Alaya puso en apuros al Ejecutivo autonómico.
Está claro que al Partido Popular en Andalucía que lidera Juanma Moreno le iba mejor con Alaya –no en cuanto a resultados electorales, pero sí aparentemente en los procesos judiciales–, por lo que esta acusación popular pronto iba a atacar a Bolaños. Pasaron de una juez que siempre aceptaba los planteamientos y peticiones de la acusación popular, a una instructora que los cuestionaba. De la juez que me gusta a la que no me gusta. Por eso no es de extrañar que los populares estuviesen con Alaya como Gollum con el tesoro de El señor de los anillos, o como Mateo con su guitarra.
Y así pronto surgieron los primeros rifirrafes relacionados con la instrucción, como el insulso conflicto por la entrega de las grabaciones de las declaraciones en los cursos de formación, donde el PP planteó una “recusación administrativa” –no se acudió a la vía de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ahora– contra Bolaños que fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Con motivo de ese incidente, Bolaños recibió el apoyo de las asociaciones profesionales de jueces Francisco de Vitoria y de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quienes denunciaron una “tendenciosa campaña partidista” contra esta juez, y con el evidente objetivo de condicionar su labor, “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”, lamentaron entonces estas asociaciones.
Tras ese primer combate contra Bolaños, el PP ha planteado ahora un incidente de recusación contra la magistrada para expulsarla de la causa en la que se investigan las transferencias recibidas por la agencia IDEA, con el argumento de que su cuñada María Guija, hermana de su marido, trabaja como técnico de control en esta agencia; y por eso además del rasgo de parentesco entienden que hay un “interés directo o indirecto” de la instructora.
El juzgado ha inadmitido esta recusación porque el PP formalmente aún “no es parte” en este procedimiento, dado que Bolaños le impuso una fianza de 30.000 euros para ejercer la acusación popular y la Audiencia todavía no ha resuelto el recurso presentado por los populares.
La recusación del partido de Juanma Moreno se produjo después de que Bolaños dictara un durísimo auto en el que acusaba a los populares de utilizar “falaces argumentos” en relación con la imposición de la fianza.
En esa resolución, que tiene fecha del 2 de octubre y que el PP también ha recurrido, la juez confirma la fianza de 30.000 euros. Es cierto que Bolaños podía haber reducido esta fianza a 12.000 euros, cuantía que la Audiencia de Sevilla fijó para que los populares pudieran personarse en la primera causa de los avales y préstamos de la agencia IDEA, y la misma cantidad que la propia juez les impuso en otra causa: la de los Avales II.
En ese auto del 2 de octubre la juez critica con vehemencia la actuación del PP, que le había reprochado un cambio de criterio en cuanto a la imposición de fianzas. Los populares sostuvieron en un escrito que tras la división de la macrocausa de los ERE, si la juez optaba por esa misma fianza de 30.000 euros, “el total que precisaría para ejercer la acción popular sería de más de seis millones de euros, lo que iría contra lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que recoge que no podrán imponerse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular que será siempre gratuita”.
Y Bolaños respondió que no se podía explicar o justifica un cambio de criterio “inexistente”, recordando que la causa de la denominada “pieza política” de los cursos de formación se abrió en marzo de 2014, más de un año antes de que ella tomara posesión del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por lo que la decisión de “no solicitar fianza no puede atribuirse a la juez que instruye la presenta causa”. Fue Mercedes Alaya quien no fijó fianza alguna, pero fue Bolaños quien archivó esta pieza, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
En el auto, Bolaños vuelve a criticar al PP por su persistencia en esta causa, por cuanto alertó de las numerosas e “infundadas alegaciones que supusieron una dilación innecesaria en la tramitación del recurso”.
Dice Bolaños que su “criterio único” y así “le consta al Partido Popular” es el de no exigir ninguna fianza en las distintas piezas que se han abierto en las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, por lo que rechaza esa hipotética cifra de más de seis millones a la que alude el PP (hasta ahora le han impuesto únicamente dos fianzas de 12.000 euros y la de 30.000 euros que está pendiente del recurso).
“No podemos compartir el temor invocado por el Partido Popular sobre la posible vulneración de su derecho a la justicia mediante la acción popular en otras diligencias, no en ésta, en las que precisamente consta un criterio constante y único, contrario a lo que manifiesta ante la Audiencia Provincial en su recurso”, argumenta la juez, que recuerda que la jurisprudencia del Supremo alerta sobre el “serio riesgo de la judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política”.
El Partido Popular recurre la cuantía establecida “al amparo de un falaz argumento, sosteniendo un temor a todas luces infundado, pues conoce perfectamente que ha sido permitida su personación como acusación popular en todas las diligencias abiertas como consecuencia” de la división de los ERE y los cursos de formación “sin exigírsele fianza alguna”.
El momento elegido para continuar la campaña de desprestigio contra Bolaños tampoco es improvisado. En poco más de un mes comienza el juicio de los ERE a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. De ahí que el PP haya adelantado la recusación presentándola cuando aún no son parte. Se trata de calentar los motores de cara al macrojuicio, aunque luego en público los políticos se jacten de que respetan las decisiones judiciales.