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No se cuestiona la capitalidad judicial

Jorge Muñoz | 19 de mayo de 2017 a las 2:00

Lorenzo del Río, presidente del TSJA

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez.

El debate sobre la creación de las Secciones Penales del TSJA de Sevilla y Málaga va camino de convertirse en otro culebrón en el que se está intentando llevar el asunto hacia un conflicto sobre la capitalidad judicial de Granada. Pero es que aquí nadie está cuestionando que Granada sea la sede judicial como establece el Estatuto de Autonomía. De lo que aquí se trata es de respetar un acuerdo adoptado por la mayoría de la Sala de Gobierno del TSJA para “desplazar” las nuevas secciones de Apelación Penal a las provincias de Sevilla y Málaga, provincias que además ya cuentan desde hace muchos años con Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
Tres asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente– han pedido al presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que defiendan a la Sala de Gobierno ante las “críticas injustificadas”, y han reclamado “respeto” para la decisión de desplazar la sección.
Uno de los opositores a esta medida ha sido el propio Lorenzo del Río, quien entiende que no hay “circunstancias objetivas” para ese desplazamiento y porque así se pueden aprovechar los recursos que ya dispone el TSJA en su sede. Añade el presidente que hasta ahora sólo se han recibido “cuatro recursos” con motivo de la reforma que deja la segunda instancia penal en los procedimientos incoados a partir de diciembre de 2015 en los tribunales superiores de justicia.
Pero lo cierto es que sólo en la Audiencia de Sevilla se prevé que el volumen de recursos alcanzará en el futuro más de 400 casos, a los que habría que sumar las apelaciones que pudieran llegar de otras provincias cercanas, aunque este aspecto aún no está decidido. En ese contexto sí que estaría justificado el desplazamiento de la sección penal a Sevilla.
El consejero de Justicia, Emilio de Llera, apoya el voto del presidente del TSJA –que también avala la Fiscalía Superior–, una decisión que puede obedecer a que para la Junta no tiene el mismo coste crear esas secciones penales en Granada que en Sevilla y Málaga.
Y en el trasfondo está que los jueces de Sevilla y Málaga no quieren perder la expectativa de promocionar al TSJA sin tener que marcharse a Granada, una aspiración perfectamente comprensible. En este conflicto, lo que debe primar es la decisión mayoritaria de la Sala… pese a quien pese.

El voto particular de Lorenzo del Río contra las Salas de lo Penal de Sevilla y Málaga

Jorge Muñoz | 28 de abril de 2017 a las 13:33

Este es el voto particular del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, contra el acuerdo de la Sala de Gobierno para crear las salas de lo Penal desplazas en Sevilla y Málaga, y al que se adhirieron los magistrados María Luisa Martín Morales, Lourdes Molina García y José Luis López Fuentes. 

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

“El Real Decreto 229/2017, de 10 de marzo, dota de plazas de magistrados en órganos colegiados para hacer efectiva la segunda instancia penal, al tiempo que crea Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, de la Comunidad de Madrid y de Andalucía, Ceuta y Melilla. La especificidad, en este último caso, radica en crear dos Secciones, cuya sede y circunscripción territorial serán las propias de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, junto a la previsión que efectúa en su Preámbulo relativa a la posibilidad de que, una vez creadas las mismas, el Consejo General del Poder Judicial pueda acordar su desplazamiento a otra sede, a petición de la Sala de Gobierno y según lo establecido por el artículo 269.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio.

La Sala de Gobierno de este TSJA considera, y así lo ha acordado mayoritariamente, que deviene necesario desplazar la sede de ambas Secciones de apelación penal, de forma la dotación de 6 plazas de magistrado para el TSJA se distribuya inmediatamente de la siguiente forma: 3 plazas en Málaga y 3 plazas en Sevilla, constituyendo 2 Secciones desplazadas de apelación penal.

Entiendo, por el contrario, que no concurren circunstancias objetivas que justifiquen esta decisión en el momento presente, ni contribuye a una mejor administración de la justicia, sino que responde a lógicas e intereses de carácter territorial o local, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos. Por ello, formulo voto particular al referido Acuerdo, que baso en las consideraciones siguientes:

PRIMERO.- Debo referirme, en primer lugar, a la base legal que posibilitaría la efectividad del Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno, y que el propio Real Decreto 229/2017 indica en su Preámbulo, cual es la disposición del artículo 269.2 LOPJ, cuya génesis y finalidad no parece obedecer a un desplazamiento de los Juzgados, o las Salas o Secciones de los Tribunales, con vocación de permanencia,

sino a la necesidad de dar respuesta a contingencias puntuales o específicas, con una mayor o menor duración en el tiempo, pero determinantes, en cualquier caso, de un desplazamiento no definitivo, aunque repetido periódicamente, e incluso esporádico.

Por otra parte, y esto me parece esencial destacarlo, al margen de la procedencia legal de acordar un desplazamiento de carácter permanente al amparo de este precepto, una decisión en ese sentido debe adoptarse en función de las circunstancias concurrentes o del buen servicio de la Administración de Justicia, pues constituye la premisa y punto de partida de los preceptos habilitadores. Pienso, como ya he apuntado, que en este momento sería una decisión prematura e injustificada, ya que ni las circunstancias concurrentes ni el buen servicio de la Administración de Justicia aconsejan tomar la decisión inmediata de desplazar la sede de las Secciones de apelación penal creadas en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, por las razones que expongo seguidamente:

A) Hasta la fecha se han recibido en la Sala Civil y Penal cuatro recursos de apelación contra sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales, lo que denota que la entrada de asuntos va a producirse de forma progresiva, sin posibilidad inmediata de realizar una previsión cierta sobre el momento en que se alcanzará la carga de trabajo definitiva – o probable- en cada parte del ámbito territorial de este TSJ. Y no debe olvidarse que el artículo 76.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial condiciona el desplazamiento de la sede de las secciones de apelación a la necesidad derivada del número de asuntos, lo que no sucede en este momento, aún cuando pueda presumirse que sucederá. Esta propuesta no contradice el Acuerdo de esta Sala de Gobierno de 19 de abril de 2016 que no fue adoptado por unanimidad, sino por mayoría, y que, además, contemplaba y proponía un escenario diferente al que nos encontramos.

Por ello, la lógica aconseja que la efectividad y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados creadas por el Real Decreto 229/2017 se haga de forma escalonada, en función de la previsible entrada de asuntos y la propia evolución real de la carga de trabajo. En este sentido, lo conveniente o aconsejable sería constituir una primera Sección de apelación penal en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, compuesta por un Presidente y dos Magistrados, sin llevar a cabo desplazamiento alguno de su sede, sin perjuicio de lo que pueda resultar conveniente en un futuro.

B) La inicial puesta en funcionamiento de las Secciones de apelación puede hacerse con recursos existentes en la sede del TSJA, ya que la actual Letrada de la Administración de Justicia de la Sala Civil y Penal puede asumir, conjuntamente, la responsabilidad de la Sección de apelación penal y el incremento de la nueva carga de trabajo, a lo sumo con un pequeño aumento de funcionarios. No sería necesario, por tanto, incrementar exponencialmente los recursos para constituir esas dos sedes desplazadas, ni crear dos nuevas Secretarías con funcionarios en las mismas, ni crear dos plazas de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) – uno para cada sede desplazada-. Además, la sede del Tribunal Superior cuenta ya con infraestructura disponible y preparada, en concreto varias dependencias sin uso, reservadas a tales fines por la Administración competente tras el traslado de la Fiscalía Superior.

C) El desplazamiento de sede inmediato de las dos Secciones de apelación penal constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales, dada la actual configuración del recurso de casación penal.

D) Debe valorarse, además, que constituir la Sección de apelación penal en la propia sede del TSJA permite otras potencialidades organizativas, no sólo por las peculiaridades que presenta este Tribunal desde el plano gubernativo y jurisdiccional (con importante estadística en temas de arbitraje, jurado y aforados), sino también por la necesidad de formar Sala con Magistrados distintos al instructor y la problemática de las sustituciones internas por diversos motivos justificados (permisos, licencias, bajas por enfermedad, posibles abstenciones de los nuevos Magistrados, etc.), que obligan en la actualidad a recurrir siempre a Magistrados integrantes de la Sala de lo Social o de lo Contencioso; es más, todo ello será también importante tenerlo en cuenta ante lógicas situaciones de imposibilidad para formar Sala cuando los recursos provengan del previsible destino anterior en Audiencias Provinciales de los nuevos integrantes de las Secciones de apelación penal. Y, del mismo modo, cuando deban ser sustituidos ante cualquier tipo de contingencia que determine su ausencia, deberán serlo por Magistrados con destinos en las Salas de este TSJ, de la misma sede, pertenecientes a otros ordenes jurisdiccionales.

E) La distancia para el justiciable o los profesionales no es una circunstancia ni argumento que, en este caso, pueda justificar el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación, pues el recurso de apelación penal que se ha instaurado es de tramitación escrita. Todas las actuales competencias de la Sala Civil y Penal – jurado, arbitraje, procesos penales de aforados, etc.- recogen una regulación procedimental que exige desplazamiento de las partes y profesionales hasta la sede del TSJA y vistas orales obligatorias ante la Sala. Por el contrario, esto sólo ocurrirá excepcionalmente en la regulación procesal de la segunda instancia penal, conforme al artículo 846 ter, párrafo tercero, LECriminal, que remite a las normas del procedimiento abreviado, el cual tiene tramitación exclusivamente escrita, salvo los casos limitados de admisión de prueba que requieran celebración de vista. No sólo eso, sino que se han introducido modificaciones hacia un sistema de apelación más restrictivo, de forma que para las partes acusadoras únicamente cabe la nulidad de la sentencia y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida (art. 790.2.2).

En este contexto, tampoco es baladí recordar que las nuevas aplicaciones informáticas y el nivel que está alcanzando el desarrollo del expediente digital en la Comunidad Autónoma permite transferir electrónicamente los asuntos, lo que que no justifica en absoluto la decisión inmediata de duplicar sedes de apelación penal en otras ciudades, cuando todo el procedimiento se podrá remitir y consultar de manera telemática, al tiempo que no se exige desplazamiento de las partes ni de los Letrados ni Procuradores.

F) También debe recordarse la importancia de valorar la incidencia en la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya sede coincide con la de este TSJA, que se verá afectada claramente con una dispersión territorial de sedes para la segunda instancia penal, cuando, por el contrario, sus actuales recursos unificados (personales y materiales) están perfectamente preparados y diseñados para el conocimiento de estos recursos de apelación penal en la sede de la Sala Civil y Penal, junto al resto de actuales funciones de esta misma Sala.

La materialización del Acuerdo adoptado por al Sala de Gobierno, obligará, por tanto, a plantear de la misma forma la dispersión de la Fiscalía Superior, con el coste económico correspondiente.

G) No considero que pueda anteponerse a los razonamientos hasta ahora expuestos, “la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla” o “la propia existencia de otras salas del TSJ en las sedes de Málaga y de Sevilla”. En el primer caso, porque una expectativa, aunque sea legítima y, por tanto, respetable, no deja de ser eso, una expectativa, que además es de índole estrictamente personal y entiendo que una decisión de esta trascendencia sólo puede basarse en necesidades de buen gobierno y en aras a una mayor eficacia en la prestación del servicio. Además, la creación de esas expectativas necesariamente implica la frustración de otras.

Tampoco la existencia de Salas ya desplazadas en este TSJA es un argumento que pueda servir, a mi juicio, para sostener el Acuerdo adoptado, puesto que las circunstancias que ahora concurren en cuanto al volumen de asuntos a conocer en apelación en el orden penal, no resiste comparación alguna con la sobrecarga existente en el momento en que crean las Salas desplazadas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo. En esos casos, el volumen de asuntos sí aconsejaba la creación de sedes desplazadas y un número considerable mayor de magistrados, y así se hizo, mediante la oportuna previsión en la Ley de Planta y Demarcación judicial. Por otra parte, no es previsible que el registro en las Secciones de apelación llegue a ser equiparable al de las Salas desplazadas.

SEGUNDO.- En segundo lugar, el Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno es contrario a las demandas organizativas que se vienen planteando desde los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial y a las propuestas que, de lege ferenda, vienen siendo objeto de debate en los últimos tiempos y que, en general, reclaman un cambio profundo en la organización judicial para optimizar nuestros recursos personales, con el consiguiente cambio de mentalidades, abriendo otras perspectivas de futuro. En esta línea, las palabras clave son concentración y colegiación, frente a dispersión e individualidad. Así, todas las novedosas propuestas organizativas buscan superar la actual atomización de la organización judicial, en aras a aprovechar los actuales recursos personales y las infraestructuras judiciales, pero con mayor eficiencia y eficacia.

Precisamente, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, en su reunión del año pasado, alcanzaron por unanimidad dos conclusiones en este sentido: a) “replantearse la actual distribución territorial de órganos judiciales, para ajustarla a una realidad en la que la proximidad física de los Juzgados a los ciudadanos ya no sea el criterios fundamental de planificación”, b) “necesidad de reformar la estructura organizativa judicial hacia una colegiación de los órganos jurisdiccionales unipersonales con el fin de mejorar la distribución del trabajo y compartir recursos e información, reduciendo así los costes”.

Y, en igual sentido y orientación, deben citarse las propuestas de las últimas Jornadas nacionales de Jueces Decanos: 1.d) “mapa judicial. Concentración territorial. Las dificultades derivadas de la distancia entre sedes judiciales hoy son muy diferentes de las existentes hace 200 años y ello requiere redistribuir el mapa judicial y concentrar sedes. En suma, el concepto de “proximidad judicial” tiene ya poco que ver con la distancia física…”, 1.e) “Organización de los tribunales. Colegiación organizativa. Como medida complementaria de la anterior, es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países…”

Por tanto, la medida que estamos cuestionando -constitución inmediata de dos Secciones de apelación desplazadas en el ámbito del TSJA-, está en contradicción con el sentido de las reformas organizativas de nuestra justicia, a que aspiran la mayor parte de los colectivos jurídicos, y que confluyen en la necesaria concentración territorial y la colegiación de órganos judiciales, que permitirían incrementar nuestros niveles de eficacia y la mejor optimización de ciertos órganos.

TERCERO.- En resumen, entiendo, y así quiero manifestarlo en este Voto Particular, que el desplazamiento de la sede de las Secciones de apelación penal del TSJA que propone la Sala de Gobierno: a) responde a lógicas e intereses de carácter local o territorial, más que a necesidades reales de organización judicial y optimización de recursos; b) constituirá un impedimento para la formación ordenada de un nuevo escalón intermedio de jurisprudencia penal, al disgregar territorialmente un órgano llamado a cumplir una función integradora y unificadora de criterios interpretativos de las normas penales; c) supondrá un gasto innecesario de recursos económicos, materiales y personales; y d) en todo caso, es una decisión precipitada, no necesaria en el momento actual.

Además, no parece conveniente por el momento la división territorial, ni distribuir de inmediato en varias sedes la competencia para conocer de recursos de apelación penal, porque ello genera un riesgo cierto de aparición de desequilibrios competenciales y situaciones disfuncionales en la organización y funcionamiento antes comentadas (por ejemplo, formar Sala, reuniones para unificación de criterios y coordinación prácticas procesales, sustitución entre magistrados titulares, regulación magistrados suplentes, abstención y recusación, etc.), sin olvidar la difícil determinación a priori de los concretos ámbitos territoriales competenciales, dentro de la actual circunscripción de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia.

En definitiva, la medida más idónea y razonable con carácter inmediato sería la constitución de Secciones de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal de este TSJA, sin desplazamiento de su sede, fórmula que garantiza una mejor eficiencia y gestión de recursos en el comienzo de estas nuevas funciones de apelación, asegurando una unidad de criterio y seguridad jurídica, así como también un equilibrio competencial en la distribución de asuntos.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda valorarse de futuro la conveniencia de desplazar alguna o todas las secciones de apelación, siempre que ello se vislumbre como solución ante las circunstancias concurrentes o para la mejora de la administración de la justicia. Así, incluso, lo asume, con carácter general, el propio Real Decreto 229/2017, al establecer que, transcurridos dieciocho meses desde su entrada en vigor, el Ministerio de Justicia efectuará un análisis de la evolución real de las cargas de trabajo y de las necesidades judiciales existentes a fin de valorar la necesidad de acordar, en su caso y previo cumplimiento de los trámites que procedan, la dotación de nuevas plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia o la creación de nuevas Secciones de Apelación Penal.

Particípese el presente Acuerdo, junto con el voto particular formulado, al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos procedentes”, concluye el dictamen de Lorenzo del Río.

La filtración es lo de menos

Jorge Muñoz | 24 de junio de 2016 a las 5:00

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, decía hace algunos meses que existía una regla no escrita por la que los jueces no debían interferir en las campañas electorales con sus resoluciones judiciales. Pero estas reglas unas veces se cumplen y otras no, porque no hay que olvidar que tan sólo cuatro días después de que se iniciara la presente campaña electoral que hoy concluye, el Alto Tribunal andaluz anunció el archivo de la causa contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en relación con la adjudicación de unas obras cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.

Ahora ha trascendido que la juez María Núñez Bolaños archivará en los próximos meses la denominada pieza política de los cursos de formación, en la que figuran 24 personas imputadas entre políticos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El Partido Popular ha arremetido contra la supuesta filtración de esta decisión y ha anunciado que pedirá al CGPJ que se investigue la filtración, pero en realidad era algo cantado y no había que ser un lince para ver los derroteros por los que seguiría la instrucción tras las declaraciones de los interventores negando la existencia de delitos y los archivos decretados en otros juzgados andaluces.

Las noticias surgen cuando el periodista las conoce y si ahora ha trascendido el archivo no hay que buscar explicaciones políticas o coincidencias electorales. En este caso, la información no favorece a la acusación popular al desinflar la instrucción. Lo que sorprende es que nunca hubo una reacción parecida en las filas populares cuando la anterior juez, Mercedes Alaya, hacía coincidir sus autos bomba con las campañas electorales o determinados hitos políticos.
Lo trascendental no es la filtración, sino la explicación que se les va a dar a esas 16 personas que estuvieron varios días en unos mugrientos calabozos tras ser detenidos por orden de la juez Mercedes Alaya.

De Llera retoma el camino

Jorge Muñoz | 1 de junio de 2016 a las 5:00

Emilio de Llera retoma el camino, aunque en este caso no es el que conduce a la ermita del Rocío. Varias semanas después de la reprobación parlamentaria por haber criticado duramente la independencia de los fiscales y de los jueces, el consejero de Justicia e Interior de la Junta ha vuelto al redil. En estas semanas que han pasado desde aquel 12 de mayo, De Llera ha intensificado sus encuentros, contactos y se ha fotografiado y mucho con jueces y fiscales. La senda a la que ha vuelto el consejero en estas semanas era la inevitable, sobre todo, porque la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ha vuelto a avalarle como titular de Justicia, y porque en el fondo De Llera siempre ha tenido buenas relaciones con jueces y fiscales. No debe olvidarse su condición de fiscal en excedencia y las décadas que ejerció la carrera fiscal, prácticamente toda su vida profesional, antes de dar el salto a la política, en el año 2012.

El Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, preside el pasado lunes junto al Presidente del TSJA, Lorenzo del Rio, la reunión de la comisión mixta Junta-TSJA

De Llera, en la comisión mixta con el TSJA.

El pasado lunes, el consejero asistió a la reunión de la Comisión Mixta de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que intervino además el presidente del Alto Tribunal andaluz, Lorenzo del Río. En esa reunión se acordó ampliar hasta 180 el número de funcionarios de refuerzo en los juzgados andaluces con más carga de trabajo.

No era la primera vez que De Llera y Del Río se veían las caras tras la reprobación parlamentaria, puesto que el 19 de mayo ya se habían encontrado en el Parlamento andaluz durante la Comisión de Justicia en la que el presidente del TSJA presentó la memoria de funcionamiento de los tribunales andaluces correspondiente a 2015.

 

El 23 de mayo, De Llera mantuvo una reunión con  el magistrado Antonio Moreno Andrade, representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Andalucia Occidental y Ceuta y Melilla y presidente de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA,  y también con el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez García, quien recientemente no quiso pronunciarse sobre las palabras del consejero y se limitó a recordar el comunicado conjunto emitido por las cuatro asociaciones profesionales de jueces -APM, JpD, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, quienes habían reclamado la cabeza del consejero por sus declaraciones.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

De Llera, con Moreno Andrade y Damián Álvarez, el pasado 23 de mayo en la sede de la Consejería de Justicia.

Ese mismo 23 de mayo, De Llera estuvo en los actos del Día de la Provincia de Sevilla, donde coincidió con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el viernes 27 asistió a otro evento donde estuvo el presidente de la Audiencia de Córdoba, Francisco Sánchez Zamorano.

Seguro que más de uno de los jueces con los que se ha reunido este tiempo le han comentado algo sobre sus desafortunadas afirmaciones en una entrevista en una cadena regional, donde De Llera afirmó que “los jueces hoy actúan como si fueran reyes de Taifas y los fiscales no son independientes porque reciben instrucciones de sus superiores jerárquicos y pueden ser de una manera u otra dependiendo de su color político. Los jueces son independientes, pero son tan independientes y tan irresponsables que hacen lo que les da la gana y eso es muy peligroso. Hitler era independiente y miren la que montó“, aseveró en esa entrevista.

De Llera, que es una persona muy inteligente, seguro que ha recapacitado sobre esa lamentable comparación. De hecho, al día siguiente no dudó en pedir perdón por sus palabras pero no evitó la escalada de críticas que acabó con su reprobación parlamentaria. Se trata de la primera vez que el Parlamento  andaluz reprobaba a un consejero.

Pero en el fondo, y aunque pueda parecer sorprendente, el sentido de las manifestaciones del consejero es compartido por otros destacados penalistas, como el abogado Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal y presidente de la Unión Española de Abogados Penalistas, quien en un artículo de opinión sobre la Justicia Penal española llegó a conclusiones similares. El letrado destacaba el papel del juez de instrucción “el hombre más poderoso en Francia en palabras de Napoleón, que creó la figura”, que deber ser investigador y acusador. Moreno Catena decía que en cuanto juez es “independiente”, de modo que en su función investigadora no puede recibir instrucciones de nadie, y “eso convierte al juzgado de Instrucción en un reino de Taifa, que se guía por los designios, acertados o erróneos, de su titular; con el problema añadido de que sus decisiones no se pueden corregir de modo inmediato, porque cuando el recurso de apelación lo resuelve la Audiencia seguramente se ha dañado irremisiblemente el derecho del ciudadano”.

El letrado concluía diciendo que si no contamos con jueces independientes “todo el sistema judicial está en riesgo porque le faltaría su pilar fundamental; y si además  los jueces no se dedican solamente a hacer aquello que sólo pueden hacer ellos, estaremos socavando irremisiblemente las bases del estado de derecho y de la democracia. Cuidado”, alertaba.

A De Llera le ha durado poco su travesía en el desierto de la reprobación parlamentaria, y ahora, menos de un mes después, vuelve a caminar por los caminos de la Justicia. Su peregrinación no ha sido tan dura como parecía en un principio…

El marketing policial

Jorge Muñoz | 17 de abril de 2016 a las 7:00

El alcalde de granada José Torres Hurtado es detenido

Pura espectacularidad. Hace tiempo que las unidades de élite policiales –ya sea la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil– se han apuntado al circo mediático. No basta con desplegar un importante operativo policial con numerosas detenciones, sino que hay que hacerlo con la mayor visibilidad posible, con grandes despliegues de medios y policías con los chalecos con los distintivos de su unidad. En ocasiones, estas operaciones se han hecho coincidir incluso con periodos electorales, lo que garantiza un plus de espectacularidad. La detención esta semana del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, parece un nuevo episodio de este marketing policial que, por lo menos, no distingue el signo político de los arrestados, ya que hay operaciones que han afectado a personas vinculadas a los dos partidos tradicionales.

Lo que sí ha llamado la atención de la detención del que en su día fue durante muchos años delegado del Gobierno en Andalucía, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ha sido la rápida reacción de la Fiscalía General del Estado, que no ha dudado en desmarcarse abiertamente desde el primer minuto de este arresto, al estimar que el estado actual de las investigaciones “no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales”, según el comunicado que difundió la Fiscalía el pasado jueves.

El Ministerio Público descargaba toda la responsabilidad de la detención de Torres Hurtado en la UDEF y aseguraba que las detenciones del regidor y de los otros implicados se practicaron “a iniciativa de la fuerza policial”, y añadía que las mismas no fueron ordenadas por la autoridad judicial, aunque sí “comunicadas previamente” al juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El comunicado de la Fiscalía ha provocado un evidente malestar en la Policía Nacional, que alega que el juzgado tenía conocimiento de la operación e incluso dictó los correspondientes autos de entrada y registro en 28 domicilios.
Pero una cosa es que la Policía informe al juez de la operación y solicite, como no podía ser de otra forma, la autorización judicial para la práctica de esos registros, y otra es que la juez haya ordenado la detención de las personas sobre la que se centra la actuación policial. ¿Realmente era necesaria la detención de Torres Hurtado en este momento de la investigación? ¿Había riesgo de fuga? ¿De destrucción de documentación relevante para la causa?
La polémica sobre las detenciones en importantes operaciones policiales no es nueva. Con anterioridad se han producido casos similares en las macrocausas de los ERE fraudulentos y la de los cursos de formación, cuando ambas investigaciones eran dirigidas por la mediática juez Alaya.
Dicen que Mercedes Alaya no era partidaria de llevar a cabo la denominada operación Barrado que, en marzo de 2015, ejecutó la Unidad Central Operativa (UCO) tan sólo dos días después de las elecciones autonómicas del 22-M y que se saldó con la detención de 16 personas, entre ellas los ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Ese operativo policial llegó después del que había realizado la UDEF durante la campaña electoral, también en relación con el fraude de los cursos de formación, y en plena pelea de ambas unidades policiales por la investigación de este fraude.
La UCO detuvo entonces a 16 personas, entre ellas los ex delegados del SAE en las ocho provincias, y todas fueron puestas en libertad por Alaya, que los acuso de haber participado en un sistema concertado que tenía como objeto el “clientelismo político”.
Un año después de esa operación están declarando como testigos ante la juez María Núñez Bolaños los interventores provinciales, cuyo testimonio –descartando la presencia de delitos– ha hecho que la Fiscalía les recuerde la gravedad que en su momento se atribuyó a estos hechos y las “detenciones” llevadas a cabo. Veremos a ver en qué queda finalmente esa macrorredada, que puede estar incluso abocada al archivo a pesar de tanta espectacularidad.
De forma paralela a las detenciones está la pugna entre la UDEF y la UCO, que también se puso de manifiesto con la detención del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda, que se ha querellado y ha logrado que se impute por falsedad al inspector jefe de la UDEF que lo detuvo el 4 de agosto de 2014.

 

VISTO PARA SENTENCIA

La justicia está realmente enferma

*Loable es la decisión la del juzgado de lo Social número 9 de Sevilla de adelantar nada más y nada menos que 14 meses el juicio a un hombre enfermo de cáncer y cuyo pleito con la Seguridad Social había sido fijado para enero de 2018, más de dos años después de que se planteara la demanda. Lo lamentable de esta historia es que un ciudadano tenga que acreditar que padece una grave enfermedad para que la Justicia reaccione y, aprovechando que otro ciudadano ha desistido de su reclamación, anticipe 14 meses el juicio, con lo que de enero de 2018 la vista oral pasa a celebrarse en octubre de este año, dentro de seis meses. La Justicia también está enferma. Su cáncer es la lentitud de los procedimientos, algo achacable principalmente a la falta de inversiones y de medios con los que las administraciones dotan al Poder Judicial.

lorenzo del río

 

El TSJA que preside Lorenzo del Río, preocupado por la situación de los juzgados de lo Social de Sevilla –que en algunos casos están ya fijando juicios para dentro de tres años–, promovió en noviembre pasado un plan de choque para estos órganos judiciales que contempla el refuerzo de cinco jueces que actuarían de forma colegiada. Sin embargo, cinco meses después el ambicioso plan está a la espera de su aprobación por parte del máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ. La aprobación depende de que la Consejería de Justicia e Interior de la Junta envíe más funcionarios para tramitar las sentencias y resoluciones que puedan dictar estos jueces de refuerzo. Sin funcionarios, de nada sirve que haya cinco jueces poniendo sentencias a destajo si éstas se quedan en una mesa a la espera de que un funcionario las tramite. Las cosas de Palacio van despacio, también en la Justicia.

Cumbre por las macrocausas

Jorge Muñoz | 26 de noviembre de 2015 a las 6:00

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La juez María Núñez Bolaños, en los juzgados de Sevilla.

La salida de Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas fue la solución más sensata y acertada para zanjar el conflicto planteado con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, sobre el control de las distintas macrocausas. Pero tras esa solución, ampliamente meditada y pactada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), han surgido las primeras diferencias importantes entre la Fiscalía Anticorrupción y la nueva instructora, a la que el Ministerio Público ha recurrido varias decisiones trascendentales para la marcha de la investigación de los ERE fraudulentos.

En las últimas semanas, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se reunió en varias ocasiones con la juez María Núñez Bolaños –incluso hay una fotografía que publicó este periódico de ambas conversando frente a un café–, quien también se había reunido con anterioridad con los fiscales delegados de Anticorrupción, lo que suponía un auténtico cambio con respecto a las nulas relaciones que estos fiscales mantenían con la juez Mercedes Alaya, con la que era notorio que se comunicaban básica o exclusivamente a través de los escritos oficiales.
Para evitar que la situación pueda reproducirse con la nueva magistrada, el TSJA está poniendo toda la carne en el asador. El presidente del Alto Tribunal, Lorenzo del Río, que ayer se trasladó a Sevilla para asistir al homenaje de la judicatura al juez Víctor NietoMatas –que ha recibido la cruz de primera clase de San Raimundo de Peñafort–, aprovechó su visita a la capital hispalense para mantener un importante encuentro con la Fiscalía. Una auténtica cumbre por las macrocausas.
En el despacho de la fiscal jefe, María José Segarra, se reunieron por espacio de más de media hora la propia fiscal jefe con el presidente del TSJA y dos de los tres fiscales delegados de Anticorrupción –Juan Enrique Egocheaga y Fernando Soto–.
Al término del encuentro, Lorenzo del Río no quiso pronunciarse sobre la reunión, pero hay quien asegura que el presidente está muy preocupado por la situación generada por estos primeros encontronazos entre el Ministerio Público y la nueva responsable de la instrucción de las macrocausas.

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La preocupación de Lorenzo del Río es, hasta cierto punto, comprensible. Después del culebrón que los órganos del Poder Judicial mantuvieron en los últimos meses en relación al reparto entre Bolaños y Alaya de las distintas macrocausas, lo que menos necesita el juzgado y la propia marcha de las investigaciones es que puedan repetirse las diferencias entre la Fiscalía y la magistrada que dirige la investigación. Lorenzo del Río pretende que, dentro del respeto mutuo que la Fiscalía y la instructora deben guardar a la labor de cada uno, se mantenga abierta una vía de diálogo y de colaboración estrecha, como no podía ser de otra forma en circunstancias normales. Que los errores del pasado no vuelvan a reproducirse. ¿Qué imagen volvería a dar la Justicia en ese caso?
En los últimos años, en la etapa de Alaya, la Fiscalía Anticorrupción recurrió numerosas decisiones de la juez, que sufrió algunos importantes varapalos por parte de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma en la que Alaya está ahora integrada como una de sus cinco magistrados.
Los fiscales Anticorrupción ya han recurrido varias decisiones de la juez Bolaños relacionadas con la división de los ERE, algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo –salvo Alaya y las defensas de los principales imputados–. En el último recurso, la Fiscalía no se opone a la propuesta de división inicial en seis piezas separadas pero sí a la decisión de Bolaños de esperar a que haya sentencia de la Audiencia para resolver sobre otras piezas que se irán creando.

La reelección del magistrado 123

Jorge Muñoz | 1 de noviembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río se ganó su reelección al frente del TSJAcon la solución final dada al caso Alaya, al proponer al CGPJ la expulsión de esta magistrada de la investigación de las macrocausas por sus críticas y su “falta de voluntad” para colaborar con la nueva titular del juzgado. Lorenzo del Río ocupa el puesto 123 en el escalafón general de la carrera judicial –cerrado a 31 de enero de 2013– y que está integrada por 5.171 jueces. El magistrado, que ingresó en la judicatura en 1980, ha anunciado recientemente que aspirará al nuevo mandato en la presidencia del TSJA, a la que llegó en el año 2010 tras haber presidido durante doce años la Audiencia Provincial de Cádiz.
Su reelección está garantizada tras la gestión del caso Alaya, si bien es cierto que tradicionalmente en el Consejo General del Poder Judicial es una práctica casi automática una segunda renovación del mandato al frente de los tribunales superiores de Justicia. De hecho, la única excepción que se ha producido a esta norma no escrita en los últimos años se produjo con la que fuera presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, María Eugenia Alegret, que únicamente estuvo un mandado al frente de este órgano, siendo sustituida por Miguel Ángel Gimeno, que ahora opta al segundo mandato. En el resto de los casos, siempre se ha impuesto la renovación de los presidentes.
En cualquier caso, Del Río facilitó a Carlos Lesmes la salida de Mercedes Alaya de las macrocausas, un asunto que, de haberse mantenido la postura inicial de dejar a esta juez con los ERE, podría haberle causado más de un quebradero de cabeza, porque la juez María Núñez Bolaños no estaba dispuesta a ceder ni un ápice en sus prerrogativas como titular del juzgado para asumir la dirección de la investigación de las macrocausas. Hay quien apunta incluso a que María Núñez Bolaños hubiese estado dispuesta, llegado el caso, a recurrir en la vía jurisdiccional una posible imposición de Alaya en alguna de las macrocausas.
Pero al final no hizo falta medidas tan drásticas. Después de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Consejo General del Poder Judicial marearan durante semanas la cuestión sobre la continuidad de Mercedes Alaya –que había pedido continuar la instrucción de todas las macrocausas sin tener en cuenta que la juez María Núñez Bolaños es la nueva responsable de estas investigaciones–, Lorenzo del Río logró convencer a la comisión de la Sala de Gobierno de la necesidad de pasar página y dejar fuera a Alaya. La salida de la juez no era fácil. La Comisión está integrada por siete magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que anteriormente ya se habían posicionado a favor de la anterior titular del juzgado, a la que confiaron la instrucción de los ERE y del delito societario de Mercasevilla antes de que María Núñez Bolaños decidiera dividir la macrocausa en tres grandes bloques de piezas separadas.
La ambición de Alaya por mantener a toda costa la instrucción de las tres macrocausas –además de los ERE siguen en investigación la causa abierta por las irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos y el sumario de los préstamos y avales de la agencia Idea– fueron determinantes para que el TSJA decidiera apartarla de estas investigaciones y revocara su acuerdo inicial. La Comisión del TSJApropuso la supresión de la comisión de servicio concedía en su momento a Alaya –que tenía incluso un despacho preparado para su llegada en la tercera planta del edificio del Prado– para evitar “un escenario en el que surjan situaciones de conflictos” entre Bolaños y Alaya, una vez que se constató que esta última, en el escrito que remitió al propio CGPJ criticando con dureza a la nueva titular, “ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia”.
Lorenzo del Río fue tremendamente paciente con Alaya, incluso cuando ésta se quitó de encima a la juez de refuerzo Ana Rosa Curra –en un caso parecido a lo que le ha sucedido ahora a Alaya– y sobre todo cuando le prometió, en mayo de 2013 tras su baja por enfermedad, que cerraría una de las macrocausas antes de que acabara ese verano. Algo que, evidentemente, no se produjo, porque Alaya sólo ha cerrado tres causas en siete años y ha dejado abiertas otras tres macrocausas al marcharse voluntariamente a la Audiencia de Sevilla.

La soledad del presidente

Jorge Muñoz | 26 de septiembre de 2015 a las 6:00

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, atiende a los medios junto al presidente del TSJA, Lorenzo del R’o, antes de intervenir en el Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc’a (TSJA) para hacer balance de la gesti—n realizada por su departamento y avanzar los proyectos que se impulsar‡n en 2015.Lorenzo del Río está solo en el caso Alaya. El presidente del TSJA, que pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, no ha logrado sacar a delante su planteamiento respecto a que la juez Mercedes Alaya no está en condiciones de “colaborar” con la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, después de las durísimas críticas que Alaya realizó sobre ésta, a la que reprochó su supuesta falta de preparación y la “estrecha amistad” con el consejero andaluz de Justicia, Emilio de Llera, al que Alaya no dudó en calificar como un “notorio detractor” de su labor.
Del Río tiene en frente una Comisión de la Sala de Gobierno formada por seis magistrados que pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera– y quienes no están dispuestos a apartar por completo a Mercedes Alaya de las macrocausas, al menos de la investigación de los ERE.

Esta macrocausa, que aparecía aletargada en los últimos meses, ha recobrado esta semana toda su intensidad con la renuncia del ex diputado socialista José Antonio Viera a su acta, lo que implica que la causa que instruyó el Supremo y en la que están imputados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán volverá inexorablemente al juzgado de Sevilla. María Núñez o Mercedes Alaya, sea cual sea la decisión final que proponga el TSJAy santifique el CGPJ, tendrán que volver a citar a los ex presidentes, que harán el paseillo por el que han desfilado más de 200 imputados, entre ellos altos cargos, políticos y empresarios.
Del Río está acorralado ante una Sala partidaria de que Alaya siga–la consideran la más preparada para acabar los ERE– y su única salida puede ser, llegado el caso, emitir un voto particular. Pero ese voto no cambia, evidentemente, el dictamen de la Sala de Gobierno, que es lo que tiene que valorar el Consejo, que en este caso ha preferido que la papeleta se la resuelva el tribunal andaluz.

El laberinto del caso Alaya

Jorge Muñoz | 13 de septiembre de 2015 a las 6:00

alaya-bolañosLo que parecía un destino provisional en la Audiencia de Sevilla para sólo unos días, o como mucho para varias semanas, se antoja cada vez más definitivo para la juez Mercedes Alaya. Su intención de seguir a toda costa con la instrucción de la totalidad de las macrocausas y el hecho de que no haya dudado lo más mínimo en lanzar severas y aparentemente injustificadas críticas contra su sustituta, la juez María Núñez Bolaños, y contra el magistrado Álvaro Martín, que en los últimos años ha asumido en silencio la tramitación de los asuntos ordinarios del juzgado número 6 mientras Alaya se dedicaba en exclusiva a investigar los grandes procesos –los mismos que le han permitido acaparar los grandes titulares y la han convertido en una juez mediática–, parece que han acabado por apartarla cada vez más de esas investigaciones a las que tanto empeño y esfuerzo ha dedicado en el último lustro.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Carlos Lesmes, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Lorenzo del Río están envueltos desde junio pasado en un peligroso juego del tiki-taka en el que nadie se atreve –o quizás no le dejan– ponerle el cascabel al gato. Esta misma semana el máximo órgano de gobierno de los jueces volvió a pasar la pelota al tejado de Lorenzo del Río, al solicitar un nuevo informe a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz sobre el plan de trabajo que dicha Sala aprobó en junio pasado para el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se acordó dejar en manos de Alaya la instrucción del caso de los ERE fraudulentos y la investigación del delito societario de Mercasevilla, mientras que la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, se encargaría del resto de las macrocausas, incluidas la de los cursos de formación y la de los préstamos y avales concedidos por la agencia Idea.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río.

Según fuentes del CGPJ, la solicitud de este nuevo informe viene motivada porque la juez Bolaños ha decidido, con posterioridad al acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA, dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques de piezas separadas, una petición que todo el mundo reclamada desde hace tiempo: lo habían solicitado la Fiscalía Anticorrupción, el TSJAy el propioTribunal Supremo, que también preside Lesmes. Pero no nos equivoquemos, lo que está ocurriendo con la falta de resolución en este caso no se trata exclusivamente de un problema de burocracia judicial, porque encierra una serie de tensiones jurídico-políticas mucho más complejas.
Aquí nadie quiere pasar a la historia como el órgano que apartó a la juez Alaya, que sigue gozando de un merecido prestigio social, de la investigaciones que mantienen en jaque a un grupo de importantes dirigentes o ex dirigentes políticos y del mundo económico y social.
El último informe de la Sala de Gobierno del TSJA, que la Comisión Permanente del CGPJ lleva mareando desde hace meses sin adoptar una resolución, ponía el acento sobre el hecho de que después de las críticas de Alaya a Bolaños –a la que acusó de no estar preparada para asumir las investigaciones y de la que criticó su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, Emilio de Llera–, era imposible que existiera la “colaboración” que inexorablemente debe producirse entre una juez titular y otra a la que se ha concedido una comisión de servicio para, precisamente, tratar de agilizar y concluir algunas de las macrocausas que se mantienen abiertas desde hace años.
¿Y qué panorama se vislumbra ahora tras el nuevo informe solicitado por el CGPJ? Uno nada esperanzador, en el que, en el mejor de los casos, no habrá resolución para este laberinto hasta bien entrado el mes de octubre, es decir, más de tres meses después de que la juez Alaya se haya incorporado a su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, conocida popularmente en los ambientes jurídicos como el Kremlin y cuyos magistrados opusieron inicialmente reparos a la llegada de Alaya porque esta Sala tiene precisamente encomendada la resolución de todos los recursos derivados de la instrucción del caso de los ERE.

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

El presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes

Y la resolución de este laberinto puede retrasarse hasta bien entrado el otoño porque, en principio, la Sala de Gobierno del TSJA no abordará hasta su reunión del próximo 22 de septiembre la nueva petición del CGPJ y, a partir de ahí, las opciones vuelven a multiplicarse. Para empezar, el tribunal andaluz podría volver a plantear a la juez María Núñez Bolaños –que no debe olvidarse es la juez natural predeterminada por la ley para investigar todas las macrocausas dada su condición de titular del juzgado– que dé su opinión sobre cómo debe repartirse la investigación de la causa de los ERE tras la división de este sumario. Es decir, aunque el TSJAatribuyó a Alaya dicha investigación mientras el CGPJ ratificar la distribución del trabajo, la opinión de la titular del órgano debe tenerse en cuenta a la hora de decidir.
Supongo que Bolaños no va a entregar a Alaya, al menos sin plantear batalla, la pieza más golosa de los ERE, la del denominado procedimiento específico, en la que se incluyen, entre otros altos cargos, los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuya investigación debe volver al juzgado sevillano al haber perdido su condición de aforados.
Cuando el TSJAresuelva, su propuesta deberá ser ratificada por el CGPJ, pero tal y como se está dilatando el proceso, el puzle no se resolverá hasta bien entrado el mes de octubre. Se habrá perdido un tiempo inestimable en una ya de por sí interminable y monstruosa instrucción judicial.

Apertura del año judicial en Granada

Jorge Muñoz | 18 de septiembre de 2013 a las 7:27

Este es el discurso que ofreció anoche el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, con motivo del apertura del año judicial:

“Tras la apertura del año judicial, que tuvo lugar ayer en Madrid, celebramos hoy ese mismo evento en el ámbito de este Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y lo hacemos como normalmente se ha materializado, con un acto que nos permite el contacto y la relación con los diversos estamentos sociales, políticos, culturales y económicos. Los miembros y representantes del poder judicial en Andalucía debemos aprovechar las ocasiones, que no suelen ser muchas, para confraternizar con todas las instituciones que sirven a la ciudadanía, más aún, cuando vivimos momentos muy complicados (de serio deterioro institucional) y es necesario trasladar mensajes de unidad y compromiso conjunto. Saludo, pues, sinceramente a todos los representantes de diversos estamentos que nos acompañan y, en nombre de este Tribunal Superior, de su Sala de Gobierno y de cuantos formamos la Administración de Justicia en Andalucía, les agradezco sinceramente su presencia.

En años anteriores no les ocultaba mi preocupación por el estado en que se encuentra la justicia en nuestra Comunidad Autónoma y el escepticismo cuando sopeso las posibilidades futuras de mejora, máxime cuando esa inalterable realidad hace recaer sobre quien les habla, de forma permanente, la obligación de referir en todas mis intervenciones públicas siempre los mismos problemas y deficiencias o similares necesidades y prioridades, sin que se produzca avance perceptible en el objetivo de mejora y modernización de nuestra Administración de justicia.

Ahora bien, estamos al inicio de un nuevo año judicial y es legítimo interrogarnos si nos espera algo diferente o vamos a asistir a una simple repetición de lo ya vivido. Yo les propongo no caer en el escepticismo, planificar el futuro, proponer metas y ofrecer proyectos novedosos, desde los que responder a los grandes retos de la justicia, incluso con la actual crisis y el cansancio o carencia de futuro para muchos. De ahí depende que el año judicial nuevo lo sea verdaderamente. Lo será si materializamos reformas que evolucionen significativamente nuestra justicia.

Se habla durante este semana de un nuevo tiempo en Andalucía, de una nueva política (new deal) para avanzar: avances sociales, políticos, éticos, por supuesto, pero también avances judiciales. Nelson Mandela nos recordaba que el mundo puede mejorar y está en nuestras manos, que el futuro es necesario construirlo y se llama esperanza.

lorenzo del ríoCon este horizonte de esperanza, se impone a continuación darles cuenta de las responsabilidades y los compromisos en el horizonte del año judicial 2013/2014. Mis palabras evidenciarán tres ideas básicas del actual contexto: en primer lugar, el proceso, apenas iniciado, de modernización de la justicia; en segundo lugar, la contribución del colectivo judicial para fortalecer la legitimidad y la eficacia del sistema de justicia, y, finalmente, la importancia del prestigio de la justicia entre los ciudadanos a los que sirve.

I
El proceso, apenas iniciado, de modernización de la justicia
Es cierto que se han acometido algunas reformas legales a nivel estatal, pero no abordan ni profundizan en los auténticos fallos estructurales, que se agravan año tras año. Así, la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, se ha centrado en la reforma del CGPJ, colocándonos en una situación de expectativa sobre la viabilidad del nuevo diseño de funcionamiento, su mayor legitimación de ejercicio, así como la influencia que pueda

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producir sobre el necesario prestigio de este órgano constitucional. Aunque sería empobrecedor agotar todo discurso sobre política judicial en cómo funciona el Consejo, o quien elige a sus miembros y cómo se eligen, debo destacar que el Consejo no es un órgano de autogobierno de los jueces, sino un órgano de gobierno del poder judicial, por lo que se ha perdido la oportunidad de conseguir su estabilidad institucional con el máximo respaldo parlamentario, así como reforzar sus competencias y concederle mayor capacidad de gestión y autonomía, única forma de conseguir que el poder judicial no sea un poder subordinado y meramente formal o nominal.

Otra reforma reciente, la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, aún nominada de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, se ha limitado al nuevo régimen de sustituciones de la Carrera Judicial implantado con el objetivo de elevar los niveles de profesionalización, originando por el momento un sobreesfuerzo de muchos jueces y magistrados que han cumplido, como no podía ser de otro modo, con la legalidad vigente, por lo que merece resaltar desde esta Presidencia el esfuerzo realizado en sustituciones, comisiones de servicio y prórrogas de jurisdicción que, por ahora, no tiene el merecido reconocimiento por parte del ejecutivo ni el desarrollo normativo que dicha ley establece acerca de la compensación económica procedente.

La tercera reforma sigue rodeada de una viva polémica, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, rectificada a través del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, polémica que afecta no sólo a la conveniencia de su imposición en el contexto de una justicia sostenible, sino también a su adecuación constitucional ante el posible quebranto del principio de proporcionalidad por alguna de las cuantías fijadas.

Y, en fin, a nivel andaluz, sólo contamos con el proyecto de Decreto de la Oficina Judicial y Fiscal, anunciado en sucesivas anualidades y actualmente en fase de informes y propuestas por parte de los sectores implicados, por lo que esperamos que, finalmente, 2014 sea un año clave y fructífero al respecto.

Así, pues, las perspectivas para el año judicial que ahora comenzamos no parecen ser halagüeñas ni más esperanzadoras que en años anteriores y permanece incólume la falta de reformas estructurales de carácter más global, explicitadas desde hace años. Seguimos, en definitiva, con los mismos déficits y necesidades de otros años anteriores, aunque con la particularidad de venir acompañado el actual de un torrente de reformas, nuevamente anunciadas, cuyo alcance y articulación final abre múltiples incógnitas. Por esta razón, resultaría poco prudente valorar lo que hasta ahora conocemos de ellas, caracterizado por la provisionalidad, al tratarse en su mayoría de simples borradores o propuestas.

Lo lamentable es que el tiempo nos sigue ganando la partida y se erige en uno de los principales problemas en materia de justicia, tal y como ponen de manifiesto los distintos sondeos de opinión. Esta realidad, no sólo percepción ciudadana, conlleva pérdida del poder disuasorio de la justicia y que se resienta la confianza de la sociedad hacia uno de sus pilares básicos. Se dice, con razón, que “las dilaciones indebidas suponen un empobrecimiento democrático incuestionable” (y revelan que los poderes públicos siguen sin ofrecer, por el momento, una solución definitiva y sostenida en el tiempo).

En este sentido, como recoge la memoria TSJA, entiendo primordial afrontar de forma decidida un auténtico cambio estructural de nuestro modelo o sistema judicial y que sepamos, a ciencia cierta, responder durante 2014 a varios interrogantes: 1o cómo se va a

configurar la oficina judicial y la función jurisdiccional en ese contexto organizativo, entendiendo que este proceso de cambio no puede derivar en el naufragio de la potestad jurisdiccional, 2o cuál será la planta judicial y el modelo de organización territorial de los Juzgados, así como esas estructuras organizativas de carácter colegiado que permitan una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, equilibrio de cargas de trabajo, con niveles de especialización y unificación más adecuados, 3o qué ámbito de desjudicialización de asuntos se proyecta, y 4o hacia donde camina el nuevo proceso penal y cómo conseguimos rentabilizar ingentes recursos que actualmente absorben el 77% del trabajo de nuestros Juzgados, sin que exista recíproca sensación de utilidad y servicio al interés general.

De otro lado, la organización jurisdiccional y la disponibilidad de medios públicos continúa sin estar a la altura de otras muchas Administraciones, por lo que se resiente la calidad de la prestación final de tutela (su efectividad, su tiempo de respuesta y, a menudo, la atención recibida). El problema de la justicia es de eficacia y de organización, lo que exige plantearnos en serio de qué medios dispone y cómo gestionarlos mejor. Tenemos un modelo público vinculado a la rigidez funcionarial y exceso de burocratización, sin flexibilidad para hacer reformas, que condiciona los cambios necesarios para ganar en eficacia y sostenibilidad. La realidad es tozuda y exige buscar soluciones no sólo cuantitativas, implementalistas. Hay que dejar de hacer cosas que no añaden valor.

En este contexto, hartamente conocido, se habla hace unos días de un vuelco a la justicia en seis meses y de un aluvión de reformas (LECivil, LOPJ, jurisdicción voluntaria, Código penal, LECriminal, nuevo mapa judicial, etc.). Sin embargo, nos recuerda un filósofo: “no lo intentes, no lo pregones; hazlo o no lo hagas; materializa las reformas o no lo digas cansinamente, porque mentir no es problema, lo malo llega cuando ya nadie cree ningún mensaje”. Y, en nuestro caso, legislatura tras legislatura, año tras año, quedan en el olvido las necesidades judiciales, los proyectos de cambio se frustran y los problemas se enquistan. Es imprescindible poner fin a esa dinámica. Es necesario un impulso político de alto nivel, con diálogo y alto consenso parlamentario, donde imperen los espacios solución, sin una mirada particular. La justicia no puede esperar y los jueces debemos decirlo y transmitir nuestra inquietud como titulares de un poder del Estado y ejercientes de una función pública esencial para la ciudadanía.

Esta última consideración me da pie a concluir este primer apartado con una Recomendación del Consejo de Justicia de la Unión Europea, de fecha 8 de marzo, que recuerda a los Estados miembros que una Administración de justicia independiente, de alta calidad y eficacia, resulta un instrumento imprescindible para facilitar la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. Por tanto, la necesidad de reforma y modernización de la misma debe situarse como una prioridad tanto de la estrategia de recuperación de la confianza en el Estado de Derecho como de la estrategia económica para la salida de la crisis.

II
Crisis de eficacia o funcionamiento, no de legitimidad
Mi segunda reflexión, dentro de este recorrido o radiografía de la justicia, me lleva a

referir que, pese a la situación de crisis de eficacia, de defectuoso funcionamiento, en que se encuentra nuestra justicia, procuramos reafirmar nuestra credibilidad institucional y evitar la crisis o pérdida de legitimidad del poder judicial. Así, lo demuestra el constante recurso a la jurisdicción.

La sociedad confía mayoritariamente en el compromiso de los jueces, en su responsabilidad social para encontrar, dentro de la legalidad, soluciones a problemas especialmente sensibles en estos tiempos difíciles, así como dar respuesta legal a ejemplos poco edificantes de comportamiento. Los jueces caminan impulsados por su compromiso constitucional y su deseo de servir a la sociedad. Pueden existir excepciones, como en todas las profesiones, pero la mayoría responde a un arquetipo de jueces honestos, hombres y mujeres que buscan por encima de todo la verdad y la justicia, a menudo incomprendidos y criticados, que en soledad actúan con integridad y recta conciencia. Ello merece el elogio de su trabajo, de su lucha por ser un instrumento de paz y de reparación de la injusticia.

Y así debemos seguir. La judicatura no puede malbaratar lo que representa, ser una pieza clave de nuestra estructura democrática. La afirmación contenida en el art. 117.1 de nuestra Constitución, “la justicia emana del pueblo”, contiene un mandato implícito de suma importancia: la justicia sirve y es debida a los ciudadanos, a las personas que conforman nuestra sociedad y que precisan de ella para la tutela y garantía de sus derechos y la solución de sus problemas conforme establezcan las leyes. Los Jueces y Magistrados nos debemos, por tanto, a las personas; a ellas y ante ellas debemos responder día a día en el ejercicio de nuestra función, asumiendo la responsabilidad en la reconstrucción del valor constitucional de la justicia que prepare un futuro en el que el imperio de la ley y del Derecho siga siendo el eje vertebrador de nuestro sistema democrático de convivencia. No podemos olvidar que nuestra prioridad es la atención al ciudadano. Si olvidamos esa prioridad nos convertimos en cómplices del descrédito social de nuestra función.

Es cierto que el actual contexto no lo pone fácil, que la sobrecarga de trabajo dificulta la consecución de la excelencia en el ejercicio de nuestra función, pero ello no debe conllevar que el desánimo, la indiferencia, o la apatía imperen en nuestros Juzgados y Tribunales. Somos profesionales, debemos prestar un servicio a la sociedad de la que formamos parte y hemos de hacerlo con toda la dedicación y eficacia que resultan exigibles.

Y así lo venimos haciendo hasta ahora en Andalucía, donde seguimos con un nivel de ingresos de asuntos cercano a los dos millones, la tasa de ingreso más elevada a nivel nacional, de forma que los jueces andaluces soportan la mayor carga de trabajo de España, con un promedio individual de más de 2.000 asuntos al año. Pese a ello, el colectivo judicial sigue mostrando un elevado grado de compromiso y responsabilidad, si bien la comentada sobrecarga de trabajo dificulta, cuando no impide seriamente, la labor tuitiva y de control. Por ello, precisamente, no es posible silenciar el descontento, la sensación de desamparo, el agobio que provoca la sobrecarga de trabajo y la preocupación por la falta de impulso político y ausencia de mejoras y cambios organizativos. Priorizar al ciudadano en nuestra atención requiere la cooperación de los responsables políticos, no sólo porque son ellos los encargados de poner solución a las deficiencias estructurales que nos atenazan, sino también porque vienen ocupando buena parte de nuestro tiempo, convirtiéndonos cada vez más en protagonistas involuntarios dentro del escenario social y político.

Varios analistas comentaban hace escasos días la proliferación de procesos de especial relevancia, con ejemplos poco edificantes de comportamiento público, lo que implica que el quehacer diario de los jueces se convierte en un permanente escaparate: “hay demasiados jueces de instrucción en los telediarios, síntoma alarmante que proyecta una imagen negativa y denota que algo falla en el funcionamiento de nuestras instituciones. Una sociedad no puede trasladar de forma sistemática la gestión de sus problemas a los jueces,

porque revela que esa sociedad y quienes la administran no han sabido estar a la altura de sus desafíos y que vive más pendiente del pasado que de elaborar estrategias conjuntas y plantear ideas de verdadero futuro”.

III
En situaciones como ésta, creo oportuno enfatizar la importancia del prestigio de

la justicia entre los ciudadanos a los que sirve, tercera y última reflexión, ya que se percibe en la opinión pública una suerte de perplejidad y contradicción sobre la que habríamos de reflexionar entre todos.

Por un lado, la sociedad es consciente de la importancia de contar con jueces independientes, imparciales, sólidamente formados, rigurosamente sometidos al principio de legalidad. Para la sociedad la calidad de su justicia es importante y entiendo que los ciudadanos siguen confiando en que la mayoría de los jueces desempeñan su trabajo día a día, en mejores o peores condiciones, sin más estímulo que su compromiso y exigencia constitucional de independencia y responsabilidad. Para la generalidad de los ciudadanos, en definitiva, sigue siendo importante lo que decide un juez, seguramente porque asume que la decisión judicial está avalada por una garantía importante: es el resultado de un proceso en el que ha existido igualdad de armas en todas las partes.

Pero esta impresión convive con otra de signo muy diverso, que se refleja en las encuestas: el descrédito de la justicia. Ya sea por la trascendencia mediática de ciertas resoluciones extrañas, llamativas o simplemente mal entendidas; ya sea por la impresión de politización de la cúpula de gobierno judicial; ya sea por experiencias negativas en su contacto con procesos judiciales; o también, por qué no decirlo, por el inadecuado tratamiento que, con demasiada frecuencia, se da en los medios de comunicación a los asuntos que tienen que ver con la justicia, lo cierto es que parte de la ciudadanía está cayendo en la desazón de no confiar “ni siquiera” en los jueces. Y esto es particularmente grave, porque una sociedad que no confía en sus jueces termina no creyendo en el conjunto del sistema.

Ante esta creciente amenaza, permítanme que exprese mi convicción de que no cabe minimizar el problema o echar la culpa a otros. La respuesta a esta realidad, a este desencuentro entre sociedad y justicia, ha de ser un constante ejercicio de autocrítica. Cada cual en su lugar.

Los profesionales de la justicia podemos elevar quejas o reclamaciones a otros poderes solicitando mejores leyes, más medios o mejor organización y condiciones de trabajo, pero, sobre todo, debemos recordar día a día la enorme responsabilidad de la que somos depositarios, para hacernos continuamente dignos de ella. Son tareas para cada uno de nosotros estudiar, trabajar, cuidar de nuestra propia independencia personal, introducirnos en cada proceso con el máximo respeto a las partes y sus representantes, y no sólo no favorecer, sino eludir en lo posible la tentación del protagonismo público.

Los políticos y gobernantes tienen recursos limitados, pero deben comprender que la justicia no es un lujo ni un capricho, sino una de las principales necesidades de un Estado Democrático de Derecho. Y, precisamente, uno de sus pilares fundamentales es la independencia judicial, cuyo respeto debe ser escrupuloso y ha de estar especialmente potenciado desde la acción política, huyendo de críticas que no obedezcan a razones meramente jurídicas.

Y los profesionales de los medios de comunicación deben analizar, opinar e informar sobre los asuntos judiciales, porque son de interés público, pero también deben ser

conscientes de su gran influencia en la sociedad y en la opinión pública. Por eso, de manera clara y expresa, hay que reclamarles que no traten la información judicial como mercancía o como objeto para competir en audiencias, que no banalicen con sensacionalismos o juicios paralelos y sumarísimos los casos de los que han de informar, y que no alimenten, cada vez que se dicta una resolución de la que legítimamente discrepan, la percepción de que los jueces resuelven al dictado de intereses o de ideologías. Para ello, este Tribunal Superior les ofrece la colaboración de un Gabinete de Prensa que se dedica, día a día, a proporcionar información fiable y bien orientada sobre lo que sucede en los tribunales.

Si cada uno, desde su posición, parte de estas premisas, la justicia como valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico ganará muchos enteros.

Voy terminando. Y quiero hacerlo en sentido optimista. Necesitamos mejoras y necesitamos mejorar. Este nuevo año judicial abre ante nosotros nuevas perspectivas que permiten vislumbrar un futuro más definido, menos incierto. No debemos perder la esperanza de que pueda ser mejor.

Citando una frase célebre, les recuerdo que la mayor forma de inteligencia social es, sin duda, la inteligencia cooperativa. Inteligencia cooperativa que deben derrochar los responsables políticos para cerrar, de una vez por todas, con el mayor consenso, receptividad y sensibilidad, el proceso inacabado de modernización de la justicia.

Inteligencia cooperativa que deben derrochar en nuestra Comunidad Autónoma los jueces, fiscales, secretarios, funcionarios y cuantos coadyuvan al servicio de la Administración de Justicia, tanto para rentabilizar al máximo los actuales medios como para asumir esa una nueva organización a la que el legislador ha llamado “nueva oficina judicial”, teniendo siempre como objetivos la eficacia, la calidad y la mejor atención ciudadana.

Y, en fin, inteligencia para sentirnos orgullosos de resolver día a día los conflictos que acceden a la jurisdicción y dar solución a los problemas de nuestros conciudadanos con una actitud de jueces que actúan con independencia e imparcialidad, que así sea visualizada por la sociedad, con criterios siempre de racionalidad jurídica. Eso refuerza nuestra legitimación y en esa línea debemos avanzar, de modo que sea nuestra contribución al bienestar de la sociedad.

Con el doble deseo de que mantengamos ese compromiso en este año judicial que ahora iniciamos, así como su colaboración para poder ofrecer la mejor justicia posible a la sociedad andaluza, les invito a disfrutar de este acto y de este encuentro, no sin antes recordar con gratitud y reconocimiento a todos aquellos que, por jubilación u otras causas, han dejado de prestar sus servicios, de manera especial a D. Antonio Angulo Martín, Presidente que fuera de la Sala Social y de este mismo Tribunal Superior, persona de unas cualidades humanas y profesionales dignas de elogio y referencia para todos nosotros.

Muchas gracias”