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Las macrocausas piden pista

Jorge Muñoz | 16 de julio de 2017 a las 2:00

 

Rosell

Rosell

Seguro que alguna vez le ha pasado. Están embarcados en un avión en un aeropuerto importante, como el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y el comandante de la aeronave les informa que tienen autorización para el despegue pero que por delante hay una cola de cuatro, seis u ocho aviones, con lo que todavía el despegue se retrasará durante unos minutos que se hacen interminables en esos cada vez más reducidos habitáculos que se reserva para el pasaje. Pues algo similar está ocurriendo con la tramitación de las macrocausas en la Audiencia de Sevilla. Hace unos años, el tapón de estas macroinvestigaciones estaba, por seguir con el símil aeronáutico, en los hangares, en los juzgados de Instrucción que investigaban casos como los ERE fraudulentos o las irregularidades de Invercaria.

Pero esas investigaciones, afortunadamente, van llegando a su final, y jueces como María Núñez Bolaños o Juan Gutiérrez Casillas –que dirigen estos procedimientos, son como los controladores aéreos aunque su despacho no está en la torre del aeródromo–, están dictando los correspondientes autos de procesamiento y de apertura de juicio oral en cada una de las distintas piezas en las que se han dividido las macrocausas de los ERE y de las ayudas y préstamos de Invercaria. De los ERE hay un casi un centenar de piezas de investigación y una treintena en el caso de la sociedad andaluza de capital riesgo.
Se trata, nada más y nada menos, de 130 juicios que amenazan con colapsar en los próximos meses las cuatro Secciones de lo Penal que hay en Sevilla, a pesar de los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya ha aprobado la creación de tres plazas de magistrado en comisión de servicio para que puedan reforzar los tribunales que se vean más afectados por la llegada de estos macroprocesos.
Conforme estos jueces de Instrucción van viendo el final del túnel, comienzan a sobrecargar a sus compañeros de la Audiencia. Se pasa del colapso en la instrucción al colapso en los tribunales de enjuiciamiento.
De los ERE han sido recibidos ya en la Audiencia hispalense la pieza del denominado “procedimiento específico”, donde figuran 22 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y también la pieza de las ayudas concedidas a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, pero también están a punto de llegar otras piezas como las de Aceitunas y Conservas (Acyco) o Cenforpre.
Por el lado de Invercaria, ha llegado para su enjuiciamiento la primera pieza ya acabada, la de las ayudas a la entidad Fumapa, pero también hay otras tantas cuya llegada es inminente, como la de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), Operador Aéreo Andalus (OAA), o Servivation.
La extraordinaria situación hizo que en abril pasado los jueces de la Audiencia mostraran su preocupación ante la inminente avalancha de procesos que se les venía encima y que amenazan con saturar unas ya de por sí sobrecargadas secciones de lo Penal (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima), que hasta diciembre del año pasado habían recibido 7.635 asuntos.
Y era previsible que la llegada de tantas macrocausas provocara incidentes o conflictos. El primero se ha producido esta misma semana, porque la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de juzgar el primer juicio de los ERE, ha decidido aplazar sine díe, hasta concluya precisamente ese juicio la vista oral relacionada con las ayudas a Fumapa.
El motivo del aplazamiento se debe a que en ambos procesos figura como acusado el ex director general de la agencia Idea Jacinto Cañete, por lo que al coincidir ambos procedimientos, el tribunal –que en este caso es el mismo que juzgará a Chaves y Griñán a partir del próximo 13 de diciembre– ha decidido aplazar la vista oral de Fumapa hasta que finalice este primer juicio de los ERE.
Pero es que en este caso no sólo coincide el mismo acusado. Dos de los tres jueces que conforman el tribunal de los ERE también han sido designados para el juicio de Fumapa, lo que hace imposible que ambos procesos pudieran celebrarse de forma simultánea.
Y también coinciden, como no, los abogados y bufetes, porque muchos de los letrados que están personados en la causa de los ERE, como sucede con Adolfo o Miguel Cuéllar o Juan Carlos Alférez, también tienen clientes en alguna de las piezas de Invercaria.
Si el primer conflicto en el enjuiciamiento de las distintas piezas se ha producido cuando no ha llegado aún ni media docena de causa, ¿qué pasará cuando vayan llegando el resto?
Esas decenas y decenas de piezas de las distintas macrocausas tendrán que ir situándose una detrás de otra y pedir pista para poder celebrar todos esos juicios uno detrás de otro, pero mucho me temo que hasta que no se acabe el juicio de Chaves y Griñán, pocas sentencias van a salir de las macrocausas. A no ser que como el juicio de los ERE está fijado en sesiones de lunes a miércoles, algún tribunal acuerde meter alguna vista esos jueves y viernes que quedan libre.
En cualquier caso, muchos abogados ya han alertado de que la marcha de sus despachos se puede resentir si se opta por esa vía, porque no sólo de macrocausas vive el abogado, sino que tienen otros tantos asuntos civiles o mercantiles de los que encargarse. El colapso parece inevitable.

De las macrocausas al caos

Jorge Muñoz | 30 de abril de 2017 a las 2:00

UNA SALA PRESIDIDA POR UN EX ALTO CARGO ENJUICIARA A CHAVES Y GRI?AN

Los jueces de la Audiencia de Sevilla están preocupados, unos más que otros, por las consecuencias que pueden acarrearles la avalancha de más de un centenar de juicios –hay quien apunta que podrían ser incluso más de 200– que van a tener que celebrar en los próximos años, derivados de las causas de las denominadas causas de “especial complejidad”, entre las que se encuentran las macrocausas de los ERE y de Invercaria, o los cursos de formación.
De momento, la Audiencia sólo ha recibido dos piezas de los ERE, que serán enjuiciadas por las Secciones Primera –la del denominado procedimiento específico, que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán y a otros 22 ex altos cargos– y Tercera –la ayuda concedida a la empresa Surcolor-Surcolor Óptica, donde hay otros 16 procesados–.
Pero a pesar de que sólo han llegado estas dos primeras piezas, ya se han encendido las primeras luces de alarma entre los jueces, sobre todo porque, según explican algunos, desde los órganos de gobierno, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aún no han propuesto ninguna medida de refuerzo.
Fuentes judiciales apuntan que “lo ideal” sería que el presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, presentara un informe sobre la situación que se avecina ante el aluvión de macrocausas a enjuiciar y en el que, para empezar, se designara dónde se van a celebrar estos juicios que, en algún caso, superan la treintena de imputados.
Damián Álvarez apuntó recientemente que cree el juicio de Chaves y Griñán podría celebrarse en la sede de la Audiencia, pero otras fuentes apuntan a que no sería factible porque la vista oral está previsto que se prolongue durante meses y además tendría que utilizarse la sala que ahora se emplea para los juicios con jurado, lo que supondría otro hándicap.
Una buena programación y una organización “al milímetro”, como la que efectuó la Audiencia de Málaga con motivo del juicio de la operación Malaya, que además coincidió con la celebración de otras macrocausas, es la única opción para evitar el caos.
Y en esa organización, resulta fundamental conocer en primer lugar si los juicios podrán celebrarse en el edificio de la Audiencia o habrá que buscar una sede alternativa para los juicios derivados de las macrocausas.
Pero la preocupación principal de los jueces de la Audiencia es la saturación que estos juicios supondrá en unas salas ya de por sí sobrecargadas de trabajo, como demuestran las estadísticas.
Las cuatro secciones penales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) recibieron hasta diciembre pasado 7.635 asuntos, de los cuales la Cuarta recibió 2.108; la Primera, 1.861; y 1.833 las secciones Tercera y Séptima. Hasta el pasado 25 de abril, en estas cuatro secciones se repartieron 2.721 asuntos, con lo que la proyección a 31 de diciembre próximo apunta a que la Audiencia recibirá 8.489 asuntos, lo que supone 854 más que el año anterior. Así, la Sección Cuarta asumirá 2.617 asuntos (un 24,2% más); la Séptima, 2.065 (un 12,7% más); Primera, 2.018, (un 8,5% más); y la Tercera, 1.788, lo que supone un 2,5 menos, aunque hay que tener en cuenta que en esta sección uno de los magistrados está exento del 50% del trabajo por un problema de salud.
Cada sección penal tiene actualmente cinco magistrados (20 en total) y la carga máxima asignada a cada juez de la Audiencia, según el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es de 316 asuntos al año, por lo que las previsiones apuntan a que cada magistrado recibirá a final de este año 435 asuntos, superando el máximo del módulo en un 37,8%.
En esta situación, sin contar los juicios de los ERE y de Invercaria, los jueces advierten de que no pueden sacar adelante el trabajo que tienen ahora, por lo que en el futuro será aún peor.
Además, consideran que la situación empeorará cuando la Sección Primera celebre el juicio de Chaves y Griñán, por cuanto este tribunal tendría que ser eximido durante un tiempo del reparto de asuntos para compensar la carga de trabajo, lo que aumentará el volumen de asuntos de las otras secciones penales.
Cabe la posibilidad de aumentar todas las secciones con un magistrado más de refuerzo, con lo que cada una tendría seis magistrados y esto podría hacer que se conformaran dentro de cada sección dos tribunales de tres magistrados: uno de los cuales podría dedicarse a los juicios de las macrocausas y el otro al resto de asuntos.
Esta solución tampoco sería la mejor, por cuanto supondría que el trabajo que actualmente están haciendo cinco magistrados de cada sección pasarían a hacerlo sólo tres, con todo lo que ello supone de más saturación.
Y todo ello, sin contar, las posibles bajas por enfermedad, como ocurre ahora con un juez de la Sección Primera, lo que ha obligado a sustituirle por otro juez en un jurado que debe celebrar pronto, y también provocará que sus nuevos asuntos se repartan entre otros jueces de su sección.
Pero la llegada de las macrocausas plantea además otros problemas que harán necesaria esa organización “milimétrica” de los juicios porque, como muchas de las vistas se componen de piezas separadas de una misma macrocausa, pueden producirse conflictos a la hora de fijar los juicios, dado que pueden coincidir no sólo los mismos imputados en esos procedimientos diferentes, sino también los mismos abogados defensores.
Un ejemplo. Si el primer juicio que se fija, como todo parece indicar, es el de Chaves y Griñán, no se podrán celebrar más juicios de piezas de los ERE hasta que este proceso finalice, dada esa coincidencia de investigados y abogados. Para complicar aún más el rompecabezas, se da la circunstancia de que algunos de los imputados y los abogados también son los mismos que aparecen en otras piezas de Invercaria, con lo que también tendría incidencia a la hora de señalar las vistas orales.
Esto conduce a que será necesaria una labor casi de cirugía con ese calendario de señalamientos o de lo contrario algunas de las causas podrían tardar años en ser enjuiciadas.
Si no se actúa de manera urgente, las macrocausas podrían provocar el colapso de la Audiencia, el caos, y habría que acudir, como ha sucedido otras veces, al esfuerzo individual de los jueces para salvar, de nuevo, la imagen de la Justicia.

Ayudas justas, no delictivas

Jorge Muñoz | 29 de abril de 2017 a las 2:00

Juzgados del PradoMovida por el caso de los ERE Habra que estar hasta las doce y algo para hacer varias cosas, incluido fotos a la juez Maria Nu?ez Bola?os para renovar el archivo

La juez María Núñez Bolaños llega a los juzgados. Foto: Juan Carlos Vázquez.

Hace tan sólo unos meses, en octubre pasado, la juez de los ERE, María Núñez Bolaños, abrió un debate muy interesante para el devenir de la investigación de las macrocausas. La juez decidió archivar entonces la primera pieza de los ERE no porque las ayudas concedidas en su día hubieran prescrito, sino porque no apreció que en las mismas se hubiesen cometido los delitos de prevaricación y malversación que han marcado la instrucción desde el inicio. En ese auto, dictado el 11 de octubre, Bolaños archivó la causa relativa a las ayudas de 1,3 millones concedidas a la empresa Azucareras Reunidas de Jaén porque la ayuda no era “injusta” y además en la misma no aparecen intrusos, con independencia de que el procedimiento empleado en la tramitación pudiera ser inadecuado.
Ese auto ha sido ahora revocado por la Audiencia de Sevilla, que ha ordenado a la magistrada que siga investigando esta ayuda porque entiende que hay una “patente apariencia” de que se han cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, encargada de los recursos, tenía en sus manos la posibilidad de poner coto a la investigación expansiva que en su día realizó la anterior instructora, Mercedes Alaya, con el amparo de la Fiscalía Anticorrupción. La cuestión no es nueva y su autoría no puede atribuirse en exclusiva a la juez Bolaños, dado que el magistrado Alberto Jorge Barreiro, que en su día instruyó en el Tribunal Supremo la causa de los ERE cuando Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados, ya lo expuso claramente en uno de sus autos.
Decía el juez Barreiro que el hecho de que las subvenciones de los ERE sean “nulas por haber infringido el ordenamiento jurídico, no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudado en perjuicio del erario público”. El magistrado añadía que “un porcentaje de las subvenciones ilegalmente concedidas habría que concederlas también en el caso de que la concesión fuera legalmente tramitada”.
La propia Audiencia de Sevilla reconocía recientemente en uno de sus autos que tras estallar el escándalo de los ERE, la Consejería de Empleo inició un plan para recuperar los pagos indebidos que dio lugar a 69 informes referidos a 70 empresas, donde se analizaron 322 pólizas que afectaban a 5.982 personas, de las cuales “72 nunca habían trabajado para las empresas beneficiarias de las ayudas y otras 54 no cumplían los requisitos mínimos para ser beneficiarios de dichas ayudas”. Es decir, de unos 6.000 trabajadores, las supuestas ilegalidades se reducen a 126 personas, que habrían percibido más de 12 millones de euros, que ya son objeto de reclamación, frente a los 741 millones –la totalidad– en que cifra el fraude la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia ha cerrado ahora el debate, al confirmar de nuevo las tesis de Alaya de que todas las ayudas son ilegales porque parten de un procedimiento inadecuado. Da igual todo lo demás, que no haya intrusos, que la empresa pudiese haber recibido esa ayuda, etc.
La juez Bolaños aún no ha tomado ninguna decisión tras recibir el atestado de Heineken, pero visto el auto dictado ayer por la Audiencia, pocas posiblidades hay de que se produzcan nuevos archivos. En el caso de Heineken sorprende además que la Guardia Civil haya introducido delitos como el de administración desleal.

Bolaños revienta la “red clientelar” de Alaya

Jorge Muñoz | 13 de octubre de 2016 a las 5:15

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, en los juzgados de Sevilla.

María Núñez Bolaños aguó ayer la festividad de la patrona a más de un miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad de élite de la Guardia Civil. La juez dirigió duros ataques a los investigadores por la forma en la que éstos abordaron el supuesto fraude de los cursos de formación, partiendo de sospechas que se centraban en “irregularidades administrativas” y que 18 meses después han desembocado en el monumental carpetazo de la denominada “pieza política” de los cursos, en la que estuvieron imputados 24 altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía.

Bolaños criticó con vehemencia las hipótesis o teorías “elaboradas” por la UCO en torno a la existencia de una “red clientelar” para favorecer a determinadas empresas afines al Gobierno andaluz o al PSOE y que partirían de un concierto entre la dirección general de Formación y las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para conceder arbitrariamente esas millonarias ayudas. En realidad, el auto de archivo supone, en la práctica, echar por tierra las tesis que en su día lideró o asumió la anterior instructora, Mercedes Alaya, a la que Bolaños evidentemente no cita en ningún momento en los 23 folios de su resolución. Un auténtico guantazo sin manos a las tesis de Alaya, si me permiten la expresión, en la cara de la UCO. ¿Quién si no amparó y encabezó las tesis de la confabulación respecto a la forma en la que se repartían los millones de los cursos y se dejaban de justificar?

Uno de los párrafos del auto de Bolaños incluye una reflexión para los jueces que no puede pasar desapercibida. “Investigar sobre la base de teorías o hipótesis formuladas por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se sostienen en la existencia de irregularidades administrativas, cuando, como hecho objetables, sólo constan esas posibles irregularidades administrativas, podría suponer una vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e intervención mínima del Derecho Penal”.

La juez desmonta a lo largo del auto las tesis de la Guardia Civil, que llegó incluso a cifrar erróneamente en 3.000 millones el importe del fraude. La cifra total concedida, al establecer el silogismo de que una ayuda que no había sido justificada era, por tanto, fraudulenta y habría provocado el menoscabo de los fondos públicos de la Junta, sin tener en cuenta que la Administración andaluza disponía de cuatro años para iniciar el proceso de reintegro de las cantidades concedidas para las actividades formativas en el supuesto de que éstas no fuesen justificadas.

La Fiscalía Anticorrupción aclaraba perfectamente la situación en su escrito en el que solicitó el archivo de esta pieza política de los cursos, al recordar que se han justificado ya casi 2.000 millones de los 2.900 millones concedidos para los cursos y sólo ha prescrito el derecho al reintegro en “cinco expedientes”. A fecha del 31 de diciembre de 2015, según la Fiscalía, quedaban por justificar 529 millones.

Pero la UCO no fue la única que recibió reproches de la instructora. El Partido Popular de Andalucía, que ejerce la acusación popular en la macrocausa de los cursos, fue el otro gran damnificado por el auto de archivo. Bolaños reprocha a los populares que denuncie los vínculos con el Gobierno o el PSOE en 38 empresas de las 18.000 subvenciones concedidas, algo que carece, según la juez, del “más mínimo rigor” y se planteaba incluso cuántas empresas vinculadas a otros partidos políticos, incluido el propio PP-A, o a otros sectores sociales, recibieron también subvenciones para la formación. Pero, lógicamente, ese estudio más amplio no se incluía en el análisis presentado por la acusación particular.

En otras ocasiones hemos sostenido en esta sección que esta investigación de la “pieza política” de los cursos era un bluf, pero un bluf que se llevó por delante a 24 altos cargos y funcionarios, como el x consejero de Empleo Antonio Fernández, uno de los sospechosos habituales de las macrocausas, las ex directoras generales de Formación Teresa Florido -cuñada del ex consejero Ángel Ojeda- y María José Lara, los ex directores generales Manuel Brenes y Andrés Sánchez, así como ocho ex directores provinciales del SAE y 11 jefes de servicio. De estos 24 imputados, 16 de ellos fueron detenidos en otra de las operaciones-espectáculo de la UCO, la que se realizó en marzo de 2015 y última que dirigió Alaya, donde los agentes detuvieron incluso a algunos de los altos cargos cuando se dirigían al colegio con sus hijos. Todo un despropósito que se diluirá tras el archivo de esta pieza, a la espera del recurso que ha anunciado el PP y que deberá resolver la Audiencia de Sevilla. Pero habida cuenta de que tras este sobreseimiento está la propia Fiscalía Anticorrupción, el recurso tiene pocos visos de prosperar en principio.

Pero no debe olvidarse, en medio de esta vorágine de las macrocausas, que todavía siguen abiertas otras tantas investigaciones relacionadas con las subvenciones para los cursos de formación, entre ellas las ayudas concedidas a los entramados empresariales del ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda o el ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, así como de los consorcios de formación Ciomijas o Formades. Y en algunas de estas piezas, Bolaños ya ha citado a declarar como investigados a otros altos cargos, como la propia ex directora de Formación María Teresa Florido, que declarará el 20 de octubre. La investigación sigue abierta, a pesar de que muchos acusen a Bolaños de haber solicitado la plaza que dejó libre Alaya para archivar las macrocausas, una acusación que realizó la propia Alaya cuando dijo en un escrito remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que la división de la investigación e n piezas “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”. Alaya se equivocaba según su sucesora, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas -que no apreció menoscabo de fondos públicos-, porque la investigación ha demostrado que la causa se inició investigando irregularidades administrativas y ha acabado por demostrar que no hay delitos más allá de esas irregularidades administrativas.

Bolaños asumirá pronto todas las macrocausas

Jorge Muñoz | 11 de octubre de 2016 a las 5:00

El juez de refuerzo Álvaro Martín

El juez de refuerzo Álvaro Martín

La juez María Núñez Bolaños asumirá pronto el control de todas las macrocausas, una vez que se ha confirmado que el juez Álvaro Martín, que refuerza el juzgado desde septiembre de 2013, terminará el próximo 31 diciembre su comisión de servicio y regresará al juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla. Desde que el Consejo General del Poder Judicial rechazó la comisión de servicio de Mercedes Alaya para que ésta finalizara alguna de las macrocausas, el juez Álvaro Martín asumió la puesta en práctica del plan piloto que María Núñez Bolaños diseñó para la agilización de la investigación de las macrocausas.
La vuelta de Álvaro Martín a su juzgado no se traducirá en un nuevo refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que pasará de tener los tres magistrados actuales a sólo dos. Sólo se mantendrá el refuerzo de José Ignacio Vilaplana, que se ocupa de investigar los asuntos ordinarios del juzgado, mientras que Bolaños retomará el control absoluto de los grandes sumarios, puesto que aunque la dirección de las macrocausas seguía siendo suya como titular del juzgado, lo cierto es que el juez de refuerzo ha contado con la lógica autonomía e independencia para acabar la instrucción de las piezas diseñadas por Bolaños.
De las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, Álvaro Martín ha concluido la investigación de tres de ellas (la del “procedimiento específico” de los ERE, la de las ayudas a Acyco y la de Surcolor-Surcolor Óptica), en la que han sido procesadas varias decenas de personas, entre ellas varios altos cargos. Y es probable que antes de que regrese a su juzgado, Álvaro Martín finalice alguna de las piezas que aún están pendientes de que se dicten los autos de procedimiento abreviado.
Bolaños mostró una gran perspicacia a la hora de delegar en Álvaro Martín la instrucción de la pieza política de los ERE, en la que han sido procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Se alejó así de cualquier posible polémica, después de que la juez Alaya la acusara de mantener una estrecha amistad con el consejero de Justicia de la Junta, el fiscal Emilio de Llera, y de que intentaría dejar en simples irregularidades administrativas los delitos que ella investigaba en torno a los cursos de formación. Alaya acertó en una cosa: Bolaños va a archivar pronto la pieza política de los cursos, pero ese archivo viene avalado por la propia Fiscalía Anticorrupción. No lo hace Bolaños de motu proprio. 

La tercera en siete años

Jorge Muñoz | 17 de julio de 2016 a las 5:00

JUZGADOS

La estadística nunca favoreció a Mercedes Alaya, tal vez por su ambición en seguir abriendo macrocausas sin detenerse a ir concluyendo las que ya estaban en marcha. Esta semana se ha conocido que, por fin, se ha fijado la fecha para el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, una investigación que Alaya inició hace siete años, en concreto, en el año 2009 y en la que hay diez procesados, entre ellos el que fuera portavoz municipal de IU en Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos y el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, dos de las personas que centraron las pesquisas de Alaya y que acabaron siendo imputadas en varias ocasiones, en distintos procesos.
La causa de la venta de los suelos no podía considerarse una macrocausa, pero la demora en la instrucción ha hecho que el inicio del juicio no se haya fijado hasta diciembre próximo, es decir, siete años después de que comenzara la instrucción.
Lo cierto es que Alaya dejó a su marcha prácticamente encarrilada esta investigación, pero fue la nueva titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que puso el broche final a la instrucción y envió el sumario a los juzgados de lo Penal para su enjuiciamiento.
Decía que la estadística destroza a Alaya porque este sumario es el tercero de los que instruyó que llega a juicio en siete años. Nadie cuestiona, no me cansaré de decirlo, el enorme esfuerzo y las horas que Alaya dedicó a las macrocausas, pero también lo es que tres juicios en siete años resulta un balance muy pobre. Sobre todo porque de las distintas causas que investigó, sólo una, la del cohecho en Mercasevilla, de la que derivó el fraude los ERE, está acabada: hubo una condena de dos de los cuatro acusados –los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce–, mientras que el Tribunal Supremo absolvió al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, contra el que únicamente había el testimonio no ratificado en juicio de un coimputado, algo que la jurisprudencia no estima suficiente para fundamentar una condena. Los indicios contra Rivas eran muy débiles, como había reconocido la propia Alaya en alguno de sus autos.
Es la única causa sobre la que hay una condena firme. Las otras dos que han llegado a juicio son la mencionada con las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, y la del denominado delito societario del Real Betis, cuyo juicio está fijado en la Audiencia de Sevilla para abril del año próximo, con lo que la sentencia que pueda dictarse no se conocerá, como muy pronto, hasta finales de 2017, y no será firme, dado que la misma podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Esta era la causa más antigua que investigaba Alaya, dado que comenzó a investigarse en 2008.
Alaya sí que terminó de instruir otra de las macrocausas que inició, la de la denominada operación Madeja o Enredadera, que destapó una red que se dedicaba a pagar comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas por parte de distintas administraciones. Como los delitos se cometieron en distintas provincias, Alaya remitió la investigación a laAudiencia Nacional, donde actualmente continúa la instrucción contra el casi centenar de imputados sin aparentes visos de acabar pronto.
En junio pasado entró en vigor la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita, en principio, la instrucción de las causas simples a seis meses y de las consideradas como complejas –en las que estarían las macrocausas– a 18 meses.
La nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, en el año que lleva al frente de este órgano judicial, ya ha declarado la complejidad de varias de las macrocausas y ha dividido en piezas las macrocausas de los ERE y de los cursos de formación, algo a lo que se oponía rotundamente Mercedes Alaya.
Y a pesar de la división en piezas de los ERE y de que ha terminado la instrucción de la pieza política, la del “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, el juicio no se celebrará, como muy pronto, hasta finales del año próximo o principios del 2018. Una dilación más de la que se beneficiarán los imputados.

 

VISTO PARA SENTENCIA

 

¿Dónde están jPd y el foro judicial?

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

*En los mentideros judiciales de Sevilla se ha echado en falta el apoyo de las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente en el comunicado de apoyo a la juez María Núñez Bolaños. La asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece la instructora, y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y de carácter conservador, denunciaron la “tendenciosa campaña partidista” contra la titular del juzgado, con el objetivo de condicionar su labor e “insinuando de forma insidiosa y sin la más mínima base, que tiene predisposición hacia una parte y hasta que oculta y destruye pruebas”. Dicen que Jpd y el Foro decidieron no firmar el comunicado de apoyo a Bolaños porque entendían que las criticas podrían enmarcarse en el ámbito de la libertad de expresión o de prensa, pero lo cierto es que la ausencia ha llamado la atención de muchos jueces, que esperaban el respaldo de las asociaciones consideradas progresistas a la titular del juzgado.

Nueva condena por estafa al dueño de Contsa

Audiencia de Sevilla.

*La Audiencia de Sevilla ha condenado esta semana al dueño de Consta a otros nueve años de prisión por la estafa piramidal que dejó sin sus ahorros a casi 1.600 personas, que acudieron a la llamas de unos altos intereses y la imagen que tenía el que fuera hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa, que solía brindar con Moët Chandon. Se trata de la segunda condena a Salas Burzón, que ya fue castigado en 2014 con una pena de otros 22 meses de cárcel por fraude al fisco. El empresario estuvo en prisión provisional casi dos años tras prestar declaración ante la juez que comenzó a investigar la estafa piramidal por la que ahora ha sido condenado nuevamente. Si se confirma la nueva condena, que aún puede ser recurrida, Salas tendrá que volver a la cárcel. Cuando declaró en el juzgado, en octubre de 2008, el dueño de Contsa no era consciente de que la juez podía enviarle a prisión, y de hecho se comenta la anécdota de lo que le comentó a su abogado defensor antes de saber la decisión de la magistrada:–¿A dónde nos vamos a ir a comer ahora?–no dejaba de preguntar José Salas. Lo que el imputado no sabía es que esa comida se la iban a servir no en un buen restaurante de los que solía frecuentar en aquella época, sino en un lugar denominado Sevilla-I, donde a partir de ese momento desayunó, almorzó y cenó durante una buena temporada.
La sede de Viapol va volviendo a la normalidad

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*La Consejería de Justicia e Interior de la Junta tuvo que adoptar a finales de junio una medida insólita en la Justicia andaluza, al tener que reducir por decreto la jornada laboral en los juzgados del edificio Viapol de Sevilla por la avería de los aparatos de aire acondicionado. Desde esa fecha, los funcionarios de 11 juzgados y del Registro Civil estaban autorizados legalmente a salir de trabajar a la una de la tarde, dado que el intenso calor que se registra en este edificio por la avería del sistema de climatización podía suponer un riesgo para la salud de los funcionarios. La Junta anunció entonces la contratación de una empresa para colocar la nueva maquinaria de climatización y esta misma semana la situación se está normalizando. Ya se han puesto por ejemplo los aparatos en el juzgado de Primera Instancia números 19 y 20, el Contencioso-administrativo 9, varias dependencias del Registro Civil, y la próxima semana estarán convenientemente climatizadas todas las salas de vista de la primera planta.

La juez que equilibró la balanza en la herencia de las macrocausas

Jorge Muñoz | 12 de junio de 2016 a las 5:00

María Núñez Bolaños llegó por sorpresa al juzgado de las grandes investigaciones, dividió en piezas los macroprocesos y venció a “la más grande” en su propio terrerno

Moldura balanza

ALAYA IZQ-ANINVERSARIO BOLAÑOS bolañosil

La juez María Núñez Bolaños aterrizó en el juzgado de las macrocausas en medio de las fuertes críticas de su antecesora, Mercedes Alaya, que se resistía a ceder el testigo, y de las injustificadas sospechas de que la nueva titular del juzgado venía a archivar todas las investigaciones debido a su estrecha amistad con el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. El próximo jueves, día 16, María Núñez Bolaños, que sin duda ha marcado grandes distancias con la era Alaya, cumple su primer aniversario al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde sin duda ha tenido que realizar un auténtico ejercicio de malabarismo jurídico para equilibrar la balanza de la Justicia, a la hora de administrar la complicada herencia y el legado de Mercedes Alaya.

Muchos se preguntan por qué una veterana juez de Familia, que llevaba once años resolviendo asuntos sobre separaciones matrimoniales y custodias de hijos, decidió un día optar a la plaza que iba a dejar Alaya después de solicitar esta magistrada un nuevo destino en una de las Secciones Penales de la Audiencia de Sevilla.
Una juez quijotesca
Los que conocen bien a Bolaños aluden a su sentido quijotesco de la vida y argumentan que María Núñez Bolaños, al dar este decisivo paso profesional –recuérdese que sólo pidió el juzgado de Instrucción número 6, no ningún otro– quería sobre todo “hacer Justicia”, porque en su fueron interno pensaba que “no se estaban haciendo bien las cosas” en este juzgado. Bolaños es una magistrada vocacional y sus amigos recuerdan que con sólo 14 años ya hablaba de convertirse en juez porque, según decía entonces la propia Bolaños,“quería defender a los trabajadores”.
La solicitud de la plaza por parte de Bolaños causó una enorme sorpresa y dejó en fuera de juego el plan diseñado por Alaya para garantizarse un destino en la Audiencia pero sin renunciar a acabar la instrucción de las grandes investigaciones que en los últimos cinco años la habían convertido en una de las jueces más populares del país, al mismo nivel o incluso superior que algunos de los jueces de la Audiencia Nacional. Alaya había previsto su marcha a la Audiencia, pero en realidad pretendía seguir instruyendo todas las macrocausas. Para ello, el plan de la juez incansable –como ella misma se definió en uno de sus autos– consistía que el juez de refuerzo Álvaro Martín –de gran experiencia y delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)– solicitara su plaza en el juzgado número 6, como de hecho hizo, y una vez que éste fuera designado como nuevo titular, permitiría a Alaya continuar con la instrucción de los macroprocesos.
Pero la solicitud de Bolaños truncó para siempre estos planes y supuso el inicio del fin de la Alaya instructora, la misma que se había ganado en esos años el apelativo de “la más grande”. Bolaños dio un paso valiente al optar a la plaza vacante y en sus primeros cuatro o cinco meses estuvo prácticamente atada de pies y manos, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejero General del Poder Judicial(CGPJ) resolvieran el culebrón en el que se convirtió la salida de Alaya del juzgado.
Las críticas
En esa pugna por la dirección de las macrocausas, María Núñez Bolaños tuvo que hacer frente a las vehementes e injustificadas críticas de su antecesora en el cargo. Alaya la descalificó por su “estrecha amistad” con el consejero de Justicia, al que también definió como un “notorio detractor” de su trabajo en la investigación de las macrocausas.
Pero este ataque a la nueva titular, que al final dio al traste con las expectativas de Alaya de seguir investigando los macroprocesos a pesar de las promesas que había recibido desde algunos sectores del CGPJ, no sólo fue personal, sino que entró en cuestiones profesionales.
En el informe que remitió a los órganos de gobierno de los jueces, Alaya criticó los “escasos conocimientos” de Bolaños de la jurisdicción Penal, y también la acusó de que venía a archivar algunas de las causas. Alaya aseguró que los planes de la nueva juez para dividir alguna de las causas, como la de los cursos de formación, “pulverizaría de un plumazo lo que puede ser una prevaricación-malversación para convertirlo en irregularidades administrativas”, sostuvo Alaya en relación con la investigación de las delegaciones provinciales de Empleo y el servicio central.
Tras conocer el informe de Alaya, Bolaños se limitó a decir que no veía “elegantes” las formas que había empleado su antecesora con ella, pero no fue más allá. Bolaños podía haber denunciado al CGPJ el contenido de ese informe que, según algunas fuentes consultadas, podría haber tenido incluso consecuencias disciplinarias para Alaya.
La salida de Alaya
De junio a octubre fueron meses de intensa agitación en el juzgado de las macroinvestigaciones, que quedó en la práctica paralizado a la espera de que los órganos de gobierno de los jueces resolvieran la complicada papeleta que tenían entre manos, divididos entre los que querían que Alaya continuara, los más próximos a la asociación APM –de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial–, y los que entendían que era la propia Alaya la que había decidido abandonar la instrucción al solicitar la plaza en la Audiencia hispalense y además no podía seguir por el conflicto generado con Bolaños.
El 13 de octubre de 2015, la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA acordó “por unanimidad” apartar a Alaya de las macrocausas por su “clara voluntad de no colaborar” con la nueva instructora y para evitar precisamente un “escenario de conflicto” entre ambas magistradas. El TSJA reprochó a Alaya que cuestionara la “idoneidad e independencia” de Bolaños y consideró inaceptable la exigencia de Alaya de que su competencia en la comisión de servicio fuese “exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos designados por ella”. Alaya pujó por seguir investigando todas las macrocausas y se quedó fuera de las investigaciones.
División del trabajo
Cuando el Poder Judicial resolvió el caso Alaya, María Núñez Bolaños se encontró ya en la posición adecuada para desplegar sus nuevas formas de trabajo, a pesar de que ya en julio de 2015 –sólo un mes después de tomar posesión– había dinamitado las tesis de Alaya al dividir el caso de los ERE en tres grandes bloques: la pieza del denominado “procedimiento específico” en el que han acabado procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; y un tercer bloque con las más de 200 empresas que recibieron ayudas bajo sospecha.
Los siguientes pasos que dio Bolaños mostraron de nuevo la habilidad de la magistrada. Sólo así puede calificarse el hecho de que tras haber pugnado por las macrocausas, Bolaños entregara al juez de refuerzo Álvaro Martín la investigación de las seis primeras piezas desgajadas de los ERE, sobre todo la parte política del “procedimiento específico”, con lo que marcó distancias sobre las infundadas sospechas que se difundieron.
el nuevo modo de actuar
Desde que dirige el juzgado, Bolaños ha cambiado la dinámica y la forma de trabajar, intentando poner orden no sólo con la división en piezas, sino también en lo que se refiere a la distribución interna del trabajo entre los funcionarios destinados en este órgano, creando equipos y eliminando la anterior organización de Alaya, que había centrado su confianza sólo en algunos juzgados.
Bolaños ha aceptado la propuesta que en su día ya realizó el TSJA a Alaya para que en este juzgado coincidieran hasta tres magistrados, con la incorporación de José Ignacio Vilaplana para la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras que Bolaños y Álvaro Martín se han distribuido la investigación de las macrocausas.
A Álvaro Martín le encomendó la instrucción de las seis primeras piezas de los ERE con un claro objetivo: acabar en este mes de junio al menos la instrucción de la pieza del procedimiento específico, mientras que está previsto que las restantes piezas de ese plan piloto finalice en otoño.
Bolaños, por su parte, se ha reservado la investigación de la macrocausa de los cursos de formación y de los avales y préstamos de la agencia Idea –cuya instrucción ha acotado a sólo 18 empresas de las numerosas que en principio tenía previsto investigar Alaya–, así como la instrucción del delito societario de Mercasevilla, una causa que se abrió en el año 2009 y por tanto se ha convertido en la investigación más antigua que inició Alaya y que sigue sin resolverse, aunque todo apunta que puede haber novedades en los próximos meses.
ADIÓS A LA LEY DEL SILENCIO
Las nuevas formas de actuar en este juzgado también han supuesto un cambio radical en lo que se refiere al ejercicio de defensa de los investigados. En la última etapa de Mercedes Alaya se instauró una verdadera Ley del silencio entre los imputados, que preferían acogerse a su derecho constitucional a no declarar antes que someterse a los duros interrogatorios de la juez y a las numerosas discrepancias con respecto al contenido que reflejaban las actas de las declaraciones.
El abogado José María Mohedano, que defiende al ex presidente Griñán y a otros ex altos cargos de la Junta, se quejó la primera vez que asistió a una declaración de Alaya del “interrogatorio inquisitorial” a los imputados, y criticó que la instructora no accediera a que se grabaran las declaraciones.
Con la llegada de Bolaños se produjo un cambio radical. La juez permitió por primera vez la grabación audiovisual de las comparecencias y, sobre todo, se eliminó la tensión que se producía con motivo de estas declaraciones.
Los cambios hicieron que, poco a poco, muchos de los imputados en la causa de los ERE que inicialmente se habían acogido a su derecho a no declarar ante Alaya solicitaran prestar declaración de forma voluntaria ante Bolaños, una juez que según las defensas permitía a los abogados realizar más preguntas –Alaya declaraba impertinentes muchas de las cuestiones– y a los imputados responder de una forma más natural, explican otras fuentes.
ni buenos ni malos
En el balance del primer aniversario destaca evidentemente el impulso que Bolaños ha impuesto en las macrocausas frente a la que parecía una interminable instrucción de Alaya. No se trata de distinguir entre buenos y malos. Ni todo lo que hizo Alaya fue tan malo –hay que reconocerle la gran capacidad de trabajo y esfuerzo que desplegó– ni lo que está haciendo Bolaños tiene por qué ser necesariamente bueno.
Ente el debe de Bolaños está el garrafal error cometido esta semana al imputar “por error” al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE y también que no ha sabido, querido o podido mejorar las relaciones con los fiscales delegados de la Fiscalía Anticorrupción, con los que ha mantenido importantes desencuentros desde su llegada, aunque lo cierto es que las relaciones de la Fiscalía con Mercedes Alaya nunca fueron idílicas y estuvieron jalonadas por numerosos enfrentamientos jurídicos, aunque en el fondo compartían aparentemente una misma visión con respecto a la investigación del fraude de los ERE y la teoría de la confabulación entre los altos cargos.
El primer encontronazo serio de los fiscales con Bolaños se produjo con motivo de la división de los ERE, en la que el Ministerio Público presentó varios recursos al estimar que las resoluciones no estaban suficientemente motivadas porque faltaba un “relato sucinto” de los hechos y los imputados.
Los autos de Alaya eran auténticas bombas mediáticas que se detonaban de forma controlada cada viernes y algunas veces sin importarle que se tratara de periodos electorales. Alaya sabía lo que quería transmitir y cómo hacerlo a través de sus resoluciones, muchas de ellas espectaculares. La llegada de Bolaños también ha supuesto un toque de normalidad en este punto, un equilibrio en la herencia de las macrocausas y, sobre todo, en la balanza de la Justicia. Un nuevo comienzo.

El refuerzo que Alaya no quiso

Jorge Muñoz | 26 de enero de 2016 a las 6:30

15/06/2015: Entrada de la jueza alaya a los juzgadosFoto; V?-ctor RoAlaya acababa de regresar a su despacho en el juzgado de Instrucción número 6 tras una baja de seis meses. Corrían los primeros días de marzo de 2013. En su ausencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había designado dos jueces de refuerzo –Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes– para que el caso de los EREy las otras macrocausas no se estancaran durante la ausencia de la magistrada. Lo cierto es que esos seis meses de la baja de Alaya se perdieron, porque la instrucción apenas avanzó, más allá de algunas actuaciones de trámite, y no fue hasta el retorno de Alaya cuando se impulsó verdaderamente con una nueva operación de la UCO por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de los ERE.
Pero volviendo a la reincorporación de Alaya, dicen que la juez llegó a afirmar en petit comité que los jueces de refuerzo le habían “invadido” su despacho y habían metido mano a sus asuntos.
Nada más tomar de nuevo las riendas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya se reunió con Ana Rosa Curra y con Rogelio Reyes para tratar, supuestamente, la redistribución del trabajo. Tras esa reunión, dela que Ana Rosa Curra salió muy molesta, los tres jueces se reunieron con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, que se había desplazado a Sevilla para intentar suavizar la tensión que se había producido con los magistrados de refuerzo.
La idea del TSJA era que entre los tres jueces se repartieran la instrucción de las macrocausas –entonces Alaya también estaba investigando el delito societario del Real Betis–, pero el presidente del Alto Tribunal se topó con la cruda realidad. Alaya no estaba dispuesta a ceder ninguna de las macrocausas a los jueces de refuerzo.
Al final, el TSJA optó por retirar a Ana Rosa Curra del juzgado de Alaya, quien dos meses después llegó a prometer a Lorenzo del Río que acabaría la instrucción de una de las macrocausas antes del verano (cosa que nunca ocurrió).
Ahora el Alto Tribunal andaluz, una vez amortizada la Alaya instructora, ha logrado imponer finalmente sus planes para tratar de agilizar las macrocausas al diseñar una estructura para este juzgado que incluye la presencia de tres jueces: dos con dedicación exclusiva a las macrocausas y otro para llevar los asuntos ordinarios. Sin Alaya, Lorenzo del Río lo ha tenido más fácil.

Bolaños reparte las macrocausas y se lleva…

Jorge Muñoz | 15 de diciembre de 2015 a las 10:18

La juez María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños

La mejor parte, evidentemente. O la más interesante, políticamente hablando. Todo queda como al principio. Después de haber mantenido un severo y cansino pulso con Mercedes Alaya -ya quisiera parecerse a esta pelea judicial la bronca de Pedro Sánchez con Rajoy en el debate cara a cara de ayer-, la juez María Núñez Bolaños ha zanjado la distribución de las macrocausas como se esperaba. La magistrada, que hace tiempo dividió el caso de los ERE fraudulentos y más recientemente formó seis primeras piezas piloto para que su enjuiciamiento en el menor breve tiempo posible, ha decidido ahora entregar estas piezas al magistrado  Álvaro Martín, que lleva destinado como refuerzo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla desde septiembre de 2012, aunque hasta ahora venía ocupándose de la llevanza de los asuntos ordinarios del juzgado mientras la titular se dedicaba en exclusiva a las macrocausas.

El anuncio de Bolaños, que ya ha sido santiguado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y pronto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no debe causar ninguna sorpresa. Es lo que se esperaba desde que en octubre pasado el Alto Tribunal que preside Lorenzo del Río decidiera apartar a Mercedes Alaya de la instrucción de las macrocausas, ante su “clara voluntad de no colaborar” con María Núñez Bolaños y porque, según el TSJA, había “fundadas dudas de la viabilidad” de su comisión de servicio tras las duras críticas de Alaya.

La Sala de Gobierno, compuesta mayoritamente por jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, aprueba el reparto realizado ahora por Bolaños, que ha dejado a Álvaro Martín -presidente de la APM en Andalucía Occidental- la labor de dar la puntilla a la instrucción de los ERE.

Retomando la idea inicial, Bolaños se reserva la mejor parte. ¿Por qué? Porque la causa de los ERE está prácticamente finiquitada en la parte más importante -aunque quedan todavía muchas ayudas por investigar-, la que afecta a los políticos y al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas: la pirámide de la que habló Alaya. Salvo el paseílloque tendrán que hacer nuevamente los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pocos grandes titulares pueden surgir de esta macroinvestigación de la que está a punto de cumplirse un lustro, en enero próximo. Aunque es verdad que quedan muchas puntadas por dar…

Bolaños se ha reservado para sí misma la instrucción de las otras dos macrocausas, que es donde está el verdadero pastel: los cursos de formación y la investigación de los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea. Pero sobre todo la parte que puede dar más quebraderos al Gobierno andaluz es la primera de las investigaciones, la de los cursos de formación, donde hay una importante línea de investigación abierta en torno a las millonarias ayudas concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),  donde acabaron trabajando muchas personas vinculadas al PSOE-A, algunas de la cuales ya están bajo investigación judicial, como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García, cuyo contratación por la Faffe ya investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Es en esta macrocausa donde pueden producirse mayores sorpresas, aunque algunas fuentes también apunta que la investigación de los avales de Idea será incluso más voluminosa que la de los ERE. Sea como fuere, Bolaños se ha reservado la instrucción de estas macrocausas. Nada que objetar. Como titular del juzgado y juez predeterminada por la ley puede distribuir el trabajo de la forma que considere más oportuna, algo que en su día también hizo Mercedes Alaya cuando rechazó los refuerzos que con tanto empeño le había colocado Lorenzo del Río durante su baja por enfermedad.

Dice el acuerdo de la Sala de Gobierno que el juez Alvaro Martín asumirá, “en un marco de plena colaboración y entendimiento”, las seis piezas separadas en la que se han dividido los ERE. Un marco de convivencia que, por otro lado, ya dejó claro el TSJA que no era posible con Alaya, que sembró dudas sobre la capacidad de trabajo y la imparcialidad de Bolaños por su supuesta “estrecha amistad” con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

Bolaños y Álvaro Martín no estarán solos. El juzgado volverá a tener tres jueces -como el escaso tiempo en el que convivieron Alaya, Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes-, aunque el tercer magistrado, en este caso el segundo de refuerzo, se dedicará al “conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado”.

La Sala de Gobierno también tomó conocimiento ayer de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial. Al final, el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla va a parecerse a un órgano colegiado con tantos jueces…. Pero mejor así, para que se acabe la instrucción de las macrocausas y lleguen pronto los juicios.

Alaya se hace los madriles

Jorge Muñoz | 15 de noviembre de 2015 a las 6:00

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya, en un momento de la entrega del premio jurista del año. Foto: José Ramón Ladra

Alaya se fue a los madriles. Y como era de esperar no pasó desapercibida. La juez incansable aprovechó que le habían concedido un premio de jurista del año los antiguos alumnos de la Facultad de Derecho para lanzar un discurso en el que cargó contra todo el mundo: la Junta de Andalucía, el Gobierno y el Poder Judicial.
Después de haber rechazado multitud de entrevistas que le habían solicitado la totalidad de los medios de comunicación en Sevilla –en esta cuenta no entra el pseudoreportaje que publicó hace tiempo la glamourosa Vanity Fair, que la llevó a su portada–, Alaya rompió el silencio mediático que había guardado celosamente durante cinco años para despacharse a gusto. La expectación era máxima. Y el discurso sorprendió por sus críticas. Tengo que confesar que a cualquier periodista de los que hemos seguido la trayectoria de la magistrada en los últimos años, nos hubiera encantado que esta primera intervención pública de Alaya hubiera tenido lugar en Sevilla, aunque nadie es profeta en su tierra. Era la primera vez en la que los titulares salían de sus propios labios y no había que extraerlos de los numerosos autos y resoluciones que ha dictado en el último lustro, lo que le confería además un plus de morbosidad. La imagen y la palabra son muchas veces más contundentes que el negro sobre blanco.
A estas circunstancias se añade el hecho de que hace tan sólo unas semanas la magistrada fue apartada, por méritos propios, de la investigación de las macrocausas, después del crítico informe que remitió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que acusaba a su sucesora, la juez María Núñez Bolaños, de no estar preparada para afrontar estas investigaciones y mostrar su preocupación por la supuesta amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, a quien Alaya le atribuía la condición de ser un “notorio detractor” de su labor como instructora.
Alaya, que en estos años se ha enfrentado con todo el mundo –la Junta, la Fiscalía Anticorrupción, los abogados de la defensa, algunos de los imputados, etc.–, criticó abiertamente en su intervención a la Administración autonómica, al asegurar que la Junta le puso “todas las trabas del mundo”. El enfrentamiento con la Junta fue patente en muchos momentos de la instrucción de los ERE, como cuando el Gobierno andaluz se negó a entregarle las actas de los consejos de Gobierno.
Luego tuvo su continuidad en otro de los frentes importantes abiertos por Alaya, el de los cursos de formación, una investigación de la que la Junta intentó apartarla acusándola de haber convertido su juzgado en una “suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la Consejería de Empleo” y de dar lugar a formar una “causa general” contra la Administración andaluza.
Alaya se defendía reprochando a la Junta que su actitud en muchas ocasiones parecía más propia “de una defensa que de una acusación particular”, lo que le llamaba la atención a la juez por la “aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía”, llegó a relatar en un auto de los ERE.
Los reproches de Alaya no han recibido por ahora ninguna contestación del Gobierno andaluz. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha limitado a comentar que su Gobierno “siempre” va a colaborar con la Justicia, “esté quien esté, en el momento que sea” y con aquello que se les solicite, sin entrar al trapo de las críticas de la magistrada.
Alaya confesó en su discurso, en el que no hubo lugar para la autocrítica, que a lo largo de estos años recibió “muchísimas presiones”, incluso desde el Poder Judicial. “Las presiones te cortan la respiración, cuando vienen del lado equivocado, de tu casa”, aseveró en su discurso. Y también aprovechó su intervención para alardear de que muchos ciudadanos han vuelto a confiar en la Justicia gracias a su labor. Es cierto que Alaya tuvo el inmenso mérito de llegar a donde otros jueces no habrían sido capaces de hacerlo, pero hay otros muchos jueces, también aquí en Sevilla, que instruyen casos de corrupción y que cuentan con menos medios de los que tenía Alaya y sin ningún juez ni secretario de refuerzo. Un ejemplo es el juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga entre otros asuntos el caso Invercaria, la utilización de las transferencias de financiación en empresas públicas, o las irregularidades de la Fundación DeSevilla.
Mercedes Alaya está integrada en la Sección Séptima de la Audiencia –conocida en los mentideros judiciales de Sevilla como el Kremlin y que es la encargada de resolver los recursos de los ERE–, donde a pesar de que en un principio sus compañeros mostraron su preocupación por su llegada, ya está destacando por su inagotable capacidad de trabajo. La más grande, apodo cariñoso con el que Alaya fue bautizada por un abogado, sigue siendo noticia hasta fuera de las macrocausas.